Jose Miguel Sánchez

Chilpancingo

En su iniciativa para armonizar el llamado plan B electoral con la Constitución local, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda establece que el presupuesto del Congreso del Estado no debe rebasar el 0.7 por ciento del presupuesto estatal, así como estipula la prohibición del nepotismo en candidaturas para las elecciones locales, pero aclara que debe aplicarse hasta 2030 y limita los salarios a los consejeros y magistrados electorales.
El viernes pasado la gober-nadora envió su iniciativa de reforma constitucional en materia de disciplina presupuestal, no reelec-ción legislativa, nepotismo electoral, paridad sustantiva e integración de los ayuntamientos, para armonizar el llamado Plan B, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la Constitución local.
De acuerdo con el documento que fue turnado a las comisiones para su análisis, se buscan “límites claros al presupuesto del Congreso del Estado, con el propósito de garantizar un ejercicio responsable, racional, transparente y eficiente de los re-cursos públicos; preservando en todo momento la autonomía constitucional del Poder Legislativo para el adecuado cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales”.
La iniciativa busca reformar los artículos 44, 45, 46 y 50, el numeral 3 del 125, el artículo 133, el numeral 2 del 171, el primer párrafo del 172; los artículos 173, 103, 4 y 176 de la Constitución de Guerrero.
En especial, la reforma al artículo 44 establece que el Congreso local aprobará anualmente su presupuesto, “el cual no podrá exceder del cero punto setenta por ciento del Presupuesto de Egresos del estado”.
Y sólo podrá incrementarse conforme al índice inflacionario anual y deberá sujetarse a los principios de racionalidad, austeridad republicana, disciplina financiera, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, según se lee en la ley.
Mientras que el artículo 45 establece que “en ningún caso podrá ser electa diputada o diputado la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho, o parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad de una diputación en el Congreso del Estado”.
En la exposición de motivos la gobernadora propone que esta reforma se aplique a partir del proceso electoral local de 2030, “atendiendo al propio régimen transitorio establecido a nivel federal y con el propósito de garantizar una implementación ordenada, gradual y plenamente compatible con los principios de certeza y seguridad jurídica en materia electoral”.
Sobre la conformación de los ayuntamientos, la iniciativa plantea paridad de género en los cabildos, así prohibir la reelección inmediata de sus integrantes.
En la reforma al numeral 2 del artículo 171, la gobernadora propone que los ayuntamientos se instalen el 1 de enero del año siguiente al de la elección y que en “su integración y conformación deberán observar los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva”.
Establece también la máxima de 15 regidores por Cabildo y que en ningún caso podrá participar en la elección para alcaldías, sindicaturas y regidurías algún familiar de quien ya ostente el cargo, así como también prohíbe su reelección.
Además, que en congruencia con este mandato constitucional federal, la iniciativa propone adecuar el ré-gimen constitucional local aplicable al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral del Estado, estableciendo límites y prohi-biciones que garanticen un ejercicio austero, racional y transparente de los recursos públicos destinados a las funciones electorales administrativas y jurisdiccionales.
Las reformas de los artículos 125 y 133 establecen que los consejeros del IEPC “no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución… y no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley”, es decir que no podrán ganar más que el presidente de la República y el mismo caso aplicará para los magistrados del Tribunal Electoral del Estado.

 

Los cuerpos de cinco hombres fueron dejados, tres en el municipio de Marquelia y dos en Chilpancingo.
En el primer hecho se reportó a las 6:30 que en la comunidad La Guadalupe, en el municipio de Marquelia, en la Costa Chica, el hallazgo de un vehículo blanco de la marca Mazda en llamas.
Al arribar al lugar paramédicos de Protección Civil encontraron fuera del automóvil un cuerpo, y en el interior de la unidad otros dos cadáveres quemados.
Autoridades ministeriales localizaron en la escena del crimen casquillos percutidos de arma larga y arma corta.
Un reporte preliminar indica que las víctimas habrían sido emboscadas cuando circulaban en la carretera Marquelia-Barra de Tecoanapa, a la altura de la localidad de La Guadalupe.
Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Morales, así como los hermanos Irving y Uriel Vicente Rodríguez.

En Chilpancingo

En Chilpancingo a las 7:30 de la mañana se reportó que tres cadáveres yacían en la carretera Chilpancingo-Tixtla, en la región Centro.
El crimen ocurrió en el kilómetro 7 de la vía federal.
Las autoridades encontraron los cuerpos de dos hombres de alrededor de 35 años.
Las víctimas estaban boca arriba, semidesnudas y con huellas de tortura, según las fuentes. (Luis Daniel Nava / Chilpancingo).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Una familia de Ayutla que tenía a un desaparecido desde el 2019, reclamó ayer en Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, sus restos identificados y depositados en esas instalaciones desde el 2021.
Los familiares fueron acompañados por la presidenta de la colectiva Memoria Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, quien denunció que cuando fue hallado el cuerpo de Luis Alberto Vargas Narciso, tenía su credencial de elector y aun así la FGE no buscó a los familiares para entregarles sus restos. La víctima vivía en la colonia La Villa de Ayutla.
Gil Guzmán indicó que apenas el 16 de mayo, después de una protesta que realizaron en la capital integrantes de este colectivo, la FGE les pidió a su que buscaran a los familiares para entregarles los restos, lo que criticó que “ya ni para eso hacen su trabajo y tenemos que hacerlo nosotros que no tenemos un sueldo”.
Explicó que fue una de sus compañeras del colectivo la que fue a buscar a buscar a los familiares, “porque la verdad ellos (la FGE) tenían dirección y todo para ir a buscarlos, pero no lo hicieron”, recriminó la activista.
Lamentó que si el personal de la FGE hubiera hecho esto desde que localizaron e identificaron el cuerpo lo hubieran entregado desde el 2021 y no hubieran prolongado la angustia de la familia, pero hubo negligencia de la Fiscalía, como ocurre en muchos de los casos.
Ayer, quien acudió a reclamar los restos fue la hermana de Luis Alberto, pero no quiso platicar con los medios de comunicación debido a que se puso mal, y quien habló con los reporteros fue la madre buscadora Gil Guzmán.
Contó que la madre de la víctima murió “esperando que algún día regresara su hijo, porque simplemente salió de su casa y no lo buscaron, porque abrigaron la esperanza de que algún día regresara”.
Agregó que con este caso se debe hacer hincapié en que la Fiscalía no trabaja; “si la Fiscalía trabajara conforme van encontrando los cadáveres, algunos incluso con su credencial de elector u otro tipo de identificaciones, se debería de dar a la tarea de buscar a sus familiares, y nos evitaría tantísimo trabajo, dolor e incertidumbre que vivimos las familias”.
Sin embargo, agregó, ni siquiera hacen las pruebas de ADN conforme encuentran los restos.
La activista, quien desde el 2018 busca a su hijo, Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido en Acapulco, informó que en su caso encontró restos posiblemente de su hijo en el Semefo de esa ciudad y apenas le dijeron en la Fiscalía General de la República (FGR) que no tienen las confrontas, porque no les hicieron las pruebas de ADN en la Fiscalía estatal.
Insistió en que esto es negligencia porque se supone que cuando se encuentran restos se les debe de hacer de inmediato las pruebas para que queden en el archivo que debe estar en donde se guardan todos los restos.
Informó que en el caso de su hijo apenas van a hacer las pruebas a los restos, en donde está uno de ellos que cree es el de Jonathan Guadalupe.
“Yo creo que si la FGE hiciera las pruebas y la confronta con las familias que estamos buscando, nos harían más fácil el trabajo y nos evitarían tanto dolor e incertidumbre con la que vivimos, porque de verdad, es muy feo vivir buscando y no saber en dónde están nuestros hijos, y pensar que están tantísimos restos en el Semefo sin identificar, o como este (Luis Alberto Vargas Narciso) que teniendo su dirección y cómo localizar a sus familias, la Fiscalía no lo hizo, tenemos que estar nosotros, como colectivos, buscando a los familiares para que los restos sean entregados a sus familiares”.
Recriminó que esto no tendría que ser así, “porque nosotros no estamos ganando, no tenemos un sueldo, nosotros nos dedicamos a buscar a nuestros hijos pero lo hacemos por el amor a ellos, no tendrían que darnos este trabajo a las familias, a nosotros no nos pagan y las personas que trabajan en la Fiscalía tienen un sueldo para que hagan su trabajo”.
Informó que a su compañera que fue a buscar a los familiares de Luis Alberto nadie le pagó sus gastos para ir a Ayutla, por eso, insistió, “yo creo que la Fiscalía si encuentra a un cuerpo y trae sus identificación debería buscarlo y hacer de inmediato la confronta, pero una vez más la Fiscalía nos demuestra que ha sido incompetente ante esta situación”.
Gil Guzmán informó que el 10 de junio madres buscadoras de Guerrero se van a sumar a la protesta nacional que van a realizar en la Ciudad de México, durante la inauguración del mundial del futbol para denunciar el problema de los desaparecidos en México.
Indicó que a las nueve de la noche realizarán una marcha de la central de autobuses de Taxqueña al estadio Banorte, en tanto que el 11 de junio también participarán en las movilizaciones y pidió la solidaridad de la población, “para nosotros son fechas muy importantes para visibilizar las desapariciones en México”.
Aclaró que no están en contra de que se realice el mundial de futbol, pero si en contra de que el Gobierno siga minimizando, revictimizando y ocultando las desapariciones y negando que haya tantos desaparecidos”.
Agregó que también están en contra de que se desvíen los recursos económicos para el mundial, pues denunció que les cancelaron las búsquedas que correspondían al mes de mayo y junio y se reanudarán a mediados de julio.
“Nos cancelaron muchas búsquedas, yo tenía algunas en la Ciudad de México y en el Estado de México porque me dieron datos de que a mi hijo lo vieron por allá, pero me las cancelaron”, reprochó.

Karina Contreras

El secretario de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado, informo que las escuelas de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, en la región Costa Grande, suspendieron clases tras los hechos de violencia del jueves pasado.
En declaraciones en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 90, ubicado en Renacimiento, donde tuvo una reunión con delegados sindicales para informar sobre los avances de la minuta de trabajo, al dirigente se le preguntó sobre la situación de las escuelas por la inseguridad y dijo que había algunos casos de alerta, como en Coyuca de Benítez y Chilapa.
En el caso de Tepetixtla, Palacios Salgado precisó que son alrededor de 60 maestros los que tomaron la decisión de resguardarse. Detalló que son los profesores de la primaria Ricardo Flores Magón, de los jardines de niños Francisco Marqués y Diego Rivera, así como la Secundaria Técnica 90.
El dirigente sindical reiteró que los maestros ya saben que si hay un caso de inseguridad, tienen que resguardarse y “no presentarse a laborar”, que ese es un acuerdo con el secretario de Educación, Ricardo Castillo Peña, que se tomó hace un año.
Informó que de Chilapa no podría dar la información, porque era una zona más amplia en lo geográfico.
“Nosotros estamos haciendo lo que nos compete, que es darles resguardo administrativo y laboral a mis compañeras y compañeros. Ya todo lo demás obedece a otro orden de otras instancias, que tienen que hacer lo propio. Yo, en calidad de secretario general, le doy la protección a los compañeros como siempre lo hemos hecho”, indicó el dirigente sindical.
Como informó El Sur, el pasado jueves fue reportada la incursión de civiles armados en las localidades serranas Compuertas, Yerbasanta y Tepetilxta. En esta última, fuentes de la zona reportaron el asesinato de un hombre, su esposa y su hija recién nacida. Este domingo se difundieron videos de hombres armados en la plaza de esta comundidad.
El dirigente Silvano Palacios dijo que las reuniones en Acapulco, con secretarios generales y representantes de centros de trabajo, fue para informar sobre el seguimiento a la minuta firmada con las autoridades el pasado 25 de marzo y que ellos le informen a los trabadadores lo que están haciendo. Dijo que hubo una buena respuesta en la gestión salarial, pero tienen un tema importante pendiente, como son los pagos de los seguros por fallecimiento.
El secretario del SNTE, Silvano Palacios, informó que la empresa Seguros Argos no ha pagado a cerca de 400 maestros, activos y jubilados, que han fallecido desde hace algunos años y no se ha pagado a sus familiares. Informó que cuando falleces activos, se paga el equivale a 50 meses y si es jubilado, a 20 meses.
Indicó que no entiende porque la aseguradora se ha dejado acumular todo ese rezago, pero “de no haber respuesta de pago, vamos a tener que reactivar nuestro movimiento”. Dijo que la aseguradora se ha dejado acumular toda esta cantidad de pendientes y justifica que el gobierno estatal no ha puesto la parte que le corresponde, donde la aseguradora cubre 40 meses y el estado 10 meses.
Agregó que en el caso de los jubilados es más grave, porque hay cerca de 300 casos donde tienen una protección de 20 meses, 18 cubre la aseguradora y dos meses el gobierno. Se le preguntó que porqué el gobierno estatal no cambia la aseguradora, porque ya tienen varios años con esta situación y respondió: “El contrato del seguro lo hace el gobierno estatal directo. Tengo entendido que en marzo de cada año se renueva, yo no entiendo porqué, si el gobierno estatal sabe de estos pendientes, le vuelve a renovar el contrato cuando la verdad Argos es un fraude”.
Ademas, dijo que se han dado cuenta que hay personas ajenas al sindicato, que cobran una cantidad a la familia del fallecido, es decir, “le cobran un porcentaje para hacer el trámite y eso es lamentable, porque la aseguradora lo permite”.
Sobre cuál es el diagnóstico que tienen, como sector educativo, a dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, consideró que es bueno y dio un informe “muy objetivo y operativo”.
Aseguró el dirigente sindical que siguen negociaciando la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la ley de educación, que no es sencillo, pero se sigue insistiendo para hacer ajustes y cambios a la ley actual.

 

El director de Protección Civil, Rafael Vázquez Mena informó que al cierre del periodo de incendios forestales en Iguala hubo una disminución del 89 por ciento de hectáreas afectadas en comparación con el año anterior, bajando de 2 mil 558 a 334 afectadas por el fuego.
La mañana de este lunes durante la conferencia virtual semanal del alcalde Erik Catalán Rendón (Morena-PVEM-PT), el director de Protección Civil dio un informe al el cierre de la temporada de incendios forestales.
Vázquez Mena informó que en cantidad de incendios hubo una reducción del 17 por ciento en comparación al año anterior, bajando de 209 a 173, lo que en superficie afectada por el fuego significa una reducción de 2 mil 558 hectáreas afectadas en 2025 a solo 334 en este año.
Destacó que esta reducción de incendios y de afectaciones se debe a la prevención, ya que desde noviembre se inició con brechas cortafuego y “líneas negras” corta fuego en zonas de riesgo. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

La noche del domingo se incendió una casa habitación en la Colonia Francisco Villa de Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal, donde murió un hombre 45 años de edad, identificado por sus familiares como Jonathan Carvajal Carmona, y un menor de edad resultó herido.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el reporte del siniestro se notificó a las 6:55 de la tarde, y se enviaron tres vehículos y un camión motobomba al mando de Santa Cruz Zavala, a realizar los trabajos de sofocación, enfriamiento y apoyo con la remoción de escombros.
La dependencia aclaró que se desconoce con exactitud el origen del incendio, ya que los familiares manifestaron que había explotado un tanque de gas LP, pero los bomberos observaron en el lugar que hubo una detonación de cohetones en el interior de la vivienda, y se descartó la explosión del tanque como se había mencionado.
De la probable explosión de pirotecnia, sólo dijeron que la tenían guardada.
La explosión dejó como resultado una persona fallecida de nombre Jonathan Carvajal Carmona de 45 años, y varios daños materiales.
El servicio de los bomberos concluyó a las 9 de la noche. Informaron que este lunes hubo otra inspección a la casa para poder determinar el daño que causó en la estructura.
De acuerdo con las primeras versiones, la explosión ocurrió a las 5:30 de la tarde, y también hubo un menor de edad herido. (Redacción / Chilpancingo).

Yee Trujillo

En el primer trimestre del año 3 mil 415 guerrerenses fueron deportados desde Estados Unidos, 951 más que en el mismo periodo de 2025. El 88.66 de ellos son hombres, 106 menores, y la entidad se mantiene como el tercer lugar nacional con mayor cantidad de repatriaciones de migrantes, indican cifras de la Secretaría de Gobernación.
Las devoluciones de este año representan un incremento en comparación con las del 2025 ya que en enero de ese año fueron mil 228, en febrero disminuyeron a 608 y en marzo a 628, es decir, 2 mil 464 en total, de acuerdo con lo publicado el 19 de diciembre, cuando El Sur informó que desde el comienzo del gobierno del presidente Donald Trump hasta octubre, 9 mil 803 guerrerenses habían sido enviados de regreso a México, cifra por la que ocupaba el tercer sitio.
De acuerdo con el Boletín Estadístico de Devolución de mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos de 2026 de la Unidad de Política Migratoria, Chiapas encabeza las deportaciones con 4 mil 240 personas, seguido de Guanajuato con 3 mil 608. A nivel nacional la cifra asciende a 43 mil 769, 39 mil 878 hombres y 3 mil 890 mujeres, 42 mil 340 de ellos mayores de edad. La menor cantidad de mexicanos deportados según la entidad de origen son de Baja California Sur: 37.
El mes con más deportaciones de guerrerenses fue enero, con mil 213, seguido de febrero con mil 109 y marzo con mil 93. De los 3 mil 415 deportados en esos tres meses, 3 mil 28 son hombres y sólo 387 mujeres.
En las gráficas sobre devolución de niñas, niños o adolescentes se precisa que el total nacional es de mil 429 menores, que en su mayoría no iban acompañados. Tamaulipas, Chiapas y Guanajuato encabezan las cifras con 251, 136 y 107, seguidos de Guerrero.
En esta entidad en total son 106 menores repatriados, 79 de ellos hombres y 27 mujeres. 35 fueron deportados en enero, 40 en febrero y 31 en marzo. 93 tenían en ese momento de 12 a 17 años, de los cuales 77 no iban acompañados y 16 sí, además de 13 niños de hasta 11 años, todos acompañados.
Las estadísticas añaden que 41 mil 503 mexicanos deportados aceptaron apoyos de programas federales en los puntos de recepción (ubicados en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Tabasco), aunque no se detallan por estados.
Añade que se prestaron 40 mil 792 apoyos de alimentos y/o agua, 21 mil 584 en descuentos de boletos de autobús, 29 mil 146 en llamadas telefónicas, 8 mil 961 en transportaciones locales, 7 mil 342 trámites de acta de nacimiento, 19 mil 34 de CURP, 3 mil 381 accesos a servicios financieros, mil 849 a módulos educativos y 3 mil 1 para la recuperación de pertenencias.

 

El servicio Meteorológico Nacional (SMN)y la Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana (SSPC) informaron que este lunes comenzó un temporal de lluvias en el suroeste y oriente de México, debido a una interacción ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, la aproximación de la inca tropical 4, e inestabilidad atmosférica.
Para el viernes prevén la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. Ayer subió de 30 a 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.
En una circular a los titulares de Protección Civil de todos los estados, la SSPC del gobierno federal indicó que habrá lluvias fuertes, muy fuertes e intensas del temporal y que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de originar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, y rachas de vientos que podrían provocan caídas de árboles y de anuncios publicitarios.
El pronóstico general del SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de este martes para Guerrero, es de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm, en el Norte y Este de la entidad.
En la mañana se espera un ambiente templado a cálido en la mayor parte del estado, prevaleciendo la onda de calor en el noroeste, sur y sureste del estado, y temperaturas máximas de 40 a 45 grados en el noroeste.
Además indicó rachas de viento de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por horas, así como Mar de Fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en sus costas, disminuyendo durante la tarde.
Antes, en la mañana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero informó que con autoridades federales monitorean la evolución de esta canal de baja presión ubicada al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que en ese momento no representaba riesgo directo para Guerrero; “sin embargo, se mantiene en observación debido a las condiciones favorables para la formación de ciclones tropicales en el Pacífico”.
Agregó entre otras medidas implementadas, la comunicación permanente con autoridades federales, la vigilancia preventiva en las ocho regiones del estado, el monitoreo en zonas de riesgo y la revisión de refugios temporales y rutas de evacuación. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).