Aunque el huracán Fausto, que ayer se empezó a debilitar, se aleja de las costas de Guerrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no descartó la posibilidad de lluvias moderadas en la entidad, durante la semana.En la información difundida por el SMN se indica que el huracán Fausto, que se desplaza al oeste-noroeste, se comenzó a debilitar desde ayer y ahora se encuentra clasificado dentro de la categoría Dos en la escala Saffir-Simpson. Esto al registrar ayer vientos de 155 kilómetros por hora y rachas de 195 kilómetros por hora.Pero el SMN recomendó a la navegación en general tomar precauciones por efecto de lluvias, vientos fuertes y oleaje.También hoy se esperan lluvias moderadas en Acapulco, Chilpancingo e Ixtapa-Zihuatanejo.(Raquel Santiago Maganda)

 Karina Contreras * Casi 50 mil usuarios se verán afectados durante 72 horas debido a que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) suspendió el servicio desde ayer a medianoche por los trabajos de desazolve que comenzó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la subestación Quemado, informó el vocero de la paraestatal, Juan Manuel Millán.Señaló que esa cifra equivale a 40 por ciento de los usuarios del puerto. Dijo que esta es la segunda vez que suspenden el servicio para que la CFE efectúe el desazolve en la central, porque según el oficio enviado por esa paraestatal se tienen problemas de taponamiento en las rejillas, derivados del acarreo de basura y lodo del río. Esto, asegura la CFE en un oficio enviado a CAPAMA, ocasiona que pierda potencia en sus unidades.Dijo que se espera que 72 horas después de que terminen los trabajos de la CFE se restablezca el servicio en las colonias que se verán afectadas, como Jardín parte alta, Palomares, Mozimba, Cuauhtémoc, Progreso, Florida, Periodistas, La Laja, El Roble, La Cima, Renacimiento y Coloso, así como el valle de La Sabana.Otras que se verán afectadas son La Quebradora, Garita, Victoria, Alianza, 20 de Noviembre, Bella Vista, Morelos y Barrios Históricos.El vocero explicó que aunque la CFE señala en el oficio que sólo serán 48 horas que les llevará el desazolve, la paramunicipal pide paciencia para el restablecimiento del servicio.

 * La escuela El Garabato no contaba con instalaciones adecuadas, por lo que cerrará a partir del 2 de agosto, señala la dependencia en un escrito

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) informó que debido a la muerte de una niña por broncoaspiración en el kínder El Garabato, la institución dejará de funcionar a partir del 2 de septiembre.La notificación de clausura se envió por escrito al propietario de ese plantel –de quien el documento no menciona el nombre– donde se fundamenta que la medida se toma con base a lo estipulado en el artículo 3 de la constitución y en el 13 y el 59 de la Ley Estatal de Educación.Según la SEG, el kínder no estaba incorporado a esa dependencia y nunca se le dio permiso para funcionar debido a que las instalaciones no contaban con las condiciones de higiene, seguridad y pedagógicas requeridas para prestar ese servicio.Asimismo, después del deceso de la menor, algunos padres de familia han denunciado diversas irregularidades en instituciones privadas de Chilpancingo.En algunas quejas se señala que muchas escuelas particulares funcionan de manera autónoma y sin la supervisión de las autoridades competentes, en especial las guarderías y nivel preescolar, en las que no se respeta la estadística de cada grupo ni se cuenta con personal capacitado.Según un informe de la jefa del Departamento de Educación Inicial de la SEG, Minerva Guadalupe Acevedo Vargas, los centros particulares de desarrollo infantil que este año solicitaron su incorporación a la SEG pero que no cubrieron los requisitos son, en Acapulco, el Cendi Petit Junior, Cendi Colegio Militar de Cervantes Saavedra, y el Colegio de Desarrollo Integral Estado de Guerrero,.En la misma situación se encuentra la Estancia Infantil Altagracia, de Tixtla, que no hizo ningún trámite de incorporación a la SEG, y no cuenta con las condiciones mínimas para operar, como se le informó a la Subsecretaría de Planeación Educativa de la SEG.

Se informa también que los Cendis que sí están incorporados a la SEG desde 1999 a la fecha, están Los Años Maravillosos y el Cendi Cedeiceg El paraíso de los niños, ambos en Chilpancingo. De Acapulco son el centro educativo infantil Simón Bolívar, la estancia infantil El Angel de la Guarda, el Cendi Centro Educativo Mexicano SC, el Cendi Español SC 028, el Cendi Español SC, y el Centro de Desarrollo Infantil y Juvenil  Renacimiento AC Angel de la Guarda.Pero en algunas radiodifusoras de Chilpancingo, algunos padres de familia han denunciado irregularidades en las estancias infantiles del IMSS, el ISSSTE y particulares, pues afirman que en las salas de lactantes hay hasta 28 niños y en maternal hasta 35 niños, los cuales son atendidos por sólo tres niñeras.Otra de las quejas es que el personal que atiende a los niños tiene varias funciones, pues los dueños de estas instituciones los contratan no solo para cuidar a los niños, sino como cocineras y de mantenimiento.Algunos padres de familia –quienes solicitaron el anonimato– afirmaron que en el Cendi Los Años maravillosos y en la estancia del IMSS de Chilpancingo se albergan en cada sala hasta 28 niños, lo cual es antipedagógico, mientras que en la guardería del Colegio México, propiedad del senador Héctor Astudillo Flores, se dijo que a los niños los tienen como en gallineros, pero que la SEG no interviene para nada.

 Hoy deberán regresar a clases sólo 50 por ciento de los 64 mil universitarios, debido a que en esta semana se difundirán los talleres para docentes y con ello “se evitará la improvisación en la enseñanza”, informó el director de Comunicación Social de la UAG, Rodrigo Carmona Casiano.El funcionario universitario informó que sólo 50 por ciento de los estudiantes de nivel superior regresará a clases hoy, debido a que la semana pasada los profesores tomaron cursos y talleres de enseñanza, y ahora éstos se difundirán al resto de la plantilla docente que no acudió a la capacitación.Para el funcionario, la medida contrarresta “la improvisación” en la enseñanza, pues en años anteriores los maestros se presentaban sin planificar sus programas de estudio.Rodrigo Carmona informó que el 2 de septiembre empezarán las clases en todas las preparatorias excepto la número 9, así como en unidades académicas de Escuela Superior de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias de la Comunicación, entre otras. (Raquel Santiago Maganda).

* Diputados del PRI, PRD y PT llevarán la propuesta de adiciones al tercero constitucional, informa el rector de la UAG  

Zacatecas * Durante el foro Hacia una Política de Estado para la Educación Superior de México, organizado por la Cámara de Diputados de Zacatecas, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para adicionar al artículo tercero constitucional la Fracción IX, donde se garantiza que el presupuesto para la educación no será menor al del año anterior.Asimismo, se demandó que el gobierno mexicano invierta en educación el 8 por ciento del Producto Interno Bruto. La propuesta fue presentada por académicos y rectores de algunas universidades del país.Según un boletín de prensa, el acuerdo señala que “el financiamiento del estado orientado a las instituciones de educación superior públicas y autónomas será siempre suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones, objetivos y tareas, y nunca podrá ser menor al del ejercicio anual previo”.Indica que dichos recursos estarán resguardados por un Consejo Nacional para la Educación Superior y Universitaria, en el que intervendrán las instituciones, los ciudadanos y el Poder Legislativo. En la reunión, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Nelson Valle López, dijo que el foro fue convocado por la Cámara de Diputados.Al acto asistieron senadores y diputados del PRI, PRD y PT. La propuesta fue presentada por Daniel Cazés Menache, investigador de la UNAM; Raúl Delgado Wise, de la Universidad Autónoma de Zacatecas; Axel didriksson Takayanaki y Javier Fuentes Maya, de la UNAM; y Eduardo Ibarrola, de la UAM. A ésta se adhirieron el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rogelio Cárdenas Hernández y Nelson Valle López, de la universidad de Guerrero.

Luego de dos días de trabajo, los participantes acordaron un documento denominado la Declaración de Zacatecas, el cual firmaron los legisladores del PRI Genaro Borrego Estrada, Beatriz Paredes y Oscar Rangel; Magdalena Núñez Monreal y Tomás Torres Mercado, del PRD, y por el PT, José Narro Céspedes. Al acto no asistió ningún representante del PAN.La declaración considera que para avanzar en el fortalecimiento del sistema universitario público se requiere de una política de estado para la universidad, “que la proteja de las crisis económicas y las políticas coyunturales, y les otorgue estabilidad y certidumbre de largo plazo”. Asimismo, señala que es importante la asignación de recursos económicos extraordinarios, a fin de atender el rezago y garantizar los proyectos institucionales, además del ejercicio de la autonomía al margen de la regulación del estado, para garantizar que las comunidades de cada institución decidan efectivamente los términos especificos y los alcances de sus proyectos.Valle López mencionó que hay la demanda para que el gobierno mexicano invierta en educación el 8 por ciento del PIB, a fin de superar el 4.9 que invierte actualmente. Sobre La declaración de Zacatecas, indicó que “en concreto el punto de acuerdo será presentado por los diputados del PRI, PRD y PT a la Cámara de Diputados, para su aprobación respectiva”.

* Mantienen tomada la Subcoordinación

 Raquel Santiago Maganda * Los maestros de Educación Física que desde hace siete días mantienen tomada la Subcoordinación de Servicios Educativos Región Acapulco-Coyuca de Benítez podrían cancelar su viaje a Los Pinos y a la Secodam, siempre y cuando las autoridades educativas del estado instalen una mesa de diálogo, informó uno de los inconformes, Silvestre Moctezuma.Los maestros de Educación Física de la delegación D-III-(6) 9, representada por Erick Bucio Urzúa, informaron que 20 docentes formarán una comisión para trasladarse a la ciudad de México.Durante el viaje –agregó– se plantearían a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) y a las autoridades federales sus inconformidades derivadas del conflicto que sostienen con sus compañeros de la delegación D-III-(6)-10, a cargo de Arturo Meza Hernández.Sin embargo, Silvestre Moctezuma informó que el sábado Erick Bucio sostuvo comunicación por teléfono con el coordinador de asesores del titular de la SEG, Daniel Pano Cruz, Alfredo Hernández, y habló de la posibilidad de comenzar una mesa de diálogo para liberar la subcoordinación.Hasta ayer por la noche los maestros de Educación Física esperaban el aviso telefónico del que dependería la cancelación del viaje. La intención –explicó Silvestre Moctezuma– es exigir una investigación y la aplicación de las normas a supuestos aviadores del grupo opositor que logró destituir a Miguel Angel Serrano Valencia como coordinador regional –lo cual originó el conflicto–, y ahora demanda la salida del subcoordinador Raúl Vega Astudillo y de la directora de Educación Básica, Alicia Hernández Alonso.

 * En la sierra de Petatlán, efectivos militares solapan a grupos paramilitares, denuncia el dirigente de la Organización Ecologista, Juan Bautista

 De la corresponsalía, Chilpancingo * Ante el relator de la Organización de las Naciones Unidas para los desplazados internos, Francis Deng, familias que han sido desplazadas por conflictos de narcotráfico, persecución, grupos armados y religiosos solicitaron la intervención de los organismos internacionales a fin de que se detenga la represión que existe en esta entidad.En la reunión, los afectados y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos le dijeron al relator de la ONU que en Guerrero hay 640 familias desplazadas por diversos conflictos y que los responsables de que éstos se generen son el gobierno del estado y el Ejército mexicano.Juan Bautista Valle, dirigente de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán le dijo al relator de la ONU que él como otras 25 familias no pueden regresar a sus pueblos debido a que grupos paramilitares dirigidos por priístas los han amenazado con matarlos.“Yo fui a mi pueblo para traer algunas vacas que allí tengo, encontré mi casa saqueada y posteriormente fui perseguido por 36 individuos armados que me querían asesinar”, relató el dirigente campesino.Compañero de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel –quienes fueron liberados en noviembre del año pasado por decreto del presidente Vicente Fox–, Bautista Valle señaló en esa región de la sierra de Guerrero el Ejército mexicano es el que solapa las acciones de esos grupos “paramilitares” quienes han asesinado a gente de esa zona.“Ellos –los grupos paramilitares– cultivan la droga, y pese a que el Ejército sabe de sus actividades no les hacen nada”, señaló el dirigente campesino.Reunidos en un restaurant ubicado el sur de la ciudad, las familias desplazadas y organizaciones sociales relataron la represión que han sufrido por parte de grupos paramilitares, elementos del Ejército mexicano y las corporaciones policiacas.

La reunión se desarrolló en un área del restaurante Los Cedros.

El encuentro con el relator de la ONU se inició a las 12 con 40 minutos luego de que éste y su comitiva, entre ellas, Alma M. Carvallo, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunieron con funcionarios del gobierno del estado encabezados por el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, y el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero.

Tras la masacre de El Charco, 400 familias salieron de la región mixteca

Arturo Campos Herrera, dirigente de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), señaló que a raíz de la masacre de El Charco –en junio de 1998– donde murieron 11 personas acusadas de pertenecer a un grupo guerrillero, la militarización que existe en la zona indígena ha originado que unas 400 familias se hayan salido de sus comunidades.Indicó que allí, la persecución del Ejército que ha instalado retenes en toda la zona y la creación de grupos paramilitares, “nos ha obligado a salir de nuestros pueblos”.Mencionó que producto de esa militarización que existe en esa región mixteca, recientemente elementos del Ejército mexicano abusaron sexualmente de las indígenas en comunidades de los municipios de Acatepec y Ayutla.El desplazado del pueblo de Cozondiapa dijo que en las comunidades de Ojo de Agua, Ojo de Pescado y El Charco, la gente se ha salido e incluso han fundado un pueblo donde a pesar de que tienen todas las carencias para sobrevivir, “viven mejor así que estar sufriendo el acoso y persecusión de los militares”.

Reveló que se han registrado ocho asesinatos contra dirigentes de las organizaciones.

Humberto Carmona Peláez, dirigente de la Asociación Civil de Colonos, le contó al relator de la ONU que es increíble que el gobierno de René Juárez Cisneros permita que el ex regidor priísta del ayuntamiento de Acapulco, Antonio Valdez Andrade, haya obligado a que más de cien familias se salieran de la colonia Leonardo Rodríguez Alcaine.Indicó que el citado dirigente cetemista, tiene en su contra 42 averiguaciones previas por diversos delitos, pero hasta el momento la Procuraduría de Justicia no ha hecho nada para detenerlo.Hilda Navarrete Gorjón, directora del Centro de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz, relató que en Coyuca de Benítez y en Atoyac de Alvarez se ha recrudecido la represión y presencia militar a raíz de la matanza de Aguas Blancas y de la aparición del EPR.Mencionó el caso de la comunidad de El Cucuyachi, donde grupos paramilitares han asesinado a ciudadanos que no son del PRI y que son solapados por los gobiernos estatales y municipales priístas.

Intolerancia religiosa en Yuvinani

También estuvo la indígena Florencia Sierra, quien fue desplazada de la comunidad mixteca de Yuvinani, del municipio de Metlatónoc.En idioma miexteco, la indígena le explicó al relator que a causa de que varias familias se cambiaron a la religión de Pentencostés, ciudadanos asesinaron a su pastor Juan Mercenario y a uno de los nuevos conversos de nombre Regino Flores Chávez.Esta intolerancia religiosa provocó la expulsión de 35 familias de Yuvinani que se vinieron a refugiar con sus parientes a la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Tlapa.Indicó que todavía persiste el conflicto religioso en esa comunidad ya que en 1998, un grupo de católicos impidieron que el presbítero Paulino Gálvez Félix construyera un nuevo templo.

Debe el gobierno garantizar el regreso

En un informe que leyó el presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, señaló que es urgente que las autoridades estatales asuman la responsabilidad para establecer las condiciones que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados a su hogar de residencia.“Nos preocupa que las autoridades de Guerrero desconozcan la grave situación que enfrentan las familias desplazadas y que no existan instancias ni mecanismos que se orienten a brindar apoyo y a prevenir graves violaciones a sus derechos humanos”, dijo Barrera.El presidente de este organismo le describió al relator de la ONU los últimos acontecimientos de represión que se han registrado en Guerrero como las matanzas de El Charco y Aguas Blancas. También hizo mención de las masacres de los años sesentas, en Chilpancingo y en Acapulco, que han dejado a centenares de familias guerrerenses en la orfandad y en el olvido.

El gobierno dio al relator una versión opuesta

Por su parte, el relator de la ONU, Francis Deng, según versión que contó a los medios de comunicación Abel Barrera, les dijo a los integrantes de las ONG y a las familias desplazadas que estaba sorprendido de lo que le habían contado ya que una reunión que tuvo con funcionarios del estado, le habían platicado otra cosa distinta.“Me dijeron –los funcionarios– que había respeto a los derechos humanos, tolerancia y diálogo, pero aquí estoy escuchando otra versión y vine aquí a Guerrero porque precisamente me dijeron que había una situación muy grave de violaciones a los derechos humanos”, les dijo el relator.Luego de la reunión con las familias desplazadas y las ONG, la comitiva encabezada por el relator, se trasladó a las oficinas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para tener un encuentro con el presidente de este organismo, Juan Alarcón Hernández, e integrantes del consejo técnico y el visitador general, Hipólito Lugo Cortés.Al término de la reunión con las ONG y las familias desplazadas, el relator de la ONU, Francis Deng, declaró que los casos que escuchó –de violación de los derechos humanos en Chiapas y Guerrero– los va a compartir con los gobiernos e incluso con la comunidad internacional para solucionar el problema.Mencionó que una vez que la dirigencia de este país se haya decidido a dar un paso adelante no sólo en la protección de los derechos humanos sino también de los desplazados internos, podrá hacer mucho.El enviado de la ONU señaló que en estos momentos no podía hacer una evaluación de si en Chiapas existen menos o mas violaciones a los derechos humanos o casos de desplazados.“No me gusta hacer comparaciones de ese tipo, cualquier situación mala es mala, decir que este lugar es peor que el otro en cuanto a la violación de los derechos humanos no sirve a la causa de los derechos humanos”, expresó.“Esta reunión aquí, fue desde el punto de vista de los que están aquí presentes que tienen problemas de protección y la tarea es de seguir reuniendo información y llevar a cabo un diálogo con todos los concernidos. Mi tarea es, cuando se acabe mi visita, compartir lo que veo y lo que escucho con las autoridades y juntos ver cómo el gobierno a todo nivel y tal vez con la comunidad internacional, en algunos casos solucionar el problema”, expresó.

 Durante su gira por Zihuatanejo el sábado pasado, un reportero le planteó al gobernador que la marginación ha venido  creciendo en Guerrero, a René Juárez contestó: “Quién dice eso, quién dice eso, quién dice eso, ¡pero dígame quién dice eso!, a ver dígame quién lo dice, dónde está el estudio, dónde están los datos, tampoco podemos hablar simplemente porque alguien lo diga, de oídas, no creo que sea la forma de definir las cosas, en Guerrero hemos avanzado como nunca se había  avanzado en tres años cuatro meses.De igual manera, manifestó que la inseguridad pública ha disminuido en la  entidad al igual que los índices delictivos: “Cuando yo llegué Guerrero era el lugar 17 a nivel nacional, hoy estamos en el  lugar 22 y somos uno de los pocos estados donde hemos disminuido los índices  delictivos”.Sobre el clima de inseguridad que se vive en Zihuatanejo y los asesinatos que en los últimos dos meses se han suscitado, Juárez Cisneros los atribuyó a enfrentamientos entre narcotraficantes, “ha habido ahí un problema de narcotráfico y son asuntos que también estamos atendiendo, pero son casos  aislados que se dan”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 De la corresponsalía, Chilpancingo * El secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, le dijo al relator especial para desplazados internos de la ONU, Francis Deng, que ojalá y organismos internacionales como la ONU apoye con recursos a Guerrero para sacar del atraso económico y social en que viven más de 650  mil indígenas guerrerenses.“Ojalá y ustedes y otros organismos internacionales así como el gobierno federal vean con preocupación lo que pasa en esta entidad, para que después no haya algo que lamentarnos porque la situación de los indígenas es de preocupación”, le dijo el funcionario al enviado de la ONU.En una reunión que se efectuó en las oficinas del secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, éste se quejó ante el relator de que el gobierno del presidente Vicente Fox, ha reducido mil millones de pesos del presupuesto a la administración de esta entidad.“Efectivamente que en Guerrero no es todo color de rosa, hay graves carencias y esperamos que los organismos internacionales se lleven una información objetiva de lo que realmente pasa en esta entidad”, le dijo Miranda al enviado de la ONU, Francis Deng.En su intervención, el relator de la ONU dijo que espera que el gobierno mexicano respete el trabajo que realizan las organizaciones sociales.En la reunión que se desarrolló en el tercer piso del Palacio de Gobierno estuvieron el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero; los subecretarios para Asuntos Políticos, Jesús Vargas Vargas, el de Asuntos Religiosos, Javier Bataz Benítez y el de Asuntos Jurídicos, Gustavo Morlet Berdejo.

 Alfredo Mondragón * El Colegio de Abogados del Estado de Guerrero manifestó su inconformidad por la ilegal  imposición de la Beneficencia Pública, del Gobierno del Estado, debido a que ahora por cada notificación de juicios intestamentarios se tiene que pagar “un donativo voluntario” de 50 pesos “coincidentemente en el proceso electoral”.El presidente de la asociación, Gerardo Martínez Bellok, dijo que el gobierno del estado desde hace dos semanas impuso dicha medida en los juzgados familiares de toda la entidad bajo el argumento de que será destinado a la Beneficencia Pública.Martínez Bello indicó que a pesar de que es una pequeña cantidad “estamos inconformes por la forma arbitraria y condicionante para cumplir con una disposición que el Código  Procesal Civil del Estado de Guerrero les obliga a que su intervención debe ser rápida y gratuita”.El abogado consideró que la Beneficencia Pública, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, es una institución “que está por demás” debido a que “no cumple con su función de coadyuvar a combatir la pobreza  porque es un elefante blanco y curiosamente coincide con el proceso electoral”.Sin embargo, cuestionó, las actividades de dicha institución “no son del conocimiento público, no rinden cuentas a la sociedad del destino de los recursos que obtienen, incluso, no se sabe el destino de los bienes materiales que obtienen de los juicios intestamentarios donde no existen herederos”.Comentó que los secretarios de Acuerdos de los Juzgados de lo Familiar ubicados en el Palacio de Justicia, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, “han manifestado que tienen instrucciones de informarle a los interesados en los litigios que antes de realizar una diligencia tiene que cubrir el donativo voluntario y los abogados nos vemos obligados a pagar por la necesidad de sacar adelante los asuntos”.El Gobierno del Estado tiene otros ingresos por la misma tramitación de sucesiones intestamentarias hasta de 400 pesos por cada informe que rinde el Registro Público de la Propiedad a los jueces y 600 pesos del Archivo Notarial del Estado, entonces, Martínez Bello dijo que “de ahí tomen recursos para sostener esa institución”.Por último, hizo un llamando a las autoridades correspondientes a dar un informe público y pormenorizado del uso y destino de los recursos económicos de la Beneficencia Pública debido a que en el estado existen aproximadamente 20 Juzgados, en que tramitan unos mil casos anuales.