Raquel Santiago Maganda * Tras haberse reunido con autoridades educativas en una mesa de trabajo, los maestros de la CETEG lograron la firma de una minuta para solucionar los conflictos políticos-laborales del magisterio, informó la vocera Maricela Martínez Reséndiz.

Tras reconocer que los conflictos político-laborales son mayores que los que tienen que ver con el ámbito educativo, la maestra aseguró que la mesa de trabajo concluyó a las 4 de la mañana, pero dijo que “se lograron avances” al firmarse acuerdos para solucionar los conflictos en las zonas escolar 60, preescolar 23 y en el sector 07.

Dijo que en el caso de la zona 60, el 11 de octubre se reunirá el subsecretario de Educación Básica, Adrián del Villar, con el supervisor de filiación cetegista, Cipriano Gutiérrez Niño, y con los directores del área que no lo reconocen por ser del grupo conocido como institucionales. La intención, según dijo la vocera, es establecer mecanismos para regular la situación y “de cierta manera” que lo reconozcan como único supervisor.Mientras que el 16 de octubre el encargado estatal de Conflictos Políticos-laborales de la Seg, Germán Espíndola se reunirá con los padres de familia de la primaria Baltasar R. Leyva Mancilla de Pie de la Cuesta para analizar su petición de sacar a la directora Dalia de los Santos Lugardo, a quien acusan de mala administración pero no la reconocen por ser institucional cuando los padres respaldan a maestros de la CETEG.En el caso de la zona preescolar 23, dijo que las maestras cetegistas exigen que la designación de la supervisora sea por medio del escalafón “y no como imposición”, como aseguró que sucede con la supervisora Bertha Plancarte.En el caso del jefe de Sector 07, también de afiliación cetegista, Raúl Casas, la vocera dijo que lo pretenden remover “para imponer” a uno institucional.Maricela Martínez informó que la reunión tuvo momentos difíciles cuando los funcionarios no aceptaban sus propuestas, pero finalmente a las 4 de la mañana concluyó satisfactoriamente la mesa de trabajo.

 * Presentará la asociación de familiares de desaparecidos un amparo contra esta resolución que invade las atribuciones de la justicia civil y trata de mantener al Ejército fuera del escrutinio de la sociedad, informó el abogado José Enrique González Ruiz

 El abogado de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), José Enrique González Ruiz, informó que la Procuraduría General de Justicia Militar ratificó su posición de que sí es de su competencia la investigación de los delitos que cometieron los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo durante la guerra sucia, porque dice que actuaron en cumplimiento de funciones dentro del Ejército.

Contra esta ratificación de competencia, la Afadem presentará una demanda de amparo, anunció el abogado.

El 2 de octubre, la Afadem demandó por escrito al procurador general de Justicia Militar, Jaime Antonio López Portillo, que decline seguir con las averiguaciones contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, y otros militares involucrados en la guerra sucia, y que turne la información que esté en sus manos a la Procuraduría General de la República, que es la autoridad competente en este caso.

Además de la Afadem, otros familiares de desaparecidos y ex presos políticos, así como el PRD, plantearon que debería ser la justicia civil y no la justicia militar la que se encargara de investigar y juzgar a los militares involucrados en los crímenes de la guerra sucia, después de que el 27 de septiembre se publicó que los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo habían sido consignados por el procurador de justicia militar a un juez militar por el delito de homicidio de cerca de 150 personas, denunciadas por sus familiares como desaparecidas en Guerrero en la época de la guerra sucia.

González Ruiz consideró que la respuesta de la Procuraduría Militar en la que ratifica su competencia en el caso es jurídicamente una invasión de atribuciones y políticamente es mantener al Ejército fuera del escrutinio de la sociedad”.

Por otra parte, comentó sobre la declaración del procurador militar, Jaime Antonio López Portillo, quien hace una semana dijo a los medios que de la averiguación contra Acosta Chaparro y Quirós envió un expediente a la Procuraduría General de la República para que se investigue a los ex guerrilleros que participaron en el movimiento de Lucio Cabañas como responsables de homicidio de 39 soldados y varios heridos en la época de la guerra sucia.

El abogado manifestó que esta investigación no tiene ningún efecto legal, porque había una ley de amnistía general.

Explicó que en México la amnistía siempre ha sido de carácter general, refiriéndose a todos, y la gente beneficiada no tenía que ir a registarse o cumplir algún trámite.

“Jurídicamente el procurador militar anda errado”, expresó.

Aclaró que quien tiene que declarar formalmente esto es el fiscal especial, a quien seguramente le turnarán el documento del procurador militar, y tendrá que decir que lo da por cerrado.

“Legalmente no hay manera de perseguir a las personas que anduvieron alzadas en armas, y si lo intentaran habría más un afán de asustar a la gente, creo que eso lo sabe bien el fiscal militar López Portillo, él sabe que hay una ley de amnistía y que protege a los que anduvuerin alzados en armas. Creo que está utilizando ese mecanismo para atemorizar y aterrorizar”, dijo González Ruiz.

Sobre la respuesta de la Procuraduría de Justicia Militar a la solicitud de que se declare incompetente para llevar los casos de Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo y otros militares involucrados en la guerra sucia, informó que dicen que el artículo 57 del Código de Justicia Militar faculta a as autoridades militares a intervenr en asuntos de este tipo cuando los soldados están en servicio activo, y que Acosta Chaparro actuó en Guerrero comisionado por el Ejército.

González Ruiz comentó: “Qué raro que en el Ejército les ordenen hacer estas cosas”.

Por otra parte, confirmó que quien envió a la Procuraduría Militar los expedientes de Guerrero que se habían abierto en la PGR con denuncias que los familiares de desaparecidos presentaron ante esa instancia civil, fue el actual procurador general de la República, general del Ejército Rafael Macedo de la Concha.

Señaló que turnó a la justicia militar los expedientes sin notificar a los familiares y a sus representantes legales.

Criticó que quieran resolver todo el problema de los desaparecidos diciendo que los culpables de todo son Acosta Chaparro y Quirós, que de todos modos van a estar años en prisión por narcotráfico, y diciendo que todos los desaparecidos están en el fondo del mar.Sobre la demanda de amparo que presentará contra la competencia militar dijo: “Necesitamos que haya reconsideración, que se reconozca la competencia de la justicia civil en su ramo penal”.Dijo que con esa resolución se manifiesta “la abierta intención de que la sociedad no escudriñe al Ejército, que los militares se investiguen solos, que encuentren ellos sus irregularidades, que se castiguen. Esto sólo opera con el fuero de guerra, pero no para el caso de los desaparecidos, que todos son civiles”.El problema es que el gobierno no quiere que el Ejército esté sujeto al escrutinio de la sociedad, dijo el abogado, y explicó que la ratificación que hizo la Procuraduría Militar “es una invasión de la jurisdicción civil, y está tratando de vivir en su torre de marfil donde no puede entrar la sociedad”. (Maribel Gutiérrez)

* Los funcionarios y el senador le piden calma al priísta y terminar con los disturbios * Después de reunirse con ellos, Pedro Pablo desafió que no permitiría que el perredista Modesto Brito recibiera la constancia de mayoría * Dice que se siente “orgulloso y feliz” de su trabajo, al reconocer que tiene en su contra más de 100 averiguaciones previas y unas 50 órdenes de aprehensión

Oracio Lagunas Ramírez, enviado, Teloloapan * El priísta Pedro Pablo Urióstegui Salgado liberó la noche del martes al presidente del Consejo Electoral del distrito 08, Sergio del Moral Benítez, después de haber ordenado la quema de toda la paquetería electoral de los comicios del 6 de octubre que por quinta ocasión consecutiva ganó el PRD en este municipio.

Ante la posibilidad de mayores disturbios, la mañana de este miércoles una comisión de funcionarios del gobierno estatal encabezada por el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve; el senador priísta Héctor Vicario Castrejón, y el director de Gobernación estatal, Rey Hilario Serrano, se presentaron en Teloloapan y se reunieron con Urióstegui Salgado en la casa del líder natural del PRI en el municipio, Adrián Román, donde según el priísta, lo conminaron a calmar sus protestas violentas ante la gravedad del problema.

Tras hora y media de diálogo que Pedro Pablo Urióstegui calificó de “muy amigable”, la comisión de funcionarios estatales y el senador se retiraron del lugar, pero anunciaron su regreso en caso de continuar las protestas.

Pero el priísta Urióstegui desdeñó el llamado del gobierno del estado para mantener la calma en el municipio, y dijo no temer que lo encarcelen “con tal de hacer valer el voto de cientos de campesinos y amas de casa inconformes” con los resultados electorales del domingo pasado.

La noche del martes, acompañado de un comando de priístas que a decir de vecinos y consejeros electorales iban armados, Pedro Pablo Urióstegui tomó por la fuerza las oficinas del consejo electoral del distrito 08, sustrajo la paquetería electoral y secuestró a los consejeros, a quienes trasladó encañonados hasta la cancha de futbol para que presenciaran la incineración que ordenó de la paquetería electoral consistente en actas de escrutinio, boletas sobrantes, mamparas, urnas, tintas indelebles y perforadoras de credenciales.

Después de tres días violentas protestas que en su mayoría ocurrieron por la noche, los pobladores de Teloloapan circulan ya con relativa calma. Sin embargo se comentan unos a otros “hasta cuándo parará la situación”. A partir de la noche del martes, el Palacio Municipal está rodeado por policías preventivos que mantienen un fuerte dispositivo de seguridad. A los estatales no se le ve por el lugar.

Pedro Pablo Urióstegui advirtió que “para nosotros, permitir la entrega de constancia de mayoría (a Brito González) es como permitir la burla a las grandes mayorías de la población”.

Urióstegui fue entrevistado ayer en la casa de campaña de su esposa Tomasa García Figueroa, la ex candidata a alcalde de Teloloapan, donde permanecía reunido un centenar de seguidores.

Al justificar la quema de papelería, Urióstegui dijo: “De momento nosotros nos sentimos tristes por una supuesta derrota, pero si nosotros nos quedamos callados y damos margen a que las instituciones como el Consejo Electoral determinen, pues nunca iba a darnos la línea a nosotros (sic)”.

A eso se debe, dijo, “que sustrajéramos los paquetes. No hubo ningún golpe. No hubo ningún lesionado, simplemente sustrajimos las cajas, las echamos a las camionetas y se quemaron, y hasta ahí”.

Insistió en la anulación de la elección tanto para presidente municipal como para diputado por el distrito 08, para que se convoque a una elección extraordinaria en la que sólo participen los candidatos del PRI y PRD.

–¿Se dice que Teloloapan vive prácticamente secuestrado?– se le preguntó.

–Se dicen muchas cosas, sobre todo de la gente más nefasta, esas que siempre recurren a la mentira, con el objeto de desorientar a la ciudadanía, haciéndoles ver que Teloloapan está bajo un estado de sitio, que está secuestrado, que hay muchos muertos, muchos heridos, pero en fin, eso es totalmente falso.

De la portación de armas de uso exclusivo del Ejército por parte de él y sus seguidores, como afirman policías y funcionarios del consejo distrital, Urióstegui lo negó en forma tajante: “Si eso es cierto, entonces qué, ¿los policías están de parapetos? Eso sería vergonzoso para la policía”.

Dijo que sus seguidores portaban palos y garrotes, pero nada más.

Consideró que esa imagen tiene la firme intención de provocarle mayores problemas, porque si alguien, sin decir nombre, asesina de verdad a una persona, “el muerto me lo cargarían y eso sí complicaría aún más la situación”.

Del secuestro del presidente del consejo electoral del distrito 08, Sergio del Moral Benítez, aseguró que lo mantuvo retenido en la casa de campaña, pero después de quemar la papelería electoral mandó llamar al agente del Ministerio Público y al médico legista a fin de certificar el estado de salud del funcionario, pero como no llegó, optó por entregarlo al líder natural del PRI, Adrián Román.

Se lanzó de nueva cuenta contra el candidato ganador del PRD, de quien dijo que “le faltan pantalones y sólo se puede encaramar en sus mujeres, a quienes por cierto se prestan con otros perredistas, lo cual les ha traído la adversidad de la militancia, sobre todo aquellos que han actuado de buena fe”.

Urióstegui Salgado reconoció que en su contra pesan más de 100 averiguaciones previas y unas 50 ordenes de aprehensión, por lo que se dijo “orgulloso y feliz de mi trabajo a favor de los más necesitados porque no he matado, no he matado ni no he violado. Siempre he trabajo por los que menos tienen, y eso me hace realmente feliz”.

De la reunión con Miranda Añorve, Vicario Castrejón e Hilario Serrano, en la casa del líder natural del PRI Adrián Román, dijo que “platicamos y charlamos como camaradas”.

–¿Hubo una invitación en especial?

–La única invitación (que los funcionarios pueden hacer) es con el pueblo. El gobierno busca la manera de alargar los tiempos para desgastar a la gente. Quien tiene que valorar, quien tiene que decir la última palabra, no es quien está en el gobierno, es el pueblo.

–¿Se dice que la comisión de funcionarios le pidió que desistiera de sus protestas?

–Nadie me tiene que decir a mí qué es lo que tengo que hacer. Yo no soy de las gentes que anda espantando al pueblo como lo han manifestado por ahí, simple y sencillamente hago valer mi derecho, porque a quien más defiendo es a los campesinos y amas de casa. A los funcionarios, mi respeto, pero hasta ahí, nada más.

Ayer no fue posible localizar al alcalde Ubaldo Salgado Mojica. Por otro lado, se informó que no se encuentran en la cabecera municipal el candidato a alcalde ganador Modesto Brito González ni los dirigentres municipales perredistas, a quienes se buscó en sus casas y oficinas del partido, pero no se les localizó.

De la corresponsalía, Chilpancingo * El gobierno del estado solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) inicie una averiguación previa en contra del dirigente priísta de Teloloapan, Pedro Pablo Urióstegui Salgado, quien según el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno, Jesús Vargas Vargas, habría cometido delitos federales, uno de ellos, el de ataque a las vías de comunicación.

Vargas Vargas indicó que el mismo lunes por la noche cuando Urióstegui junto con sus seguidores bloquearon la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y sitiaron Teloloapan, el gobernador René Juárez Cisneros se reunió con autoridades de la PGR y la IX Región Militar se determinó  “estar atentos a lo que pudiera acontencer en ese municipio”.

Por su parte, el gobernador René Juarez Cisneros, declaró que entabló conversación telefónica con Pedro Pablo Urióstegui y que lo convenció que desbloqueara la carretera, sin embargo, dijo que su gobierno va aplicarle la ley.

“Vamos a pugnar porque se respete el estado de derecho, no hay excepción para nadie en cuanto aplicar la ley”, sostuvo.

Entrevistado en el corredor de las oficinas del Consejo Estatal Electoral, Vargas Vargas señaló que este miércoles por la mañana el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve se trasladó a Teloloapan y convenció a Pedro Pablo entregar las oficinas del Consejo Distrital 08 y que sus protestas las realizara por la vía legal.

“El gobierno del estado a través del secretario general de Gobierno ya cumplió con su parte de convencer a Pedro Pablo que  sus demandas las canalice en los órganos electorales, pero ahora le corresponde a las instancias federales iniciar una investigación al dirigente priísta porque sabemos que ha cometido delitos federales”, expresó.

Manifestó que el gobierno federal ya está analizando este problema porque “porque tiene que aplicar la ley de armas y explosivos”.

* El presidente del consejo electoral de Teloloapan narra cómo ocurrieron los hechos del martes

Oracio Lagunas Ramírez, enviado, Teloloapan * El presidente del consejo electoral distrital, Sergio del Moral Benítez, confirmó la versión de la toma violenta de oficinas por parte de seguidores de Urióstegui, mismos que lo secuestraron por unas horas, y añadió que ésta fue “de la manera más violenta”. Indicó que incluso los priístas le advirtieron que si reconocía ante la prensa que había recibido amenazas de muerte, le “iba a pesar”.

Entrevistado en una área contigua a su oficina, el funcionario electoral y de otros consejeros, dijo que entre las 8 y 8:30 de la noche del martes, irrumpieron de manera violenta priístas encabezados por Urióstegui, quienes tras desarmar a los policías que resguardan el acceso, se introdujeron al mismo y amenzando con pistolas en mano exigieron dejar todo como estaba, para luego sustraer la paquetería, sacarla del lugar, subirla a una camioneta y trasladarse al campo de futbol, ubicado a tres cuadres del centro de la ciudad, donde fue incinerada.

“A mí, como a otros de mis compañeros, nos tomaron por sorpresa. Nos apuntaron con pistola en mano y nos obligaron a salir de las oficinas y nos trasladaron al campo de futbol, donde incineraron toda la papelería que sustrajeron”, aseguró el presidente del organismo, del Moral Benítez.

Durante el trayecto, agregó, “me dijeron que si hablaba de más, estaba acabado”. Dijo que después de la incineración fue trasladado a la casa de Urióstegui, donde continuaron las amenazas, “pero a los pocos momentos llegó el priísta Adrián Román con otras personas y me llevaron a su casa, lugar donde llegó el agente del Ministerio Público, con quien me retiré del lugar”.

Por su parte, el líder natural del PRI y ex síndico cuando Urióstegui presidió el Concejo Municipal de Teloloapan, Adrián Román rechazó la versión de la toma del consejo distrital, el secuestro del presidente del organismo, pero sí reconoció la quema de paquetería por parte de Urióstegui.

“Quiero decirles que el Consejo rechazó los más de 20 recursos de impugnación, los cuales están debidamente sustentados por el abogado Acuña y por eso, no Pedro Pablo, sino la gente fue la que determinó la toma del Consejo”. Incluso habló de que en situaciones como esta no se puede detener a una multitud enardecida, “sólo se les mantiene”, acotó.

Tras la protesta y quema de papelería, continuó el líder priísta, el presidente del consejo distrital estuvo en su casa, “platicamos, cenamos y hasta nos tomamos un café”.

Aseguró que del Moral Benítez se retiró en el momento en que llegó el agente del Ministerio Público, luego de comprobar que no tenía lesiones en el cuerpo.

Adrián Román insistió, al igual que Pedro Pablo Urióstegui, que fueron los perredistas “con Modesto Brito a la cabeza”, quienes violentaron la transparencia del proceso electoral al repartir dinero por votos, y en los casos más graves, se amenazó a las familias beneficiadas con el Progresa, de retirarlas del programa federal en caso de no votar por los candidatos del PRD.

Indicó que el día de la elección muchos perredistas con playeras del PRD “portaban armas” y “por la fuerza retiraron de las casillas” a los representantes del PRI y los acusaron de “ratas e ignorantes”.

Pidió “a nombre del priísmo teloloapense” la anulación del proceso y convocar en forma inmediata a nuevas elecciones, para demostrar que los candidatos del PRI “ganan limpiamente”.

El dirigente del Movimiento Social de Izquierda, Ranferi hernández Acevedo, opinó que el gobierno federal y estatal tienen responsabilidad en las acciones violentas de Perdo Urióstegui Salgado en Teloloapan, porque a pesar de los llamados del PRD, la Policía Federal Preventiva y las corporaciones policiacas del estado no hicieron algo para detenerlo.

Dijo que las acciones de Urióstegui son una agresión contra el pueblo de Teloloapan y de toda la región, y que los que apoyan al candidato perredista, Modesto Brito, no van a permitir ser burlados.

En referencia al pasado, cuando Urióstegui pertenecía al PRD, dijo que “antes le resultó la violencia para reclamar algo legítimo, pero ahora es una acción de vandalismo”.

Demandó respeto a la voluntad popular y a la legalidad y manifestó su repudio a las acciones desestabilizadoras.

* Asegura el candidato perdedor del PRD que el motivo fue un altercado relacionado con la elección * Maximino Agatón, el muerto, era pistolero y tenía antecedentes penales en Alaska y Canadá, señala

Jeanette Leyva Reus * El excandidato del PRD a alcalde de San Marcos, Salvador Torres Salado, confirmó que el homicida de Maximino Agatón Rodríguez, Manuel Lorenzo, es perredista, pero dijo que lo mató “en defensa propia, porque lo siguió a su casa” y en un altercado relacionado con la elección del domingo.

En visita a la redacción de El Sur, el candidato perdedor del PRD, Torres Salado dijo también que Agatón Rodríguez era guardaespaldas del candidato del PAN, ganador de la contienda por la alcaldía, Fernando Sotelo del Carmen.

En defensa del homicida, el perredista afirmó que Maximino Agatón era reconocido pistolero de la región, además de que estuvo preso tres años en Alaska y Canadá “por tráfico de drogas; y si no, que pregunten los antecedentes a las embajadas”.

También pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue el origen del dinero del alcalde electo del PAN, Fernando Sotelo.

Dijo que, según sus cálculos, el candidato panista repartió más de cinco millones de pesos en un solo día. “Interpondremos la denuncia a la PGR para que investigue el origen del dinero; los sanmarqueños debemos saber qué clase de gobernante habrá, no es posible que haya regalado más dinero para la compra del voto que el candidato del estado”, señaló.

Acerca de la muerte del guardaespaldas a manos del perredista Manuel Lorenzo, explicó que fue en defensa propia, ya que el altercado se suscitó en la casa del homicida, después de que fue seguido por Agatón Rodríguez. “Sólo se defendió, el muerto era un delincuente, tiene antecedentes penales en Canadá y Alaska”, reiteró.

Torres Salado consideró que la situación en San Marcos es delicada, por lo cual las autoridades deben intervenir. “Fernando Sotelo está rodeado de delincuentes; con él trabajan Daniel Bernal, quien fue acusado de actos vandálicos; Alvaro Pineda, que se dedica al robo de ganado; José Luis Agatón, fue tesorero municipal y se enriqueció ilícitamente”, enumeró.

Pidió a la dirigencia nacional del PRD y a la sociedad estar pendientes del desarrollo de los acontecimientos en dicho municipio.

* Unos 700 inconformes toman el Consejo Municipal Electoral

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Unos 700 seguidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y de Convergencia por la Democracia (CD), tomaron ayer el Consejo Municipal Electoral de Acatepec, y quemaron las boletas electorales y el equipo de cómputo en protesta por lo que llamaron “fraude electoral”.

Los inconformes acusaron del fraude electoral al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a su candidato Raymundo García Gutiérrez, a quien denunciaron de recurrir a la compra y a la inducción del voto.

Entrevistado vía telefónica, el representante de Convergencia por la Democracia (CD) y presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores de Guerrero (PRTG), Alfonso Candia Espinosa, informó que el Consejo Municipal Electoral fue tomado a las 6 de la mañana por unos 700 seguidores del PRI, PAN y PT, quienes a las 2 de la tarde prendieron fuego a las boletas electorales que fueron utilizadas en la elección del domingo pasado y al centro de cómputo municipal.

Candia Espinosa informó que algunas de las irregularidades que cometieron el PRD y su candidato durante la elección del domingo fue presionar a los votantes en la comunidad de Cerro Pelón. Indicó que en ese pueblo el representante perredista de casilla, cuyo nombre dijo desconocer, amenazó a Juan Cristino Espinosa para que votara por su partido.

Denunció que en esa misma comunidad la casilla fue instalada donde había propaganda del PRD y que el representante de este partido indicaba a los ciudadanos dónde deberían emitir su voto.

Dijo también que después de que Cristino Espinosa fue presionado para votar, fue a su casa por una cámara de video y empezó a filmar las irregularidades, pero el representante de casilla del PRD le quitó el aparato y lo corrió del lugar.

Candia Espinosa agregó que en la comunidad de Cachitepec, el propio candidato del PRD, Raymundo García Gutiérrez, indicaba a los ciudadanos que votaran por él, mientras que en la comunidad de La Yerba Santa, la casilla se instaló en un lugar “secreto”, y ahí los perredistas estaban orientando a los ciudadanos para que votaran por su partido.

Añadió que en Loma Tuza, dos maestros que se encontraban cerca de la casilla indicaban a los ciudadanos dónde deberían votar y les mostraban el logotipo del PRD.

“Por eso los tres partidos acordamos echar abajo la elección”, indicó Candia Espinosa. Dijo que los inconformes tomaron a las 6 de la mañana el Consejo Municipal Electoral, y que, molestos porque a las 2 de la tarde no recibían respuesta del Consejo Estatal Electoral a pesar de que ya les habían notificado de su inconformidad, decidieron también quemar las boletas y el centro de cómputo.

Candia Espinosa indicó que a las 10 de la mañana se comunicó vía telefónica al Consejo Estatal Electoral para pedir que sus planteamientos fueran atendidos. Agregó que le contestó una secretaria, quien le pidió que llamara en media hora por una respuesta.

Sin embargo, dijo que a la media hora que volvió a llamar le contestó otra secretaria y le dijo que aún no habían recibido instrucciones. Señaló que a las 3 de la tarde aún no tenían respuesta del CEE.

Advirtió que sus acciones las continuarán hasta que se anule la elección del domingo y se corrijan las irregularidades.

* Los encabeza el candidato perdedor Getulio Ramírez Chino * Según el PREP, hubo mil 792 votos de la Alianza para Todos y mil 478 para el abanderado petista

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Simpatizantes del Partido del Trabajo (PT) que apoyaron al candidato a alcalde de Copalillo, Getulio Ramírez Chino, tomaron ayer la caseta de cobro de la Autopista del Sol en Paso Morelos en demanda de la anulación de los resultados de las elecciones del domingo pasado, por las irregularidades que cometió, según denunciaron, la alianza PRI-PVEM.

Los aproximadamente 100 seguidores de Ramírez Chino se manifestaron inconformes con los resultados de la elección, pues dijeron que se cometieron varias irregularidades, como la compra y la inducción del voto y la presión a los votantes.

Encabezados por Ramírez Chino, los militantes del PT tomaron la caseta de cobro a las 10 de la mañana, y hasta las 4 de la tarde continuaban dejando pasar a los automovilistas sin pagar la cuota respectiva. Durante su protesta, los petistas pedían contribución a los automovilistas para financiar su movimiento.

Ramírez Chino advirtió que en caso de que no sean atendidos en su demanda, este jueves podrían trasladar su movimiento a esta capital para tomar el Consejo Estatal Electoral.

Los resultados de la elección en ese municipio, según el Programa de Resultados Preliminares (PREP) fueron de mil 792 votos para la alianza PRI-PVEM y mil 478 para al Partido del Trabajo.

Sin embargo, Ramírez Chino denunció que la Alianza para Todos cometió “toda clase de irregularidades y recurrió a los mismos métodos de siempre, como el acarreo de votantes, reparto de despensas, pacas de lámina de cartón, malla ciclónica y cemento, y hubo comunidades en donde el PRI estuvo comprando hasta en 300 pesos el voto”.

Indicó que por ello no reconocen los resultados de la elección y demandan la anulación de las casillas que impugnan, “porque, de lo contrario, no vamos a aceptar el triunfo del candidato de la alianza PRI-PVEM”, Eleazar Morales Ramírez, advirtió el ex candidato del PT.

Aseguró que cuentan con las pruebas del fraude, como videos y fotos que fueron tomados cuando los priístas entregaban las dádivas para que el voto les favoreciera, en comunidades como Zicapa, Tlalcozotitlán, Huextutla y San Miguel Mixtepec.

Ramírez Chino dijo que por las múltiples irregularidades que se cometieron antes y durante la jornada electoral del domingo procede que se realicen elecciones extraordinarias en ese municipio.

Durante la toma de la caseta de cobro de la Autopista del Sol, los seguidores de Ramírez Chino esperaban la presencia del secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, y de un representante del Consejo Estatal Electoral. Sin embargo, desde las 10 de la mañana, que comenzó el bloqueo, y hasta las 4 de la tarde, nadie había acudido a dialogar con los inconformes, por lo que Ramírez Chino reiteró que este jueves podría trasladar su movimiento a esta capital.

Brenda Escobar, corresponsal, Coahuayutla * Desde el domingo 6 de octubre, priístas y perredistas de este municipio mantienen sitiadas las instalaciones del Consejo Municipal Electoral; los primeros para impedir que le sea entregada la constancia de mayoría al candidato perredista ganador de las elecciones, Omar Correa Cabrera, y los segundos, para vigilar que personas ajenas a este órgano saquen las boletas de esas instalaciones.

De acuerdo con las cifras oficiales, en este municipio el PRD obtuvo dos mil 361 votos y la alianza PRI-PVEM dos mil 324, es decir, una diferencia de 37 votos que pelean los priístas con el argumento de que hubo “fraude electoral”, y por esa razón se apersonaron cerca de las instalaciones del Consejo Municipal Electoral para impedir que le sea entregada la constancia de mayoría al candidato ganador del PRD.

Por la tarde de ayer miércoles, cuando el Consejo Municipal Distrital iba a llevar a cabo la entrega de la constancia de mayoría al candidato ganador, Omar Correa, los priístas que mantenían tomadas las instalaciones impidieron que se realizara el acto.

Lo anterior provocó  una fuerte y acalorada discusión entre los perredistas y priístas y debido a ello, el presidente del Consejo Municipal optó por tomar la determinación de entregar toda la paquetería del proceso al Consejo Estatal Electoral y que sea este órgano quien determine lo que sucederá después, este con el propósito de evitar un conflicto grave.