Lourdes Chávez
Chilpancingo
El ejido de Carrizalillo responsabilizó a los operadores políticos de los gobiernos estatal y municipales, así como a la representación de Minería en Guerrero, por las regresiones que aceptaron de la canadiense Equinox Gold, propietaria de la mina Los Filos, en el pago de renta y en el convenio social para la ocupación de sus tierras.
En un comunicado por el reinicio de operaciones de la empresa este 1 de julio, denunciaron que los servidores públicos actuaron como operadores de los intereses empresariales y nunca atendieron las violaciones a sus derechos, señaladas durante un año y meses del conflicto.
Por lo anterior, la comunidad confirmó que no se presentaron a la reunión del 25 de junio, en la Secretaría de Gobernación (Segob) en Ciudad de México, para formalizar los acuerdos de ocupación temporal de las tierras de Los Filos, en Eduardo Neri.
De acuerdo con el boletín de prensa del gobierno federal sobre esa reunión, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue testigo de la firma de los convenios de ocupación temporal de tierras entre las autoridades de las comunidades agrarias de Mezcala y Xochipala con Equinox Gold.
En el boletín se destacó la asistencia en la Segob del presidente ejecutivo de Equinox, Darren Hall, a quien Carrizalillo recriminó que haya guardado silencio ante las denuncias que le hicieron llegar.
“Con ello justificó, por decirlo suavemente, las inadecuadas actuaciones de sus operadores, en especial de Hugo Vergara, quien de manera reiterada realizó, entre otros sucesos, actos racistas y discriminatorios para con nuestra población”.
Por lo tanto, aclaró que asistir a la firma de convenio para agradecer y estrechar la mano Darren Hall “no era opción” para Carrizalillo.
Recordó que los convenios de tierras y el social que aceptaron “provinieron de un proceso socio-político en contra de nuestro ejido, por parte de los operadores políticos estatales, municipales y la representación de la Comisión de Minería del estado de Guerrero”.
Acusaron a los funcionarios locales de olvidar su papel para con los pueblos “al menos para con el nuestro, y se volvieron operadores de los intereses empresariales, lo cual azuzó, acalló y nunca atendieron las violaciones flagrantes a nuestros derechos, a pesar de haberlas denunciado durante toda la etapa del conflicto con la empresa”.
Por ello, la presencia los representantes del estado de Guerrero en la formalización de los acuerdos en Segob, “sin duda alguna inhibió para acreditar nuestra participación”.
En representación de Guerrero acudieron a la reunión en Gobernación, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, y la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas, según las fotografías del acto oficial.
No obstante, el ejido emitió una disculpa para los representantes de Gobernación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) y la Procuraduría Agraria (PA), que desde el primer momento que la mesa agraria solicitó su intervención, abrieron las puertas y trabajaron con respeto y cercanía.
Reconoció que el trabajo de los funcionarios de estas dependencias fue muy importante para quitarse de encima las presiones de las que eran objeto, por parte de los funcionarios del gobierno estatal.
Su intervención “facilitó que la empresa dejara su silencio y presiones para reiniciar con las conversaciones, que sin bien fue complejo y ríspido, sirvió para iniciar el diálogo, detener el incremento de disputas y finiquitar el conflicto”, indicó.
Desde el 1 de abril de 2025, Equinox anunció la suspensión de operaciones en Los Filos porque terminaba el convenio anterior, sin haber alcanzado un acuerdo con Carrizalillo para continuar con la ocupación temporal de sus tierras.
Hoy, el ejido consideró importante decirle a la opinión pública que “no estamos ni orgullosos ni contentos de haber firmado este convenio claramente regresivo a los logros que habíamos logrado”.
Sin embargo, explicó que no tiene más opción, “porque todo nuestro territorio está ocupado por la empresa, y ante la inviabilidad, técnica, política y financiera de recuperarla ambientalmente, o la imposibilidad de aspirar legalmente a tener beneficios justos, no nos queda más que seguir viviendo entre la simulación del discurso de la responsabilidad social empresarial y la irrealidad de los estándares ambientales”.
Ratificó que el desarrollo económico está y seguirá desvinculado de la justicia social y ambiental a la que puedan aspirar.
“Ese es el costo y por el momento lo cargaremos nosotros, aunque también sabemos que en algún momento, al final del viaje, lo tendrá que cargar el gobierno mexicano”.
Con el reinicio de operaciones de la empresa, los anuncios de un nuevo ciclo, con proyecciones de grandes logros y crecimiento de la extracción de oro, Carrizalillo enfatizó que en la vida real, los “beneficios convencidos quedarán estáticos por los próximos 20 años”.
El convenio acordado tiene una vigencia de 20 años, con menos beneficios que el contrato anterior, que se discutía cada cuatro o cinco años.
Sobre sus vecinos, el núcleo agrario dijo que fueron respetuosos de las decisiones de las comunidades Mezcala y Xochipala, pero no significó alinearse a los acuerdos que ellos tuvieron al inicio con la empresa.
“Fueron la empresa y el gobierno estatal los que hicieron creer que existía un convenio tripartita, que no ocurrió”, que su población se encuentra molesta por los acuerdos que representan “graves regresiones en todos los temas relaciones con la renta de las tierras y el convenio social”.
