Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la destitución del fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra.
Melitón Ortega, integrante de la representación de los padres de los 43, informó que los padres le plantearon a la presidenta Sheinbaum el cambio en el fiscal especial por supuestos actos de corrupción.
“Primero, el planteamiento que hacen los padres es que pusieron en la mesa de la presidenta el tema de corrupción que ha causado el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo, eso fue lo primero que plantearon los padres y entonces piden una nueva persona que pueda llegar ahí”, dijo Ortega.
Al salir del tercer encuentro entre padres, madres y la presidenta, Ortega señaló que en el caso de Rosendo Gómez Piedra, “con esas acciones de corrupción no hay esperanza de que llegué a la verdad del caso Ayotzinapa”.
Melitón agregó que es la primera ocasión que se plantea la remoción del fiscal especial de su cargo, añadió que “los padres de familia están pidiendo la salida de Rosendo” y reiteró que el principal motivo es corrupción.
“Nadie respondió, nadie defendió y nadie intervino en ese tema, pero los padres ya plantearon eso”, informó Ortega sobre el planteamiento de los padres ante el fiscal especial.
Añadió que no sabrán si en una próxima reunión, aproximadamente en dos meses, se habrá realizado la exigencia de los padres sobre un nuevo fiscal, solamente se hizo la solicitud ya que consideran que será imposible llegar a la resolución del caso con Gómez Piedra.
“Se le dijo a la presidenta lo que queremos, que si ella está en disposición, que las personas que están abajo de ella que tienen que ver con la investigación, que es algo serio, nos parece delicado que no estén actuando, que no estén avanzando en un tema tan importante”, amplió Melitón.

Se han visitado “más de 800 lugares” en la sierra “buscando los cadáveres”, dijo Gómez Piedra antes de ingresar

Antes de ingresar a la reunión, Gómez Piedra dijo que respecto a los avances, “tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres”.
De la declaración del fiscal especial que se encuentran en la búsqueda de los cadáveres de los normalistas, Melitón Ortega indicó que “a raíz de esas evidencias que ha habido, por eso los padres plantean eso, por eso ya pierden toda la confianza de poder continuar (con él)”.
Gómez Piedra dijo que los avances son la detención de la ex titular del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana y reconoció que no se ha encontrado a los normalistas, pero siguen las investigaciones.
“Si ustedes me preguntan si hemos encontrado nosotros a los muchachos, no los hemos encontrado pero las investigaciones continúan, los procesos no se detienen y las investigaciones tampoco”, agregó.
Respecto al segundo planteamiento de los padres en la reunión con Sheinbaum, Ortega indicó que respecto a la búsqueda en campo de indicios de los normalistas, los padres consideran positivo el uso de la tecnología.
“Nos parece bien que dentro de esa búsqueda se esté usando tecnología, otra nueva metodología para poder encontrar algún indicio, pero para nosotros sigue abierta esa línea y debe continuar”, dijo.
Del análisis en telefonía de los implicados, expuso que tanto el grupo de padres y madres como la presidenta consideran que los testimonios pueden variar acorde a los intereses, pero con la evidencia telefónica no se cambian las declaraciones.
Sobre los folios en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional, Melitón señaló que se entrará en lo más concreto con la información que ya se tiene, como los que indican el traslado de normalistas a barandilla municipal en Iguala.
Dijo que también se planteó la necesidad de extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio quien está en Israel y del juez de barandilla municipal, José Ulises Bernabé quien está en Estados Unidos, a lo que la presidenta remarcó la importancia de no dejar ninguna línea de investigación abierta.

La mañana de este martes agentes de la Guardia Nacional resguardaron el edificio del Consejo Distrital 07, del Instituto Nacional Electoral (INE), en Chilpancingo, después que el lunes integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), irrumpieron las oficinas de la Junta Local del INE y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Ante la amenaza de los maestros de la CETEG,de continuar con protestas en los edificios electorales para boicotear la elección Judicial –en protesta por la falta de respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a quien exigen abrogar la Ley del ISSSTE del 2007– la mañana del martes el edificio de la Junta Distrital 07 fue evacuado y en sus alrededores se colocaron agentes de la Guardia Nacional con equipo antimotín.
Fueron alrededor de 70 agentes de la Guardia Nacional con equipo antimotín los que se colocaron desde las 8 de la mañana en la calle Guillermo Soberón, de la colonia Salubridad, al sur de Chilpancingo, a unos 50 metros del edificio electoral.
Además, el personal fue desalojado y fueron sacadas cajas con material electoral, para evitar cualquier acto en su contra por parte de los maestros, quienes amagan con boicotear la elección Judicial si la presidenta Claudia Sheinbaum no los atiende en una mesa resolutiva.
La Guardia Nacional se mantuvo a unos metros de las oficinas del INE, en espera de la supuesta llegada de los cetegistas, quienes no arribaron, pero se mantiene el resguardo en el edificio.
En la sede del Consejo Distrital 07, ubicada al sur de Chilpancingo, es donde fueron resguardados los paquetes electorales y las boletas que se utilizarán en toda la región Centro el próximo primero de junio. Dicha papelería electoral comenzó su distribución a los funcionarios de casilla este lunes.
El edificio también funciona como el centro de atención ciudadana para tramitar y expedir las credenciales para votar. (José Miguel Sánchez  / Chilpancingo).

Aurora Harrison

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez rechazó que su gobierno incumpla con los órganos de fiscalización, y reiteró que la revisión del ejercicio de los recursos federales le competen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La alcaldesa expuso lo anterior ante el vencimiento del plazo de la Auditoría Superior del Estado (ASE), para comprobar 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS).
Este martes por la tarde, López Rodríguez en su cuenta oficial de Facebook pidió a quienes la difaman: “serénense”, porque “la confianza y el cariño del pueblo se gana con trabajo y esfuerzo, no con burdos señalamientos”.
“Respecto a la información falsa y tendenciosa que circula en redes sobre un supuesto incumplimiento con los órganos fiscalizadores, comparto el siguiente documento, en el que por parte de la Auditoría Superior de la Federación se nos indica que el correcto uso de los recursos federales sólo debe ser presentado ante la propia ASF”.
En su cuenta oficial, aparece un oficio con tres hojas de la ASF en donde se explica que esa dependencia federal es la única autoridad que cuenta con facultades para fiscalizar directamente los recursos de origen federal las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
Agregó que “hacerlo de otro modo, como el mismo documento señala, constituiría una violación a disposiciones constitucionales”, y por esa razón “con el firme compromiso de continuar trabajando en favor de la transparencia y en contra de la corrupción, además de cumplir con las instancias pertinentes e informar puntualmente a la ciudadanía, se valora tomar medidas legales en contra de quienes, sirviendo a intereses particulares buscan perjudicar mi imagen y la de mi gobierno”.
López Rodríguez recordó que su gobierno “ha afrontado severas adversidades y las hemos superado sin solicitar créditos, sin endeudar a la ciudad y sin afectar a la ciudadanía. Quienes no conocen el trabajo honesto buscan ensuciar por medio de la burda acusación sin fundamento”.
“Como hemos recomendado anteriormente a quienes nos difaman: serénense, la confianza y el cariño del pueblo se ganan con trabajo y esfuerzo, no con burdos señalamientos”, y por ello adelantó que hoy miércoles dará una conferencia para dar mayor explicación sobre ese tema.
En abril, el enlace del gobierno municipal de Acapulco ante la ASE y la ASF, Miguel Ortega Carillo, respondió que el gobierno no se niega a informar de las 511 obras y dos acciones pendientes de comprobar porque los expedientes son competencia de la federación.
En esa ocasión, el titular de la ASE, Marcos César Peralta Hidalgo, informó que sí es competencia para auditar a los Ayuntamientos y que solo el de Acapulco no presentó la documentación requerida y que la ley otorga 30 días habiles para presentar aclaraciones.

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, opinó que “es lamentable” que maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), amaguen boicotear la elección del Poder Judicial de este domingo, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum tiene abierto el diálogo con los maestros.
Este lunes, como parte de una serie de protestas que realizan a nivel nacional los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en demanda de la derogación de la ley del ISSSTE y el incremento del 100 por ciento de aumento salarial, los maestros de la CETEG tomaron oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y del Instituto Nacional Electoral (INE), y advirtieron “si no hay una respuesta favorable, de manera inmediata, no habrá elecciones”.
Este domingo 1 de junio serán las elecciones del Poder Judicial en las que por primera vez los ciudadanos van a elegir jueces, magistrados y ministros como resultado de una reforma impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En declaraciones por teléfono y a pregunta expresa sobre la postura asumida por la CETEG, González Varona opinó “es lamentable porque la presidenta ya les ofreció la mesa de diálogo”, y llamó a seguir la ruta del diálogo.
Añadió que se trata de “una forma de presión” hacia el gobierno pero todas las luchas deben ser pacíficas.
Dijo que la lucha de los maestros “es válida y justa” porque buscan mejores condiciones laborales para los próximos maestros y hacer justicia para los que ya dieron su servicio, pero se debe insistir en el diálogo y no llegar a las protestas que lesionan los derechos de los ciudadanos. Afirmó que boicotear la elección obstruye el avance de la democracia participativa “pero eso no quiere decir que su lucha no sea una lucha válida, no sea una lucha justa”.
Agregó que el gobierno federal hace “todos los esfuerzos para ir recomponiendo todo el daño que nos dejaron”, y convocó a los maestros a regresar a la mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez Velázquez.
“La lucha de ellos es respetable, es una lucha justa, sólo que hay que ir entendiéndonos, platicando porque no es un gobierno represor y en ningún momento se ha cerrado la puerta del diálogo solo que hay que ir agotando los procesos”.

El rechazo a Mario Moreno

González Varona opinó de las reacciones de militantes, como la diputada local Diana Bernabé Vega y el ex diputado federal Rubén Cayetano García, quienes rechazaron la presencia de Moreno Arcos en actividades junto a morenistas, González Varona precisó que esas reuniones no son auspiciadas por la dirigencia del partido.
“Como dirigentes de Morena no reconocemos a Mario Moreno ni como simpatizante ni como nada de Morena, eso que quede claro. Ya cuando él decida afiliarse libremente a hacerlo, ya la Comisión de Honestidad y Justicia, y quien tenga que ver con la afiliación, fijarán su postura, pero por el momento él no se ha acercado a Morena. Creo que se integró como promotor de la participación del 1 de junio, pero eso nosotros no lo vemos, ese tema no está dentro del partido”.
De la expresiones de rechazo, respondió: “son muy válidas las expresiones de los compañeros, porque es a quienes ha costado el movimiento, lo sienten, lo resienten y están en su derecho de expresar su rechazo a quienes en su momento rechazaron nuestro proyecto. No sólo lo rechazaron, lo criticaron de una manera muy muy vil, muy grotesca, eso con tal de ganar adeptos. Entonces claro que quien no conoce su historia, pues la vuelve a repetir. Entre los compañeros, que lo rechazan porque han sabido y conocido de la historia política del estado y de sus actores políticos, entonces ellos tienen claridad de dónde vienen, qué han sido en el pasado y qué han significado contra el proyecto de transformación que encabeza Morena”.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Integrantes del Club de Atletismo Jaguares Runners, al que pertenecía el alcalde Alejandro Arcos Catalán, convocaron a una carrera atlética por el Día del Padre en honor al político asesinado, el próximo 15 de junio en la capital.
En conferencia de prensa, la coordinadora del Comité Organizador, Magda Esparza Gervacio, detalló que el evento denominado ¡Qué padre carrera! Alejandro Arcos Catalán, y la cuota de inscripción es la donación de metales que serán destinados a la construcción de una estatua del presidente municipal.
Señaló que los participantes podrán aportar cobre, bronce y aluminio, en llaves, pedazos de tubos sobrantes de alguna reparación en sus hogares, entre otros objetos.
“Estamos invitando a toda la gente para que camine, trote o corra y que fomentemos la actividad deportiva como una forma de convivencia pacífica, precisamente, y la convivencia familiar que es, como siempre hemos dicho y como decía nuestro amigo Alejandro, la base para la pacificación del estado”.
La salida y meta será el Auditorio Sentimientos de la Nación. El recorrido será alrededor del bulevar del río Huacapa, mientras que las inscripciones serán mediante un código QR que está disponible en las redes sociales del Club y de Alejandro Arcos.
De acuerdo con Magda Esparza, las primeras 200 personas en concluir el recorrido recibirán una medalla conmemorativa; además, se rifarán cortesías de 20 negocios locales que se sumaron a la iniciativa de manera voluntaria.
Puntualizó que el Instituto del Deporte Guerrero también apoyó a los organizadores, mientras que el Ayuntamiento de Chilpancingo, que ahora preside Gustavo Alarcón, quien era su suplente, no ha respondido la solicitud que se le envió para que aporte regalos que serán otorgados como premios, pero “vamos a seguir insistiendo”.
Resaltó que la familia de Alejandro Arcos está al tanto de la actividad y espera que acudan el día de la carrera, “al final de cuentas queremos celebrar la vida de nuestro amigo Alejandro Arcos, al buen padre que fue para su hijo”.
Al respecto de quién elaborará la estatua y dónde será colocada, la presidenta de la Asociación Cultural y Social Alejandro Arcos Catalán, Ángela Memije Alarcón, dijo que aún no se cuenta con el espacio determinado, pero “los ciudadanos, todos, visualizamos espacios públicos y uno de ellos es donde está el Ayuntamiento”.
Recordó que en el acceso del Palacio Municipal frente al Zócalo “se encuentra un área donde la misma comunidad empezó a llevar flores, veladoras y se conserva ese lugar”, luego del asesinato de Arcos Catalán.
Confió en que “la comunidad nos va a ayudar a tomar decisiones” sobre el lugar donde será colocada la estatua; en tanto que dos artistas, cuyos nombres no proporcionó, están trabajando en un monumento de referencia para que se elija la mejor de ambas propuestas.
Sobre el hecho de que el asesinato del alcalde sigue impune y no se ha informado de avances en la investigación, Magda Esparza declaró que el grupo está “muy alejado de la situación legal” del caso.
“A Alejandro lo recordamos con mucho cariño y honramos su memoria haciendo estas actividades que son para pacificar el estado… promovemos la paz, promovemos la integración familiar y a eso estamos dedicados, es la mejor manera de honrar su memoria”.
En la conferencia también estuvieron las integrantes del Club, Nadia Matadama Díaz y Flor Soto Aparicio, así como el promotor del deporte Antonio Rodríguez, quienes son parte del Comité Organizador.

Daniel Velázquez

El coordinador estatal del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, llamó a participar en los comicios de este domingo pidió a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), no afectar la elección juducial de este domingo y no restringir un derecho de los ciudadanos que ya está en la Constitución.
En conferencia de prensa, en un salón en de Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler (OUAA), Velázquez Aguirre habló sobre la respuesta que ha encontrado en los ciudadanos sobre el nuevo comienzo del PRD.
En su mensaje, Velázquez Aguirre convocó a construir canales de respuesta a las demandas de la CNTE para que no se afecte a terceros
De los comicios de este domingo, dijo “nosotros hacemos un llamado a que haya participación de la sociedad creo que es muy importante que el Poder Judicial siga siendo autónomo y que el pueblo decida libremente y que no haya ningún tipo de cooptación, que no haya ningún tipo de búsqueda de temas de organizaciones políticas, pedir que se deje libremente a la población de escoger quienes serán sus representantes en el Poder Judicial”.
De la amago de la CETEG a boicotear las elecciones de este domingo, insistió en que debe haber diálogo, “para no afectar a terceros y menos queremos que se afecte la elección del próximo domingo”.
“Creo hoy se debe hacer el llamado a que se haga la participación de los sociedad de manera libre y que el próximo domingo sea un proceso democrático y que terminemos con un Poder Judicial autónomo, digno y confiable para lo que el ciudadano necesita en la administración de justicia”.
Destacó que el Poder Judicial es importante para el convivir de México por eso su llamado a la participación ciudadana, “que vaya el que quiera ir”.
“Hoy ya es un derecho, está en la Constitución, tenemos que hacer respetar la Constitución, estamos pronunciados en el PRD porque haya una participación libre y que los ciudadanos vayan a emitir su voto a favor de quien crean que sea el perfil adecuado para ser los representantes mujeres y hombres en el Poder Judicial. Estamos convencidos de que no se debiera por ningún motivo boicotear el proceso, no se debiera por ningún motivo construir una posibilidad de que se anule la elección porque eso sería un retroceso para la democracia, que el pueblo decía, sin tapujos, sin presiones, con libertad”.
De la gira del PRD relató que las Brigadas del Sol empezaron en Chilpancingo, después visitaron Acapulco, Florencio Villarreal (Cruz Grande), San Marcos, Tecpan, Benito Juárez (San Jerónimo) y Coyuca de Benítez.
En este primer recorrido tuvieron dos adhesiones de los ex regidores del PRI en San Marcos, Antonio Villanueva Mayo, y del PES en Coyuca de Benítez, Jesús Quevedo, y otros liderazgos locales de Movimiento Ciudadano.
En la conferencia estuvieron el ex dirigente estatal, Celestino Cesáreo Guzman, Maricela Castro Osorio, el ex regidor Octavio Olea y la ex diputada local Perla Edith Martínez Ríos.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El ex visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Policarpo Gatica Ramírez, ratificó ante el Congreso local su solicitud de juicio político contra la presidenta de dicho organismo, Cecilia Narciso Gaytán.
Este martes, Gatica Ramírez acudió al Congreso a ratificar su solicitud de juicio político, que interpuso formalmente el lunes, en donde denuncia a Narciso Gaytán por despido injustificado, nombramientos falsos y tomarse atribuciones que son competencia del Poder Legislativo.
Después de ratificar su solicitud, Gatica Ramírez, en declaraciones a reporteros, llamó a que los diputados “no le vayan a dar otro giro a la denuncia, porque quiero dejar claro que esto no es un asunto de carácter laboral, eso ya se está resolviendo en las instancias correspondientes, aquí (en la solicitud Juicio Político) estoy señalando las violaciones a la ley por haberme destituido como primer visitador general”.
Como se informó en este lunes en El Sur, los argumentos de Policarpo Ramírez para solicitar el juicio político contra Narciso Gaytán, son su despido injustificado, designaciones que no le correspondía hacer, y otorgar nombramientos que no cumplen con el perfil.
La ratificación de la solicitud, es parte del procedimiento legislativo para darle entrada al asunto, pueda ser notificado al pleno y enviarlo a la Comisión correspondiente para analizarlo e iniciar las investigaciones.
Después de la solicitar el juicio, se abren tres días para ratificar, lo cual ya ocurrió, y de acuerdo con Gatica Ramírez, le informaron que todas formas se dejarán correr los tres días, para posteriormente remitir todos los documentos a la Mesa Directiva, a la Comisión dictaminadora, para finalmente someter al pleno la procedencia.
“Yo tengo esa confianza de que pueda proceder, si no pues lucharemos hasta las últimas consecuencias, no me dieron un plazo pero me dijeron que me avisarán lo que sigue”, dijo Gatica Ramírez.

Alejandro Guerrero

Iguala

La jornada de búsqueda en vida de la joven Ivette Melissa Flores Román se desarrolla en municipios del estado de Morelos, luego de que hay tres indicios de que habría estado en el municipio de Jiutepec, la ubicación de una de sus amigas con la que estuvo un día antes de su desaparición la cual presuntamente había sido asesinada, el testimonio de una joven detenida que afirma que estuvieron juntas secuestradas y la presunta vacunación contra Covid-19 que le habría sido colocada en la pandemia.
Este martes en el segundo día de la diligencia de búsqueda coordinada por la Secretaría de Gobernación federal en cumplimiento a las recomendaciones de la sentencia emitida el 29 de noviembre de 2022 contra el Estado mexicano por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas, continuó dentro del reclusorio de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos.
En declaraciones ofrecidas por teléfono anoche, la activista y mamá de la joven Ivette Melissa, Sandra Luz Román Jaimes informó que no ingresaron a población ya que el penal es muy grande, sólo les proyectaron las fichas de todos los detenidos. Ingresaron a las 8 de la mañana y salieron a las 5 de la tarde.
Contó, sin mencionar nombres, que encontraron que hay mucha gente de Iguala, Cocula, Tlacotepec y Teloloapan que está presa por delitos como secuestro, desaparición de persona, violación y otros delitos graves.
Indicó que hicieron una lista de las personas con las que quieren platicar personalmente sin la presencia de autoridades, con la posibilidad de que les puedan aportar alguna información de su hija desaparecida o alguno de los otros casos que buscan, acción que se estaría realizando en la segunda etapa de esta diligencia que se realizará del 9 al 13 de junio.

Tres indicios distintos señalan la ubicación de Melissa en Jiutepec

La activista contó que la diligencia en el vecino estado de Morelos se realiza porque hay tres distintos indicios que apuntan a que si hija Ivette Melissa habría estado hasta hace dos o tres años en el municipio de Jiutepec, Morelos.
El primer hecho indica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicó en un reclusorio del estado de Coahuila a una joven detenida que informó haber estado viviendo en un mismo cuarto con Melissa.
Román Jaimes mencionó que viajó a ese reclusorio para ver a esa joven, le mostraron la foto de Ivette Melissa y la identificó. Señaló que compartieron el mismo cuarto en Jiutepec, y que presuntamente las tenía secuestradas miembros de la delincuencia del grupo que operaba en Iguala.
Por otra parte, una de las 17 jóvenes que secuestraron el mismo día que a Ivette Melissa en Iguala, el 24 de octubre de 2012, quien además era su amiga, fue localizada como beneficiaria del programa de leche Liconsa en Jiutepec.
Dijo que la joven vivía en la colonia Los Tamarindos, cerca del centro de Iguala, donde habría sido llevada Ivette y junto con su cuñada secuestradas en el mismo hecho, pero ésta última fue liberada al día siguiente y la entregaron en esa colonia.
La activista señaló que el ex comandante de la Policía Investigadora Ministerial, Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, suegro de Ivette Melissa, -asesinado el 16 de junio de 2021- habría dicho que asesinó a esa joven, pero fue localizada en Jiutepec como beneficiaria del programa de leche. La buscan para confirmar si es ella o se trata de algún homónimo.
Recordó que su hija estuvo con esa amiga un día antes de su desaparición, por lo que dentro de las acciones de búsqueda van a buscar casa por casa para tratar de localizar a esa joven considerada pieza clave para dar con el paradero de Ivette Melissa y saber si continúa viva o ya no.
Asimismo, recordó que durante las jornadas de vacunación en la pandemia por Covid-19, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ubicó un CURP igual al de Ivette Melissa de una mujer que recibió su vacunación en este municipio de Jiutepec en 2022. Aunque no hay más datos de este caso, ya que la persona solo se vacunó y presentó como identificación su CURP.

 

Redacción

Ayer martes vecinos bloquearon por segundo día el puente de Marquelia en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para exigir a las autoridades la liberación y búsqueda de Baltazar Morales, levantado la tarde del lunes en una comunidad de Copala.
El bloqueo inició en la mañana y se levantó a las 5 de la tarde; mandos de la Guardia Nacional en la zona se comprometieron con los manifestantes a reforzar la búsqueda.
Por su parte la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero (CEAB) emitió la ficha de búsqueda de Baltazar Morales Martínez de 55 años que fue visto por última vez en la cabecera de Marquelia el lunes 26 de mayo. Vestía short de tela color café y una playera color azul cielo.
De acuerdo con versiones de la zona, Baltazar Morales fue sacado de su casa en la comunidad Campamento Enrique Rodríguez, del municipio de Copala, el lunes 26 de mayo a las 4:50 de la tarde por hombres armados que vestían ropas de color verde, pero sin insignias de alguna corporación.
La víctima en ese momento elaboraba tabicones junto a un trabajador. Su esposa estaba presente cuando fue sometido y llevado.
Baltazar fue subido en una camioneta tripulada por otros hombres que portaban armas. La unidad enfiló hacia la carretera federal, pero se desconoce si tomó rumbo a Marquelia o a Copala.
El hecho provocó que a las 6 de la tarde familiares, conocidos y otros ciudadanos se concentraran en el puente de Marquelia para bloquear la vía en demanda de que las autoridades iniciaran su búsqueda y presentación con vida.
En el bloqueo del lunes se presentaron agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Mientras que el delegado de gobernación, Germán Herrera ofreció vía telefónica a la esposa de la víctima recibir su denuncia en la agencia del Ministerio Público del Fuero Común en Marquelia, pero la propuesta fue rechazada porque esa oficina está abandonada, no funciona “y es una burla para los ciudadanos que sufren algún delito”.
El bloqueo terminó en la noche y la mañana de ayer martes reinició. Se volvió a levantar a las 5 de la tarde.
El único acuerdo con las autoridades fue que mandos de la Guardia Nacional en la región se comprometieron a reforzar la búsqueda.
Fuentes de la región informaron que Baltazar Morales fue escolta de los ex presidentes municipales de Marquelia, Jaime Carmona Huerta (2005-2008) y Vicario Portillo Martínez (2008-2012), además fue parte de la estructura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en la zona.

Alejandro Guerrero

Iguala

A 12 años de la desaparición forzada y posterior ejecución de miembros de la organización social Unidad Popular, entre ellos su dirigente Arturo Hernández Cardona, la Red Solidaria Década contra la Impunidad informó que el caso está procesalmente listo para enviar el Informe de Fondo tanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) como al Estado mexicano.
En conferencia de prensa virtual compartida en la plataforma del Centro Nacional de Comunicación Social A. C. (Cencos), los defensores de la familia Hernández Mena y de los testigos sobrevivientes, entre ellos Héctor Arroyo Delgado que estuvo presente en la rueda de prensa, denunciaron incumplimiento del Estado mexicano en las medidas cautelares de la sentencia 185/2013, además del hostigamiento y persecución que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) han realizado contra Arroyo Delgado, quien denunció el temor de que lo quieren matar.
Este 30 de mayo se cumplen 12 años de la desaparición forzada y posterior ejecución “extrajudicial” del luchador social Arturo Hernández Cardona, quien fue localizado tres días después, el 3 de junio, en inmediaciones de la comunidad de Valerio Trujano, del municipio de Tepecoacuilco en la carretera federal México-Acapulco, tramo a Chilpancingo, junto a sus compañeros Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román, todos miembros de la Unidad Popular.
La abogada de la Red Solidaria, Le Tze Rodríguez dio lectura al comunicado oficial, en el que recordó la protesta realizada aquel 30 de mayo de 2013 por miembros de la UP en la caseta de peaje da igual para exigir fertilizante y obra pública al entonces presidente municipal José Luis Abarca Velázquez.
Indicó que los tres activistas sobrevivientes que fueron testigos de estos hechos no han podido regresar a vivir a sus casas en Iguala “son perseguidos por personas desconocidas”, además de que no cuentan con medidas cautelares al igual que las hijas y la viuda de Hernández Cardona.
Denunció que el Estado mexicano se ha encargado de negarles las medidas cautelares a pesar de que siguen vigentes las medidas 185/2013 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales benefician a Soledad Hernández Mena, una de las tres hijas de Arturo Hernández.
Solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum otorgar de manera inmediata las medidas cautelares a los testigos sobrevivientes de la ejecución de Arturo Hernández y a su familia.
Informó que el caso ya está procesalmente listo para la CIDH en el informe de fondo, por lo que solo esperan que este informe sea enviado a la Corte Interamericana.
Por su parte, el también abogado de la Red Solidaria Ernesto Rodríguez, responsable del caso Hernández Cardona ante la CIDH, dijo que a 12 años de este hecho, el caso “avanza bien ante la CIDH por lo que creemos que muy pronto tengan noticias de que haya una resolución por parte de la Comisión Interamericana”.
Indicó que debido a los delitos de desaparición y ejecución forzada, además de tortura no prescriben y que son condenados a nivel internacional, “esperamos que la Comisión Interamericana no nos tarde en comunicar esta noticia”.
La secretaria Ejecutiva de la Red Solidaria, María Magdalena López Paulino reiteró que el caso está “procesalmente listo” para enviar el informe tanto al Estado mexicano como a la representación de la Red Solidaria; “desde aquí hacemos un llamado a la Comisión Interamericana para que ese informe ya ni siquiera lo envíe al Estado mexicano, sino que lo envíe directamente a la Corte Interamericana”.
Pide la hija de Cardona a la CIDH que envié el caso a la Corte
En su intervención, Solead Hernández pidió a la CIDH que envíe el caso de fondo a la Corte Interamericana, petición que dijo, ya es meritoria por parte de la Red Solidaria, y quienes fueron víctimas de esta averiguación previa que inició como un caso Iguala y después fue el caso Ayotzinapa.
Recordó los 92 años de sentencia que se dieron a Abarca Velázquez por el caso de su padre, y los otros 20 años de prisión por el homicidio calificado de su ex síndico, Justino Carvajal Salgado, “José Luis Abarca abusó arbitrariamente de su poder, y tenía una dificultad palpable para tener una visión política, no solo social, porque el abuso que cometió fue más allá de los hechos que ocurrieron hace 12 años”.
Mencionó que en este tiempo poco ha hablado del exgobernador Ángel Aguirre Rivero y del ex procurador de Justicia en el estado, Iñaki Blanco Cabrera, a los que agradeció “su existencia” porque fueron los que en un expediente pudieron concretar la existencia de un grupo delictivo, de quienes eran los que lo dirigían y sobre todo, meter a prisión al ex alcalde José Luis Abarca, a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y al ex secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez.
Calificó de “paradigmático” el traslado de Abarca Velázquez del penal de máxima seguridad de El Altiplano al penal federal 18 de Ramos Arizpe, en Coahuila, en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hernández Mena opinó que la situación en Iguala de hace 12 años no ha cambiado, y mencionó los casos denunciados por medios de comunicación y portales digitales de Facebook en los que informan de amenazas y persecución a periodistas por parte del alcalde Erik Catalán Rendón y su gobierno, “quien además, trae en su gabinete casi, casi el mismo que tenía José Luis Abarca Velázquez”.
Denuncia amenazas, hostigamiento y persecución uno de los sobrevivientes
El ex dirigente de la organización social Lucio Cabañas Barrientos, adherida a la Unidad Popular, Héctor Arroyo Delgado, denunció hostigamiento y persecución de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía Especial del Caso Ayotzinapa, a quienes señaló de haber irrumpido a su casa en Iguala.
Tras denunciar que las condiciones de vida en Guerrero no han cambiado desde los años 60 y 70, el luchador social desplazado recordó que en ese tiempo fueron “levantados” por el gobierno municipal mediante agentes de la Policía Municipal con miembros de la delincuencia organizada y “todo el aparato de gobierno”.
Contó que de milagro está vivo “yo creo que no me tocaba”, y dijo que desde hace 12 años no ha podido conseguir trabajo, no porque no lo haya buscado, sino porque no puede estar en un solo lugar porque debe cambiar constantemente de lugar por razones de seguridad de él y su familia, “tengo que sufrir en condiciones muy malas”.
Denunció que el año pasado presuntos agentes de la FGR irrumpieron en su casa de Iguala, porque supuestamente lo buscaron para que se presentara a declarar como testigo del caso Ayotzinapa, pero aclaró que cuando ocurrieron los hechos ya no vivía en Iguala.
Dijo que con ese argumento la Fiscalía del Caso Ayotzinapa giró una orden al coordinador de los ministeriales (sin especificar si del estado o la federación), quienes lo estuvieron buscando en Iguala, “se metieron a mi casa, rompieron las chapas (de las puertas) y simularon un robo, pero no fue un robo porque no se llevaron más que lo que estaba al alcance y revolvieron la ropa que tenía ahí, o sea que simularon un robo, y pienso que me iban a matar porque en ese tiempo habían sentenciado a José Luis Abarca (a 92 años de cárcel)”.
Consideró que en la apelación de la sentencia de 92 años de prisión lo querían sacar o reducir su sentencia, “pero como no fue así pues estaban enojados y yo pienso que mandaron a que me mataran porque no hay otra situación”, dijo, y contó que sus vecinos los vieron y tuvieron que huir porque recibieron amenazas.
Pidió al estado mexicano y a la presidenta Claudia Sheinbaum que cesen el hostigamiento y las amenazas “ya que nos dejen en paz, nosotros no le hemos hecho a nadie más que luchar por la gente humilde; que le diga al Fiscal de la República que ya se aplaque”.
A pregunta si ha habido acercamiento con el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar este caso, la representante de la Red Solidaria María Magdalena López Paulino, afirmó que no lo ha habido y por el contrario, ha incumplido con las medidas de seguridad.
“No, no ha habido ningún acercamiento con el actual gobierno, incluso están incumpliendo con las medidas cautelares, entonces no hay ningún acercamiento tampoco vemos que el estado mexicano tenga esa sensibilidad con las víctimas”.