Yee Trujillo
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la “radiografía” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre los 29 municipios más pobres de Guerrero muestra el tamaño del problema que se enfrenta, principalmente en la población indígena Montaña y en la Costa Chica, donde hay un rezago histórico, pero también un descuido para revertirlo con presupuesto, atención integral y multisectorial en apoyo al campo, la economía, salud, educación, vivienda y caminos, porque las instituciones están “desmanteladas” y en “descoordinación”.
Consultado vía telefónica, dijo que creía que con el presidente Andrés Manuel López Obrador habría un programa especial para la Montaña porque conoce bien la región, pero todo se focalizó en programas universales que son insuficientes para salir de la pobreza, el analfabetismo, la deserción escolar, el monolingüismo, la migración de niños para trabajar en campos agrícolas sin estudiar, y que hay regiones como ésta que requieren una intervención de mayor envergadura en términos de inversión y proyectos estratégicos.
Criticó que los ayuntamientos se concentran en hacer negocios con la obra pública, que además se comparte de forma grave con la delincuencia, en tanto que el gobierno del estado está muy ausente, no se nota su aporte específico ni presupuestal para atender las necesidades porque “todo lo está esperando que lo realice la federación” como el Hospital de Especialidades de Tlapa, que Conavi y Bienestar hagan un censo para vivienda, que además no hay maestros o llegan por la presión de los padres de familia que hacen plantones o protestas.
Sostuvo que las estadísticas del Coneval deben de ayudar a replantear los presupuestos proporcionales a las necesidades, y reclamó que a los montos que ya vienen cada año se les va quitando en lugar de aumentar.
El defensor de derechos señaló que en la Montaña los ingresos son raquíticos porque no hay empleos ni actividades económicas, la gente vive del trabajo agrícola subsidiado por el mismo campesino y su familia para autoconsumo, que además hay un déficit alimentario, tienen que comprar insumos y afrontar pérdidas, y recordó que la Sagadegro sigue sin apoyar a centenares de familias que perdieron sus cosechas por el huracán John.
Consideró que los programas que hay, como el de Bienestar para producción, son insuficientes para la parte medular de la vida de campesinos pobres que sostienen a 7 u 8 familiares, que diario consumen unos 3 kilos de maíz y son desempleados, si llegan a contratarse de peones o en la pisca de mazorca ganan unos 200 pesos por 8 horas, comida y una Coca-Cola.
Que solamente en Tlapa y Chilapa hay personas que se dedican al comercio, pero tampoco son grandes actividades económicas sino para tener un ingreso que permita rentar un local, comprar juguetes o útiles escolares, comer y vestir.
Además, subrayó que el precio de la canasta básica se ha triplicado en los últimos cinco años y el salario mínimo no se aplica en las regiones indígenas, donde el que contrata también tiene problemas para tener sus propios ingresos, y en su mayoría son maestros.
“Estructuralmente, en la Montaña, mientras no se le invierta para diversificar actividades económicas, pues siempre el campo está castigado y los campesinos son la base de la pirámide de la explotación de la pobreza, las comunidades indígenas están completamente desplazadas por la falta de ingresos al grado que se tienen que ir de jornaleros agrícolas”, añadió. Contó que estas familias reciben un pago de 5 pesos por cubeta y los más hábiles tienen que sobreexplotarse para rebasar los 450 pesos.
Consideró que para combatir la pobreza el gobierno tiene que reactivar la producción ante la crisis alimentaria, apostarle a los pequeños productores con mayores subsidios porque el de Producción para el Bienestar, que antes era el Procampo, no rebasa los 2 mil 500 pesos al mes, y que en Sembrado Vida de cien familias de una comunidad sólo se benefician 20 y cuestionó qué resultados tiene, que la gente está contenta porque recibe 5 mil pesos mensuales “y según está reforestando”.
No acuden a la escuela 3 mil 313 menores porque se fueron de jornaleros
Ejemplificó que en la población jornalera muchas familias no tienen programas sociales porque no hay forma de registrarlas porque se van 6 meses a trabajar, no son beneficiarios ni los papás ni los niños.
Expuso que el Consejo de Jornaleros Agrícolas tiene un registro, de enero a noviembre, de 3 mil 313 menores de 3 a 15 años de edad que se fueron a trabajar, que no asisten a primaria o secundaria, y esto sólo es con base en el 60 por ciento, entre quienes logran pasar a la Casa del Jornalero para comer, obtener medicinas o estancia.
Detalló que estos menores son fundamentalmente de Cochoapa, Metatónoc, Tlapa, Copanatoyac y Alcozauca, donde hay más expulsión de familias porque no hay forma de vivir sin apoyo multisectorial y que los DIF están desmantelados porque sólo operan para justificar la nómina.
Dijo que por lo menos en Cochoapa faltan unos 15 maestros en escuelas de comunidades, que no se puede seguir con la inercia de mandar un maestro, luego mandar otro, pero al mes ya no va, y que al entrar al terreno es cuando se ve que están ausentes las instituciones.
También expuso que hay muchos niños que trabajan como vendedores ambulantes en Tlapa, lo que es un síntoma de que “realmente no se está respondiendo a las grandes necesidades y carencias que enfrentan las familias indígenas” y la comida no alcanza.
Funcionarios tratan de maquillar cifras sin constatar las graves carencias
Se le preguntó sobre la postura de la SEG ante los datos del Coneval, de que no hay menor asistencia a las escuelas, que todos los estudiantes de bachillerato están becados, que aunque hay un rezago histórico se combate, que se han enviado más de 2 mil maestros a zonas indígenas y no faltan escuelas ni servicio educativo, y Barrera Hernández respondió que es como decía López Obrador: que los servicios de salud eran como en Dinamarca.
“Esos son los grandes problemas de los funcionarios que tratan de maquillar cifras sin constatar los faltantes, las graves carencias que hay; la infraestructura escolar es obsoleta”, expresó y recordó que desde hace 5 años en Tlapa se está pidiendo concluir la secundaria Juan N. Álvarez, la principal de la región.
También dijo que la mayoría de escuelas son multigrado en las comunidades indígenas o unitarias “y aparece que ya está cubierto todo”, cuando en realidad hay una ausencia y también ausentismo de docentes porque muchas familias no están o no tienen dinero para comprar útiles.
Afirmó que es un círculo vicioso de un problema grave que hace que se vea que en la Montaña todo funciona porque la extrema pobreza y vivir en las carencias se ha normalizado mientras los ingresos disminuyen y los precios aumentan.
Remesas de jóvenes indígenas sostienen la economía de la Montaña
De la respuesta de la Semai de que hay pocas remesas en estos municipios porque los migrantes de esos municipios son pobres, jornaleros que tienen un menor salario porque el campo no es bien pagado en Estados Unidos y Canadá, Barrera Hernández acentuó que más bien las remesas de los jóvenes que se fueron a Nueva York son las que sostienen la economía en la Montaña.
Dijo que quienes no salen a los campos agrícolas es porque tienen un hijo que manda cada mes por lo menos 5 mil o 6 mil pesos, son jóvenes indígenas que no terminaron la secundaria o bachillerato, lograron cruzar la frontera y ahora subsidian la construcción de vivienda, educación, atención médica particular a padres y abuelos, porque en las clínicas no hay personal y en el hospital sólo dan la receta y se tiene que comprar la medicina y no hay estudios clínicos.
Recortes en lugar de aumentos presupuestales para atender carencias
“¿Cómo no va a aparecer en el Coneval que estamos en el sótano de la pobreza? Pues porque las mismas autoridades saben que han recortado, que han quitado, y que todo lo esperan de la federación, y eso es un problema porque la federación se concentra en las ciudades, en Acapulco, en los centros turísticos, y sí, Acapulco también requiere una inversión grande, eso es bueno, si embargo, descobijan a los pueblos indígenas, campesinos, los que de por sí están rezagados”, sostuvo.
“Hay una Secretaría de Asuntos Indígenas desmantelada, no tiene recursos para apoyar, cuando es la que debería de tener más fondos”, señaló en el tema de presupuestos, y que lo que se hace es “recortar lo poquito que hay”.
Indicó que apenas supo que al Centro de Justicia de Tlapa no se le dará dinero para gastos de operación de todo el año, que las trabajadoras son las que han ido pagando por la alimentación de las víctimas, de traslados, y no se les pagarán “porque según no hay recursos”, y a pesar de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha dicho que se privilegie la protección de los derechos de las mujeres “a nivel presupuestal no hay correspondencia”.
Añadió que en Ayutla está el Centro Comunitario que preside Inés Fernández, que atiende a mujeres, y se le autorizaron 914 mil pesos para gastos de operación “y resulta que no le van a dar ningún peso”.
