Dhaniel Velazquez

La ex alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, confirmó que sí dejó adeudos con el Servicio Administración Tributaria (SAT), las cuales fueron informadas en el proceso de entrega-recepción. Criticó que a más de tres años de que entregó la administración se hace ese señalamiento. Agregó que fueron deudas institucionales, similares a las que ella pagó por 660 millones de pesos por los adeudos de administraciones anteriores.
Román Ocampo fue consultada por teléfono sobre el señalamiento que hizo este lunes la alcaldesa Abelina López Rodríguez de que la Secretaría de Hacienda le requirió un pago por 233 millones de pesos adeudados desde 2019.
La ahora magistrada judicial indicó que días antes de entregar el gobierno a su sucesora, en una reunión con el jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fernando Baca, ante ediles y un representante de Abelina López, se informó de los “adeudos institucionales” que dejaba su administración.
Recordó que en esa reunión, que se hizo dos días antes de entregar la administración, le acompañaron los regidores Hugo Hernández, de Morena; Roberto Carlos Ortega, del PT; Federico García Nolasco del PRD, y el actual secretario de Finanzas del gobierno estatal Raymundo Segura, así como el entonces subsecretario de Finanzas Ricardo Salinas quien actualmente es el oficial mayor de la Secretaría de Finanzas.
“Y de parte de la presidenta Abelina fue un joven que no recuerdo su nombre, el maestro Fernando Baca citó a todos pero tanto la gobernadora como la alcaldesa Abelina no pudieron asistir y mandaron representante”.
“Durante mi administración Octubre 2018–Septiembre 2021 se pagaron de ISR (Impuesto sobre la Renta) más de 660 millones de pesos. Las formas de pago fueron con retenciones del Ramo 28 (Participaciones) como de Recursos Fiscales (Ingresos Propios). Si esos más de 660 millones hubieran estado destinados únicamente para pagar mi administración, no hubiera dejado ninguna deuda. Lamentablemente el SAT (Servicio de Administración Tributaria) te obliga a pagar también de administraciones anteriores porque la deuda es institucional, por lo cual tuve que dejar de pagar algunos meses de mi administración para cubrir deuda de las administraciones anteriores para que no nos cancelaran los sellos. La cancelación de sellos implica que no puedes cobrar ni facturar. Aparte es importante mencionar que el SAT te cobra accesorios (tipo intereses)  por lo cual mientras más tardes en pagar los adeudos de administraciones anteriores la deuda incrementa muy rápido con puros accesorios, por lo que no me quedó opción más que pagar como podíamos, parte de mi administración como de las administraciones pasadas. Los accesorios elevan la deuda muy rápido y existe la cancelación de sellos sino se cubren dichos pagos”.
Luego señaló que su gobierno concluyó hace cuatro años, en 2021 pero ha mantenido comunicación con los funcionarios que le acompañaron en su gestión a quienes les ha pedido que entreguen toda la documentación que se les requiera
A pregunta expresa del porqué su correligionaria hace un señalamiento en su contra ahora que la Auditoría Superior del Estado (ASE) observó que no ha acreditado el uso de 898 millones de pesos, si es para desviar la atención, la ex alcaldesa dijo que a ella no le corresponde hacer deducciones de ese comportamiento y serán los ciudadanos quienes sacarán sus conclusiones.
“La sociedad tiene muy claro cómo ha gobernado cada uno de sus alcaldes y alcaldesas y la mejor crítica que nos puede hacer alguien es el propio pueblo”.
Sobre qué mensaje les da a los ciudadanos que confiaron en Morena y que ven que las dos administraciones tienen problemas con el manejo de los recursos, la ex alcaldesa pidió a los ciudadanos que confíen en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que hagan las denuncias ante las instancias del partido para que ya no vuelvan a ser electos: “tiene que haber ética política, tenemos que ser responsables cuando asumimos las riendas de una administra-ción”.
“Yo tengo una formación política ideológica de los principios que estableció Morena y mi ex presidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar, no traicionar. Yo sigo viviendo en la misma casa desde hace mas de cuarenta años y me siento orgullosa de mi origen modesto y vivir en una colonia popular”
Recordó que desde 2021, la estación de Bomberos de Constituyentes fue afectada por el sismo de septiembre de 2021 y a cuatro años no se ha rehabilitado, cuando han ocurrido varios incendios en el mercado y en zonas aledañas como Palma Sola y Santa Cruz, “y no es lo mismo que se atienda desde Constituyentes a Santa Cruz a que vengan desde Farallón”.
“En lugar de hacer fiestas y traer artistas famosos, hay que atender las prioridades en Acapulco, hay que levantar esas y mejorar esas instalaciones de bomberos porque son indispensables para Acapulco”.
Indicó que durante su gobierno trabajó en el alumbrado público y en la pavimentación de calles porque son factores que ayudan a disminuir la incidencia delictiva. También mencionó que ella dejó pagado el servicio de recolección de basura hasta el último día del mes de octubre de 2021: “pagué un mes que pertenecía ya a la administración de Abelina porque mi gobierno terminó el 30 de septiembre”.

Aurora Harrison

El enlace del gobierno municipal de Acapulco ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Miguel Ortega Carrillo, respondió que no se niegan a informar de las 511 obras y dos acciones pendientes de comprobar, porque los expedientes son competencia de la federación.
Este martes en declaraciones en su oficina, el funcionario dijo que el municipio está en espera que se resuelva la competencia, porque la ASE tiene la facultad de revisar las cuentas públicas, más no “fiscalizar de manera directa los recursos federales”.
El titular de la ASE, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, aseguró que el órgano fiscalizador sí tiene competencia para auditar a los ayuntamientos, y de los 85 municipios de la entidad sólo Acapulco no presentó la documentación requerida del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, de la Cuenta Pública 2023.
Ortega Carrillo dijo que la ley otorga 30 días hábiles tras la notificación para presentar aclaraciones, y “lo que se está haciendo es atender con la ASF el tema de la competencia, el área jurídica esta en eso, en dado caso que nos dijeran que sí es competencia de la auditoría local presentar la documentación y que nos fiscalicen sin ningún problema, los expedientes se tienen”.
“No es una negación o porque no esten hechas las obras, o porque no se tengan los expedientes, no se niegan, pero sí tenemos que apegarnos a los aspectos legales, porque es una situación de carácter legal como lo preciso la ASF y si entrega la información puede incurrir en responsabilidad con la federación”.
Reiteró que los 898 millones de pesos del Ramo 33 correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal correspondiente a la Cuenta Pública 2023, se encuentran en el informe que se le entregó a la ASE. “Lo que tiene límite es que no puede fiscalizar en forma directa, es decir de manera específica. Los recursos del Ramo 33, por eso es que no se le entregaron los expedientes, pero toda la información que requiere del gasto, de todos los fondos están en la cuenta pública”.
“El área jurídica está buscando las acciones legales necesarias, estamos en los tiempos porque acaban de notificarlo y acaban de publicarlo… la notificación fue hecha el 7 de abril y sobre eso estamos trabajando, los expedientes se encuentran, están. El tema no es de rendición de cuentas, porque la presidenta ha rendido cuentas, ha presentado sus cuentas, lo ha hecho en tiempo y forma, las auditorías que ya nos practicaron, que insisto, fueron de mil 554 millones, casi mil 600 millones de pesos, no se negó información. El tema es los expediente. Si nos mandara una instancia o nos dijeran que debemos entregarlo sin duda lo vamos hacer, la presidenta siempre cuida el aspecto legal”, dijo.
Explicó que la ASE sí tiene facultades de revisar las cuentas públicas, “eso no lo podemos discutir, es su competencia revisarla; sin embargo existe la situación que en la cuenta pública que se presenta van cuatro fondos, o fuentes de financiamiento, que son los recursos de participaciones federales, el ramo 28 y los recursos del FAIS y Fortamun del Ramo 33. Esos los puede revisar nada más en el sentido de la recepción del recurso”.
Detalló que cuando se refiere a la recepción de los recursos, es que se tengan los programas de inversión, “en qué se aplicó el recurso de manera general, porque se informa en la cuenta pública, la presidenta sí ha rendido la cuenta pública”.
“Fiscalizar en forma directa los recursos del Ramo 33 en una capacitación que nos dio la ASF para efecto de revisar el 2023, nos dijo claramente que no tiene competencia las auditorías locales de revisar esos fondos, y de hacerlo, es decir que los municipios que entregaran información podrían incurrir en responsabilidad”.
Sostuvo que cuidando esa situación, la alcaldesa, para no incurrir en responsabilidad, manda un oficio a la ASF para preguntar si pueden entregar o no los expedientes, “y en esa respuesta que nos da la auditoría superior que por ningún motivo puede la auditoría superior local auditar esos recursos y que si se entrega información los expedientes se podría incurrir en responsabilidad. Así no los dice en el documento, entonces la presidenta ha sido respetuosa”.
Afirmó que el Ayuntamiento de Acapulco no ha cometido irregularidades respecto a los 898 millones de pesos, pero lo que señala la ASE es que no se le han dado los expedientes, pero en la cuenta pública esta esa informacion, “incluso las 511 obras y dos acciones, son las que informó la presidena con nombre y apellido. Tampoco es que se haya negado porque está en la cuenta pública, lo que sí es de resaltar es que de la cuenta pública nos hicieron dos auditorías, la de cumplimiento financiero, y la de desempeño, de las cuales fueron publicadas en el Congreso los resultados de los informes”.
“Porque está obligada la ASE de presentar este informe de inversiones físicas porque en su programa anual de auditorías, que le autorizo y que notificó al Congreso manejo, esa también. Entonces está obligada a informarla porque en su programa la mencionó y por eso es que se ve obligado. La presidenta a través del área jurídica pidieron al Tribunal la suspensión, para que no se publicará en tanto se tuviera una resolución. Sin embargo tengo entendido que la suspensión fue rechazada a final de cuentas”.
Aseguró que la ASE revisó la Cuenta Pública 2023, “nos revisó un montó de mil 554 millones de pesos, que corresponde a los recursos fiscales. Sí fuimos auditados, incluso el informe ya publicado, donde hubo algunas observaciones que ya se atendieron en el plazo que nos dieron y la presidenta ha sido respetuosa de los tiempos y de lo que solicita la ASE; sin embargo, en el recurso federal no quiere incurrir en una responsabilidad”.
Sobre el convenio del que hace referencia el auditor, respondió que en la reunión con la ASF del 5 de marzo, “sólo se puede generar un convenio entre la ASF y ASE para la revisión de participaciones federales, no para el Ramo 33 ahí no hay manera. Si hubo un convenio fuera de eso, en todas las notificaciones no se nos ha señalado”.
“En la actualidad ya nos está auditando la federación, ahora se llaman auditorías integrales, y esas auditorías ya tenemos los requerimientos, ya nos están auditando, ya nos pidieron información de los expedientes de las obras, donde nos piden todos los expedientes de las obras públicas del 2024”, e indicó que “no les programaron una auditoría para ese fondo, unicamente nos programó para cumplimiento financiero que es la de recursos fiscales y es el recurso de mayor cuantía que se recibe, en promedio es de mil 600 millones de pesos es el monto que nos audita”.

A pesar de que se preveían deportaciones masivas por la política migratoria del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el número de guerrerenses deportados disminuyó a partir de que tomó protesta, de acuerdo con cifras que dio a conocer ayer en la Sesión Informativa de Gabinete la Secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal.
La funcionaria estuvo ayer junto con la Secretaria de la Mujer del gobierno estatal, Violeta Pino Girón, en la Sesión Informativa de gabinete del gobierno estatal.
Ahí, Rivera Carvajal celebró que las repatriaciones en vez de aumentar como se previa con la llegada a la presidencia de la República de Trump, en enero pasado, hayan disminuido.
De acuerdo con las cifras de la funcionaria, en enero, cuando aún no asumía la presidencia Donald Trump, hubo mil 161 repatriaciones, mientras que en febrero, cuando ya había asumido el cargo, bajaron a 532 y en marzo hubo 630.
Informó que la mayoría de ellos se siguen quedando en los albergues instalados por autoridades y asociaciones civiles de los estados del norte del país, en espera de una oportunidad para regresar a Estados Unidos.
Rivera Carbajal, informó que derivado de ello sólo 10 personas han sido cobijados por el programa Guerrero te Respalda que puso en marcha el gobierno de Guerrero para apoyar a los paisanos que sean repatriados.
“Muchos, la mayoría, se quedan en la frontera, en los albergues, esperando volver a cruzar porque dejan a sus familias y quieren regresar a reunirse con ellas, y otros porque se sienten más a gusto allá”, reconoció Rivera Carbajal.
La funcionaria informó que Guerrero sigue manteniendo la misma cantidad de remesas, a pesar de que reconoció que hace 4 años Guerrero ocupaba el séptimo lugar y ahora el noveno, “pero se han mantenido las remesas”, insistió.
Destacó que debido a que se mantienen las mismas remesas siguen los “avances” en las obras de infraestructura social que se realizan a través del programa 2×1.
Presumió que Guerrero es el único estado que conserva este esquema para infraestructura social con apoyo de los clubes migrantes organizados que radican en Estados Unidos.
Aseguró que el programa 2×1 Migrantes, logró realizar en 2024 un total de 87 obras en las regiones Norte, Centro, Costa Chica y Costa Grande, con una inversión de 21.7 millones de pesos, generando más de 5 mil empleos y beneficiando a más de 37 mil habitantes.
Anunció que para este 2025 se tiene proyectada una inversión a través del mismo programa superior a los 75 millones de pesos en distintos municipios con obras de servicios básicos.
También informó que a través de Lazos Migrantes, se logró reunir en 2024, a 450 familias “después de muchos años de no verse” y anunció que este año se tiene una meta de alcanzar a más de mil beneficiarios, “con el objetivo de seguir uniendo familias”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Redacción

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, el líder estatal de Morena, Jacinto González Varona, y la diputada local, Claudia Sierra Pérez, encabezaron el recorrido inaugural de la Expo Feria Ometepec 2025.
La alcaldesa de Acapulco durante el recorrido bailó junto a González Varona, quienes fueron vitoreados y sus nombres coreados por los asistentes.
Al recorrido también asistieron los alcaldes de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez y el de Igualapa, Alfredo González
La alcaldesa asistió al acto de hermanamiento cultural ente Acapulco y Ometepec en el marco del Jolgorio Acapulqueño 2025. Entre danzas típicas como Los Tlacololeros, Los Diablos, La Danza de la Conquista, el amplio contingente recorrió las principales calles de Ometepec.
Junto al alcalde de Ometepec, Rigoberto Chacón Melo, la presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez hizo la invitación a las y los asistentes a participar en las actividades del Jolgorio Acapulqueño 2025 que arrancará oficialmente mañana 16 de abril, con un recorrido de pendones de las ocho regiones del estado, desde La Diana Cazadora al parque de La Reina.
López Rodríguez no estuvo presente en la entrega del título Guinness World Records por el clavado de cabeza más alto del mundo, otorgado a los clavadistas de La Quebrada la tarde del martes, que encabezaron la secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Samora, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

 

Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

Considerar a los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero en el plano judicial para el ejercicio de sus derechos, fue una de las perspectivas que señaló Darlene Rojas Olvera, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Entrevistada vía telefónica por El Sur, la candidata número 27 a ministra de la Corte, señaló que en el caso concreto del estado de Guerrero, es necesario considerar a la población indígena y afromexicana que hay en la entidad en las resoluciones judiciales.
“En el caso de Guerrero, considerar toda esta población de pueblos indigenas, pero también afro porque una buena parte de la población son afrodescendientes y eso es importante a partir del reconocimiento que tenemos en la Constitución, garantizar ese ejercicio de derechos” .
Señaló que uno de los objetivos es acercar a la Suprema Corte a la población en general, como es el caso de las distintas poblaciones que existen a nivel nacional, para que los procesos sean más ágiles y más accesibles. Además de tener una jurisprudencia con perspectiva de género e interculturalidad, como el caso de Guerrero.
“Hoy tenemos una oportunidad enorme de transformar al Poder Judicial, mucho tiempo estuvo alejado del pueblo con privilegios y opacidades, procesos lentos y hoy más que nunca se necesita que esta justicia sea accesible, sea transparente”.
Ante el cuestionamiento de que si en caso de llegar a ocupar una plaza como ministra de la SCJN, respaldaría los ideales del gobierno actual o estaría en contra de los mismos, Rojas Olvera señaló que “jamás he subordinado mi criterio, ni he actuado por consigna”.
Respecto a la complejidad que se tienen en las campañas para exponer propuestas y que no caiga en solo una promoción personalizada sin mostrar lo que se propone, aceptó que una de las barreras que tienen que rebasar todos los candidatos y candidatas que buscan alguno de los puestos judiciales, es comunicar y acercarse a la ciudadanía.
Darlene Rojas afirmó que ella tiene una “ventaja” frente al resto de las candidatas, ya que aseguró que con 27 años de actividad laboral, cuenta con experiencia y se debe mostrar a la ciudadanía la importancia de la próxima elección judicial.
Remarcó que entre sus propuestas se busca acercar la Corte a la gente y que llegue a ser “accesible” para las personas que lleguen a tener un proceso judicial, además de que la justicia deje de ser un “privilegio” para algunos.
Agregó que se busca la simplificación de los procesos que hay en el terreno judicial, así como ampliar la defensora pública gratuita y que la SCJN llegue a estar conectada a la realidad y en las sentencias que se emitan, el lenguaje no tenga tecnicismos y sean lo más claros posibles para las personas.
Darlene Rojas Olvera es la candidata número 27 a ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México y entre su experiencia laboral fue Coordinadora General de Registro de Contratos Colectivos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, estuvo al frente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, fue directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y presidió el Comité de Seguimiento y Evaluación para introducir la perspectiva de género en los órganos importadores de justicia en la Ciudad de México.

A pesar de que se preveían deportaciones masivas por la política migratoria del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el número de guerrerenses deportados disminuyó a partir de que tomó protesta, de acuerdo con cifras que dio a conocer ayer en la Sesión Informativa de Gabinete la Secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal.
La funcionaria estuvo ayer junto con la Secretaria de la Mujer del gobierno estatal, Violeta Pino Girón, en la Sesión Informativa de gabinete del gobierno estatal.
Ahí, Rivera Carvajal celebró que las repatriaciones en vez de aumentar como se previa con la llegada a la presidencia de la República de Trump, en enero pasado, hayan disminuido.
De acuerdo con las cifras de la funcionaria, en enero, cuando aún no asumía la presidencia Donald Trump, hubo mil 161 repatriaciones, mientras que en febrero, cuando ya había asumido el cargo, bajaron a 532 y en marzo hubo 630.
Informó que la mayoría de ellos se siguen quedando en los albergues instalados por autoridades y asociaciones civiles de los estados del norte del país, en espera de una oportunidad para regresar a Estados Unidos.
Rivera Carbajal, informó que derivado de ello sólo 10 personas han sido cobijados por el programa Guerrero te Respalda que puso en marcha el gobierno de Guerrero para apoyar a los paisanos que sean repatriados.
“Muchos, la mayoría, se quedan en la frontera, en los albergues, esperando volver a cruzar porque dejan a sus familias y quieren regresar a reunirse con ellas, y otros porque se sienten más a gusto allá”, reconoció Rivera Carbajal.
La funcionaria informó que Guerrero sigue manteniendo la misma cantidad de remesas, a pesar de que reconoció que hace 4 años Guerrero ocupaba el séptimo lugar y ahora el noveno, “pero se han mantenido las remesas”, insistió.
Destacó que debido a que se mantienen las mismas remesas siguen los “avances” en las obras de infraestructura social que se realizan a través del programa 2×1.
Presumió que Guerrero es el único estado que conserva este esquema para infraestructura social con apoyo de los clubes migrantes organizados que radican en Estados Unidos.
Aseguró que el programa 2×1 Migrantes, logró realizar en 2024 un total de 87 obras en las regiones Norte, Centro, Costa Chica y Costa Grande, con una inversión de 21.7 millones de pesos, generando más de 5 mil empleos y beneficiando a más de 37 mil habitantes.
Anunció que para este 2025 se tiene proyectada una inversión a través del mismo programa superior a los 75 millones de pesos en distintos municipios con obras de servicios básicos.
También informó que a través de Lazos Migrantes, se logró reunir en 2024, a 450 familias “después de muchos años de no verse” y anunció que este año se tiene una meta de alcanzar a más de mil beneficiarios, “con el objetivo de seguir uniendo familias”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La Biblioteca Siervo de la Nación, del Congreso del Estado, no ha sido concluida, y a pesar de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial destinó 50 millones para terminarla este 2025, a cuatro meses y medio de iniciado el año, no se han reiniciado los trabajos.
El edificio que albergó la Biblioteca fue demolido en 2021, durante la presidencia en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del morenista Alfredo Sánchez Esquivel, y nueve meses después se detuvieron los trabajos.
Fue en diciembre de 2022 que se dio el banderazo del inicio de la segunda etapa, evento al que acudió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Como parte de la segunda etapa se concluyeron los trabajos de cimentación que incluye rellenos, muros de enrase, cadenas y castillos, firmes de concreto reforzado, así como lo correspondiente a la estructura base, columnas, perfiles, placas de acero y concreto premezclado, además de la preparación para las instalaciones hidrosanitarias y pluviales.
Posteriormente, y concluida la segunda etapa, los trabajos se detuvieron una segunda vez, y la obra lleva inclusa ya dos años
Al respecto, en breves declaraciones, el actual presidente de la Jucopo, el también morenista Jesús Urióstegui García, indicó que se retomará el tema, sin indicar fechas.
Por su parte, la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lührs Cortés, urgió iniciar la tercera etapa de construcción de la Biblioteca Siervo de la Nación del Legislativo.
En declaraciones, Lührs Cortés reprochó que a pesar de que para este año se etiquetaron 50 millones de pesos, hasta el momento los trabajos no han sido reanudados.
Dijo que los diputados pidieron a través de un escrito a la titular de la Secretaría, Irene Jiménez Montiel, informe sobre el proyecto de construcción de la biblioteca, para “adecuarlo a las necesidades” del Congreso.
En este sentido, la diputada explicó que han hecho un análisis del edificio que alberga el Congreso y las necesidades en las diferentes áreas administrativas, porque lo que consideró que se debe de realizar adecuaciones al proyecto de la biblioteca.
“Ya se le envió un oficio a la secretaria, porque es de nuestro de mayor interés conocer el proyecto que se tiene para la biblioteca, y ya hemos hecho algunos análisis de cómo está el edificio”, comentó.
La diputada reprochó que Jiménez Montiel se comprometió, durante la comparecencia del segundo informe de gobierno, en octubre de 2024, a agilizar los trabajos de la biblioteca, sin embargo, “hasta el momento no hay ni un ladrillito”.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Los ocho Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) publicaron el listado oficial de las casillas que se instalarán en todo el territorio estatal el próximo 1 de junio para la elección del Poder Judicial de la Federación.
A través de la página oficial del INE Guerrero, el órgano electoral local las publicó con una infografía para mostrar cómo votar ese día.
Para la Junta Distrital 03, con sede en Zihuatanejo y que abarca la Costa Grande, se instalarán 386 casillas básicas y 19 contiguas,
La Junta Distrital 07, de Chilpancingo, que abarca la zona Centro, instalará 261 casillas básicas y 40 contiguas; la 06 con sede en Chilapa, que abarca parte de la Montaña baja y la zona Norte, instalará 357 básicas y 22 contiguas.
En la Costa Chica, la Junta Distrital 08 con sede en Ometepec, instalará 383 básicas y 22 contiguas y en la Montaña alta, la Junta 05, con sede en Tlapa, instalará 313 casillas básicas y 29 contiguas.
En Acapulco, la Junta Distrital 02 aprobó 157 casillas básicas y 49 contiguas, en tanto que la Junta 04 determinó la instalación de 240 casillas básicas y 17 contiguas.
Las se pueden consultar en la página de Facebook INE Guerre-ro;el sitio oficial Ubica Tu Casilla, estará disponible a partir del 15 de mayo, en donde con la credencial el elector podrá ubicar en qué casilla votar, pues para esta elección se instalarán sólo la mitad de las que abren en una elección ordinaria.
En Guerrero se elegirán a 39 personas juzgadoras: nueve minis-tros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); cinco cargos para el Tribunal de Disciplina Judicial; dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife); tres magistrados de la Cuarta Circunscripción de la Sala Regional Ciudad de México del Trife; 10 magistrados de circuito y 10 jueces de distrito.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El senador priista Manuel Añorve Baños, criticó que el delegado de la Secretaría del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz promueva en actos de entrega de programas sociales la elección Judicial del próximo 1 de junio.
Añorve Baños denunció en un primer momento a través de su cuenta de X (antes Twitter), que la promoción de la elección Judicial por parte de Hernández Díaz fue una “violación descarada a la ley al promover el voto utilizando programas sociales”.
El Sur publicó que en un acto oficial de entrega de tarjetas de la beca universal Benito Juárez en el colegio de Bachilleres plantel 1 de Chilpancingo, Hernández Díaz pi-dió a padres y jóvenes que el 1 de junio acudan a las urnas para que voten por los ministros, magistrados y jueces federales.
El funcionario federal hizo referencia a los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar que “unos señores” se negaron a bajarse el salario ya que ganaban hasta 600 mil pesos.
Luego de dicho acto, el senador priísta condenó el hecho a través de su cuenta personal de X.
“El delegado federal de pro-gramas sociales, Iván Hernández promovió de forma ilegal la elección judicial entre padres de familia durante un acto donde realizaba entrega de becas escolares”, escribió el ex edil de Acapulco.
Vía telefónica, Añorve Baños adelantó que junto con su partido revisarán si proceden legalmente contra el delegado ante lo que aseguró fue una “clara violación a la Constitución”.
“Es una ilegalidad lo que hizo el delegado de los programas del Bienestar, es una ilegalidad que está plasmada en nuestra Constitución, en el artículo 19 y se puede castigar hasta con prisión preventiva oficiosa.
Agregó que incluso fue una propuesta de Morena que reformó el artículo 19 de la Constitución federal para que se castigue con prisión preventiva el uso de programas sociales con fines electorales
“No podemos caer en la ignorancia o en el cinismo de promover en la entrega de un programas de becas de apoyo a estudiantes de bachillerato la elección Judicial, porque el Tribunal Electoral autorizó que los tres niveles de gobierno promuevan la elección, pero nadie está por encima de la Constitución y tampoco autorizó que en la entrega de programas sociales se oriente la votación de los integrantes del Poder Judicial, eso es irregular, es un ilícito”.
Añorve Baños indicó que se analizará “cuál es el paso siguiente legal, porque no podemos normalizar el manejo de programas sociales por parte de Morena para promover cualquier elección”.
“La Constitución señala límites y no podemos caer en el descaro de atropellar la Constitución y hacer por parte de Morena lo que se les ocurre, porque ya sabemos que los programas sociales son un buen conducto para promover y después generar votos el día de la elecciones”.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) lamentó la respuesta del gobierno mexicano, a la activación del protocolo del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de las personas víctimas de desaparición forzada en México.
En un comunicado denuncia que el Estado mexicano pretende mantener ocultos a los desaparecidos al minimizar la crisis humanitaria “generada por su omisión y aquiescencia”, y pretende seguir protegiendo a los perpetradores de las desapariciones tanto intelectuales como materiales, “ya sean agentes del Estado o civiles”.
El organismo cita al defensor de derechos humanos Michael Chamberlin, quien refiere que esta es la quinta vez que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED-ONU) señala un contexto generalizado de violaciones forzadas en México; las anteriores fueron en el 2015, 2018, 2021, 2023 y ahora en el 2025.
“Es claro que por parte del gobierno mexicano las acciones e interpretaciones se ejecutan sin el obligado control de convencionalidad, ni considera el principio pro persona, como lo establece el artículo primero de nuestra constitución”, denuncia el Centro Morelos.
Cuestiona que desde la presidencia de la República se insista en que las desapariciones en México son cometidas por agentes no estatales, colocando a los 125 mil desaparecidos en otro supuesto jurídico denominado “desaparición cometida por particulares”.
Refiere que con ello le resta importancia al hecho de que las desapariciones ocurren sistemáticamente contra la población “y es una nueva forma de aquiescencia”, en tanto que el Gobierno, “al pelearse contra la evidencia, está protegiendo a los victimarios”.
El Centro Morelos indica que poco a poco se han ido dando a conocer casos en los que hubo la participación directa de agentes del estado en la desaparición de personas en diferentes lugares del país.
Uno de estos casos, refiere, es el que señalaron hace unos días las madres buscadoras de Chiapas, quienes aseguraron que los que desaparecieron a sus familiares vestían uniformes del personal de la Fiscalía y del ejército, por lo cual llevarán sus casos ante la Organización de las Naciones Unidas, ya que en Chiapas hay más de dos mil 220 personas desaparecidas por el Estado.
Otro de los casos es el que publicó la revista Proceso el 11 de abril de 2025 de que entre enero y mayo del 2018 fueron desaparecidas 54 personas en Nuevo Laredo Tamaulipas, de las cuales 52 fueron realizadas por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) que pertenece a la Secretaria de Marina Armada de México (Semar), y las familias siguen sin verdad y ni Justicia, puesto que no se ha investigado ni castigado a los señalados como responsables.
El Centro Morelos agregó que, además, no se pasa por alto que generales de la SEDENA sabían desde el 2018 lo que ocurría en el rancho Izaguirre en Teuchitlan, Jalisco, “y no actuaron durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador”.
Para el organismo de derechos humanos ocultar la verdad, “al intentar esconder a nuestras más de 125 mil personas registradas oficialmente como desaparecidas, implica poca o nula posibilidad de que sean sancionadas, investigadas, y qué decir de ser denunciadas, mucho menos prevenidas”.
Denuncia que el Gobierno Federal está en contra no solo de sus obligaciones convencionales, sino en contra de las familias, 158 colectivas de personas desaparecidas, de las 108 organizaciones y 272 personas que se pronuncian solidarias con la apertura del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional en materia de Desapariciones forzadas por parte del CED de la ONU.
El Centro Morelos considera que la postura del gobierno resulta muy peligrosa porque “le manda un mensaje de impunidad a los perpetradores para que sigan operando sin consecuencias jurídicas”.
Indica que ante este contexto, “cada vez más peligroso”, la sociedad civil, las colectivas y colectivos de familias de desaparecidos a nivel nacional comienzan a entretejer lazos de unidad, de colaboración, de dolor, “pero también de esperanza y se están organizando para llevar a cabo una acción a nivel nacional los días 19 y 20 de abril de 2025”.
Adelanta que se trata de una Jornada Nacional de Búsqueda dentro del marco del Día de las Familias Buscadoras de Desaparecidos en México, a la que el Centro Morelos se suma.
Mediante esta jornada, el organismo exige la aceptación del Estado mexicano de la aplicación del artículo 43 del CED-ONU “sin restricciones”; reafirma su apoyo a la sociedad civil, a las familias, colectivos y colectivas de familias de personas desaparecidas “porque en Guerrero es necesario avanzar en la conquista de nuestras demandas”.
Se pronuncia por una estrategia de lucha de todos los colectivos, colectivas y organismos civiles para conquistar la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas del Estado de Guerrero y todos los derechos de las familias de las víctimas.