El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación (IEPC) aprobó el aviso oficial para que los partidos políticos soliciten de manera formal su acreditación para participar en el proceso electoral 2027.
La presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que la aprobación es parte del procedimiento que marca la Ley 483 de Procedimientos Electorales, como un paso de los preparativos de la elección de 2027, que iniciará de manera formal el 7 de septiembre.
Los partidos deberán informar al IEPC que es su deseo participar en la contienda y deberán registrarse en forma ante el órgano electoral.
En la votación, el consejero electoral Amadeo Guerrero Onofre puntualizó que también se tendrá que notificar al INE, para que corran el aviso a las organizaciones que están por convertirse en partidos políticos.

Aprueban la convocatoria para elegir consejeros indígenas y afros

En la sesión correspondiente a mayo, el Consejo General aprobó la convocatoria para iniciar el procedimiento de designación de las representaciones indígenas y afromexi-canas, ante ese consejo y los consejos distrita-les 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.
La presidenta de la Comisión de Sistemas Normativos Pluriculturales, Dora Luz Morales Leyva, la convocatoria “es un instrumento con el que se formaliza el inicio del procedimiento, con el que se invita a la ciudadanía, de 53 municipios, a participar en las diversas etapas que conforman este procedimiento”.
“El instrumento reconoce de manera ex-presa que las propias comunidades, en ejercicio de su libre determinación y conforme a sus formas internas de organización, determinarán los mecanismos deliberativos y de toma de decisiones, para la designación de sus propuestas comunitarias”, explicó.
La convocatoria incorpora reglas para ga-rantizar la participación efectiva de las indí-genas y afromexicanas, “mediante la obser-vancia del principio de paridad de género en la integración de las fórmulas de representación”. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Los diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado reavivaron la discusión interna para relevar a su coordinador, Jesús Urióstegui García, quien en esa condición ocupa la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Esta discusión inició hace un par de semanas, ante la inconformidad de diputados del grupo político del presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, quienes argumentan que al inicio de la Legislatura hubo el acuerdo de que la coordinación se rotaría cada año.
De acuerdo con esto, el año que debió cumplir el presidente de la Jucopo culminó en septiembre de 2025 y desde entonces inició la discusión interna por su relevo, pero ante el desahogo de los trabajos legislativos, como la entrega de la Presea Sentimientos de la Nación, la glosa del cuarto informe de gobierno y la aprobación de la cuenta pública, leyes de ingreso y presupuesto 2026, fueron posponiendo la discusión.
En semanas pasadas, ante el acercamiento de las fechas que estableció Morena para elegir a los coordinadores de los comités de la transformación, que se convertirán en sus candidatos en las elecciones de junio de 2027, el tema surgió de nuevo ante la posible licencia de Urióstegui García, que busca la alcaldía de Chilpancingo.
Fuentes dentro de Morena mencionaron que los diputados buscan acelerar el procedimiento para que Urióstegui García dejé la coordinación, a pesar de que él pretende dejarla cuando solicite licencia. “Porque no es lo mismo que te quiten a que tú renuncies”, dijo la fuente morenista.
Para lograr el cambio de su coordinador, los 25 diputados de Morena necesitan la aprobación de 13, es decir la mitad más uno, pero los dos grupos que se disputan la coordinación tienen 11 votos cada uno y están en disputa dos que no tienen un grupo mayoritario, que son Araceli Ocampo Manzanares y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
Los votos de estos dos diputados serán definitivos para determinar la permanencia de Urióstegui García, quien se también se menciona busca adherir a su fracción al recién nombrado diputado independiente, Julián López Galeana.
Además de negociar su permanencia por un par de semanas más, Urióstegui García opera para que la coordinación quede en un diputado cercano al grupo del senador Félix Salgado Macedonio, del que también forma parte.
Los siete aspirantes que hace un año levantaron la mano para presidir la Jucopo disminuyeron a tres, pues según las fuentes del Congreso, quien asuma la coordinación no podrá dejar el cargo para buscar alguna candidatura el próximo año.
Al día de hoy, las propuestas que se manejan para el relevo de Urióstegui García son Carlos Eduardo Bello Solano y Aristóteles Tito Arroyo, del grupo del presidente de Morena, y Joaquín Badillo Escamilla, cercano al senador Salgado Macedonio.
Aunque ya está en la mesa de temas el cambio en la coordinación, los morenistas buscan que el relevo ocurra sin división, en unidad y sin fracturas que afecten al grupo parlamentario, como ha ocurrido en otras legislaturas.
Ante la discusión, que ya lleva varias semanas y sin lograr consensos, fue que el día martes, al término de la sesión, el subsecretario de Asuntos Políticos y Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, se reunió en privado con los diputados y los llamó a salir en unidad, ya que así lo quiere la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En el encuentro entre el subsecretario y los diputados, que duró una hora, los diputados aprovecharon para recriminar al funcionario estatal la falta de obra pública en sus distritos.

Redacción

El corralón de la empresa Gruas Alonso, ubicado en la comunidad de Petaquillas y concesionado al gobierno municipal de Chilpancingo de Gustavo Alarcón Herrera, fue atacado la madrugada de ayer con cuatro bombas lanzadas desde drones.
El saldo fue de tres automóviles con quemaduras y no se reportaron lesionados, informaron las autoridades.
Según el reporte oficial la detonación de explosivos fue reportada al número de emergencias 911, a las 4:13 horas de ayer.
El corralón de Grúas Alonso se ubica en la carretera Chilpancingo-Mazatlán, adelante en la comunidad de Petaquillas.
La tarjeta informó que a las 4 de la madrugada sobre el lugar estaban volando un dron desde donde fueron arrojados 4 explosivos.
Los artefactos explotaron sobre el corralón y alcanzaron a tres camionetas.
El velador del establecimiento se echó a correr para salvaguardar su integridad física y fue el que solicitó el apoyo de los bomberos del municipio. Resultó ileso.
El lugar se ubica en la comunidad de Petaquillas, zona controlada por la organización criminal Los Ardillos.
Desde el 2021 en el gobierno municipal de la morenista Norma Otilia Hernández arrendó los servicios de grúa y el corralón a la empresa Grúas Alonso.
El actual gobierno del alcalde Gustavo Alarcón Herrera mantiene el convenio con la misma empresa que se ha visibilizado por la gran cantidad de automóviles que van a parar a su corralón, y las elevadas multas que cobran a los automovilistas para recuperarlos en la Dirección de Tránsito.
Las multas por faltas o accidentes viales oscilan de los 5 mil a los 15 mil pesos, informaron usuarios.
Autoridades y corporaciones de seguridad estatales y federales acudieron a la zona para asegurar el área.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó en un comunicado que agentes de la Policía Estatal acudieron de manera inmediata para atender el reporte registrado en las instalaciones de Grúas Alonso.
En el lugar hubo presencia operativa y de seguridad contando con equipo técnico inhibidor de drones.
Indicó que sólo se reportaron daños materiales en tres vehículos, sin personas lesionadas.
Las primeras indagatorias, dijo la institución, apuntan a que los hechos estarían dirigidos específicamente contra la empresa mencionada, descartándose riesgos o agresiones directas contra la población en general.
El 5 de julio de 2021, hombres armados rafaguearon con fusiles de asalto las oficinas de Grúas Alonso en Chilpancingo, en la calle Galeana y el bulevar Vicente Guerrero. El ataque dejó a un hombre muerto.
Grúas Alonso opera también en el municipio de Chilapa de Álvarez.

 

Redacción

El chofer de una urvan fue asesinado a balazos la tarde del martes en la cabecera del municipio de Ometepec, en la región de la Costa Chica.
El crimen ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, en la calle Coco, del fraccionamiento Villas Tamarindo, al poniente de la ciudad, confirmaron fuentes de la región.
La víctima fue identificada como Omar N, de 30 años, conocido como El Pálido, y era chofer de una Urvan del transporte público.
Vestía una sudadera color negro, pantalón de mezclilla y zapatos también negros.
Autoridades acordonaron la escena del asesinato y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
En otro hecho de violencia en la región, una camioneta pick up marca Ford de color blanco fue quemada y dejada en la carretera Dos Cruces-Tlacoachistlahuaca.
Las autoridades no informaron de víctimas ni el móvil del incendio provocado por desconocidos.

Difunden ficha de búsqueda de la desaparición de un joven en Iguala

La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió una ficha de búsqueda por la desaparición de un joven de 19 años, quien fue visto por última vez este domingo en Iguala.
En la ficha de búsqueda del programa ¿Has visto a….?, se informó la desaparición del joven Pablo Santiago López Gregorio, de 19 años, visto por última vez este 24 de mayo en Iguala.
El muchacho es de tez morena clara, de ojos negros, cabello corto negro y mide 1.70 metros de estatura. Como señas particulares se menciona que en la espalda tiene una mancha blanca de unos cinco centímetros, un lunar negro en la nuca y en el codo derecho tiene una bolita de absceso de grasa.
De acuerdo con la ficha con folio HVAGRO/102/2026, la denuncia por la desaparición del joven Pablo Santiago fue presentada este martes ante la Fiscalía estatal.
Suma a las adolescentes de 14 años, Melani Brillit Hidalgo Ramírez, desaparecida en Iguala y Evany Gisell Avilés González, desaparecida en el municipio de Atenango del Río, ambas el pasado 21 de mayo, quienes siguen reportadas desaparecidas. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

Integrantes de la Misión Civil de la Observación concluyeron que, luego de su visita a comunidades en Chilapa tras la ola de violencia, la respuesta del gobierno es de “negación”, su respuesta fue la militarización, y la intención del desplazamiento forzado interno es el exterminio de los pueblos que defienden los recursos naturales.
En conferencia para presentar Criminalización, Exterminio y Graves Violaciones a los Derechos Humanos en las Comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, el grupo expuso sus conclusiones, entre las que se plasmó que la respuesta gubernamental es negar.
“La respuesta del Estado frente a la violencia es de negación y no soluciona las causas reales de la violencia”, advirtió la Misión.
En la conferencia en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en la Ciudad de México, los integrantes de la Misión, José Cuéllar, Sergio Pacheco, Malinali Vega, Karla Orozco y un identificado como compañero del Congreso Nacional Indígena expusieron que la solución estatal ante la crisis de violencia fue la militarización.
“La solución del Estado fue la militarización y la revictimización de las comunidades violentadas, al tiempo que los agresores siguen en total impunidad”, explicó la Misión.

Dicen que los alcaldes que se retiraron de la Mesa están vinculados a Los Ardillos

Cuéllar comentó que luego de la salida de alcaldes de municipios de la Mesa de Construcción de Paz, al analizarlo, considera que quienes se retiraron son de municipios que se encuentran vinculados al grupo criminal Los Ardillos.
Con la salida de los alcaldes de Acatepec, Tixtla, Quechultenango, el cual se consideró como bastión de Los Ardillos, Ahuacuotzingo, Mochitlán, Mártir de Cuilapan, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Zitlala, la Misión considera que el esfuerzo de coordinación de paz se vino abajo.
José Cuéllar afirmó que la alcaldesa de Chilapa, la priista Mercedes Carballo Chino se encuentra vinculada a Los Ardillos, además que con el retiro de los alcaldes de la Mesa, “están a nada de volver” a una crisis de violencia.
Agregó que durante su visita observaron que no hay escuelas por la presencia de integrantes de grupos criminales, además de que a pesar de que en la visita de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez con fotografías donde se apreciaban cajas de medicinas, no se entregaron, por lo que cuestionó si se cuida a las comunidades o a la imagen pública. Además que los apoyos principalmente han ido a las comunidades dominadas por Los Ardillos.
De igual forma, la Misión concluyó que con el bloqueo para su entrada se busca evitar que se conozcan los problemas de Chilapa, además que las autoridades comunitarias se han visto desplazadas y que la intención del desplazamiento es el exterminio.
Karla Orozco señaló que en 2021, la Misión ya había visitado las comunidades de Chilapa para acreditar violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad dentro de la región, en donde dijo, está infiltrado por Los Ardillos.
Agregó que ni se dio el acompañamiento por parte de las instituciones, además que todas las peticiones que hicieron resultaron nulas y que además constataron que no había patrullas ni policía para resguardar.
Orozco cuestionó el diálogo del gobierno federal como fue informado por parte de la misma Secretaría de Gobernación, ante lo que señaló, “¿con quien vamos a dialogar?, ¿vamos a dialogar con los narcos?”.
Sergio Pacheco dijo que una prioridad es el apoyo a las comunidades y garantizar un territorio libre, pues no se hacía nada, al punto que opinó que “fue volver a ese pasado de no pasa nada, del Estado de decir, pues así es la violencia en Guerrero. Es decir, seguirla normalizando”.
Los desplazados no pueden regresar “porque sienten terror”

Pacheco agregó que las comunidades denunciaron que los calificaban como integrantes del grupo criminal Los Tlacos, lo que no era cierto, y que las personas desplazadas, “no pueden regresar porque sienten ese terror”.
Indicó que la presentación en cuestión fue una primer panorama de conclusiones, pero se espera un documento integrado por la Misión en el cual se explique a detalle la observación.
La integrante Malinali Vega comentó que Xicotlán, Chilapa, es una comunidad “conquistada” por Los Ardillos, la cual está amenazada y se corre el riesgo de que con el transcurso del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 sea desplazada la información, con el riesgo de que nuevamente sean atacados.
Como parte de la observación, los integrantes de la Misión constataron que “la capacidad de destrucción que ellos tienen es impresionante”, en palabras de Vega, además que vieron quema de sembradíos y animales asesinados por disparos.
El identificado como integrante del Consejo opinó que observan un ataque sistemático contra las comunidades, porque van directamente contra el territorio y atentan contra lo que los hace ser pueblos organizados. Agregó que constataron cómo el Estado intenta ocultar u omitir la verdad de lo que pasa en la zona, por lo que buscan romper el cerco mediático.

Miente la Segob sobre acompañamiento; editó video que presentó, informan

Integrantes de la Misión Civil de la Observación que acudió a comunidades de Chilapa negaron que ellos fueran quienes rechazaron el apoyo y el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación, en su visita a las comunidades.
El sábado Gobernación publicó un video donde buscaba decir que los integrantes de la Misión solicitaban a personal militar que se trasladaran a otro punto, por lo que fijaron la postura que eran los activistas quienes se negaron al acompañamiento de agentes de seguridad.
El integrante de la Misión, Jesús Cuéllar comentó que el requerimiento de apoyo se hizo conforme al protocolo, con cinco días de anticipación al respecto y fue un día antes cuando se les informó por oficio que no se brindaría el apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Nosotros nunca rechazamos el acompañamiento del Mecanismo, eso sí queremos dejarlo muy claro”, indicó Cuéllar.
Añadió que el video publicado por la dependencia fue recortado de la conversación original y solamente se plasmó el fragmento en el cual se les pide a militares que esperen abajo de la comunidad, lo cual lo hicieron debido a que habría asamblea.
“Nos sorprendió porque sí sabemos que Gobernación hace cosas que no van, pero de ese nivel de mentir y recortar videos no lo habíamos visto, no nos lo habían hecho. Pero ya nos lo hicieron”.
Cuéllar comentó que veían necesario el acompañamiento del Mecanismo, pero no fue brindado a pesar que lo solicitaron, además de que resulta oportuno brindarlo para personas dentro de las comunidades con afectaciones.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Colegio de Notarios del estado de Guerrero alertó el martes pasado que los únicos que pueden ejercer la función notarial en Chilpancingo son los agremiados a esta agrupación, que son los que están registrados.
La advertencia surgió luego de que abogados que litigan casos administrativos advirtieron que hay personas que mediante documentos falsos se están haciendo dueños de inmuebles en la capital, y señalaron a personas del “crimen organizado”.
En un comunicado que se publicó en las redes sociales, el Colegio de Notarios del estado de Guerrero advirtió que: “Los documentos que se otorguen ante la fe de cualquier otra persona que se ostente como notario en esta demarcación puede ser declarado nulo y las personas que ofrezcan el servicio serán acreedores a sanciones, “incluso de carácter penal”, advirtió la representante de los notarios.
En su documento, el Colegio de Notario dice: “No corra riesgos, recuerde que su patrimonio es el resultado de su trabajo y lo pude perder en un instante”.
También aclaró que “no solicitamos ningún pago por telefonía celular y cualquier entrega de recurso económico deberá de realizarse en nuestras oficinas”.
El documento lo firman Agustina Antonio Mesa, presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Guerrero y Emilio Ignacio Ortiz Uribe, secretario de la agrupación.
Por separado, abogados independientes pidieron a los ciudadanos que no se presten a realizar sus trámites sin contar con abogados de su confianza, y los instaron a que acudan ante las instancias correspondientes a realizar sus trámites por la vía legal.
Un abogado explicó que los llamados tanto del Colegio de Notarios, como de los colegios de abogados obedece a que desde el año pasado hay litigantes que están protocolizando documentos falsos, para que personas se hagan propietarias de bienes inmuebles.
“El problema, dijo, es que legalizan las propiedades con documentos falsos y no son protocolizados con documentos que cuenten con la firma real de los notarios que se encuentran en la lista del Colegio”.
El abogado alertó que esta es una situación grave “porque se trata de un desplazamiento que ha llegado a la capital del estado mediante abogaos y falsos notarios”, y llamó a que las autoridades revisen esta situación.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La locutora y activista amuzga, Marcela de Jesús Natalia informó que presentó el martes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, una denuncia penal en contra del Estado mexicano y del grupo delictivo de Los Ardillos.
Mediante su transmisión por su página de Facebook, de Jesús Natalia informó que acudió ante la Corte Penal Internacional para denunciar al grupo crimilan Los Ardillos, al Estado y a la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, por crímenes de lesa humanidad.
En su denuncia que presentó ante la CPI, en La Haya, por crímenes de lesa humanidad “perpetrados contra las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero”, la dirigente afro expuso que la denuncia es directamente contra el grupo delictivo de Los Ardillos.
La dirigente indígena señala a este grupo delictivo como el ejecutor de la ola de violencia que se ha vivido en la región de la Montaña Baja de Guerrero y señala de complicidad a “diversos actores políticos, incluyendo a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda”.
La defensora indígena describió en su documento que entregó la crítica situación humanitaria que atraviesan los pueblos originarios de la entidad, “caracterizada por la muerte, la desaparición forzada y el desplazamiento masivo de comunidades enteras de la Montaña Baja”.
En su documento agregó: “Cuando en tu país denunciar puede costarte la vida, el mundo tiene que escuchar. En Guerrero hay pueblos fantasmas, familias desplazadas, jóvenes obligados a matar o morir, madres buscando a sus desaparecidos y comunidades enteras viviendo bajo amenaza”.
Opinó que el crecimiento de la violencia en Guerrero “no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo de la protección política y la impunidad”.
Aseguró que las autoridades estatales comparten la responsabilidad de cada muerte, desaparición y núcleo familiar fracturado al mantener nexos o permitir el libre actuar de las células delictivas en el territorio.
Dijo: “No vengo sólo a denunciar. Vengo a pedirle al mundo que deje de ser espectador de nuestro dolor. Nos están arrebatando la paz, la memoria y la vida, pero nuestro pueblo sigue resistiendo”, declaró firmemente, reiterando que las comunidades indígenas se niegan a normalizar la violencia y a continuar perdiendo a sus integrantes a manos del crimen organizado.
Para la dirigente indígena el principal objetivo de acudir a la instancia internacional en los Países Bajos, es “romper el cerco de indiferencia y solicitar la intervención de la comunidad global para frenar la crisis de derechos humanos que se vive en el estado de Guerrero”.
Marcela de Jesús Natalia es locutora, activista y comunicadora indígena amuzga.
El 3 de junio de 2017 fue interceptada y baleada por dos hombres armados al salir de su turno matutino en la estación de radio de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), ubicada en pleno centro del municipio de Ometepec.

Daniel Velázquez

La activista María Herrera Magdaleno informó que familiares de personas desaparecidas van a protestar durante la inauguración del Mundial de Futbol para visibilizar el problema que se vive en el país y después, en agosto, harán una brigada nacional de búsqueda en Guerrero, de Acapulco a Tecpan y confía que en esta jornada de búsqueda pueda encontrar los restos de sus hijos.
Herrera Magdaleno estuvo como invitada en la sesión semanal del Grupo ACA donde habló de los retos que enfrentan los colectivos de madres buscadoras ante las instancias de gobierno.
María Herrera tiene desaparecidos a dos hijos y dos familiares cercanos y cinco compañeros de sus hijos, sus dos hijos Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera fueron desaparecidos el 28 de agosto de 2008 en Atoyac, y en 2013 fueron desaparecidos en Poza Rica, Veracruz, un sobrino y el esposo de una nieta, Gutavo y Luis Armando.
En el caso de Guerrero, la familia ha señalado al ex delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado, Erit Montúfar Mendoza, como responsable de la desaparición de Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera.
En su exposición, Herrera Magdaleno se dolió del gobierno de Morena porque no ha habido transformación.
“Este cambio, lejos de servirnos, desmanteló muchísimos servicios que se tenían anteriormente, acabó con ellos… anteriormente, los demás gobiernos trabajaban a un 50, 60 o 70 por ciento pero este gobierno vino a acabar con todo, ojalá que el próximo que llegue sea mas sensible, sea mas humano”.
“El gobierno que tenemos ahora no nada más es pan con lo mismo, este es el peor gobierno que hemos tenido porque si los demás gobiernos hacían como que nos escuchaban, como que medio nos atendían, este gobierno definitivamente no nos escucha”.
Señaló que para la búsqueda de los familiares desaparecidos necesitan acompañamiento de seguridad y peritos, pero de parte del gobierno sólo encuentran obstáculos, “están buscando cómo no encontrarlos”.
Acusó a las policías municipales de estar coludidas con los grupos delincuenciales y ser quienes participan en la desaparición de personas, recordó que cuando policías municipales participan en las labores de búsqueda, las madres buscadoras prefieren retirarse porque temen por su seguridad, aunque sepan que pueden encontrar restos en algún lugar.
“A muchas madres nos arrebataron a nuestros hijos la policía” y esa es la responsabilidad del estado porque los presidentes municipales saben quienes trabajan para la delincuencia.
Dijo que el trabajo de las madres buscadoras se hace para localizar a sus hijos y saben que cuando encuentran los restos de una persona aunque no sea su familiar, devuelven a otras familias un ser querido.
Con su trabajo, abundó busca transformar el dolor en prevención para que no se vuelva a repetir este problema.
Denunció al gobierno federal de lavarse las manos con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico “pero en este gobierno ¿cuántos García Luna tienen?, no sé cuántos pero sí sé que son muchos”

Brigada nacional de búsqueda

Convocó a las familias de Acapulco a prepararse para participar en la brigada nacional de búsqueda que se llevará a cabo en agosto en Guerrero, en la región de Acapulco a Tecpan.
Señaló que la Fiscalía General de la República busca minimizar el problema de las desapariciones y les ha pedido que en la brigada nacional de búsqueda sólo participen 15 personas para poder darles seguridad, pero ella respondió que no, que será una convocatoria amplia en la que esperan que participen más de 100 personas, “ojalá nos brinden todo el apoyo desde sus comunidades”.
“Es en esta parte donde considero que pudieran estar los restos de mis hijos y no nada más los de mis hijos, hay muchísimos restos que tenemos los puntos, que se pueden recuperar, ojalá que puedan acompañarnos”.
Reiteró que su postura con las autoridades es la misma “con la ayuda de ustedes o sin ayuda vamos a seguir excavando la tierra por todo México, hasta donde la vida nos dé, con el acompañamiento y sin él, vamos a seguir adelante”.
De la brigada nacional, dijo que será abierta porque las personas solidarias que se acercan “no son 20, 30 ni 50, son más, entonces nosotros no podemos decirles tú no porque no se pudo, nosotros siempre lo hemos dicho con el apoyo de las fiscalías vamos a ir caminando, pero si se niegan, sin el apoyo se va a seguir. “La brigada se va a hacer con la gente que llegue, con la gente que nos quiera respaldar”.
Indicó que las madres buscadoras han sido asesinadas por la delincuencia.

 

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El presidente de la cooperativa de pescadores de Barra de Coyuquilla, Eduardo Hernández Barragán, presentó un pliego petitorio dirigido “a quien corresponda”, en el que se exige el pago de 10 millones 601 mil 859 pesos con 30 centavos, como indemnización por los daños ambientales y pesqueros provocados por los trabajos en el puente sobre el río Coyuquilla, municipio de La Unión.
Dicho documento, fechado el 26 de mayo de 2026, en Barra de Coyuquilla, cuya copia tiene El Sur, expone que a raíz de las obras en la infraestructura del puente se identificaron severas afectaciones sobre el ecosistema acuático, la flora, la fauna y, en consecuencia, sobre la actividad de la que depende la economía los integrantes de esa organización.
Hernández Barragán detalla que para fundamentar el reclamo se elaboró un estudio técnico especializado, de evaluación de daños ambientales y afectaciones socioeconómicas.
Indica en el documento que este informe fue entregado desde septiembre de 2024 a Eduardo Sánchez Camacho, apoderado legal de la concesionaria Autopistas de Michoacán SA de CV, durante una reunión que tuvieron en las oficinas de la empresa en Capula, Michoacán.
El pliego petitorio de los pescadores consta de cinco puntos principales, entre los que destaca que se reconozcan en forma la existencia y magnitud de los impactos descritos en el estudio, que se establezca de inmediato una mesa de diálogo y negociación justa, entre las partes involucradas, es decir, entre los responsables de las actividades del puente y la mesa directiva de la cooperativa.
Asimismo, el documento advierte que, en tanto no exista un acuerdo formal respecto a la atención y compensación económica exigida para resarcir los impactos negativos en el ecosistema y en el sector pesquero, solicitarán de manera la revisión y valoración de la continuidad de los trabajos relacionados con las obras en el puente metálico.
Lo anterior, precisan, “privilegiando el diálogo, la protección ambiental de la zona y el bienestar de los pobladores que ronden por el lugar”.
Hernández Barragán concluye el escrito reiterando la disposición de los cooperativistas “para alcanzar una solución justa, técnica y conciliatoria, que beneficie a la comunidad pesquera y detenga el deterioro del entorno ambiental del río Coyuquilla”.

 

Un puente en Palos Altos que cruza de Arcelia al Estado de México, sufrió daños severos en más de un carril, al grado de que el concreto se tronó y los vehículos pasan sobre la malla metálica solamente.
Vecinos de Palos Altos, localidad en donde se encuentra la presa, y que colinda con el Estado de México, reportaron que en una zona donde pasa un escurrimiento proveniente de la presa, el puente que es de baja altura, comenzó a mostrar daños desde la semana pasada y se ha ido deteriorando por el paso de vehículos pesados.
Es un puente de baja altura, y que su capa de concreto es delgada a tal grado de que en uno de los extremos del lado del estado de Guerrero se tronó el concreto y sólo quedó la malla de varillas.
Esta falla tiene un diámetro aproximado de metro y medio, y ocupa lo de todo un carril.
Solicitaron que el Ayuntamiento intervenga para atender la falla debido a que está en riesgo considerando, además de que comienza la temporada de lluvias y en algunas zonas es más complicado ver este tipo de daños y puede ocurrir un accidente con los vehículos que cruzan de noche.
El puente forma parte de las estructuras que se levantaron con la presa de Palos Altos, pues cubre una zona de escurrimiento de las compuertas que va a dar hacia la zona del río cuando la presa desfoga.
Pero además, es una zona muy utilizada para cruzar de Guerrero hacia el Estado de México, y la ruta que conecta con varios municipios, en dirección a municipios, como Tlatlaya, Bejucos y Tejupilco. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).