Los comisarios, delegados y autoridades educativas de comunidades de Alcozauca acordaron que se cite al ex alcalde perredista Sebastián Ortiz Sayaz, para que informe sobre las obras inconclusas que dejó en 12 comu-nidades.
También harán un pliego petitorio para demandar la terminación de las obras, que será enviado a las autoridades correspondientes, porque el actual Ayuntamiento les informó que no se puede hacer responsable, ya que se afectarían los trabajos que tienen proyectados para este año.
Lo anterior se acordó en la mesa de trabajo que se instaló el martes 21 de enero en las oficinas de la presidencia del Ayuntamiento, que se organizó para atender los reclamos de los ciudadanos que tomaron las instalaciones para protestar por las obras inconclusas en la administración de Ortiz Zayas.
En la reunión estuvieron el alcalde Crispín Agustín Mendoza; en representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Leovigildo Arriaga Reyes; el delegado regional de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Rodríguez Ponce; los integrantes del Cabildo, comisarios, delegados y pobladores del municipio.
Luego de conocer de viva voz, por más de tres horas, las irregularidades en las obras de las más de 12 comunidades, se acordó que se registrarán en un pliego petitorio como obras inconclusas o materiales faltantes.
También se acordó que la administración 2024-2027, de Crispín Agustín Mendoza, ejercerá su presupuesto con las obras que propongan en consenso las comunidades en este 2025, porque el reclamo de las comunidades de las obras inconclusas es de la anterior administración, a lo que se buscará otra solución.
Representantes del INPI, Gobernación y Ayuntamiento promoverán reuniones para que se canalice la relación de obras inconclusas del pliego petitorio que se integrará.
También para que se determine el proceso legal para la ejecución, culminación o lo que corresponda de acuerdo al deslinde de responsabilidades.
Se determinó que las dependencias involucradas en el seguimiento a las exigencias de las comunidades citarán al ex presidente de Alcozauca, Sebastián Ortiz Sayaz, en un plazo de 15 días para que explique la situación de las obras y su solución, como una forma de agotar el diálogo.
Y la propuesta es que programen una reunión por comunidad para que Ortiz Sayaz explique los detalles o el proceso legal para obligar a que cumpla quien sea responsable.
Las obras inconclusas son diversas, desde pavimentaciones de calles, caminos artesanales, red de drenaje, techados, puentes vehiculares, falta de entrega de mobiliario escolar en preescolar, barda perimetral y portón en una primaria, la construcción de una oficina de supervisión escolar y apoyo por las afectaciones del huracán John.
Las comunidades afectadas son Chimaltepec, Nuevo Zaragoza, San José Lagunas, Ixcuinatoyac, Zo-yatlán de Juárez, Tlahuapa, Ahue-jutla, Petlacalancingo, Acametla, Cuyuxtláhuac, Xonacatlán y colo-nias de la cabecera municipal, como Cruz Verde.
Unos 50 vecinos de la colonia El Tomatal, tomaron los tanques de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) ubicados ahí y obligaron a los trabajadores a cerrar las llaves de distribución, por alrededor de tres horas, para exigir el suministro en sus domicilios.
Enfatizaron que no iban a retirarse del lugar sin que se acordaran los horarios de distribución, porque la Capach les estaba dando largas.
Recordaron que la colonia donó el área donde se ubicó el tanque de la Capach en El Tomatal, con el acuerdo de que no les faltaría el servicio.
Sin embargo, el suministro que antes era cada semana, se fue ampliando y ahora es por mes, y aun así les piden esperar cuatro o cinco más días.
Ahora, indicaron que el acuerdo era el envío del agua el 22 o 23 de enero, pero en esta fecha les dijeron que esperen al 27 de este mes.
Recordaron que en octubre el suministro llegó después de 45 días, por ello insistieron en que se distribuya agua en la colonia este mismo día.
La protesta comenzó a las 10 de la mañana y al lugar llegó el encargado del suministro de Capach, José Rodríguez, quien explicó que un rato no bastaba para surtir a la colonia. Después, resolvieron que les iban a enviar agua a la colonia este viernes 24.
Durante la discusión, los vecinos aclararon que reciclan el agua para esperar un mes, pero cuando termina este plazo están obligados a pagar pipas de agua, que no garantizan la calidad del agua. Consideraron que las enfermedades estomacales que se presentan, como gastroenteritis bacteriana, se deben al uso de agua no tratada.
También denunciaron que llevaron a la colonia una campaña de pago anticipado del servicio, pero no cumplen con el envío. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Demandan pobladores que la SICT aclare si los tramos trabajados por la empresa MINIORINS son los mismos que ya rastrilló el Ayuntamiento
Carmen González Benicio
Tlapa
Los seis trabajadores de la empresa constructora MINIORINS que limpiaban caminos dañados por el huracán John en el municipio de Acatepec llevan cinco días retenidos por la Policía Comunitaria, en la Casa de Enlace de San Juan Escalerilla, municipio de Zapotitlán Tablas.
La fuente informó que los trabajadores y representantes continuarán retenidos hasta que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) acuda a recorrer y verificar los tramos que le corresponde hacer y que no sean los mismos que ya rastreó el Ayuntamiento.
Recordó que las autoridades de las comunidades de Acatepec los retuvieron porque el supervisor de obra de la SICT, Edwin Manzanares, les informó que la empresa estaba trabajando en los tramos Acatepec-Barranca Piña-Xilotlancingo-Yerbasanta.
Por ese trabajo de rehabilitación la firma cobraría 14 millones de pesos, lo que generó inconformidad, porque como autoridades de esas comunidades de Acatepec, sabían que ya lo había hecho el Ayuntamiento, por lo que no se debían duplicar los trabajos.
Rechazan que la empresa constructora contratada por la SICT pretenda cobrar 14 millones por trabajos ya hechos con recursos municipales, y demandan que ese dinero se invierta en los caminos que aún no han sido rehabilitados.
Ante la información que les dieron, decidieron retener de manera pacífica a los trabajadores y representantes de la constructora, hasta que se aclare la situación.
Indicaron que los van a liberar hasta que la SICT acuda a Acatepec para verificar los tramos de las brechas rastrilladas por la empresa MINIORINS.
El Ayuntamiento hará lo mismo, para deslindar responsabilidades y hasta entonces se liberará a los retenidos en la Casa de Enlace de la Policía Comunitaria de San Juan Escalerilla.
Recordó que por esa situación 100 comisarios acudieron a las oficinas de la SICT en Chilpancingo, para pedir que les aclaren la situación y si la dependencia tiene responsabilidad, para que los pobladores tomen acciones.
Dijo que no les dieron fecha para que representantes de la secretaría vayan a Acatepec, pero que no permitirán que la SICT se adjudique los caminos que rehabilitó el Ayuntamiento, porque cada institución tiene sus propios recursos y no permitirán que se desvíen.
Ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en conferencia de prensa contra la empresa minera Equinox Gold, pidieron omitir sus nombres por temor a represalias Foto: Jessica Torres Barrera
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
En el proceso de cierre de operaciones de la mina de oro Los Filos, la empresa canadiense Equinox Gold pretende en un nuevo convenio reducir hasta 90 por ciento el pago por la explotación de sus tierras, denunció el Ejido Carrizalillo, del municipio Eduardo Neri, en la región Centro.
El ejido pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado establecer una mesa de trabajo con la minera.
Los ejidatarios admitieron que a 20 años de explotación “fue un error” ceder sus tierras a las mineras con la promesa de desarrollo y progreso.
Las consecuencias son graves: sus tierras han sido secadas y no sirven para el cultivo de alimentos, además de que toda la población padece enfermedades respiratorias, de la piel, infecciones en los ojos, abortos y hay casos de síndrome de Down en niños.
En conferencia de prensa, el presidente del comisariado de bienes ejidales, José Luis Rodríguez, y ejidatarios revelaron que desde el 31 de diciembre la empresa les informó que iniciaba el proceso de cierre de operaciones.
El último convenio de renta de tierras fue firmado en marzo de 2019 con una vigencia al 31 de marzo de 2025.
Una de sus primeras acciones fue exigir a los trabajadores que saquen sus vehículos contratados por la empresa del área de producción o pagar 400 pesos diarios por cada 20 metros cuadrados que ocupen.
“Ya empezaron con el despido de trabajadores, empezaron ayer (martes) a retirar personas, entre ellos algunos sindicalizados”.
La minera, dijeron, tiene 750 trabajadores sindicalizados y unos 2 mil contratistas quienes continúan produciendo al 100 por ciento, pero el cierre de operaciones implicaría que todos queden desempleados y sin contratos.
Son 272 ejidatarios que le rentan mil 300 hectáreas de donde se extraen más de 200 mil onzas de oro al año, aseguraron.
Denunciaron que el responsable de las negociaciones de un nuevo convenio con la comunidad es el ingeniero de origen chileno Hugo Vergara, que utiliza tácticas de intimidación para tratar de imponer una nueva relación para la ocupación de las tierras.
“Quieren imponer una disminución muy importante sobre los logros de renta de tierras y apoyos sociales alcanzados de 2007 a la fecha”.
Aseguraron que la empresa pretende disminuir en 94 por ciento el pago anual de la renta de las tierras.
Recordaron que las empresas Goldcorp, Leagold Mining y Equinox Gold, han violado sus derechos humanos argumentando crisis productiva y financiera y no descartaron que el anuncio del cierre de operaciones sea un amago para obligarlos a firmar un convenio desfavorable para el ejido.
Los ejidatarios informaron que, con la pretensión de avanzar un nuevo convenio, a pesar de incumplimientos de cláusulas del convenio vigente, aceptaron “bajar nuestras pretensiones económicas en la mitad de lo que recibimos anteriormente”.
“Que nos den un precio justo, les estamos rebajando un 45 por ciento”, dijo un ejidatario.
Pero dijeron que la minera ha mantenido una postura de imponer, amenazar con despidos, pérdida de concesiones de áreas de trabajo y otros conceptos siempre con la amenaza de cerrar la mina si no aceptan sus condicionamientos.
Carizalillo, dijeron, replantea su postura al diálogo y negociación con las condiciones entre las que destacan: Que su operador el ingeniero Hugo Vergara no será considerado más como interlocutor de la negociación con el ejido de Carrizalillo.
A las autoridades municipales y estatales estar atentas a actos de represión que la empresa pudiera gestar y no dejarse engañar por sus operadores.
“Denunciamos las constantes amenazas que la empresa ha realizado a partir de anunciar despidos masivos, confundir a las comunidades con información falsa y facciosa con la que pretende echarle la culpa a nuestro ejido sobre la baja producción”.
Agregan: “Emplazamos a la empresa para que inicie el cierre de sus operaciones conforme al derecho nacional, también a lo establecido en el convenio y a la utilización de los mecanismos internacionales vigentes para hacer un cierre donde lo primordial es que nuestra tierra sea rehabilitada hasta que recupere la capacidad productiva que tuvo antes”.
Fuera de la conferencia los ejidatarios admitieron que las tierras se han secado y que ya no son aptas para el cultivo de maíz, frijol, calabaza o maguey que antes producían.
En otro punto piden que concluya los proyectos de infraestructura relacionados con el convenio social que desde hace prácticamente seis años tiene incumplidos. Uno de ellos es un manantial de agua porque el que tenían lo tomó la empresa.
Dijeron que la empresa está en su derecho de iniciar el cierre de sus operaciones, pero que de ninguna manera lo hará a costa de sus derechos.
“Damos aviso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que se mantenga atenta para que nos ayude a evitar que huyan de nuestras tierras sin cumplir las leyes nacionales e internacionales”, concluyeron.
Daños a la salud
Los ejidatarios dijeron que antes de que cierre operaciones la empresa Equinox Gold tiene que quitar todos los químicos dañinos que dejó en sus tierras.
Admitieron que en casi 20 años de operaciones los pobladores han padecido daños considerables a la salud.
“Si, porque está cerca de la comunidad, todos los químicos que se riegan en la superficie, que se van al subsuelo, los polvos en el ambiente”.
Contaron que las mujeres han llegado a sufrir partos prematuros.
“Hay muchas enfermedades, hay muchas ronchas, los niños nacen con discapacidad, en las escuelas se nota el retraso mental”.
Representantes del ejido informaron que la casa de salud atiende al día un promedio de seis personas con enfermedades respiratorias.
Eso, dijeron, pasa todo el tiempo.
Cuando esas enfermedades duran comúnmente en una persona dos semanas, en Carrizalillo los pobladores las padecen durante un mes o dos meses.
Las mujeres también padecen la muerte fetal antes de su expulsión o los llamados abortos óbitos que es cuando los bebés nacen muertos.
Este fenómeno se presenta en una de cada 10 embarazadas, dijeron pobladores cercanos a la Casa de Salud, aseguraron.
La expansión de residuos altamente tóxicos en la comunidad ha provocado que “varios niños”, de acuerdo con los habitantes, nazcan con enfermedades, mutaciones, retraso en el desarrollo motor o síndrome de Down.
Lo que padece todo el pueblo, aseguraron, son enfermedades respiratorias, infección en los ojos y alergias en la piel.
Carizalillo tiene una población de 3 mil 600 habitantes.
También informaron que la población joven ha usado las becas, que son parte del convenio social con la empresa, para concluir sus estudios profesionales fuera de la comunidad. Hay médicos, maestros, abogados, entre otros profesionistas.
Durante el primer semestre de 2024, las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte en Guerrero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De enero a junio del pasado año, 2 mil 293 personas que residían en el estado de Guerrero fallecieron a causa de enfermedades del corazón, señaló Inegi en las Estadísticas de Defunciones Registradas 2024.
En el análisis de todo 2023, presentado en noviembre pasado, las enfermedades del corazón fueron la principal causa de defunción en Guerrero, al reportar 4 mil 193 personas fallecidas por dicha situación de enero a diciembre de 2023.
Inegi señaló que la diabetes fue la segunda causa de muerte en Guerrero durante el primer semestre de 2024, al registrar mil 652 personas que fallecieron por dicha situación en el estado.
Por su parte, los tumores malignos registraron 985 defunciones de enero a junio de 2024 en el estado, y dicha causa fue la tercera con mayor número de defunciones.
Mientras que las agresiones, concretamente los homicidios, resultaron la cuarta causa de muerte en el estado con 712 defunciones. Las enfermedades del hígado fueron la quinta causa de muerte para los guerrerenses de enero a junio de 2024, al reportar 492 defunciones.
El Instituto reportó que de enero a junio de 2024, en total fallecieron 5 mil 477 hombres en Guerrero, mientras que 3 mil 901 de las defunciones correspondientes en el estado fueron de mujeres.
En la desagregación por género, las enfermedades del corazón fueron la principal causa de defunciones en mujeres con mil 057 fallecimientos, seguido de diabetes con 824 muertes y tumores malignos con 525 defunciones.
En el caso de las mujeres, la cuarta principal causa de muerte discrepa de lo registrado en el plano estatal, ya que fueron las enfermedades cerebrovasculares la que ocupó dicha posición con 192 defunciones. Las enfermedades del hígado fueron la quinta principal causa con 147 fallecimientos.
En el caso de los hombres, también las enfermedades del corazón fueron la principal causa con mil 236 fallecimiento y la diabetes fue la segunda causa con 828 defunciones.
Las agresiones, en las que se incluyen homicidios, fueron la tercera causa de muerte en Guerrero para hombres con 624 defunciones. Por su parte, los tumores malignos ocuparon la cuarta posición con 460 fallecimientos y los accidentes la quinta con 351 muertes.
El Inegi señala que en Guerrero hubo una tasa de 214 defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes durante el primer semestre del año, por lo que fue la entidad más baja del país. La tasa a nivel nacional fue de 307 defunciones por cada 100 mil habitantes.
En el país, la principal causa de muerte fueron las enfermedades del corazón, seguido de diabetes, los tumores malignos, enfermedades del hígado, accidentes, influenza y neumonía, enfermedades cerebrovasculares, agresiones, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e insuficiencia renal.
Trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), que el pasado 14 de enero tomaron las oficinas en Zihuatanejo, para exigir su salario de diciembre de 2024, denunciaron que los están condicionando a firmar una carta compromiso para no volver a protestar.
Este miércoles, uno de los trabajadores de este organismo, dio a conocer que a los 11 trabajadores territoriales, que atienden a los alfabetizandos en Zihuatanejo, Petatlán, La Unión y Coahuayutla, el responsable de las finanzas del IEEJAG, Raciel Lozano García, les hizo llegar una carta compromiso la cual deberán regresar firmada, en la que se comprometen a no volver a protestar o serán dados de baja en automático. De lo contrario, están despedidos por no someterse a lo que señala dicho documento.
Dijo que es una carta compromiso en la que se lee: “como persona voluntaria beneficiaria de subsidio en el programa educación para adultos (INEA), para el ejercicio fiscal 2025, manifiesto que conozco y acepto el contenido de las reglas de operación de dicho programa, así como las disposiciones que lo regulan, por lo que me comprometo a respetar responsablemente las reglas actuales de operación, así como las que durante el ejercicio fiscal 2025 sean aprobadas”.
“Asimismo, me comprometo a no participar en cierre o toma de oficinas, ya sean del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero, los Institutos estatales de Educación para Adultos, o unidades de operación del INEA, así mismo me comprometo a no realizar ninguna otra actividad que afecte el patrimonio institucional de dichos organismos públicos ya que cualquier actividad que realice y que afecte el funcionamiento de esas instituciones causarán mi baja como persona voluntaria y sin responsabilidad alguna para dichos institutos”.
El trabajador, en nombre del resto de sus compañeros, consideró que esta medida, “es un completo abuso y arbitrariedad. Porque en ese documento nos están condicionando a nosotros, pero no dice ni medio renglón nada respecto a que ellos se comprometan a pagarnos puntualmente en tiempo y forma, de hecho, todavía estamos esperando a que nos paguen el salario correspondiente a diciembre de 2024 y ya vamos casi de salida de enero de este año y no nos han pagado”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
Maestros encargados, agrupados en el FEDEEG, se mantienen en plantón con tiendas de campaña a un costado de la Catedral Metropolitana en Cdmx Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Docentes que pertenecen al Frente Estatal de Directores Encargados del Estado de Guerrero (FEDEEG) se mantienen en plantón en Ciudad de México, en espera de que les comuniquen formalmente que se logrará la reunión entre autoridades educativas del orden federal y estatal.
La mañana de este miércoles, representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se habrían acercado a los docentes, para informarles que sí se llevaría a cabo la mesa de diálogo, pero los miembros de FEDEEG indicaron que querían esta confirmación por escrito y así poder levantar el plantón que instalaron desde el lunes en Ciudad de México.
Alrededor de las 3 de la tarde del miércoles, los integrantes de FEDEEG no habían recibido una comunicación formal, que les indicara que se llevaría a cabo la reunión solicitada, por lo que decidieron esperar y en caso de no tener la misma, optarían por tomar otras medidas en su protesta.
A las 7 de la noche, representantes de la SEP se acercaron con integrantes del frente para mencionar que en la mañana de este jueves les harían llegar la documentación que habían requerido, pero hasta no contar con el escrito no dejarían el plantón, que instalaron el lunes cerca de la calle Moneda, frente a la Catedral Metropolitana.
El profesor Vicente Zavala Caballero señaló que los integrantes del FEDEEG se mantienen en espera de la formalidad por escrito, para tener una reunión tripartita y solucionar la regularización de claves magisteriales. Agregó que en el momento que la SEP formalice la reunión, ellos considerarían levantar el plantón.
“Nosotros no nos levantamos hasta que ellos cumplan con lo establecido y si en el transcurso de hoy no la traen, nosotros nos activamos a partir de mañana”, mencionó el docente.
Zavala Caballero explicó que en anteriores ocasiones se ha dado que solamente de palabra se les confirma una reunión para solucionar su problema, pero que cuando llegan a la cita, ésta no se da.
“Ya nos lo han hecho en las anteriores reuniones que hemos pedido, nada más de boca y cuando llegamos a la cita resulta que no hay nada. Que lo hagan por escrito ya es algo formal”, afirmó Zavala.
Declaró que en la comunicación que tuvieron con personal de la SEP no les dieron una fecha concreta para que sucediera la reunión, pero se mantienen esperando del documento formal para conocer los detalles.
Zavala dijo que en caso de que lleguen a tomarse nuevas acciones, ante la falta de la formalidad para la reunión solicitada, convocarían a más compañeros a unirse al plantón. Este miércoles, eran 125 los docentes de la FEDEEG los que se encontraban en el plantón que desde el lunes instalaron en Ciudad de México.
Madres de familia del jardín de niños Wenceslao Victoria Soto, ubicado en el colonia Antorcha Popular, instalan un bloqueo en el viejo libramiento a Tixtla a la salida de Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Madres de familia y docentes bloquearon el viejo libramiento a Tixtla, en las inmediaciones de la colonia Antorcha Popular, para exigir una asistente y dos maestros que hacen falta en el jardín de niños Wenceslao Victoria Soto.
Desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, unas 60 manifestantes cerraron de manera total el paso vehicular en ambos sentidos de la vía. También portaban pancartas con mensajes como: “Los padres de familia del jardín de niños Wenceslao Victoria Soto exigimos solución a nuestras demandas, maestra de música, asistente de servicio y maestro de inglés para tercer grado”.
En declaraciones, una madre de familia, que prefirió reservar su nombre, informó que la asistente de servicio que laboraba en el jardín de niños fue trasladada a otro plantel hace ocho años y a la fecha las autoridades no han enviado el reemplazo correspondiente.
Mientras que desde hace un año no cuentan con docente para la materia de Artes y en lo que va del actual ciclo escolar, la maestra de Inglés va por temporadas al jardín de niños, “nos la mandan tres meses, nos la vuelven a quitar y así estamos”.
Afirmó que “sabemos que (las autoridades) sí tienen personal, nada más que no los ubican o los desvían ellos mismos a otros jardines de niños, pero sabemos que sí hay”.
Criticó que “siempre a complacencia o con el amigo” se designa a los trabajadores en las escuelas, mientras que en el jardín de niños “nos desprotegen el servicio” y esto afecta a los 87 alumnos.
Al lugar llegaron funcionarios de la Contraloría del gobierno estatal, para solicitar información a las manifestantes sobre sus demandas y acordaron que este jueves se entregará el expediente correspondiente a las autoridades; sin embargo, las manifestantes no descartaron la posibilidad de volver a protestar en caso de que la situación no se resuelva. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
Maestros y trabajadores administrativos de la secundaria 70 Amado Nervo, ubicada en la avenida Solidaridad, en Acapulco, pararon labores para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la salida de la directora comisionada, María Gregoria Calzada Dorantes.
También del supervisor de la zona escolar 20, Lázaro Salgado Bustamante, a quien acusan de malos tratos, acoso laboral y que ha acosado a algunos maestros, por exigir un dinero que pertenece a los padres de familia.
Los trabajadores iniciaron el paro laboral afuera del portón de la escuela, donde colocaron dos mantas con sus demandas.
La secretaria de la delegación sindical, María Jeazul Adame Guevara, dijo que viven una situación difícil con ellos, por lo que exigen la destitución de ambos.
Sobre el supervisor, dijo que tiene 14 mil 200 pesos en resguardo del comité de padres de familia, que no quiere regresar. Que la directora sacó de las instalaciones la libreta de asistencias, que no debe hacer, la cual fue rayada por el supervisor, por lo que deja sin efecto los días que han asistido desde el 14 de octubre del año pasado y dijo que daba por cancelados los libros.
Dijo que desconocen como directora comisionada a María Gregoria Calzada Dorantes, quien ya tiene 14 años en el cargo y ha hecho evaluaciones, pero no ha pasado los exámenes, por lo que se está solicitando a la SEG una directora efectiva que ya haya sido evaluada. Además, ejerce acoso laboral tomando fotos a los docentes.
Informó que son 40 trabajadores en la escuela y la petición está firmada por 35 que desconocen a la directora.
La secundaria tiene una matrícula de 306 alumnos del turno matutino y hace algunos años, ante la baja matrícula, perdió el turno vespertino.
Otra de las demandas es el pago de horas, porque hay cuatro maestros que tiene nueve años cubriendo las clases de Arte, Ciencias e Historia, sin recibir un pago.
La jubilación de los trabajadores por años de servicio y la incorporación de sus compañeros al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, entre otras.
El director general del Cobach, Jesús Villanueva; el secretario general del Sutcobach, José Antonio Salvador, e integrantes de la organización, a su salida del Tribunal Laboral Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y el director general de ese subsistema educativo, Jesús Villanueva Vega, firmaron un acuerdo para terminar el emplazamiento a huelga ante el Tribunal Laboral.
Este miércoles, el secretario general del Sutcobach, José Antonio Salvador López, y Jesús Villanueva acudieron al Tribunal Laboral ubicado en la colonia Valle Sur Santa Rosa, junto a la Ciudad Judicial, acompañados de unos 30 afiliados de la organización, para depositar el acuerdo correspondiente.
Frente a reporteros, luego de realizar el trámite, José Antonio Salvador detalló que se logró el incremento salarial de 5.7 por ciento, mientras que el gobierno estatal y la Cámara de Diputados acordaron otorgar al subsistema educativo 46 millones de pesos adicionales para el Ejercicio Fiscal 2025, con los cuales este año se ejercerán unos 545 millones de pesos.
Resaltó que con los recursos adicionales se espera abatir el rezago en el pago de jubilaciones, de manera que se regularice esta situación antes de que concluya su periodo como secretario general del Sutcobach, en 2026.
En cuanto a las violaciones al contrato colectivo del trabajo, explicó que una de las situaciones recurrentes es que los docentes que ingresaban al Colegio de Bachilleres lo hacían con la categoría mínima, a pesar de contar con posgrados como maestría y doctorado.
En ese sentido, abundó que se restablecerá la situación laboral de los trabajadores, a partir del 1 de febrero próximo, “no podemos otra cosa más, que se firmó un buen acuerdo, buenos convenios que satisfacen a las necesidades de la base trabajadora”, expresó.
José Antonio Salvador agradeció la disposición de Jesús Villanueva y del gobierno estatal “porque hubo un apoyo que no esperábamos, siempre nos enfrascamos en una lucha titánica por sacar los mejores acuerdos, pero hoy prácticamente tuvimos todo el respaldo y el apoyo del gobierno estatal, por una indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”.
Llamó a los agremiados a mantener la unidad y resaltó que los acuerdos beneficiarán a todos los trabajadores administrativos y docentes del Colegio de Bachilleres, aunque no estén afiliados al Sutcobach.
Por su parte, Jesús Villanueva declaró que se ratificaron todos los acuerdos que se firmaron el martes pasado, con los cuales “queda sin efecto todo el procedimiento de amenaza a huelga que iba a estallar el 1 de febrero”.
Destacó el apoyo del gobierno estatal ya que se acordó que las prestaciones que los trabajadores recibieron 2024 se mantendrán este año, lo que permitió resolver parte de las demandas del Sutcobach.
Además, “hicimos una revisión minuciosa de todas las presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo” que presentó el Sutcobach, con lo cual “salimos avante”.
Dijo que el compromiso de la dirección general es trabajar de manera conjunta y sumar esfuerzos “para el bien de la comunidad escolar. No debemos de perder de vista que los más importantes son nuestros jóvenes”.
El 29 de noviembre, el Sutcobach emplazó a huelga a la dirección general del subsistema por violaciones a los derechos laborales y exigir un incremento salarial del 10 por ciento.
