Raquel Santiago Maganda * Vecinos de la colonia San Isidro Labrador denunciaron la venta de tierra extraída del predio de la escuela Secundaria Técnica 138 con anuencia del delegado en turno, los inconformes argumenta que el socavamiento en la temporada de lluvias los expone al peligro porque se encuentran en el perímetro de la zona de alto riesgo.

Por medio de un documento, 65 vecinos del lugar indican que hicieron la denuncia desde el 9 de abril al subcoordinador de Servicios Educativos Región Acapulco-Coyuca de Benítez, Raúl Vega Astudillo y el 22 de septiembre al alcalde Zeferino Torreblanca Galindo.

Los colonos exigen que se detenga el extracción de la tierra, porque sus casas se encuentran ubicadas en el perímetro de la zona de alto riesgo, y ante el socavamiento corren riesgo de que en esta temporada de lluvias reslten afectados como sucedió en 1997 con el huracán Paulina.

Los inconformes relatan que el 19 de septiembre el nuevo delegado del lugar, Alvaro Santa Vergara acompañado por Delfino Carvajal Simón subieron al predio de la escuela y llenaron cinco camiones de tierra para llevarla a la calle Primero de Mayo de la misma comunidad.Antes el 21 de marzo cerca de las 10:30 horas los vecinos de la calle Ricardo Flores Magón se percataron que camiones de volteo estaban sacando la tierra para venderla para la construcción de un templo mormón ubicado en la colonia Jardín Mangos, a orilla de carretera federal.Al día siguiente algunos vecinos notificaron del hecho al delegado de la colonia Gabriel Figueroa Martínez, allí se enteraron que la constructora tenía convenio con el delegado, para sacar la tierra. Señalan que la copia del convenio no les fue otorgada, y la respuesta del entonces delegado fue no proporcionar ningún documento “porque era solamente de su competencia y que la comunidad no tiene ningún derecho de saberlo lo que él hace en la escuela secundaria”.Aseguran que les dijo que tenía interpuestas seis denuncias en su contra por diversas acusaciones “y que no tenía miedo de enfrentar otra”.

 * Se suman a su protesta delegaciones de estudiantes de 15 estados

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Unos 200 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, tomaron ayer la caseta de cobro de Palo Blanco, donde efectuaron un “boteo” y permitieron el acceso a los automovilistas que depositaban su cooperación.

Asimismo, retuvieron tres autobuses de la línea Estrella Blanca, y Estrella de Oro, que fueron trasladados a las instalaciones del plantel.

Uno de los automovilistas que “cooperaron” con los estudiantes fue el dirigente del PRI, Juan José Castro Justo, quien depositó cien pesos; entre tanto, otro que estuvo a punto de “aportar su cuota” fue el titular de la SEG, Daniel Pano Cruz, quien al percatarse del bloqueo de inmediato regresó a la capital.

El dirigente estudiantil, Osmar Hermenegildo Cruz demandó al gobernador René Juárez Cisneros que instruya al titular de la SEG, Daniel Pano, para que resuelva sus demandas, “y si el contador Pano no puede hacerlo pues entonces que lo cambie, pero es el momento en que se nos ha hecho caso omiso”.

Dijo Pano Cruz “se mostró muy incompetente para resolver esa problemática, él dijo que iba a analizar nuestra demanda, y nosotros decimos que es el momento de resolverlo, por eso estamos pidiendo una reunión de carácter resolutivo ya que el secretario Pano Cruz, dice que nos dará una audiencia después del 6 de octubre”.

Hermenegildo Cruz, aseguró que el secretario de la SEG está más interesado en apoyar la campaña política de los candidatos de su partido, el PRI, que en resolver los problemas del sector educativo. “Apenas hace unos momentos intentó pasar por la caseta de cobro, iba seguramente rumbo a la Costa Grande a hacer campaña”.

 Llegan delegaciones de 15 estados

Por otra parte, el también integrante del comité directivo estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, Marcelo Delgado Hidalgo confirmó la llegada de l6 delegaciones de escuelas normales integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), que reforzarán su demanda para retiren del plantel a 15 maestros que no cumplen con el perfil académico.Indicó que las delegaciones estudiantiles arribaron ayer durante en 40 autobuses provenientes de las normales rurales del Mexe, Hildalgo; Tripetio, Michoacán; Teteles, Puebla; El Quinto, Sonora; Saucillo, Chihuahua; El Cedral, San Luis Potosí; San Marcos, Zacatecas; Cañada Honda, Aguascalientes.También arribaron estudiantes de las normales de Atequiza, Jalisco; Tenería, Estado de México;  Panotla, Tlaxcala; Amilcingo, Morelos; Tamazulapa, Oaxaca; Mactumactza, Chiapas; Hecelchakan, Campeche, y la última fue la de Aguilera, Durango.El dirigente estudiantil manifestó que este martes el pleno de la dirigencia nacional de la FECSM sesionará para definir ‘el plan de acción’ que aplicarán en los próximos días, aunque mencionó que una de las propuestas centrales será la realización de una gran marcha para conmemorar el aniversario de la masacre del 2 de octubre.

 * El abogado de la Afadem, que presentó cerca de 150 denuncias de desaparición forzada en Guerrero, probablemente las mismas por las que dictaron la nueva orden de aprehensión a los dos generales presos, afirma que con esto tratan de evitar que se investiguen las desapariciones y que se castigue a los responsables

 La consignación y orden de aprehensión contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Humberto Quirós Hermosillo por el homicidio de casi 150 personas desaparecidas en Guerrero en la década del 70 es una maniobra del Ejército para evitar que se investige a fondo lo ocurrido en la guerra sucia, planteó el abogado José Enrique González Ruiz, asesor legal de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), que presentó cerca de 150 denuncias de desaparición forzada.

Informó que en representación de la Afadem, presentará a la Procuraduría General de Justicia Militar un documento para exigir que esa instancia militar se inhiba y deje que continúen las investigaciones en la Procuraduría General de la República (PGR).

Manifestó su preocupación porque las denuncias por las que consignaron ante un juez militar a Acosta Chaparo y Quirós sean las mismas que presentó la Afadem, y aclaró: “Es muy extraño que la información aparezca en manos de la justicia militar, cuando las denuncias se hicieron en la justicia civil”. Recordó que los familiares y sus representantes legales acudieron ante el entonces procurador, Rafael Macedo de la Concha, que es general del Ejército, “y seguramente él de manera ilegal envió la información a la justicia militar”.

Otra crítica del abogado al hecho conocido en los medios el viernes 27 es que “se trata de fincar la responsabilidad de todos los casos a Acosta Chaparro y Quirós, cuando nosotros señalamos a otros, incluidos el secretario de la Defensa Nacional y el presidente de la República y a toda la estructura que participó en la guerra sucia. Se trata de amontonar todos los casos en un expediente, que se cargue a Acosta y Quirós y que ahí den por resueltos todos”.

Preparan el terreno de la impunidad

González Ruiz hizo ver que se consigna a los generales por homicidio, y no por desaparición forzada, y con esto lo que se hace es preparar el terreno para que en la mayoría de los casos se declare prescrito, y que la justicia civil ya no intervenga.

“Están fincando el escenario de la impunidad, prepatarndo todo para que el Ejército se encargue de todo”, y dijo que no hay bases para que la guerra sucia sea de jurisdicción militar, porque nunca se declaró la guerra, no reconoció el carácter de prisioneros de guerra a los detenidos; lo que hubo fue una guerra irregular, una guerra sucia, que se llenó de mugre porque no se cumplió la ley”.

El abogado, ex rector de la UAG, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, calificó los nuevos cargos a los dos generales de “jugada grave, primitiva, de mala factura”, y opinó que “era de esperarse esto de un procurador que es militar, Macedo de la Concha, que va a propiciar la impunidad, y que primero etregó indebidamente información de las denuncias de Afadem a los militares, y están armando un escenario en que todos los crímenes fueron cometidos por dos individuos que se están pudriendo en la cárcel por otros delitos de narcotráfico”.

–Se ha publicado que el procurador militar, Jaime López Portillo, dice que el caso corresponde a la justicia militar porque los delitos fueron cometidos en funciones de militares.

–López Portillo está mintiendo porque no todas las desapariciones en que está involucrado Acosta Chaparro las cometió cuando estaba en ejercicio como militar. El era director de la Policía Judicial de Acapulco.

“Miente López Portillo cuando dice que si eran militares y cometieron genocidio los debe juzgar el fuero militar. El fuero militar es exclusivo para actos de disciplina militar, y el soldado que comete delitos ordinarios debe ser juzgado por la justicia ordinaria.

“Si dice que andaba en funciones militares tiene que enseñarnos la declaración de guerra, la declaratoria de estado de sitio; nunca hubo nada de eso.

“Otro agravante es que junto con los soldados andaban particulares y policías locales, eran como las Bases de Operaciones Mixtas, y en este caso, ¿cómo el Ejército va a conocer asuntos en los que están relacionados los civiles?

La demanda

Informó que probablemente mañana entregue al procurador Jaime Antonio López Portillo un escrito en el que como abogado de la Afadem demanda que se inhiba inmediatamente de seguir conociendo este asunto. Argumentó: “No hay razón, no presentamos las demandas en la justicia militar, no es competente, y no queremos que sigan promoviendo la impunidad”.

Además, dijo el abogado, se evidencia que todos se burlan de la Fiscalía Especial para desaparecidos que se creó hace un año, porque “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, y se prefigura un escenario en que Acosta y Quirós van a ser consignados por delitos prescritos, y cuando se les quiera someter a la justicia civil ya no procede.

Explicó: “Vamos a comparecer (ante la Procuraduría de Justicia Militar) en carácter de coadyuvantes. Para plantear que la justicia militar no es competete, no debe hacer declaraciones públicas en las que dé por hecho que todos los casos operaron de la misa manera, no es lo mismo la desaparición, de Tres Pasos del Río (en Atoyac) que las del Kilómetro 21 (en Acapulco). No puede decir que a todos los agarró Acosta Chaparro y los echó al mar. Tiene que decir qué pasó. Vamos a exigir al Ministerio Público que nos dé las cadenas de mando, suponiendo que fue cierto, quién le prestó el avión, de quién iba acompañado, que explique qué mecanismo existe para que en la Secretaría de la Defensa Nacional se autorice un vuelo para tirar a un preso al mar. Se trata de encontar la cadena de mando y llegar al secretario de la Defensa y al presidente”.

No confía la OCSS en la justicia militar

Por su parte, el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, dijo que desconfía de la justicia militar, y manifestó que los acusados “están entre ellos, son ellos mismos”.

Dijo que la OCSS, desde su surgimiento ha demandado la presentación con vida de los desaparecidos políticos de la década del 70, y mencionó el caso de Roberto Aguirre, padre de dos presos políticos miembros de la Organización (Salomé Aguirre Bahena y Gilberto Aguirre Bahena), desaparecido por el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, que era originario del Puerto del Pital, en la sierra de Tecpan de Galeana.

También el caso de Mauro Castro Zaragoza, familiar de Benigno Guzmán, originario de Otatlán en la sierra de San Miguel Totolapan y desaparecido en Acapulco en la colonia Azteca con el campesino Chon Juárez, de San Juan de las Flores, sierra de Atoyac, y otro joven de 15 años.Afirmó que las desapariciones forzadas eran una política del gobierno, contra cualquier persona que tenía algún liderazgo, y la consideraba como enemiga. Por eso, mientras siga el mismo gobierno no se puede confiar en que haya justicia. (Maribel Gutiérrez)

  * Los soldados desarmaron a la policía indígena de Pueblo Hidalgo, y han propiciado que vuelvan los asaltos y la inseguridad, dice Genaro Vázquez * Preocupa al candidato del PRD que la intención de los militares sea enturbiar la elección y generar el voto del miedo

 La Policía Comunitaria de San Luis Acatlán es hostigada por tropas del Ejército, que en el contexto de las campañas electorales establecieron cuatro campamentos en la región, y desarmaron a la policía indígena de Pueblo Hidalgo, informó ayer el candidato del PRD a presidente municipal, Genaro Vázquez Solís.

Este lunes por la tarde, el candidato se disponía a acompañar a representantes de la Policía Comunitaria al cuartel del 48 batallón de infantería de Cruz Grande, debido a que ni el actual presidente municipal, ni otros funcionarios menores del ayuntamiento aceptaron acompañar a las autoridades indígenas a dialogar con los mandos castrenses.

Indicó que el motivo del traslado de las autoridades indígenas a Cruz Grande, y posiblemente una marcha, es exigir el respeto a la Policía Comunitaria, y la devolución de las armas a tres policías municipales de Pueblo Hidalgo que fueron desarmados este sábado 28 de septiembre.

Por vía telefónica, Genaro Vázquez informó que ayer se estaba organizando una manifestación para exigir respeto a la Policía Comunitaria, y si no tienen respuesta, planteó la posibilidad de llamar a la población a no vender comida a los soldados que se encuentran en las comunidades, porque lejos de ayudar a la seguridad, generan temor.

Genaro Vázquez, hijo del dirigente guerrillero fundador de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), dijo qua después de los conflictos de las corpoarciones policiacas y militares en los primeros meses de este año que trataron de desaparecer a la Policía Comunitaria, la región indígena de San Luis Acatlán se encontraba tranquila, y sin presencia militar. Pero al inicio de las campañas, hace un mes y medio, comenzaron a llegar a la zona partidas militares que se establecieron en cuatro sitios.

Una en Arroyo Mixtecolapa, en la región tlapaneca en los límites con Ayutla, donde la presencia militar provocó la desmovilización de la Policía Comunitara, y esto propició un asalto en el camino hace tres semanas. Cuando las autoridades del pueblo fueron a recriminar a los militares lo que había provocado su presencia, culparon a los indígenas de ser asaltados, porque no deben andar de noche en los caminos.

Otra partida militar se estableció en la cmunidad de Mixtecapa, cercana a Malinaltepec, en la región mixteca.

En Pueblo Hidalgo, una de las comunidades más pobladas de la región, se estableció otra partida militar, que este sábado desarmó a tres policías comunitarios, de un grupo de ocho que se encontró con las tropas en la salida hacia Pajarito Grande.

Otra partida se estableció en Tlaxcalixtlahuaca (donde estuvo el cuartel general de Genaro Vázquez Rojas). Esa partida va subiendo por la montaña, patrullando la región.

Dijo que la presencia militar propició que el viernes 20 de septiembre balacearan a manestros que viajaban de Pascala del Oro a Tlacxalixtlahuaca y tres fueron heridos, uno de ellos brigadista de la campaña del PRD.

Genaro Vázquez afirmó que no tiene justificación el patrullaje intensivo de las tropas, porque San Luis Acatlán es de los municipios que tienen menores índices de siembra de enervantes en el estado.Señaló que la presencia militar coincide con el arranque de las campañas para las elecciones del 6 de octubre.Informó que en las cuatro partidas militares hacen patrullajes intensivos, y con esto han anulado la actividad de la Policía Comunitaria. Además, en Pueblo Hidalgo los soldados han interrogado a la gente sobre los líderes políticos, quiénes son y qué hacen.Manifestó su preocupación porque la presencia del Ejécito venga a ensombrecer la elección, y opinó que puede tener la inención de generar el voto del miedo. (Maribel Gutiérrez)

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac de Alvarez * Los campesinos Francisco Peralta Ayala y Cornelio Aguilar Pino, originarios de San Andrés de la Cruz y de Santiago de la Unión, fueron detenidos por efectivos de la Policía Judicial, al mando del comandante Bertoldo Delgado Bahena, por robarle a Marco Antonio Pino Rebolledo dos bestias bailadoras –un caballo y una yegua– con un precio de 10 mil pesos cada una.Los ladrones sustrajeron los equinos de un corral, ubicado en la orilla de la ciudad, y los trasladaron a la comunidad de Santiago de la Unión, donde los tenían amarrados. Ambos caballos fueron ya entregados a su dueño.Los presuntos abigeos fueron detenidos en la comunidad de San Andrés de la Cruz, y ya fueron puestos a disposición para que confiesen por estos delitos.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac de Alvarez * Francisco Jaramillo González, de 29 años de edad, originario de El Paraíso, fue detenido la tarde del sábado después de que llegó herido a esta ciudad como consecuencia de un enfrentamiento con la policía preventiva.El comandante de la Policía Preventiva, Pedro del Valle Navarrete, informó que el asaltante resultó herido después de que intentó robar al camión distribuidor de la Cocacola.

Dijo la Policía Preventiva Municipal destacamentada en El Paraíso se enfrentó a un grupo que intentó asaltar un camión repartidor, después del auxilio de los policías bancarios que resguardaban el camión, en el tiroteo resultó herido con un arma de fuego un asaltante.Francisco Jaramillo González se refugió en el domicilio de sus familiares que lo protegieron para evitar que los agentes policíacos lo detuvieran.El asaltante fue trasladado a la ciudad de Atoyac por sus familiares en un camión de basura, y fue atendido en el Hospital General en donde fue detenido por la policía municipal. Se le decomisó una pistola 380 y 500 pesos producto del asalto.

 * El agente del Ministerio Público de Zihuatanejo dijo que 35 agentes, peritos, médicos forenses y funcionarios de la Codehum, se quedaron incomunicados tres días en la sierra y no pudieron realizar la diligencia para investigar la denuncia de familiares

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * La exhumación del cuerpo del campesino presuntamente decapitado el 14 de agosto en la comunidad de Las Humedades, en la sierra de Petatlán, Meregildo Torres, fue pospuesta debido a que el agente del Ministerio Público de Zihuatanejo, agentes judiciales, personal del Servicio Médico Forense, funcionarios de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado se quedaron incomunicados tres días en la sierra debido a que las intensas lluvias destrozaron caminos y provocaron el desbordamiento de ríos.

El agente del Ministerio Público de Zihuatanejo, Alberto Ortiz Miranda, informó ayer que la exhumación del cuerpo del campesino –que asegura que en vida se llamaba Meregildo Hernández Vázquez, y no Meregildo Torres como ha manejado la Codehum– pretende “verificar los rumores de la sociedad de que esta persona fue privada de la vida y que se le había decapitado”, así como “practicarle pruebas de ADN y de tejidos para que, con muestras de sus familiares se constate que el cuerpo pertenece a la persona señalada en las condiciones que mencionan como el señalamiento de que fue decapitado”.

De acuerdo a información publicada en este medio la semana pasada, familiares de Meregildo Torres denunciaron ante la Codehum que el pistolero José Inés Millán Gutiérrez fue contratado por el ex alcalde de Petatlán y actual dirigente de la Unión Regional Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba Alvarez, para asesinar a Meregildo Torres a quien supuestamente decapitó el 14 de agosto para llevar la cabeza como señal de que cumplió con el encargo.

Los familiares y vecinos de Las Humedades fueron informados por el mismo gatillero del lugar en donde había dejado el cuerpo y aseguran que sí hallaron el cuerpo decapitado el 15 de agosto de este año, por lo que solicitaron ayuda organizaciones de derechos humanos para localizar la cabeza y para que se investigue el crimen y se haga justicia.

La denuncia que presentaron los familiares del campesino asesinado originó que la Codehum solicitara a la Procuraduría General de Justicia del Estado la exhumación del cadáver de Meregildo Torres para practicarle la necropsia y verificar si efectivamente fue decapitado.

Ortiz Miranda manifestó ayer que la diligencia que quedó inconclusa por la inaccesibilidad de caminos el pasado miércoles 25 de septiembre fue solicitada el 27 de agosto pasado por la Codehum mediante un documento que envió Adelaido Memije Martínez al titular de la Procuraduría de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero, “para efecto de investigar y realizar la exhumación correspondiente de la persona que en vida respondía al nombre de “Meregildo Torres”.

Sin embargo Ortiz Miranda aseguró ayer que el nombre que proporcionó la Codehum, los familiaes y el comité de Presos Políticos del Cereso de Acapulco es inexacto, pues tiene información de que el nombre correcto del campesino asesinado es Meregildo Hernández Vázquez.

Dijo que la petición será acatada, pero que hasta mediados de este mes, pues narró que en cumplimiento de la solicitud, el miércoles 25 aproximadamente a las 5 de la madrugada se trasladó un grupo de 35 personas –entre personal administrativo del Ministerio Público, judiciales y forenses– a la comunidad de Las Humedades para realizar la exhumación.

Narró que en la comunidad de El Camalote, ubicada 30 minutos antes de Los Humedales, la fuerte lluvia y el viento hizo imposible continuar el camino en virtud de que se les descompuso una camioneta de la institución por lo intransitable del camino, por lo que decidieron suspender la comisión “para no poner en riesgo la integridad física de las personas”.

De regreso, las 35 personas que viajaba a bordo de siete vehículos encontraron derrumbes y ríos crecidos, lo cual hacía lento el regreso hacia Zihuatanejo por lo que el personal tuvo que dormir a campo abierto en la comunidad de El Papayo y luego pernoctaron en otra comunidad de la que desconocen el nombre pero que se ubica antes de llegar a El Camalotito.En la diligencia se descompusieron cuatro vehículos, uno de ellos en la comunidad de El Camalote, dos en el segundo cruce de El Papayo y otro en el primer cruce del río que está antes de la comunidad antes mencionada, e incluso hubo un vehículo que estuvo a punto de ser arrastrado por un río de acuerdo a la versión de Ortiz y el comandante de la judicial Hugo Quezada.Otros agentes en un vehículo decidieron quedarse en una comunidad por precaución, y finalmente regresó sólo en dos vehículos a Zihuatanejo el viernes a las 18 horas el personal que hará la exhumación “después, cuando el tiempo lo permita y deje de llover para que bajen los ríos”.

 * Su accidente lo causó la esposa del administrador de la residencia oficial, María Teresa Salgado, a quien protegen funcionarios, denuncian

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Familiares de la señora Agustina Galeana Texta, quien en el mes de octubre del año pasado resultó gravemente lesionada en un accidente automovilístico, lo que la mantiene hoy paralítica, instalaron ayer un plantón afuera de Casa Guerrero para exigir la intervención del Gobernador Rene Juárez para que la mujer reciba la indemnización respectiva.

Galeana Texta informó que la responsable del accidente es la señora María Teresa Salgado González, esposa del administrador de Casa Guerrero, Pedro Pablo Martínez.

Explicó que Salgado González chocó su vehículo el 21 de octubre del 2001 en el Platanar, municipio de Eduardo Neri, contra el vehículo que la transportaba causándole graves lesiones y que a consecuencia del percance se fracturó la columna vertebral lo que la mantiene ahora sin poder caminar y en silla de ruedas.Señaló que el caso se encuentra en el juzgado de primera instancia de esta capital bajo el expediente 278/2002-II y que incluso ese juzgado ya resolvió que deben indemnizarla con 50 mil pesos y que la responsable del choque debe cubrir los gastos que ha hecho por la atención médica.Sin embargo señaló que no ha recibido la indemnización ni el pago de los gastos porque supone que están interviniendo funcionarios del Gobierno estatal.Por ello demandó la intervención del gobernador para que se le cubran esos recursos.

 De la corresponsalía, Coyuca de Benítez * Dos muertos y tres lesionados fue el saldo de un accidente automovilístico ocurrido la noche del domingo en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en el lugar conocido como Rancho El Trueno, informó el director de Seguridad Publica, Asunción Gallegos, mediante un boletín de prensa.  En él afirma que en el accidente fallecieron Gregorio Zamora Saldaña y el menor de 8 años, Yahir Zamora Fernández, y resultaron lesionadas Guadalupe Saldaña y las menores Inverlit y Yanimi Zamora Saldaña, quienes son vecinos de El Cayaco.El percance ocurrió cuando el auto conducido por el hoy occiso, Gregorio Zamora, chocó con una barda, lo que provoco que la gasolina se derramara y minutos después se incendiara el auto hasta dejarlo irreconocible. Según el parte policiaco, esto ocurrió alrededor de las 8 o 9 de la noche.Por ultimo el boletín señala que al lugar acudieron los agentes del MP, María Antonieta Dorantes y Lorenzo Morales Villanueva, y después llegaron los familiares de las víctimas a reconocer los cadáveres.

 Alfredo Mondragón * Profesores, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de la región Acapulco–Coyuca, llevarán a cabo la Novena Semana Estatal de Prevención contra las Adicciones, pues de acuerdo a cifras del Centro de Integración Juvenil de Acapulco (CIJA), al menos cinco de cada 100 personas han probado la marihuana.El subcoordinador de los Servicios Educativos, Raúl Vega Astudillo al inaugurar manifestó que el consumo de drogas afecta niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar en donde intervienen diferentes factores y es una situación “grave”.

En esta semana los centros educativos realizarán círculos de estudios con padres de familia y emplearán el libro titulado Cómo proteger a tus hijos de las drogas.La directora del CIJA, Ethel Correa Cabrera comentó que el problema de las adicciones es cada día más grave pues cinco de cada 100 personas han probado la marihuana y el fenómeno se ha extendido a otros municipios por lo que el puerto no es exclusivo de esta circunstanciaCorrea Cabrera explicó que desde hace nueve años el consejo estatal para la prevención de las adicciones aplicó un plan entre la comunidad escolar y ahora son cerca de 50 mil educandos los que participan en esta tarea.