* Bloquearán las actividades del coordinador, anuncian

 Raquel Santiago Maganda * Con el amago de “bloquear” las labores del coordinador de Educación Física, Región Acapulco-Coyuca de Benítez, Luis Nava García, continúa la disputa entre maestros de las delegaciones sindicales D-III-(6) 9, a cargo de Erick Bucio Ursúa y de la D-III-(6) 10, representada por Arturo Meza Hernández, informó el maestro Cleómenes Santiago.El conflicto se originó hace más de cuatro meses por la destitución del ex coordinador de esa materia, Miguel Angel Serrano Valencia.Esto a pesar de que la SEG informó que el conflicto había quedado resuelto, debido a que se logró establecer dos mesas de diálogo por separado con las comisiones de las delegaciones.Sin embargo, ayer en la mañana en la Escuela Secundaria Técnica 1, un grupo de maestros de educación física, compañeros de Erick Bucio, intentaron “detener” el taller del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (Pronap), informó el maestro Cleómenes Santiago.Dijo que cerca de las 8:30 de la mañana cuando más de diez maestros “de todas las áreas” comenzaban el taller, el grupo de inconformes se colocó en la entrada del plantel “para evitar la entrega del material y con eso bloquear la labor del coordinador (Luis Nava García)”.En la entrada se generó una disputa que duró cerca de hora y media, dijo el maestro, y tras dialogar con Nava García los inconformes se retiraron.El conflicto de los maestros de Educación Física se originó hace más de cuatro meses con el comienzo del movimiento de los maestros de la delegación D-III-(6) 10, que exigían la destitución de Miguel Angel  Serrano.Al ser destituido, sus compañeros de la otra delegación comenzaron otro movimiento para pedir su restitución y una investigación, al asegurar que había aviadores en el grupo opositor.El taller del Pronap tiene el objetivo de elevar la calidad de la enseñanza mediante un proceso de mejoramiento continuo del trabajo de los maestros y maestras, así como la renovación de sus conocimientos y de sus competencias didácticas.

* Informó que con apoyo de las ONG y personalidades se avanza en el censo de presos políticos en el país, para analizar los expedientes en la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * A pesar de la resistencia del gobierno federal, avanza el proyecto para impulsar una ley de amnistía a nivel nacional, dijo el secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, René Lobato Ramírez, luego de una visita a los presos políticos y de conciencia en Chilpancingo, en donde estuvo acompañado por los ex presos políticos Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora Pardo.

Consideró que la promulgación de la ley de amnistía va a favorecer a todos los sectores de la sociedad, incluidos los partidos políticos, y va a distensar el clima y el ambiente político en el país y en la entidad, y eso va a ayudar mucho tanto al gobierno federal como estatal.

Además, con las leyes de amnistía de los estados no pasa nada, ahí está el ejemplo de Oaxaca, y en ese sentido “en Guerrero muchos compañeros podrían beneficiarse como es el caso de Alfredo Barragán Rentería, que nosotros lo vamos a sumar a la relación de presos políticos de quienes vamos a exigir su libertad, y otros más a quienes se les acusa por su vinculación con el ERPI y con EPR”.

En entrevista antes de que ingresara al Cereso de Chilpancingo, dijo que su visita tiene como objetivo echar a andar los trabajos para elaborar un censo con todos los presos políticos y de conciencia recluidos en los penales de la entidad, y que forma parte de un proyecto a nivel nacional tendiente a lograr el impulso de una ley de amnistía. Informó que ya hicieron el censo en Acapulco, y les faltan cuatro centros penitenciarios más.

Informó que participan en la eleboración del censo personalidades como Ericka Zamora, Efrén Cortés Chávez, los hermanos Cereso Contreras, los hermanos de Jacobo Silva Nogales, el general Francisco Gallardo, y diversas ONG que están contribuyendo de manera desinteresada.

Lobato señaló que se pretende que el censo esté terminado antes de que finalice el presente mes tomando en cuenta que hay una mesa de diálogo entre el PRD y la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de elaborar un diagnóstico y de esa manera empezar a revisar cada uno de los casos para la excarcelación de muchos de los presos políticos y de conciencia.

Dijo también que por medio del Consejo Nacional del PRD, se está haciendo un exhorto a los diputados locales, para impulsar la promulgación de leyes de amnistía locales, y en el ámbito federal, a los diputados y senadores, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones estén preparados cuando se discuta el punto relacionado con la ley de amnistía. Al mismo tiempo, el PRD está creando consensos para que todas las fuerzas políticas logren una convergencia que permita finalmente promulgar la citada ley.

El dirigente perredista aseguró que hasta el momento ha visitado los ceresos de Puente Grande, Jalisco; Perote, Veracruz; Cuernavaca, Morelos, y los del estado de México, Querétaro, el Distrito Federal, y próximamente visitará los de Yucatán y Tabasco, y salió una comisión a Chiapas, y otra se encuentra en Sonora y Oaxaca.

Pide resolver el caso de Angel Guillermo Martínez, en Puente Grande

Por otro lado expresó que hace unos días visitó a Angel Guillermo Martínez, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, Jalisco. “Con él tuvimos una plática de más de tres horas, en donde intercambiamos puntos de vista con relación a la situación jurídica que guarda su caso, y hubo una fluida comunicación”.

En términos generales, agregó, se pudo comprobar que está bien de salud, pero con la gran preocupación  de que está vetado para recibir la visita de su esposa, en tanto que las de sus hijos son muy espaciadas, por lo que solicitó a las autoridades del penal de Puente Grande que se resuelva esa situación.

Pone trabas del gobierno federal, dice Ericka Zamora

Por su parte, Ericka Zamora Pardo, ex presa política, señaló que todavía hay resistencia del gobierno federal para la promulgación de una ley de amnistía y su respectiva aprobación tomando en cuenta que han querido poner muchas trabas para que no salgan todos los presos políticos y de conciencia, “y eso es parte de lo que nos toca hacer a nosotros para que se reconozca y se acepte la lista de todos los compañeros presos políticos y de conciencia”, dijo.

A nivel federal, dijo Zamora Pardo, no existe interés por parte del presidente Vicente Fox, ni de la Secretaría de Gobernación, para mandar una iniciativa de ley de amnistía.

Sin embargo, los familiares de los presos políticos siguen luchando por el impulso de esta ley para lograr la libertad de todos los presos políticos.

En el caso de Chilpancingo mencionó a Fidel García Ramírez, Alfredo Barragán, Tomás de Jesús Barranco, Adalberto Lorenzo Martínez y Nicolás Mendoza Villa.

Entre tanto manifestó que a pesar de que no se han ejercido presiones en su contra a partir de su liberación “de todos modos está claro que en el Ejército mexicano, no están contentos con nuestra liberación, porque de antemano se reconoció que ellos cometieron un error, como lo hicieron también con Digna Ochoa, y hay temor por todo lo que pueda pasar, pero estamos en la lucha por lograr la libertad de todos los presos”.

Efrén Cortés, también ex preso político, aceptó que ha habido cierto avance en el impulso de la ley de amnistía, que le están dando las organizaciones sociales, y pidió al CEN del PRD que interviniera en este proceso.

Afirmó que también se ha tenido pláticas con el diputado perredista Martí Batres, para analizar el proyecto de ley de amnistía a nivel federal. “Nosotros reconocemos que el PRD tiene una responsabilidad histórica de reencontrarse con su pasado a partir de que surge de un movimiento social, y por eso queremos que asuma su responsabilidad”, dijo.

Destacó que en la ley de amnistía los partidos políticos pueden cumplir un papel muy importante “en cabildear”, porque si no hay voluntad por parte del PRI y del PAN, que son las fuerzas mayoritarias, entonces la ley de amnistía no podrá salir adelante, y es probable que si hay voluntad del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, entonces este mismo año podría promulgarse”.

* Los hermanos Barragán Oyorzábal se dicen inocentes del plagio de Ibáñez, y piden ayuda al gobernador y a la CNDH

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Los hermanos Aristeo y Benito Barragán Oyorzábal, presos en Chilpancingo acusados de diversos delitos, entre ellos de secuestro y homicidio, demandaron la intervención del gobernador, René Juárez Cisneros, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que se investigue al ex comandante de la Policía Judicial del Estado, Víctor Castro Valente, y se esclarezcan los delitos que aseguran que no cometieron.

Los hermanos niegan haber participado en el secuestro de Javier Ibáñez Reyes –en marzo de 1996– tal y como se comprobó en el proceso penal a que estuvieron sometidos.

Dicen en una carta al gobernador: “Fuimos sentenciados injustamente, por lo que reiteradamente solicitamos su apoyo para demostrar nuestra inocencia ante las autoridades y la opinión pública”.

En la carta fechada el 5 de agosto, los dos hermanos señalan que se encuentran recluidos de manera injusta desde el 30 de mayo de 1996, por lo que solicitan la intervención del gobernador René Juárez, de la CNDH, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se investigue y se esclarezcan los delitos que se les imputan.

Agregan en la misiva que ya solicitaron en varias ocasiones que se presente a declarar el ex comandante de la Policía Judicial del Estado, Francisco Cortés Pastenes, con el que se han comunicado vía telefónica “y es quien sabe que el verdadero culpable del secuestro y homicidio del señor Melchor Perrusquía Viseca y otros hechos delictuosos es el comandante de la Policía Judicial, Víctor Castro Valente, y dos agentes más que por el momento desconocemos su nombre”.

En otra parte de la carta afirman que no tienen ninguna relación con la banda de Pedro Barragán Gnzález, y que aunque coinciden sus apellidos no les une alguna relación de parentesco “y menos delictuoso”.

También desmienten que al interior del Cereso tengan privilegios por parte de los custodios, y deslindan al director del penal, Quirino Rodríguez Miranda, de esta situación “ya que la atención y el respeto es igual para todos los internos sin distinción alguna”.

Por otro lado, Víctor Patrón González, también preso en el Cereso capitalino, igual que los hermanos Barragán Oyorzábal, en una carta pidió la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y de la Procuraduría General de Justicia del Estado “para que detengan a los verdaderos delincuentes que cometieron el secuestro de Eustorgio Salgado Venegas.

Menciona el reo que nunca tuvo problemas con Eustorgio Salgado ni con sus hijos, por lo que reiteró su petición a la Procuraduría de que revisen su expediente, y no detenga a inocentes bajo torturas y amenazas “para cubrir a quienes por su fuero no pueden detener”.

Pidió que su expediente sea revisado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, “ya que el juez del Juzgado Tercero de lo penal al analizar las pruebas que demuestran mi inocencia se declaró incompetente, con lo cual me joden a mí y esto ayuda a los verdaderos secuestradores a quienes no pueden o quieren detener”.

* Rechazan la indemnización negociada por los alcaldes de Tepecoacuilco, Mártir de Cuilapan, y Eduardo Neri, informan dirigentes del Consejo Guerrerense 500 Años

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Autoridades comunitarias de poblaciones que se encuentran asentadas en la ribera del río Balsas que pertenecen a los municipios de Mártir de Cuilapan, Tepecoacuilco y Eduardo Neri, demandaron ayer que la indemnización por la contaminación del río se negocie directamente con los pueblos.

Rechazaron, asimismo, los acuerdos que han tomado los presidentes municipales de la zona y las autoridades federales y estatales con el ingenio azucarero Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, responsable de la contingencia ecológica que terminó con la fauna de ese río, con más de 600 cabezas de ganado y con la actividad de la pesca a la que se dedicaban la mayoría de los habitantes de esas comunidades.

La inconformidad de los habitantes de la zona del Alto Balsas se dio a conocer ayer debido a que a dos meses de que se contaminó el río, anteayer domingo el ingenio Emiliano Zapata ofreció a los campesinos afectados por medio de los alcaldes de Mártir de Cuilapan, Tepecoacuilco y Eduardo Neri, 2 mil pesos, molinos de mano “y otras migajas” por cada jefe de familia, “tomando como base información del INEGI que todos saben que tienen datos erróneos y no contempla a todos los habitantes de nuestras comunidades”, dicen las autoridades en un escrito que enviaron al gobernador Rene Juárez a quien le solicitan una audiencia para tratar el problema.

En conferencia de prensa ayer, los dirigentes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Guillermo Alvarez Nicanor y Marcelino Díaz de Jesús, quienes encabezaron a un grupo de autoridades de las comunidades integradas en la Asamblea Regional de Autoridades Indígenas del Alto Balsas, informaron, además, que dicho pago pretenden realizarlo a través de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación (Sagarpa), “sin permitir que las comunidades puedan tomar alguna decisión distinta al respecto”.

En su escrito que envían al gobernador Rene Juárez le piden una audiencia “para tener un diálogo directo, así como con los responsables de las instituciones involucradas para tratar de obtener un acuerdo en mejores condiciones. No nos parece correcto que otros decidan por nosotros”.

Guillermo Alvarez Nicanor informó que la contrapropuesta de los campesinos de las comunidades es que la indemnización sea de 6 mil pesos por cada familia afectada, pero que además se tome en cuenta el número real de los afectados en cada comunidad.

Dijo, asimismo, que no están pidiendo que el dinero se entregue en efectivo para cada familia sino que se haga a través de obras que soliciten las comunidades o de proyectos productivos.

Por ejemplo en el escrito que le envían al gobernador le señalan que hace falta la pavimentación de la carretera de Xalitla a San Francisco Ozomatlán, de El Mirador a San Juan Totolcintla, de la Colonia Valerio Trujano a Analco, de Xalitla a Ahuelican, “mientras que nuestros presidentes municipales sólo nos vienen a informar que han logrado para nosotros unos cuantos molinos de mano para nixtamal y algunas otras migajas”.

En la entrevista con el gobernador los habitantes de la zona del Alto Balsas pretenden pedirle, asimismo, “que se defina” en torno a la pretensión del gobierno federal de construir la presa hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo.

Alvarez Nicanor informó que en una reunión que sostuvieron el 4 de agosto los integrantes de la Asamblea Regional de Autoridades Indígenas del Alto Balsas decidieron rechazar la indemnización, que negociaron los presidentes municipales al margen de la opinión de los habitantes de los pueblos, y que exigirán que la indemnización se negocie directamente entre los representantes del ingenio azucarero Emiliano Zapata y los habitantes de los pueblos.

Karina Contreras * El Movimiento Indígena por la Autonomía (MIA) presentó en un foro regional que realizó el Instituto Nacional Indigenista (INI) en Ometepec, una propuesta de iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del estado de Guerrero.

El secretario del MIA, Marino Rentería Marín, vía telefónica informó que esta iniciativa de ley –entregada al director del Centro Coordinador Indigenista en Ometepec, Francisco de Borja Santos Patricio– “es el resultado de días de esfuerzos y dedicación pensando en los indígenas de Guerrero en general”.

Pidió que esta iniciativa sea tomada en cuenta para la reforma institucional en el ámbito indígena, para su análisis y aprobación regional, así como para que sea turnada al Congreso local y ante el Congreso de la Unión.

El dirigente señaló que esta la iniciativa abarca varios aspectos legales de la cultura indígena que la aprobada por el Congreso no está tomando en cuenta. Con ella se trata de rescatar la cultura y los valores que se están perdiendo.

Explica que a partir de la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena en el Congreso de la Unión, los pueblos indios exigen el “cumplimiento de sus legítimas y ancestrales demandas”.

Agrega que la propuesta presentada está bajo el “amparo del ejercicio de la soberanía indígena” que los ha llevado a insistir en proponer una ley que considere las necesidades de los pueblos sin prejuicios raciales, ni discriminaciones.

Esta iniciativa de ley indígena –dice Rentería Marín– centralmente plantea la exigencia de los pueblos de establecer una nueva “relación entre éstos y el Estado”, a través de la cual se modifiquen las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. También tienen que propiciar todas las condiciones para acabar con la desigualdad y subordinación a la que han sido sometidos por más de 500 años. En concreto se trata del establecimiento del marco jurídico que haga posible su “reconstitución como pueblos”.

En una copia de su iniciativa proporcionada a El Sur por el Movimiento Indígena por la Autonomía, en la exposición de motivos dice que “es la oportunidad para dejar de ser vistos como menores de edad, para ser vistos como ciudadanos y colectividades con todos sus derechos constitucionales”.

Se necesita una ley sin prejuicios raciales y discriminatorios, en la que se reconozca al indio con sus diferencias, se reconozca al indio vivo no al indio muerto. Es necesario reconocerles la capacidad para impulsar por iniciativa propia su desarrollo a partir de la interpretación de su entorno.

La entrega de la iniciativa fue ante casi 200 indígenas de los municipios de Ometepec, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca, Igualapa, Metlatónoc y parte de San Luis Acatlán entre otros. También estuvo presente el delegado del INI, Pedro de Jesús Alejandro, así como dirigentes de varias organizaciones sociales. 

La propuesta cuenta con 73 artículos  divididos en once capítulos denominados: Los pueblos y comunidades indígenas, de la autonomía, de los sistemas normativos internos, de los niños y las mujeres indígenas, de la educación, de los servicios de salud, los derechos laborales, las tierras, los recursos naturales, del desarrollo.

Por otro lado, se manifestó en contra de que el gobierno haya quitado al INI el poder para brindar apoyo a las comunidades como caminos, apoyo a la educación, obras públicas que venía realizando paralelamente con otras instituciones que no podían cumplir a las comunidades.

Alfredo Mondragón * Un documento oficial de la Dirección Municipal de Salud (DMS) informó a los regidores que hasta el primero de agosto, tenían registrados 149 casos de dengue clásico y 34 con manifestaciones hemorrágicas sin defunciones y que “existe una red de vigilancia epidemiológica” en todos los centros de salud municipales.

Dicho informe, del cual una copia obra en poder de El Sur, revela la falta de coordinación con la dependencia estatal de Salud para el combate del mosquito Aedes Aegypti debido a que realiza sus acciones de prevención con equipos de nebulización (fumigación) “comprados con recursos del ayuntamiento”. 

La tendencia a la alza en casos de dengue clásico y hemorrágico continúa en el municipio revela el informe entregado a los regidores de Acapulco, aunque la secretaria de Salud estatal siga negando la existencia de la enfermedad.

El informe explica que en los Centros de Salud municipal cuando detectan a un paciente con los síntomas del dengue se les “toma una muestra sanguínea, notificándole y entregándosele a la Jurisdicción Sanitaria 07, para que se envíe al Laboratorio Estatal de Salud y certificar los casos”.

Mientas tanto a los pacientes se les otorga atención médica y “realizamos una estricta vigilancia de su padecimiento hasta su mejoría, instruyéndoles sobre los signos de alarma del dengue, a la vez tenemos el programa Patio Limpio, Agua Limpia, que involucra a la población”.

En el documento se indica que Salud municipal envía todos los días a las colonias, sobre todo donde se han presentado casos de dengue, brigadas  apoyadas por dos camiones de Saneamiento Básico, para descacharrizar casas y patios, y dos equipos de nebulización “comprados con recursos propios del ayuntamiento”.

* Los síntomas se parecen a los de fiebre tifoidea, faringitis y gripa fuerte, por eso la gente se confunde, explica

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El Hospital Regional Ignacio Manuel Altamirano del Seguro Social en este puerto informó que en junio y julio han atendido nueve casos “sospechosos” de dengue clásico, aunque luego de los respectivos análisis de laboratorio, éstos han resultado negativos.

En entrevista para conocer el número de pacientes diagnosticados con dengue clásico en este nosocomio, el director general Alejandro Reséndiz Rosales, inicialmente señaló no poder dar la información debido a que la Secretaria de Salud en Guerrero, Verónica Muñoz Parra, pidió que ésta fuera manejada de manera global, por lo que envió a este medio a la Dirección de Salud municipal para conocer las cifras.

Sin embargo, al ser persuadido, Reséndiz Rosales dio a conocer que hasta el momento no se ha presentado ningún caso comprobado de dengue, “hemos atendido nueve casos, pero son sospechosos, por lo que se mandaron a analizar sus muestras de sangre para descartar esa enfermedad y afortunadamente salieron negativos, por lo que en el Seguro Social no hemos tenido un solo caso”.

Asimismo, el galeno manifestó que dada la sintomatología del dengue, éste puede ser confundido con otros cuadros febriles como pueden ser fiebre tifoidea –a la que señaló de enfermedad común en Zihuatanejo–, faringitis o una gripa severa, “y es que debido a que vivimos en una zona netamente tropical y en donde los cambios de clima son constantes, puede haber gente que tenga estos síntomas y no precisamente se le diagnostica como dengue clásico”.

El director del hospital del IMSS, aunque no precisó cifras, sostuvo que de 1998 a la fecha no se han presentado en ese nosocomio tantos casos de dengue clásico e incluso hemorrágico como en ese año, por lo que “estamos coordinando acciones con Salud municipal, dependencia a la cual apoyamos con la máquina fumigadora y la sustancia que se utiliza para eliminar al mosco, porque tenemos interés en que nuestros derechohabientes no contraigan dengue”.

Alejandro Reséndiz indicó que “muchas veces la opinión pública critica severamente a las autoridades de Salud en este sentido, pero no hay que olvidar que la población también tiene participación en la lucha contra el mosco Aedes Aegypti. Y le puedo decir que aquí en Zihuatanejo se están llevando a cabo campañas de descacharrización y de concientización entre los habitantes, sobre todo entre los más vulnerables, para que utilicen pabellones para dormir y mosquiteros en sus domicilios”.

Mencionó que las comunidades de Los Achotes, Los Almendros, Coacoyul, San José Ixtapa, Barrio Nuevo, Pantla y Buena Vista, así como las colonias populares de El Embalse y Morelos son puntos vulnerables, que aseguró, “estamos atendiendo conjuntamente con Salud municipal, por lo que esperamos que en este año, no se presenten muchos casos de dengue, pero le repito, aquí también cuenta mucho la participación de la misma población, porque de nada sirve que las autoridades de Salud combatan al mosco y la gente tenga en sus casas cacharros propicios para su reproducción, así es difícil de avanzar”, remarcó.

* Son damnificadas del huracán Javier reubicados en Barrio Nuevo y demandan servicios públicos

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Amas de casa de la Unidad Habitacional Un Nuevo Horizonte para Guerrero, ubicada en la comunidad de Barrio Nuevo, se manifestaron ayer en las oficinas del Invisur en esta ciudad, en demanda de servicios públicos tales como agua potable, pavimentación, drenaje, alumbrado público y transporte, así como en contra de la disposición del delegado Jorge Astudillo Flores de cobrarles más caro su terreno y escrituras.

Una veintena de amas de casa –que en 1997 fueron damnificadas en Zihuatanejo por el paso del huracán Javier y que por instrucciones del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, fueron reubicadas en dicho lugar (que es uno de los más pobres de este municipio) sin los servicios públicos básicos y sin que se les garantizara la propiedad de las humildes viviendas como patrimonio familiar–, exigieron ser atendidas por el delegado .

Las señoras exigieron a Jorge Astudillo Flores que gestionara ante quien corresponda, los servicios públicos para dicha unidad habitacional, además, le manifestaron que no están dispuestas a pagar por sus terrenos “cuando éstos nos fueron donados por Ángel Aguirre y nos dijeron que iban a ser regalados y que no nos iban a costar. Ahora, nos pretenden cobrar nueve mil pesos y las que hicimos contrato no se nos está respetando”.

El responsable de Invisur en la región escuchó los reclamos de las amas de casa, quienes en reiteradas ocasiones le manifestaron que “una cosa es que hayamos sido damnificadas y seamos pobres y otra cosa es que nos hayan ido a arrinconar allá como animales, en donde ni siquiera tenemos agua potable y la que hay de la noria, apesta porque a un lado hay una fosa séptica y se trasmina”.

Acusaron al delegado de hostigarlas con el envío constante de oficios requiriéndoles el pago bajo la amenaza de que serán desalojadas de sus terrenos para venderlos a quienes sí puedan pagarlos, y advirtieron que interpondrán una denuncia en su contra ante la Codehum “porque esto que quiere hacer con nosotros no es justo”.

Luego de casi dos horas de reunión acordaron con el delegado que éste gestionará para que a las amas de casa que hicieron un contrato de compra-venta se les dé la oportunidad de que puedan pagarlo al precio actual de nueve mil pesos “porque así está en la nueva disposición”, y en cuanto a la introducción de servicios básicos, “haremos todo lo posible”.

Francisco Magaña corresponsal, Atoyac de Alvarez * Se detectó en la comunidad de El Ticuí el caso de una niña probablemente enferma de dengue hemorrágico.

Los padres de la menor acudieron al nosocomio con el diagnóstico emitido por un médico particular, en el sentido de que la niña presentaba un cuadro típico de dengue hemorrágico.

Sin embargo, las autoridades del Hospital Regional Juventino Rodríguez García de esta ciudad niegan que exista dengue hemorrágico en el municipio y manejaron la enfermedad de la niña como “un caso probable” y no se le dio atención medica oportuna.

La menor tuvo que ser retirada por su padres porque el director del nosocomio argumentaba que aceptar que el caso era hemorrágico podría infundir temor en la población.

Horacio Flores Galeana, papá de la niña enferma, al ver la falta de atención hacia su hija, optó por trasladarla a una clínica particular en Acapulco en donde se encuentra desde la tarde del 3 de agosto.

Cuando se buscó al director del nosocomio, Carlos Martínez Jacobo, en su área de trabajo, sus oficinas se encontraban solas y nadie pudo informar sobre el caso de la niña, aunque sus compañeros de trabajo se mostraron extrañados de que la enferma haya estado en ese lugar, “lo grave de la enfermedad, nos exige a tomar muestras inmediatas para su análisis y trasladarlos a Acapulco, ya que estos casos no se atienden aquí, pero desconocemos si se internó a la paciente en mención”.

Indicaron que no es el primer caso de dengue hemorrágico que se detecta en esta ciudad “pero no se ha informado de manera oficial”, señaló un médico del hospital.

Por su parte el regidor de Obras Públicas, Dámaso Pérez Organes, quien es originario de El Ticui, se mostró sorprendido de saber que hay dengue en su comunidad, por lo que señaló que es urgente que se fumigue con abate la localidad y tomar medias pertinentes entre los vecinos del lugar.

* Más de 150 agricultores de once comunidades acudieron a Chilpancingo para exigir indemnización

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Campesinos de 11 comunidades del municipio de Chilapa se instalaron ayer en plantón en la Subsecretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del estado en demanda de la indemnización por sus cultivos que no pudieron fertilizar debido al retraso en la entrega del abono por parte del ayuntamiento.

Los más de 150 campesinos son de las comunidades de Zoquilpan, Zinatlán, Zacapexco, Tepetitlán, Tlancotlahuaca, Alcozacán, Zizintitlán, El Epazote, Nejapa, Papaxtla y Atzacoaloya.

Los campesinos responsabilizan al alcalde, Gustavo Miranda González, de haberles retrasado la entrega del abono granulado, y señalan que a estas alturas de la temporada ya no es posible fertilizar sus cultivos por lo que ahora piden la indemnización.

El campesino Delfino Guzmán, de Zoquilpan, informó que en esa comunidad el alcalde no les entregó 693 bultos de fertilizante granulado, mientras tanto Ricardo Ramírez Candelaria de Zinatlán dijo que ahí les faltaron 261 bultos y Francisco Germán de Zacapexco indicó que a ellos les faltaron 120 bultos.

Otro de los campesinos, Juan Castro Gatica de la comunidad de Tepetitlán dijo que a ellos el Ayuntamiento no les entregó 5 toneladas del insumo, mientras que Roberto Morales Martínez de la localidad de Tlancotlahuaca agregó que a ellos les faltaron 326 bultos para fertilizar 129 hectáreas de cultivo.

El representante de la comunidad de Alcozacán, Ignacio Mendoza informó que a ellos les hicieron falta 90 bultos y Sidronio Marcos González de Zizintitlán dijo que a los campesinos de esa localidad no les llegaron 324 bultos para 164 productores. También el campesino de El Epazote Alfonso denunció que el ayuntamiento no les ha entregado 153 bultos del abono con los que fertilizarían 17 hectáreas.

El campesino de la comunidad de Nejapa, Bernardino García señaló que los campesinos de su comunidad se quedaron sin recibir 300 bultos de abono, mientras que el representante de Apaxtla, Santiago Narciso González informó que a ellos el alcalde Miranda González no les ha entregado 123 bultos para 41 productores y Roque Nava Calvario de Atzacoaloya  informó que a ellos no les ha entregado el ayuntamiento 70 bultos.

Cada uno de los productores demandan que el ayuntamiento y la Secretaría de Desarrollo Rural les indemnicen por la merme de sus cultivos porque debido al retraso en la entrega del abono a estas alturas de la temporada ya no es posible aplicarlo porque ya no le surtiría ningún efecto a su cultivo.

Nava Roque, quien también es dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), indicó que todos los campesinos que no recibieron el fertilizante pagaron el importe, la mayoría desde el mes de febrero, y el abono debieron haberlo recibido a más tardar los primeros días de julio, “pero en el ayuntamiento siempre nos fueron llevando con engaños; que vénganse mañana, que la próxima semana y ahora aunque nos lo entregan ya no nos sirve de nada”, dijo.

Agregó que el retraso en la entrega del fertilizante es responsabilidad también de la Secretaría de Desarrollo Rural, por lo que a partir de las 2 de la tarde se plantaron afuera de las oficinas de la subsecretaría de esa dependencia de la que es titular José Núñez San Miguel, quien a la hora de la llegada de los campesinos no se encontraba y por la tarde aún no eran recibidos.