Staff / Agencia Reforma
Ciudad de México
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en el Presupuesto de Egresos de 2018 habrá una partida para reforzar el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
“Reitero, habrá recurso suficiente en el Mecanismo, esto es algo que platicamos hace un momento también con el jefe de gobierno, los gobernadores.
“Y también se ha dicho aquí, se ha expresado, el compromiso de pedir a la Cámara de Diputados para que en el próximo Presupuesto se pueda establecer un recurso especial para este tema que hoy estamos aquí dialogando”, ofreció.
En el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los mandatarios estatales definieron, junto con el funcionario federal definieron los alcances de Unidades Estatales de Protección a periodistas.
Estas Unidades, señaló el funcionario federal, serán las encargadas de atender la violencia que se ha generado contra los comunicadores a través de protocolos de actuación y de la implementación de medidas preventivas.
“Se trata de contar con instituciones más efectivas para perseguir, sancionar y sobre todo, para prevenir las agresiones contra periodistas, partiendo de una colaboración más estrecha entre órdenes de gobierno con base en esquemas y protocolos precisos”, señaló.
Para que todas las unidades cuenten con personal calificado, anunció, el 26 de junio se llevará a cabo en las instalaciones de la Policía Federal en San Luis Potosí un curso de capacitación a aquellos funcionarios estatales que formarán parte de estas unidades.
También se está sumando al personal de los C4 y C5 para dar una respuesta inmediata y efectiva ante emergencias o situaciones de agresión, mencionó.
En su turno el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez dijo que en poco menos de cinco meses se han cometido un número de crímenes de periodistas cercano al 5% del total registrado en los últimos 17 años y se ha presentado un aumento de 300% en el número de casos respecto de 2016.
Estos hechos, sostuvo el titular de la CNDH, constituyen una señal de alerta y demandan emprender acciones concretas que tengan una incidencia real en la atención de esta problemática. Es un tema complejo con muchas dimensiones y alcances, acotó.
La política pública de protección a periodistas y defensores basada en preservar la integridad y la vida de las personas es un esquema necesario para revisarse ante la insuficiencia de los resultados que se han producido hasta ahora, planteó.
Luego consideró necesario incorporar la prevención como un elemento esencial de las políticas públicas, lo cual pasa necesariamente por asumir el combate a la impunidad como un objetivo primario.
Además, aseguró, es preciso consolidar y afinar los mecanismos y esquemas de coordinación entre la Federación y los estados. La idea, agregó, es lograr una política integral que propicie un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos en el desarrollo de sus labores.
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno local y presidente de la Conago, destacó el diseño del “Convenio de colaboración entre los gobernadores y la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Mancera subrayó que ha sido un ejercicio muy importante de compromiso institucional y por supuesto de avance en una ruta perfectamente definida.
Ello representa, observó, un ejercicio claro de suma de voluntades y de tareas, con el objetivo de ampliar las bases de protección de este sector de la ciudadanía tan importante para vida democrática del país.
Diputada del PAN denuncia a Peña Nieto ante la ONU por violencia contra periodistas
La diputada del PAN, Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados, presentó una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por los hechos de violencia contra la libertad de expresión en México.
Además, solicitó al organismo internacional intervenir en el caso de la desaparición del periodista Salvador Adame Pardo, privado ilegalmente de la libertad el pasado 18 de mayo, en el municipio de Múgica, Michoacán, y de quien hasta ahora no se sabe su paradero.
En un comunicado, la legisladora federal responsabilizó al Estado mexicano por ser omiso en su actuación para evitar las agresiones a periodistas y la “impunidad que impera” en los casos de homicidios y desapariciones de comunicadores en el país.
“Acudiremos a todos los recursos que estén a nuestro alcance para ayudar a garantizar el derecho a la libre expresión y la vida, seguridad e integridad de los periodistas en México”, dijo.
En la denuncia, señaló al Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, como el responsable de las agresiones a los periodistas, bajo el argumento de que viola los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 24 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
También culpó a Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), por infringir el precepto 24 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de los artículos 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Velázquez Valdez responsabilizó al procurador General de la República (PGR), Raúl Cervantes, por “quebrantar” los artículos 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 24 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y 11 de la Ley Orgánica de esa institución.
Y al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez, por violar los preceptos 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 24 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.