* Los jueces sólo han hecho caso de lo que dicen los Montúfar, afirman desde la cárcel de Coyuca de Catalán * Los tres, que se consideran presos de conciencia, dicen que están en la cárcel porque no se sometieron a una familia poderosa apoyada por el gobierno
Maribel Gutiérrez, Coyuca de Catalán * Una operación militar y policiaca con un amplio despliegue de efectivos, el 25 de julio de 1998, contra el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) fue aprovechada para arrestar a dos ciudadanos de Monte Grande, acusados por los Montúfar de El Pozo de una emboscada en diciembre de 1997, en la que murieron tres miembros de esa familia.
Había pasado la masacre de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, el 7 de junio, y en respuesta, el 22 de junio comandos del ERPI atacaron un convoy militar en la carretera que va de la Tierra Caliente a la Costa Grande, de ciudad Altamirano a Zihuatanejo. En el ataque en el caserío El Pantano, cerca de El Pinzán Morado, que el ERPI reivindicó, hubo tres soldados muertos y tres heridos.
El gobierno respondió con una intensa operación militar y policiaca de búsqueda de presuntos guerrilleros en las comunidades vecinas. Esa operación llegó a Monte Grande, de donde se llevaron a dos campesinos.
Uno de los detenidos, Estanislao Gutiérrez, tenía orden de aprehensión, pero no el otro, Custodio Gómez Salvador, hombre de edad mayor, de 76 años, que ni siquiera aparecía entre los acusados. Los dos fueron condenados a 38 años de cárcel, y esa sentencia fue anulada por el tribunal porque no se apegó a la legalidad, y se van a reponer algunas diligencias y pruebas que faltaron para que se dicte una nueva sentencia.
El tercero de los presos de Monte Grande, Aurelio Díaz Milián, sí estaba entre los primeros cuatro acusados que tenían orden de aprehensión, pero no se encontraba el día en que el Ejército ocupó el pueblo para buscarlos. Después, no quiso abandonar su comunidad, porque dice que no tiene culpa de nada y no tenía porqué huir. Fue detenido el 24 de abril de 1999, juzgado por la emboscada a los Montúfar, y aún espera sentencia.
De acuerdo con los expedientes judiciales no hubo testigos de la emboscada en El Pozo que señalen a los vecinos de Monte Grande; el único sobreviviente, un niño de 6 años, Uriel Balderas Montúfar, nunca señaló a alguno de los presos.
Por eso, los tres presos de Monte Grande, desde la cárcel de Coyuca de Catalán, afirman que los culpan injustamente, porque ellos no hicieron la emboscada, no hay testigos que los señalen, y las autoridades dedicadas a la justicia sólo han hecho caso de lo que dicen los Montúfar, y han aceptado testigos falsos.
Los tres se consideran presos políticos y de conciencia, porque explican que están encarcelados porque defendieron la verdad, porque exigieron justicia, y no se sometieron a una familia poderosa apoyada por el gobierno.
Custodio Gomez Salvador, de 76 años, actualmente enfermo de embolia dentro de la cárcel, dice que lo acusaron porque fue al juzgado en Chilpancingo a declarar en favor de sus vecinos que tenían orden de aprehensión, y después porque cuando llegó el juz con la policía a catear las casas de Monte Grande él le dijo que los acusados son inocentes.
Aurelio Díaz Milián dice que lo acusaron para que no reclamara justicia por el asesinato de su hijo, Raymundo Díaz Gutiérrez, que no se ha investigado y ahora sospecha que los responsables son los Montúfar.
Estanislao Gutiérrez González, cuñado de Aurelio Díaz, dice que a él lo acusaron de esos asesinatos porque siempre ha sido de oposición al gobierno, ha sido militante de izquierda desde que existía el Partido Comunista Mexicano y después del Partido Socialista Unificado de México y del Partido de la Revolución Democrática.
Los tres presos de Monte Grande están incluidos en la lista de presos políticos y de conciencia que elaboraron organizaciones sociales como el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), para quienes demandan la libertad por medio de una ley de amnistía.
Custodio Gómez Salvador: Preso porque dijo la verdad
En una calurosa celda sin ventanas de no más de 3 metros por 2, está postrado en la cama de cemento Custodio Gómez Salvador, de 76 años, enfermo de embolia. Su salud se ha agravado en los últimos días, como resultado de vivir aquí encerrado más de cuatro años en este pequeño cuarto con un retrete en el mismo espacio y sin ventilación, que comparte con otro recluso.
El dice que está aquí sólo porque fue testigo de que sus vecinos son inocentes de los homicidios de los Montúfar. “Me tienen aquí, encerrado, porque declaré la verdad”, afirma.
Después de la emboscada en El Pozo, el 14 de diciembre de 1997, donde murieron José Montúfar, su hija Diocelina y su nieto Angel de Jesús, sin tener ningún testigo, los Montúfar acusaron a cuatro ciudadanos de Monte Grande, los que después tuvieron orden de aprehensión.
Don Custodio Gómez no fue acusado ni tenía orden de aprehensión. Fue arrestado por efectivos del Ejército el 25 de junio de 1998 en Monte Grande, supuestamente sólo para que señalara donde vivían los acusados, y de ahí se lo llevaron también detenido.
Fue enjuiciado como culpable de la emboscada, y condenado a 38 años de prisión, sin que hubiera algún testigo en su contra, y sin que se respetara su derecho a la defensa. “Se presentaron a declarar 18 testigos a mi favor; no los tomaron en cuenta, me sentenciaron a 38 años de prisión”, señala.
Actualmente el Tribunal Superior de Justicia del Estado echó abajo la sentencia y ordenó la reposición de pruebas que faltaron en el juicio, que ilegalmente se cerró para sentenciarlo. Su futuro está pendiente de esas nuevas pruebas, que se han retrasado porque los testigos del lado de los Montúfar no se habían presentado o ya no viven en el país.
El 25 de junio de 1998 acabé de sembrar 7 hectáreas de maíz. Veía que el avión militar andaba como para Tarétaro. Yo andaba sembrando con dos de mis hijos, los más chicos, traía un rifle .22. Terminé, echo las cosas al burro y me voy para mi casa. Me iba a bañar cuando vi pasar el avión.
“Me dijo mi hijo: En la loma está cayendo mucho gobierno.
“Cayeron en la orilla del pueblo los soldados, y vinieron caminando por las calles. Un federal me preguntó: ¿Usted es Custodio Gómez?
–Sí señor, –le dije.
–Quiero que nos acompañe.
–De qué se trata –preguntó mientras me pongo la ropa.
–Es una investigación.
“En la misma cuadrilla, el federal me entrega con el judicial. Me dijo:
–Vas a ir a enseñar las casas de Aureo, Aurelio, Delfino. Pero antes vamos a pasar por tu casa para que entregues las armas: cinco calibre 22, un cuerno de chivo y una súper.
“Enseñé la casa de Aurelio y Aureo.
“Después se metieron a mi casa, revolvieron los cajones. No encontraron nada.
–Entréganos la súper y el cuerno –decían.
“Tenía en la pared muchos cuernos de venado, porque yo cazaba. Les dije que escogieran qué cuerno se querían llevar.
“Después enseño la casa de Estanislao. Después me llevan y enseño la casa de Delfino.
“Me llevaron a donde estaban más soldados y dice un mayor:
–Súbanse, tan viejos y tan matones.
–Yo a nadie he matado. Y no me vaya a golpear –le dije.
“Nos llevaron a Estanislao y a mí. En carros de federales nos llevaron a Los Pantanos. Ahí nos bajaron, querían fusilarnos.
“Se supo que los Montúfar dieron 300 mil pesos para que nos fusilaran”.
De Los Pantanos, con otros siete detenidos, llevaron a los dos de Monte Grande al cuartel del 40 Batallón del Ejército, en ciudad Altamirano, y finalmente, a Custodio y a Estanislao los presentaron al Ministerio Público, acusados por los Montúfar.
Etalislao Gutiérrez: Ya sé cómo es el infierno
En la misma cárcel, otro de los presos de Monte Grande, Estanislao Gutiérrez González, de 52 años, padre de tres niños, dice: “Se nos acusa de homicidio, robo y lesiones. Nada es cierto”.
Explica cómo comenzó a ser perseguido, a raíz de la emboscada a los Montúfar, el 14 de diciembre de 1997.
“Estábamos trabajando en la parcela de Alvaro Casimiro Hernández. Ese día nos fueron a avisar lo que había sucedido y que nos echaban la culpa.
“A las 5 de la tarde el gobierno (Ejército) rondó mi casa corriendo y cerrojeando las armas. No se metieron, uno llegó al patio y preguntó por mí. Por eso creímos que sí nos estaban echando la culpa.
“Después, los soldados seguían cayendo a buscarnos a Monte Grande. Hubo dos cateos al pueblo.
“La idea que teníamos era ampararnos para presentarnos a declarar.
“Mientras, andabamos escondidos, durmiendo en los arroyos, enterrándonos en las arenas para que sirvieran de cobija.
“El 24 de enero de 1998 hubo un cateo a Monte Grande y el 25 de febrero otro.
“El 25 de junio, desde la mañana, rondaban los helicópteros militares.
“Llevaban gente en el helicóptero que conocía el terreno. Cayeron los federales en el llano, se concentraron en el centro de la cuadrilla. Llevaron a Custodio a mi casa.
“Había sucedido la emboscada al Ejército en Los Pantanos. Cuando nos agarran nos llevan a Los Pantanos en una patrulla militar.
“El jefe de los militares (comandante del 40 Batallón de Infantería, José Ernesto Lerín Pomposo), me dice: Tan viejos y asesinos. Yo le reclamé: fíjese lo que dice, le dije.
“Llegó un señor de Paso de Arena en una camioneta Ford blanca con un morral de Ixtle, se llama Juan Medrano. Me estaban bajando a la barranca, y en eso llega mi esposa con otras dos mujeres y mi hermana. Nos iban a matar, Juan Medrano, llevó en el morral el dinero que pagaron los Montúfar para matarnos. Pero ya no pudieron.
“Había otros detenidos en Los Pantanos, en total nueve, unos de La Parotita.
“A Custodio le dieron un rodillazo porque reclamó que un federal le quitó 30 pesos. Cerrojearon el arma y me la pusieron en la sien. Me decían: Hijo de tu pinche madre, perro, te vamos a descargar la pistola en la cabeza. Era tortura psicológica.
“Nos llevaron amarrados, en el camino al 40 Batallón. Ahí había otros dos detenidos que venían de El Pinzán Morado.
“Ahí nos tuvieron detenidos a los 11, en un cuarto cerrado. Estuvimos una noche. A otro día tempranito nos sacan a bañar. Teníamos que estar parados. Uno se quería sentar y lo golpearon. Levántate, perro, le decían, y él lloraba. Ya sé cómo es el infierno, sentí que me iba a morir.
“Nos hicieron la prueba de la parafina para ver si habíamos disparado. Como a las 5 nos entregan a los 11 a la Policía Judicial”.
Estanislao está desde entonces en la cárcel, sometido a un juicio que dice que está totalmente controlado por los Montúfar. Dice que en el proceso, el juez (Gabriel Jiménez Montiel, que los sentenció el 30 noviembre de 2000) no tomó en cuenta a los testigos, y lo condenó a 38 años de prisión.
Entre las irregularidades en el juicio señala que un peón de los Montúfar, Eustolio Santana, el único que estaba en la casa después de la emboscada del 14 de diciembre, y habló con las personas que entraron a buscar a otros miembros de la familia y a quemar unas cabañas en El Pozo, eran cinco, prietos, chinos y vestidos de blanco. No son las características de los presos.
Otro ejemplo, es que un supuesto testigo, Guadalupe Mojica Maldonado, aparece a veces como mujer o como hombre.
“Comprobamos que los jueces están controlados por los Montúfar”, dice Estanislao Gutiérrez.
