Daniel Velázquez
Las académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Libertad Argüello Cabrera, y de la George Mason University, Guadalupe Correa Cabrera, dijeron que el desplazamiento de personas en Guerrero debe analizarse en términos geopolíticos, porque ocurre en “zonas mineras” en un contexto de disputa por el control de territorios por las potencias.
Este lunes se llevó a cabo una jornada de análisis en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el tema Narcotráfico y extractivismo en América Latina: el caso de Guerrero.
En el análisis participaron activistas y académicos, quienes expusieron experiencias y contextualizaron el problema.
En su intervención, Argüello Cabrera advirtió que las zonas de propiedad comunal son las mas vulnerables porque no son propiedad privada, y en el caso de Guerrero explicó con un mapa cómo las zonas mineras coinciden con ser propiedad comunal, y donde ocurre el desplazamiento forzado.
El fenómeno, detalló, ocurre desde 2011 en San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Leonardo Bravo (Chichihualco), Atoyac, y se ha extendido a otros municipios en 2017 como Zirándaro, Petatlán y Tecpan.
Cuestionó el alegato del gobierno de “construir paz” en lugares donde se desplaza a las personas por la lógica del capital, porque en el fondo son “intereses trasnacionales” los que tienen las concesiones mineras, ¿con quién se va a construir la paz?”.
“Si las entidades agresores o despojadores son agentes trasnacionales ¿tiene sentido construir la paz sólo a nivel local o tenemos que generar estos vínculos transnacionales de resistencia?”.
Agregó que el Estado en la ló-gica del capital, “ha sido re-funcionalizado para sostener y promover intereses privados trans-nacionales, entonces pensar que el Estado está fuera de esto y no participa de esto es un error garrafal”.
Argüello Cabrera alertó que “no es la sierra de Guerrero la única permanentemente sujeta a des-pojo”, pues en otras entidades también hay desplazamiento for-zado de personas como Chihuahua, Michoacán, Puebla y Chiapas.
Explicó que esta crisis se debe a que el Estado ubica estos espacios como “territorios vacíos” que los puede concesionar al mejor postor, pero la realidad es que quienes vive en esos lugares son relegados y estigmatizados, y en el caso de Guerrero hay un antecedente his-tórico por el cultivo de amapola.
La académica consideró que no se debe de romantizar la dinámica de las comunidades, “pensar que hay personas externas que vienen y sacan a las comunidades y las desplazan y las despojan, cuando en realidad dentro de las comunidades hay fracturas, conflictos, complicidades que han sido tejidas a lo largo de la historia a partir de los aprovechamientos ejidales”.
Cuestionó el papel de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, una de sus propuestas fue que los desplazados de Apaxtla por la violencia con drones en 2023 fueran reubicados en Querétaro, para trabajar en las maquilas.
“Es fabuloso, por todo lo que significa, el capital despoja allá arriba y se genera la mano de obra barata para las maquilas y eso lo promueve la ACNUR, ¡qué bonito!”, agregó que otro detalle que no se tomó en cuenta es que las maquilas contratan a personas que tienen bachillerato como grado máximo de estudios, y en Apaxtla los desplazados no concluyeron ni la educación secundaria y algunos ni la primaria “me parece indigno haberlo propuesto”.
Llamó a que el gobierno y las agencias internacionales construyan soluciones con los desplazados y no desde un escritorio.
Donde existen recursos valiosos hay empresas, gobiernos, redes criminales, grupos armados y estructuras de corrupción
La investigadora de la George Mason University, Guadalupe Correa Cabrera explicó que Guerrero está en el juego de las potencias por las riquezas que posee.
La problemática del estado, indicó, está vinculada a disputas internacionales entre potencias por el control de recursos como minerales críticos, “la competencia geopolítica entre grandes potencias y la creciente demanda de minerales críticos ha incrementado enormemente el valor estratégico de numerosos territorios latinoamericanos, oro, cobre, plata, litio y otros recursos se han convertido en activos fundamentales para la economía global el siglo XXI”.
En su reflexión dijo que Guerrero “es uno de los ejemplos mas complejos y reveladores de esta dinámica, se trata de un territorio extremadamente rico en recursos naturales, diversidad cultural e historia, pero también de un espacio marcado por profundas desigualdades, conflictos agrarios, procesos de militarización, economías ilícitas y disputas por el control territorial”.
“Pero donde existen recursos valiosos también hay disputas por su control y en numerosos casos esas disputas no sólo involucran a empresa y gobiernos, sino también a redes criminales, grupos armados y estructuras de corrupción que operan a distintos niveles”.
Para entender el desplazamiento forzado, dijo, es necesario entender que “las formas contemporáneas de violencia no pueden explicarse exclusivamente como consecuencia de la criminalidad. Con frecuencia la violencia forma parte de procesos más amplios de reorganización territorial vinculados a la competencia por recursos estratégicos. La violencia no es únicamente un efecto colateral de los mercados ilícitos, en muchos casos, se convierte en una herramienta para controlar territorios, desplazar poblaciones, disciplinar comunidades y facilitar procesos de acumulación económica”.
“Cuando una comunidad pierde acceso a la tierra, al agua, a la producción agrícola o a mecanismos básicos de protección colectiva, el desplazamiento se convierte en una estrategia supervivencia”.
Para el análisis de estos conflictos sugirió no perder de vista, “quién controla los territorios, quién se beneficia de sus recursos y quién tiene derecho a decidir sobre su futuro”.
También recomendó superar las visiones que reducen el problema a una simple guerra contra las drogas o en acción aislada de organizaciones criminales, “necesitamos comprender las conexiones sobre extractivismo, economía, política, violencia, corrupción, criminalidad y gobernanza territorial y necesitamos colocar en el centro de nuestros reflexiones a las comunidades que resisten”.
Recordó que en países como Colombia, Perú y Venezuela existen grupos delictivos que controlan territorios donde se explotan minerales, y en México los casos que se conocen son en Michoacán, donde los grupos criminales se disputan el control de la producción y comercialización del aguacate y limón; en Guanajuato Puebla y Veracruz el robo de combustible “y en Guerrero encontramos conflictos donde se entrecruzan actividades mineras, producción de amapola, control territorial, desplazamiento forzado contra comunidades indígenas y rurales”.
Los grupos del narcotráfico, alertó “buscan controlar cualquier actividad económica capaz de generar rentas extraordinarias, lo que está en disputa ya no son los corredores para mover narcóticos, lo que está en disputa son territorios completos, recursos estratégicos, cadenas productivas, rutas de movilidad”.
La también autora del libro Narcotráfico Inc, consideró relevante analizar el narcotráfico y extractivismo desde una perspectiva académica.
Por narcotráfico se piensa en drogas, grupos criminales y políticas de seguridad y extractivismo, se asocia a minería, explotación de recursos naturales, megaproyectos y conflictos ambientales y por años estos dos conceptos fueron estudiados por separado.
“Estas categorías ya no pueden analizarse de manera independiente, en muchas regiones de América Latina observamos una creciente convergencia entre economías legales e ilegales que operan sobre los mismos territorios, disputan los mismos recursos y dependen de mecanismos similares de control político, coerción social y apropiación de la riqueza”.
Esos grupos, añadió, establecen relaciones con los actores políticos, económicos y sociales, son “empresas criminales diversificadas”.
Dijo que da “miedo” escuchar que el secretario de Estado, Marco Rubio, justifique una intervención militar de Estados Unidos en México por el hecho de que grupos de la delincuencia organizada usan drones.
El desplazamiento forzado en el año ya supera cifras del 2025
La coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, financiado por la ACNUR Janette Carrillo Díaz presentó cifras del desplazamiento forzado ocurrido en Guerrero durante 2025 e indicó que los casos ocurridos en el primer semestre de 2026 ya superan los datos del año pasado.
Aclaró que los datos son tomados de publicaciones en medios de comunicación, redes sociales y declaraciones de autoridades porque no hay un registro oficial de esta problemática.
En 2025, en Guerrero se tiene el registro de 785 personas desplazadas de los municipios de Eduardo Neri (Zumpango) un caso, Coyuca de Catalán dos personas, Petatlán 56, Acapulco cuatro personas, Juan R. Escudero (Tierra Colorada) cinco, Zapotitlan seis, Malinaltepec 41, Alcozahuca 53 y Chilpancingo 617, el que más casos de desplazados tiene.
De los 785 desplazados en 2025, el 67 por ciento fue por el crimen organizado y el 33 por ciento por enfrentamientos o ataques.
Las familias que abandonan sus comunidades el 18 por ciento se queda en el municipio, el 9 por ciento se mueve a otros municipios dentro del estado, pero del 72 por ciento no se tiene identificado cómo se articulan esas familias.
En el caso de Guerrero, indicó se tiene registro desde 2016, con una alza en 2017 y en 2023.
La jornada de análisis fue un trabajo de todo el día, primero en la mañana participaron Álvaro Urrueta del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de Morelos, Jorge Juárez del Fondo de la Lucha por la Democracia en Morelos, Sarahí Rueda Alfaro, del Observatorio / Colegio de Michoa-cán, Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero, Obtilia Eugenio Manuel de la Organi-zación del Pueblo Indígena Me’phaa, (OPIM); y por la tarde participaron Paloma Carreño Acuña de la ACNUR que trabaja el caso de los desplazados en México y Arturo García, asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero.
