Manuel Martínez Santamaría

Chicago

Un gran número de organizaciones de la sociedad civil se preparan para participar en la jornada de protesta que tendrá lugar el 1 de mayo y que se extenderá hasta el 5, para celebrar el Día Internacional del Trabajo y para denunciar las políticas públicas que aplica el gobierno de Donald Trump en contra de la comunidad migrante.
Del mismo modo, el movimiento será para levantar la voz por el incremento en el costo de la vida en la ciudad de Chicago y el resto del país.
El próximo sábado se celebrará una reunión en la sede de la organización denominada Consejo de Resistencia en Defensa del Inmigrante, donde se dará a conocer el trayecto que tomará una marcha, que dará inicio en el popular parque Unión, ubicado en la calle Ashland, muy cerca del consulado general de México en esta ciudad. De ahí se encaminará el grupo por la calle Jackson, hasta la plaza federal, para concluir en el parque Millenium, ubicado frente al bello lago Michigan.
Se espera que ahí o en la plaza federal hable tanto el gobernador J.B Pritzker como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson; así como los representantes federales, Jesús García, Delia Ramírez y los senadores Dick Durbin y Tammy Duckworth.
Entre las organizaciones que participarán se encuentran el sindicato de maestros, la Coalición de Migrantes Mexicanos, Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), Chicago Community and Worker’s Rights, Vecinos de La Villita, Organización Arbolitas, Immigrant Solidarity de Dupage, Familia Latina Unida, Centro sin Fronteras, así como las dos organizaciones de guerrerenses radicados en Chicago: Federación de Clubes Unidos del Medio Oeste y Federación de Michoacanos de Illinois. También la Federación de Hidalguenses confirmó ya su participación y un sinnúmero de iglesias, de todas las denominaciones.
Omar López y Jorge Mujica, voceros de esta marcha, dieron a conocer que al boicot de compra se añadieron a las empresas Goya y a la compañia cervecera Miller, por apoyar de forma económica a Donald Trump.
Al respecto, Omar López dijo a este corresponsal que resulta inverosímil que sigamos subsidiando a empresas que están contra los intereses de nuestra comunidad, que por esa razón se añadió a Goya y a Miller a la lista de empresas como McDonald, Target y Walmart, que se han hecho multimillonarias por el patrocinio de los latinos, quienes compran y consumen sus productos, pero que estas empresas donan parte de sus ganancias a Donald Trump, para que “éste venga y nos insulte, diciendo que somos criminales y asesinos, así como otros epítetos más”.

La presidenta fuera de foco

Por su parte, el coordinador general de Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado, originario del municipio de Buenavista de Cuéllar, dijo que la presidenta de México, Claudia Sheimbaum Pardo, se ha desenfocado en lo primordial de México, que son precisamente los mexicanos que viven y además pagan impuestos aquí, que además envían remesas a México.
Agregó que siempre habla de la frontera, los aranceles y de los productos que vende México a Estados Unidos, pero no propone nada para solucionar el tema de los millones de connacionales que radican de este lado de la frontera y que no cuentan con documentos.
Señaló: “Nosotros somos los que consumimos los aguacates, jitomates, arándanos, fresas y demás productos mexicanos, como electrodomésticos, partes de autos y no se nos toma en cuenta en las negociaciones”.
Los migrantes, lejos de ser un problema, somos la solución tanto para Estados Unidos como para México. En la recientes audiencias del Congreso de los Estados Unidos, los alcaldes de ciudades santuario, entre las que se encuentra Chicago, Nueva York, Boston y Washington, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo claramente que en su ciudad la gente migrante no causa incrementos en los índices de violencia, contradiciendo a los congresistas republicanos, quienes han señalado que a más migrantes indocumentados mayor violencia y que México se beneficia con los miles de millones de dólares que le llegan al país sin que se invierta un centavo, terminó diciendo Salgado.
La reunión del Consejo de Resistencia en Defensa del Inmigrante se llevará a cabo el próximo sábado, en las instalaciones del sindicato de maestros, ubicado en el 1901, al oeste de la calle Carol, el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), recibió el Informe de seguimiento sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales (OPL) 2025, que coloca en nivel de “riesgo medio” al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), por el recorte de un 23 por ciento que realizó el Congreso del Estado respecto a la solicitado para el ejercicio fiscal 2025.
A través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL), se presentó a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, el segundo informe de la situación presupuestal de dichos organismos para el ejercicio 2025, en el que consideran los presupuestos aprobados por los congresos locales, así como los porcentajes de reducción y, en su caso, los ajustes que han tenido que implementar los OPL.
Para identificar el nivel de riesgos presupuestales, el INE determinó dividirlo un semáforo de dos colores, el rojo que significa “Riesgo alto” y el amarillo que es “riesgo moderado”.
En “Riesgo alto” sólo están los institutos electorales de Colima, San Luis Potosí y Zacatecas, los cuales su problemática presupuestal tiene un impacto en los procesos electorales ordinario o extraordinario del Poder Judicial Local o sobre las actividades relacionadas con la operatividad respecto de sus atribuciones.
Los órganos electorales que presentan un “Riesgo moderado” como el caso del IEPC, son aquellos en los que de acuerdo con su presupuesto, se tendría un impacto  en  la  ejecución  de actividades operativas relacionadas  con  sus atribuciones, en caso de persistir alguna problemática presupuestal.
De acuerdo con el documento del INE, el IEPC informó que con el presupuesto aprobado por el Congreso el 27 de diciembre del 2024, no se tendría suficiencia presupuestal para cubrir el pago de aguinaldos a personal del Instituto.
El IEPC, primeramente solicitó un presupuesto total de 399 millones 716 mil 422 pesos de los cuales 184 millones 454 mil 592 correspondían a gasto operativo; 17 millones 306 mil 196 a proyectos estratégicos y transversales y 197 millones 955 mil 633 para financiamiento público.
Posteriormente, el 31 de diciembre el gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial  el decreto 203 que corresponde al presupuesto de egresos para 2025.
En ese documento se especifica que se le aprobó al IEPC un presupuesto total de 351 millones 410 mil 140 pesos de los cuales 148 millones 454 mil 506 corresponden a gasto operativo y 202 millones 955 mil 633 para financiamiento público, lo que representó una reducción del 23.94 por ciento para el gasto operativo del instituto.
Se detalla en el documento que el IEPC no ha solicitado una ampliación presupuestal porque los 48 millones 306 mil 280 pesos que no les redujo el Congreso local, está en revisión por parte del gobierno estatal.
“Si bien, durante este año el OPL (IEPC) no organizará elecciones judiciales, es importante considerar  que lo aprobado para financiamiento público fue asignado a la partida de asignación estatal directa, por lo que es probable que se presenten retrasos en las respectivas ministraciones a los partidos políticos, tal como el año pasado ocurrió. Ello, además de su insuficiencia presupuestal para cubrir aguinaldos y los adeudos de 2024, coloca al OPL en una situación de riesgo medio, a la cual conviene darle seguimiento”, indica el documento.
A nivel federal se menciona que los órganos electorales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, y Zacatecas han solicitado ampliaciones presupuestales para organizar las elecciones de Poder Judicial Local; mientras que Chiapas y Yucatán solicitaron recursos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y Puebla, para organizar procesos extraordinarios en cuatro municipios, cuya Jornada Electoral será el 23 de marzo de 2025.
El año pasado, el IEPC, en medio del proceso electoral local, se mantuvo en riesgo alto por no tener suficiencia presupuestal para realizar la elección, y por los adeudos que mantuvo hasta los últimos días del 2024 con los partidos políticos por el retraso del pago de sus prerrogativas.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Una pensión de 139 mil 697 pesos mensuales, más un bono de 200 mil y otros 300 mil por concepto de aguinaldo y dos bonos vacacionales, podrían recibir como haberes los quince magistrados que están solicitando su retiro.
De acuerdo al portal de transparencia, la “remuneración mensual bruta” que reciben como pensión los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero es de 139 mil 697.1 pesos; es decir, un millón 697 mil 364 pesos anual, en tanto que los jueces reciben 71 mil 9.64 pesos, poco más de 900 mil pesos anuales.
El presidente del TSJ, Ricardo Salinas Sandoval, recibe una remuneración mensual bruta de 169 mil 695 pesos, es decir, dos millones 36 mil 340 pesos anuales, pero no alcanza los 20 años de servicio como magistrado y se retiraría con el haber de juez.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, los magistrados del TSJ que se retiran tienen derecho a un haber de retiro vitalicio. “Este haber es equivalente al 100% del ingreso mensual que corresponda a los magistrados en activo durante los dos primeros años y al 70% durante el resto de su vida”, indica el documento.
Además, de acuerdo a fuentes del TSJ, tanto magistrados como jueces, al momento de retirarse pueden recibir aguinaldo, bonos, dietas, gratificaciones, primas, fondo de ahorro, entre otros conceptos que no se incluyen en la página de trasparencia, y se manejan con absoluta opacidad a pesar de que provienen del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia “y son recursos propios y ajenos” producto de depósitos y pagos que hacen los justiciables y los administra el Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, derivado de lo que reciben los magistrados que se han retirado, se logró saber que además de su haber de retiro establecido en 139 mil 697, obtuvieron un bono de 200 mil pesos, así como 300 mil por concepto de aguinaldo y dos bonos “vacacionales”. Estos 500 mil pesos los reciben en una sola emisión.
El martes pasado el presidente del TSJ, Ricardo Salinas Sandoval, informó que 15 magistrados ya solicitaron el trámite de su pensión vitalicia y alrededor de 80 jueces su retiro, a propósito de la reforma judicial que se aplicará en Guerrero a partir del 2027 para renovar el Poder Judicial.
Mientras que en una entrevista con El Sur en sus oficinas del TSJ, el 21 de enero pasado, el magistrado presidente Salinas Sandoval, admitió que “un comité de magistrados” estaba participando “con ideas y opiniones” en la propuesta de armonización de la reforma judicial local con la federal, “referente al haber de retiro y otras cuestiones que debemos recibir cuando nos tengamos que ir”.
Expresó que había “preocupación” entre los magistrados y jueces del TSJ, respecto a cómo se pagará al personal que tiene derecho a un haber de retiro.
“Lo que nos interesa es coadyuvar en las reformas, pero también ver que los magistrados y jueces reciban su haber de retiro. Honestamente, les preocupa su haber de retiro, porque es un derecho que ya tienen ganado tanto los jueces como los magistrados y estamos tratando de colaborar en lo que nos concierne”, declaró el 21 de enero Salinas Sandoval.
Admitió: “Es un clamor y una preocupación que tenemos porque todos se vayan pero con su haber de retiro que es un derecho que ya tienen ganado”.
Informó que hay algunos magistrados que tienen más de 20 años de servicio “y tienen el derecho de un haber de retiro al 100 por ciento; es decir, pasarían al retiro con el 100 por ciento de su sueldo, y algunos jueces de igual forma”.
Explicó que en tanto que los que no tienen más de 20 años, su haber de retiro será en forma proporcional, “de acuerdo al tiempo que han estado aquí”.
También aclaró que los magistrados que ingresen antes de que entre en vigor la reforma judicial, se les tendría que liquidar “por el poco tiempo que estén en el cargo”.
Salmas Sandoval informó el día de la entrevista que el recurso para el haber de retiro de los magistrados lo estaban gestionando ante el Ejecutivo del estado, “y vamos bien, hemos tenido siempre el apoyo de la gobernadora y también del Congreso local”, declaró.
Explicó en esa entrevista que la idea es que la armonización de la reforma judicial venga acompañada con el “refuerzo presupuestal porque nosotros (el TSJ), no tendríamos la capacidad económica suficiente para pagar el retiro de los magistrados y jueces.
Se le preguntó cuánto es el haber de retiro que de acuerdo a la ley deben recibir los magistrados e informó que dos millones y medio de pesos por año (más de 300 mil pesos de lo que se señala en la página de Transparencia), que es el equivalente al sueldo que reciben.
Mientras que los jueces, dijo que deben recibir un millón 200 mil pesos, igualmente casi 300 mil más de lo que se publica en la página.
Además, en estos cálculos no se consideran las otras prestaciones que reciben los magistrados como aguinaldo, bonos, dietas, gratificaciones, primas y fondo de ahorro, que se mantienen en la opacidad.
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece en su artículo 71 que “los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al retirarse, tendrán derecho a un haber de retiro de carácter vitalicio equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al setenta por ciento del ingreso mensual que corresponda durante el resto del tiempo”.
El año pasado el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para quitar las pensiones vitalicias a los magistrados.
En ellas se establece que los magistrados gozarán solo de un retiro único que equivaldrá a tres meses de salario y un mes de salario por cada dos años de servicios prestados.
Sin embargo esta reforma no es retroactiva para los magistrados que ya cumplieron 20 años en el cargo, como es el caso de la mayoría de los 15 que están solicitando su retiro, informó una fuente del TSJ.
El TSJ se integra por 25 magistraturas, de las cuales actualmente están ocupadas sólo 19 y seis están vacantes.
De acuerdo al magistrado presidente Salinas, se requiere del nombramiento de cuando menos cuatro, mismos que podrían entrar antes de que entre en vigor la reforma judicial y su periodo terminaría al momento de la elección de los nuevos, derivado de la armonización de la ley.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Un grupo de mujeres encabezadas por la presidenta del OMPRI Guerrero, Aline Mata Eguia-Liz, denunciaron el incremento de las violencias de género, la impunidad e incremento de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, así como el estancamiento en la atención de las alertas de violencia feminicida y agravio comparado durante los gobiernos de Morena.
Con una protesta a las 9 de la mañana en la Fiscalía General del Estado, exigieron compromiso y acción decisiva para erradicar las desigualdades, atención prioritaria para las víctimas de violencias física, familiar sexual y laboral en la instancias de gobierno, y acceso a la justicia.
Refirieron como ejemplo el caso de la policía de tránsito de Ahuacuotzingo, Leuteria Reyes, asesinada en octubre de 2024, pese a que había acudido a diferentes instancia a pedir ayuda.
A la distancia, mediante una llamada telefónica, la diputada local del PRI Pilar Vadillo Ruiz se unió a la manifestacion y se sumó a la demanda de mayor presupuesto para los programas y acciones de combate a la violencia de género, y que se apliquen correctamente y con transparencia.
En un posicionamiento del Día Internacional de la Mujer, las manifestantes señalaron que “desde que la llegada de la 4T al poder, queda claro que Morena sí es un peligro para las mujeres”.
Como ejemplo presentaron un recuento 5 mil 464 feminicidios, 16 mil domicidios dolosos, 20 mil homicidios culposos, 1.5 millones de casos de violencia familiar, y más de 122 mil violaciones, de diciembre de 2018 a 2024, según las cifras oficiales.
Denunciaron que las policías no hace nada para proteger a las mujeres, protege a los agresores de las llamadas de auxilio, que sumaron 3.8 millones de reportes al 911 por violencia familiar, 1.7 millones por por violencia de género en un sexenio.
Consideraron inaceptable que en Guerrero el 68.8 por ciento de las mujeres hayan sufrido violencia, de acuerdo con la encuesta del ENDIREH 2021, y que aumente la impunidad en los feminicidios, así como la desaparición de mujeres y niñas.
Urgieron accion inmediata, también contra la violencia familiar y agresiones sexuales, y que no haya  manipulación de las cifras de agresiones, que tampoco se investigan con perspectiva de género.
Indicaron que entre diciembre de 2018 y agosto de 2024, sumaron 91 feminicidios en guerrero, según la estadistica oficial. Recordaron que la entidad tiene  el lugar 13 en homicidios dolosos de mujeres.
Exigieron rendición  de cuentas de los recursos aplicados a las dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), y sus alcances, porque la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez habría dicho que en el municipio ya se levantó el mecanismo, “basandose en el supuesto cumplimiento de las medidas municipales”.
Urgieron la aplicación de protocolos eficientes para la atención y protección de mujeres en situación de violencia doméstica, acoso sexual, con refugios seguros y atención integral para las víctimas, y el fortalecimieto real, y que las unidades especializadas en la persecución del acoso laboral y escolar garanticen su labor.
Acusaron también que el gobierno estatal propicia la impunidad de agresiones a mujeres que laboran en el sector público.
Insistieron en revertir esta realidad, otorgando credibilidad a las víctimas, no silenciándolas, con protocolos y condiciones laborales dignas que garanticen su seguridad.
Denunciaron que sólo 4.3 por ciento de las investigaciones por delitos sexuales llegan a vinculacion a proceso, por las deficiencias en los procesos.
Exigieron órdenes de protección inmediatas, seguras y sin burocracia para mujeres en riesgo, así como la supervisión efectiva de su cumplimiento para salvaguardar la vida de mujeres en riesgo.
Asimismo, la creación de bases de datos públicas de agresores sexuales y feminicidas, y que la Fiscalía genere un registro nacional de agresores sexuales y feminicidas a fin de prevenir nuevos ataques.
Ante la denuncia de desaparicion de mujeres, insistieron en que la FGE actúe de inmediato, y termine con la práctica de esperar 72 horas para iniciar la investigación.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El ex presidente estatal del PRD, hoy secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alberto Catalán Bastida, explicó que su adhesión al PRI fue a invitación directa del presidente Alejandro Moreno Cárdenas y del senador Manuel Añorve Baños.
Sobre la postura del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien se deslindó de la renuncia de Catalán Bastida al PRD, y acusó a Moreno Cárdenas de ser un personaje “proclive a la mentira, a la simulación y a la falta de democracia”, el ya hoy priista y secretario adjunto mencionó que él no comparte la visión del ex gobernador de acercarse ni coincidir con la presidenta de la República Claudia Sheinbaum.
“Yo como siempre lo he dicho, seré un hombre agradecido, más con el licenciado Aguirre, quien ha sido mi mentor, es el que me formó políticamente, me dio las oportunidades políticas que me permitieron llegar a donde estoy. Sin embargo, pues él no compartía esta ruta. Lo platicamos, le di mis razones, mis argumentos, porque yo no podía acompañarlo en esa ruta de respaldar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en ese entendido quedamos. Él lo mencionó respetó la decisión que tomé aunque no la compartió del todo”.
Sobre los dichos por el ex gobernador sobre Moreno Cárdenas y la falta de democracia en el PRI, dijo que durante su periodo al frente del PRD, en las elecciones del 2021 y el 2024, en las que fueron juntos en alianza “y  raíz de eso la relación con algunos personajes del Revolucionario Institucional no se perdió, siguió siendo buena y hace algunos días en un visita que hice al senador Manuel Añorve coincidimos con el presidente nacional Alejandro Moreno y platicando de la situación política y de lo que venía fue que me invitó a participar y hablamos de la posibilidad de integrarnos”.
“Es una decisión personal, que yo espero me permita trascender en los temas políticos, y con mucho respeto tomar el comentario del licenciado Aguirre, yo siempre estaré agradecido y con mucha lealtad y cariño hacía su persona”.
En entrevista telefónica mencionó que su renuncia al PRD en semanas pasadas fue para “cerrar un ciclo” después de que dicho partido perdió su registro nacional por alcanzar la votación requerida del 3 por ciento.
También dijo que su decisión tuvo que ver con la conformación de la nueva coordinación estatal del PRD Guerrero por considerar que “no fue lo más correcto”.
“En el pasado proceso electoral hubo grandes diferencias con algunos liderazgos, con algunos dirigentes de las corrientes al interior del partido y decidí hacerme a un lado y hoy se da está oportunidad a través de la invitación de Alejandro Moreno.
“Con el PRD cerramos este ciclo, deseo que les vaya bien a quienes han decidido quedarse en ese instituto y quienes están ahí, se quedaron grandes amigos, los respeto mucho y vamos a lo que sigue, hay que darle vuelta a la página”, dijo.
De sus nuevas labores en la secretaría general adjunta del PRI nacional, Catalán Bastida dijo que se centrará en apoyar, ayudar y fortalecer a su nuevo partido de cara a las elecciones del 2027, en temas de la estructura política y electoral, “y desde una perspectiva más nacional y desde luego que apoyaremos a la dirigencia estatal que encabeza Alejandro Bravo.
Catalán  Bastida pertenecía en el PRD a Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), corriente que fundó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero en 2011 y que después de las elecciones del 2024 anunció su separación a dicho partido para conformarse como una asociación política.
Sobre la situación de IPG, Catalán Bastida dijo que no se ha dialogado por la decisión de diversos de sus integrantes de irse a otro partido y que por lo tanto están “en pausa”.
“Hasta ese momento esa ruta ha estado en pausa, toda vez que hay una clara opinión respecto al tema del licenciado Aguirre de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque él mismo lo dice, no está buscando ni piensa afiliarse a ningún partido y todos estos temas seguramente en los próximos días habremos de dialogar, sin desviar la atención de lo que cada quien está haciendo”.

Yee Trujillo

Los dirigentes del Frente Progresista Guerrerense, Eloy Cisneros Guillén, y de la asociación Plataforma Acapulco, Benjamín Sandoval Melo, llamaron respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum ante las medidas y “ame-nazas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que causarán un daño económico “severo” al país.
Llamaron a la unidad nacional, y a ir el domingo a la movilización en la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, después de la lectura de la declaración del Frente Progresista Guerrerense, Sandoval Melo expresó que se está frente a la amenaza más significativa en los últimos tiempos, y que detrás están las corporaciones económicas mundiales que buscan incrementar su capital.
Rdesaltó que las relaciones comerciales se han incrementado en los tres países, sobre todo en el sector agrícola, pero igualmente ha crecido de forma significativa la dependencia de México de la economía de EU y en ese contexto la imposición de aranceles será “severa” en sus efectos en empleo, captación de ingresos y generará una crisis, pero la presidenta ya informó que los programas sociales están garantizados.
Dijo que esperan que Sheinbaum llame a la unidad nacional, pero que sea enfática en demandar a Estados Unidos diálogo con respeto irrestricto a la soberanía. Recordó que México entregó a 29 capos de los cárteles del narcotráfico, pero que en Estados Unidos no se detiene a cabecillas que están en su territorio.
Agregó que no solo habrá sufrimiento en el pueblo de México sino también en el país vecino, donde la inflación se eleva de manera significativa.
Expuso que hay temas que han crispado el ambiente político nacional, pero ante la emergencia nacional se demanda al Congreso que hagan un impasse en la Ley del ISSSTE, y haya paz y unidad para salvar a la patria.
Eloy Cisneros llamó a todas las organizaciones sociales, partidos y ciudadanos a sumarse a la política de la presidenta de defensa de la soberanía nacional, así como en defensa de la democracia, del país y de la propia Sheinbaum Pardo.
En la postura de las organizaciones, leída por Maritza Yamilé Ulloa, se señala que la narrativa de odio, racista, clasista, xenofóbica y de denigración a los migrantes, tendrá consecuencias en el mundo “por ser medidas del imperio con las fuerzas armadas más letales”, y que EU ha comenzado una guerra comercial “sin sentido”, violando de forma unilateral el tratado de comercio con México y Canadá.
“Lo que está en la mira es destruir el proyecto político que impulsa la Cuarta Transformación, el proyecto humanista que está demostrando al mundo, la cons-trucción de un país más justo y con menos desigualdad”, leyó en la conferencia que se llevó a cabo en el restaurante Mi Piaci del Zócalo.

A cinco meses del asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán, el párroco de la Iglesia de la Santa Cruz, Gamaliel Villalobos Medina dijo que los feligreses “buscamos la paz” para Chilpancingo y el respeto a la vida.
Gamaliel Villalobos ofició una misa ayer a las 7 de la noche en la parroquia de la Santa Cruz, en la que pidió por el eterno descanso del presidente municipal, entre otras personas que fallecieron recientemente y para dar seguimiento a los días de la cuaresma.
Frente a unos 250 feligreses, entre ellos familiares de Alejandro Arcos, casi al cierre de la misa, el párroco llamó a valorar la vida y abrazar “cada momento que Dios nos permite”.
“Para mí es un poco duro, difícil, celebrar esta eucaristía cada 6 de cada mes, porque son muchas cosas que nos mueven”, expresó; sin embargo, confío en que, con fe, entusiasmo y confianza en Dios, se logrará “lo que buscamos para Chilpancingo, buscamos la paz”.
En ese sentido, pidió “que respetemos la vida y que seamos buenas personas, que yo salga a la calle y que no vea que el que está enfrente de mí es mi enemigo, sino que es mi hermano, que también tiene una familia, que también lo esperan en su casa y que también quiere seguir disfrutando de esto que Dios nos da, que es el don de la vida”.
Al final, los asistentes hicieron un responso y cerraron con la plegaria: “Dales, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua”.
La misa transcurrió en calma, aunque algunos familiares de Alejandro Arcos estuvieron presentes en la misa. No se observó ningún despliegue de seguridad alrededor de la iglesia.
Conforme avanzan los meses, son cada vez menos los funcionarios que asisten a las misas dedicadas al presidente municipal perredista, por cuyo asesinato se realizaron dos marchas en la capital el 10 de octubre y el 15 de noviembre del año pasado.
Desde entonces ningún grupo social ha vuelto a manifestarse en las calles de la capital para exigir justicia y tampoco se continuó con el proyecto de construir una estatua en honor a Alejandro Arcos.
Mientras que el ex encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Germán Reyes Reyes, es el único detenido por este crimen y fue acusado por la Fiscalía General del Estado de haber ordenado a Los Ardillos el ase-sinato y decapitación de Alejandro Arcos, por haberse negado a incluir en su gabinete a personas vinculadas con ese grupo delictivo. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Daniel Velázquez

El subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que en la protesta del pasado lunes, alcaldes y comisarios de 13 municipios de la Zona Centro y Montaña del estado no llevaron nuevas demandas y las peticiones que plantearon en la movilización de 2023 fueron atendidas, y se invierten más de mil millones de pesos en obras en esos municipios.
El pasado lunes, miles de personas provenientes de Chilapa, Tixtla, Zitlala, Ahuacuotzingo, Atlixtac, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Acatepec, Za-potitlán, Tlacoapa, Quechulte-nango, Mochitlán y Mártir de Cuilapan, marcharon en la capital, dañaron oficinas del recinto del Poder Ejecutivo y retuvieron a funcionarios.
Consultado en Acapulco después de la ceremonia por el primer aniversario del Mando especial de la Guardia Nacional en Acapulco y a pregunta sobre cuáles fueron las demandas de los alcaldes, comisarios y vecinos, el subsecretario informó que funcionarios del gobierno del estado van a realizar visitas a los municipios.
Afirmó que hay un política por parte del gobierno del estado de seguir utilizando el diálogo como una herramienta indispensable para la construcción de los acuerdos.
Precisó que en la movilización participaron nueve alcaldes de la zona Centro y Montaña baja y descartó que hubieran participado integrantes de algún grupo delictivo. “No tengo esa infor-mación, tenemos información de que eran presidentes municipales y comisarios”, dijo en respuesta a versiones de que fue organizada por el grupo Los Ardillos que fue señalado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como promotor de la movilización violenta del 10 de julio de 2023.
Abundó que desde el diálogo de ese día se realizaron obras en 2024 y lo que se acordó se verá reflejado este año, “el día de los hechos que ustedes ya conocen, no hicieron ni un solo planteamiento nuevo, no hay un solo planteamiento nuevo, no hay una razón y un motivo para que realizarán esa actividad”.
Indicó que el 40 por ciento del presupuesto de este año, que equivale a mil 286 millones de pesos, está destinado para obras en los municipios de los alcaldes y comisarios que protestaron.

No hay autorización para aumento del pasaje en Acapulco

Sobre la tarifa del transporte en Acapulco y Chilpancingo, el subsecretario aseguró que no está autorizado ningún incremento en ninguna modalidad, ya se ha platicado con los líderes transportistas de que “no es el momento” de hacerlo.
Al recordarle que desde el huracán Otis los colectivos y las Urvan aumentaron unilateralmente las tarifas, el funcionario dijo que hay operaciones para evitar el incremento al pasaje en Costera y en la zona suburbana y se han sancionado a cuatro unidades de la ruta Base-Caleta.
“Hay que comprender que todos, también ellos vienen saliendo de los dos huracanes y entonces tenemos que comprendernos todos, y en esa comprensión que entiendan como yo se los digo a los líderes que no es el momento de hacer un incremento al pasaje toda vez que la sociedad viene saliendo de dos procesos”.
Agregó que dos veces por año se tiene que hacer una revista del estado en que se encuentran los vehículos del transporte público, que le corresponde realizarlo a la Comisión Técnica del Transporte.

En la víspera del primer aniversario del asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, cientos de sus compañeros realizaron un mitin frente al edificio de Ciudad Judicial en Chilpancingo, para exigir justicia a un año de su asesinato.
Estudiantes de las Normales que integran la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) realizaron un mitin en Ciudad Judicial en Chilpancingo.
En el día 4 de lucha los normalistas reprocharon a las autoridades federales y estatales que a un año del asesinato de Gómez Peralta no hay justicia por el crimen.
Uno de los oradores recordó que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los padres de los 43 de Ayotzinapa justicia, y la localización de sus hijos, algo que incumplió.
A bordo de más de 10 autobuses de líneas comerciales los estudiantes arribaron a la sede del Poder Judicial ubicado sobre el encauzamiento Río Huacapa, al sur de la ciudad.
En la pequeña glorieta del lugar y en la fachada del edificio los normalistas pintaron consignas para exigir justicia.
“Un año sin justicia”, “7 de marzo no se olvida” y “Kothan vive, la lucha sigue”, fueron las consignas.
Ante el anuncio filtrado de su llegada de los manifestantes trabajadores del Congreso del Estado, recinto del poder ejecutivo y la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial fueron desalojados.
El mitin que provocó tensión entre vecinos y burócratas duró una hora.
Los estudiantes de diferentes escuelas del país integrados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), se retiraron en los autobuses de líneas comerciales a las 11 de la mañana.
El normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta fue asesinado de un balazo en la cabeza la noche del 7 de marzo de 2024, en el libramiento a Tixtla por policías del Grupo de Reacción Inmediata Centauro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
Los tres policías permanecen detenidos acusados de homicidio, pero sin sentencia. (Luis Daniel Nava / Chilpancingo).

 

Redacción

Dos jóvenes fueron reportadas desaparecidas, una en Chilpancingo y otra en Chilapa, por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Se trata de Santos Berenice Bernardino Nava de 27 años y Marcecy Edith Bello Casarrubias de 30.
Santos Berenice desapareció el 16 de febrero pasado en la capital de la entidad, Chilpancingo.
La joven es originaria de Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Castillo.
Es de complexión robusta (pesa 85 kilos), tiene una estatura de 1.49 metros y usa brackets.
La joven fue reportada desaparecida este 5 de marzo.
La segunda joven desaparecida es Marcecy Edith Bello Casarrubias de 30 años, desapareció el domingo 2 de marzo en la ciudad de Chilapa.
Marcecy Edith es de complexión robusta, tiene una estatura de 1.65 metros y color de ojos verde aceitunados. La joven es de profesión Química.