Las autonomías vasca, indígena y universitaria
(Cuarta y última parte)
Referida a las universidades mexicanas, los sujetos autonómicos, estudiantes y profesores, en su mayoría entran a un sistema dado –establecido por ley desde los años treinta– casi sin entender en qué consiste la autonomía y con pocas posibilidades de cambiarlo por sus estructuras rígidas. La joven Universidad Autónoma de Guerrero alcanzó su autonomía hace apenas cuarenta años. Todavía están activos parte de sus fundadores y el 30 por ciento de su personal está próximo a jubilarse. Vivimos pues con los sujetos que conquistaron una autonomía formal del gobierno en un movimiento social más amplio, precisamente que impugnó la arbitrariedad burocrática y logró sustraerse al control gubernamental. El destino que ha tenido, la situación en la que se encuentra, es responsabilidad de la comunidad. universitaria que la sostuvo como un coto cerrado al poder gubernamental, alentada por el discurso contestatario de las izquierdas y con la frecuente movilización de unas 30 mil almas en promedio.
La conciencia de estar en un islote dentro de un sistema de poder absoluto, fue el aliento y la gesta heroica de sus primeras dos décadas. Su primer proyecto fue obviamente el de democratizar la enseñanza, entendido como dar facilidad a amplios sectores del pueblo a la educación superior gestionando sus servicios asistenciales de hospedaje y alimentación, y luego procurar tender lazos con el pueblo por vía de programas como los bufetes jurídicos gratuitos y campañas de servicio social. La “universidad pueblo” fue el término acuñado para este proyecto, que en efecto, dependía del presupuesto público y su lucha, la movilización para arrancarle más recursos al Estado para la institución que creció exponencialmente, línea que siguió hasta que el Estado dijo, ya no, cortó el subsidio y amenazó con desaparecerla en 1984. Sólo pudo reabrirse cumpliendo varias condiciones que limitaron su crecimiento y cancelaron el proyecto con sus programas asistenciales.
Desde su origen, en la UAG apareció la tendencia a convertirla en la base de una fuerza de oposición al sistema, en una especie de escuela de cuadros, que a falta de una orientación académica sólida y teóricamente preparada, consciente, heredera y visionaria de su autonomía pues la planta docente, joven, improvisada e impreparada para tamaño reto, se desarrolló espontáneamente como cuadros para las luchas internar por el poder burocrático que hicieron su necesaria, inexorable, aparición. El sentido de la autonomía sólo se vio, cuando se vio, como una simple autonomía administrativa del poder público. Las visiones de una universidad, situada en un contexto social terrible en su pobreza y en la violencia que campeaba, no fueron en ningún momento el centro de un debate que pusiera en su autodefinición, las cuestiones metodológicas, los métodos de enseñanza, el perfil profesional de los egresados, los planes de investigación, la visión de un desarrollo social, etc. No, fue la lucha interna por el poder entre los grupo que se conformaron desde un principio lo que ocupó, en esa joven e improvisada generación de profesores, la atención, la pasión y la cultura política que debían reproducir.
Evidentemente la visión de la autonomía de la que partió la propia UAG, no tuvo más alcance que el de una independencia administrativa del gobierno y de determinación de sus autoridades internas. El generar un proyecto autónomo alternativo no es sinónimo de un alto nivel académico, pues este puede representar o actuar en sentido contrario, como en la UNAM. Se requiere en efecto elevar la mira y actuar en consecuencia, indistintamente del nivel académico.
Todos los acuerpamientos gremiales que se formaron estuvieron ligados a diversas tendencias de la izquierda mexicana que es la que trajo el auxilio a la naciente UAG, en años críticos y altamente politizados del país y el mundo, para la integración de su planta docente, pues en Guerrero no había ninguna escuela de nivel superior, pero todas las tendencias trabajaron bajo la cultura mexicana del culto al poder, formaron sus acuerpamientos que organizaban y maquinaban por el control de los puestos administrativos y las plazas docentes como vía de “reclutar” compañeros y fortalecer el bando. Como una avalancha poderosa se conformaron las tendencias y arrastraron a los estudiantes con la misma escuela corporativa del partido de Estado, con las prebendas, pequeños privilegios, los servicios asistenciales o canongías y demás prácticas corporativas con las que el poder pervierte la democracia.
El primer síntoma grave de esa falta de una visión y sentido de la autonomía, de conciencia histórica concreta digamos, vino a fines de los años 70 precisamente con la formación de un sindicato que llevara los pleitos internos que derivaran en lo laboral ¡ante una instancia del Estado!, ante la imposibilidad de fijar y crear normas propias para las disputas de poder, es decir ante la Junta de Conciliación. Desde luego, que este acto que echaba a la basura la autonomía, podría reivindicarse como medida revolucionaria y hasta ¡bolchevique!. De manera que cada “militante” de corriente podría jugar alternativamente el papel de sindicalista radical contra la administración de un bando contrario, y de esquirol cuando la administración la dominaban sus compañeros de bando, y esto sin tener conflicto de conciencia. No hubo condiciones ni remotas para desarrollar un procedimiento interno, autónomo, de dirimir controversias y convierten al Estado, a quien le reclamaban respeto a la autonomía, en el árbitro y decididor de sus controversias.
La “comunidad universitaria”, en términos de Goirizelaia, perdió desde entonces el sentido y la visión de autonomía. El sujeto social no buscó, no estuvo a la altura de buscar metas propias, peculiares, ejemplares, que se abocaran a cumplir de manera original su misión ante la sociedad, alternativamente a un estado que instrumenta todas sus políticas para favorecer intereses contrarios a la población como es la expoliación de bosques, el deterioro ambiental, el abandono de la agricultura, la corrupción del sistema judicial, la violencia, los derechos indígenas, el desempleo, etc. que nos deja una universidad sin respuestas académicas ni profesionales a esa problemática, para convertirla en efecto, en una fábrica de cuadros para la política: funcionarios, diputados, senadores y presidentes municipales del sistema. Para esto, en efecto, no se requiere de autonomía, se da de por sí tradicionalmente.
El remate de la autonomía de la UAG, de su sentido original, formal, se acaba de dar. Precisamente cuando el Estado pone en marcha su programa modernizador de la educación superior, cuando impone políticas que tienen en la mira su adecuación a los fines de la globalización, cuando se pliega a los dictados de las agencias promotoras del mercado mundial y las finanzas, mira que asume como suya y no da otra respuesta a las condiciones de vida de millones de pobres del país. En el proceso que dentro de la UAG le llaman “reforma”, se da esta reorganización adaptativa a los sistemas federales, reordena su vida interna y formula una nueva ley. Este proceso difícil en efecto en cuanto a su implantación, es fácil en cuanto al consenso de la UAG en la medida que son precisamente las tendencias políticas, las llamadas “corrientes” que usufructúan el coto burocrático que es la UAG, las que estudian, formulan y aprueban con votos tan masivos como irreflexivos, la reforma y la nueva ley. En esta se cifra la cuestión. Si hubiera un proyecto propio de universidad, la comunidad hubiera reservado en los términos de su autonomía, un gran cantidad de normas dentro de su estatuto para su determinación interna, en vistas a la ‘implementación’ de decisiones en función de un proyecto propio, pero no hay tal. Lo mismo les da que sea el Consejo Universitario el que apruebe esas normas que formarían parte de su estatuto, o que sea el Congreso del estado quien lo haga. Bastaba reservar muchas cuestiones de la ley para mantener la autonomía de revisarlas en el CU, pero no hay proyecto, ni visión propia en la mentalidad de las corrientes que determinan burocráticamente todo, y éstas dejan en la soberanía del Congreso lo más que pueden, para quede como ley manejable desde el poder público. La autonomía simplemente se desvaneció. Como la “comunidad humana” que constituimos no tiene una visión propia, distinta a la del Estado, la autonomía no es sino una facultad administrativa. A eso se reduce. A lo que fue en su origen.