Aurelio Peláez * –¿Y este es para los que no alcancen? –pregunta al del local de la carnicería del mercado de La Laja Irma Ferrusca, la ex subdirectora de la Facultad de Comercio, sumada a la campaña del candidato del PRI a la alcaldía porteña, Ernesto Rodríguez Escalona, y, se dice, integrada a la planilla de regidores.

–Este hueso va a alcanzar para todos –remacha Carlos de la Peña Pintos, mirando de reojo la ya destazada pierna de vaca. Trasciende que De la Peña va de suplente de Ernesto en la misma planilla. Ambos, Ferrusca y De la Peña, quedan atrás del candidato priísta, quien camina entre los reducidos pasillos de ese mercado durante un recorrido proselitista ayer por la mañana.

La agenda del candidato del PRI comienza temprano. Almuerzo en unas mesas colocadas en los pasillos, dentro del mercado. Barbacoa y refrescos, cortesía de un sector de locatarios, los priístas, que representa Pablo González González. Con él está el candidato a diputado local por el distrito 17, Raúl Ramírez Gallardo. Luego, bolillos de relleno. A medio almuerzo se incorpora al grupo Ricardo Juárez, don Richard, como le dicen sus vecinos. Es el padre del gobernador René Juárez Cisneros. De sombrero de ala ancha y bigote recortado. Camisa floreada y de manga larga, semiabierta en el pecho, donde sobresale un par de cadenas de oro y colgando, un crucifijo de unos ocho centímetros, también de oro. Durante el almuerzo, la comitiva de unos diez y los locatarios invaden parte de una fondita. Su propietaria mira con recelo. En los cristales de la cocina hay calcomanías del candidato del PRD por el distrito 17, Marco Antonio López García.

Aquí la mitad del mercado trae pleito casado con López García porque, dicen, bloqueó un acuerdo para instalar un tianguis dentro de la plazoleta del mismo mercado, y aún, promovió una demanda penal contra el líder priísta Pablo González. López García, hermano del candidato del PRD, Alberto López Rosas, hijos ambos del fundador de la Laja, Alfredo López Cisneros, tienen también en este mercado, por las calcomanías que se ven, una plaza fuerte. Y las miradas de recelo, algunas hostiles, de sus simpatizantes, alcanzan también a los reporteros que acompañan al candidato del PRI.

–¡Que viva el PRI, que viva Ernesto! –se oye después de unos diez minutos de sube y baja por escaleras angostas. Es una caminata sin el acompañamiento del chile frito, la banda de música que antecede tradicionalmente estos recorridos. Por ahí también la comitiva encuentra al ex regidor priísta José Guadalupe García Carbajal, comiendo tacos. Apurado, deja el plato y se incorpora al recorrido. Un pedazo de tortilla sobre comisura de los labios lo acompañará todo ese tiempo.

–¡Ernesto, Ernesto, la niña te quiere saludar! –grita la altísima Irma Ferrusca al candidato del PRI. La niña, de ocho años, se distraía en uno de los puestos con pequeños juguetes.

–¿Quién es? –preguntaba antes la infanta.

–Es Ernesto –le contesta la profesora universitaria –¿Lo quieres saludar? –pregunta agachándose. La menor, presta, guarda los juguetes en una pequeña bolsa y se para. Mira a su mamá. “Anda, apúrale, que ya se va”, le dice. La niña acompañada por Ferrusca camina entonces hacia el candidato priísta.

–¡Si la niña no vota, hasta que crezca! –grita otra locataria que se da cuenta del hecho. No obstante, la persuasión de los spots televisivos también llega a los niños, usuarios como el que más de ese medio. Al final del recorrido, la niña llega otra vez hasta Ernesto Rodríguez, acompañada de otras cuatro de sus amigas. Lo saludan y le sueltan, mirando al par de camarógrafos de la comitiva: “Queremos salir en tele”, y posan abrazando al candidato por el que no van a poder votar.

En el paso el de la carnicería le dice que hace falta un nuevo rastro, y una viejita se lamenta que a pesar de su cansancio tiene que trabajar diariamente. “Tuve seis hijos y ninguno me dio satisfacciones”.

Por los pasillos aún se ven posters que aluden a la pasada precampaña priísta, los de Miguel Mayrén, nativo de La Laja. Ahora se dice que es la plaza fuerte de López Rosas, con todo y que el gobernador haya crecido aquí, y por lo menos si tiene ascendencia política, ésta no se vuelca a favor del candidato del PRI, que por lo que se ve, por estos lares está empezando desde cero.

* Por la mañana, taxistas cerraron con candados las puertas de la delegación para exigir la remoción del funcionario * La medida, “para terminar con los conflictos que provocó su nombramiento”, afirma el director de la dependencia en un boletín

Karina Contreras * Ni dos días duró Alfredo Zúñiga Abarca al frente de la delegación de Transportes en la periferia del puerto, pues ayer fue destituido por el director de esa dependencia en el estado, Reynaldo Echeverría Medrano, “para terminar con los conflictos que provocó su nombramiento”.

Zúñiga Abarca es el segundo delegado destituido en menos de tres meses por presión de taxistas que no lo quieren en el cargo. Fue removido al final de una jornada de movilizaciones a favor y en contra, de taxistas.

Y es que desde su toma de posesión, Zúñiga Abarca fue impugnado por los taxistas, quienes lo acusaban de “tener un negro pasado de corrupción”, y lo consideraban una imposición.

Mediante un boletín de prensa, la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal señala que ante la presión de los choferes, las autoridades del transporte cedieron, y que por instrucciones del secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, en la próxima sesión del Consejo Técnico de Transporte se elegirá a un nuevo delegado en la zona periférica, a quien los taxistas “se comprometieron a apoyar”.

Esta decisión fue tomada –según el boletín– durante una reunión sostenida con un sector de transportistas de Acapulco encabezados por Evaristo Carvajal, Jorge Solís y Abimael Salgado.

Antes de ello, taxistas de la periferia efectuaron una manifestación afuera de las instalaciones de la delegación de Transportes en esa zona, donde demandaban la destitución de Alfredo Zúñiga.

Desde las 8 de mañana los inconformes llegaron a la delegación, pero también hasta allí fueron choferes que apoyaban la designación de Zúñiga Abarca, entre los que se pudo ver a Evaristo Carbajal, Jorge Solís y Abimael Salgado.

Los inconformes colocaron candados en la puerta de las oficinas –hecha de herrería–, los cuales fueron retirados por un cerrajero que mandó a llamar Zúñiga Abarca, acto que provocó que los choferes exigieran a gritos que el funcionario saliera, o bloquearían el bulevar.

Ante esto, empleados e inconformes salieron del lugar y la delegación fue nuevamente cerrada.

Aparentemente ignorante de lo que le esperaba, el delegado Alfredo Zúñiga declaró que a más tardar hoy se tendría que llegar a un arreglo sobre la inconformidad de su designación.

Agregó que los manifestantes sólo representan 15 por ciento de los transportistas y que el restante 85 por ciento apoya su designación.

Señaló que no abandonó la oficina por la presión de los taxistas, “sino porque tenía una entrevista”.

Zúñiga Abarca dijo que el gobierno de René Juárez se vería muy mal si él llegaba a ser removido del cargo.

Acusó al ex encargado de la dependencia, Alejandro Ruiz, de estar detrás de los taxistas “para continuar en el cargo. El asunto tiene que destrabarse con las autoridades correspondientes, pero creo que voy a seguir”.

En la manifestación, personal de esa área denunció que Zúñiga Abarca amenazó con despedir a algunos trabajadores, incluso señalaron que maltrató a una de las secretarias porque le dijo que no debería sacar documentos oficiales de la dependencia, luego de que los taxistas le exigieran que abandonara las oficinas.

Karina Contreras * Permisionarios del bloque Uno (Costera) disponen de 10 días para retirar dibujos que “atenten contra la moral y las buenas costumbres”, así como los vidrios polarizados de los camiones que prestan el servicio en esa ruta, aseguró el delegado en la zona Centro del puerto, Arturo Heredia Agatón.

El funcionario, en entrevista, indicó que si los permisionarios no cumplen esa disposición se les sancionará conforme a la ley, según el oficio DRAP/352/2002 de la delegación de Transportes zona Centro, el cual señala que los dibujos tienen que ser sustituidos por los signos de identidad y colores oficiales del bloque al que pertenecen.

Esto quiere decir –agregó– que deben portar el número económico en el parabrisas y en el cabús, así como el logotipo de la organización y razón social en los costados de la unidad.

Señaló que muchos vehículos exhiben dibujos pornográficos, como son las sirenas que implícitamente “invitan al sexo”.

Luego puso como ejemplo los camiones de la ruta Hospital, los que en su mayoría exhiben dibujos obscenos que “atentan contra la moral y las buenas costumbres” de los ciudadanos.

Aclaró que esta medida no es aplicada a los que muestran propaganda política o comercial, ya que ellos tienen un contrato, pero no descartó que más adelante se analice su caso.

Heredia Agatón adelantó que las multas pueden variar y alcanzar los 800 pesos.

Por otro lado, informó que en grúas Picaso y el estacionamiento Florida (atrás de la UDA) se encuentran 13 camiones que fueron detenidos en las operaciones que se han efectuado en conjunto con la Dirección de Tránsito, por no contar con documentación y por portar placas dobles, entre otras faltas.

* Desde hace 20 años vendemos en el lugar y ahora nos impiden instalarnos, denuncian afectados

Karina Contreras * Comerciantes de Chilapa protestaron de manera pacífica afuera del ayuntamiento para exigir un lugar donde los reubiquen, ya que desde hace seis semanas el director de Mercados, José Rodríguez Moreno, nos les permite vender en la calle Prolongación Durango.

Esta medida –según el oficio número 598/2002– es con la finalidad de recuperar las vialidades, acción emprendida desde hace meses por la dependencia.

Los inconformes llegaron desde las 9 de la mañana a las escaleras del ayuntamiento, donde con cartulinas le pedían al alcalde Zeferino Torreblanca su ayuda, además de que señalaban que “eran auténticos productores de Chilapa”.

Paralelamente con su demanda, los campesinos tendieron su mercancía en el lugar, la que consistía en ajos, cebollas, escobas, pan, hojas de aguacate, ejotes, lechugas, entre muchos otros productos que eran comprados por quienes acudían al ayuntamiento.

Los manifestantes –en su mayoría ancianos– indicaron que las 44 familias afectadas por esta medida de la Dirección de Mercados tenían más de 20 años de instalarse, todos los lunes y martes, en la calle Prolongación Durango, y que eran conocidos  como el Tianguis de Chilapa.

Agregaron que desde hace un mes, por medio de un oficio les informaron que la tolerancia para vender se había terminado, y asimismo tampoco se les permitiría asentarse en otro lugar.

Dijeron que ellos no venían a robar, sino a vender su mercancía.

El secretario de la Unión de Productores del Campo y Artesanías de Atzacoaloya, Gerardo Terrero Ramírez, señaló que las pérdidas han sido grandes, ya que ellos vendían en esos dos días entre 40 y 50 mil pesos.

Dijo que Zeferino Torreblanca habla de tolerancia, de respeto, “pero hace todo lo contrario”.

Luego acusó al ayuntamiento de tener preferencia para comerciantes de otros estados. Molestó, afirmó que el secretario del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos,  sólo les comentó que  “no se acordaba de su caso”.

Por su parte, el presidente del Frente Común de Comerciantes y Ciudadanos Unificados, Randy Rivera González, indicó que apoyaban a los vendedores chilapeños de Atzacoaloya para que se les dé su reubicación.

Narró que cuando se les negó poner su tianguis, el director de Mercados, Rodríguez Moreno, prometió que los ubicaría en algún lugar, pero hasta la fecha sólo reciben negativas y evasivas.

Karina Contreras * Trabajadores de Setasa que fueron despedidos luego de que el ayuntamiento rompió el convenio con esa empresa advirtieron que tomarán de manera indefinida el relleno sanitario de Paso Texca.

La decisión fue tomada –afirmaron– por la falta de diálogo con las autoridades municipales para buscar una solución a su problema.

El secretario general del sindicato de limpia, Salvador Vargas, dijo que no hay seriedad del secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos, quien nuevamente no los recibió y les aplazó la cita al jueves, “pues dice que ha tenido mucho trabajo”.

Esta es la segunda reunión que le cancela Ramírez Ramos a los ex trabajadores de Setasa, medida que inconformó a los cerca de 50 afectados que esperaban en el patio del ayuntamiento.

Allí, los inconformes apoyaron la propuesta de tomar el relleno sanitario, ya que “es el último recurso que les queda para que las autoridades municipales los atiendan”.

El líder Salvador Vargas les dijo que le harían llegar un documento al ayuntamiento avisándole que en 72 horas tomarían el relleno. Aunque reconocieron que es algo ilegal y que les pondría traer problemas de justicia.

Asimismo, Salvador Vargas señaló que en el movimiento de los despedidos de Setasa no hay ningún político ni partido de por medio.

Aunque sí reconoció que el candidato perredista Alberto López Rosas y el priísta Ernesto Rodríguez Escalona se han acercado para ofrecerles su ayuda, pero que eso no quiere decir que los manejen “porque ninguno de ellos tiene esa capacidad”.

La empresa Setasa fue contratada por el presidente municipal Zeferino Torreblanca Galindo a los pocos meses de comenzar su gobierno, pero el 30 de julio el ayuntamiento concluyó el contrato de concesión otorgado para recolectar la basura en la Costera.

* No llega aún el expediente del caso, informa * Los ejidatarios de El Podrido y Plan de los Amates ocupan predios “bajo su responsabilidad y riesgo”, advierte

Raquel Santiago Maganda * La magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, exhortó a las partes en conflicto en la zona Diamante del puerto a resolver sus diferendos mediante acuerdos adoptados ante esa instancia judicial.

En entrevista, la magistrada consideró que esa solución sería “lo más saludable”, pero que hasta el momento este exhorto no ha sido aceptado, dijo.

Informó que aún no ha llegado a esa instancia el expediente del conflicto entre El Podrido y la empresa Tres Vidas, y por lo tanto las 44 hectáreas y media aún no tienen dueño porque se encuentran en litigio.

López Díaz aseguró que el proceso legal de los ejidos de El Podrido y Plan de los Amates se puede alargar más debido a que en ambos casos se solicitó la revisión de las resoluciones judiciales.

Entrevistada en su oficina, la magistrada informó que se encuentra en espera de que llegue el expediente del caso de El Podrido, después de que el 6 de agosto el Tribunal Superior Agrario decidió regresar el expediente al Tribunal Unitario Agrario con sede en este puerto.

Dijo que al recibir el expediente tendrá 24 horas para emitir el acuerdo para notificar a ambas partes. La magistrada explicó que el sentido de la revocación es tratar de anular la sentencia que ordena a la empresa devolver las hectáreas ahora ocupadas por los ejidatarios.

Para ello se efectuará la prueba pericial, es decir que solicitarán a ambas partes en conflicto la designación de los peritos que medirán el predio en disputa, y en caso de no ponerse de acuerdo entonces el Tribunal podrá designar a un tercero en discordia.

Al final del proceso de revisión se emitirá una nueva sentencia, la cual puede ser a favor o en contra de los ejidatarios.

Respecto a Plan de los Amates, recordó que el 8 de julio también se dictó una sentencia a favor del ejido, y ambas partes presentaron recurso de revisión (los empresarios por el dictamen en su contra, y los ejidatarios por la solicitud de restitución de las otras 15 hectáreas, sumadas a las 35 que ordenó el Tribunal restituir a los campesinos).

En este caso, el Tribunal Superior Agrario resolverá el conflicto, lo que implica que podrá confirmar o revocar la sentencia, misma que ahora está a favor de los ejidatarios.

La magistrada informó que el recurso de amparo ante una sentencia alarga el proceso, pues las partes inconformes pueden acudir al juicio de garantías, que es un amparo final para que se revisen exhaustivamente los casos, e incluso puede anular una sentencia del Tribunal Superior Agrario.

López Díaz aseguró que el juicio se acaba cuando en la última instancia en el juicio de garantías se emite la sentencia final a favor de una sola parte.

La magistrada precisó que el Tribunal Unitario no puede emitir sentencias bajo presiones de índole política, social o económica, porque “tenemos que darlas apegados al derecho, en donde uno pierde y otro gana”.

Acerca de la ocupación de ambos predios en litigio por parte de los ejidatarios, López Díaz aseguró que la permanencia “es bajo su responsabilidad y riesgo, porque aún no hay sentencia definitiva y no se ha definido el derecho de propiedad, porque ambas partes creen tener ese derecho”.

Pero también consideró que los empresarios consideran la ocupación “como afrenta a sus intereses” y lo toman como medida de presión”, entonces pueden actuar por la vía penal, porque al no definirse aún la propiedad  “tienen el derecho de haceer valer en vía y forma lo que a sus intereses convenga, pero esto no significa que tengan automáticamente la razón”.

Nelly Bello * El Consejo Estatal del PRD solicitó al secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, la suspensión de siete órdenes de aprehensión contra militantes y simpatizantes perredistas vecinos de la colonia El Roble, quienes están acusados de despojo por el predio donde instalaron, hace tres años, el parque infantil El Amate.

Esto a través de un oficio firmado por el presidente de la mesa, Adolfo Plancarte Jiménez, y la secretaria Rosario Merlín García, con copia para el gobernador René Juárez Cisneros y el procurador Jesús Ramírez Guerrero.

Plancarte Jiménez advierte al funcionario estatal que el juez octavo de lo penal, Víctor Alejandro Justo, dio orden de aprehensión contra Rosa Elena Mina Rojas, Armando Moreno Martínez, Gloria Jaimes González, Josefina Lino Arellano, José Eladio Delgado Moreno, Javier Leyva Martínez y Serafín Salas Nájera, desprendida de la causa penal 135-2/2002 por el delito de despojo.

El presidente del CE perredista informa a Miranda Añorve que los inculpados tienen un conflicto jurídico y social por el predio que defienden como espacio de recreo, pero “ahora son tratados como delincuentes” y “sometidos al hostigamiento y persecución policial”.

La suspensión de las órdenes de detención –agrega– “servirán para la distensión del ambiente preelectoral”, y que el proceso del 6 de octubre se celebre “en un ambiente de alta civilidad política y de armonía”.

Remata el documento pidiendo la intervención de Miranda Añorve para que en las próximas dos semanas de agosto apruebe la Ley de Amnistía para la libertad de los presos políticos, detenidos en las cárceles del estado.