Atliaca, usos y abusos de la costumbre

Cuando el 15 de septiembre, al anochecer, acampó junto al pozo de Oztotempam el grupo de quince estudiantes de Biología de la UAG, tras una jornada más o menos dura de trabajo en la recolección de muestras fósiles como práctica de su materia de paleontología, y luego cuando empezó a llover, no sabían ni podían imaginar que el simple y sencillo acto de protegerse de la lluvia bajo el techo del templo, que tenía sus puertas abiertas y había veladoras encendidas, fuera una profanación, una ofensa a las creencias del pueblo.

La mayoría –si no todos esos estudiantes– son de familias católicas, saben lo que es un templo y más de una vez en su vida han tenido que penetrar en templos católicos en condiciones similares sin que nadie los acuse de profanar una fe, y lo han hecho con el respeto normal a cualquier recinto.

La mayoría y quizá todos están a favor del respeto a los derechos indígenas, y cuando menos, me consta que mi hijo, uno de ellos, ha tenido actividades de solidaridad con la causa indígena.

Fue una gran sorpresa para ellos que cuando dormían a los costados de la iglesia llegaran entre cincuenta y cien indígenas a tomarlos como presos, a maniatarlos, subirlos a camionetas y de parte en parte pedregosa, los hicieran caminar descalzos como castigo anticipado, dándoles golpes y empujones.

Así, sin mediar explicación alguna, los trasladaron cerro abajo hasta el pueblo. Sus captores en su mayoría iban ebrios por los festejos patrios. Ofensas, chantajes y la insistente pronunciación de una palabra en náhualt que significa violación, era repetida por los principales instigadores, refiriéndose a las cinco mujeres que iban en el grupo. Su profesor, el maestro Santiago no sólo sabe el náhuatl, sino que es vecino y parte de una familia conocida de Atliaca y hace como diez años ha llevado estudiantes a esas prácticas, orgulloso de su pueblo y sus costumbres.

¿Refugiarse de la lluvia bajo el techo de un templo es una profanación? ¿No en estas llamadas casas de Dios no caben todos los mortales? Lo que menos pensaron los estudiantes es que protegerse de la lluvia en ese templo fuera a ofender la moral y las creencias de ese pueblo.

Los estudiantes no actuaron con dolo, menos con conocimiento de causa. Y de pronto se vieron rodeados en el pueblo de una casi muchedumbre, dos o trescientas personas a lo sumo, que a las cuatro de la mañana los esperaban para juzgarlos por la profanación de su centro ceremonial. Le pidieron al Comisario, es decir, a la autoridad civil, que los encarcelara para que el pueblo los juzgara horas más tarde cuando amaneciera. Como esta autoridad no vio delito alguno en la conducta de los estudiantes, se negó a privarlos ilegalmente de su libertad apelando a las leyes que rigen a la nación. Entonces el pueblo, si a esa agrupación de gente se le considera así, acordó encerrarlos en unos cuartos oscuros y pestilentes que le llaman cárcel y le quitaron las llaves al comisario usurpando las funciones de la autoridad civil, para privarlos por esas horas de su libertad.

Cualquiera que apoye la causa de los derechos indígenas, tiene que reconocer que los pueblos en momentos críticos ejercen su propia autoridad, así sea tumultuosamente, y que siguiendo una causa justa no podemos sino solidarizarnos con ellos ante un sistema que los ha mantenido oprimidos. Por la forma, estos actos que presencié directamente partir de las tres de la tarde del día 16, me parecieron que la determinación de imponer su ley ante la autoridad civil revela un fuerte sentido de identidad y defensa de su sistema de creencias y costumbres religiosas.

Llegué acompañado de unos profesores que habían ejercido su profesión en ese pueblo, y pensaban poder influir en el caso, precisamente en los momentos en que el cura que oficia misa ahí, ante uno o dos de los instigadores, incluido el comandante de policía que ya no actuaba bajo las órdenes del comisario, sino del pueblo lidereado informalmente y en los hechos por esos sujetos que llamamos “instigadores”, ante los representantes legales de la universidad que desde temprano habían sido notificados, el director del Instituto donde trabaja el maestro Santiago, el delegado regional de la Procuraduría de Justicia del Estado, un subsecretario de Asuntos Religiosos del gobierno, etc., algunos padres de familia, y unos señores que eran mayordomos de las fiestas religiosas, ante todos nosotros defendía la propuesta de que “el caso” no fuera discutido así ante la multitud enardecida, que él se ofrecía a que en una reunión con todos los mayordomos de las fiesta se tomara la decisión de qué hacer, pues llevarlo a la reunión con la muchedumbre no era la adecuada para sacar una solución justa.

A todos nos pareció buena la propuesta, aunque no vi muy contento de ella a uno de los instigadores, un gordo que portaba una camiseta raída con un logo del PRI, a quien me presenté como padre de uno de los muchachos y ni caso me hizo. El cura se retiró a deliberar en privado con los mayordomos y se hizo un receso para el que pedimos que salieran los estudiantes de las mazmorras y los sacaron, después de muchas horas sin que pudieran dormir ni tomar alimentos.

Ellos nos contaron detalles de todo lo ocurrido. La primera inconformidad que expresaron es que los señalaran como culpables de algo que no habían hecho. Se habían percatado que entre esa gente corría la versión o la sospecha que “las parejitas” habían fornicado en el templo, que llevaban bebidas alcohólicas, que habían bebido agua del pozo de Oztotempan, que habían tomado fotos de sus centros ceremoniales, que posiblemente eran evangélicos. Se aterraron cuando en esa madrugada, alguna gente gritaba que había que lincharlos y estando en la sala de la Comisaría, antes de que los metieran a las mazmorras, sintieron el temor de que algunos quisieran agredirlos físicamente, y pusieron una mesa como barricada en la escalera que da acceso. Estos infundios propalados y no desmentidos por nadie, ni siquiera averiguados, provocaron esa reacción irracional del tumulto.

Nadie pudo dar testimonio, ni lo buscaban, de lo que eran acusados los jóvenes. Los infundios propalados fue lo que predominó, como en todos los eventos demagógicos de todo el mundo. Se sabe que un campesino al pasar por el lugar se dio cuenta que ellos se metieron al templo con la lluvia y fue quien avisó al pueblo que a la vez celebraba el grito y preparaba una procesión especial para pedir la lluvia. Cuando llegaron a detenerlos encontraron todo en orden, las bancas en su lugar y la mayoría de ellos dormidos a los lados del templo. Empezaron a buscarles cámaras abriendo sus mochilas pero no encontraron más de una. Sólo un pequeño lazo fue lo que encontraron en la mochila de un estudiante y lo usaron como “cuerpo del delito” pues con él ¡pudieron intentar sacar agua del pozo!.

Estas versiones escucharon de la gente que se arrimaba, pero nadie de ellos, ni principales, mayordomos o gente de respeto puso orden y todo era instigado por tres sujetos que los estudiantes identificaron como los “cabecillas”, los más agresivos, quienes impartían órdenes e instigaban a la gente. En ningún momento se planteó indagar por algún medio la versión de los acusados. En el juicio popular que se iba a hacer, no tendrían derecho a réplica.

En el receso establecido y mientras el cura con los mayordomos, es decir, sus autoridades religiosas, deliberaban lo que habría que hacer, llegó el rector de la UAG, platicó con los estudiantes, le ofreció su apoyo para salir de ese conflicto y en unos momentos después, los mismos instigadores convocaron a la gente, que serían entre unas doscientas o trescientas personas –de los 5 mil habitantes de Atliaca–, y las comenzaron a arengar frente a la Comisaría donde estábamos esperando el acuerdo de los mayordomos con el cura.

De hecho se erigieron en tribunal masivo que a gritos opinaba y daba sus propuestas. De nada valió que el propio maestro Santiago, como miembro de la misma comunidad, ante todos ellos se declaró responsable, tanto de conducir al grupo como de su conducta, y pidiera que la sanción recayera sobre él. Nadie le hizo caso. Éstos llamaron al rector y éste se vio obligado a dirigirse a la multitud y negociar una salida que obviamente estaba en las manos de la turba, pues podría desencadenar la violencia.

Cuando preguntó que cómo se repararía la supuesta ofensa que recibieron, de la masa surgió la propuesta respaldada a coro: ¡Una multa! ¿De cuánto? Preguntó el del micrófono, se oyeron varias muy bajas y muy altas, para que el del micrófono, pidiera la aprobación de todos de 10 mil pesos, cosa que aceptó el rector y sólo pidió tiempo para ir a su domicilio en Tixtla para traer el dinero que pagaría de su bolsillo, no de los fondos de la UAG.

La ofensa moral se había desvanecido con dinero. Los padres ahí presentes comentaron que esperaban una misa, ofrenda o alguna reparación moral al daño moral. Antes de que saliera el rector a Tixtla, salió otra propuesta: que regularice la Prepa 40 que es por cooperación para hacerla oficial de la UAG, a lo que Nelson Valle aceptó firmar con ellos la solicitud, lo que fue interpretado como una aceptación oficial. Sólo les faltó pedir la dirección de ella a los instigadores.

Algunos universitarios pensamos hacer un juicio contra éstos en particular, no contra las creencias, usos y costumbres de Atliaca, sino contra sus abusadores. Estos, habían logrado con infundios y versiones perversas incitar el coraje de la gente, y rebasar la autoridad del comisario y despojarlo de su función de responsable de la cárcel y los detenidos; luego de rebasar a las autoridades religiosas que estaban deliberando una solución con el cura, a quienes ya no se escuchó.

¿Atliaca respeta la tradición indígena? ¿Hay alguna organización de sus ritos religiosos que tenga autoridad y decida la conducta de los atliaqueños? ¿Atilaca se porta así, tumultuosamente, como todos los movimientos dirigidos por demagogos que tienen intereses escondidos, aún contra simples ciudadanos como lo son los estudiantes de la UAG? ¿Alguien se pregunta si en efecto quisieron profanar intencionalmente sus sitios sagrados? Hablar de derechos y de tradiciones sin investigar los hechos, es hablar por hablar.

 * Acapulco cuenta con capacidad administrativa para recibir los recursos federales sin intervención del gobernador, asegura el alcalde

 El alcalde Zeferino Torreblanca Galindo aseguró que Acapulco cuenta con capacidad administrativa para recibir directamente los recursos del Ramo 33, por lo que insistió que hoy planteará dicha propuesta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz.

Entrevistado antes de partir a la ciudad de México, Torreblanca Galindo insistió que no tiene sentido que los recursos federales pasen por el gobierno del estado, “pues no los entrega de acuerdo a los calendarios que establece la Ley de Coordinación Fiscal y aún demandamos el pago de intereses de los meses que aún nos debe”; dijo también que espera que se los entreguen antes del 1 de diciembre para cerrar e ejercicio presupuestal.

Indicó que el puerto está dentro de los 30 municipios de Guerrero calificados por la consultora Standars and Poors, los cuales no necesitan la intervención del gobierno estatal.

Explicó que para la entrega de los recursos del Ramo 33, la Ley de Coordinación Fiscal establece fechas para que los gobiernos estatales los entreguen a los municipios cinco días después de que los reciben, como lo indica el Diario Oficial de la Federación.

“Eso es lo que estamos peleando en el juicio de controversia ante la SCJN: esta administración no pide anticipos al gobierno del estado, como las pasadas administraciones a las que les daban recursos antes de que llegaran las participaciones, sólo pide la estricta aplicación de la ley y que nos entreguen el dinero que nos corresponde”, afirmó.

Zeferino Torreblanca reconoció que el encargado de modificar la Ley de Coordinación es la Cámara de Diputados, pero adelantó que solicitará a Gil Díaz las reformas a esa ley, y que se incluya a los municipios como Acapulco, el cual tiene capacidad administrativa para que no se les retengan los recursos federales del Ramo 33 por cinco, 10, 15 días y hasta un mes.

Informó que no hay fecha para que la SCJN emita el veredicto sobre el juicio de controversia promovido por el ayuntamiento, pero estimó que de ser favorable al municipio el gobierno del estado deberá reembolsar en intereses por 2 millones 500 mil pesos, debido a que no los ha entregado en varios meses.

Explicó que el Ramo 33 tiene siete fondos y de estos el de Infraestructura Social JMunicipal y el de Fortalecimiento Municipal llegan al municipio a través del estado sin que el mismo los toque, pero que el resto, como son los correspondientes a seguridad pública, educación, empleo temporal y salud, los gobiernos estatales están obligados a distribuirlos de acuerdo a las fórmulas que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

El alcalde dijo desconocer en que términos se reparten estos recursos, “pues no se ha dado a conocer el criterio”, y admitió que sólo la titular de la Secretaría Salud estatal, Verónica Muñoz Parra sabe del asunto sabe el criterio que aplicó para no construircentros de salud en el municipio de Acapulco en estos tres años, pero sí en Xochistlahuaca.

“Habría que preguntarle cuántos recursos invirtieron, así como de otros programas federales porque no bajaron al municipio de Acapulco; por qué para entregar los recursos de Empleo Temporal no tomaron en cuenta al presidente municipal”, dijo.

Señaló que desconoce bajo que términos, condiciones y fórmulas envían el dinero al municipio, porque si es de acuerdo a la población debería corresponder a Acapulco el 30 por ciento de los recursos que envía la federación.    

El alcalde, en su visita a la ciudad de México que concluirá el miércoles, también invitará a la coordinadora de Seguridad Pública, Carmen Rangel Segura, para que visite el puerto y ver el caso de El Coloso y de la infraestructura general.

 * Hace dos años se le hizo la solicitud y a la fecha no ha cumplido, denuncian  inconformes

 Karina Contreras * Habitantes de la colonia Unidos por Guerrero, ubicada cerca de La Vacacional, se manifestaron en  la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) porque ésta no ha cumplido con instalar los cinco hidrantes que les prometió hace 2 años.

Con pancartas, los quejosos denunciaron que hay preferencia hacia los priístas, “mientras que a ellos no les hacen caso”. Los manifestantes iban encabezados por Alvaro Díaz Castro y amenazaban con cerrar las instalaciones de la paramunicipal si no eran recibidos por el director de CAPAMA, Gerardo Sierra Ulloa, quien en ese momento se encontraba en reunión de gabinete. Los inconformes se negaron a ser recibidos por el jefe de Promoción Social de la paramunicipal, Eleazar Radilla Nava, ya que señalaban que “nunca resolvía los problemas”.

Ante la amenaza de los enojados colonos, varios de los usuarios que efectuaban algún tramite abandonaron las instalaciones.

La representante del comité organizador de la colonia, Diocelina Facundo Mendoza, señaló que la colonia tiene cerca de 21 años y nunca han contado con el servicio, “pero eso sí, todos los años pagamos un predial de hasta 300 pesos y no se cuenta ni con drenaje”.

Cuando se le preguntó si contaban con el servicio de agua por medio de las pipas, respondió que no, asimismo denunció que hay tolerancia de las tomas clandestinas de priístas, mientras que a ellos no se les atiende.

Luego dijo que hay un proyecto que beneficiaría a cerca de 14 colonias, el cual tiene un costo de casi 15 millones de pesos y que iba a ser en cuatro fases porque el gobierno municipal no tiene dinero, “pero es la fecha que no empiezan”.

Facundo Mendoza indicó que los afectados por la falta del agua son cerca de tres mil familias, quienes tienen que pagar un peso por una cubeta de 20 litros y es agua de pozo que no sirve para beber.

Después de más de una hora de manifestación, los inconformes aceptaron a dialogar con Eleazar Radilla, quien señaló que los hidrantes ya estaban autorizados y que incluso se encontraban en el almacén de la paramunicipal.

Luego les informó que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo no tolera la corrupción, y que varios de los que tienen tomas clandestinas “están demandados por CAPAMA ante el MP de La Zapata por robo de agua, pero allá es donde no avanzan, alguien las detiene, pero no especificó quién.

Posteriormente los inconformes le señalaron que se han enterado que el candidato del PRD a alcalde, Alberto López Rosas, había intervenido para que se les diera el servicio a priístas y así ganar votos, mientras que a ellos los ignoran.

A ello, el funcionario les contestó que eso no se da en la administración zeferinista.

Sobre el proyecto que se tiene para las 14 colonias, Eleazar Radilla informó que no se llevó a cabo porque no se entregaron los recursos del Ramo 33.

El funcionario les dio a conocer donde serían instalados los hidrantes, y les aseguró que esto no les costaría ni un peso. Eso tranquilizó a los colonos, debido a que el coordinador de la CAPAMA en la zona conurbada, Baldomero Díaz, les había dicho “que tendrían que cooperarse”.

Pero siguieron su protesta con el argumento de que los lugares donde se colocarían los hidrantes no los beneficiaban.

Finalmente, y luego de una reunión de casi dos horas, se llegó al acuerdo de que serían recibidos el viernes para entrevistarse con técnicos de la paramunicipal, a fin de elaborar los estudios de factibilidad y ver las distancias mientras son colocados los cinco hidrantes.Se suspenderá el suministro por 48 horas: Comunicación SocialPor otro lado, el jefe de prensa de CAPAMA, Juan Manuel Millá, informó que debido a la tromba que cayó por la madrugada, la cual desbordó un arroyo que tiró una barda de sus instalaciones de rebombeo en Puerto Marqués, dañando con esto los transformadores y arrancadores, la paramunicipal suspenderá el servicio en lugares como la Colosio, Princess, Escénica, el área de las Brisas y la Base, por más de 48 horas para reparar los daños al equipo.Otro servicio que se paralizó por el fenómeno hidrometeorológico fue la energía eléctrica.

 * En la invitación que se entregó a usuarios, firmada por la candidata priísta a síndica administrativa, María Inés Huerta Pegueros, aparece en el lado derecho el logotipo de la CFE t Ningún trabajador de la paraestatal se presentó a los cubículos

 Karina Contreras * Organizados y atendidos por líderes priístas, ayer se instalaron módulos para revisión y ajuste de los recibos de luz eléctrica afuera de la sucursal de la CFE en Renacimiento y en la delegación de La Zapata.

Según Demetrio Aparicio, del departamento de Atención a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante el primer día se recibieron 53 quejas en los módulos.

Asimismo, informó que después se hará una verificación de campo, se analizará y posteriormente se les notificará a los usuarios la decisión sobre sus demandas.

Esta revisión de recibos con cuotas consideradas elevadas, efectuada con atención “personalizada de CFE”, fue un acuerdo que se logró luego de que unas 80 personas se manifestaran en las instalaciones de la CFE de Cuauhtémoc, el miércoles pasado.

Desde las 9 de la mañana el módulo fue instalado en la sucursal de la CFE en Renacimiento, pero no había ningún trabajador de la CFE, sino líderes priístas como Rosa María Aguilar Miranda y Cecilia Avila Hernández.

En el lugar se encontraban cerca de 30 personas, quienes se quejaban de que la CFE no había instalado el cubículo de la delegación de La Zapata y ya eran las 10 de la mañana.

Minerva Cantú Suárez, vecina de La Zapata, señaló que no era posible que la CFE abusara de los usuarios.

Manifestó –como la mayoría de los entrevistados– que desde que el gobierno federal les retiró el subsidio los recibos llegan más caros.

Enojada, dijo: “además de pagar lo que consumen ellos (los trabajadores de la CFE) nos cobran la luz de los colgados”.

Luego mostró su recibo, en el cual adeuda más de 4 mil pesos cuando pagaba 120 pesos y lo más caro eran 185 pesos. Al preguntarle qué aparatos tenía en su casa, respondió: “un refrigerador, un ventilador y cuatro focos”.

Asimismo, algunas inconformes señalaron que ganaban el salario mínimo y que no iban a trabajar nada más para la CFE.

Cerca de las 11 de la mañana, una comisión formada por líderes priístas fue recibida por el coordinador de la CFE en Renacimiento, Salvador Figueroa Jaramillo.Por otro lado, se buscó al superintendente de la CFE en el puerto, Gabriel Pérez Pérez, para conocer su opinión sobre el uso del logotipo de esa empresa que hacen candidatos a cargos públicos en plena campaña electoral, como es el caso de María Inés Huerta, o si este hecho era una acción concertada para el PRI, pero siempre se informó que el funcionario no se encontraba.En la invitación que se entregó a los usuarios para que llevaran sus recibos a esos módulos, donde supuestamente serían atendidos por personal de la CFE, se nombra como responsables a líderes priístas, e incluso uno de los cubículos será instalado y atendido en la casa de Eduarda Arizmendi Flores, el cual es un centro de reuniones de los priístas y es bodega de despensas.Asimismo, en la invitación, firmada por la candidata priísta a síndica administrativa, María Inés Huerta Pegueros, aparece en el lado derecho el logotipo de la CFE.

 Alfredo Mondragón * En el séptimo festejo del Día Mundial de la enfermedad de Alzheimer en este puerto, el Sector Salud y asociaciones civiles pidieron a las autoridades elaborar estudios y programas para la atención de esta enfermedad, de la cual las tendencias estadísticas prevén que en 20 años afecte tanto a la población joven como a la de tercera edad.

El presidente de la Asociación Mexicana de Gerontología y Pediatría en Guerrero, Antonio Rosales Jiménez, dijo que en el mundo hay de 20 a 25 millones de personas que padecen esta enfermedad, pero en el país y en Guerrero se desconocen las cifras por la falta de estudios, por lo que llamó a las autoridades a llevarlo a cabo porque “está creciendo, es un problema socio–sanitario y socio–económico”.

Rosales Jiménez indicó que del total hay seis millones de pacientes en Estados Unidos, seis en Europa, ocho en Asia y de tres a cinco millones en América Latina, de los cuales Argentina y Cuba, ocupan el primero y segundo lugar. En México –agregó– se estima que el 7 u 8 por ciento de los adultos mayores de 60 años padecen Alzheimer.

La jefa de Gerontología y Pediatría de la Jurisdicción Sanitaria 07, Aidé Ibárez Castro, informó que se lleva a cabo una investigación en Acapulco para conocer el estado de salud de la población mayor de 60 años, a fin de poder diseñar políticas dirigidas a la atención de este sector; “para que los encargados de hacer leyes hagan las reformas necesarias en la Ley Federal del Trabajo e integrarlos a la vida activa y económica del municipio”.

El jefe de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 07, Félix Hernández Valdovinos, señaló que el objetivo de la conmemoración es reflexionar, pues la evolución de la población en 20 años requerirá de programas específicos de  atención, y “lo más importante es que debemos sensibilizarnos tanto instituciones, profesionales, autoridades y la comunidad de que esta enfermedad tiene magnitudes importantes a nivel internacional”. 

Este lunes por la mañana, personal de la Jurisdicción Sanitaria 07 de la Secretaría de Salud celebró el Día Mundial del Alzheimer en el parque Papagayo, al acto asistieron estudiantes de Medicina.

La enfermedad de Alzheimer fue diagnosticada por primera vez en 1907 por el médico alemán Alois Alzheimer, y es la causa más frecuente de demencia en las personas de la tercera edad debido a una alteración neurodegenerativa de causas desconocidas, las cuales provocan la pérdida paulatina de la memoria y otras habilidades intelectuales como hablar, comprender, leer o escribir. 

Aunque por el momento no hay un tratamiento que revierta el proceso de degeneración, algunos fármacos pueden retrasar algunas etapas de la enfermedad.

Hernández Valdovinos reconoció que en Guerrero no hay centros especializados ni una cifra considerable de pacientes, pero reconoció que va en aumento y “nos hace pensar en la necesidad de que se planeé un programa, una institución que se destine recursos, así como crear instancias e infraestructura para manejar este problema. 

“Hay que pensar en  programas para el bienestar de los pacientes, dado que el Alzheimer afecta la composición familiar, ocupa la atención y espacio físico de la familia. Es necesario elaborar programas a largo plazo, y estamos analizando el problema, estamos reconociendo la magnitud del problema, pero nuestra inquietud es que tenemos que hacer una planeación correcta” dijo.

Por su parte, Aidé Ibárez Castro informó del proyecto que elaboró en coordinación con la UAG y Facultad de Medicina para conocer el estado de salud de la población mayor de 60 años en Acapulco, el cual consiste en tomar seis mil muestras y determinar el tipo de enfermedades que padecen.El plazo tentativo para presentar los resultados preliminares del proyecto –dijo– será en febrero, pues actualmente hay una población de 46 mil 625 personas de la tercera edad, de las cuales 14 mil 307 no cuentan con seguridad social; “queremos ver cuál es la funcionalidad física y social, incluido la cantidad de personas con Alzheimer”, aunque ahorita la más frecuente es la hipertensión que puede evolucionar a demencia”.    “Esta enfermedad es la más triste, destructiva y agresiva que deteriora la calidad de vida del paciente y tratamos que la población sepa qué le pasa, qué siente, qué síntomas presenta, que van a estar afectados de su memoria, la percepción y respuesta a la realidad sus emociones es algo que los orilla a la depresión, se aíslan de la familia, sufre solos”, dijo la investigadora.