Acusan a sacerdote de apropiarse de un terreno en Llano Largo

 * Presentó el cura un amparo contra la orden de arresto

 Jorge Nava * Tras ser acusado por el delito de despojo de un predio ubicado en el asentamiento irregular La Lajita, en Llano Largo, ante el Juzgado Segundo Penal acudió ayer el sacerdote Angel Torres Pineda para mostrar un amparo que le concedió el juez tercero de Distrito contra cualquier orden judicial de detención.En el expediente penal 199-2/2002, Torres Pineda es acusado junto con los vecinos de ese lugar, Nicolasa Pedraza Hernández, Sergio Gatica Ramos y Benjamín Barrera García, por los presuntas agraviadas Heriberta Florentino Ríos y Atila Salgado Delgado, dueñas de un predio de 8 mil 334 metros cuadrados, del cual –según el expediente penal– el párroco y los otros vecinos se apropiaron.De acuerdo con el expediente penal 199-2/2002, los acusados fueron denunciados por las presuntas agraviadas en la Quinta Agencia del Ministerio Público, donde se comenzó la averiguación previa Tab/V/006/2002 por el delito de despojo.

Los procesados argumentan que el predio tiene una medida de 8 mil 300 metros cuadrados, y que si lo tomaron es porque desde hace 30 años estaba abandonado.Señalan que limpiaron el terreno porque por allí pasan los niños cuando van a la escuela, y explicaron que en años anteriores se dio el caso en que una menor de edad fue violada y otros niños fueron asaltados cuando iban a la escuela.Las agraviadas detallan que la versión que dan los acusados no es la verdadera, porque del predio fue limpiado para que varias familias se asentaran.El amparo que mostró Torres Pineda es el 897/2002, el cual les fue concedido por el juez tercero de Distrito, Julio Figueroa Salmorán, contra cualquier orden de aprehensión que gire el juez segundo Luis Aguilar Delgado.Pese a ello, la agente del Ministerio Público adscrita a ese juzgado, Yolanda Araujo Hernández, pidió al juez que se asentara en el expediente penal que se les dicte el auto de formal prisión al sacerdote y a los otros, porque hay suficientes elementos presentados por la parte agraviada para procesar.

Marchan sindicalistas del Cecyteg por la firma de un contrato colectivo

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Unos 100 trabajadores del Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Sutcecyteg), encabezados por su dirigente Margarito Godínez de Dios, marcharon para exigir a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) solución sus demandas, entre ellas, adeudos por más de 600 mil pesos y la firma de un contrato colectivo de trabajo.Margarito Godínez explicó que no se han cubierto adeudos retroactivos al incremento salarial y pago del servicio médico porque no tienen servicio de seguridad social. “Nos proporcionan un médico pero nosotros le pagamos, y después dicen nos pagan lo que invertimos, pero en lo que va del año no han cubierto nada”.

Dijo que desde el año pasado la SEG tampoco ha pagado el estímulo al personal docente, y piden una revisión porque el director general del Cecyteg, José Villanueva Manzanares aseguró que iba a mejorar dicho estímulo. “Se hablaba de 600 mil pesos, pero sólo aplicaron menos de 300 mil pesos”.También acusaron a Villanueva Manzanares –hermano del ex dirigente de la FSTSE Octaviano Villanueva–, de pretender desconocer al sindicato independiente interior del Cecyteg. Pero Godínez de Dios dijo que desconoce que el Sutcecyteg tiene el registro 05/2002, que le fue otorgado el pasado 16 de julio, incluso el director general mandó su representante personal, indicó.El dirigente sindical aseguró que el sindicato cuenta con 165 trabajadores académicos y administrativos que atienden a más de 2 mil 500 alumnos: “Nosotros hemos enviado varios oficios al secretario Daniel Pano Cruz, pero no nos ha atendido, por eso vamos a marchar hasta sus oficinas de la SEG para informarle que el director general del Cecyteg no cumple con los acuerdos pactados”.Señaló que en las demandas se incluye también el reconocimiento y puesta en marcha de su contrato colectivo de trabajo que el director general no reconoce.Manifestó que José Villanueva amenaza a los trabajadores de que todo aquel que asista a una marcha o a un paro laboral, será despedido y si es un docente se le quitarán los estímulos. “El tiene varias claves que nos pertenecen y queremos que las regrese”.El Cecyteg cuenta con cinco planteles, en Petatlán, dos en Acapulco (Mozimba y Coloso), otro en Iguala, uno más en Chilapa, y una extensión más en Chichihualco, y trabajadores en la dirección general en esta capital.

Madres exigen frente a la SEG la construcción de un jardín de niños

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Encabezados por dirigentes del Partido Socialista de México (PSM), madres de familia de la colonia Los Amates de esta capital, se manifestaron en la explanada de la SEG para exigir la construcción de un jardín de niños.El dirigente del PSM, Gabriel Bernardino Arzate dijo que desde hace 2 años los habitantes de la colonia Los Amates han solicitado a la SEG la construcción de un jardín de niños, a pesar de que ya egresó una generación de niños; actualmente hay tres grupos académicos con más de 40 menores cada uno.Agregó que las dos maestras que están trabajando, así como un conserje, no cuentan con sus claves presupuestales, y es la fecha en que no han obtenido respuesta por parte de las autoridades de la SEG: “Apenas hoy se dignaron a recibirnos y nos dijeron que hay que cubrir un requisito, les dijimos que ya en la colonia se donó un terreno”.Finalmente, Lilia Rodríguez Leal, candidata del PSM a la alcaldía de Chilpancingo, indicó que su presencia en ese mitin fue para apoyar a las madres de familia para que logren que se les construya su jardín de niños y se les otorguen sus claves a los trabajadores.

Maestros toman la Prepa 35 de la UAG en San Luis San Pedro

 Corresponsalía, Tecpan de Galeana n Maestros de la Preparatoria 35 de la UAG en San Luis San Pedro, tomaron el plantel en protesta porque no son tomados en cuenta para la planilla del actual director y porque los marginaron del trabajo administrativo.El profesor Armando Ureña Soberanis manifestó que en las pasadas votaciones para elegir director, a ellos les tocaba la subdirección, pero al tomar posesión como director José Luis Solís Rumbo, sólo colocó a personal de su corriente y de su confianza y a ellos los marginó.Indicó que la protesta es porque les respeten sus derechos y de no tener respuesta mantendrán tomado el plantel.

Piden la destitución del jefe de sector 9 de Educación Primaria en Azueta

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) piden la destitución del jefe de sector número 9 de Educación Primaria, Alfonso Rodríguez Barrera por pretender imponer en la supervisión de la Zona 89 al profesor institucional César Bello Solís.La secretaria general de la delegación D-I-389, Noemí Ibarra Ramírez informó que existe un oficio firmado por integrantes de la CETEG en Zihuatanejo para solicitar la formal destitución de Rodríguez Barrera quien ha provocado junto con la Comisión Estatal de Escalafón Mixto de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), la existencia de dos supervisores en la Zona 89 de este puerto, porque la base trabajadora reconoce en este cargo al profesor Félix Echeverría Barrera.Dijo que la Coordinación Estatal de Escalafón Mixto de la SEG se ha prestado “al chantaje, el manoseo y la corruptela” al avalar tanto a Echeverría Barrera como a Bello Solís en la supervisión de Zona.Ibarra Ramírez informó que los maestros de la Zona Escolar 89 reconocen como supervisor al profesor Félix Echeverría Barrera porque cuenta con mayor antigüedad y puntaje escalafonario que Bello Solís, y porque desde septiembre del 2001 inicio gestiones para ingresar como supervisor de la zona en conflicto, a fin de mantenerse a la espera de la jubilación del profesor Marciano Encarnación Navarrete quien dejó el cargo en el 1 de enero del 2002.Ibarra Ramírez dijo que 300 profesores de la zona escolar 89 reconocen a Echeverría Barrera como supervisor “porque fue avalado y legitimado por las autoridades centrales y por la base trabajadora, y no vamos a permitir que ningún supervisor espurio, falso e impuesto nos venga a supervisar a la zona 89”, esto tras informar que Bello Solís cuenta con 22 años de servicio y Normal Básica, mientras que Echeverría Barrera tiene 39 años de servicio y estudios de Normal Superior.

Pano: se aplicará en los planteles de la SEG el programa Escuela Segura

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El secretario de Educación de Guerrero (SEG), Daniel Pano Cruz informó que ya no se aplicará en el estado el “dispositivo mochila”, porque a partir del inicio del año escolar 2002-2003, se llevará a cabo en todas las escuelas el “Programa escuela segura”.También confirmó que la SEG resolverá la demanda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, de revisión del perfil académico de los maestros, por lo que en breve a los docentes que se encuentren en esta situación se les apoyará para su capacitación y actualización.

Entrevistado al final de la instalación de las mesas de trabajo con la dirigencia de la Sección 14 del SNTE, que encabeza Job Bernache Guzmán, el secretario dijo que el Programa Escuela Segura se está promoviendo en Acapulco, Chilpancingo e Iguala en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, y con los tres niveles de gobierno que tienen incidencia en la seguridad pública y la prevención del delito.Añadió que la SEG promueve acciones con los padres de familia para garantizar y prever que los niños y jóvenes puedan ser presa de la delincuencia y de la drogadicción, “hay acciones que ya se impulsan en las propias escuelas desde el inicio del año escolar, que se vienen a fortalecer con este programa promovido por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar la seguridad de los estudiantes en las escuelas de la entidad”.

Darán respuesta a los alumnos

Con relación a la demanda de los estudiantes de Ayotzinapa, que exigen los resultados de la auditoría a aplicada a los maestros para conocer su perfil académico, expresó que la SEG atenderá sus demandas “pero sin violentar los derechos de los maestros de ese plantel”.Informó que la Contraloría Interna de la SEG concluyó dicha auditoría a los perfiles académicos con algunos resultados que efectivamente orientan que algunos maestros de la Normal de Ayotzinapa –no dijo cuántos– deban actualizarse desde el punto de vista profesional, “no podemos decir nombres de manera irresponsable porque la propia ley nos obliga a reservar”, indicó.Se comprometió a que la SEG hará los ajustes necesarios para que los maestros adquieran su titulación, su capacitación y actualización profesional para poder garantizar a los alumnos de la Normal de Ayotzinapa el que estén recibiendo una formación docente a la altura de las exigencias de la educación.Por otro lado, Pano Cruz convocó a los maestros de la CETEG que anunciaron movilizaciones para este mes para “que busquen otros canales de comunicación que garanticen la continuidad de los servicios educativos”, y calificó de preocupante que se sigan suspendiendo las actividades escolares.Aseguró que el gobierno estatal y la SEG no han dado motivos para que se promuevan acciones de resistencia en el sector educativo, porque existe la capacidad y actitud política de sentarse a negociar los problemas del magisterio guerrerense, y dirimir diferencias para ratificar el compromiso de la calidad de la educación.

Instala la SEG 22 mesas de trabajo para atender las demandas de la Sección 14

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Al instalar 22s mesas de trabajo de la Comisión Negociadora Unica Plural y Permanente entre la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), y la Sección 14 del SNTE, Job Bernache Guzmán anunció que “los trabajadores de la educación somos actores políticos y habremos de participar en los procesos electorales que se lleven a cabo en nuestra entidad”.En el acto efectuado ayer en la mañana en el tercer piso del Palacio de Gobierno, donde estuvieron presentes funcionarios de la SEG encabezados por el secretario Daniel Pano, y los miembros del comité ejecutivo de la Sección 14 del SNTE, Bernache Guzmán insistió refiriéndose a las elecciones de diputados y alcaldes del próximo 6 de octubre,  que “somos libres y somos conscientes de lo que implica nuestra participación política e histórica, para bien y para mal”.

Agregó que la SEG y el SNTE tienen intereses comunes para fortalecer la educación en la entidad y abatir el rezago educativo: “Queremos impulsar una cultura política verdadera, en la que entendamos que el ejercicio democrático implica ganar y también perder; una cultura de la legalidad que implique el respeto al Estado de derecho, y que cada quien asuma el rol que les corresponda y con los escenarios que se le presenten”.Dijo que el SNTE va a impulsar la cultura del escalafón, pero existen por ambas partes resistencias que se deben superar.Acto seguido Daniel Pano, inauguró la mesa de negociaciones y al terminar, en entrevista expresó que la “mesa única, plural y permanente de los trabajadores de la educación en Guerrero”, es el marco institucional para dirimir y resolver las controversias laborales, porque se revisarán las recategorizaciones, apertura de nuevos centros de trabajo, de crear compromisos y acciones que permitan elevar la calidad de los servicios, además de incentivar a los trabajadores de la educación.

Manifestó que con relación a la mesa de negociaciones instalada en Tecpan el lunes pasado con la CETEG, fue a partir de algunas manifestaciones impulsadas por ese sector del magisterio que también demandaba algunas acciones de reconocimiento a sus centros de trabajo, y de respeto a su adscripción.Agregó que estas demandas planteadas por la CETEG serán atendidas por las instancias normativas de la SEG, aunque algunas necesariamente se resolverán en los tribunales laborales correspondientes, porque escapan del alcance normativo y jurídico de esa dependencia “ esa fue la mecánica que se utilizó en Tecpan, pero se reconocieron sus derechos laborales”.Adelantó que en breve el área jurídica de la SEG y de Control Interno emitirán sus dictámenes respectivos para reconocer el derecho de los trabajadores según las causales y los orígenes que promuevan su arraigo o su remoción, “los acuerdos de la mesa de Tecpan entre la SEG y la CETEG, establecen el compromiso de respetar los derechos de todos los trabajadores de la educación”, dijo.

La resolución de la Corte, un mensaje de discriminación: González Ruiz

* Abdica de su función constitucional, dice el abogado

Es lamentabe que la Corte haya abdicado de su función de revisar la constitucionalidad de la reforma indígena, porque esto va a impactar no sólo a Chiapas, sino a otros estados como Guerrero, donde se perfila una posición de fuerza, un aumento de la presión de los grupos más conservadores, advirtió el abogado José Enrique González Ruiz, y agregó que “en Guerrero la población indígena es un hecho y es un hecho que tiene población alzada”.

Opinó que la Suprema Corte, con su fallo, “elude el fondo del problema, impide el proceso de distensión en el país”.

Explicó el abogado, investigador de la UNAM y ex rector de la UAG: “La resolucion de la Corte no es legal, porque confunde al Poder Legislativo con el pueblo”. El artículo 39 de la Constitución dice que el pueblo es el único que pede modificar las formas de gobierno, y cuando la Corte dice que la reforma no es motivo de análisis, confunde a los diputados y senadores con el pueblo.

Señaló que se esperaba mucho de la Corte. Se esperaba que analizara tres temas: La autonomía, los usos y costumbres y el territorio y recursos naturales. Se pensaba que iba a reconocer los tres derechos con base en el Convenio 169 de la OIT, pero abdicó.

Dijo que lo preocupante es que “la señal que se proyecta a los pueblos indígenas es que va a seguir el dominio de los conquistadores, que las religiones indígenas siguen siendo supersticiones, sus lenguas dialectos. Manda un mensaje de que seguirá la dsicriminación.

En huelga de hambre, un judicial preso en Coyuca de Catalán

Gregorio Urieta, corresponsal, Coyuca de Catalán * El policía judicial Marco Antonio Calderón Medina, preso en el penal de Coyuca de Catalán, por la muerte de un campesino del poblado de Tanganhuato, ocurrido en febrero de 2001, recibió sentencia condenatoria por el juez de lo penal, Félix Nava Solís, por lo que ayer mismo se instaló en huelga de hambre “hasta el final”, porque se declara inocente.

El judicial, quien en funciones fue jefe de grupo al mando del comandante Rafael Salinas Orbe, alega que la muerte del campesino de Tanganhuato fue en legítima defensa, ya que fue quien les disparó primero, cuando le marcaron el alto.

Estableció que existen pruebas de ello y una de ellas es que el automóvil en  el que ellos viajaban presenta varios impactos de bala que el juez no consideró como prueba fehaciente de su defensa.

Calderón Medina señala que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) no lo apoyó, que lo abandonó a su suerte ignorando su trayectoria como buen policía y “el Poder Judicial me dio el tiro de gracia”, dice desanimado.

Anunció que desde ayer se instala en huelga de hambre “hasta donde sea posible”, esperando  que el presidente Vicente Fox intervenga en su caso, dijo el agente judicial preso.

Por casualidad, una mujer y sus dos hijos están acusados de secuestro

* En octubre de 2000 estuvieron ocho días incomunicados por judiciales al mando de Herrera Sánchez que los torturaban con golpes y bolsas de plástico en la cara * Los hicieron firmar documentos que involucraban a un supuesto comandante Ramiro del EPR 

Maribel Gutiérrez, Coyuca de Catalán * Una mujer de 45 años, madre de 10 hijos, Remedios Alonso Vargas, está en la cárcel de esta ciudad de la Tierra Caliente, con sus dos hijos mayores, Irineo y Luciano, muy lejos de la sierra de Petatlán de donde son originarios. Hace dos años fueron detenidos en una operación policiaca, que se desarrolló para buscar a un secuestrado, y que por casualidad paró en su casa, en El Camarón, una de las comunidades de la ruta de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

Después fueron acusados de un secuestro cometido en Tierra Caliente, y a finales de julio de este año sentenciados a 22 años de prisión.

Cuando los arrestaron en la sierra, el 24 de octubre de 2000, fueron torturados durante ocho días. Primero los tuvieron en los separos de la comandancia de la Policía Judicial del Estado en Petatlán, después los llevaban a la sierra, amarrados, para torturarlos y que confesaran dónde estaba el secuestrado, pero ellos no tenía idea de lo que les preguntaban. Finalmente los trasladaron a la comandancia de la Policía Judicial en Ciudad Altamirano, donde, según sus declaraciones, los siguieron torturando policías judiciales al mando del comandante Guadalupe Herrera Sánchez, con la participación directa de los hijos del secuestrado, un taxista de Santa Teresa, Coyuca de Catalán, Ignacio Camacho Duque.

Cuentan que un hijo del taxista, Alejandro Camacho, y el tío, Guillermo Duque Reynosa, los golpeaban en la sierra para que dijeran dónde tenían al secuestrado. Después de que los tuvieron incomunicados en Petatlán los trajeron a la comandancia de la Policía Judicial en Altamirano, y ahí estaba la familia del taxista.

“Venían para que nos conocieran. Le dijeron a su mamá: Mamá, ven a ver a los que tienen a mi papá”, dice Remedios, y recuerda: “Tantos golpes, cómo íbamos a aguantar, y sin tener niguna culpa. Estamos vivos de milagro. Somos ajenos totalmente a los hechos. Nunca hemos hecho un mal a nadie, no nos robamos ni una ahúja. Yo a mis hijos no los dejaba ir ni a un baile solos. Los que hicieron el mal han de estar tranquilos, y nosotros que no hicimos nada estamos aquí”.

Por medio de torturas, Remedios, Irinero y Luciano fueron obligados a firmar unas actas con supuestas declaraciones que ellos desconocían.

Después se supo que entre otras supuestas confesiones dijeron que el taxista había sido secuestrado por un grupo armado, el EPR, encabezado por el comandante Ramiro, que después dijeron que es Omar Guerrero, el presidente del Comité de Presos Políticos y de Conciencia de Acapulco.

Remedios Alonso y Luciano e Irineo Mederos fueron acusados de colaborar con los secuestradores, que los dos jóvenes les llevaban la comida para el secuestrado y para quienes lo cuidaban en un lugar de la sierra y que su mamá preparaba los alimentos.

Los tres detenidos firmaron cualquier documento, pero nunca dijeron dónde estaba el secuestrado porque no sabían. Hasta la fecha, dos años después, no ha sido localizado el taxista de Santa Teresa.

  La amnistía, una esperanza 

Los días bajo tormento fueron los peores de su vida y por eso, aún aquí encerrados, creen que es una ventaja estar con vida. “Estamos vivos de milagro”, dice Irineo, y con esa frase sintetiza lo que padecieron los tres en la tortura.

Estuvieron desaparecidos ocho días, en manos de los policías judiciales, incomunicados de sus familiares y de un abogado que los buscaba en Petatlán y en Tierra Caliente. Irineo recuerda: “Cinco días, me ponían la bolsa en la cara para que no respirara. Nos hacían fierísimo. Yo todavía estoy mal por las torturas, estoy mal de las costillas”.

Ahora, van a presentar una demanda de amparo contra la sentencia de 22 años.

También, tienen la esperanza de que se declare una ley de amnistía que permita la libertad de los presos de conciencia en las cárceles de Guerrero.

Remedios es una mujer de la sierra dedicada por completo a cuidar a sus 10 hijos, y los jóvenes Irineo y Luciano apenas se habían casado cuando fueron detenidos, y habían comenzado a sembrar papaya maradol.

No participaban en algún movimiento político conta el gobierno. La actividad de la familia en favor de una causa fue en defensa de los bosques –pero quien participaba más era el esposo de Remedios, José Mederos, quien también tiene orden de aprehensión, y un poco sus hijos– con el movimiento ecologista en el que participó desde su fundación el campesino Rodolfo Montiel, que en ese año ya era reconocido por Amnistía Internacional y otras organizaciones de México y otros países como preso de conciencia.

Remedios Alonso y sus hijos vivían en el área donde se desarolló la persecución, con cualquier pretexto, contra los campesinos ecologistas, y esa represión les tocó a los tres.

Nunca se imaginaron que los iban a acusar de algo. Por eso no se escondieron ni huyeron para protegerse cuando más de 60 judiciales, al mando del comandante Guadalupe Herrera Sánchez, llegaron a su casa en El Camarón el 24 de octubre de 2000.

La casa de la familia Mederos Alonso está a un lado de la carretera que sube de Santa Rosa a El Mameyal y Banco Nuevo, la ruta donde se dio a conocer el movimiento ecologista en 1998. La construcción es de madera, y está rodeada de un patio que colinda con la carretera.

Ese día, andaban en la carretera de la sierra grupos de la Policía Judicial del Estado de varias comandancias en seis camionetas de la corporación y dos camiones ganaderos. Se calculan más de 60 efectivos, que iban persiguiendo a un joven que manejaba una cuatrimoto, que es el transporte más apropiado para los caminos casi intransitables.

Los judiciales no lograban alcanzar al joven de la moto, que aumentó la velocidad cuando se vio perseguido.

Cuando llegó a El Camarón saltó de la moto y huyó por el monte. Mientas, el vehículo quedó con el motor en marcha, y cayó al lado de la carretera de terracería, precisamente en el patio de la casa de la familia Mederos Alonso.

Ahí llegaron los judiciales. Cuenta Remedios Alonso que el comandante judicial que iba al mando, Herrera Sánchez, le preguntó si tenía hijos. Ella le dijo que sí, que andaban por el arroyo con unas vacas, y los judiciales se fueron a buscarlos, y los arrestaron.

Ella le dijo que fueran tras el joven de la moto, y le indicó por dónde había escapado, por el río. Pero el judicial no quiso; su interés era llevarse a cualquier detenido.

Tampoco había alguna evidencia de que el joven de la moto fuera uno de los secuestradores; probablemente sólo transitaba por ese camino cuando se encontró con el convoy policiaco tras él, y por eso huyó. Además, los judiciales llevaban una bolsa con ropa del taxista secuestrado, lo que hacía suponer a la familia que ellos lo tenían.

En una entrevista el 28 de octubre de ese año, Noelia Mederos Alonso, hija de Remedios, y su mamá, Caritina Vargas, que denunciaron que en el cateo ilegal que los judiciales hicieron a su casa se robaron las alhajas de la familia y dinero de la cosecha de papaya que les habían pagado un día antes, informaban que los judiciales bajaron de una camioneta una bolsa de naylon color azul, y de ahí sacaron ropa, una camisa rosa y un pantalón azul, y la fueron a dejar en el patio, atrás de la casa. Piensan que esa ropa era parte de las supuestas pruebas que inventaron los judiciales para culpar a cualquiera.

El encierro en que viven en el Centro de Readaptación Social de Coyuca de Catalán parece menos severo porque pueden estar los tres juntos, en una cárcel mixta, y porque tienen la esperanza de que un juez se dé cuenta de su inocencia.

Lamentan que el juez penal de primera instancia que los sentenció no haya tomado en cuenta las pruebas que presentaron, y Remedios dice: “El juez se vendió con los Camacho, porque pensó que nosotros podíamos hacerles daño a ellos”.

“Nos están involucrando pero no tenemos ninguna relación, no sabemos nada de ese secuestro, fue por casualidad que cayó la moto en frente de la casa, no porque seamos culpables”.

Se le pregunta si además de la casualidad de la caída de la moto frente a su casa hay algún motivo para que los repriman, y responde. “No nos metemos en nada. Ellos, los jóvenes (Irineo y Luciano), sí participaban en el movimiento en defensa de los bosques, con la Organización Ecologista”.