Luego de tres días consecutivos de suspender el servicio de las camionetas Urvan de la ruta Infonavit-Alta Progreso-Caleta tras el asesinato de una conductora el jueves en la tarde en la avenida Ruiz Cortines, ayer se reanudó.
De acuerdo con la información recabada, ayer reactivaron el servicio de camionetas Urvan de la ruta mencionada.
El acuerdo entre autoridades y concesionarios fue que hubiera seguridad de la Guardia Nacional y policías estatales en la terminal de la unidad habitacional y Caleta, además de recorridos en las avenidas Constituyentes y Ruiz Cortines.
La terminal de camionetas Urvan se ubica en la quinta etapa de la unidad habitacional mencionada, ubicada atrás del hospital regional Vicente Guerrero y la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Los vecinos el viernes, sábado y domingo tuvieron que caminar por falta de transporte, aproximadamente un kilómetro en la avenida Ruiz Cortines.
El trayecto comprende de la parte alta de la ciudad a la zona Tradicional (Caleta), y la tarifa autorizada es de 12 pesos.
En ese trayecto también están los camiones de la ruta de zona de hospitales, rutas alimentadora y taxi azul con blanco.
Hasta ayer de manera escasa hubo seguridad en la terminal, no así en las avenidas Constituyentes y Ruiz Cortines, que es por donde circulan las camionetas Urvan.
El jueves pasado, una conductora de camioneta Urvan de la ruta mencionada fue asesinada a balazos, frente a la Escuela Secundaria Técnica 1.
El miércoles pasado, los choferes reanudaron el servicio de las camionetas Urvan de la ruta Antorcha Revolucionaria-Mozimba-Caleta tras cuatro días suspendido por los hecho violentos que empezaron el 8 de marzo.
El presidente de la Organización Campesina de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mariano Antonio de Jesús, señaló que los vecinos de la comunidad de Apalani fueron engañados porque no han empezado los trabajos para abastecerlos de agua.
La comunidad de Apalani tiene problemas con el acceso al agua porque se dañó el sistema que abastecía al poblado, luego de
hacer las denuncias públicas a fines de febrero acudieron funcionarios de la CAPAMA a la comunidad para atender el problema y se comprometieron a resolverlo, pero a dos meses de que se hizo la visita no hay indicios de que empiecen los trabajos.
En una llamada a la Redacción de El Sur, Antonio de Jesús indicó que a fines de febrero buscó información en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio para saber cuándo empezarían los trabajos, lo que le dijeron es que el municipio no tenía dinero y que esa obra no está considerada.
“Nos vinieron a engañar para que estuviéramos contentos de que nos iban a dar la obra, pero en la realidad no hay nada, no se menciona si va a haber obra, el pueblo de Apalani vive con engaños por parte de la presidenta Abelina López Rodríguez y de la gobernadora ni se diga, ni una solicitud atiende, da tristeza que los pueblos no sean atendidos”.
“Hasta ahorita no hay nada, no han venido, no contestan los teléfonos, no sabemos nada, la verdad, nos sentimos como si fuéramos engañados”.
“Es triste que no haya agua en los pueblos cuando tenemos el río Papagayo”.
En la comunidad de Apalani habitan unas mil 600 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, el servicio de agua no funciona desde hace más de un año, antes del huracán Otis se dañó la bomba, después vino el huracán y la atención se centró en los damnificados y con el huracán John se azolvó el sistema de agua que fue construido durante el gobierno del expresidente de la República Enrique Peña Nieto.
Las familias ahora se abastecen de agua desde un manantial, pero tienen que caminar más de un kilómetro para llenar seis cubetas de 20 litros, con las que hacen frente cada día a las necesidades básicas de su vivienda, como aseo personal y limpieza de alimentos, pero en temporada de secas el agua se agota y es insuficiente para la demanda de los vecinos de Apalani. (Daniel Velázquez).
El viernes pasado un joven enciende una veladora a un costado del zapato de su familiar desaparecido, como parte de la jornada de oración de colectivos en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
En tanto pasan los días tras el hallazgo de crematorios, fosas con restos humanos, prendas y artículos diversos de víctimas de desaparición forzada en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, aumenta la inquietud de madres buscadoras de colectivos de Guerrero ante la posibilidad de que algunos de los desaparecidos que buscan hayan estado en ese lugar.
La presidenta del colectivo Memoria Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán quien busca a su hijo Jonathan Romero Gil desaparecido en el 2018, confirmó ayer que ella y dos madres más, una de las cuales tiene indicios de que su hijo estuvo en ese rancho, se aprestan a ir a solicitar información.
Por su parte, la presidenta del colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores informó que rastrea información de una de las víctimas cuyos restos habrían sido trasladados en sigilo por las autoridades y entregados a sus familiares en la región de la Montaña.
Gil Guzmán destacó que una de las tres madres que irán al rancho Izaguirre en busca de información, tiene indicios de que a su hijo desaparecido hace nueve años en Chilpancingo lo tuvieron en ese rancho, porque le mandaron un video y reconoció su voz.
Sin embargo, evitó dar detalles del caso porque posiblemente sigue con vida y podría ponerlo en riesgo, pues cree que sigue privado de la libertad por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Las otras dos madres vamos porque queremos descartar la posibilidad de que hayan estado allá nuestros hijos, pues como madres sabemos de dónde se los llevaron pero no a dónde los fueron a dejar y no está por demás ir”, declaró Gil Guzmán.
Las otras dos madres que van son Olga Lidia Mendoza del colectivo Memoria Verdad y Justicia y madre del joven José Rafael Reyna Mendoza, quien desapareció el 25 de marzo del año 2015 en Chilpancingo.
José Rafael recién había entrado a trabajar como chofer de una Urvan del servicio de transporte público y se lo llevaron con todo y camioneta, sin que todavía sus familiares tengan datos de él.
Olga Lidia presentó la denuncia y del caso hay cuatro detenidos, pero no han aportado información de dónde se encuentra su hijo.
También irá al rancho Izaguirre la propia presidenta del colectivo Memoria Verdad y Justicia Socorro Gil Guzmán, quien busca a su hijo Jonathan Romero Gil, detenido-desaparecido por policías municipales en Acapulco en diciembre de 2018.
Del caso, Gil Guzmán ha denunciado que la Fiscalía General del Estado (FGE) desapareció pruebas, mientras que el gobierno federal “lo desapareció” por segunda ocasión, borrándolo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD).
“De hecho, nosotras, las tres madres, ya nos hubiéramos ido (al rancho de Teuchitlán), pero como nos dijeron que no están dejando entrar no nos hemos ido, pero nos dijeron que ya podemos ir”.
Sin embargo, declaró que ayer en la mañana se enteró que al haber tomado el caso la Fiscalía General de la República (FGR), el personal de la institución federal está prohibiendo el acceso a las familias, y que ni siquiera a las familias de allá, es decir, las que “descubrieron el hallazgo”, les están permitiendo entrar.
Advirtió que este ya es un asunto que no solamente atañe a las madres buscadoras de Jalisco, sino a todas y todos los familiares de desaparecidos del país, “y yo creo que alguna medida vamos a tomar”.
Dijo que si se confirma que les están prohibiendo el paso “no le vamos a permitir a la Fiscalía que nos impida el paso a las familias; sin las familias de los desaparecidos ellos no pueden trabajar”.
“Ya sabemos que la Fiscalía no hace los trabajos como debe de hacerlos. Aquí los que estamos al pendiente de que los trabajos se hagan conforme a los derechos de las víctimas somos las familias, porque ellos, por sí solos no respetan los derechos de las víctimas”.
Gil Guzmán advirtió que puede ser que no les permitan el paso a las familias buscadoras porque quieren ocultar información o pretendan desvirtuar la realidad.
“Ellos lo van a negar, de hecho, ya lo negó la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, ya dijo hoy (ayer) en la mañana que hasta que no tenga las pruebas científicas, no va a decir que es verdad”.
Entrevistada por separado, la presidenta del colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, informó que cuenta con información de que los restos de una de las víctimas que estuvo en el rancho de Teuchitlán fueron trasladados y entregados a sus familiares en la región de la Montaña de Guerrero.
Sin embargo, el trámite y el traslado se habrían hecho en sigilo por parte de las autoridades.
Antúnez Flores declaró ayer que busca información del caso y que está solicitando la ficha de búsqueda a las instituciones.
La activista busca a su hijo Juan Sebastián García Antúnez, quien a los 22 años desapareció el 27 de febrero del 2011 en Chilpancingo.
El caso de los restos de la víctima que habría estado privada de la libertad en el rancho Izaguirre y que podrían haber sido trasladados a la Montaña, también es rastreado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, según se informó ayer.
Mientras tanto, en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), se informó que no existe información del asunto y que estos casos comúnmente se llevan varios meses debido a que se realizan las pruebas genéticas y hasta que se conocen los resultados se entregan a sus familiares.
El viernes pasado, durante una jornada de oración por las victimas de Teuchitlán en Chilpancingo, la representante del colectivo Guerrero ni uno más, Francisca Mayo Ramírez, declaró que también vio en una lista de personas que posiblemente estuvieron privadas de la libertad en ese rancho de Jalisco, uno de apellido Mayo y que terminando las diligencias de la Fiscalía de Jalisco comenzaría la búsqueda de su hijo.
Francisca Mayo busca a su hijo Jonathan Munivez Mayo desde hace 16 años cuando policías municipales se lo llevaron de la casa que rentaba en el fraccionamiento Villas Magisteriales, al sur de Chilpancingo.
Pasaron siete años desde la desaparición de Karla Mariel Rodríguez Trejo, cajera de Coppel y madre de dos niños con 22 años de edad, y dos agencias especializadas de la Fiscalía General del Estado a cargo de la investigación, para llegar al momento de la resolución en primera instancia el próximo 20 de marzo, informó la hermana de la víctima, María de Carmen Rodríguez Alcocer.
En denuncia telefónica, la víctima indirecta exigió al juez una resolución con perspectiva de género, que conduzca a la justicia, “sin mano negra”.
Rodríguez Alcocer expresó su preocupación porque en el proceso, la defensa del imputado, Moisés N, expareja de la víctima (legalmente muerta desde el año pasado), desistió con confianza de 15 testigos y medios de prueba.
Precisó que la Fiscalía también se desistió de testigos, particularmente de aquellos que no fueron localizados por la fuerza pública, pero la defensa renunció a más.
En la última audiencia del 14 de marzo, tampoco se presentó el último medio de prueba para desahogar de la defensa, un testigo, y en común acuerdo con el acusado, se desistieron del testimonio.
Ahí mismo, el acusado decidió reservarse el derecho a emitir declaración.
Tras la audiencia de alegatos el 20 de marzo, indicó que el juez emitirá la sentencia en un plazo no mayor de 24 horas, “solamente esperamos que verdaderamente aplique la ley y juzgue con perspectiva de género, que el crimen no quede impune”.
Aclaró que desde el día de la desaparición forzada de Karla Mariel, el último de junio de 2018, ha habido muchas dificultades.
Durante tres años la carpeta de investigación estuvo en la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, son tres distintos agentes, y no avanzó.
Por presión de grupos feministas, el expediente fue trasladado a la agencia del Ministerio Público de la Dirección General de Investigaciones, donde han realizado actuaciones tres agentes, Emanuel Sandoval Menes, José Miguel Rosete, y Francisco Pineda.
Enfatizó que, sin el movimiento social, el caso seguiría archivado.
Recordó también a la mamá de Karla Mariel, Josefina, que encabezaba la búsqueda de su hija y falleció por enfermedades que vinieron debido a la depresión, “murió de la pena, del dolor, de la tristeza de no saber de ella, de no poder ver a sus nietos”.
Como hermana, asumió entonces la representación legal y advirtió que la investigación pasó por muchas inconsistencias, y su preocupación ahora es cómo pueden repercutir en la resolución.
Por ejemplo, indicó que con los restos óseos localizados de Karla Mariel, con los que se determinó su localización, muerta, no fue posible establecer la causa del deceso, y no formularon demanda por feminicidio.
Precisó que las búsquedas comenzaron con las actuaciones de la Dirección General de Investigaciones, y tres años después de la desaparición encontraron restos pequeñitos y rastros de su ropa en una barranca del libramiento a Tixtla, adelante de la colonia Lomas del Marqués.
En la conclusión del juicio oral que se desahoga desde finales de agosto, pidió justicia, “y si hay elementos suficientes para establecer que el muchacho tuvo participación en la desaparición de Karla Mariel, que se actúe con justicia, sin mano negra”.
La Fiscalía General del Estado (FGE), informó la vinculación a proceso de dos hombres por su probable participación en el secuestro agravado cometido el pasado 25 de febrero, en contra de un vecino de la cabecera municipal de Huitzuco.
En un comunicado de prensa la Fiscalía estatal informó la detención y vinculación a proceso de Edwin y Hugo por el secuestro de una víctima de identidad reservada, vecina del municipio de Huitzuco.
En la información oficial se indica que durante las diligencias e investigaciones de los hechos, agentes del Ministerio Público lograron demostrar ante el juez de Control la participación de ambos imputados en el secuestro, cometido el 25 de febrero de este año, luego de que la víctima salió de su casa con rumbo a Iguala, y se cometió el delito.
Además, a los dos detenidos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva “oficiosa” que deberán llevar en el reclusorio de la comunidad de Tuxpan, Iguala. (Alejandro Guerrero / Iguala).
Desaparece una niña de 14 años en Chilpancingo; activan la Alerta Violeta
Anoche el gobierno del estado activó la Alerta Violeta por la desaparición de una adolescente de 14 años en la capital.
De acuerdo con el boletín de búsqueda publicado a las 7:41 de la noche la menor Karen Itzel Rodríguez García desapareció ayer.
Indica que como señas particulares tiene un lunar en la nuca en forma de estrella y otro a un costado de la boca del lado izquierdo.
Karen Itzel es de complexión regular, tez morena clara, cabello negro, frente mediana, ojos redondos café oscuro, nariz mediana, boca grande, labios gruesos y mide un metro con 63 centímetros. (Yee Trujillo).
Guerrero se mantiene, por segunda semana consecutiva, como la tercera entidad con mayor número de casos confirmados y acumulados de dengue en el país, informó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Dengue, de la Secretaría de Salud.
Al corte de la semana epidemiológica 10, que concluyó el pasado 10 de marzo, el sistema reportó que en Guerrero hay un acumulado de 186 casos confirmados de dengue, por debajo de Jalisco, que tiene 458, y Veracruz, que cuenta con 278.
En comparación con la semana 9, Guerrero tuvo un incremento de 15 casos confirmados de dengue, al pasar de 171 a los 186 casos acumulados en el más reciente corte de información.
De los 186 casos confirmados de dengue en el estado, 62 pertenecen a dengue no grave, 115 corresponden a dengue con signos de alarma, mientras que nueve son señalados como dengue grave.
A la semana 10, Guerrero se mantiene con tres personas que fallecieron a causa de dengue, mismo número de la semana 9, cuando se dieron las primeras defunciones por la enfermedad. El estado tiene una letalidad de 2.42 fallecimientos por cada 100 casos de dengue con signos de alarma más casos de dengue grave.
El país registra seis defunciones por dengue en lo que va de 2025, la mitad de las cuales han ocurrido en Guerrero, mientras que las tres restantes han sido en Michoacán, Sinaloa y Morelos.
En el plano estatal, con 62 casos de dengue no grave, Guerrero tiene una tasa de 1.67 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que con 124 casos de dengue con signos de alarma más casos de dengue grave, la tasa es de 3.35 casos por cada 100 mil habitantes.
Del panorama municipal, Alpoyeca está en zona de epidemia con un caso de dengue no grave, 14.16 por cada 100 mil habitantes y dos casos de dengue con signos de alarma más casos de dengue grave, 28.31 por cada 100 mil habitantes. En la misma situación está Xochihuehuetlán, con un caso de dengue no grave y un caso de dengue con signos de alarma más dengue grave, 13.30 por cada 100 mil habitantes.
En zona de alarma, Huamuxtitlán tiene dos casos de dengue no grave, 12.47 por cada 100 mil habitantes y un caso de dengue no grave y un caso de dengue con signos de alarma más dengue grave, 6.23 por cada 100 mil habitantes. En ese mismo panorama está Malinaltepec, con dos casos de dengue no grave y dos casos de dengue con signos de alarma más casos de dengue grave, 7.19 por cada 100 mil habitantes.
Para el sistema, el resto de municipios está en zona de seguridad con 56 casos de dengue no grave, 1.54 por cada 100 mil habitantes y 118 casos de dengue con signos de alarma más casos de dengue grave, 3.23 por cada 100 mil habitantes. (Juan Luis Altamirano Uruñuela /?Ciudad de México).
Campesino cafetalero en una de las calles de la comunidad El Edén, municipio de Atoyac Foto: Lenin Ocampo Torres
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
El delegado en Guerrero de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) federal, Gregorio Portillo Mendoza, informó que las hectáreas productivas de café en la entidad se redujeron de 40 a 10 mil, sobre todo en la región Costa Grande, debido a la caída de los precios.
De acuerdo con cafeticultores de El Edén, municipio de Atoyac, en los últimos 12 años, los daños causados por plagas, huracanes y la violencia en la zona, han dejado sin oportunidades de crecimiento a los pequeños productores, por lo que ahora buscan regresar al mercado internacional, con o sin ayuda del gobierno.
Entrevistado vía telefónica sobre la situación, Gregorio Portillo dijo que hace falta “mucha comunicación” entre los productores y las autoridades, para poder darles el acompañamiento necesario.
Indicó que la Sader en conjunto con la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, la Procuraduría Agraria, el programa Sembrando Vida e instituciones locales, como los ayuntamientos, está trabajando en un diagnóstico para identificar a los productores y las condiciones en las que se encuentran, con el objetivo de “diseñar políticas acordes”.
“Uno de los graves problemas que enfrenta la Secretaría, como otras instituciones, es que no tenemos claridad en cuanto al diagnóstico; es decir, no sabemos a ciencia cierta cuántos productores están produciendo, en qué condiciones, en qué lugar y bajo qué políticas. Entonces, necesitamos tener ese diagnóstico para poder canalizar la inversión pública”, dijo.
Señaló que está en desarrollo un programa especial de atención a damnificados del huracán John, luego de las denuncias de varios productores de maíz que se presentaron ante el titular de la Sader, Julio Berdegué Sacristán, en la región Tierra Caliente, en febrero pasado, y también se dará cobertura a los cafeticultores.
Consideró que “el tema del café, como del maíz, requiere de una atención mucho más profunda”. En ese sentido, la Sader se ha reunido con el gobierno estatal para revisar “algunas estrategias de atención especial, sobre todo a los productores de café y de maíz, que son los que más han resentido estos fenómenos naturales”, así como los procesos de abandono al campo.
Resaltó que también Alimentación para el Bienestar ya está atendiendo la demanda de los cafeticultores, con centros de acopio en Atoyac y Malinaltepec, “cuyo objetivo es precisamente equilibrar los precios del café. Estos centros de acopio van a estar comprando el café de los productores, a un precio estandarizado, por encima del precio normal del mercado”.
Explicó que eso permitirá que los productores tengan mejores ofertas y el plan es reunir mil toneladas de café, “la intención es incrementar este acopio”.
También el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el gobierno estatal analizan la posibilidad de realizar campañas de sanidad, a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guerrero, “para tratar de atender plagas cuarentenarias en el café”, como la roya.
No obstante, “sin duda, el tema de los cafetaleros es un tema mucho más complejo”, expresó.
Puntualizó que, de acuerdo con el Consejo Estatal del Café, “las hectáreas productivas de café pudieran ser alrededor de 10 mil en este momento, cuando llegamos a tener más de 40 mil en el estado. Es una situación muy grave, que se debe atender de manera integral y nosotros estamos planteando que tiene que surgir de una coordinación institucional con el gobierno estatal”.
A pregunta, detalló que el principal factor de la reducción es la caída en los precios, “cuando un cultivo deja de ser rentable, evidentemente, muchos productores dejan de producir. Porque si no es rentable, es insostenible, esto generó mucha migración, muchas familias productoras de café migraron de los territorios cafetaleros y hoy tenemos muchas hectáreas abandonadas”.
Manifestó: “La mayor reducción se dio justamente en Costa Grande, específicamente en el municipio de Atoyac, que es donde traemos la mayor caída en cuanto a hectáreas productivas. Hoy, donde tenemos la mayor cantidad de zonas productivas es en la Montaña, específicamente en Malinaltepec, Iliatenco y una parte importante de San Luis Acatlán”.
Sin embargo, en la región Montaña los cafeticultores cuentan con poca superficie, apenas un cuarto de hectárea y producen en traspatio, por lo que la atención de sus plantaciones no implica un desgaste importante, en comparación con los municipios de Costa Grande, donde las extensiones son superiores a las cinco hectáreas y sostenerlas sin que sea rentable, llevó al abandono.
“En Guerrero, la principal causa de abandono de los productores de sus producciones es justamente el tema de la violencia. Es un tema muy sentido en Guerrero, que ha pegado durísimo en el sector agropecuario, tanto ganaderos como como agricultores han enfrentado este tema y sigue siendo hoy un problema en la producción”, reconoció.
Aunque la violencia que generan los grupos de la delincuencia organizada “no es nuestra responsabilidad”, declaró que el gobierno federal, “está diseñando las políticas acordes a fin de generar las garantías a los productores y que podamos generar la soberanía alimentaria tan demandaba y tan ansiada”.
“Ahora, en este contexto mundial, en el que pareciera que los países que sobrevivan a esta guerra económica arancelaria y demás, van a ser aquellos que tengan garantizada la producción de sus alimentos, creo que ya la presidenta está haciendo lo pertinente y nosotros, por nuestra parte. Daremos ese acompañamiento a los productores”, concluyó.
El inicio del juicio oral por la desaparición forzada de la directora de Microzonas del IMSS en la Costa Grande de Guerrero, Adela Rivas Obé, asesinada por un subalterno que intentó ocultar el cuerpo para evadir sus crímenes, se pospuso un mes, para el próximo 13 de abril, informó el hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas.
En consulta telefónica sobre la audiencia programada para este martes 18 marzo, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) les comunicó que la defensa del asesino, Edgar Arturo Cuéllar Bravo promovió un recurso para la ampliación de la investigación complementaria por un mes.
Mencionó que tras la vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada, por los 20 días que no se supo del paradero de la doctora, del 22 de septiembre del 2016 al 11 de octubre de ese mismo año, un juez otorgó cinco meses para la investigación complementaria, con la posibilidad de ampliación un mes más, que solicitó la defensa.
Añadió que en esta audiencia se esperaba que el asesino se declarara culpable, como adelantó la defensa al fiscal federal del caso, declaración que no ha formalizado ante un juez, por lo que aún no tienen implicación o consecuencia legal.
Independiente de la estrategia de la defensa, subrayó que la exigencia de la familia es que haya justicia total para que se dicten 60 años de prisión por desaparición forzada, ya que el crimen de su madre fue atroz y cruel, por lo que se le debe aplicar todo el peso de la ley al homicida.
Añadió que aún desconoce el rumbo que tomará el caso de desaparición forzada, porque en el homicidio calificado en el fuero común, en el juicio oral se desahogaron las pruebas de las partes.
Queda esperar la audiencia del 13 de marzo, para conocer lo que determine el juez, luego que el imputado declare lo que a su derecho convenga. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Medicamento caducado en el centro de reciclaje de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicado a un costado del Comedor Universitario en Chilpancingo, el 5 de marzo Foto: Jesús Eduardo Guerrero / Archivo
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
A la actual crisis de la recolección de basura en la capital, se suma la falta de una empresa recicladora que cumpla con las normas oficiales mexicanas, como las hay en otras ciudades del país.
Especialistas, recicladores en pequeño, pepenadores y trabajadores del basurero ubicado en el cerro del Huiteco, que está a punto de cerrar por saturación, opinaron que la falta de una empresa en la capital, tiene que ver con intereses políticos y presiones del crimen organizado que en los últimos años ha atacado e incendiado bodegas de material reciclado, ha ejecutado y desaparecido a empresarios del ramo.
Derivado de ello, el temor aflora entre quienes se dedican al “negocio de la basura”.
“Aquí, a lo que vienes: te metes, pepenas, juntas, viene la empresa a comprarte, vendes y a desafanarte, para que mañana te vengas otra vez temprano”, dijo el 28 de febrero uno de los pepenadores del basurero del cerro del Huiteco, a manera de explicación del por qué no deben andar husmeando en el negocio.
El temor tiene justificación
El 1 de septiembre de 2020, un grupo de hombres armados atacó a balazos e incendió una bodega de reciclaje de cartón en Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo, frente al tiradero de basura que funcionaba de manera provisional.
El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la noche y de acuerdo con el peritaje, en el lugar fueron encontrados alrededor de 30 casquillos percutidos de rifles AK-47, para rifles de los conocidos como Cuernos de Chivo.
El 1 de mayo de 2021, otro incendio provocado consumió dos bodegas donde se almacenaba cartón y plástico reciclado, ubicadas en la lateral de la carretera federal México-Acapulco, cerca de Petaquillas.
Uno de los establecimientos funcionaba como empacadora de cartón y adjunto estaba una recicladora de PET.
El 12 de agosto de 2021 fue encontrado asesinado a golpes Eduardo, propietario de una recicladora, así como Fernando y Julio Alejandro, dos de sus trabajadores.
Sus cuerpos estaban arriba del remolque de una camioneta, en la que recolectaban el material reciclable y que estaba estacionada en el interior de la recicladora de plástico, ubicada en el fraccionamiento Real del Valle, al sur de Chilpancingo, cerca del cuartel de la Guardia Nacional.
La madrugada del 28 de marzo de 2022 fue incendiada una bodega recicladora de plástico y de cartón, así como un automóvil en Prolongación 5 de Febrero, de la colonia Caminos, a una cuadra del mercado Baltasar R Leyva Mancilla.
Hasta el 2 de marzo pasado, el establecimiento seguía funcionando pero con el portón cerrado.
A las 7:20 de la noche del 6 de junio de 2022 fue atacada a balazos una recicladora de cartón y plástico, ubicada a orillas de la carretera federal México-Acapulco, a un costado del hotel Bugambilias, cerca de Petaquillas.
En el ataque resultaron heridos una mujer y dos hombres, pero la primera murió en el trayecto hacia el hospital Raymundo Abarca, de Tierras Prietas.
La madrugada del 7 de mayo de 2023 un incendio consumió una recicladora de plástico y fierro viejo, ubicada en el crucero hacia Chichihualco, al norte de Chilpancingo.
El 24 de agosto de 2024, hombres armados interceptaron en la calle Llano Largo, de la colonia Industrial, al norte de la capital, al empresario del reciclaje César Ojeda Cano, de 57 años, a fuera de su negocio.
Los hombres armados se lo llevaron frente a algunos de sus familiares, que fueron amagados con armas largas, según éstos los agresores tenían aspecto de policías.
César Ojeda llevaba 20 años dedicado al reciclaje de PET, cartón y papel, y antes de ser levantado había sido víctima de otros ataques.
Dos días antes, el 20 de agosto, cerca de las 8 y media de la noche, llegaron frente a su negocio, donde también vivía, siete hombres armados y apuntaron con armas largas a todos los que estaban con él, pero después se fueron.
El 28 de abril, cuando el empresario y su familia se preparaban para inaugurar una nueva bodega recicladora cerca de Petaquillas, entre las 9 y media de la mañana, fue atacado a balazos y resultó herido del brazo, según denunciaron sus familiares el día que informaron de la privación de su libertad.
Tres días después, un incendio consumió su bodega que estaba a punto de abrir cerca de Petaquillas.
David Melchor Alcaraz, uno de los acopiadores, informó el 3 de marzo que ahora el acopio se realiza como en “operación hormiga”, pues ya no hay bodegas grandes en las que llegue el material reciclado para su venta, “porque, o trabajas para el crimen o te atienes a las consecuencias”.
Su negocio de compra-venta de material reciclado, ubicado en una de las principales avenidas de la capital, lo combina con la venta de tinacos, tambos y ánforas de plástico para el almacenamiento de agua.
Estos productos cubren las costalillas llenas de botes de aluminio, cobre y fierro que le llevan a vender y que arrincona al fondo de su local.
Reconoció que el negocio tiene que hacerse casi a discreción, por la presión del crimen organizado, debido a que se centra en este tipo de actividades porque no están reglamentadas por la autoridad, a pesar de sí deja ganancias a quien se dedica a ellas.
Por ejemplo, un kilo de botes de aluminio, en su presentación de envases de cerveza o refresco, cuesta 20 pesos; y el del cobre fluctúa entre 15 y 20 pesos.
El PET o plástico cuesta 2.50 y hasta cuatro pesos el kilo, según su presentación, y el fierro en 2 y hasta 3 pesos. En tanto que el precio del cartón varía mucho, entre 80 centavos, 1 y 1.50 pesos.
Influyen protestas sociales
La jefa del Departamento de Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), María Guadalupe Díaz Salazar, quien tiene un pequeño centro de acopio en la avenida Benito Juárez, frente a las instalaciones de la Cruz Roja, donde se dedica al acopio de material reciclado sin fines de lucro desde 2013, reconoció que los empresarios del reciclaje no se establecen en Chilpancingo por los conflictos sociales que generan constantemente bloqueos de calles y cierre de carreteras.
Pero también admitió que las organizaciones criminales no dejan trabajar a quienes se dedican al reciclaje. “Les caen y tienen que darles, entonces, los recicladores dicen ‘nomás voy a estar trabajando para ellos’. La verdad es triste pero es la realidad que se vive en Chilpancingo y así no pueden trabajar muy bien que digamos”.
“Nadie le quiere invertir porque no tienen la certeza de que van a recuperar su inversión”. Explicó que, por eso, los acopiadores juntan sólo una determinada cantidad y venden el material prácticamente al menudeo a empresas que vienen de otros estados.
“A mí me ha llamado de Guadalajara, de Ciudad de México y Monterrey, porque el centro de acopio lo tengo registrado en el ámbito nacional. Me dicen que si les puedo juntar una determinada cantidad de plástico, pero les digo que no junto mucho y les aclaro que yo no lo vendo, que lo dono, que no trabajo con fines de lucro”.
Sin embargo, dijo que la basura “es dinero”, sólo que autoridades y ciudadanos no lo ha querido ver de esa manera.
Opinó que para resolver el problema de la basura en la capital, se requiere de una empresa recicladora que cumpla con la Norma Oficial Mexicana (NOM) y que se establezca legalmente, para hacer la separación de cada uno de los elementos.
Explicó que de acuerdo con estudios, el 50 por ciento de las 400 o 500 toneladas de basura que se recogen en Chilpancingo llega a los camiones recolectores del Ayuntamiento o a las camionetas de La Basura Jefa, sin la separación del material reciclable, y un 25 por ciento es basura orgánica con la que se pudiera hacer composta.
Insistió, por tanto, en que la solución está en la separación correcta de la basura, “pero para eso se tiene que reeducar a las personas”.
En su centro de acopio reciben casi de todo: papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio, apartaros eléctricos, medicamentos caducados, colillas de cigarro, tapitas de plástico, cartuchos de tonher de todas las marcas, prendas de vestir, calzado, aceite de cocina colado, pilas alcalinas de computadoras y de celular y todo lo que reciclan lo donan. El objetivo es contribuir al saneamiento del medioambiente.
Por ejemplo, las llantas actualmente las envían a la empresa Holcim en Acapulco, pero en las primeras campañas las utilizaron para construir una barda en Huiziltepec, municipio de Eduardo Neri, y una casa en la colonia Nueva Esperanza, de Chilpancingo.
De acuerdo con las autoridades, no existe una cultura en la población para separar su basura, lo que ocasiona que casi todo vaya a parar al basurero, opinión que compartió la universitaria.
Pero el 28 de febrero, pepenadores del basurero ubicado en el cerro del Huiteco, denunciaron que negocios que funcionan al amparo de políticos y funcionarios separan la basura antes de que llegue al tiradero, lo que provoca que ya no tengan ganancias como antes.
Contaron que en la administración de la ahora ex alcaldesa Norma Otilia Hernández, ella adquirió 20 camiones recolectores y los equipó con cuatro o cinco chalanes, que van separando la basura en la calle y cuando llega al basurero ya va toda escogida, “y a nosotros nos dejan sin nada”.
Estos 10 camiones, según dijeron, siguen operando al día de hoy.
La disminución de sus ganancias, argumentaron, es la causa de que de los 135 pepenadores que trabajaban cuando el basurero estaba cerca de La Cinca, al sur de la capital, hoy sólo hay 25.
Los pepenadores separan en especial plástico, fierro, cartón, papel, aluminio, cobre y bronce y con su venta tienen ingresos de 200 a 250 pesos diarios, según la cantidad que recojan.
Uno de los pepenadores informó que tres empresas del Estado de México y Puebla vienen a comprarles, que ya no venden a empresas de Chilpancingo “porque ya no hay”.
Los pepenadores fueron consultados en el basurero del cerro del Huiteco que comenzó a operar en 2018, en el periodo del alcalde Antonio Gaspar Beltrán.
En un recorrido ese día se constató que se encuentran al tope.
“Ya nos dijeron que aguantará hasta este marzo, que después nos vamos a pasar al de Matlalapa”, informó José Rojas Maldonado, operador de una máquina que compacta la basura que llega.
El trabajador reconoció que el tiradero fue “mal planeado”, porque la entrada quedó en medio de los montones de desechos, lo que “robó espacio”.
Advirtió que el tiradero está “saturadísimo y nomás lo estamos haciendo aguantar este mes”.
Mientras hablaba, otras tres máquinas acomodaban los desechos para abrir más espacio, “vea, ya no tenemos dónde”, dijo señalando uno de los camiones que llegaba y que de inmediato era rodeado por los pepenadores sin mascarillas, guantes, ni botas, en espera de encontrar algo de valor.
El incendio forestal activo desde el sábado en cerros de las localidades de Platanillo y El Naranjo de este municipio ha dejado afectaciones en más de 190 hectáreas de terreno, ayer fue controlado en un 70 por ciento y apagado en un 50 por ciento, sin que represente un riesgo para los habitantes de esos poblados.
En el último corte realizado a las 7 de la noche, se informó que se han sumado 257 brigadistas y pobladores voluntarios en el combate al incendio, en el que se inició el uso de drones para monitorear su desplazamiento y se evalúa el uso de helicópteros para ayudar a apagarlo.
El empresario Pedro Segura Valladares, sin aparente autorización ni coordinación con el puesto de comando que se estableció ayer bajo la coordinación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, y se alertó del riesgo en el que puso a los brigadistas al sobrevolar la zona, presuntamente para apoyar en el combate al incendio.
Avanza con rapidez el fuego y la zona afectada
Debido a que en las más de 50 horas que el incendio forestal lleva activo, en el transcurso de este lunes se realizaron distintas actualizaciones y balances de su evolución, además, de que tomó fuerza en las últimas horas se incrementó el número de brigadistas de corporaciones e instituciones de los tres órdenes de gobierno.
A las 10 de la mañana de este lunes en la cancha techada de la comunidad de El Naranjo se ofreció una conferencia de prensa para anunciar la instalación del puesto de mando permanente, que tiene la finalidad de apagar por completo este incendio.
Estuvieron el subsecretario de prevención y reducción de riesgos de la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, Ricardo Ramírez Ibarra, el alcalde Erik Catalán Rendón (PVEM-Morena-PT), el coordinador operativo de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), José Alfredo Martínez Sánchez, y mandos del Ejército y Guardia Nacional.
A esa hora se informó que el incendio había afectado 150 hectáreas de terreno y estaba controlado a un 40 por ciento, y de 127 brigadistas que iniciaron trabajos en la madrugada, para la tarde se aumentó a 230 y cerró la jornada con 257 personas desplegadas en distintas brigadas que combaten el incendio en todos sus frentes.
Para las 4 de la tarde se informó, mediante un comunicado de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, que el incendio se había afectado ya 180 hectáreas de pastizales, arbustos y parcelas de cultivo, y a esa hora se tenía un control del 50 por ciento y una liquidación del 40 por ciento.
No hay riesgo en los poblados cercanos
Poco antes de las 7 de la tarde se ofreció una conferencia de prensa en el puesto de mando de la comunidad de El Naranjo para dar las actualizaciones del incendio forestal y su evolución. Se informó que esa hora el corte preliminar es que el incendio ha afectado más de 190 hectáreas de terreno, ha sido controlado en un 70 por ciento y apagado en un 50 por ciento.
La conferencia se daría una hora antes, pero debido a que se reportó el inicio de otro incendio cerca de la colonia San Miguelito en la parte baja del Cerro Gordo al poniente de la ciudad, una brigada y funcionarios se desplazaron a esa zona para apagar el incendio, el cual, de acuerdo con el alcalde Erik Catalán, fue provocado por la limpia en una parcela de cultivo.
Tanto el subsecretario de Protección Civil, Ricardo Ramírez como el alcalde Erik Catalán Rendón, afirmaron que el incendio que inició el mediodía del sábado en Platanillo no representa ningún riesgo para la población, pues se desplegaron brigadas para cortar el paso al fuego mediante guardarrayas.
Ramírez Ibarra pidió no alarmar a la población y que la información “no se salga de control”, pues mencionó que por la noche se observarían más algunos focos de calor pero que estos no representan ningún riesgo porque ya están dentro de la zona quemada o dentro de los guardarrayas.
Luego de agradecer el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado, el alcalde Catalán Rendón señaló que a pesar de que parte de los cerros siguen encendidos, no representa ningún riesgo para las familias de las comunidades de Platanillo, El Naranjo ni colonias de Iguala, tampoco para Los Amates ni Mexcaltepec, las dos últimas de Buenavista de Cuéllar y Taxco.
En una presentación que realizó el coordinador de Conafor, José Alfredo Martínez, donde con la ayuda de un mapa mostró la extensión del incendio y el avance que lleva, se observa que se ha desarrollado entre las comunidades de Platanillo y El Naranjo, al norte de la cabecera de Iguala, y las colindancias con las comunidades de Los Amates y Cieneguillas del municipio de Buenavista de Cuéllar, así como de Mexcaltepec, perteneciente a Taxco, pero alejado de la zona poblada.
Mencionó que para este martes se tratará de contener el 30 por ciento restante y apagar las fumarolas que quedan.
Alertan del uso de un helicóptero no autorizado
Luego de que mediante las redes sociales el empresario Pedro Segura Valladares difundió un video realizando sobrevuelos a poca altura sobre la zona del incendio, presuntamente para ayudar, en el puesto de comando se alertó del riesgo en el que pone a los brigadistas.
El subsecretario de Protección Civil estatal, Ricardo Ramírez alertó que sobrevolar una aeronave donde están trabajando 257 personas, “y que de repente sin que nadie les diga, voy a dejar caer una descarga de agua o unos bidones con agua, es un riesgo muy delicado”, por lo que llamó a esta persona a tener conciencia.
Dijo que la actividad que haga cualquier civil en una aeronave va a causar una “consecuencia”, y pidió al empresario, sin mencionar su nombre, “que tenga mucho cuidado porque pone en riesgo a los brigadistas”.
Además, denunció que eso afecta el vuelo de los drones que utilizan el Ejército y la Conafor para observar el comportamiento del incendio con el viento, y ocasiona un problema más delicado. Por la mañana habían hecho un llamado para restringir el vuelo de drones en esa zona.
Por su parte el alcalde Erik Catalán afirmó que no se cierran a la ayuda de absolutamente nadie, “pero sí debe haber un orden, porque si hay un puesto de mando se deben acercar con quienes coordinan la estrategia”.
Dijo que las personas que quieran apoyar en el combate al incendio no pueden hacer las cosas de forma unilateral, y llamó a la población a respetar los lineamientos.
Mencionó que la encargada de la coordinación para apagar el incendio es la Conafor, “son ellos quienes toman las decisiones de cómo se va a atacar el incendio, toda ayuda es bienvenida, pero con control”.
En el combate del incendio participan 257 brigadistas de la Guardia Nacional, Ejército, Conafor, Semaren, Protección Civil estatal y de los municipios de Iguala y Buenavista de Cuéllar, Policía de Iguala, Policía Estatal y 71 voluntarios.
En el puesto de comando y las conferencias participan también el comandante del 27 Batallón de Infantería, coronel Ezequiel Félix García Mendoza, el comandante de la 35 compañía de la Guardia Nacional, subinspector Nelson Tomasín González y el coordinador regional de Protección Civil estatal, Ulises Abel Juárez Román.
