Ramón Gracida Gómez

Los gobiernos estatal y municipales adeudan 19 mil 389.9 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que posiciona a Guerrero como el segundo estado del país con más deuda con la entidad paraestatal, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) Ifigenia Martínez, de la Cámara de Diputados.
Son 15 mil 975.5 millones de pesos de cuotas y aportaciones a los seguros de retiro, y 3 mil 414.3 millones de pesos de cuotas, aportaciones y préstamos por los seguros de salud, entre otros conceptos.
La deuda del estado equivale al 21.9 por ciento de los 88 mil 489.1 millones de pesos que adeudan varias entidades, sólo Veracruz está por encima, con una deuda de 19 mil 964.8 millones de pesos, el 22.6 por ciento.
Tan sólo la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) adeuda 12 mil 574.7 millones de pesos, su deuda data de 2008, lo que lo ubica como una de las instituciones con los adeudos más antiguos del país.
Asimismo, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) acumula 249 quincenas de adeudos, desde 2010, lo que resulta en una deuda total de 201.2 millones de pesos.
La nota informativa del 6 de marzo pasado del CEFP, informa de los adeudos de las entidades federativas al ISSSTE a septiembre de 2024, la fecha más reciente que se tiene disponible.
Se observa que las deudas de Veracruz y Guerrero son muy superiores, casi el doble, del tercer lugar, que ocupa Ciudad de México, que adeuda 10 mil 859.3 millones de pesos, el 12.3 por ciento del total del país; le sigue Michoacán, con 7 mil 397.8 millones de pesos, el 8.4 por ciento.
Son apenas siete los estados que no tienen ninguna deuda con el ISSSTE: Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas; en Tlaxcala y en Baja California, el monto no es “significativo”, señala el CEFP.
De manera desglosada, el CEFP puntualiza sobre los diferentes tipos de adeudos por parte de los estados con el ISSSTE, una parte de ellos son “por concepto de cuotas y aportaciones a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez”.
Ascienden a 78 mil 24 millones de pesos repartidos en 22 estados, pero son seis entidades que concentran el 79.6 por ciento, es decir, 62 mil 128 millones de pesos; Veracruz aglutina el 25.5 por ciento, es decir, 19 mil 858.6 millones de pesos.
Le siguen Guerrero, con 20.5 por ciento, es decir, 15 mil 975.5 millones de pesos; Ciudad de México con 10.8 por ciento, o sea, 8 mil 402.4 millones de pesos; Michoacán con 9.4 por ciento, es decir, 7 mil 306.5 millones de pesos; Hidalgo con 7.1 por ciento, o sea, 5 mil 503 millones de pesos; y Oaxaca con 6.5 por ciento, es decir, 5 mil 81.9 millones de pesos.
Otra parte de los adeudos estatales al ISSSTE corresponden a los conceptos de “cuotas, aportaciones y préstamos por los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales”.
La deuda total de estos conceptos asciende a 9 mil 777.7 millones de pesos, repartidos en 22 estados, de los cuales Guerrero tiene la mayor proporción de deuda, con 32.6 por ciento, es decir, 3 mil 414.3 millones de pesos.
Después se encuentran Ciudad de México con 23.5 por ciento, o sea, 2 mil 456.9 millones de pesos; Zacatecas con 12.3 por ciento, es decir, mil 289.6 millones de pesos; Chiapas con 10.2 por ciento, o sea, mil 70.3 millones de pesos; Durango con 8.8 por ciento, es decir, 919.4 por ciento; y Baja California Sur con 6 por ciento, o sea, 627.1 millones de pesos.
Una nota informativa del CEFP, del 2 de abril, precisa que la deuda de Guerrero en julio de 2024 era de 18 mil 981.8 millones de pesos, bajó a 19 mil 285.9 millones de pesos en agosto y remontó a 19 mil 389.9 millones de pesos en septiembre.
Las deudas de la SEG y CAPAMA, entre las más antiguas

Una nota informativa del CEFP del 26 de marzo da a conocer los adeudos más antiguos de los estados al ISSSTE, por cuotas y aportaciones a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, a septiembre de 2024.
De Guerrero se encuentra la SEG, cuya primera quincena de adeudo proviene de la primera de 2008, cuando era gobernador el perredista Zeferino Torreblanca Galindo, y suma 44 quincenas más, lo que representa un total de deuda de 12 mil 574.7 millones de pesos.
Sólo su par de Veracruz tiene una deuda más grande, que también comenzó en 2008 y asciende a 19 mil 37.6 millones de pesos, que forman parte de los 52 mil 667.4 millones de pesos de adeudos más antiguos del país.
Respecto a los adeudos más antiguos por cuotas, aportaciones y préstamos por los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales, de Guerrero se encuentra la CAPAMA, cuya primera quincena de adeudo con el ISSSTE data de la primera de 2010, cuando era alcalde el actual senador priista Manuel Añorve Baños.
La CAPAMA suma 248 quincenas de adeudo más, a partir de esa fecha, por lo que el monto total de su deuda es de 201.2 millones de pesos.
El monto total de los adeudos más antiguos de los estados asciende a 3 mil 511.5 millones de pesos. La institución más deudora del país es la Universidad Autónoma de Zacatecas con mil 289.6 millones de pesos.

La deuda equivale al 82.6% de las participaciones federales al tercer timestre de 2024

Una nota informativa del CEFP, del 19 de marzo, especifica que en 2020 se adhirió un artículo transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación, donde se establece que a través de las participaciones federales, las entidades federativas podrán pagar sus adeudos a favor del ISSSTE, en particular a través de del Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y las participaciones por la venta final de gasolina y diésel.
La deuda de Guerrero al ISSSTE de 19 mil 389.9 millones de pesos equivale al 82.6 por ciento de las participaciones federales programa-das para el estado al tercer trimestre 2024, el porcentaje más alto del país respecto a las otras entidades deudoras con la paraestatal.
En relación con las partici-paciones federales entregadas en el mismo periodo “que son susceptibles de afectaciones”, la deuda de Guerrero es de 79.9 por ciento.
Respecto al Fondo General de Participaciones, pagado de enero a diciembre de 2024, la deuda de Guerrero es de 88.8 por ciento, la mayor proporción de un estado, revela el CEFP en una nota del 12 febrero.

“¿Dónde está ese dinero?”, pregunta la Comisión Intersindical

Consultado al respecto, el integrante de la Comisión Intersindical, asocia-ciones civiles y derechohabientes del ISSSTE, Benjamín Sandoval Melo, declaró que hace seis años observaron que la deuda de Guerrero hacia la paraestatal era de 12 mil millones de pesos.
El catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) consideró que no es adeudo, es un “robo, porque no son recursos públicos, son recursos de los trabajadores y del ISSSTE”.
Dijo que desde el gobierno priista de René Juárez Cisneros (1999-2005), el ISSSTE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) permitieron “el no reclamo de estos descuentos y las participaciones, porque por un lado aporta el trabajador, pero por el otro lado también aporta el gobierno, una parte proporcional”.
Comentó que la Comisión Intersindical le solicitó por escrito hace menos de un mes al director del ISSSTE, Martí Bartres, un informe del adeudo, y a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda le pidió que “no siguiera con esta práctica, de robo de los descuentos y de las aportaciones de los trabajadores al ISSSTE”.
“Nosotros demandamos, por un lado, se finquen las responsabilidades correspondientes porque no hay de otra, ahí está evidente, y hay que hacer responsables que en su momento fueron ¿dónde está ese recurso? Porque no es una cantidad pequeña”.
Sandoval Melo dijo que la falta de dinero ha afectado las otras prestaciones que tienen como derechohabientes, entre ellos, la vivienda, “el ISSSTE está violando la ley del ISSSTE”.
Indicó que Guerrero es el tercer estado con más derechohabientes del país, sólo por debajo de Ciudad de México y el Estado de México, suma 640 mil, sólo en Acapulco son alrededor de 190 mil derechohabientes.
Pese a ello, no se aumentó una sola cama en medio siglo desde la construcción del hospital de la avenida Ruiz Cortines, que cuenta con 80 camas.

Dhaniel Velazquez

La ex alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, confirmó que sí dejó adeudos con el Servicio Administración Tributaria (SAT), las cuales fueron informadas en el proceso de entrega-recepción. Criticó que a más de tres años de que entregó la administración se hace ese señalamiento. Agregó que fueron deudas institucionales, similares a las que ella pagó por 660 millones de pesos por los adeudos de administraciones anteriores.
Román Ocampo fue consultada por teléfono sobre el señalamiento que hizo este lunes la alcaldesa Abelina López Rodríguez de que la Secretaría de Hacienda le requirió un pago por 233 millones de pesos adeudados desde 2019.
La ahora magistrada judicial indicó que días antes de entregar el gobierno a su sucesora, en una reunión con el jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fernando Baca, ante ediles y un representante de Abelina López, se informó de los “adeudos institucionales” que dejaba su administración.
Recordó que en esa reunión, que se hizo dos días antes de entregar la administración, le acompañaron los regidores Hugo Hernández, de Morena; Roberto Carlos Ortega, del PT; Federico García Nolasco del PRD, y el actual secretario de Finanzas del gobierno estatal Raymundo Segura, así como el entonces subsecretario de Finanzas Ricardo Salinas quien actualmente es el oficial mayor de la Secretaría de Finanzas.
“Y de parte de la presidenta Abelina fue un joven que no recuerdo su nombre, el maestro Fernando Baca citó a todos pero tanto la gobernadora como la alcaldesa Abelina no pudieron asistir y mandaron representante”.
“Durante mi administración Octubre 2018–Septiembre 2021 se pagaron de ISR (Impuesto sobre la Renta) más de 660 millones de pesos. Las formas de pago fueron con retenciones del Ramo 28 (Participaciones) como de Recursos Fiscales (Ingresos Propios). Si esos más de 660 millones hubieran estado destinados únicamente para pagar mi administración, no hubiera dejado ninguna deuda. Lamentablemente el SAT (Servicio de Administración Tributaria) te obliga a pagar también de administraciones anteriores porque la deuda es institucional, por lo cual tuve que dejar de pagar algunos meses de mi administración para cubrir deuda de las administraciones anteriores para que no nos cancelaran los sellos. La cancelación de sellos implica que no puedes cobrar ni facturar. Aparte es importante mencionar que el SAT te cobra accesorios (tipo intereses)  por lo cual mientras más tardes en pagar los adeudos de administraciones anteriores la deuda incrementa muy rápido con puros accesorios, por lo que no me quedó opción más que pagar como podíamos, parte de mi administración como de las administraciones pasadas. Los accesorios elevan la deuda muy rápido y existe la cancelación de sellos sino se cubren dichos pagos”.
Luego señaló que su gobierno concluyó hace cuatro años, en 2021 pero ha mantenido comunicación con los funcionarios que le acompañaron en su gestión a quienes les ha pedido que entreguen toda la documentación que se les requiera
A pregunta expresa del porqué su correligionaria hace un señalamiento en su contra ahora que la Auditoría Superior del Estado (ASE) observó que no ha acreditado el uso de 898 millones de pesos, si es para desviar la atención, la ex alcaldesa dijo que a ella no le corresponde hacer deducciones de ese comportamiento y serán los ciudadanos quienes sacarán sus conclusiones.
“La sociedad tiene muy claro cómo ha gobernado cada uno de sus alcaldes y alcaldesas y la mejor crítica que nos puede hacer alguien es el propio pueblo”.
Sobre qué mensaje les da a los ciudadanos que confiaron en Morena y que ven que las dos administraciones tienen problemas con el manejo de los recursos, la ex alcaldesa pidió a los ciudadanos que confíen en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que hagan las denuncias ante las instancias del partido para que ya no vuelvan a ser electos: “tiene que haber ética política, tenemos que ser responsables cuando asumimos las riendas de una administra-ción”.
“Yo tengo una formación política ideológica de los principios que estableció Morena y mi ex presidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar, no traicionar. Yo sigo viviendo en la misma casa desde hace mas de cuarenta años y me siento orgullosa de mi origen modesto y vivir en una colonia popular”
Recordó que desde 2021, la estación de Bomberos de Constituyentes fue afectada por el sismo de septiembre de 2021 y a cuatro años no se ha rehabilitado, cuando han ocurrido varios incendios en el mercado y en zonas aledañas como Palma Sola y Santa Cruz, “y no es lo mismo que se atienda desde Constituyentes a Santa Cruz a que vengan desde Farallón”.
“En lugar de hacer fiestas y traer artistas famosos, hay que atender las prioridades en Acapulco, hay que levantar esas y mejorar esas instalaciones de bomberos porque son indispensables para Acapulco”.
Indicó que durante su gobierno trabajó en el alumbrado público y en la pavimentación de calles porque son factores que ayudan a disminuir la incidencia delictiva. También mencionó que ella dejó pagado el servicio de recolección de basura hasta el último día del mes de octubre de 2021: “pagué un mes que pertenecía ya a la administración de Abelina porque mi gobierno terminó el 30 de septiembre”.

Aurora Harrison

El enlace del gobierno municipal de Acapulco ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Miguel Ortega Carrillo, respondió que no se niegan a informar de las 511 obras y dos acciones pendientes de comprobar, porque los expedientes son competencia de la federación.
Este martes en declaraciones en su oficina, el funcionario dijo que el municipio está en espera que se resuelva la competencia, porque la ASE tiene la facultad de revisar las cuentas públicas, más no “fiscalizar de manera directa los recursos federales”.
El titular de la ASE, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, aseguró que el órgano fiscalizador sí tiene competencia para auditar a los ayuntamientos, y de los 85 municipios de la entidad sólo Acapulco no presentó la documentación requerida del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, de la Cuenta Pública 2023.
Ortega Carrillo dijo que la ley otorga 30 días hábiles tras la notificación para presentar aclaraciones, y “lo que se está haciendo es atender con la ASF el tema de la competencia, el área jurídica esta en eso, en dado caso que nos dijeran que sí es competencia de la auditoría local presentar la documentación y que nos fiscalicen sin ningún problema, los expedientes se tienen”.
“No es una negación o porque no esten hechas las obras, o porque no se tengan los expedientes, no se niegan, pero sí tenemos que apegarnos a los aspectos legales, porque es una situación de carácter legal como lo preciso la ASF y si entrega la información puede incurrir en responsabilidad con la federación”.
Reiteró que los 898 millones de pesos del Ramo 33 correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal correspondiente a la Cuenta Pública 2023, se encuentran en el informe que se le entregó a la ASE. “Lo que tiene límite es que no puede fiscalizar en forma directa, es decir de manera específica. Los recursos del Ramo 33, por eso es que no se le entregaron los expedientes, pero toda la información que requiere del gasto, de todos los fondos están en la cuenta pública”.
“El área jurídica está buscando las acciones legales necesarias, estamos en los tiempos porque acaban de notificarlo y acaban de publicarlo… la notificación fue hecha el 7 de abril y sobre eso estamos trabajando, los expedientes se encuentran, están. El tema no es de rendición de cuentas, porque la presidenta ha rendido cuentas, ha presentado sus cuentas, lo ha hecho en tiempo y forma, las auditorías que ya nos practicaron, que insisto, fueron de mil 554 millones, casi mil 600 millones de pesos, no se negó información. El tema es los expediente. Si nos mandara una instancia o nos dijeran que debemos entregarlo sin duda lo vamos hacer, la presidenta siempre cuida el aspecto legal”, dijo.
Explicó que la ASE sí tiene facultades de revisar las cuentas públicas, “eso no lo podemos discutir, es su competencia revisarla; sin embargo existe la situación que en la cuenta pública que se presenta van cuatro fondos, o fuentes de financiamiento, que son los recursos de participaciones federales, el ramo 28 y los recursos del FAIS y Fortamun del Ramo 33. Esos los puede revisar nada más en el sentido de la recepción del recurso”.
Detalló que cuando se refiere a la recepción de los recursos, es que se tengan los programas de inversión, “en qué se aplicó el recurso de manera general, porque se informa en la cuenta pública, la presidenta sí ha rendido la cuenta pública”.
“Fiscalizar en forma directa los recursos del Ramo 33 en una capacitación que nos dio la ASF para efecto de revisar el 2023, nos dijo claramente que no tiene competencia las auditorías locales de revisar esos fondos, y de hacerlo, es decir que los municipios que entregaran información podrían incurrir en responsabilidad”.
Sostuvo que cuidando esa situación, la alcaldesa, para no incurrir en responsabilidad, manda un oficio a la ASF para preguntar si pueden entregar o no los expedientes, “y en esa respuesta que nos da la auditoría superior que por ningún motivo puede la auditoría superior local auditar esos recursos y que si se entrega información los expedientes se podría incurrir en responsabilidad. Así no los dice en el documento, entonces la presidenta ha sido respetuosa”.
Afirmó que el Ayuntamiento de Acapulco no ha cometido irregularidades respecto a los 898 millones de pesos, pero lo que señala la ASE es que no se le han dado los expedientes, pero en la cuenta pública esta esa informacion, “incluso las 511 obras y dos acciones, son las que informó la presidena con nombre y apellido. Tampoco es que se haya negado porque está en la cuenta pública, lo que sí es de resaltar es que de la cuenta pública nos hicieron dos auditorías, la de cumplimiento financiero, y la de desempeño, de las cuales fueron publicadas en el Congreso los resultados de los informes”.
“Porque está obligada la ASE de presentar este informe de inversiones físicas porque en su programa anual de auditorías, que le autorizo y que notificó al Congreso manejo, esa también. Entonces está obligada a informarla porque en su programa la mencionó y por eso es que se ve obligado. La presidenta a través del área jurídica pidieron al Tribunal la suspensión, para que no se publicará en tanto se tuviera una resolución. Sin embargo tengo entendido que la suspensión fue rechazada a final de cuentas”.
Aseguró que la ASE revisó la Cuenta Pública 2023, “nos revisó un montó de mil 554 millones de pesos, que corresponde a los recursos fiscales. Sí fuimos auditados, incluso el informe ya publicado, donde hubo algunas observaciones que ya se atendieron en el plazo que nos dieron y la presidenta ha sido respetuosa de los tiempos y de lo que solicita la ASE; sin embargo, en el recurso federal no quiere incurrir en una responsabilidad”.
Sobre el convenio del que hace referencia el auditor, respondió que en la reunión con la ASF del 5 de marzo, “sólo se puede generar un convenio entre la ASF y ASE para la revisión de participaciones federales, no para el Ramo 33 ahí no hay manera. Si hubo un convenio fuera de eso, en todas las notificaciones no se nos ha señalado”.
“En la actualidad ya nos está auditando la federación, ahora se llaman auditorías integrales, y esas auditorías ya tenemos los requerimientos, ya nos están auditando, ya nos pidieron información de los expedientes de las obras, donde nos piden todos los expedientes de las obras públicas del 2024”, e indicó que “no les programaron una auditoría para ese fondo, unicamente nos programó para cumplimiento financiero que es la de recursos fiscales y es el recurso de mayor cuantía que se recibe, en promedio es de mil 600 millones de pesos es el monto que nos audita”.

A pesar de que se preveían deportaciones masivas por la política migratoria del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el número de guerrerenses deportados disminuyó a partir de que tomó protesta, de acuerdo con cifras que dio a conocer ayer en la Sesión Informativa de Gabinete la Secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal.
La funcionaria estuvo ayer junto con la Secretaria de la Mujer del gobierno estatal, Violeta Pino Girón, en la Sesión Informativa de gabinete del gobierno estatal.
Ahí, Rivera Carvajal celebró que las repatriaciones en vez de aumentar como se previa con la llegada a la presidencia de la República de Trump, en enero pasado, hayan disminuido.
De acuerdo con las cifras de la funcionaria, en enero, cuando aún no asumía la presidencia Donald Trump, hubo mil 161 repatriaciones, mientras que en febrero, cuando ya había asumido el cargo, bajaron a 532 y en marzo hubo 630.
Informó que la mayoría de ellos se siguen quedando en los albergues instalados por autoridades y asociaciones civiles de los estados del norte del país, en espera de una oportunidad para regresar a Estados Unidos.
Rivera Carbajal, informó que derivado de ello sólo 10 personas han sido cobijados por el programa Guerrero te Respalda que puso en marcha el gobierno de Guerrero para apoyar a los paisanos que sean repatriados.
“Muchos, la mayoría, se quedan en la frontera, en los albergues, esperando volver a cruzar porque dejan a sus familias y quieren regresar a reunirse con ellas, y otros porque se sienten más a gusto allá”, reconoció Rivera Carbajal.
La funcionaria informó que Guerrero sigue manteniendo la misma cantidad de remesas, a pesar de que reconoció que hace 4 años Guerrero ocupaba el séptimo lugar y ahora el noveno, “pero se han mantenido las remesas”, insistió.
Destacó que debido a que se mantienen las mismas remesas siguen los “avances” en las obras de infraestructura social que se realizan a través del programa 2×1.
Presumió que Guerrero es el único estado que conserva este esquema para infraestructura social con apoyo de los clubes migrantes organizados que radican en Estados Unidos.
Aseguró que el programa 2×1 Migrantes, logró realizar en 2024 un total de 87 obras en las regiones Norte, Centro, Costa Chica y Costa Grande, con una inversión de 21.7 millones de pesos, generando más de 5 mil empleos y beneficiando a más de 37 mil habitantes.
Anunció que para este 2025 se tiene proyectada una inversión a través del mismo programa superior a los 75 millones de pesos en distintos municipios con obras de servicios básicos.
También informó que a través de Lazos Migrantes, se logró reunir en 2024, a 450 familias “después de muchos años de no verse” y anunció que este año se tiene una meta de alcanzar a más de mil beneficiarios, “con el objetivo de seguir uniendo familias”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Redacción

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, el líder estatal de Morena, Jacinto González Varona, y la diputada local, Claudia Sierra Pérez, encabezaron el recorrido inaugural de la Expo Feria Ometepec 2025.
La alcaldesa de Acapulco durante el recorrido bailó junto a González Varona, quienes fueron vitoreados y sus nombres coreados por los asistentes.
Al recorrido también asistieron los alcaldes de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez y el de Igualapa, Alfredo González
La alcaldesa asistió al acto de hermanamiento cultural ente Acapulco y Ometepec en el marco del Jolgorio Acapulqueño 2025. Entre danzas típicas como Los Tlacololeros, Los Diablos, La Danza de la Conquista, el amplio contingente recorrió las principales calles de Ometepec.
Junto al alcalde de Ometepec, Rigoberto Chacón Melo, la presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez hizo la invitación a las y los asistentes a participar en las actividades del Jolgorio Acapulqueño 2025 que arrancará oficialmente mañana 16 de abril, con un recorrido de pendones de las ocho regiones del estado, desde La Diana Cazadora al parque de La Reina.
López Rodríguez no estuvo presente en la entrega del título Guinness World Records por el clavado de cabeza más alto del mundo, otorgado a los clavadistas de La Quebrada la tarde del martes, que encabezaron la secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Samora, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

 

Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

Considerar a los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero en el plano judicial para el ejercicio de sus derechos, fue una de las perspectivas que señaló Darlene Rojas Olvera, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Entrevistada vía telefónica por El Sur, la candidata número 27 a ministra de la Corte, señaló que en el caso concreto del estado de Guerrero, es necesario considerar a la población indígena y afromexicana que hay en la entidad en las resoluciones judiciales.
“En el caso de Guerrero, considerar toda esta población de pueblos indigenas, pero también afro porque una buena parte de la población son afrodescendientes y eso es importante a partir del reconocimiento que tenemos en la Constitución, garantizar ese ejercicio de derechos” .
Señaló que uno de los objetivos es acercar a la Suprema Corte a la población en general, como es el caso de las distintas poblaciones que existen a nivel nacional, para que los procesos sean más ágiles y más accesibles. Además de tener una jurisprudencia con perspectiva de género e interculturalidad, como el caso de Guerrero.
“Hoy tenemos una oportunidad enorme de transformar al Poder Judicial, mucho tiempo estuvo alejado del pueblo con privilegios y opacidades, procesos lentos y hoy más que nunca se necesita que esta justicia sea accesible, sea transparente”.
Ante el cuestionamiento de que si en caso de llegar a ocupar una plaza como ministra de la SCJN, respaldaría los ideales del gobierno actual o estaría en contra de los mismos, Rojas Olvera señaló que “jamás he subordinado mi criterio, ni he actuado por consigna”.
Respecto a la complejidad que se tienen en las campañas para exponer propuestas y que no caiga en solo una promoción personalizada sin mostrar lo que se propone, aceptó que una de las barreras que tienen que rebasar todos los candidatos y candidatas que buscan alguno de los puestos judiciales, es comunicar y acercarse a la ciudadanía.
Darlene Rojas afirmó que ella tiene una “ventaja” frente al resto de las candidatas, ya que aseguró que con 27 años de actividad laboral, cuenta con experiencia y se debe mostrar a la ciudadanía la importancia de la próxima elección judicial.
Remarcó que entre sus propuestas se busca acercar la Corte a la gente y que llegue a ser “accesible” para las personas que lleguen a tener un proceso judicial, además de que la justicia deje de ser un “privilegio” para algunos.
Agregó que se busca la simplificación de los procesos que hay en el terreno judicial, así como ampliar la defensora pública gratuita y que la SCJN llegue a estar conectada a la realidad y en las sentencias que se emitan, el lenguaje no tenga tecnicismos y sean lo más claros posibles para las personas.
Darlene Rojas Olvera es la candidata número 27 a ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México y entre su experiencia laboral fue Coordinadora General de Registro de Contratos Colectivos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, estuvo al frente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, fue directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y presidió el Comité de Seguimiento y Evaluación para introducir la perspectiva de género en los órganos importadores de justicia en la Ciudad de México.

A pesar de que se preveían deportaciones masivas por la política migratoria del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el número de guerrerenses deportados disminuyó a partir de que tomó protesta, de acuerdo con cifras que dio a conocer ayer en la Sesión Informativa de Gabinete la Secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal.
La funcionaria estuvo ayer junto con la Secretaria de la Mujer del gobierno estatal, Violeta Pino Girón, en la Sesión Informativa de gabinete del gobierno estatal.
Ahí, Rivera Carvajal celebró que las repatriaciones en vez de aumentar como se previa con la llegada a la presidencia de la República de Trump, en enero pasado, hayan disminuido.
De acuerdo con las cifras de la funcionaria, en enero, cuando aún no asumía la presidencia Donald Trump, hubo mil 161 repatriaciones, mientras que en febrero, cuando ya había asumido el cargo, bajaron a 532 y en marzo hubo 630.
Informó que la mayoría de ellos se siguen quedando en los albergues instalados por autoridades y asociaciones civiles de los estados del norte del país, en espera de una oportunidad para regresar a Estados Unidos.
Rivera Carbajal, informó que derivado de ello sólo 10 personas han sido cobijados por el programa Guerrero te Respalda que puso en marcha el gobierno de Guerrero para apoyar a los paisanos que sean repatriados.
“Muchos, la mayoría, se quedan en la frontera, en los albergues, esperando volver a cruzar porque dejan a sus familias y quieren regresar a reunirse con ellas, y otros porque se sienten más a gusto allá”, reconoció Rivera Carbajal.
La funcionaria informó que Guerrero sigue manteniendo la misma cantidad de remesas, a pesar de que reconoció que hace 4 años Guerrero ocupaba el séptimo lugar y ahora el noveno, “pero se han mantenido las remesas”, insistió.
Destacó que debido a que se mantienen las mismas remesas siguen los “avances” en las obras de infraestructura social que se realizan a través del programa 2×1.
Presumió que Guerrero es el único estado que conserva este esquema para infraestructura social con apoyo de los clubes migrantes organizados que radican en Estados Unidos.
Aseguró que el programa 2×1 Migrantes, logró realizar en 2024 un total de 87 obras en las regiones Norte, Centro, Costa Chica y Costa Grande, con una inversión de 21.7 millones de pesos, generando más de 5 mil empleos y beneficiando a más de 37 mil habitantes.
Anunció que para este 2025 se tiene proyectada una inversión a través del mismo programa superior a los 75 millones de pesos en distintos municipios con obras de servicios básicos.
También informó que a través de Lazos Migrantes, se logró reunir en 2024, a 450 familias “después de muchos años de no verse” y anunció que este año se tiene una meta de alcanzar a más de mil beneficiarios, “con el objetivo de seguir uniendo familias”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La Biblioteca Siervo de la Nación, del Congreso del Estado, no ha sido concluida, y a pesar de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial destinó 50 millones para terminarla este 2025, a cuatro meses y medio de iniciado el año, no se han reiniciado los trabajos.
El edificio que albergó la Biblioteca fue demolido en 2021, durante la presidencia en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del morenista Alfredo Sánchez Esquivel, y nueve meses después se detuvieron los trabajos.
Fue en diciembre de 2022 que se dio el banderazo del inicio de la segunda etapa, evento al que acudió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Como parte de la segunda etapa se concluyeron los trabajos de cimentación que incluye rellenos, muros de enrase, cadenas y castillos, firmes de concreto reforzado, así como lo correspondiente a la estructura base, columnas, perfiles, placas de acero y concreto premezclado, además de la preparación para las instalaciones hidrosanitarias y pluviales.
Posteriormente, y concluida la segunda etapa, los trabajos se detuvieron una segunda vez, y la obra lleva inclusa ya dos años
Al respecto, en breves declaraciones, el actual presidente de la Jucopo, el también morenista Jesús Urióstegui García, indicó que se retomará el tema, sin indicar fechas.
Por su parte, la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lührs Cortés, urgió iniciar la tercera etapa de construcción de la Biblioteca Siervo de la Nación del Legislativo.
En declaraciones, Lührs Cortés reprochó que a pesar de que para este año se etiquetaron 50 millones de pesos, hasta el momento los trabajos no han sido reanudados.
Dijo que los diputados pidieron a través de un escrito a la titular de la Secretaría, Irene Jiménez Montiel, informe sobre el proyecto de construcción de la biblioteca, para “adecuarlo a las necesidades” del Congreso.
En este sentido, la diputada explicó que han hecho un análisis del edificio que alberga el Congreso y las necesidades en las diferentes áreas administrativas, porque lo que consideró que se debe de realizar adecuaciones al proyecto de la biblioteca.
“Ya se le envió un oficio a la secretaria, porque es de nuestro de mayor interés conocer el proyecto que se tiene para la biblioteca, y ya hemos hecho algunos análisis de cómo está el edificio”, comentó.
La diputada reprochó que Jiménez Montiel se comprometió, durante la comparecencia del segundo informe de gobierno, en octubre de 2024, a agilizar los trabajos de la biblioteca, sin embargo, “hasta el momento no hay ni un ladrillito”.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Los ocho Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) publicaron el listado oficial de las casillas que se instalarán en todo el territorio estatal el próximo 1 de junio para la elección del Poder Judicial de la Federación.
A través de la página oficial del INE Guerrero, el órgano electoral local las publicó con una infografía para mostrar cómo votar ese día.
Para la Junta Distrital 03, con sede en Zihuatanejo y que abarca la Costa Grande, se instalarán 386 casillas básicas y 19 contiguas,
La Junta Distrital 07, de Chilpancingo, que abarca la zona Centro, instalará 261 casillas básicas y 40 contiguas; la 06 con sede en Chilapa, que abarca parte de la Montaña baja y la zona Norte, instalará 357 básicas y 22 contiguas.
En la Costa Chica, la Junta Distrital 08 con sede en Ometepec, instalará 383 básicas y 22 contiguas y en la Montaña alta, la Junta 05, con sede en Tlapa, instalará 313 casillas básicas y 29 contiguas.
En Acapulco, la Junta Distrital 02 aprobó 157 casillas básicas y 49 contiguas, en tanto que la Junta 04 determinó la instalación de 240 casillas básicas y 17 contiguas.
Las se pueden consultar en la página de Facebook INE Guerre-ro;el sitio oficial Ubica Tu Casilla, estará disponible a partir del 15 de mayo, en donde con la credencial el elector podrá ubicar en qué casilla votar, pues para esta elección se instalarán sólo la mitad de las que abren en una elección ordinaria.
En Guerrero se elegirán a 39 personas juzgadoras: nueve minis-tros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); cinco cargos para el Tribunal de Disciplina Judicial; dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife); tres magistrados de la Cuarta Circunscripción de la Sala Regional Ciudad de México del Trife; 10 magistrados de circuito y 10 jueces de distrito.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El senador priista Manuel Añorve Baños, criticó que el delegado de la Secretaría del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz promueva en actos de entrega de programas sociales la elección Judicial del próximo 1 de junio.
Añorve Baños denunció en un primer momento a través de su cuenta de X (antes Twitter), que la promoción de la elección Judicial por parte de Hernández Díaz fue una “violación descarada a la ley al promover el voto utilizando programas sociales”.
El Sur publicó que en un acto oficial de entrega de tarjetas de la beca universal Benito Juárez en el colegio de Bachilleres plantel 1 de Chilpancingo, Hernández Díaz pi-dió a padres y jóvenes que el 1 de junio acudan a las urnas para que voten por los ministros, magistrados y jueces federales.
El funcionario federal hizo referencia a los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar que “unos señores” se negaron a bajarse el salario ya que ganaban hasta 600 mil pesos.
Luego de dicho acto, el senador priísta condenó el hecho a través de su cuenta personal de X.
“El delegado federal de pro-gramas sociales, Iván Hernández promovió de forma ilegal la elección judicial entre padres de familia durante un acto donde realizaba entrega de becas escolares”, escribió el ex edil de Acapulco.
Vía telefónica, Añorve Baños adelantó que junto con su partido revisarán si proceden legalmente contra el delegado ante lo que aseguró fue una “clara violación a la Constitución”.
“Es una ilegalidad lo que hizo el delegado de los programas del Bienestar, es una ilegalidad que está plasmada en nuestra Constitución, en el artículo 19 y se puede castigar hasta con prisión preventiva oficiosa.
Agregó que incluso fue una propuesta de Morena que reformó el artículo 19 de la Constitución federal para que se castigue con prisión preventiva el uso de programas sociales con fines electorales
“No podemos caer en la ignorancia o en el cinismo de promover en la entrega de un programas de becas de apoyo a estudiantes de bachillerato la elección Judicial, porque el Tribunal Electoral autorizó que los tres niveles de gobierno promuevan la elección, pero nadie está por encima de la Constitución y tampoco autorizó que en la entrega de programas sociales se oriente la votación de los integrantes del Poder Judicial, eso es irregular, es un ilícito”.
Añorve Baños indicó que se analizará “cuál es el paso siguiente legal, porque no podemos normalizar el manejo de programas sociales por parte de Morena para promover cualquier elección”.
“La Constitución señala límites y no podemos caer en el descaro de atropellar la Constitución y hacer por parte de Morena lo que se les ocurre, porque ya sabemos que los programas sociales son un buen conducto para promover y después generar votos el día de la elecciones”.