Daniel Velázquez

De los 2 mil 342 millones 851 mil 800 pesos invertidos para la modernización de la carretera federal Las Cruces, Guerrero-Pinotepa Nacional, Oaxaca, sólo están pendientes por aclarar 731 mil 180, de acuerdo con la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, presentada a fines de febrero de este año, en la Auditoría de Cumpli-miento a Inversiones Físicas, se re-visó el gasto ejecutado en esta obra.
La ASF informó que de los 2 mil 342 millones 851 mil 800 pesos ejercidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se revisó una muestra por mil 802 millones 699 mil 200 pesos, que representa el 76.9 por ciento del monto erogado en el ejercicio 2023.
La modernización de esta carretera fue la última obra que inauguró en Guerrero el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el 28 de julio del año pasado, en Cuajinicuilapa.
Durante la fiscalización del gasto, la ASF encontró que se hicieron “pagos en exceso por 731 mil 200 pesos, debido a que no se acreditó la deductiva de un paradero no ejecutado y el destino del señalamiento ODP-5, indicador de obstáculos”, también señala que hubo deficiente planeación, programación y presupuestación; así como un deficiente finiquito, toda vez que se formalizaron trabajos con volumetrías que no corresponden con las señaladas en el proyecto, sin que éstas estén debidamente autorizadas por las instancias competentes de la SICT. Tampoco se justificó, por parte de la SICT, en los costos indirectos de equipos de cómputo, ingenieros auxiliares, camioneta tipo suburban, para uso de la entidad fiscalizada.
En la comprobación del gasto, la ASF determinó un probable daño a la hacienda pública “por 11 millones 234 mil 267 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recur-sos por 10 millones 503 mil 87 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y un millón 282 mil 136 pesos se generaron por cargas fi-nancieras; 731 mil 180 pesos están pendientes de aclaración”.

 

Redacción

A nombre de una organización criminal, una pareja pretendió extorsionar a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Juan R. Escudero en la región Centro, aseguró la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).
El señalamiento lo hizo la institución en un comunicado de prensa donde además informó que logró la vinculación a proceso y la prisión preventiva para Víctor “N” y Briseyda “N”, por su probable participación en el delito de extorsión en grado de tentativa agravada en perjuicio del Ayuntamiento Municipal de Juan R. Escudero.
Ayer la FGE dio a conocer que el sábado 8 de marzo, en la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público adscrito a la Unidad Antiextorsión presentó datos de prueba que permitieron que un juez de control vinculara a proceso a los imputados.
Fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que los acusados permanecerán recluidos en el penal de Chilpancingo.
De acuerdo con la investigación, indicó la FGE, “el 1 de marzo de 2025, Víctor “N” y Briseyda “N”, quienes se habrían identificaron como miembros de un grupo delictivo que opera en la región, fueron detenidos por personal de la FGE Guerrero en coordinación con las autoridades policiacas municipales, luego de que se presentaran en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y supuestamente exigieran a dicha corporación un pago mensual de 50 mil pesos a cambio de no hacerles daño”.
De acuerdo a un mapa de los principales grupos criminales que operan en Guerrero filtrado por el gobierno estatal en 2023, en ese municipio de la región Centro opera la organización criminal conocida como Los Ardillos.

Ramón Gracida Gómez

El ex director de Operaciones de Búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Javier Yankelevich dijo que el gobierno mexicano está obligado a buscar a cualquier persona “cuya búsqueda sea solicitada por cualquier persona”.
El maestro en ciencias sociales actualmente en el doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este viernes ofreció la conferencia magistral De lo crítico a lo crónico: repensando la conexión entre desaparición de personas y gestión de cadáveres en México, como parte del inicio del Diplomado en ciencias sociales y forenses: Un enfoque interdisciplinario para la crisis forense.
Dijo que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que una persona desaparecida es aquella “cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito”.
Indicó que no toda persona desaparecida fue o está siendo víctima de los delitos materia de la ley, pero “la presunción obliga a actuar en función de esa hipótesis”.
Además, el artículo 89 de la mencionada ley hace posible que “en ocasiones consideremos como desaparecidas a personas que, de hecho, no han sido víctimas de ningún delito”.
A grosso modo planteó el académico, “en México cualquier persona cuya búsqueda sea solicitada a las autoridades por cualquier otra es, jurídicamente, una persona desaparecida”.
Dijo que “la idea de que, legalmente, la victimización de la persona ausente es una presunción legal que obliga a investigar y a buscar, pero, una vez hallada la persona, puede revelarse verdadera o falsa; esta idea ayuda a buscar”.
“La idea de que las personas localizadas también pueden haber sido víctimas de delitos, y que tienen derecho a la justicia, esta idea ayuda a exigir justicia”, insistió en la conferencia que fue transmitida vía la red social Facebook.
El ex funcionario de la CNB dijo que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (Rnpdno) produce estadísticas con distorsiones, por un lado de “sobreestimación” por la falta de actualización de la base de datos, la duplicidad de registros de desapariciones y reportes falsos, los cuales son generados, a veces, simplemente para probar la página.
Por el otro lado tiene problemas de “subestimación” por la omisión de carga de nuevos registros por parte del funcionario encargado de la página, la cifra negra de desapariciones y la “asociación errónea de registros”.
Javier Yankelevich enlistó las distintas razones por las que desaparecen personas en México, una de ellas es la violencia de Estado, a la cual se dedicó durante su periodo como director de Operaciones de Búsqueda, y otra razón son las violencias criminales.
Otras causales son la conflictividad familiar por la que puede haber ausencias voluntarias o sustracciones de menores, accidentes que incluyen trayectos migratorios o desastres naturales, y discapacidades por las que personas con esta condición se extravían.
“¿A quién está obligado a buscar el gobierno mexicano?, a cualquier persona cuya búsqueda sea solicitada por cualquier persona”, volvió a exponer el especialista en derechos humanos.
La actividad se extendió más de dos horas debido a las múltiples preguntas.

 

Un hombre fue atacado a balazos y después privado de la libertad por civiles armados que lo interceptaron al salir de un hotel junto a dos mujeres a las que dejaron ilesas, en el Periférico Oriente de Iguala, mientras que en Teloloapan dos mujeres fueron heridas a balazos la noche del viernes, una de ellas menor de edad.
A las 2:30 de la tarde de este domingo vecinos de la zona oriente de Iguala reportaron disparos contra los ocupantes de un automóvil en un camino de terracería junto al canal de riego de la laguna de Tuxpan y el campo de fútbol Cañeros.
En el lugar, policías estatales y ministeriales localizaron abandonado un automóvil compacto Volkswagen gris, y de acuerdo con información que testigos dieron a las autoridades, los pistoleros se llevaron secuestrado a un hombre al que identificaron como Jorge.
De acuerdo con estas versiones, la víctima fue interceptada por los pistoleros al salir del hotel Hacienda de Willy, quienes dispararon para obligar al conductor a detenerse y luego de sacarlo por la fuerza se lo llevaron en otro vehículo, mientras que a sus acompañantes las dejaron ilesas.
Durante un dispositivo de seguridad que realizaron efectivos de la Policía Estatal y la Ministerial del estado, acordonaron el área con cinta amarilla y se informó que durante las diligencias realizadas se localizó un casquillo percutido de un arma calibre 9 milímetros, en tanto que el automóvil fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía estatal.

En Teloloapan

En un hecho separado, se informó que la noche del viernes dos jóvenes fueron agredidas y heridas a balazos en la avenida Cándido Pineda Barrios o Vía Rápida, cerca del centro de la ciudad.
De acuerdo con una versión de fuentes policiacas consultadas, civiles armados interceptaron a las jóvenes, una de ellas adolescente, y que presuntamente les harían una revisión pero que al oponerse y forcejear con los agresores, éstos les dispararon.
En base a la escasa información que se obtuvo de este hecho que no fue informado por las autoridades, las dos jóvenes fueron auxiliadas por vecinos y después fueron trasladadas por sus familiares a un hospital.

Decomisan droga en el reclusorio de Iguala

Efectivos de Guardia y Custodia Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública estatal confiscaron una cantidad “significativa” de heroína en el reclusorio de la comunidad de Tuxpan, Iguala.
En un comunicado se informó que los agentes estatales en áreas comunes y dormitorios del reclusorio, localizaron una bolsa con varios envoltorios con una sustancia café oscuro y “textura viscosa con características similares a la heroína”. (Redacción /?Chilpancingo).

Alejandro Guerrero

Iguala

Unos mil 500 comerciantes del mercado municipal Cuauhtémoc y sus familias marcharon el mediodía de este domingo en el centro de Teloloapan, en contra del desalojo y la reubicación que pretende imponer el alcalde perredista Narvel Mojica Sotelo, a quien responsabilizan de cualquier atentado que puedan sufrir.
Denunciaron que el municipio suspendió los servicios de sanitarios, limpieza y recolección de basura en este centro de abasto.
Hasta este domingo, el alcalde ha acumulado en su contra 200 demandas colectivas que los comerciantes han presentado ante el Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Iguala, por el acto arbitrario y unilateral que pretende realizar de desalojo de unos mil 600 comerciantes formales e informales, que alberga el mercado municipal.
Según comerciantes, hasta este domingo Narvel Mojica no se ha reunido con ellos ni miembros de la Mesa Directiva a quienes no les recibió una solicitud de audiencia por escrito, y no les ha dado información oficial del cierre del mercado municipal ni la apertura del nuevo, sino que se han enterado por boletines de prensa o avisos que les envía mediante terceros.

El alcalde proyecta la construcción de una plaza comercial o una tienda de autoservicios, dicen

Los comerciantes indican que según la información que ha trascendido, el alcalde, a quien se conoce en el municipio que despojó de propiedades a sus propios hermanos, pretende apropiarse o “recuperar” el predio en el que está el mercado Cuauhtémoc, que supuestamente perteneció a sus abuelos, y en su lugar proyecta la construcción de una plaza comercial o una tienda de autoservicios Walmart.
El mediodía de este domingo los comerciantes y sus familias salieron a marchar en el centro de la cabecera municipal, recorrieron la avenida Independencia, la principal de la ciudad, hasta llegar a la plaza Eutimio Pinzón frente al Palacio Municipal donde protestaron contra el alcalde gritando consignas en su contra, “gobierno represor, queremos solución”, “Narvel, entiende, el pueblo no se vende”.
Los comerciantes, en su mayoría mujeres, responsabilizan al alcalde de cualquier agresión o atentado que puedan sufrir ante el hostigamiento, amenazas e intimidación que han recibido mediante civiles armados y personas encapuchadas.
Un miembro de la mesa directiva del mercado municipal informó vía telefónica que el alcalde suspendió el sábado los servicios sanitarios, dejó sin servicio de limpieza, seguridad y recolección de basura el mercado, y ha amenazado con cortar la luz y el agua para obligar al desalojo.
Denunció que cerca de las 8 de la noche del sábado un grupo de civiles armados que iban encabezados por el director de Obras Públicas, Gustavo Bustamante, que es primo del alcalde, intentó desmontar y retirar locales que han desacatado la orden de desalojo, pero fue impedido por unos 300 locatarios.
Dijo que acompañando a una cuadrilla de 12 trabajadores de Obras Públicas que iban a retirar los locales, iban civiles armados y miembros del grupo “Fuerza Teloloapan”, que operan por órdenes de Narvel Mojica como si fueran policías municipales.
Contó que a un comerciante que se opuso al retiro de un local lo encañonaron con una pistola, lo amenazaron y le advirtieron que no se metiera.
La fuente consultada, que pidió la reserva de su identidad por las amenazas que están recibiendo, advirtió que los comerciantes están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por defender sus locales pues es la principal y para la mayoría la única fuente de empleo de cientos de familias ante la falta de trabajo.
Pidió la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y le solicitó que les dé una audiencia para informar de la situación que se vive, alertando del riesgo inminente de que ocurra una confrontación por la defensa de sus locales.
Dijo que son unos mil 600 comerciantes fijos, semifijos y ambulantes a los que el perredista Mojica Sotelo pretende desalojar del mercado Cuauhtémoc para reubicarlos en el nuevo mercado, alejado del centro en la colonia El Carrizal, junto a un canal de aguas residuales, cerca de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, que además de estar inconcluso es insuficiente para acomodar a todos.
La fuente consultada informó que este proyecto del nuevo mercado inició desde hace más de una década en el gobierno de Ignacio de Jesús Valladares, pero fue rechazado desde su inicio por la mala ubicación del predio.
Ahora Mojica Sotelo pretende hacer uso de la “ley del garrote” para obligar a los comerciantes a la reubicación, donde está entregando locales a sus familiares y allegados que no son comerciantes o no tienen locales en el mercado Cuauhtémoc.
Además, dijo la fuente, que los espacios que está dando son de un metro cuadrado para ambulantes y semifijos, a los que envió a una zona a la intemperie, mientras que a otros negocios como carnicerías y cocinas los locales no cuentan ni con las “medidas mínimas necesarias” pues no caben sus muebles.
El comerciante denunció que el acoso y hostigamiento del Narvel Mojica ha llegado al grado de retirar lonas de protesta con gente encapuchada, además de que prohibió a una imprenta hacer más lonas a los comerciantes en contra de él, por lo que tienen que mandar a hacerlas a Iguala.
Denunció que el edil amenazó a taxistas para que les nieguen el servicio a comerciantes que porten carpetas y que vayan para Iguala, en un intento por impedir que presenten más demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que han tenido que recurrir a otros servicios para su traslado.

Yee Trujillo

Habitantes de Florencio Villareal y Las Vigas exigieron al delegado federal de los Programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, que resuelva el problema del censo de damnificados por el huracán John en Costa Chica y, ante los reclamos que recibió durante una media hora por la falta de atención, la “manera injusta” en que se censó y que no se ve el cambio con la Cuarta Transformación, se comprometió por escrito a recibir a una comisión en sus oficinas para dar una respuesta formal, y aclarar la situación en que se encuentran.
En una transmisión en vivo en Facebook la noche del jueves, en una unidad deportiva de Florencio Villareal, los manifestantes, entre ellos personas que señalaban que recibieron cintillos, subrayaron que hay más de 10 mil familias afectadas en la región, que en caso de hacer caso omiso al acuerdo de reunirse a las 2 de la tarde del jueves en la capital habrá “medidas radicales” en todo el estado, y que es “una mentira” que el problema esté resuelto como dijo hace una semana la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Están cansados de dar vueltas, entregar oficios

Le reclamaron que están cansados de dar vueltas, entregar oficios, de que les den “atolito con el dedo”, de promesas, que si él está en ese cargo es porque puede resolver y “que no quiera es otra cosa”, que no contesta su teléfono ni está en su oficina.
Advertían que ya iban en camino vecinos de Las Vigas, Huehuetán y Juchitán, pero el funcionario les insistía que no depende de su voluntad, que tiene que hacer consultas y que el censo no fue su responsabilidad. Ante las negativas hubo críticas como “no puede nada”, “le quedó el cargo grande”, “si no pueden que renuncien”, que no engañe a la gente, que las autoridades van a querer reelegirse y que no todo el tiempo van a tener el cargo.
También le exigían que llamara en ese momento a Montiel Reyes, por ser su jefa inmediata, y que debía tener su teléfono para decirle por lo menos que el problema no está resuelto, que una vez él les dijo que los iba a atender y ya no regresó, sostenían que no se iban a mover del lugar, a lo que Hernández Díaz contestó: “vámonos por las colchonetas porque eso no va a pasar”, asegurando que las cosas no se resuelven así, sólo con palabras.
“Claudia, escucha, estamos en la lucha”, “No se va Iván hasta que nos resuelva”, “Aquí vamos a dormir durante ocho días, prepárense”, “Vamos a dormir aquí, nos tienen que dar solución y punto”, se oyó entre algunos de los gritos.
Otra vecina dijo que en 34 años que ha estado en Florencio Villareal ha visto desfilar colores, que empezó la transformación, pero no está viendo el cambio, que “volvieron al viejo régimen de los 90´s”, que desde que no está el ex presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo hay manifestaciones en Chilpancingo. Otros señalaron que Morena está coludido en el problema y que, aunque dijera que no fue responsable, los “Servidores de la Nación” de Hernández Díaz fueron quienes llevaron a los que censaron y eligieron las casas.
Entre las expresiones estuvieron también que ya no van a bloquear carreteras sino que cada vez que los funcionarios vayan a la región irán a buscarlos porque no han podido arreglar sus casas, que las palmeras están tiradas, que hay comerciantes que perdieron sus negocios. Pidieron que les den respuesta o que ya los desengañen si no les van a dar nada, que quieren módulos para que continúe el registro que sólo se hizo en Copala, y que el delegado proveniente de la Ciudad de México, Diego Hernández, acordó en dicho municipio que Cruz Grande sería una de las sedes posteriores, pero ya no regresó.
Uno de los habitantes que será parte de la comisión, Lenin López Contreras expuso también que Diego Hernández pidió anteriormente credenciales del INE y que el tema ya estaba avanzado, que ya están los antecedentes en el gobierno federal, y criticó que se obtuvo una respuesta de la Presidencia sobre los afectados del campo de que busquen créditos con FIRA, lo que generó más reclamos entre los presentes, como que “te cobra hasta el 80 por ciento”.
Adriana Garnica Ventura, de Las Vigas, le pidió al delegado que les ayude porque en la región “las necesidades que tenemos son grandes”, que como autoridad los defienda, apoye y busque la solución para que se realice el censo ante la vulnerabilidad que viven en todos los municipios afectados.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La tarde de este domingo la académica de la Preparatoria 17, de Acapulco, Noemí Barrueta Hernández terminó su huelga de hambre que inició la mañana del jueves para exigir una recategorización, que finalmente consiguió a través de su protesta.
La mañana del jueves, Barrueta Hernández inició una huelga de hambre en la entrada principal del edificio de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), para exigir su recategorización a Titular T. C. ya que se desempeñaba desde hace cinco años como Asociada C.
Después de tres días de huelga, al mediodía de este domingo una comisión de distintas dependencias de la UAG y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) se acercaron a la académica para firmar una minuta de acuerdos que se trabajó días atrás.
En dicho documento se menciona que “la administración central acuerda otorgarle a la doctora Noemí Barrueta Hernández, con base en su grado académico y su antigüedad respectiva la categoría de TC Titular B”, y que dentro de seis meses obtendrá la de Titular C.
También se indicó que se formará una comisión de la administración central de la UAG conformada por Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Unidad de Género y la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios para “generar un ambiente propicio y se garanticen los derechos humanos, universitarios y laborales en su centro de trabajo”, es decir en la Preparatoria número 17 con sede en Acapulco.
Otro de los puntos fue el de garantizar el equipamiento del Centro Psicopedagógico para el “buen desempeño” de Barrueta Hernández, y la asignación de prestadores de servicio social a dicha área.
En un comunicado emitido la tarde del domingo, el acuerdo al que se llegó con la académica fue “con base en el Contrato Colectivo de Trabajo y las leyes vigentes, lo que permitió la conclusión del plantón que mantenía en la entrada de la Rectoría”.

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Este sábado se realizó un foro regional de campesinos en el Centro Cultural de Ciudad Altamirano, organizado por el delegado estatal de la Secretaría de Agricultura, Gregorio Portillo Mendoza, quien estuvo dialogando con los campesinos, los cuales presentaron diferentes quejas, entre de ellas que no se entregan completos los paquetes de apoyos del gobierno del estado.
Entre el público llegaron unos 300 campesinos quienes expresaron que se requiere que se entregue maíz de mejor calidad para sembrar en el campo.
Reclamaron la falta de apoyos en granos básicos, pero también en diversas siembras alternativas más allá del maíz que también hay en la Tierra Caliente, como es el melón, el mango, el jitomate y el chile que tienen alta producción en la región.
Reclamaron los campesinos que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se prometió que llegaría más fertilizante y a todos los campesinos, pero no fue así.
Reclamaron que los paquetes son más pequeños que los que entregaba el PRI anteriormente en el estado con los ayuntamientos.
Y que al principio se prometió apoyar con maíz y abono, pero finalmente sólo se entregó el abono y no alcanza para todos los campesinos.
El líder de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Tierra Caliente, Xicoténcatl González Sixtos propuso que regrese el paquete tecnológico de semilla y líquido para productores del campo, con inversión de los tres niveles de gobierno con equipo tecnológico para desgranar, crear forrajes, maquinaria.
Al hacer uso de la palabra, se refirió directamente al delegado regional de Sagadegro, Rosalío Damián Navarrete “te pido ingeniero que esos paquetes se entreguen completos a los campesinos, porque han estado llegando incompletos, por favor que los paquetes de verdad lleguen completos, te vemos muy distraído en las redes sociales”.

“Los entrego tal y como vienen”, responde el delegado regional

A pesar de que el delegado regional no expresó en ese foro, su punto de vista más tarde publicó a través de las redes sociales, su postura “Ayer durante el Foro no pude defenderme sobre el señalamiento que hizo usted al Delegado Regional de la Sagadegro en Tierra Valiente en el sentido de que debo entregar completos los Paquetes de Apoyo para la siembra de maíz y no solo el bulto de semilla híbrida”.
“Le aclaro muy respetuosamente que cuando existe la posibilidad de entrega de dichos apoyos, los entrego tal y como vienen asignados a cada uno de los productores beneficiados. En este caso, la semilla no viene acompañada de “líquidos” y es por eso que sólo se entrega semilla. No viene como un paquete con otros beneficios. Le aclaro esto porque el señalamiento en sí se presta a mala interpretaciones, se puede pensar que la semilla viene acompañada con otros beneficios, y esos beneficios no se entregan. No es así”.
“Se ensañó usted conmigo de manera injusta, pues en esta administración he tratado de ser lo mas cordial con los campesinos. Lo he atendido a usted cuando se ha apoyado con el Ingeniero Isaac Cervantes Salgado y les he entregado sus insumos con la mayor transparencia posible. No tengo nada de que avergonzarme mi estimado Dr. Xico”.

Trabajadores del sector salud denunciaron que el secretario de Acción Política y Divulgación Ideológica de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Alejandro Monroy Chanona amenaza a quienes participan en la organización de una protesta en Chilpancingo, para exigir esta misma semana el pago de traslados en Acapulco y estímulos que les adeudan.
De acuerdo con la denuncia que fuentes del sector hicieron llegar a El Sur, el representante sindical que también labora en el Hospital General de El Quemado en Acapulco, Monroy Chanona está llamando personalmente a quienes de alguna manera están en el movimiento disidente, para inhibir la participación.
Adelantaron que los inconformes preparan una protesta en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud en Chilpancingo, para exigir el pago del transporte de tres meses de trabajadores, del hospital de Ruiz Cortinez al hospital general de El Quemado, así como el depósito de dos meses en las tarjetas de maxitunel, que se realizan desde 2017, cuando cambiaron la sede del hospital general de la zona urbana a la conurbada.
Denunciaron que en 2017 “se cambió de manera arbitraria” la sede de trabajo del personal del hospital general de Acapulco, y para no pagar los gastos de camino, como lo marcan las condiciones generales de trabajo, la Secretaría de Salud cubre los traslados de los trabajadores.
También informaron que les deben cuatro estímulos trimestrales a los trabajadores transferidos al IMSS Bienestar, y el bono de la gobernadora de 4 mil pesos, además de cinco días de aguinaldo.
Agregaron que tambien falta material, equipo y medicamentos para la debida atención de los pacientes. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Redacción

El sábado fueron detenidos tres hombres en Acapulco supuestamente vinculados al grupo delictivo Los Rusos, así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.
A las 6:45 de la mañana de este sábado, García Harfuch publicó en X que se dio la detención de tres hombres, además del aseguramiento de armas largas, cartuchos y drogas.
“Tras labores de investigación, personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dieron cumplimiento a una orden de cateo en Acapulco, Guerrero y detuvieron a tres hombres integrantes de una célula criminal relacionados con hechos violentos en el puerto. Se aseguraron cinco armas largas, cartuchos y droga”, informó el secretario.
Información del Gabinete de Seguridad del orden federal reportó que los detenidos corresponden al nombre de Luis Alberto de 34 años, Héctor Abraham de 20 años y Jesús Antonio de 20 años, a quienes después de un cruce de información se tuvo conocimiento que están vinculados a una célula delictiva que trabaja en la región y se les relaciona por ser parte del grupo delictivo Los Rusos, que opera en la zona.
“Los tres hombres, dos de 20 años y uno de 34 años, fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal” informó el gabinete.
En comunicado conjunto por las instituciones del gabinete, se detalla que los efectivos de seguridad cumplimentaron una orden de cateo en la calle Las Rosas de la colonia Rubén Figueroa Alcocer en Acapulco, donde se dio la detención de las tres personas involucradas, junto con 200 dosis de cocaína y 80 dosis de mariguana.
“Los efectivos realizaron un despliegue coordinado en la calle Las Rosas, de la colonia Rubén Figueroa Alcocer, en el municipio de Acapulco de Juárez, ejecutaron la orden de cateo, donde detuvieron a tres hombres y aseguraron cinco armas largas, dos granadas de humo, cartuchos, cargadores, equipo táctico, 200 dosis de cocaína y 80 dosis de marihuana”, detalló el gabinete.
El gabinete informó que el inmueble donde se dio la detención de las tres personas y el aseguramiento, quedó sellado y bajo el resguardo policial y se recabó información de que el inmueble era utilizada como casa de seguridad, por lo que se otorgó la orden de cateo para su intervención.
“Luego de realizar trabajos de investigación relacionados con el delito de desaparición de personas se tuvo conocimiento de un inmueble que era utilizado como casa de seguridad por integrantes de una célula delictiva que opera en la zona, por lo anterior, los agentes de seguridad implementaron vigilancias fijas y móviles y recabaron los datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó la orden de cateo para intervenir el inmueble”, detalló el gabinete.