Lourdes Chávez

Chilpancingo

La defensora de mujeres indígenas víctimas de violencia, Inés Fernández Ortega denunció que el gobierno del estado no entregó en 2024 los recursos etiquetados para el Centro Comunitario Guwá Kumá (la Casa de los Saberes) en Ayutla, con la excusa de que no tenían dinero porque los fondos disponibles se orientaron a la atención de las afectaciones por el huracán John.
Con el apoyo de una traductora informó en tu’un savi que el edificio del Centro Comunitario también fue impactado por los huracanes recientes, y no ha sido evaluado por Protección Civil.
Sin embargo, aclaró que lo más importante es contar con un fondo específico para el funcionamiento durante todo el año del Centro Comunitario, que tienen cuatro profesionistas del pueblo me’phaa, que brindan atención jurídica, sicológica, médica a mujeres de la región de Ayutla de los Libres.
Sin embargo, aclaró que sólo reciben pagos durante nueve meses de recursos federales del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
Consultada en Chilpancingo en donde participó en la presentación del informe Mujeres indígenas y afromexicanas: Recomendaciones interculturales y antirracistas frente a las violencias múltiples, Fernández Ortega informó que la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón le dijo que hay recurso etiquetados en el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2025, para el mantenimiento del Centro, servicios y personal de la Casa de Los Saberes.
Sin embargo, también le dijo que el dinero no lo tiene la Semujer, sino la Sefina, cuando le preguntaron sobre las fechas de entrega de los recursos.
El Centro Comunitario se creó en septiembre de 2022 como parte de las medidas de reparación y no repetición para resarcir los daños causados a nivel individual y colectivo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano contra el Estado Mexicano por violar los derechos humanos de Inés, víctima de tortura sexual por parte de elementos del ejército el 22 de marzo de 2002 en la comunidad me’ phaa de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres.
La medida específica para la creación indica que el Estado debe “facilitar los recursos necesarios para que la comunidad indígena me’ phaa de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se constituya como un centro de la mujer”.
Así como, “adoptar medidas para que las niñas de la comunidad de Barranca Tecoani que realizan estudios secundarios en la ciudad de Ayutla de los Libres, cuenten con facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas, de manera que puedan continuar recibiendo educación en las instituciones a las que asisten”.
Sin embargo, los gobiernos federal y estatal siguen fallando en la atención de las necesidades más urgentes del Centro Comunitario y de la Casa de la Niñez Indígena, que no ha recibido un presupuesto para la operación de plan de trabajo, ni para los servicios básicos.

Comerciantes del mercado municipal Adrián Castrejón bloquearon ayer durante 40 minutos dos calles para exigir al gobierno local la solución a un brote de aguas residuales por el taponamiento del drenaje junto a la zona de taquerías y fruterías, protesta que también afectó la salida de autobuses de la terminal Estrella Blanca.
A las 12:40 de la tarde unos 50 comerciantes de la zona de taquerías, fruterías y huaracherías de la nave principal del mercado municipal bloquearon el tránsito vehicular con el apoyo de cajas, bancos y diablitos metálicos de carga en el cruce de las calles Ignacio Manuel Altamirano y Salazar, junto a este centro de abasto.
El cierre de estas calles en el centro de la ciudad por el que transitan gran parte de las rutas del transporte público local, además de camiones de carga y es la salida de autobuses de la terminal Estrella Blanca, además del transporte foráneo de otras comunidades y municipios, generó en poco tiempo un fuerte caos vehicular.
Los manifestantes denunciaron que desde hace un mes empezó a brotar agua residual por el drenaje tapado en una reja que atraviesa la calle Altamirano donde inicia el mercado.
Los taqueros y vendedores de alimentos de esa zona se quejaron de que los clientes no se acercan a sus negocios debido al mal olor del drenaje.
A los pocos minutos del bloqueo llegó un trabajador de CAPAMI y dijo a los manifestantes que el problema es que el hidrovactor del gobierno estatal con el que se hace la limpieza de las tuberías y que solicitaron hace un mes, tiene una falla con una manguera. El bloqueo terminó cerca de la 1:20 de la tarde. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chilapa denunciaron que llevan dos días sin que haya atención de un médico general, y que la institución no da información.
Además informaron que no les otorgan los estudios que son subrogados a otras clínicas y laboratorios, por lo que los tienen que pagar por su cuenta.
Ayer trabajadores que se atienden en la clínica del IMSS en Chilapa denunciaron a El Sur que el lunes y martes no hay médico general en esa unidad médica.
“Preguntamos y nos comentan que posiblemente mañana llegue uno, pero no nos aseguran nada”, informaron.
De los estudios clínicos subrogados, dijo, “nos mandan y nos dicen que los cubramos por nuestra cuenta, cuando el IMSS ya nos descuenta una cuota a cada trabajador por esos servicios”, se quejaron. (Luis Daniel Nava / Chilpancingo).

Alejandro Guerrero

Iguala

Unos 40 presidentes de los comisariados ejidales y de bienes comunales de localidades pertenecientes a Iguala, Taxco y la zona del Alto Balsas de Tepecoacuilco marcharon ayer y protestaron en las sedes de los juzgados federales Noveno y Quinto de Distrito en el centro de esta ciudad, donde presentaron los primeros amparos colectivos contra el cierre del Tribunal Unitario Agrario de Iguala.
Alrededor de las 9:30 de la mañana los ejidatarios acompañados por su abogado Andrés Figueroa y el ex presidente del Consejo Estatal de Comisariados Ejidales, Gabriel Díaz Hernández se concentraron afuera de las instalaciones del Distrito 51 del TUA en la calle Emiliano Zapata del centro de la ciudad.
Salieron en marcha y caminaron en calles del mismo centro hasta llegar a la sede del Juzgado Noveno ubicado en la calle Mariano Matamoros. Al frente del contingente llevaban una lona dirigida a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum en contra del cierre de estas oficinas.
“Sheinbaum no cierres el Tribunal Agrario de Iguala, Guerrero. No dañes al campo”, asimismo, cartulinas con algunas consignas que fueron gritando: “No al cierre del Tribunal Agrario 51”, “exigimos se garantice nuestro derecho de acceso a la justicia”, “La clase campesina exige se garantice nuestro derecho de acceso a la justicia”.
Antes del inicio de la marcha el abogado Andrés Figueroa informó a reporteros que el lunes se presentaron los primeros siete recursos de amparo contra el acuerdo tomado por los magistrados del Tribunal Superior Agrario en la sesión del 7 de enero, en el que se contempla el cierre de seis sedes distritales agrarias a partir de este viernes, entre ellas la 51 de Iguala.
Al llegar al exterior del edificio sede del Juzgado Noveno, los ejidatarios y sus representantes solicitaron una audiencia con el Juez federal, Carlos Arturo Rivero Verano, quien salió a atender a los campesinos y sus representantes. Allí confirmó que el lunes recibieron cuatro juicios de amparo en este juzgado y otros tres fueron enviados al Juzgado Quinto, también con sede en esta ciudad.
El abogado Andrés Figueroa informó al Juez que solo pudieron presentar siete amparos pero son más de 30 ejidos y comunidades interesadas en presentar estos juicios y apoyar el movimiento, pero que desafortunadamente muchos campesinos no lograron completar la documentación que les solicitan para poder acreditar su personalidad como es la falta de asambleas y la credenciales expedidas por el Registro Agrario Nacional (RAN), debido a la falta de atención de los visitadores de la Procuraduría Agraria “que han sido omisos en acompañarlos y apoyarlos para que puedan tener acceso a la justicia”.
Los manifestantes solicitaron al Juez atender de manera “urgente” la suspensión provisional de ese acuerdo que entraría en vigor el viernes para evitar el cierre del TUA 51, que da atención a más de 400 comunidades de 25 municipios, entre ellos los 16 de la zona Norte, siete de Tierra Caliente y dos de la región Centro.
El Juez Rivero Verano ofreció a los ejidatarios ver las denuncias “con mucho cuidado y atención, y de ser procedente se les dará la razón”.
Dijo que se tiene que resolver con base en lo que los campesinos presentaron y ofreció que vería las denuncias en el transcurso de este martes, y hoy se estaría publicando el acuerdo tomado.
Posteriormente los manifestantes se trasladaron en marcha al exterior del Juzgado Quinto de Distrito en la calle García de la Cadena, ubicada también en el centro de Iguala, donde instalaron otra protesta en contra del cierre del Tribunal Agrario, sin impedir el acceso a las oficinas ni bloquear la calle.
En este sitio el ex presidente del Consejo de Comisariados Ejidales y promotor de estos amparos, Gabriel Díaz denunció que los magistrados del TSA tomaron la determinación de la redistritación “desde un escritorio”, sin conocer ni considerar el contexto del estado de Guerrero.
“En lugar de mejorar el acceso a la justicia agraria la están empeorando, la delincuencia, la violencia, el mal estado de los caminos y el tramo más amplio que tendrían que recorrer para llegar a los nuevos distritos a los que fueron enviados es mucho mayor de la que tienen ahorita”, denunció.
Reiteró el amago de que si no se resuelve favorablemente su petición de que no se cierre esta oficina por la vía jurídica, “vamos a bloquear todas las carreteras del estado” en cada comunidad, municipio o región que fueron perjudicados.

La obra de rehabilitación del sistema de agua potable de Ciudad Altamirano que realizó el gobierno del estado en los últimos dos años sigue sin funcionar, a pesar de la inversión, a tal grado que no han podido entregar formalmente la obra.
Se anunció desde el 2023 la inversión en el sistema de agua potable que consistía en mejorar la extracción de agua del río Cutzamala, el bombeo hacia el depósito elevado y la tubería que lo encamina en un tramo aproximado de 2 kilómetros.
Se esperaba que con esa inversión el sistema de agua potable de Ciudad Altamirano mejorara, considerando que se prometió contar con un mejor sistema de extracción.
La obra consistía en hacer una galería filtrante dentro de las aguas del río Cutzamala, a unos metros de el lugar de donde extrae a través de un cárcamo en el sistema tradicional de la planta potabilizadora.
Pero la galería filtrante no ha funcionado, se reportó que las bombas se afectaron en los primeros días, ya ha presentado diversas fallas que se le reportaron a la empresa correspondiente para su reparación.
La tubería que sale de la planta también presentó fallas al grado de que tuvo fuga durante el 2024, a menos de un año de que se comenzó la obra.
Esta obra era complementada por una inversión del Ayuntamiento que encausaba la tubería hasta el depósito de agua en el cerro de San Juan, desde donde baja por gravedad al resto de Ciudad Altamirano.
Debido a los bajos niveles del río, ya que la galería filtrante no está funcionando, el sistema tradicional ha tenido fallas también y Altamirano tiene problemas de suministro para el resto de la población.
Personal del Ayuntamiento de Pungarabato se reunió con el gobierno del estado este inicio de semana para platicar de diversos proyectos pendientes, y además aquellos que están por entregarse de manera formal, pero que tienen detalles como este sistema de agua potable. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

 

Israel Flores

Ciudad Altamirano

A las bodegas de Segalmex del municipio de Coyuca de Catalán llegaron los camiones con fertilizante para comenzar la entrega de los paquetes del próximo periodo de temporada, a pesar de que la compra de maíz a precio de garantía va muy lenta.
Los repartidores se están organizando para que lleguen los primeros paquetes a las comunidades más lejanas del municipio de Coyuca de Catalán, que es uno de los de mayor cobertura para los productores del campo.
El Ayuntamiento se coordinó con el personal del gobierno federal para darle el servicio a los campesinos, de tal forma que les puedan acercar los paquetes a la parte de la sierra y las zonas rurales más lejanas.
El Ayuntamiento informó que la presidenta municipal, Esbeydi Echeverría García asistió la mañana de este lunes al inicio de la puesta en marcha del programa del fertilizante gratuito 2025 que otorga el gobierno federal a productores de maíz del municipio.
La presidenta agradeció al gobierno de Claudia Shienbaum Pardo por continuar apoyando con el programa del fertilizante químico a los productores del municipio, pues dijo que la agricultura es de las principales actividades productivas del municipio.
De esta manera se dio apertura oficial a la entrega del programa del fertilizante 2025 que apoyó este lunes a productores, la bodega ejidal está llena a su máxima capacidad y existe una programación de entrega que se dio a conocer a todos los ejidatarios, para que acudan de forma ordenada a recoger su fertilizante.
Se prioriza a los adultos mayores que figuran en las listas del padrón y que puedan recibir el fertilizante de forma rápida sin esperar tanto tiempo, lo cual se logra cuando el productor acata el horario que le fue asignado.
Por otro lado la compra de maíz a precio de garantía va más lento que otros años. La bodega no se ha llenado.
Para la compra de maíz está abierta la bodega municipal que se ubica en la salida a Zihuatanejo en el crucero con la carretera a Santo Domingo, mientras que las bodegas del fertilizante son las que son propiedad del ejido en la salida de la carretera a Ajuchitlán.

Alejandro Guerrero

Iguala

Madres de familia tomaron este martes la primaria Lázaro Cárdenas, de la colonia El Mirador de esta ciudad, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reposición de un profesor y el envío de un conserje, luego de que la escuela sólo cuenta con dos docentes para atender a 55 alumnos.
A las 9 de la mañana, unas 30 madres de familia se plantaron en el acceso a la escuela de esta colonia, asentada en la parte alta al norte de la cabecera municipal, en la que impidieron el acceso a los alumnos.
Una de las madres de familia declaró a reporteros que exigen la regularización de la plantilla docente y la permanencia de los maestros, pues con frecuencia son cambiados.
Dijo que debido a que en días pasados fue movido un maestro, que apenas les enviaron y que se les había informado que sería permanente, la escuela se quedó solo con dos maestros para atender los seis grados. Uno de los maestros también tiene la función de director.
Además, señaló que la escuela no tiene conserje y los padres de familia han estado realizando aportaciones para pagar el salario de una señora que realiza el aseo.
Señaló que se oponen a que les envíen un maestro provisional, del que se enteraron que está enfermo y que probablemente en abril se tenga que retirar, por una cirugía que le van a practicar.
Al plantón llegó el supervisor de la zona, Francisco Javier Gómez, quien informó a las madres de familia que ya había gestionado a un maestro, pero “las autoridades educativas” determinaron moverlo a otro centro de trabajo.
Indicó que el compromiso es que harán un “ajuste” para reponer ese espacio vacante y propuso enviar de manera “momentánea” a un maestro provisional, en lo que la SEG designa a otro profesor que concluya el ciclo escolar.
La propuesta fue rechazada por las madres de familia, que determinaron mantener la toma de la escuela hasta que se nombre a un maestro permanente.

Padres de familia de la primaria Independencia, de la localidad Acatempan, en Teloloapan, denunciaron este martes que desde hace dos meses siete profesores dejaron de presentarse para apoyar a la directora encargada, Citlali Vicente Peña, de quien exigen su destitución por presuntos abusos, violencia y discriminación.
A la 1 de la tarde de este martes, los representantes del comité de padres de familia, una comisión de unas 50 madres de familia se presentaron a la primaria Club de Leones, ubicada en el centro de Iguala, a donde fueron citados por el supervisor escolar con el ofrecimiento de llegar a un acuerdo.
La presidenta del comité de padres, Florencia Jiménez Quezada, denunció ante reporteros que al llegar a la escuela no permitieron la entrada de una comisión de padres a la reunión. Poco después, la reunión se realizó.
En declaraciones ofrecidas, denunció que desde hace cuatro meses exigen la destitución de la directora encargada, Citlali Vicente, a la que no permiten el ingreso al plantel, por generar división entre los docentes, violencia y discriminación a los alumnos, así como amenazas en contra de alumnos, padres de familia y docentes.
La madre denunció que debido a la exigencia de que se destituya a la directora, siete profesores que la apoyan dejaron de presentarse en la escuela y dejaron sin clases a los 92 alumnos desde principios de diciembre.
Ante este conflicto, del que enviaron oficios al subsecretario de Educación Básica de la SEG, Ricardo Castillo Peña, y a la delegada regional de los Servicios Educativos, Rosalinda Neri Ruiz, desde noviembre, los padres de familia exigen la salida de la directora encargada Citlali Vicente y de los profesores Myren Román Bahena, María de los Ángeles Guzmán Montes de Oca, José Antúnez Antúnez, Anabeli Lagunas Román, Sonia Gabriela Cruz Manjarrez, Analine Banderas Arellano y Sergio Armando Barrios.
La representante de los padres solicitó que se levanten actas de abandono de empleo en contra de los siete profesores, de los que aseguró que no quieren regresar a la escuela.
Más tarde se informó que la reunión concluyó sin acuerdos, con el único ofrecimiento por parte de la supervisión escolar de que se va a realizar una investigación correspondiente. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Por segundo día consecutivo, maestras de las zonas 61 y 64 del sector 06 de preescolar y maestros de secundarias técnicas afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que se autodenominan como sindicalizados independientes, tomaron oficinas estatales para exigir pagos y regularizaciones.
Las docentes cerraron las instalaciones del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), así como de las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y del Registro Público de la Propiedad en el puerto.
El lunes de esta semana, las maestras de los niveles mencionados se movilizaron para tomar las oficinas gubernamentales, pues coincidieron en señalar que, aunque ya han tenido reuniones con los funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), éstos no han resuelto las demandas principales de sus respectivos pliegos petitorios, como es la regularización y pago de horas adeudo; retabulación salarial, recategorización de claves directivas a los maestros que tienen años cubriendo esa función sin que tengan el nombramiento, el pago del bono decembrino, entre otras exigencias.
El mismo lunes, maestros de la zona 92 del sector escolar 10 también se manifestaron tomando durante ocho horas las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), ubicadas en el centro de esta ciudad, pero este martes decidieron no manifestarse, pues se van a sumar a las actividades de protesta que mañana jueves llevará a cabo la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero, (CETEG), según informó vía telefónica uno de los profesores.
Este martes, los maestros volvieron a tomar el Fibazi y Finanzas, pese a que el lunes fueron atendidos por los delegados de Gobernación, Onécimo Llanes Moreno, y de la SEG en esta región, Marcos Luna Reséndiz, quienes les informaron que el jueves 30 de enero los maestros de nivel secundaria serán atendidos en Chilpancingo por autoridades de la SEG y que el martes 4 de febrero le tocará al nivel de preescolar.
Una de las maestras comentó que hasta en tanto no lleguen esas fechas, seguirán en paro de labores y llevando a cabo este tipo de acciones.

Sector escolar 9 en pie de lucha

Por separado, maestros sindicalizados del sector escolar 9 que aglomera a 102 escuelas primarias de Zihuatanejo y Petatlán, tuvieron una reunión informativa en las instalaciones de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, para conocer cuáles fueron los acuerdos que se pactaron con las autoridades educativas en la reunión que tuvieron el viernes de la semana pasada en Chilpancingo.
Ahí, los supervisores y directores que formaron parte de la comisión negociadora, informaron con lujo de detalle las respuestas que las autoridades dieron a cada uno de los 18 puntos de su pliego petitorio.
El punto principal por el cual decidieron parar labores desde el 15 de enero pasado, que el profesor Emgidio Gil Herrera sea ubicado en la Plataforma Administrativa de los Servicios Educativos de Guerrero (PASEG), en el centro de trabajo correspondiente a la jefatura del sector 9, las autoridades resolvieron que “el oficio de comisión por parte de la dirección general de administración de personal para el maestro Emigdio Gil Herrera, se extenderá en un máximo de tres días”, y que una vez que se tenga el oficio de comisión, lo subirán a plataforma.
Desde el ciclo escolar pasado, el director general de Primaria de la SEG, Abel Torres Hernández, pretendía quitar a Gil Herrera como jefe de sector encargado y darle el nombramiento a un maestro que ni siquiera es de esta región, toda vez que ningún maestro de las 102 primarias del sector escolar lo conoce.
Durante la reunión informativa, una vez que conocieron la respuesta a cada uno de los 18 puntos del pliego petitorio, los maestros determinaron que continuarán en paro de labores en solidaridad con sus compañeros de los otros niveles escolares.
Uno de los maestros informó que los directores de las escuelas quedaron en la libertad de tratar este tema con sus compañeros maestros, en cada plantel, y si la mayoría de alguna escuela decide regresar a trabajar, deberá informarlo de inmediato con su supervisor ”, apuntó.

La sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) denunció violaciones a los derechos laborales de sus agremiados, por parte del director general del Colegio de Bachilleres (Cobach), Jesús Villanueva Vega.
Esta sección del sindicato, encabezada por la secretaria general Guillermina Rodríguez Parra, aglutina a 850 trabajadores administrativos del Cobach y cuenta con la titularidad del contrato colectivo de trabajo de ese sector.
En conferencia de prensa, la secretaria de Trabajos y Conflictos, Yadira Orozco Zúñiga, informó: “Tenemos una administración conflictuada, puesto que se está violentando el contrato colectivo de los trabajadores administrativos”.
“Hay varios planteles conflictuados respecto a las arbitrariedades cometidas por el director general (Jesús Villanueva) y la sección 31 del SUSPEG solamente le está, de momento, apostando al diálogo”, puntualizó.
A pregunta expresa, detalló que el sindicato es “titular de las plazas administrativas vacantes, sin embargo, estas han sido dadas al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres”, organización que sólo cuenta con la titularidad del contrato colectivo de los docentes del subsistema.
Explicó que, por esta situación, se han entregado “categorías de manera desmedida, sin contar con un presupuesto y ninguna disponibilidad vacante para poder otorgarlas”.
Por su parte, Guillermina Rodríguez destacó que la sección 31 del SUSPEG participó de manera activa en la lucha sindical que iniciaron diversos subsistemas nacionales de educación media superior, con protestas en Ciudad de México durante los últimos tres años, y lograron que las autoridades apliquen las denominadas “medidas del bienestar”.
Detalló que estas medidas consisten en compensaciones al salario, con las cuales los ingresos de los trabajadores administrativos aumentarán 2 y 5 por ciento, de acuerdo con la zona salarial a la que pertenezcan.
Abundó que, en algunos casos, los trabajadores recibirán una compensación adicional de 2 mil pesos a la quincena y otros de sólo mil pesos. Mientras que los administrativos con las categorías más altas recibirán una “compensación garantizada”, aunque esta no forma parte de las medidas.
Destacó que, aunque la lucha sindical la emprendieron los trabajadores administrativos, los docentes también serán beneficiados con la aplicación de las medidas a partir de la primera quincena de febrero de 2025, con un pago retroactivo por el mes de enero de este año.
Señaló que el Cobach cuenta con 45 planteles oficiales, 34 por cooperación, 14 extensiones y tres de educación media superior a distancia, pero la federación no considera dentro del subsidio a las escuelas por cooperación, por lo que el gobierno estatal aporta más recursos para los pagos correspondientes.
Manifestó que las medidas del bienestar se aplicarán en todos los subsistemas educativos de educación media superior, lo que incluye a instituciones como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, por lo que el gobierno federal asignó unos 18 millones de pesos para el pago de las compensaciones salariales y al gobierno estatal le corresponde aportar unos 23 millones de pesos.
Yadira Orozco informó que la sección 31 del SUSPEG se reuniría este martes por la tarde con el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, para conocer el monto que el estado aportará para el pago de las medidas a los trabajadores del Cobach y plantear los conflictos detectados en al menos cinco planteles de Acapulco y Costa Chica. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).