Agencia Proceso

Nuevo Laredo

El periodista Alejandro Reyes Paz, director del portal La Expresión, fue agredido y amenazado de muerte por elementos de la policía estatal Fuerza Tamaulipas mientras efectuaba la cobertura de un traslado de reos, el jueves 8 en Ciudad Victoria, denunció el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).
De acuerdo con el organismo ciudadano que preside Raymundo Ramos Vázquez, el comunicador agredido expuso en su cuenta de Facebook que los elementos de la unidad 770 de FT lo golpearon, le rompieron la camisa e intentaron arrebatarle su teléfono celular con el que efectuaba su labor informativa.
El incidente ocurrió cuando Reyes Paz transmitía en vivo, con su dispositivo móvil, el traslado de reos fuera del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de la capital del estado.
La cobertura de La Expresión inició en el Eje Vial y continuó por el libramiento Naciones Unidas, en sus cruces con calle 16 y Monterrey.
Según la denuncia del CDHNL, el autobús con presos se desplazaba a exceso de velocidad y, cuando el conductor frenó para evitar la colisión con el coche de un particular, ocurrió un choque de patrullas.
“El reportero se bajó de su vehículo para continuar la transmisión, siéndole permitido el acceso por unos policías, y posteriormente recomendado a respetar un primer filtro, lo que obedeció. Minutos después los policías permitieron el acceso al subirse a una patrulla, por lo que el periodista decidió acercarse”, se explica en la queja.
Fue en ese momento cuando los uniformados exigieron identificación a Reyes Paz, mientras lo agredían e intentaban despojarlo de su teléfono celular, y aunque el reportero exhibió su documentación, los agentes amenazaron con llevárselo detenido.
Instantes después, “otros agentes se dirigieron a él para golpearlo, rompiéndole su camisa y amenazándolo de muerte”, como quedó evidenciado en la transmisión en vivo, expone el CDHNL (https://www.facebook.com/laexpresioninfo/videos/1345142808938027/?pnref=story).
La Expresión responsabiliza a los tripulantes de la unidad 770 de Fuerza Tamaulipas de las agresiones que pudieran ocurrirle en el futuro al comunicador, debido a que amenazaron de muerte a Alejandro Reyes.
El comité igual destacó que durante la acción los policías cubrieron sus rostros y no mostraron identificaciones para evitar ser reconocidos.

En comparecencia en el Senado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, destacó que ninguno de los periodistas asesinados en el país se encontraba en el mecanismo de protección federal.
Ante la Primera Comisión del Senado, formada por las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el funcionario señaló que en lo que va del sexenio el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha brindad protección a 727 personas, de los cuales 303 son periodistas.
“Hasta la fecha, se ha evitado la trasgresión al bien más importante de todas las personas beneficiarias, que es el derecho a la vida, ninguna de las personas protegidas por el mecanismo ha sido privada de la vida”, presumió Campa.
Sin embargo aclaró que no busca eludir responsabilidades, sino más bien reconocer que el Mecanismo ha fallado al no incorporar a esas víctimas a su esquema de protección.
Agregó que entre las medidas tomadas a partir de marzo pasado se acordó crear unidades estatales de protección en cada entidad, las cuales realizaran el monitoreo de posibles situaciones de riesgo para periodistas y cuyo personal será capacitado a finales de este mes.
La senadora del PRD Dolores Padierna aclaró que según datos de la propia Feadle hay una impunidad de más del 97 por ciento en las diferentes modalidades de agresiones, desde amenazas hasta los homicidios. (César Martínez / Agencia Reforma / Ciudad de México).

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, aseguró que sí se tienen avances en las investigaciones de los cinco casos de asesinatos a periodistas, y un ataque, en los que se ofreció recompensas por los agresores.
“Las recompensas son una herramienta más en el trabajo de investigación”, mencionó el Fiscal al ser cuestionado al respecto tras una comparecencia en el Senado.
“Las investigaciones, en todos estos casos, tienen avances, se da seguimiento a todas las líneas de investigación que hay abiertas en cada una, todas tienen un avance relevante y se está trabajando con ello”. Por ser pesquisas en curso, el fiscal no quiso dar más detalles. (César Martínez / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Agencia Proceso

Tuxtla Gutiérrez

Periodistas de la entidad se dieron cita este martes en el salón de sesiones del Congreso local, para protestar contra la diputada priista María de Jesús Olvera Mejía, quien interpuso una demanda por daño moral y reclamó una indemnización de 5 millones de pesos al reportero que difundió escritos que la vinculan con diversos delitos, entre ellos la falsificación de documentos personales.
En su columna Debate tu espacio, publicada en el Diario de Chiapas, el periodista Silvano Bautista Ibarias escribió sobre el “historial delictivo” de Olvera Mejía, supuesta líder estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que acumula al menos nueve averiguaciones previas radicadas en la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con Bautista Ibarias, la diputada local tiene procesos penales por varios delitos como motín, despojo, robo con violencia, asociación delictuosa, falsificación de firmas, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, privación ilegal de la libertad, amenaza, entre otros, forman parte de la historia delictiva de la priista desde 2006 a la fecha.
“Un ciudadano común difícilmente estaría en la calle con todo este cúmulo de acusaciones y más aún le sería prácticamente imposible alcanzar una curul en el Congreso local que le permitiera gozar de la impunidad con la que ahora camina por las calles amparada por el fuero constitucional”, escribió.
Silvano Bautista documentó que para ser diputada local, Olvera Mejía falsificó documentos, como el acta de nacimiento y la CURP, es decir que tiene dos actas de nacimiento, una de Tula, Hidalgo, y la otra de Raudales Malpaso, Chiapas.
Tras ello, Olvera demandó al periodista por daño moral y reclamó ante el juez el pago de 5 millones de pesos para reparar su honor.
En respuesta, decenas de periodistas acudieron ayer a la sala de sesiones del Congreso local, donde sacaron cartulinas contra la diputada local, a quien le exigieron retirar la demanda y que renuncie a su cargo para enfrentar los procesos penales que tiene abiertos.
Los periodistas chiapanecos señalaron que la mujer buscó el fuero constitucional al postularse como diputada del PRI, precisamente para evadir estas acusaciones penales en su contra, protegida por el líder estatal de esa fuerza políitica, Roberto Albores Gleason.
Gaspar Romero, del Foro de Periodistas Chiapanecos, cuestionó el uso que hacen ahora los servidores públicos del “daño moral” para alegar que se les difama cuando se critica su labor pública.

Agencia Proceso

Puebla

De nueva cuenta, una fuga de combustible originó que decenas de pobladores de San Matías Tlalancaleca se congregaran en el lugar para acarrear el huachicol en tambos, tinas y botellas frente a policías estatales y municipales, así como de personal de Seguridad de Pemex.
Igual que ocurrió el 22 de mayo, una toma clandestina se salió de control y formó una laguna en un paraje conocido como el “Columpio del Diablo”, para que casi de inmediato alrededor de 60 pobladores de San Francisco Tláloc, municipio de San Matías Tlalancaleca, llegaran al lugar con vehículos y recipientes para acarrear el combustible hasta sus casas.
Al lugar igual llegaron elementos de la policía municipal y estatal, así como personal de Seguridad Física de Pemex, quienes se limitaron a observar la rapiña perpetrada por pobladores, entre los cuales incluso se encontraban mujeres y menores de edad.
La ocasión anterior, el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró que estas son estrategias propiciadas por las bandas de huachicoleros, que incluso cobran 500 pesos a los pobladores para permitirles participar en el saqueo de combustible.
Según el funcionario, después de ello los huachicoleros pasan casa por casa a comprar el combustible que los pobladores recolectaron, y así desactivan los operativos que llevan a cabo las fuerzas federales y locales contra el robo de hidrocarburo en esa región.
De acuerdo con medios locales, en esa ocasión elementos del Ejército se abstuvieron de intervenir porque integrantes de los grupos delictivos amenazaron con incendiar la toma cuando decenas de pobladores estaban congregados en ese lugar.
Incluso, esa vez las clases se suspendieron en San Francisco Tláloc para que los niños ayudaran a sus padres a acarrear el hidrocarburo.
Según Pemex, el ducto fue cerrado para controlar la fuga, pero el personal sólo se mantuvo a la expectativa mientras que los pobladores saqueaban el combustible derramado.

 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó de nueva cuenta la necesidad de que estados y municipios avancen en la profesionalización de las policías locales.
Es urgente la profesionalización, remarcó durante una reunión con consejeras ciudadanas del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“El gobierno de la República no puede suplir a las entidades en su responsabilidad, por lo que los gobiernos locales deben trabajar con absoluto compromiso en el fortalecimiento de sus instituciones”, afirmó.
Durante el encuentro, las consejeras María Angélica Garnica Sosa, Elena Azaola Garrido y Adelina Lobo-Guerrero destacaron la necesidad de fortalecer las acciones de prevención para atender las causas estructurales de la violencia, así como atender los desafíos en seguridad desde una perspectiva integral. (Staff / Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Enfrentamientos entre grupos armados dejaron un saldo de al menos tres muertos y un herido, en esta ciudad fronteriza.
El primer tiroteo ocurrió en la periferia sur de la ciudad, en la Colonia Humberto Valdez Richaud, con saldo de tres pistoleros muertos.
Sobre la avenida Reynosa quedó una camioneta Toyota RAV4 blanca con numerosos impactos de bala tras un enfrentamientos entre hombres armados de grupos rivales.
Dos cuerpos quedaron en la parte trasera de la unidad, mientras que otro a un costado de la puerta trasera del lado del piloto. La unidad con placas texanas quedó también con tres puertas abiertas al descender los ocupantes.
A lado de los muertos quedaron los celulares de los mismos.
Una hora después de los hechos llegó el MP, la zona ya estaba acordonada por policías y militares que llegaron al lugar cuando los grupos armados ya se habían ido.
Más tarde, ciudadanos reportaron otro herido de bala a 3 kilómetros de ahí. (Miguel Domínguez / Agencia Reforma / Reynosa, Tamaulipas).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el cuerpo encontrado la noche del lunes en las instalaciones de Ciudad Universitaria pertenece a Víctor Manuel Orihuela Rojas, de 18 años, alumno de la Facultad de Odontología.
En un comunicado, explicó que el joven murió al caer del segundo o tercer piso del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras.
“Personal de vigilancia de la Universidad halló el cuerpo sin vida del alumno a un costado de la Biblioteca Central, al filo de las 22 horas”, detalló.
De inmediato, afirmó, personal de vigilancia de la UNAM avisó al Ministerio Público, que hizo las labores periciales y trasladó el cuerpo a la Fiscalía de Coyoacán.
“Tan pronto se tuvo conocimiento de la identidad del joven, autoridades de la Facultad de Odontología se comunicaron con los familiares del alumno, a quienes se presta ya el acompañamiento y el apoyo jurídico necesario”, destacó.
La Universidad lamentó los hechos y expuso que contribuirá en las averiguaciones. (Staff / Agencia Reforma Ciudad de México).

 

El comandante regional de la Policía Federal Ministerial, adscrito a la subdelegación de la PGR, Enrique R., fue ejecutado la mañana de este martes cuando viajaba a bordo de una camioneta en la avenida Camelinas.
De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades ministeriales, individuos a bordo de una motocicleta de pista habrían cometido el crimen.
El mando federal viajaba alrededor de las 8:45 de la mañana de Poniente a Oriente sobre la avenida Camelinas a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox con placas PFF852T.
Según testigos, de repente la camioneta del federal fue alcanzada por un par de individuos quienes viajaban en una motocicleta de pista negra, que sin mediar palabra comenzaron a disparar contra el agente que murió en el acto al recibir al menos seis disparos en diferentes partes del cuerpo.
Posteriormente los presuntos asesinos se dieron a la fuga, mientras que transeúntes y automovilistas que presenciaron el crimen solicitaron la presencia de las autoridades policiacas.
Al lugar de los hechos acudieron José Martin Godoy Castro, procurador de justicia del estado y Bertha Paredes Garduño, delegada de la PGR, entre otras autoridades, además de miembros de la Policía de Michoacán, Policía Ministerial, y agentes de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones.
Luego del incidente se hizo un intenso despliegue policíaco en el que participaron agentes de la Policía Estatal, Municipal y del Ejército para dar con los responsables. (Agencia Proceso / Morelia).

 

La violencia sigue recrudeciendo en Veracruz. La madrugada de este martes fueron hallados los cuerpos mutilados de tres hombres en la localidad de Ciudad Alemán, perteneciente al municipio de Cosamaloapan. Los restos humanos tenían huellas visibles de tortura y estaban dentro de medio docena de bolsas negras a un costado de la escuela de educación media, Ignacio Zaragoza.
La presencia de las bolsas fue reportada mediante una llamada anónima a la policía estatal.
Hasta el momento las víctimas se encuentran en calidad de desconocidas.
En el lugar de los hechos se montó una operación de seguridad y acordonamiento de la zona por parte de fuerzas federales y empleados de la Fiscalía General del estado.
En los últimos cinco días se han producido cerca de 15 ejecuciones en diversos puntos del estado. (Agencia Proceso / Xalapa).