De tierras ejidales y megaproyectos turísticos
Los orígenes de las ciudades tienen al menos un conflicto agrario que contar. Este problema no es privativo de México, ocurrió en la época colonial de Estados Unidos y en otras latitudes desde siempre. Recuérdese como Inglaterra cambió el uso de sus tierras de siembra por cotos de caza y pastoreo de ovejas. Se dejó de sembrar algodón por exportar lana.
La historia muestra como las grandes fortunas tienen como punto de partida la tierra. Ya los fisiócratas franceses decían, y decían bien, que la madre de la riqueza era la tierra y el padre el trabajo. La forma en como se hicieron de vastas extensiones de tierra un puñado de terratenientes fue con base en leyes de sangre y fuego, aprovechándose de ser la misma clase del Estado monárquico y después republicano, la que creaba la normatividad y aplicaba la justicia, en detrimento de los derechos humanos y sociales de las clases desposeídas.
Poco o nada ha cambiado. Los ejidos de El Plan de los Amates y El Podrido son una muestra de cómo amasar riqueza con el auspicio del gobierno en detrimento de sus primeros dueños.
El gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari fue el que logró aterrizar el modelo neoliberal consistente en un adelgazamiento del Estado. Vendió más del 80 por ciento de las empresas paraestatales, algunas de ellas pasaban por el mejor momento de su vida productiva, no obstante fueron rematadas haciendo creer que eran inoperantes y encontrarse financieramente en bancarrota. Fue ese mismo gobierno el que modificó el artículo 27 constitucional, con la intención de privatizar los ejidos. Más que preocupado por los campesinos, Carlos Salinas quería generar un ambiente propicio para los inversionistas, mexicanos y principalmente extranjeros.
Las tierras ejidales susceptibles de convertirse en megaproyectos turísticos no comienzan con Plan de los Amates y El Podrido, antes, hace seis décadas, ejidos como el de Icacos vio la voracidad de inversionistas por apropiarse de las tierras que van del hotel El Presidente hasta la Base Naval, tierras donde se asentó la Marina, Pemex, así como unos treinta hoteles y condominios, todos ellos privados. Ahora que se revisa tales expropiaciones, además de no encontrarse utilidad pública en el cambio de uso de suelo, no hay tal acta que acredite tal expropiación. Sí como acaba de leer, los ejidatarios de Icacos, legalmente, siguen siendo dueños de esa franja costera por la negligencia de las autoridades de aquellos gobiernos que además de corruptos, resultaron ineptos.
En el Plan de los Amates el entonces gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu en coordinación con el secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, expropiaron parte de esas tierras. Fueron permutadas 174 hectáreas del ejido. Sin embargo, en los hechos resultaron ser apropiadas las 174 más un excedente de 51 hectáreas. Los empresarios compraron de buena fe; los ejidatarios estuvieron de acuerdo en ceder. Entonces, ¿cuál es el origen de la inconformidad? El gobierno del estado de aquel entonces, o sea, de Ruiz Massieu, que negoció esas 51 hectáreas sin reportar ingresos con los 113 ejidatarios. Mucha razón tiene el actual gobernador cuando señala que él no va a pagar los errores de administraciones anteriores, sólo que no es un asunto de personas sino de instituciones y como cabeza en Guerrero debe de responder. Por cierto, inédita y sorpresiva fue la visita que hiciera René Juárez en el predio invadido por los ejidatarios; más sorprendente resultó el haberle dado la razón a ellos y asegurar que no habrá represión ante una acción radical.
Los ejidatarios de El Podrido están en espera de la resolución judicial del Tribunal Superior Agrario, misma que podría darse hoy mismo. La toma de la madrugada del domingo agilizó el caso. En el fondo, esa es la razón para haber tomado esta riesgosa decisión, que dicho sea de paso, posee una buena dosis de autenticidad, contrario a tomas de tierras que ocurrieron en años pasados, básicamente como forma de clientelismo político, primeramente por el PRI después por el PRD, contribuyendo a elevar la anarquía en la ciudad.
Siete meses han pasado y el caso de El Podrido pasa de un magistrado a otro en la víspera de su solución. En este comportamiento no es ajeno el gobierno federal, que muestra interés en que el caso se aplace indefinidamente, contraviniendo las disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que marcan diez días para resolver.
Bienvenidos sean los inversionistas siempre y cuando paguen lo justo por estas tierras. Son malos para comprar, pero excelentes para vender. Para que se dé una idea, ofrecen el metro cuadrado entre 150 y 200 dólares y lo pagan desde 0.7 hasta 5.8 dólares.
Ni los ejidatarios de Plan de los Amates, ni los ejidatarios de El Podrido se oponen al desarrollo turístico, saben que las inversiones traerán consigo demandas de empleo y con ello mayores ingresos y niveles de consumo. A lo que no están dispuestos es a que les sigan viendo la cara de pendejos.
Ni el poder legislativo en este caso representado por el diputado federal Félix Castellanos Hernández, en su calidad de presidente de la Comisión de Reforma Agraria, ni el poder ejecutivo estatal, representado por René Juárez Cisneros, creo que se opongan a un desarrollo incluyente para todos no sólo para unas cuantas familias. Las empresas turísticas se pueden asociar con los ejidatarios; aquellos pondrían el capital, éstos sus tierras. En el peor de los casos podrían ser acreedores a una indemnización, pero digna, no las migajas que están acostumbrados a dar con el auspicio de gobiernos corruptos, de las cuales se han derivado las grandes fortunas para un puñado de familias. No se vale.
