Juan Batalla, un veterano zapatista

 Juan Batalla llegó a nuestros corazones cuando su pelo se pintó de gris. Era originario de Taxco, una región de plata y ritos religiosos, había dejado el mundo de la paciente espera campesina porque su memoria le traía a menudo fantasmas que habitaban acordes de pólvora y esperanzas libertarias que lo transportaban a Chinameca de abril de 1919.

Todos sus bienes materiales consistían en tres cajeles deshojados por el tiempo. Sabía tocar guitarra desde la juventud lejana; por eso cuando lo conocimos nos llevó por las veredas de su voz a recorrer los caminos de Zapata, de Tlaltizapán, hasta Quilamula, Jantetelco, Nepopualco y Amilcingo convocando a una revolución de nuevo tipo. En sus momentos de descanso cantaba al son de la lira con un gringo viejo de nombre Pablo Link que colgó los hábitos religiosos y se convirtió en comunista con profunda fe cristiana.

La cotidianidad de una vida campesina expuesta a las vicisitudes de una revolución institucionalizada y a la voracidad de la pobreza, no le habían dejado ocasión a su espíritu libre para sentirse satisfecho. Creía más bien que al jefe Zapata y a los campesinos como él les había tocado vivir una estafa histórica, por eso en Cuautla, en abril de 1979, en una reunión de veteranos zapatistas reprochó a Mateo Zapata su filiación priísta, diciéndole: “Si tu padre viviera ya te hubiera mandado fusilar, por traidor…”.

Buscando la tierra y libertad, la felicidad de los desheredados, a lo largo de dos años había ascendido por la vertiente sinuosa de los montes, hasta internarse en el ruidoso universo de la guacamaya, los jumiles y los tejones.

Por los días en que lluvia y tierra se aparean para parir las flores, dejó los montes y llegó a una colonia polvorienta donde la pobreza se paseaba en harapos y lombrices en las barrigas crecidas de los niños tísicos: la colonia se llamaba Villa de las Flores, nombre poético que le fue cambiado por el de Rubén Jaramillo, en honor a un mártir campesino de la lucha zapatista, por el guerrillero Florencio Medrano Mederos, El Güero Medrano. En las márgenes del río que viene del Salto de San Antón, donde construía sueños y ciudades justas.

La vida transcurría a la sombra de grandes nopaleras. Allí habilitó una vivienda abandonada, raspó los horcones florecidos con el tiempo, cubrió de lámina de cartón su casa y organizó una economía irreverente a las leyes del estado de Morelos, cerró cantinas, construyó escuelas y declaró la primer zona liberada de América, de la mano con El Güero Medrano y don Antonio González.

Las manadas de cerdos armados que desde la oscuridad espiaban los afanes de los constructores de utopías, vieron cuando los huizaches las nopaleras, las serpientes y alacranes comenzaron a abandonar los campos que habían sido su casa de manera casi imperceptible.

En cuanto hubo construido su casa, el viejo Juan inició la construcción de la casa de su vecino con mano solidaria, su ejemplo se esparció como el polen de las abejas entre los nuevos habitantes de esa tierra de huizaches y nopaleras, entonces surgieron los domingos rojos de faena colectiva, en la que los habitantes de la zona liberada construían comunitariamente sus viviendas y calles. No quería partir a la región habitada por el olvido sin zenzontles ni primaveras antes de haber ajustado cuentas con la voz de los ecos que lo desvelaban.

Sabía que en el corazón de los seres humanos hay variedades afortunadas de sueños que pueden con voluntad y lucha convertirse en tambores de persecución de utopías, gracias a la esperanza y el amor a la vida. La fabricación de utopías se basa en ecuaciones viejas de la conciencia que le permiten al hombre volver asunto de vida o muerte el material del que están hechos los sueños.

De ahí que al llegar la época en que la lluvia hace nacer flores y hongos pintando de colores la tierra, Juan Batalla se internara en la antigua senda del general Emiliano Zapata, persiguiendo viejas esperanzas.

Tres años después de haberse instalado en nuestros corazones y sembrar rosas donde había solo espinas, Juan Batalla dejó de tocar la guitarra y cantar corridos zapatistas.

El zenzontle y la primavera se fueron apropiando con trinos de su casa. Lo enterramos con honores, cantos y flores, en una mañana de sol cuando sus fantasmas dejaron de perseguir la voz del eco de sus sueños.

* “Aquí se inicia la lucha contra los cacicazgos”, señala

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El ex candidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, por el Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), Rogelio Ortega Martínez, presentó el viernes la demanda de amparo ante el juez primero de distrito, José Alfredo Gutiérrez, quien el próximo lunes hará hacer saber si procede el acuerdo.

Desde temprano, cientos de seguidores de Ortega Martínez se concentraron en el Edificio Docente de la UAG, en espera de que llegara desde la ciudad de México el proyecto de juicio de amparo elaborado por el despacho del abogado Ignacio Burgoa Orihuela; posteriormente el contingente se dirigió hasta las instalaciones del juzgado de distrito donde permanecieron hasta las cinco de la tarde, hora en que se presentó el documento ante el juez, que consta de 20 cuartillas tamaño oficio.

A pesar de que originalmente se informó que sería el propio Burgoa Orihuela el que presentaría el amparo, al final se decidió integrar un equipo de abogados encabezados por Román Ibarra Flores y Agustín García Flores, debido a que el despacho del constitucionalista cobraba 500 mil pesos, y finalmente el pago que se hizo fue de 40 mil pesos sólo por la elaboración del documento.

Al final, afuera del juzgado de distrito, Ortega Martínez dijo a sus seguidores que “aquí se inicia la lucha contra los cacicazgos representados por Rosalío Wences Reza, el senador Armando Chavarría Barrera y Gabino Olea Campos, que pretenden imponer de manera perniciosa y a través de un fraude a Nelson Valle López”.

* Se compromete a arrestar a Pedro Barragán y su banda de secuestradores, a cumplir recomendaciones de la Codehum, y a actuar contra los magistrados y la jueza inhabilitados por el caso Ibáñez 

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Este viernes, en camino a ocupar el cargo de procurador general de Justicia, el ex director general de Comunicación Social, Jesús Ramírez Guerrero, presentó a los diputados del Congreso del Estado su programa de trabajo, y provocó malestar luego de que se negó a responder a los cuestionamientos.

Sabedor de que todo había sido dibujado para que asuma el cargo de procurador, Jesús Ramírez al final de su comparecencia, en entrevista, se comprometió a detener al famoso secuestrador, Pedro Barragán y a su banda, además de que analizará las recomendaciones que ha enviado la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) en contra de funcionarios, comandantes y agentes judiciales, y anunció que aplicará la ley a los magistrados que el año pasado fueron destituidos después de que se les hizo juicio político por dejar libre a un secuestrador en agravio del hijo del empresario asesinado recientemente, Javier Ibáñez.

El académico de la UAG, Manuel Amador Saavedra Flores, fue de los integrantes de la terna quien despertó las simpatías y la aceptación de los diputados del PRI, PRD, PAN y PRS.

En tanto que la ex magistrada del Tribunal de los Contencioso Administrativo, Violeta Parra Reinada, mostró conocer la Procuraduría, pero respondió con generalidades a los interrogatorios de los diputados.

Ramírez Guerrero, visto como el futuro procurador, fue acompañado por un numeroso grupo de seguidores en busca de reacomodo laboral y de reporteros con instinto de la información oficial, quienes abarrotaron el Salón de los Próceres del Congreso local. Con los otros dos comparecientes ya no estuvieron presentes.

El PRD, en voz de su recién estrenado coordinador parlamentario, Sebastián de la Rosa Peláez, dijo que su voto será en contra de Jesús Ramírez Guerrero y pedirán ante el pleno que la terna sea regresada al gobernador para que vuelva a presentar una nueva.

En cambio dijo que si los diputados  priístas deciden no supeditarse al gobernador, darían su voto –una vez consensuado en la fracción perredista– a Manuel Amador Saavedra porque conoce con detalle la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y tiene mayores propuestas concretas ante los problemas.

 

“Hablo fuerte porque soy guerrerense”: dijo Ramírez Guerrero

 

A la una de la tarde comenzó la sesión de la Comisión de Gobierno, donde comparecieron los candidatos a procurador. El primero fue Jesús Ramírez Guerrero.

El diputado perresista, Demetrio Saldívar, preguntó a los tres aspirantes sobre las reformas legislativas propuestas para modernizar la procuración de justicia, los agentes comisionados a cuidar a los funcionarios y empresarios, sobre los cuerpos especializados para el combate al crimen, y sobre la denuncias en contra de los agentes y comandantes de la Policía Judicial del Estado (PJE).

El diputado del PAN, Angel Pasta Muñúzuri, cuestionó la falta de credibilidad de la PGJE.

Del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, le reprochó que se presentara ante ellos “a defender lo indefendible” y sin presentar un diagnóstico de la PGJE, preguntó sobre las reformas estructurales de la dependencia, su estrategia para acabar con la corrupción y complicidades de agentes judiciales y delincuencia organizada.

El diputado del PRI y presidente de la Comisión de Gobierno, Héctor Apreza Patrón, preguntó su propuesta para relacionar a la PGJE con la sociedad y las acciones para acabar con la corrupción.

En su turno cada uno de los candidatos a procurador primero leyeron un resumen del plan de trabajo y luego respondieron a los diputados.

Ramírez Guerrero respondió al diputado del PRS que una de las reformas al marco jurídico era reconocer que las víctimas tienen derechos constitucionales que ya existe a nivel federal y debería adecuarse a las leyes locales.

De los grupos especiales dijo que deben crearse, porque no cree en el funcionario que lo sabe todo y por eso propuso crear el grupo antisecuestro apoyado por la tecnología, además de llevar un control a través de la Contraloría Interna.

Fue entonces que se comprometió a no solapar actos de impunidad y “aplicar con rigor de la ley”.

Como Demetrio Saldívar insistió en que precisara sobre las reformas la marco jurídico, Jesús Ramírez se exaltó y le respondió que no podía citar en ese momento las reformas, artículo por artículo, “no soy un articulero”, le devolvió al perresista, y agregó: “Cambiaremos lo que sea necesario”.

De los agentes comisionados como guardaespaldas recordó que es un acuerdo del Ejecutivo estatal con el la PGJE y se obliga a dar seguridad a los funcionarios que lo requieran, así que dejó establecido que seguirá ese plan de seguridad.

Al diputado panista le dijo que para dar credibilidad a la PGJE va a enfrentar a la delincuencia capacitando a los agentes judiciales, además dijo que en Guerrero ha disminuido la delincuencia un 12.56 por ciento.

Al perredista, Sebastián de la Rosa le dijo que no hizo el diagnóstico porque no conoce la PGJE pero apenas llegue al cargo lo hará.

También le dijo al diputado que ya había sido claro en la lectura de su plan de trabajo y sus propuestas de reforma y no las repitió. Y le lanzó: “Yo no sé qué quiere que le diga”.

Cuando le tocó responder al diputado del PRI, Héctor Apreza, Jesús Guerrero cambió el tono de voz y se disculpó: “Yo de por sí hablo fuerte. Pido me comprendan, porque esa es una característica de los guerrerenses”.

Luego dijo que los mecanismos para que la sociedad participe en la dependencia serán: “Nos vamos a acercar a la gente. No habrá esa distancia con el pueblo porque entonces dejaremos de ser la representación social, daremos un rostro humano a la Procuraduría”. Además también en respuesta a una pregunta del priísta: “Con el Congreso local tendremos una relación de la mejor”.

E invitó a los medios de comunicación a participar junto a la PGJE en el mejoramiento de la procuración de justicia y se comprometió a mantener informada a la sociedad de los trabajos realizados.

A una pregunta de la diputada priísta, se comprometió a otorgar nombramientos a mujeres en la dependencia.

 

El director de la PJE debe ser nombrado por el procurador y no por el gobernador: Saavedra Flores

 

Siguió el académico de la UAG y en varias ocasiones funcionario de la PGJE, Manuel Amador Saavedra Flores.

Demetrio Saldívar le reconoció su capacidad para entregar un plan de trabajo detallado y completo.

Como Demetrio le preguntó si estaba de acuerdo en que el director de la PJE deba ser nombrado por el procurador, Saavedra dijo que está de acuerdo porque daría más posibilidades de acción, pero no sólo a este funcionario, sino que a los subprocuradores.

Sobre los agentes judiciales comisionados de guardaespaldas dijo que lo más sano es que no realicen labores de guardaespaldas y que debe revisarse si los funcionarios en verdad requieren de la seguridad, pero que eso debe regularse a través del Congreso local y no sólo con un acuerdo entre el Ejecutivo y la PGJE, como actualmente.

Al panista Angel Pasta le respondió que para sanear a la PGJE se deben cambiar a los funcionarios que ostenten cargos medios o superiores, y aseguró que en sus 20 años de trabajo en la PGJE conoce a cada uno de los que trabajan en la dependencia.

El perredista Sebastián de la Rosa lo felicitó por sus respuestas puntuales a diferencia de Jesús Ramírez que no quiso hacerlo. Y que eso lo ubicaba en un parámetro diferente, que podría servir para dirigir la PGJE.

Saavedra dijo que en la PGJE es necesario hacer reformas a su Ley Orgánica y crear el reglamento interno, además de establecer el servicio civil de carrera dentro de la institución como sucede en la federación y no dar incertidumbre a los trabajadores, quienes en cada cambio de titular tienen que hablar con sus “padrinos o amigos” para quedarse en el puesto.

Propuso crear Ministerios Públicos especializados por delito con su propia policía, también especializada en todo el estado. Además de que dijo que para desahogar el rezago en el número de averiguaciones previas es necesario crear un departamento que dé seguimiento a cada uno de los expedientes.

Estuvo de acuerdo en que el director de la PJE debe ser un colaborador del procurador y no un opositor dentro de la dependencia.

Al diputado Héctor Apreza le dijo que está en desacuerdo con los Consejos Ciudadanos como una forma de vinculación de la PGJE con la ciudadanía porque no existen resultados favorables y sólo sirven como recomendadores de atención especial a amigos.

Aseguro que la única forma de vinculación es que la PGJE informe periódicamente sobre los avances de las investigaciones y de los programas que se desarrollan en materia de procuración de justicia utilizando a los medios de comunicación.

Para llevar un control de la actuación de los funcionarios y agentes judiciales dijo que debe hacerse efectiva la facultad de la Contraloría Interna, y sobre todo las evaluaciones que haga la ciudadanía, y que una forma de medir la eficiencia es el número de recomendaciones que emita la Codehum.

Los diputados del PRI, Saúl Alarcón y Generosa Castro, felicitaron a Manuel Amador por su experiencia y propuestas.

 

Obediencia a la ley no al gobernador: Violeta Parra

 

La ex magistrada Violeta Parra propuso cambiar a la PGJE con capacitación, profesionalización y depuración. Indicó que más que dar computadoras nuevas se debe enseñar a usarlas.

Señaló que una de las características de la dependencia es que debe dar atención a las víctimas porque luego son maltratadas en lugar de darles bienestar.

Aceptó que los judiciales responden a los intereses del director de la PJE o a sus jefes de corporaciones sin respetar al MP. De su estrategia para acabar con la corrupción dijo será integrales averiguaciones previas y meterlos a la cárcel aunque sean sus amigos, o si no dijo que hablará con ellos y les dirá: “Qué estás haciendo cabrón…compadre, aquí te sujetas a la ley o la cárcel”.

Consideró que el director de la PGJE debe estar al mando del procurador y que éste lo debe nombrar, no el gobernador.

Con Violeta Parra culminaron las comparecencias y el martes la Comisión de Gobierno habrá de reunirse para analizar los criterios del dictamen y decidir quien será el nuevo procurador. El miércoles 17 se dará a conocer en primera lectura el dictamen o en su caso se dispensará el proceso legislativo y ese día se le toma protesta al nuevo procurador, o el jueves se dispensará la segunda lectura y ese día queda consumado el arribo del tercer titular de la PGJE del gobierno de René Juárez.

 

* El equipo del periodista no descarta que se trate de un acto de censura

* Fue la programación que dispuso Tv Azteca de México, informan en la televisora local * Sí se mandó el programa a los concesionarios de Guerrero, informan en las oficinas centrales de la televisora

En Guerrero no fue transmitido el programa semanal de televisión del periodista Ricardo Rocha, que había anunciado un reportaje sobre la reapertura del caso de la masacre de Aguas Blancas, en Tv Azteca.

David Robles, jefe de información de la agencia Detrás de la Noticia que dirige Rocha, no descartó que por ser un hecho “inusitado” se haya tratado de una censura. La colaboradora del equipo de Rocha, Cynthia Contreras, informó que el periodista pidió un informe a la televisora para saber qué ocurrió, y en caso de confirmarse un ataque a la libertad de expresión “sí se va a hacer un escándalo”.

En las oficinas de Tv Azteca Guerrero se solicitó información oficial del director de la empresa Carlos de la Colina, pero su secretaria dijo en tres llamadas telefónicas que el ejecutivo se encontraba “atendiendo una comunicación”, también por teléfono.

En uno de los intentos que El Sur hizo para hablar con De la Colina, su secretaria dijo que su jefe le había pasado una tarjeta en la que explicaba que “fue una disposición” de la cadena televisiva con sede en la ciudad de México. Asimismo remitió a este diario a preguntar las razones en las oficinas centrales de Tv Azteca.

Allá, la ejecutiva de Prensa, Lorena González, dijo que desconocía los motivos de la no transmisión del reportaje de Rocha sobre Aguas Blancas, y envió por fax una copia de la programación que la empresa había dispuesto para Tv Azteca Guerrero. E indicó que en todo caso, habría que pedir una explicación a la televisora local, que si transmitió los frecuentes spots que anunciaban de un modo espectacular el programa.

En tanto, el jefe de información del noticiero Hechos Guerrero, Miguel Angel Arrieta, declinó declarar, pues explicó, no está autorizado para ello.

Aunque en Acapulco y en el estado a las 11:30 de la noche –hora del programa de Rocha, Reporte 13– se ve todos los días el noticiero de Tv Azteca Guerrero, los jueves la televisora local retransmite los reportajes del periodista. Pero en esta ocasión en que el tema sería sobre la reapertura del caso de la masacre de Aguas Blancas, no ocurrió así.

Este jueves 11, después de Hechos Guerrero, entró un programa de concursos de Tv Azteca, cuyo horario es de 2:30 a 3 de la tarde; después hubo vi-deos musicales –que en la transmisión de la televisora nacional no aparecían en ese mismo momento, como se pudo ver en el sistema de televisión por satélite– y más tarde regresó el enlace, pero ya en la programación del sistema de ventas de productos. En el sistema de televisión restringida sí fue posible ver el programa a las 11:30 de la noche.

El reportaje incluyó casi al final una entrevista con el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el principal implicado en la masacre, según las víctimas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También apareció el video de la masacre con algunas nuevas tomas, pero que en escencia es el mismo que Rocha difundió a fines de febrero de 1996, dos semanas antes de que Figueroa Alcocer pidiera licencia al Congreso local para separarse del cargo.

Asimismo, hay entrevistas con el magistrado de la SCJN, Juventino Castro, uno de los ministros que vino a Guerrero y redactó un reporte muy crítico sobre la matanza; con algunos de los involucrados que fueron encarcelados en el penal de Las Cruces, de Acapulco y que todavía permanecen presos.

Hay testimonios con algunas de las víctimas y se hace un recuento de lo ocurrido a siete años de la masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez. Incluye opiniones sobre las inconsistencias jurídicas que en ese entonces tuvo el asunto y la liberación de varios de los policías y funcionarios que fueron detenidos. Todo ello en el contexto de la reapertura del caso, en el que se insiste de manera reiterada.

Al siguiente día de la transmisión, el viernes por la mañana, Ricardo Rocha recibió diversas quejas de televidentes de Guerrero que, dijeron, no pudieron ver el programa. Rocha atendió esta información por teléfono en su programa de radio que se transmite de 6 a 10 de la mañana por el 94.5 de FM, en el 6.60 de AM y en el sistema de televisión por cable.

En Detrás de la Noticia se informó que también la corresponsal en Acapulco, Adriana Covarrubias, “nos hizo ese mismo comentario por la mañana cuando mandó su información, pues al parecer la gente se quedó esperando”.

“El primer sorprendido fue Ricardo (Rocha)”, dijo David Robles, jefe de información de la agencia Detrás de la Noticia con sede en la ciudad de México, quien consultado por teléfono agregó que este hecho es “inusitado”, pues “nunca nos había ocurrido, sabemos que eso pasa en lugares donde se transmiten más programas locales, pero en Acapulco, en Guerrero, tenemos entendido que después de su noticiero local lo retransmiten”.

Explicó que Detrás de la Noticia produce el programa “y como agencia se lo vendemos a Tv Azteca, no sé en qué terminos esté el contrato con las repetidoras y qué proceda en estos casos; no nos había ocurrido antes”.

David Robles indicó que “a raíz de esto Ricardo ya está pensando incluso en no adelantar de qué se va a tratar el programa en los anuncios, pero todavía no sabemos qué pueda ser mejor”.

Aunque aclaró que hasta ese momento no había una respuesta oficial de Ricardo Rocha ni de Detrás de la Noticia, el jefe de información de la agencia expresó que lo ocurrido “es muy lamentable y nos incomoda”. Tampoco ocultó la sospecha de que se trate de un acto de censura, “sobre todo por tratarse de un tema de especial relevancia para los guerrerenses y que afectaría directamente allá”. (Ricardo Castillo Díaz).

* La suspensión de concesiones, el retiro de taxis foráneos y detener el hostigamiento de agentes de Tránsito municipal, otras demandas 

Karina Contreras * La destitución de tres delegados de transportes, fue el acuerdo entre el subprocurador de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Jesús Vargas Vargas, con transportistas priístas de Acapulco, luego de que éstos bloquearon parcialmente la Costera, lo que provocó caos vial y malestar de los automovilistas.

A las 10 de la mañana, los permisionarios de la Coalición Mixta de Transportistas del Estado de Guerrero AC, encabezados por su presidente Fortino Rodríguez Cruz, estacionaron sus unidades –que iban desde taxis, combis hasta microbuses– desde el hotel Plaza Las Glorias hasta la tienda Gigante de la Costera, los cuales acomodaron en cuatro hileras en los dos carriles.

Los cerca de 600 transportistas se concentraron en el asta bandera, donde demandaban la destitución del director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del estado, Reynaldo Echeverría Medrano, a quien acusaban de ser “el principal promotor de los taxis piratas y números dobles”.

También protestaban contra los delegados  Jorge Cebredo Luviano, del municipio de Tecpan; el de la zona conurbana de la Zapata, Juan Manuel Pachuca Domínguez, y el de Tlapa, Mario Rodríguez,

Otras peticiones fueron la suspensión de concesiones, el retiro de taxis foráneos y detener el hostigamiento de agentes de Tránsito municipal, quienes –aseguran– les inventan infracciones, además del retiro de los discos de áreas restringidas, como los que se encuentran en la tienda Comercial Mexicana de la Costera.

Fue a las 11:30 horas cuando ya con los ánimos calientes por la falta de “atención de las autoridades”, Rodríguez Cruz dijo que sabían que el gobierno de Zeferino Torreblanca ha sido represor, pero que esperaban que no hubiera problemas.

Sin embargo –señaló– “elevan las infracciones hasta 100 pesos”, lo que provoca que el agente de Tránsito detenga la unidad por cualquier motivo y exija dinero.

Se quejó que por las altas multas “parece que la secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas, o el propio Zeferino Torreblanca pidan mochada para pagar la propaganda de un tal Carlos Alvarez”.

Luego indicó que los transportistas presentan un promedio de 150 infracciones al día, de las cuales el pago más bajo “es de 80 a 100 pesos, en tanto que las más altas van de 2 mil a 3 mil pesos”.

Cerca de las 12 del día se presentó a la manifestación el director de Tránsito, Salvador Melesio Montiel, a quien Fortino Rodríguez Cruz le exigió que le comunicara al secretario del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos, que si no se presentaba al lugar para atender sus demandas bloquearían completamente la Costera.

Ya en entrevista, visiblemente molesto Melesio Montiel dijo que los asuntos que competían municipio ya los habían tratado y se llegó al acuerdo de que los solucionarían.

Señaló que en ese plantón había “otros intereses que le beneficiaban a alguien”. Agregó que “el poco turismo que llega se espanta con estas manifestaciones, porque no tiene la necesidad de sufrir este tipo de cosas”.

A las 13:10 horas los transportistas comenzaron una marcha “para presionar” y exigir la presencia de las autoridades, de quienes hasta esa hora sólo se  sabía que “ya llegaban al lugar”.

La marcha empezó en el asta bandera y dio vuelta en el cruce a la altura de la Gran Plaza, donde por varios minutos provocó un caos vehicular y se escucharon  los reclamos hacia los transportistas.

Por tal motivo, por espacio de diez minutos en la Costera se vio interrumpida la circulación, pero no por la marcha, sino por un choque entre un automóvil y un camión urbano que intentaron ganarse el paso. Pero como no se sabía eso hubo reclamos y hasta los mismos organizadores de la manifestación decían: “estos cabrones seguro ya bloquearon”, al referirse a quienes se habían quedado en el asta bandera.

Mientras estaba la marcha, cerca de las 14 horas llegó al lugar la secretaría de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas, a bordo de una motocicleta.

Minutos después se presentó Ramírez Ramos, quien justificó su tardanza de cuatro horas porque se “encontraba en Paso Texca”.

Pero ahora los funcionarios tuvieron que esperar bajo los rayos del sol a que los manifestantes los atendieran.

Al terminar la marcha, los reclamos de los choferes no se hicieron esperar en cuanto a la negligencia de las autoridades, sobre todo por hacerlos esperar 4 horas.

Ante la inconformidad, Guillermo Ramírez sugirió hacer una mesa de trabajo, lo que los transportistas aceptaron muy molestos. La comisión se trasladó entonces al restaurante Los Lagos, en el interior del parque Papagayo. Allí los esperaban Guillermo Ramírez Ramos; la secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas; el subsecretario de Asuntos Políticos del estado, Jesús Vargas Vargas;  el director de Tránsito del municipio, Salvador Melesio Montiel; el delegado de Transportes de la zona Centro, Arturo Heredia Agatón, entre otros.

Ante los funcionarios, Rodríguez Cruz denunció que el gobierno estatal no había cumplido con la destitución de los delegados Juan Manuel Pachuca Domínguez, de la zona conurbada del puerto; Mario Rodríguez, de Tlapa, y Jorge Cebrera Luviano, de Tecpan.

Luego expuso las quejas para el gobierno municipal, entre las cuales estaba que en un mes 10 vehículos han sido robados y nada se ha hecho contra la inseguridad; además del hostigamiento de agentes de Tránsito municipal contra sus agremiados.

Aseguró tener pruebas de que ha aumentado la corrupción en el transporte, además de haber burocracia en los servidores públicos.

Manifestó que Zeferino Torreblanca ha perjudicado al transporte de “muy mala manera e intencionalmente”, y señaló “hay más corrupción entre los agentes de Tránsito y alguna autoridad se está llevando mochada para las campañas políticas”.

En su intervención, el subsecretario de Asuntos Políticos del estado, Jesús Vargas Vargas, dijo que “el gobierno de René Juárez no es enemigo de los transportistas” y que está muy interesado en que este rubro funcione cada vez más apegado a la ley.

Señaló que “no iban a medir fuerzas ni tratar con partidos políticos” y que por problemas de antaño no se debe afectar la vida cotidiana de los ciudadanos, sobre todo de los turistas.

Manifestó que el Ejecutivo siempre ha querido que se respete la libre manifestación pública porque es un derecho consagrado en la Constitución, pero que no están de acuerdo que se ejerza “alterando el orden público”.

Dijo que las acusaciones deben hacerse en forma seria, porque no quieren “que la población tome como costumbre ir a la calle para pedir la salida de un funcionario”, pues para eso hay canales, hay procedimientos.

Vargas Vargas manifestó  que se “comprometía a destituir a los delegados”, –pero son precisar la fecha– porque el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, tenía la facultad para moverlos, pero –señaló– la destitución de director de Transporte, Reynaldo Echeverría Medrano es “facultad del gobernador”.

Luego pidió a Fortino Rodríguez que “presentara los argumentos que comprueben las irregularidades y sirvan para la destitución del funcionario”.

Anunció que el combate al pirataje seguirá porque “crea conflictos entre el gobierno y los transportistas”. Anunció que hoy comenzaría una operación contra el pirataje.

Luego los exhortó para que por la vía de la ley se traten los problemas del transporte y en las mesas de trabajo.

Fortino Rodríguez dijo que si no podían destituir a Reynaldo Echeverría, “entonces que le amarren las manos” para que ya no dé más concesiones y que sea el gobierno el que tome el control.

Nuevamente Vargas Vargas intervino: “no se soltará ninguna concesión hasta que no tuvieran  la reunión con Miranda Añorve”.

Por su parte, Guillermo Ramírez Ramos indicó que no había ningún inconveniente en quitar los discos de la Comercial Mexicana, pero que primero se analizaría porque tal vez fueron puestos por cuestión de seguridad.

Nava Rojas afirmó que “se va a combatir  la corrupción en cualquiera de las corporaciones cuando se presente”, y buscarán siempre que prevalezca el orden y la legalidad.

Una hora después los transportistas salieron sonrientes de las negociaciones y retiraron sus unidades.