* Hablan de recursos, gratuidad, indígenas…

Ossiel Pacheco * En un encuentro que sostuvieron con la prensa los candidatos a rector de la UAG, el aspirante del Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), Rogelio Ortega Martínez, ofreció llevar la institución al 100 por ciento de la geografía de la entidad y “acabar con la política sectaria”.

En tanto, Alberto Salgado Rodríguez, del Movimiento Académico Independiente (MAI) se comprometió a someterse a un referéndum anual ante la comunidad universitaria, para que ratifique su confianza o destituya al rector, y ofreció impulsar que la declaración patrimonial del rector tenga carácter de obligatorio, así como de funcionarios de primer nivel y directores de facultades y escuelas.

El encuentro con Ortega y Salgado el domingo pasado a invitación expresa de los reporteros de la fuente universitaria de El Sur, Novedades, El Sol de Acapulco y Diario 17 en el restaurante La Fragata, donde expusieron sobre sus propuestas para allegar de recursos a la UAG, el uso y manejo de estos, su posición frente al gobierno federal y de qué manera van a acercar la educación superior a los grupos indígenas de la entidad.

Al calor de las campañas que terminan el viernes próximo, al encuentro se dieron cita dirigentes del FAUG que acompañan a Ortega Martínez, como el secretario administrativo de la UAG, Antonio Torres Montoro; el ex director Académico, Efrén Marmolejo Vega; el dirigente de la ACNR, Jesús Luna Contreras; la profesora de la FCA Irma Ferruzca Muñiz; el dirigente Confesor Díaz Terrones, entre otros maestros, así como dirigentes de la FEUG y estudiantes, que llenaron el restaurante ubicado en El Malecón del puerto.

Por separado, los candidatos opositores expusieron los temas antes mencionados, aunque se trataba de realizar una mesa de redonda. Esto no fue posible dado el retraso de Ortega, quien llegó al lugar proveniente de Tecpan de Galeana, cuando Salgado estaba por terminar su comparecencia ante los reporteros. 

Propuestas para allegar recursos a la UAG 

Salgado: Se va a implementar una política de rendición de cuentas, eficientaremos la administración universitaria, modernizaremos su estructura administrativa, a la UAG le cuesta mucho que sus procesos se den de manera improvisada, por ello, planificaremos sus acciones estratégicas. Las unidades académicas van a conocer sus techos financieros.

Se promoverá que el financiamiento provenga del Estado, para ello, se participará en los proyectos denominados: Promep, Fomes, Pronap, Coepes, donde participa para ganar fondos concursables por parte de la SEP, para tener más recursos tendremos que aumentar la producción académica.

Diversificaremos mediante la Fundación UAG, los ingresos, fomentaremos la creación de sociedades mediante la participación de los ex alumnos, crearemos –con apoyo de las instituciones– empresas universitarias, y la recuperación del patrimonio universitario, porque ha habido importantes desvíos de recursos del erario.

Ortega: El rector tiene que ser una persona con consenso y credibilidad, dentro y fuera de la UAG, para tener la confianza de la sociedad. Se debe recuperar la credibilidad social, porque se tiene que dar cuenta que los recursos que se les asignan. Debe haber un manejo transparente de los recursos. Esto va a permitir presentar al gobierno federal y estatal el proyecto de modernización de la universidad, tal como se aprobó en la reforma. Tendrá que ser innovadora, pertinente, humanista, comprometida socialmente con su entorno.

Se requiere del financiamiento del gobierno federal y estatal, y tal como se aprobó en la nueva ley se van a crear la Fundación UAG y el patronato universitario, para allegar recursos extras fuera del subsidio universitario. Se va a conformar con universitarios respetables.

Defensa de la gratuidad de la educación superior

Salgado: La gratuidad es un precepto consagrado en la Constitución, lo haremos valer en todo momento, haremos un frente común con las demás universidades públicas del país para la defensa de estos preceptos históricos. No cederemos un sólo milímetro para que la UAG sea privatizada.

Promoveremos programas académicos para capacitar a los profesores. Es importante la presencia y el liderazgo de la UAG en foros importantes como la ANUIES, para encabezar programas académicos acordes a la realidad del estado, programas académicos competitivos pero con contenido social.

Ortega: Estamos presentando una propuesta de lucha con la participación de todos. Es importante porque desde 1984 se estableció un tope para el nivel de educación media superior hace 18 años la UAG no puede oficializar escuelas preparatorias, hay más 5 mil estudiantes en grupos periféricos, con los cuales la universidad sólo tiene el 25 por ciento de la cobertura. Se va a romper el tope en el bachillerato.

Pretendemos cubrir la geografía de Guerrero al 100 por ciento, con programas, docencia, investigación, extensión universitaria que significa difusión de la cultura, ampliación de los servicios. Por ello ante un gobierno de corte neoliberal, que recorta la educación, lo vamos a hacer luchando, con la unidad de todos los universitarios.

Los pobres también tenemos derecho a aspirar a tener una universidad digna y decorosa. Este es el mensaje que estamos llevando a las inteligencias abiertas que hay entre los universitarios. Asumiremos la defensa de la autonomía universitaria, como forma de gobierno, teniendo presente el respeto a la pluralidad ideológica y la enseñanza libre.

Será importante la vinculación de la universidad con sectores productivos y proyectos gubernamentales para influir en el desarrollo del estado, en atención a los más necesitados, con la aplicación de programas pertinentes, de solidaridad y apoyo a los más marginados. Es lacerante para la UAG estar postrada en el penúltimo lugar.

Usos del dinero de la universidad

Salgado: Se promoverá una política de rendición de cuentas, bajo los siguientes aspectos: mediante la página de Internet de la UAG se hará pública de manera puntual y detallada el manejo financiero de la institución. Será obligatoria la declaración patrimonial del rector, funcionarios de primer nivel y directores de escuelas y facultades.

Estoy proponiendo someterme a un referéndum anual de continuación o revocamiento de mandato, tanto para el rector como para directores de escuelas y facultades, porque cuatro años son demasiados para un rector que resultara un inepto y un ratero. No podemos permitir más robos a la UAG.

Una independencia real entre la Rectoría y la Contraloría General, no más complicidades ni tapaderas. Estamos por impulsar un reestablecimiento del Estado de derecho en la universidad, mediante el castigo para los que han saqueado el patrimonio universitario. No más impunidad; si no castigamos se van a repetir los robos. Un programa permanente de auditorias a la administración central y direcciones.

Ortega: Se tiene que recuperar la credibilidad de la sociedad y de los gobiernos, para ello, es fundamental integrar en la administración central a personas que tengan un amplio consenso, que tengan el reconocimiento y la confianza. Líderes de opinión y dirigentes de los partidos políticos han expresado su simpatía por esta candidatura porque tengo el perfil académico adecuado, una trayectoria limpia, y el equipo que me rodea tiene esas características.

Somos garantes de la pluralidad de la universidad, de que esta institución no se va a entregar a persona, grupo o partido político alguno, no va haber una política sectaria por parte de la Rectoría, esto es garantía que los recursos que la sociedad mediante el gobierno otorga a la UAG se van a aplicar a las tareas sustantivas: al fortalecimiento de la academia, docencia y la investigación.

Necesitamos figuras que garanticen más allá de las palabras que los recursos se van a utilizar con pulcritud, transparencia, equidad y justicia. El Congreso Universitario aprobó la creación de la Contraloría General, por ello, su titular no va a ser nombrado por el rector, sino por el CU a través de una convocatoria, y mediante concurso, para vigilar el manejo de las finanzas y lo que compete a la vida universitaria.

Nunca más amparados en la autonomía universitaria se dejará de rendir cuentas claras a la UAG, a la sociedad y al gobierno sobre el destino de los recursos. Yo he estado muy cerca de los informes de varios rectores, y el Talón de Aquiles es que las cuentas no cuadran. Es una pena que se tengan que maquillar las cifras para entregar cuentas, además de que no hay un seguimiento claro y externo del dinero que se ejerce en la universidad.

Nosotros vamos a dotar de plena autonomía e independencia a la figura del contralor de la universidad. Si hace falta restablecer otra instancia por parte de la sociedad o por parte del gobierno que nos vigile el ejercicio de los recursos de la universidad, lo haremos.

Propuesta para acercar la UAG a indígenas

Salgado: Se va a contribuir a mejorar nivel de vida, preservación de la cultura. Hoy la UAG tiene olvidado a los grupos indígenas de la entidad, se ha olvidado su origen y está desvinculada de los programas sociales. Será prioridad acercar a la universidad a los grupos marginados y a todos los sectores de la sociedad.

Se va a echar a andar el programa de enfermedades endémicas, reforzamiento y mejoramiento de la calidad de las viviendas en la entidad, participaremos en programas de alfabetización y programas universitarios para la protección del medio ambiente y mejoramiento de la productividad agrícola. Participaremos en programas para lograr la preservación de la cultura étnica y de aprovechamiento pesquero, desarrollo sustentable y de preservación del patrimonio histórico.

Ortega: Vamos a apoyar a los jóvenes indígenas de nuestra entidad, porque en el recorrido que hemos hecho por la Universidad los vemos en las escuelas. Tuve la fortuna de recorrer La Montaña con un profesor muy querido que conoce mucho de la problemática que sufren lo jóvenes de las diferentes etnias guerrerenses.

El me proponía elaborar programas especiales para atender a estos jóvenes. La Universidad tiene que ayudarlos, protegerlos con programas especiales de educación. Para ello hemos hablado de que vamos a premiar a la excelencia, pero también vamos a apoyar con becas a los mejores (universitarios indígenas) deportistas y a los que desarrollen actividades culturales y artísticas.

 

* Pide a la prensa estatal vigilar la elección

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * A una semana de la elección de rector de la UAG, el integrante de la Comisión Electoral, Leoncio Domínguez Covarrubias denunció que “el rector Florentino Cruz Ramírez tiene secuestrado el Estatuto General, con lo que peligra la legalidad de la elección del futuro rector de la UAG”.

Domínguez Covarrubias informó que la Comisión Electoral está trabajando con una copia del Estatuto General, pero dijo, a los consejeros no les quieren entregar el documento impreso. “Nos dicen que el secretario general académico Eduardo Pérez Rodríguez apenas lo mandó a editar y lo mismo está sucediendo con la Ley de la UAG y el Reglamento”.

Sin embargo opinó que “lo peor de todo esto” es que el rector de la UAG “violando la propia legislación universitaria” se niega a instalar la Comisión de Garantías que se integra con las comisiones de Honor y Justicia y la de Legislación, tomando en cuenta que la Comisión Electoral no puede ser juez y parte “esta Comisión se debió instalar desde el momento mismo en que sesionó el Consejo Universitario la última vez”.

Por otro lado, señaló que con fuertes discusiones, finalmente la Comisión Electoral del Consejo Universitario dio a conocer las actividades previas a la elección del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

Dijo que la reunión del fin de semana fue muy accidentada luego de “la actitud de cerrazón” que asumió el secretario técnico de la Comisión Electoral, Carlos Rubén Silva García. “Al menos un grupo de consejeros le manifestamos de la necesidad de que se diera a conocer a los medios de comunicación toda la documentación, pero ante la presión que se ejerció optaron por aceptar”.

Entrevistado ayer, señaló que el viernes y sábado de la semana pasada se reunió el pleno de la Comisión en donde se analizaron tres puntos: lo relacionado con la depuración del padrón electoral para que se entregue a los representantes de cada uno de los candidatos; la capacitación de los funcionarios electorales que fungirán como presidente y secretario de casillas, que inicia el próximo miércoles, y que en este caso serán el consejero universitario propietario y el suplente; además de lo relacionado con las boletas electorales, para lo cual se integró una subcomisión que las depositará en el Sistema Panamericano de Protección.

El funcionario electoral dijo que se sortearán a los funcionarios electorales, pues “ningún consejero universitario podrá ser funcionario de su escuela, necesariamente se tendrá que designar en otro plantel”.

Asimismo, expresó que “lamentablemente no fue posible la participación de observadores de la elección, por eso pensamos que la prensa estatal pudiera jugar ese papel”.

Por otro lado manifestó que los representantes de los candidatos a la Rectoría de la UAG tienen de plazo hasta este martes para que den a conocer los nombres de sus representantes de casilla.

Dijo que la elección será de 8 de la mañana a 8 de la noche, mientras que las campañas terminan el viernes por la noche “por lo que del sábado al lunes ya no habrá actividades, además de que el acuerdo es que se retire todo tipo de propaganda; cerca de la urna no debe haber propaganda de ningún candidato”.

Ossiel Pacheco * Nelson Valle López, candidato a rector por la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), ofreció que de ganar la Rectoría de la UAG, los funcionarios que integren su administración, “serán nuevos, serán rostros nuevos y tendrán manos limpias, serán funcionarios que no tengan cola que les pisen”.

Asimismo, confió en ganar ampliamente para trabajar con estabilidad política, porque advirtió que de ganar con un margen cerrado, “se tiene que negociar, no sólo espacios de la administración sino prebendas, canonjías que colocan a la UAG en un estado de indefensión”.

Dijo que en lugar de utilizar los recursos para mantener la estabilidad a partir de cuotas de poder, “estamos pensando en comprar equipo de cómputo, mejor tecnología”.

El candidato de la AEU convocado por los reporteros de la fuente, en el Sanborns Centro respondió por separado a los candidatos del FAUG, Rogelio Ortega Martínez y del MAI, Alberto Salgado Rodríguez, las preguntas sobre el uso y manejo de los recursos del erario universitario, la posición de la UAG frente al gobierno federal, la defensa de la gratuidad de la educación superior y sus propuestas para acercarla a los grupos indígenas de la entidad.

Va por un subsidio de 23 mil pesos por estudiante 

Expuso que para allegar recursos a la UAG, van a realizar un diagnóstico acerca de los proyectos que se han desarrollado en la universidad, mismos que van a ser presentados en visitas que se hagan a los diputados locales de las diferentes fracciones partidistas y en particular con la Comisión de Educación del Congreso del Estado, con el fin de mostrar lo que se está haciendo.

También, indicó que mostrarán a los legisladores un comparativo del subsidio que reciben otras universidades del país, para demostrar que los 7 mil 200 pesos al año que se destinan a la UAG por estudiante, son insuficientes para su desarrollo: “Esperamos incidir en el señor gobernador para la asignación de un mayor presupuesto”, dado que en otros estados sus gobiernos asignan más del 10 por ciento.

Señaló que a la fecha, el gobernador René Juárez Cisneros, por ser egresado de la UAG, “ha sido sensible con las necesidades de la institución, pero necesitamos que mediante la intervención del Congreso quedé asentado un nuevo porcentaje de presupuesto para la universidad”.

Dijo que también acudirán a los diputados federales y senadores de la entidad para presentarles el mismo proyecto y solicitarles su intervención para que mediante el Congreso de la Unión y la Comisión de Educación de éste, “sean interlocutores con el gobierno federal a efecto de reclamar un trato igual que permita que a la UAG se asigne un subsidio que se coloque en la media nacional, es decir, de unos 23 mil pesos por estudiante”.

Estos recursos –dijo– con el fin de lograr mejorar la infraestructura física y académica, mejorar la capacitación de la planta de profesores y elevar la calidad de los servicios educativos en los diferentes planteles de la UAG.

Adelantó que en acato a lo aprobado en la nueva ley de la UAG se va a integrar una fundación social, con representantes del sector público, social y privado, “para allegarnos recursos mediante donativos, convenios que podamos celebrar, para buscar fuentes alternas de financiamiento. Esta es la estrategia que vamos a impulsar para mejorar las finanzas”.

La UAG no será elitista

Sobre la defensa a la gratuidad de la educación superior, Valle López destacó que la UAG a diferencia de otras universidades surge de un movimiento popular, “no surge por un simple decreto de un gobierno estatal, sino de un reclamo popular, que costó vidas, sangre para que esta universidad naciera para dar este servicio a la juventud guerrerense, por eso no podemos renunciar al sacrificio que guerrerenses hicieron, algunos hasta su vida ofrecieron”.

“No podemos renunciar a esto, no vamos a permitir que la UAG se convierta en una universidad elitista, porque vivimos en un estado pobre que es marginado por la federación, eso se refleja en las asignaciones que tiene, por ello nunca vamos a renunciar a la defensa de la gratuidad de la educación, porque representa la alternativa de estudios para los hijos de los campesinos, del obrero, del maestro, del pequeño comerciante y de prestadores de servicios”, asentó.

En cuanto al manejo de los recursos del erario universitario, el candidato de la AEU ofreció que el próximo contralor general va a ser nombrado por el Consejo Universitario (CU), de acuerdo a lo aprobado en la reforma, “para garantizar la transparencia de los recursos universitarios, también seremos cuidadosos en el manejo de los recursos, van a evitarse los dispendios, a organizar las finanzas”.

Preparatorias populares en zonas indígenas

–¿De qué manera la UAG va a acercar la educación superior a los grupos indígenas de la entidad?

–Hasta este momento sólo se ha contenido el índice de analfabetismo, pero se puede abatir, han faltado programas por parte del INEA, ni con el Conafe. Es un problema serio, porque a estas alturas no se ha podido llevar a los cuatro grupos étnicos la educación elemental, por ello, la universidad podría contribuir en los programas de alfabetización de las regiones indígenas.

Dijo que para ello se requiere el conocimiento de los diferentes idiomas y sus variantes que se hablan en la entidad, “se tienen que preparar los materiales en sus dialectos para dar una atención a los grupos indígenas. La UAG va a trabajar con la SEG, el IGEA, para que podamos constituir el programa de alfabetización para las regiones indígenas que los universitarios podrían realizar como servicio social”.

Dijo que los subsistemas de educación media superior en conjunto sólo atienden el 78 por ciento de los egresados de secundaria, “el resto no tiene una opción de estudios, sobre todo en las regiones indígenas, por ello, en las comunidades donde haya condiciones, se van a crear preparatorias populares mediante convenios tripartitas”.

Este proyecto –adelantó–, se va a presentar ante el gobernador Juárez Cisneros para que mediante un convenio junto con la UAG y los municipios puedan instalar estas preparatorias populares: “Nuestra propuesta es abrir nuevos centros de estudios”, y ejemplificó que la universidad podría aportar el reconocimiento de los estudios y algunos servicios, mientras el gobierno estatal podría destinar la compensación de los maestros y el municipio, podría aportar el espacio físico y su mantenimiento”.

Al ser interrogado sobre el caso del ex rector Hugo Vázquez Mendoza por el presunto desvío de recursos, respondió que no se otorgó el perdón a cambio de la participación de Acción Revolucionaria (AR), en la AEU: “No estamos por el solapamiento de la corrupción ni estamos a favor de la impunidad, pero tampoco estamos a favor de la irresponsabilidad, porque el que afirma tiene la obligación de probar”.

“Una vez que lleguemos a la Rectoría vamos a revisar los estados contables, analizar los resultados de las auditorías y que sea la Comisión Financiera de la UAG del CU, la que se encargue de elaborar, de revisar la situación financiera y en su momento aportar las pruebas suficientes que permitan sancionar, no es el rector el que sanciona, sino el pleno del CU”, indicó.

Precisó que en el caso del ex rector Vázquez Mendoza, “si existen las pruebas suficientes que indiquen claramente que hubo un desvío de recursos, el rector va a someter el dictamen al pleno del CU el que va a establecer la sanción correspondiente, si es interna o si habrá que turnarlo al poder público”.

De paso, Valle López señaló que su adversario Ortega Martínez, siendo coordinador de Asesores de la Rectoría gastó 553 mil pesos durante 10 meses que estuvo en el cargo en 2001, “es un exceso, cuando no visitó ninguna escuela, no podría decir que los utilizó en viáticos, nunca visitó las escuelas, por eso no sabemos en qué empleó esos recursos, que bien podrían haber sido utilizados para comprar una buena cantidad de computadoras para las escuelas”.

Y deslindó al rector Florentino Cruz Ramírez de lo anterior, porque “no puede responder por los actos de sus funcionarios, pero es el área contable la que autoriza los gastos por comisión, si ellos no comprueban será la instancia correspondiente la que los invite a hacer sus comprobaciones”.

Dijo que el hecho de que esté siendo respaldado por los ex rectores Hugo Vázquez, Gabino Olea Campos, Rosalío Wences Reza y Marcial Rodríguez Saldaña, “no significa que ellos vayan a ser parte de la próxima administración, agradezco su apoyo, pero voy a convocar a un cambio de actitud a todos, para cumplir con los maestros y los alumnos”.

Y comprometió a que los funcionarios que integren su administración, “serán nuevos, serán rostros nuevos y tendrán manos limpias, serán funcionarios que no tengan cola que le pisen, serán nombrados de acuerdo a los requisitos que marca la nueva ley, estén comprometidos con la transformación y de acuerdo a perfiles profesionales”.

También dijo que estaría dispuesto a invitar a sus adversarios en la contienda por la Rectoría, a colaborar en la próxima administración.

* Discreción total sobre plagio

Isaac Flores Pineda, Coyuca de Benítez * El ganadero Abundio Morales Vargas fue secuestrado el jueves de la semana pasada en la comunidad El Platanillo, según ha trascendido entre los habitantes del lugar porque, hasta el momento, ni familiares ni la Policía Judicial han aceptado informar al respecto.

Morales Vargas es ganadero y entre diversas versiones se conoce que ha sido solicitado a los familiares un millón de pesos para liberar al cautivo

Se conoció también que la familia no ha dado parte a las autoridades sobre la desaparición de

Morales Vargas, de 45 años de edad, originario de la comunidad serrana El Platanillo que está ubicada a hora y media de su cabecera municipal, Coyuca de Benítez, y que el secuestro lo hicieron tres personas que portaban armas AK-47 -cuernos de chivo- cuando se dirigía a su potrero.

Asimismo, en la comunidad se conoció que Abundio Morales no ha llegado a su casa desde el jueves por la noche y, también según versiones extraoficiales, los plagiarios estarían solicitando a los familiares el millón de pesos mencionado.

Personal de la Policía Judicial informó por su parte que en este corporativo no tienen ninguna solicitud de los familiares de Abundio Morales relacionada con secuestro alguno.

El ganadero Morales Vargas, según lugareños, posee unas 30 cabezas de ganado y una huerta de cocos ubicada en las cercanías de esta población serrana El Platanillo.

* No gozan los mismos beneficios que la Preventiva porque no cursaron la academia ni cubren los requisitos de la corporación policiaca municipal, argumenta * Cuatro agentes de la Policía Rural sí portan armas, asegura

Nelly Bello * La secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas, informó que sólo cuatro agentes de la Policía Rural portan armas de la dependencia, pues son policías preventivos y cumplen con los requisitos de la licencia colectiva 110 que expide la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Entrevistada al término de la colecta anual de la Cruz Roja, Nava Rojas pidió que los policías rurales hagan llegar sus quejas a su oficina, a fin de mejorar la relación y su desempeño.

Indicó que las cuatro armas .38 Especial y M-1 las portan policías incluidos en la licencia colectiva –un comandante regional y tres agentes con adiestramiento–, y aunque son rurales “fueron personas seleccionadas para manejarlas”, pues “no podemos dar armamento a quien no está preparado; nuestra obligación es estar pendientes de que tengan refuerzos de la corporación y si fallamos agradecería que me lo reporten”.

Recordó que no es su facultad la regularización de la Policía Rural, pues eso requiere de reformas legales, pero “en lo posible los apoyamos”.

Aseguró que daría instrucciones al coordinador operativo de la Policía Preventiva, Jaime Delgado, para reforzar el apoyo en el área rural, “donde hay quejas”.

Aclaró que los policías rurales no gozan de los mismos beneficios que los preventivos, porque, “con todo respeto, es más que una corporación: son vecinos propuestos por la comunidad y aceptados por ella”.

Explicó que los agentes viven de las aportaciones que hacen los habitantes de la zona, y que ejercen funciones de vigilancia y prevención, pero ni cursaron la academia ni cubren los requisitos de la corporación policiaca municipal.

“Pero tienen la confianza de la comunidad, prevén el delito y son elegidos por la propia comunidad”, señaló.

Informó que por instrucciones del presidente municipal Zeferino Torreblanca Galindo, la Policía Preventiva apoya “en lo que podemos” a la Policía Rural con recorridos frecuentes en esa zona, además de que le entrega una cantidad “menor” de dinero para pasajes y gasolina.

Alfredo Mondragón * El subjefe de custodios del penal de Las Cruces, Mario Ortiz González, fue destituido ayer luego de que 200 internos efectuaran un plantón para exigir respuesta a “las quejas de tortura y extorsión” contra el funcionario, informó el presidente del comité de presos políticos, Omar Guerrero Solís.

Dijo que los inconformes esperan que no haya “represalias” por la movilización.

Luego de que unos 200 presos se manifestaran por cinco horas en la iglesia del penal de Las Cruces, y dialogaran posteriormente con el director del reclusorio, Jesús Torres Quiroz, fue destituido Ortiz González, quien en otras ocasiones también había sido corrido a pedradas por los internos debido al maltrato que les prodiga.

Desde las 12 hasta las 17 horas, los internos se plantaron en la iglesia del Cereso, para exigir al director la destitución del subjefe de custodios, debido a que éste golpeaba y extorsionaba a los procesados.

“Todos los presos nos reunimos en la iglesia para manifestar nuestro repudio al director del penal, Torres Quiroz, pues Ortiz González ha golpeado a los compañeros, e incluso tiene varias quejas en Derechos Humanos”, dijo Guerrero Solís.

En entrevista telefónica, señaló que en varias ocasiones los internos han corrido a pedradas al subjefe de custodios.

Además –dijo– se plantearon otras demandas como mejor alimentación, dotación de medicinas y buen trato a las visitas familiares.

Guerrero Solís dijo que fue una protesta espontánea y que nadie la encabezó, por lo que espera que no haya “represalias” en contra de los internos.

“A mí me sorprendió porque cuando estaba el director del penal con los internos, todos al unísono pidieron que lo corrieran”, dijo.

* Los habitantes no pueden salir a trabajar al campo por temor a una agresión, después de que los soldados ultrajaron a una mujer de la comunidad y presentaron una lista de hombres a los que acusan de encapuchados * Denuncian retenes de revisión y disparos en un cerro junto al pueblo

Maribel Gutiérrez, enviada, Barranca Bejuco * (Primera parte) Esta comunidad indígena me’paa (como se llaman realmente los pueblos a los que se les decía tlapanecos), pide por unanimidad que se vayan las tropas del Ejército que desde hace un mes están en los alrededores y sólo han causado daños.

Hasta el momento, los daños van desde el miedo generalizado que impide a los hombres y mujeres salir a trabajar y a los niños ir a la escuela, la persecución a once indígenas a quienes los soldados acusan de ser encapuchados, hasta la agresión directa a una mujer de 17 años, que fue golpeada y violada por dos soldados el 16 de febrero.

Para los me’paa todo se ha alterado desde que llegaron las tropas y se establecieron en Mexcaltepec, en Caxitepec y en el cruce de las brechas que van a esos dos pueblos. Es primera vez que los indígenas de Barranca Bejuco, del municipio de Acatepec, ven al Ejército en su comunidad, y se atemorizan cuando ven a los soldados con las armas porque creen que que en cualquier momento pueden disparar.

El temor entre los habitantes fue mayor desde que golpearon y ultrajaron a la joven Valentina Rosendo Cantú, porque piensan que todos están en peligro de sufrir agresiones.

Por eso, las mujeres ya no salen a lavar al río ni a recolectar leña al monte; los hombres no van a trabajar en sus parcelas, y el trabajo para la siembra está abandonado, y los niños no han ido a la escuela porque tienen miedo de salir de sus casas.

Directamente amenazados están los once indígenas a los que acusan de ser encapuchados, porque piensan que en cualquier momento podrían ser detenidos por los soldados, y en ese grupo están los dirigentes naturales de Barranca Bejuco: el delegado municipal, Ezequiel Sierra Morales, y el secretario de la comunidad, Encarnación Sierra Morales.

En la lista negra del Ejército están prácticamente todos los hombres jóvenes de Barranca Bajuco, de entre 19 años y 32. Además de los dirigentes principales aparecen Fidel Bernardino Sierra, Pedro Sierra Morales, Silvano Presciliano Vázquez, Pablo de la Cruz Vázquez, Arnulfo Anastacio Flores y Raúl Apolo Bernardino.

Y están también en la lista dos campesinos de la comunidad de Acalmani, del mismo municipio de Acatepec: Cándido García Gutiérrez y Anastacio Cruz García.

Retenes, campamentos y patrullajes

En hermosos parajes en las elevaciones y cañadas de esta área de La Montaña hay soldados del Ejército. Aparecen en caminos, donde detienen a los vehículos, hacen que los pasajeros se bajen y revisan sus bolsas, cajas y a ellos les revisan la ropa y el cuerpo, minuciosamente, donde no podrían llevar alguna arma.

Pasajeros que han sido revisados piensan que los retenes tienen fines intimidatorios, y no de búsqueda de armas, que es oficialmente el motivo de la presencia militar en las carreteras de La Montaña.

“Hoy pasé por el crucero, me preguntaron de dónde venía, venía de Pascala; adónde iba, qué traía; y me revisaron toda la ropa y todo el cuerpo, la camisa, el pantalón, todo, todo, todo”, contó José Sierra Morales, en una reunión en la comisaría de Barranca Bejuco, el domingo 3 de marzo.

La comunidad teme otras agresiones militares, porque los soldados han estado cerca del pueblo.

El sábado 2 de marzo, efectivos militares estuvieron en el cerro San Marcos, situado dentro de Barranca Bejuco, en medio de las casas, a un lado de la delegación municipal y de la escuela primaria, y en medio del monte estuvieron disparando, cerca del medio día, durante unos 10 minutos. Los campesinos no supieron a qué le tiraban los soldados, pero los balazos aumentaron el miedo y la preocupación de los habitantes, que sintieron una amenaza más.

El 26 de febrero, la comunidad de Barranca Bejuco presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja por violación y lesiones a Valentina Rosendo Cantú, amenazas de detención a los campesinos que aparecen en la lista negra, violación a la garantía constitucional de libre tránsitro y a la seguridad jurídica.

Desde entonces, los 78 adultos que viven en la comunidad y muchos de los niños están esperando que enviados de la Comisión visiten este poblado, situado en los límites del municipio de Ayutla de los Libres y Acatepec, en el área de montañas de kilómetros de altura, con árboles de pino y vegetación de clima frío, por donde nace el río Papagayo que llega hasta Acapulco.

En esa reunión, todos los ciudadanos, mujeres y hombres, encabezados por las autoridades, decidieron exigir la salida del Ejército.

Acusan al delegado de tener armas

En idioma me’paa, expusieron los motivos de esta petición.

El delegado Ezequiel Sierra, de 32 años, dijo que a él los soldados lo acusan de que tiene armas, según lo que le dijeron a la joven que agredieron el 16 de febrero. “Los guachos dicen que yo como delegado tengo dos costalillas de armas. Los militares dicen que nosotros somos encapuchados. Pero nosotros no conocemos eso, no sabemos nada, nosotros somos humildes, aquí no hay casas de dos pisos, puras de cartón.

“Nosotros ya no queremos que pase esto. Está bien que anden en el monte, pero no en los pueblos; no queremos que golpeen a las mujeres, como lo que le hicieron a mi sobrina. Queremos que el gobierno no venga a molestar, queremos que salgan los soldados, que los saquen de aquí, porque hacen lo que ellos quieren, es como una plaga, y nosotros no sabemos cómo defender nuestros derechos”.

El representante de bienes comunales dijo que es la primera vez que los soldados están cerca de Barranca Bejuco, poblado que se fundó hace tres años, con familias que vivían en Caxitepec, el poblado vecino.

Recordó que el año pasado las tropas bajaron por aquí, y aunque no se estacionaron en los alrededores, a su paso espantaron a los niños porque andan armados y gritando, y aquí nunca habían visto algo silimar.

Dice que en este año es peor, y por eso piden la salida de las tropas. “Ayer, los militares estuvieron tirando balazos en el cerro, los señores tienen miedo, ya no queremos que estén aquí, queremos trabajar en paz, porque ellos, como traen armas, hacen lo que quieren. Si vamos en las camionetas de pasajeros nos bajan, a veces nos quitan el pan, la fruta, lo que llevamos, porque ellos dicen que son el gobierno y ellos mandan. Queremos que salgan porque están haciendo daño a la gente”, explicó.

* Pide el alcalde que entre el Ejército a despistolizar

Brenda Escobar Sánchez, corresponsal, Petatlán * Cuatro personas, una de ellas subdirector de la Policía Preventiva de Petatlán, murieron ayer en una emboscada a manos de tres desconocidos quienes les dispararon al menos 78 impactos de bala de AK-47 contra la camioneta en que viajaban sus víctimas.

El atentado ocurrió a las 7 de la mañana de ayer en el lugar conocido como Colonia Juárez o El Venado, a 4 kilómetros de la cabecera municipal de Petatlán donde murió Nicolás Martínez Sánchez, de 40 años de edad, conocido con El Cuarentón y quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Preventiva de Petatlán.

Fallecieron, también Hipólito Martínez Orozco de 30 años, Francisco Javier Martínez de 23 años y Francisco Orozco Blanco de 50 años, hijo, sobrino y compadre de Martínez Sánchez, respectivamente, quienes viajaban en una camioneta Dodge color roja con placas de circulación GX63388 del estado de Guerrero.

Según un parte informativo de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, la camioneta recibió 78 impactos de bala de arma AK-47 conocida como cuerno de chivo que fueron disparados por dos de los tres individuos, mientras un tercero los esperaba en una cuatrimoto en la que se dieron a la fuga rumbo a lo alto de la sierra de Petatlán.

Los familiares de los fallecidos llegaron al lugar de los hechos para recoger los cadáveres, mientras que efectivos de la Policía Preventiva Municipal recogieron los casquillos, dificultando con ello la labor de la PGJE.

Los cuatro cuerpos fueron trasladados a la Colonia Juárez, municipio de Petatlán en donde tenían sus domicilios, según informó la Secretaría de Seguridad Pública.

Cerca de ese mismo lugar en donde ocurrieron los hechos de ayer, en el punto conocido como La Calera, a las 7 de la noche del domingo fue emboscado también el matrimonio integrado por Eligio Blanco Véjar y Rosa María Ramírez Mercado.

En el atentado murió Eligio Blanco de 44 años de edad, mientras que su esposa, de 40, resultó herida de un balazo en el hombro izquierdo.

Según la misma Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal, la pareja viajaba a bordo de una camioneta Dodge color azul placas de circulación GX63459 de Guerrero.

En ambos casos hasta la tarde de ayer se desconocía el móvil de los hechos y la identidad de los agresores. Vía telefónica el comandante de guardia de la Policía Municipal informó que todos los efectivos de la corporación, así como agentes de la Policía Judicial a las 5 de la tarde aún se encontraban en la zona realizando recorridos de manera conjunta en busca de los agresores.

Entrevistado al respecto, el alcalde Jorge Ramírez Espino, pidió la intervención directa del Ejército mexicano para que intensifique una campaña de despistolización en todo el municipio. De igual forma, solicitó que la Procuraduría General de Justicia del Estado investigue hasta sus últimas consecuencias los hechos ocurridos en estos últimos 15 días “para poner un alto a esta situación y frenar esta ola de violencia”. (Con información de Zacarías Cervantes, desde Chilpancingo).

La política reactiva

Por muchos años, si es que no generaciones, nuestros gobiernos han actuado como organizaciones esencialmente reactivas, es decir, la política la dictan las circunstancias más que un plan general surgido de una idea estructurada. Esto se hizo más marcado durante la república imperial, cuando cada presidente, todopoderoso, cambiaba dirección a la política de acuerdo con su forma de pensar y para acomodarse a las circunstancias del país, con el único objetivo de mantener el poder, que para ellos era lo más importante, más aún que conducir el país.

Esto  no es algo nuevo, se han escrito varias obras sobre este tema. Lo malo es que durante ese largo proceso se perdió identidad, la Revolución Mexicana como concepto en realidad nunca existió. Eran los gobiernos herederos del poder obtenido por la revolución los que la interpretaban según  sus necesidades y en ocasiones hasta sus caprichos. Es por eso que la retórica del espíritu revolucionario comenzó a sonar hueco.

Por mucho tiempo la clase política aceptó esta situación como ortodoxa y hasta se aseguró que la flexibilidad era la característica necesaria para mantener una revolución actuante en forma permanente.  Desde el nacionalismo, la conciliación, el desarrollo estabilizador, el populismo, el realismo, la revolución moral, la globalización y el liberalismo social, todos ellos se declararon “revolucionarios”. A la sombra de estas  ideas se generaron verdaderos cacicazgos que hicieron que el electorado abandonara poco a poco esta organización política.

Es por ello que uno quisiera que este nuevo sello de la democracia no siguiera el camino de la revolución. Es cierto que la negociación es necesaria para el inicio y que tanto el respecto al voto como la división de poderes son necesarios; es más la gente los exige. Pero eso no es todo, falta algo para que los mexicanos sientan que han traspasando un umbral y que hay una verdadera transformación política.

¿Cuál sería el verdadero cambio? El que el gobierno no fuera reactivo y estableciera una política definida sin dar bandazos para capotear los temporales y que hubiera planteamiento claro del país que se desea. Es claro que esto implica enfrentar situaciones difíciles, pero esencialmente es la única forma de establecer una identidad. A un año de distancia uno no puede decir que hay una transformación duradera, es la misma reacción a las circunstancias, las negociaciones para tener un consenso y no hacer olas. Esto hace que los gobernados sientan que hay nuevos actores, pero el libreto de la obra es el mismo.

El capital político es para gastarse y ciertamente el proceso electoral generó ese capital, pero gobernar no es tratar de mantener una campaña permanente para ser popular. Hay un ejemplo muy interesante que Delola Pool relata en su libro. El era un matemático de MIT que asesoró a John F. Kennedy en su campaña presidencial. Durante una de sus etapas había que decir un discurso en un estado suriano conservador y racista y la reflexión del asesor fue de hablar ahí de los derechos humanos y tomar una posición fuerte que sería impopular en ese lugar, pero abría la puerta para ganar estados como Michigan, Nueva York y California y con eso la elección. “¡No se puede ser popular en todas partes!” -le dijo el matemático. Lo que pasó ya es historia, en su gobierno se dio el gran avance en la política de derechos civiles. Esta es la gran lección de que el capital político es para invertirlo y que crezca por la acciones, no solamente por la retórica.

Lo que más desalienta es que esto no parece estar en la agenda de ninguno de los partidos, más preocupados por el dominio interno y por sus cuotas de poder que en enfrentar los problemas del país y buscarles soluciones. Pareciera que la idea que prevalece es la de un constante carnaval electoral interno y externo que no conduce al país a ningún lado sino al regreso al “sistema”. Lo más trágico es que esto no sucede en uno, sino en todos los partidos y comienza uno a dudar si el llamado “sistema” tiene la capacidad de cambiar.

Tal vez la indiferencia de las nuevas generaciones tenga su origen en estas actitudes. La juventud se ha vuelto más individualista y preocupada por su futuro personal que en los sesentas. Para ellos la política es una enfermedad social, como para Lenin el izquierdismo de su época era infantil.

¡Hasta cuando!

 Una vez más, denuncias sobre abusos a los derechos humanos cometidos por militares. Según distintos reportes, el pasado 16 de febrero, ocho elementos del Ejército mexicano violaron a la indígena, menor de edad, Valentina Rosendo Cantú, de 17 años. Los hechos ocurrieron en la comunidad denominada Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en el estado de Guerrero. No es la primera vez que miembros del Ejército mexicano son señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. La misma Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) reconoce que en la última década se han documentado cerca de 100 quejas contra el Ejército mexicano, por violar derechos humanos. En 1999, hubo un hecho similar, cuando elementos del Ejército mexicano ejecutaron al niño Antonio Mendoza Olivero de 12 años y a Evaristo Albino Téllez de 27 años, ambos de la comunidad de Barrio Nuevo San José, Municipio de Tlacoachistlahuaca; así mismo violaron sexualmente a las señoras Francisca Santos Pablo y Victoriana Vázquez Sánchez. A pesar de que los hechos fueron denunciados, hasta el momento permanecen en la impunidad. ¿Hasta cuando las autoridades civiles seguirán permitiendo los abusos, atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares? ¿hasta cuando se hará justicia? ¿cuántas mujeres más tienen que ser violadas? ¿cuántas muertes más? ¿hasta cuando?

Y es que, detrás de este patrón de abusos e impunidad se encuentra una mera cuestión de jurisdicción militar. En la actualidad, los abusos cometidos por el personal militar no están sujetos a la competencia de los tribunales civiles, sino que se concede autoridad exclusiva para investigar, procesar y  sancionar dichos abusos al sistema de procuración e impartición de justicia militar. Sin embargo, la procuraduría militar ha demostrado hasta el momento, su incapacidad e insensibilidad para investigar y sancionar a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Según el derecho internacional, el gobierno mexicano tiene la obligación jurídica de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares. En el caso que nos ocupa, no solo existe el delito de violación sexual, sino que también se están violando los derechos establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el gobierno mexicano en 1990, y que establece en su artículo 2 “que los estados tomaran todas las medidas para garantizar que los niños se vean protegidos contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones de sus padre o tutores”. Según la convención, en todo lo que se refiere a la niñez las autoridades y la sociedad deben actuar tomando en cuenta el interés superior por los niños, dicha convención con base en el Artículo 133 de nuestra carta magna, son ley suprema.

Lo que le sucedió a Valentina Rosendo Cantú se tipifica como tortura, malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Para la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada por el gobierno mexicano en 1987, considera  tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin (…). Diversos órganos y mecanismos de Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura (CAT) establecen que basta la simple alegación de tortura por parte de una víctima, para que surja la obligación del estado de investigar dicha denuncia, en consecuencia a esta recomendación las autoridades civiles del estado de Guerrero en particular la Codehum, la Procuraduría de Justicia del Estado y todas las autoridades civiles competentes tienen la obligación ética y moral de investigar los hechos ocurridos el pasado 16 de febrero, en la comunidad Barranca Bejuco y coadyuvar con las autoridades federales en el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables. Un sistema de coadyuvancia más activo y una mayor transparencia podría contribuir, en cierta medida, a poner fin a los abusos cometidos por militares. Sin embargo la única solución real es el fin a la jurisdicción militar a los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares.

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