Sólo audiencias privadas sostuvo ayer el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo en su oficina en el Palacio Municipal del parque Papagayo, donde se reunió con funcionarios de la comuna para hablar de la entrega-recepción de la administración municipal.Trascendió que Torreblanca Galindo se reunió con el síndico administrativo Carlos Huerta y el coordinador de Asesores de la Presidencia Municipal, Humberto Sarmiento Luebert, para tratar lo concerniente a la entrega recepción. (Ossiel Pacheco)

 Jeanette Leyva Reus * El próximo martes 17 de septiembre, los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento agrupados en la Sección 24 del Sindicato Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) decidirán si se ponen en huelga, informó el secretario general, Jorge Luis Ortiz Ochoa.El dirigente dijo que el secretario del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos les pidió una prórroga.En entrevista en sus oficinas sindicales, el dirigente de la Sección 24 del SUSPEG, Jorge  Luis Ortiz Ochoa, dijo que el martes por la tarde se reunieron con el secretario, quien le pidió una prorroga para continuar las negociaciones la próxima semana.Así, el emplazamiento a huelga lo presentarán el próximo martes, pues pretenden presentarse a la reunión con el documento del tribunal laboral.Acusó a los ex secretarios generales del SUSPEG de haber permitido la explotación de sus agremiados, y dijo que continuará en la defensa de los derechos de los trabajadores.La sección 24 del SUSPEG exige el cese de cuatro funcionarios, además de incremento salarial y pago de pensiones atrasadas a jubilados, entre otras peticiones, aunque agradecen el bono de 15 días que el alcalde anunció durante el Día del Burócrata, “pero queremos que primero nos paguen lo que nos deben”.El trámite del emplazamiento, al ser trabajadores de la Comuna, corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ubicado en Chilpancingo.

 * Pancartas y mantas con exigencias y acusaciones se exhibieron en el encuentro, la tarde del martes

 Jorge Nava * El regreso de un comandante de la Policía Judicial del Estado (PJE) a la comandancia de Renacimiento y solución a averiguaciones previas estancadas en las agencias del Ministerio Público, fueron las demandas de los ciudadanos que asistieron a la audiencia pública con el procurador General de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero, en el gimnasio Jorge Campos de Renacimiento.La tarde del martes, a la audiencia número 13 del funcionario con la población asisteron unas 50 personas que acompañaban a familiares del empresario molinero Felipe Alvarez Gama, asesinado el pasado 9 de agosto en esa colonia.Los colonos llegaron con pancartas y mantas en las que acusaban de “corrupto” al agente determinador del Ministerio Público de Renacimiento, José Vélez Zapata.Mientras que otros pedían a Ramírez Guerrero el regreso a la comandancia de Renacimiento de Obdulio Flores Miranda.

Allí, la esposa de Alvarez Gama, Maribel Duarte Quintana, pidió al procurador el esclarecimiento de la muerte de su cónyuge, y expuso que Flores Miranda investigaba quién lo había matado.Ramírez Guerrero respondió que precisamente dio instrucciones al MP, Vélez Zapata, y al comandante de ese sector para que se encauce la investigación de la muerte de Alvarez Gama.Otra persona que se quejó fue el vecino Alfredo Méndez Ramírez, quien acusó al titular de esa demarcación, Vélez Zapata, de no dar curso a la denuncia Tab/R/1890/2002.

También tomó el micrófono para exponer su queja el marino retirado Alberto Cervantes Vázquez, de la colonia Los Marinos, para exponer que hay una denuncia que interpusieron y no se le ha dado curso, pues hay un litigio de las tierras donde se asientan y no las quieren reconocer como su propiedad.A la llegada al gimnasio, Ramírez Guerrero fue abordado por reporteros, quienes le preguntaron sobre los anónimos que circulan en la dependencia donde agentes de la PJE de Chilpancingo amenazan con efectuar un paro manifiestan el 15 de septiembre.Dijo que “son anónimos”, los cuales para él “carecen de toda veracidad, o por lo menos de valentía de quienes los suscriben, pues no tienen el valor para decir quiénes son. Pero tomo nota de las inquietudes y siempre he valorado cualquier propuesta, o planteamiento que venga a mejorar la procuración de justicia”.

 Tras inspeccionar ayer por la mañana el relleno sanitario de Paso Texca, el procurador de Protección Ecológica del gobierno del estado, Fulgencio Díaz Díaz, determinó que no hay fisuras que permitan la fuga de lixiviados de las celdas.Lo anterior se informó en un boletín de prensa de Comunicación Social del ayuntamiento, el cual da cuenta que el funcionario estatal recorrió las nuevas instalaciones del relleno, construidas por el ayuntamiento de Acapulco, acompañado por el director de Ecología, Jorge Rentería Valente, y el director de Saneamiento Básico, Luciano Sánchez Aparicio.Tras inspeccionar las instalaciones, Díaz Díaz descartó que los mantos freáticos del área sean contaminados por una fuga de lixiviados, como en días anteriores lo han denunciado habitantes de esa localidad, pues argumentó que la celda cuenta con una capa impermeable y un sistema de captación de lixiviados.

En cuanto al rompimiento de la capa geotextil, aseguró que no implica riesgo alguno y que el relleno sanitario, inaugurado por el alcalde Zeferino Torreblanca el pasado 3 de mayo, cumple con las normas establecidas de Protección al Medio Ambiente, tal como fue planteado en el Manifiesto de Impacto Ambiental.En tanto, el director de Ecología, Rentería Valente, dijo que la visita del procurador fue para supervisar los trabajos que se desarrollan en el tratamiento de la basura, el cumplimiento de las normas, y que se cuente con los sistemas que prevengan cualquier tipo de contaminación en los ecosistemas del área. (Ossiel Pacheco)

 * De 3.5 grados, el sismo de ayer, informa el SSN

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recomendó a los operadores de embarcaciones menores tomar precauciones, debido a la presencia de la onda tropical número 40 y a la aproximación de la número 41 sobre las costas de Guerrero y Yucatán, por efectos de lluvia, vientos y oleajes.Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM informó que el movimiento telúrico registrado ayer a las 15:35 horas fue de 3.5 grados en la escala de Richter, y que su epicentro se localizó en costas de Guerrero, entre Acapulco y Chilpancingo.La SCT reportó que ambos sistemas hidrometeorológicos causarán nublados con probabilidad de lluvias ligeras en costas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa. (Alfredo Mondragón)

 * En este caso procedía comenzar un juicio administrativo contra Protur, porque fue la encargada de administrar los terrenos; el gobierno estatal no tiene nada que ver, indica el subsecretario de Asuntos Jurídicos del estado

 De la corresponsalía, Chilpancingo * El subsecretario de Asuntos Jurídicos del estado, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, calificó de “improcedente” la denuncia que presentó en la PGR el diputado federal Félix Salgado Macedonio contra el gobierno estatal por presuntas anomalías en la expropiación, comercialización y administración de 2 mil 600 hectáreas que constituyen el desarrollo turístico de Punta Diamante.El funcionario señaló que a pesar de que los supuestos afectados por la expropiación de esos terrenos, efectuada en 1987 durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, presentaron un argumento válido, “el delito del que habla ya prescribió”.Morlet Berdejo explicó que posiblemente en este caso lo que hubiera procedido era comenzar un juicio administrativo, pero contra el organismo público descentralizado Promotora Turística (Protur), encargado de administrar y comercializar los 2 millones de metros cuadrados de dicho desarrollo.“El gobieno estatal no tiene nada que ver en este asunto, porque fue una expropiación que hizo el gobierno federal para fines de desarrollo turístico”, manifestó Morlet.El funcionario dijo que si el senador panista Diego Fernández de Cevallos adquirió un predio en Punta Diamante, debió cumplir una serie de requisitos, como presentar un proyecto de desarrollo turístico ante la Promotora Turística.

“La verdad, desconocemos de qué manera haya obtenido un predio el senador –Diego Fernández–, si lo compró o se lo regalaron. Lo único que sabemos es lo que él ha dicho en los medios de información: que efectivamente tiene un predio en ese desarrollo”, indicó.Sobre la demanda presentada por el diputado federal guerrerense Félix Salgado Macedonio, Morlet Berdejo dijo que lo que hizo el legislador fue “un acto electorero, porque sabemos que legalmente no procede una demanda penal contra el gobierno estatal o contra la administración anterior que hizo la expropiación de los terrenos”.Pero señaló que el gobierno del estado estará atento a cualquier citatorio que envíe la Procuraduría General de la República para que comparezca algún funcionario estatal.Recordó que en 1987, el gobierno federal depositó el dinero de la indemnización ante una autoridad jurisdiccional, “pero ignoro si los campesinos afectados hayan acudido a recoger el pago”.Mencionó que incluso los afectados llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dictó una resolución en la que considera legal la expropiación de los terrenos de Punta Diamante.“Lo que pasa es de que ese señor –el diputado federal Félix Salgado– quiere los reflectores de los medios de información, pero la verdad es que no sabe lo que hizo”, aseguró Morlet Berdejo.

 Karina Contreras * El perredista Crescencio Almazán Tolentino denunció que el delegado del Registro Público de la Propiedad en el puerto, Casimiro Vega Galeana, se negó a certificar la escritura de la propiedad que el senador panista Diego Fernández de Cevallos tiene en Punta Diamante.Según el felixista, la escritura certificada es “uno de los elementos de prueba más contundentes para hacer prosperar la denuncia” que el diputado federal Félix Salgado presentó ante la Fiscalía Especial para Delitos de Servidores Públicos contra el gobierno estatal, por “mala administración y mal uso de las tierras de Punta Diamante”.

Almazán Tolentino dijo que es un documento clave “que ahora están ocultando, y con ello se demuestra el contubernio. Están convirtiendo en clandestino un documento que es público”.Dijo que a las 10 de la mañana le dieron una copia simple de la escritura original que obra en el Registro Público, la cual se encuentra en el volumen octavo con número de escritura 348, del 29 de marzo de 1993. La escritura tiene folio 111736 y 111735.Señaló que como necesitaban una copia certificada regresaron, pero allí les dijeron que para eso tenían que hacer los pagos correspondientes.Manifestó que pagaron 290 pesos, pero que cuando se presentaron a recoger la certificación no se la dieron “porque extraviaron el documento original”.Ante este hecho, Almazán Tolentino aseguró que lo que ocurre es que hay “contubernio entre el Registro Público de la Propiedad y los altos intereses que están detrás de Diego Fernández de Cevallos. El delegado Vega Galeana se opone, esto es una forma de obstruir la verdad jurídica de este caso que se ha presentado en la PGR”.Acusó que lo que quieren es ocultar las evidencias que muestran que el senador panista Diego Fernández de Cevallos recibió ese predio de manera irregular del gobierno del estado.Asimismo, afirmó que Vega Galeana se negó a recibirlos cuando intentaron saber cuál era la razón de la irregularidad y la negativa de otorgar la escritura certificada.

Por su parte, el delegado del Registro Público de la Propiedad, Casimiro Vega Galeana, se defendió al señalar que los perredistas nunca pidieron una cita con él. Sobre la acusación de no querer certificar la escritura del Diego Fernández de Cevallos, dijo: “ el reglamento del Registro Público de la Propiedad tiene ocho días hábiles para dar respuesta a una petición”.Luego señaló que “debido a una obra que se lleva a cabo allí (la remodelación de la plazoleta de Sor Juana) muchos documentos se mojaron, por lo que lleva un tiempo solucionar el problema, pero el atraso no “es propio de una sola persona o asunto”. Luego señaló que tienen un promedio de 200 mil escrituras.Vega Galeana dijo que es falsa la acusación en el sentido de que horas después de otorgarle las copias simples se haya extraviado la original. Agregó: “si no mal recuerdo, la copia simple se la dieron el lunes”.

Asimismo, el delegado dijo que no se negó a firmar las copias ni tiene por qué hacerlo, “porque la demanda no es contra mí”.El delegado también negó que no haya querido recibir la llamada del diputado Salgado Macedonio, incluso dijo que “él llamó a la secretaria del diputado, pero que ya no lo alcanzó”.Al preguntarle si la copia certificada se tendría dentro de los ocho días, como lo señala el reglamento, respondió: “si yo la tengo mañana, pues la entrego”.Luego se contradijo al decir que “desgraciadamente son tantos los documentos que hay y que se tienen en cajas, que a veces algún trabajador mete por error un documento en otra caja”. Justificó que esto es un error humano.Finalmente, Vega Galena dijo que se comprometió con la secretaria de Salgado Macedonio a que “entre hoy y mañana” se le entregaba la copia.Después de la entrevista, Vega Galeana mostró a El Sur la bodega donde se encuentran las escrituras en cajas, las cuales estaban amontonadas y se veían mojadas.

 Jorge Nava * El juez tercero de lo penal, Leoncio Molina Mercado, dictó auto de formal prisión a los agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) Margarito García Montes y Joaquín Galarzo León, por el delito de robo de vehículo.El pasado 17 de julio, ambos agentes se robaron un vehículo Tsuru 2000, el cual se encontraba estacionado en el andador Olivos, de la calle Victoria de la colonia La Laja, y es propiedad de Miguel Angel Rodríguez Nájera.

Molina Mercado detalló que Rodríguez Nájera se presentó a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Chilpancingo, donde vio estacionado su vehículo y de inmediato se dirigió a la Dirección de Averiguaciones Previas.Agregó que después de encontrar la denuncia que interpuso éste y comprobar que realmente se trataba del automóvil de Rodríguez Nájera, la dependencia comenzó una averiguación previa contra los agentes García Montes y Galarzo León.Señaló que él dio las órdenes de aprehensión contra ambos agentes por el presunto delito de robo de vehículo, lo que quedó asentado en el expediente penal 160-2/2002.Los policías fueron detenidos la semana pasada y ayer el juez les dictó el auto de formal prisión.

 Karina Contreras * La Dirección de Reglamentos y Espectáculos clausuró ayer 15 negocios cuyos administradores no pagaron su licencia de funcionamiento y otros que vendían bebidas alcohólicas en la vía pública.Entrevistado vía telefónica, el director de esta dependencia, Benjamín Goiz Sandoval, indicó que las acciones emprendidas no son “con dolo ni con el afán de perjudicar a alguien en particular”.De los 15 negocios clausurados por Reglamentos 10 están en la Costera, entre ellos El Tropicana, además de otros llamados Arcelia y El Mezcala.Asimismo la dirección efectuó una operación simultánea en la periferia, donde clausuró cinco misceláneas que expedían bebidas alcohólicas en la vía pública.Goiz Sandoval manifestó que hay 200 negocios de giros rojos que no han pagado su licencia, aun cuando se les ha invitado para acudir a la Dirección de Ingresos. Señaló que no se ha visto la voluntad en los dueños de los negocios, pero advirtió que no se permitirá la anarquía.

Las multas –informó Goiz Sandoval– varían de 2 mil a 20 mil pesos.

Dijo que esa dependencia ha entablado pláticas con las cámaras empresariales, para pedirles que soliciten a sus socios ponerse al corriente en sus pagos.Manifestó que algunos negocios han solicitado amparos, pero que el juez los ha negado. Sin mencionar el nombre, Goiz Sandoval señaló que hay una discoteca de mucho prestigio que debe dos años de licencia.Los negocios clausurados fueron notificados con anticipación por el retraso de sus pagos de refrendos, así como del procedimiento que seguiría la Dirección de Reglamentos.

 Jorge Nava * Agentes de la Policía Judicial del Estado, del sector Zapata, encontraron abandonado un vehículo que podría estar relacionado con el asesinato de Julio César Arizmendi Millán, sobrino del extinto comisario priísta del Kilómetro 30, Abel Arizmendi Flores.Arizmendi Millán fue asesinado de la misma manera que su hermano José Ariel Arizmendi Millán, el año pasado, en un poblado cercano al Kilómetro 30.El agente determinador del Ministerio Público de la colonia Zapata, Rafael Reyes Serrano, detalló que los agentes de la PJE encontraron abandonado el vehículo Nissan, color blanco, sin placas, en el hotel Palmillas, ubicado en el bulevar José López Portillo, frente a la colonia Postal, el cual –según la policía– pudo ser utilizado para el homicidio.

Mientras que en la PJE se informó que aún no hay datos de quiénes pueden ser los responsables.

La versión de la PJE es que en la calle principal, conocida como Calle 14, frente al mercado de esa colonia, fue asesinado Arizmendi Millán, y que de acuerdo al testigo Oscar Castillo Guillén, el occiso arreglaba el auto estéreo de su vehículo Tsuru, color blanco, cuando a unos cien metros adelante de ellos se estacionó otra unidad.Según PJE, el testigo les explicó que en el automóvil se encontraban dos personas desconocidas, pero que fue el conductor del vehículo quien descendió con una cubeta en la mano izquierda, de donde sacó una pistola tipo Escuadra.

El testigo les aclaró que desconocía el calibre del arma de fuego con la que el desconocido hizo dos disparos.Detalló que era una persona de complexión robusta, tez morena clara, pelo ondulado, canoso.Dijo que luego de los disparos, el homicida subió rápidamente en un Tsuru, cuatro puertas, color blanco, sin placas.Abundan que el vehículo presuntamente se encontró en la Calle 3, esquina con el bulevar José López Portillo, y por ello buscaron a los homicidas, pero no los localizaron.El comandante de la PJE, David Bravo Cortez, informó que en el lugar donde fue encontrado el vehículo había dos patrullas de la Policía Preventiva, una de la colonia Emiliano Zapata y otra de Renacimiento.Señaló que los agentes de la patrulla de la Zapata les informaron que detuvieron a una persona como sospechosa, de nombre Arquimides Liborio Lorenzo, quien dijo vivir en la calle Morelos, manzana 16, lote 17, de la  colonia Navidad de Llano Largo; en el MP se informó que esta persona no fue puesta a disposición.