La señora Maribel Torres Peña denunció hostigamiento de agentes del Ministerio Público en Zumpango, de la Fiscalía General del Estado y de policías estatales para sus hijos menores de edad en una casa que está en litigo con sus hermanos.
Ayer en la mañana Maribel Torres de 39 años y empleada dio una conferencia de prensa para dar a conocer lo que considera un hostigamiento de dos agentes del Ministerio Público (MP), Margarita Pimentel y Margarita Arzola Pérez.
Contó que una hermana y un hermano la denunciaron ante el MP por el delito de violencia familiar en contra de su madre Teodomira Peña Mendoza de 80 años, para separarla de ella y quedarse con la casa.
Por la imputación la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, impuso una medida de protección para la adulta mayor por 60 días a partir del 28 de enero pasado.
Las medidas son la separación del domicilio, evitar intimidación y molestia a la señora Teodomira y vigilancia en el domicilio ubicado en el barrio de San Sebastián de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri.
Maribel Torres aseguró que el hostigamiento consiste en que es citada a las audiencias en Chilpancingo con media hora de anticipación lo que se le hace imposible, porque trabaja en otro municipio.
Además de que patrullas de la Policía Estatal van continuamente a su casa a preguntar por ella, lo que asusta a sus dos niños que viven ahí.
Aseguró que lleva más de 15 años cuidando a su mamá y que los vecinos son testigos de que no la maltrata, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado una investigación. (Luis Daniel Nava / Chilpancingo).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares de víctimas de la violencia en la entidad integrados en varios colectivos realizaron un mitin ayer afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, con la demanda de una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
También exigieron la entrega del apoyo de despensa mensual por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la aprobación de la Ley en Materia de desaparición Forzada en el Congreso local.
Durante la protesta que fue encabezada por la presidenta del colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores y la directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, denunciaron el desdén, la indiferencia y la insensibilidad del actual gobierno que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al no atender a las víctimas de la violencia.
La protesta en la entrada principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo inició a las 10 de la mañana y terminó a las 11, después de que el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros platicó con las manifestantes.

Acuerdan reuniones para que se atiendan sus demandas

La directora del Centro Morelos, Rosales Sierra informó que el funcionario estatal les gestionó una reunión a las dos de la tarde con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui, para dialogar sobre la Ley de Desaparición de Personas que se encuentra estancada.
Dijo que el subsecretario les anunció, además, que el martes próximo tendrán una reunión en la Secretaría General de Gobierno a las 11 y media de la mañana para que les den a conocer una agenda, para atender otras de sus peticiones.
Informó que el subsecretario les dijo que ese día les informarán la fecha para la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado.
Con respecto a su petición de la entrega del apoyo e incremento de la despensa que reciben los familiares de las victimas cada mes, Rosales Sierra informó que les informaron que en la reunión del martes les darán a conocer una propuesta de calendario de entrega del apoyo, y una propuesta de incremento a ese apoyo.
Los familiares de víctimas de desapariciones y asesinatos en la entidad, denunciaron que además de que les entregan el apoyo de manera irregular, a veces hasta los tres o cuatro meses, consideran que los 2 mil pesos mensuales que reciben son insuficientes.
La directora del Centro Morelos informó que piden que haya un incremento de 2 mil a, cuando menos 5 mil pesos mensuales.
“Ya les advertimos que no nos vayan a decir que son 500 o mil pesos de aumento, sino que sea algo digno para las víctimas”, dijo Rosales Sierra.
En el mitin los familiares de las víctimas exhibieron pancartas con consignas como: “Aumento al pago de la canasta básica”, “Pagos puntuales del concepto de despensa” y “Aprobación de la ley en materia de desaparición”.
La presidenta del colectivo María Herrera, Antúnez Flores declaró que necesitan que el gobierno del estado les diga qué es lo que está pasando con respecto al apoyo de despensa para las familias de las víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
“Necesitamos que cuando menos nos digan que es la gobernadora la que no autoriza los recursos, ya sabemos que a la comisionada no le podemos sacar, como si fuera agua a las piedras, pero puede explicarnos por qué motivos no les ha pagado a las compañeras”, dijo.
Explicó que el apoyo de despensa es una ayuda a la que tienen derecho los familiares y que está establecida en la Ley General de Victimas, “y el gobierno tiene que apoyar con ayuda para la despensa por la desaparición de un familiar”.
Informó que también quieren que se corrijan muchas “anomalías” que se están cometiendo, como el hecho de que la familia de un desaparecido en el extranjero no puede recibir la ayuda, “según porque no desapareció aquí, ¿pero por qué, si la familia está aquí en el estado?”.
También se manifestaron en contra de lo que les han dicho respecto a que después de los cinco años ya no tienen derecho a los apoyos, “cuando hay niños pequeños que tienen que ir a la escuelas, niños que se enferman y en el sistema de salud actual no hay ni si quiera pastillas de paracetamol, ¿y cómo es posible que (los funcionarios) estén en esta posición de que ya no van a recibir apoyos?”.
Después de una hora de protesta las manifestantes fueron atendidas por el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.
El funcionario informó después de la reunión, que fue el gestor para que tuvieran una reunión con el presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui, para que se reúna con ellas y escuchen su planteamiento con respecto a la Ley en Materia de Desaparición Forzada, y les informen de los avances que hay en la ley”.
De la inconformidad por la negativa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a reunirse con los representantes de los colectivos de víctimas, el funcionario aseguró que ya se está trabajando “para que se pueda dar este encuentro”.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García, declaró que la defensa de los cinco policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que fueron vinculados a proceso el martes, será por la vía jurídica y política.
Indicó que le parece “extraño” su detención y encarcelamiento cuando la CRAC está pidiendo su reconocimiento jurídico dentro de la ley.
El martes una jueza federal vinculó a proceso por portación de armas de fuego a cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac pertenecientes a la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, que fueron detenidos el 17 de febrero en Tlapa.
Entrevistado por teléfono, el abogado Téliz García, quien da seguimiento al caso, informó que a partir del martes se abrió un plazo de dos meses para la investigación complementaria y que en ese plazo la defensa tiene la posibilidad de ofrecer pruebas, como actas, testimonios e informes periciales y estudios antropológicos para que sean debatidas en la audiencia intermedia.
La otra ruta sería, dijo, revisar los actos de investigación que pretende realizar la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que con ello existiría la posibilidad de llegar a una terminación anticipada del proceso, “porque la Fiscalía debe tener claro que son policías comunitarios y prestaban un servicio”, argumentó.
El abogado explicó que si se llega a un acuerdo en ese sentido con la institución federal, podría cerrarse el juicio con la terminación anticipada del proceso.
La tercera acción, añadió, sería la revisión del acto de vinculación a proceso y en su caso presentar un recurso de apelación contra ese auto de vinculación, o un amparo alegando los derechos internacionales que tienen los pueblos originarios de poder conformarse en policías comunitarias y cuidarse así mismos, así como aplicar sus sistemas normativos.
“Sospechoso” que fueran detenidos cuando piden armonización

El abogado declaró que es “sospechoso” que los policías comunitarios hayan sido detenidos cuando las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) están pidiendo al Congreso local la armonización de la Constitución Política para que los reconozcan como Coordinadora.
“No es posible que te quieran reconocer y tengas presos políticos en la cárcel”, reprochó.
El abogado dijo que se vislumbra que la detención se dio a raíz de que a nivel nacional se reconoció a los pueblos originarios como sujetos de derecho público en la Constitución federal y se aprobó una Ley Indígena, que es la que está pidiendo la CRAC que se armonice en lo local.
Explicó que la importancia de eso, es que la CRAC está pidiendo que en la armonización de la ley local con la nacional se incluya el reconocimiento de la institución comunitaria para participar con su sistema de justicia en la prevención del delito, impartir justicia y reeducación.
“Por eso nos parece sospechoso que mientras se pide un acercamiento con el estado para platicar sobre estos temas, se detenga y criminalice a los cinco compañeros”.
Indicó que la lectura es que “como que quieren distraer la exigencia directa dela CRAC, que es la homologación de la ley, y se desvíe en el tema de exigir justicia para que los términos se pasen y se queden sin reconocerse en su sistema de justicia esos derechos.
Mientras tanto, la Casa de Justicia de San Luis Acatlán informó que el 3 de marzo próximo se van a movilizar en Chilpancingo para exigir la armonización de la ley indígena local con la federal, y también para exigir la libertad de los cinco policías comunitarios.

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, indicó que en abril de este año iniciará la construcción de la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia, una obra que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que fue solicitada en su última visita.
En la conferencia matutina de este miércoles, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se hizo la presentación del Programa de Infraestructura Carretera 2025-2030. Mientras Esteva exponía sobre la carretera de Cuautla-Tlapa-Marquelia, la presidenta pidió: “Repítelo para que nos oigan allá en Guerrero, en la Montaña, porque esa carretera la han pedido desde hace como 20 años. Nos la pidieron ahora que estuvimos ahí”.
El secretario explicó está en proceso de licitación el tramo de Alacatlatzala a Chilixtlahuaca y que el tramo Cuautla-Tlapa-Marquelia, abarca 382 kilómetros, con una inversión de 13 mil 502 millones de pesos, y una ampliación de a dos y cuatro carriles, con 40 mil 506 empleos.
En el caso de Toluca-Zihuatanejo también iniciará en abril, con un periodo de ejecución de seis años, una inversión de 18 mil 592 millones de pesos y 317 kilómetros de intervención.
“Este año arrancamos Toluca a Tejupilco y aquí también, con la Secretaría de la Defensa, que ya había estado trabajando en varios tramos de esta zona. También es una ampliación de la sección. Esto nos va a llevar seis años, pero iniciamos en abril, es una modernización a dos carriles con acotamientos en todo el tramo”, señaló Esteva.
Agregó que se intervendrán otros dos tramos en Guerrero, pero se revisa el tema económico, para ver si se puede “trabajar en estas dos zonas de Guerrero. El tramo Salina Cruz-Zihuatanejo tiene como fecha de inicio marzo próximo, con 478 kilómetros de intervención, un periodo de ejecución de cinco años y una inversión de 28 mil 374 millones de pesos”.
“Estamos modernizando a dos carriles, estamos construyendo libramientos, ampliando puentes, este año estaremos trabajando de Huatulco a Pochutla, y la ampliación de cerca de 10 puentes que tenemos, donde ya se modernizó; sin embargo los puentes quedaron con una sección menor. Entonces todo eso lo traemos para este año”, puntualizó el secretario.
Respecto al programa en Guerrero, Esteva señaló que se hará la reconstrucción de 63 puentes e iniciarán en marzo, con 14 puentes con afectaciones menores. Para abril está programada la reconstrucción de nueve puentes, con ampliación de claros, así como 40 puentes nuevos.
“Son reconstrucciones que prácticamente es hacerlos nuevos”, dijo el secretario sobre los puentes en Guerrero y que se van a ampliar secciones para dar mayor capacidad, ante una contingencia como un huracán.
En Acapulco se incluyen los puentes de La Venta, Pedregoso, El Gallinero y Palma Sola, y se encuentran en licitación el de Mendizábal y el de río Mictlán. En su exposición sobre el programa carretero de Oaxaca, mencionó que se trabajaba en los tramos Juxtlahuaca a San Martín Peras, Ahuejutla-Alcozauca y Tlapa.
El pasado 16 de enero, la presidenta señaló que se debe invertir en Guerrero en materia de infraestructura, debido a las necesidades que tiene el estado en materia de empleo, conectividad y desarrollo. De nueve ejes prioritarios que incluye el Plan Carretero, tres se encuentran en Guerrero.

Yee Trujillo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, realiza una campaña en redes sociales para exponer 30 feminicidios mediante microhistorias, con el objetivo de hacer visible la falta de acceso a la justicia a mujeres y niñas indígenas, la impunidad, pobreza y marginación en la región, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.
Consultada vía telefónica, la abogada de la organización, Neil Arias Vitinio informó que se han contabilizado 130 casos de feminicidios en la Montaña de 2005 a 2025 (43 de ellos de mujeres mestizas, 33 del pueblo na’ savi, 32 del me’phaa, 19 náhuas y tres afromexicanas).
Desde 2014 Tlachinollan comenzó a monitorear las muertes violentas de mujeres y niñas, y dos de los casos fueron retomados de 2005 y 2006.
Indicó que 29 de las microhistorias documentadas en la campaña Mujeres de acero que claman justicia son de la región y solamente una es de Acapulco, la de Melani, asesinada por su esposo, un piloto de la Fuerza Aérea, en 2017.
Recriminó que hay órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar desde 2015, sin que se haya detenido a siete responsables de los feminicidios, lo que muestra que hay mucha impunidad y que el mensaje para los agresores y quienes violentan a las mujeres es que “nadie los va a castigar y que ellos pueden seguir cometiendo estos delitos”, porque mientras no haya justicia y castigo las muertes van a seguir ocurriendo.
Expuso que también se busca enviar un mensaje al gobierno porque las víctimas en su mayoría previamente acudieron ante alguna institución pública para pedir medidas de precaución, que no se les otorgaron, y derivó en violencia extrema.

Dos niñas de 5 y 12 años muertas junto a su madre en una camioneta calcinada

Expuso que entre los casos de la campaña que comenzó la semana pasada, que “nos han generado mucha indignación” están los de dos niñas de 5 y 12 años halladas muertas dentro de una camioneta totalmente calcinada junto a su madre de 38 años, originarias de la comunidad de Huiztlatzala, municipio de Zapotilán Tablas en 2022; otra menor de 14 años originaria de Cochoapa el Grande a quien le asentaron más de 36 navajazos en el cuerpo, fue agredida sexualmente y tirada en una barranca en 2021; así como la muerte de una madre y su hija halladas colgadas dentro de una casa en Tlapa en 2021 que no quedó clara.
También mencionó el caso de la señora Aurelia, una indígena nahua originaria de Ayotzinapa, Tlapa, encontrada muerta en el crucero de la localidad con su bebé amamantando en 2015.
El de Leuteria, quien recibió más de 36 puñaladas en enero de este año -de su pareja, un policía municipal en Alcozauca-, y el de la maestra Griselda, quien rentaba con su pareja frente a una preparatoria en Tlapa y recibió 29 puñaladas en el cuerpo el año pasado.
Relató otro caso ocurrido el 7 de octubre de 2021 cuando una adulta mayor de 73 años fue engañada por vecinos de una colonia de un poblado de Tlacoapa para llevarla a una colindancia, donde fue ahorcada con la agujeta de sus pants y dejada amarrada a un árbol “como si fuera un animal”, con fracturas en clavícula porque se entiende que trató de defenderse, y que justo ayer iniciaba el juicio oral contra dos detenidos por el delito de feminicidio y tentativa de feminicidio, porque su nieta vio lo que pasaba y los agresores trataron de matarla, la lesionaron en la cabeza y quedó con secuelas. Añadió que los agresores han sido señalados por vecinos y autoridades en otros momentos por feminicidios, y que afortunadamente desde que fueron detenidos no ha habido más muertes de mujeres.
La representante legal recordó que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña también dio acompañamiento al caso de una mujer indígena de Acatepec asesinada por su pareja y tres personas más en agosto de 2014, y que en 2021 fue el primero en el que se logró que se castigara al marido por el delito de feminicidio, con una condena de 30 años de prisión.
“Lo que queremos visibilizar, propiamente, es como todos estos contextos, toda esta situación de marginalidad, de vulnerabilidad que han vivido las mujeres, porque en su mayoría estas mujeres tiene mucho que ver que son mujeres que han estado solas, que no tienen protección, que viven ya sea con las abuelas, con las madres que son madres divorciadas, separadas y que justo se aprovechan de esta situación para poder acabar con sus vidas”, advirtió.

Karina Contreras

El responsable de la comisión política en Acapulco de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Walter Añorve Rodríguez, dijo que esta fracción no fue convocada al Foro Estatal para la Construcción del Nuevo Sistema para las Maestras y Maestros, que organizó la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Añorve Rodríguez señaló que este tipo de eventos de consulta deben ser abiertos y con la representación de todas las expresiones sindicales.
En declaraciones telefónicas, para saber su opinión sobre los hechos de este jueves en Chilpancingo, donde la otra fracción de la CETEG, que dirige Elvira Veleces Morales, irrumpió en este foro, donde estaba el secretario de Educación, Ricardo Castillo Peña, y el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado, que señalaron que el gobierno federal no toma en cuenta las propuestas del magisterio disidente, el cetegista de Acapulco señaló: “No nos invitaron, pero honestamente no hubiéramos aceptado tampoco”.
Indicó que antes ya les ha pasado, que no hay un evento serio o un proceso de consulta donde se escuche la voz de los docentes. Añorve Rodríguez señaló que lo sucedido es resultado de no tener los cuidados para “realmente tener un consenso con todas las expresiones sindicales. Creemos que debe hacer un foro abierto y que en el diseño también se pueda tomar en cuenta la voz de las diferentes expresiones sindicales, pues no nada más existen dos expresiones sindicales. Existimos muchas, que tenemos ideas que aportar”.
Señaló que a esos foros se tiene que invitar a todos los que simpatizan con una u otra expresión, que no están con nadie pero tienen qué aportar. Tienen que ser foros más abiertos “donde se escuche la voz de todos los que quieran participar. Hay compañeros que tienen una gran capacidad y que pueden aportar, pero ni siquiera se enteran del evento. Al parecer fue un evento muy cerrado”.
Sobre las declaraciones del dirigente del SNTE en Guerrero, Silvano Palacios, quien declaró que el foro era una simulación porque impidieron la participación, Walter Añorve dijo que no podía abundar porque no se sabe qué diseño se tuvo, pero “ellos ya estaban adentro, hasta donde sabemos. Más bien creo que la pantomima se da a partir de que llega un grupo de la CETEG a boicotear el evento. Digamos que no les quedó de otra a ellos que hacer la pantomima de que no era un evento serio, que era una simulación”.
Agregó que el SNTE ya estaba en el evento, “si no hubiera sido por la irrupción de los cetegistas, no hubieran dicho nada, lo más seguro. Pero son parte de los sucesos del día de hoy”. Señaló que el gobierno sigue cometiendo errores porque se pudo haber hecho un “diseño distinto, más allá de un foro, quizás un congreso con diferentes etapas, si realmente se quiere dar seriedad a este proceso”. Señaló que como CETEG pueden hacer propuestas que en verdad respondan a las necesidades de los docentes en Guerrero.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Unos 200 estudiantes de los planteles en Chilpancingo, Acapulco e Iguala del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), bloquearon las avenidas Lázaro Cárdenas, Ruffo Figueroa y las laterales del bulevar Vicente Guerrero, para exigir acceso a becas del Bienestar.
Luego de más de cuatro de horas, una comisión fue atendida por la directora general de Normales Públicas, Universidad Pedagógica Nacional y CAM, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Erika Urióstegui Cuenca, con quien se acordó la instalación de una mesa de diálogo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.
Desde las 9:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, los manifestantes, que tenían el rostro cubierto con pañuelos y cubrebocas, cerraron de manera total el paso vehicular en las inmediaciones del puente elevado frente a la Bodega Aurrerá Sur.
También portaban pancartas con mensajes como: “Los jóvenes, ‘el futuro de México’, sin apoyo ni beca, pero quieren que escriba el futuro”, “una beca hoy, un profesional mañana” y “haz posible mi educación, apoya mi beca”, entre otros.
En declaraciones, el dirigente del comité estudiantil del CAM Chilpancingo, Armando, dijo que los exigen su incorporación a las becas del Bienestar, porque “los lineamientos de las becas Benito Juárez dice que las escuelas formadoras de docentes deben recibir este apoyo”.
Resaltó que, de acuerdo con los estatutos, las escuelas formadoras de docentes “necesitan recibir todo el apoyo, la cobertura completa del estado y la federación, cosa que no sucede. Nos dejan excluidos y marginados, lo cual nos lleva a que la beca sea nuestro único recurso para poder tener un sustento y poder continuar con nuestros estudios”.
Detalló que “muchos de los compañeros de las tres instituciones vienen de comunidades marginadas, vienen a la escuela desde la 5 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, y luego trabajan hasta las 10 u 11 de la noche. Imagínense qué tan pesado es para ellos y cuántas deserciones ha habido por esto”.
Afirmó que los estudiantes ya han intentado tramitar la beca, pero las autoridades de la SEG y de la Secretaría del Bienestar les niegan el acceso a la convocatoria, bajo el argumento de que no son escuelas “prioritarias” y que la mayoría “somos hijos de maestros, que nuestros papás pueden correr con los gastos, cuando no es así”.
Llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda,y al titular de la SEG, Ricardo Castillo Peña, así como a las autoridades correspondientes “a que nos ayuden con este problema, que nos den una respuesta satisfactoria para evitar las deserciones, para tener un apoyo”.

Karina Contreras

La secretaria general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a los maestros estatales, Angélica Beatriz Radilla Alarcón, señaló que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) debe sancionar a Rosario Merlín García por estar “usurpando una función que no le corresponde”.
Como informó El Sur, la docente de la primaria Club de Leones, ubicada en la colonia Progreso, Everly Hortensia Campos Ramírez, denunció que Rosario Merlín la puso a disposición sin tener la facultad, pues usurpó el cargo de directora cuando dejó de ser diputada federal por Morena y que tenía a Cintya Elizabeth Sotelo Hernández como directora encargada.
La dirigente sindical que representa a los maestros estatales, Angélica Beatriz Radilla, señaló que han pasado siete meses desde que se originó el problema con Rosario Merlín, porque su nombramiento es de docente frente a grupo y no de directora, pero las autoridades no han dado solución. Señaló que el diálogo se agotó y ya el caso está analizándose en la contraloría estatal.
Explicó que cuando Rosario Merlín dejó la escuela se fue con categoría de maestra no de directora, pero concluyó su cargo de diputada federal y regresó “pensando que iba ser directora, pero hay una situación y las cosas van cambiando. Ahorita está el programa de la Usicamm, que da las promociones. Ya no es carrera magisterial”.
Señaló que ellas están apoyando para que quede Cintya Elizabeth Sotelo, porque cumple los requisitos y es una escuela estatal en el turno matutino, donde son mayoría los docenes estatales, y Rosario Merlín es federal. Reiteró que Merlín García tiene el nombramiento de maestra de grupo, “no hay ningún documento que avale que es directora encargada ni efectiva”.
Agregó la dirigente sindical que Rosario Merlín, al poner a disposición a una maestra, incurre en un delito por lo que debe tener una sanción, “está usurpando una función que no le compete y debe tener una sanción al hacer eso. Cometió un error al poner a disposición a la compañera, porque para eso debe haber llamadas de atención verbal, luego por escrito, y ya no se puede poner a disposición desde hace algunos años, y así lo marca la norma”, además de que no tiene facultades de directora.
“Debe haber una sanción para la compañera Rosario Merlín” y sobre la maestra que está puesta a disposición, dijo que están en un proceso jurídico, pues aunque la ex diputada ya quiere que se presente la maestra Everly Hortensia Campos, “que quiere pedirle una disculpa y todo quede en sana paz, pero no es la situación así. Ya se pasaron atropellar sus derechos y las cosas no se solucionan con pedir disculpas”, subrayó.
Señaló que exigen respeto a los maestros estatales, porque ya se atropellaron sus derechos y que espera que las autoridades educativas actúen y que contraloría estatal ya resuelva el caso.

Este miércoles levantaron su paro los padres de familia del telebachillerato en Las Juntas de Chacámero, del municipio de Pungarabato, en donde había protestas por la designación de la nueva directora.
El conflicto se destrabó este miércoles, después de una reunión con personal del plantel, con la presencia de la delegada de Gobierno, María Asunción Santamaría Jiménez, en donde se acordó cambiar la decisión y darle la dirección a otro profesor de la misma escuela.
El pasado miércoles se confirmó que, ante la salida del director había una nueva designación, para dejar a cargo del telebachillerato de Las Juntas de Chacámero a la maestra Rosa Nelli Rodríguez.
Sin embargo, un grupo de padres de familia considero que tenían muchos conflictos con esta maestra y tomaron la escuela en protesta.
Los padres de familia viajaron a Chilpancingo, para presentar su queja y solicitar el cambio de decisión.
Fue hasta este miércoles cuando se informó que el nuevo director sería Héctor Manuel.
El telebachillerato de la comunidad Las Juntas de Chacámero se ubica a unos 30 minutos de Ciudad Altamirano. Cuenta con una matrícula alrededor de 40 alumnos.
Después de la reunión, los padres de familia llamaron a sus hijos para que se presentan a clases, alrededor de las 10 de la mañana, con lo cual se reiniciaron las actividades en esta escuela. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Hugo Lozano Hernández, informó que se tienen ubicadas 16 fugas de agua en los acueductos Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec.
En un comunicado, dijo que las fugas se tiene localizadas en los poblados de Tunzingo, Tres Palos, San Pedro Las Playas, Las Chanecas, El Bejuco, Agua Caliente, Cocodrilos y Barra Vieja, mismas que oscilan entre 42 y 48 pulgadas de diámetro.
A pesar de ello, el director informó que con mil 680 litros por segundo, la CAPAMA tiene una cobertura del 82 por ciento de agua en la ciudad.
Señaló que se distribuye de las tres captaciones, aunque hay fugas en las redes que en este momento se están reparando por parte de las brigadas del área operativa.
El funcionario municipal indicó que se dio mantenimiento general a un equipo de bombeo y al motor eléctrico en la planta potabilizadora de El Cayaco.
Ademas, se hizo limpieza de embobinado en el horno, fabricación de bujes, y rectificado de flechas. (Redacción).