Señor director:

Respetuosamente enviamos a usted una carta aclaratoria con relación a la nota publicada en su prestigiado diario el pasado 24 de julio del 2002, firmada por el corresponsal Zacarías Cervantes, titulada “Advierten que en agosto puede haber un enfrentamiento por tierras en Tlacotepec”.Deseamos aclarar principalmente en la parte con el subtítulo “Habitantes de Las Margaritas culpan a Oyorzábal de saqueo de madera”, con la atenta súplica de que la presente sea publicada.Nosotros somos habitantes de Las Margaritas, municipio de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), siempre hemos sido respetuosos de nuestras autoridades municipales y comunales, pero hemos descubierto que siempre hemos sido objeto de explotación de nuestros recursos forestales por quienes han sido nuestros representantes de Bienes Comunales; en los años 50 explotó los recursos forestales la Compañía San Román, en los 70 La Forestal Vicente Guerrero y después compañías particulares y viéndolo bien, muy poco se ha invertido para la localidad, una comisaría, una clínica, pero la mayoría de nosotros estamos sumidos en la pobreza, mientras que el principal beneficiario de estas explotaciones es el C. Nicolás Gómez Nava, quien tiene residencias en Zumpango, Chilpancingo y quien sabe donde más.Desde hace muchos años el C. Nicolás Gómez Nava nos estuvo prometiendo la luz eléctrica para la comunidad y cada año sacaba madera y decía que las utilidades se estaban depositando en el banco para la obra de electrificación y nunca nos cumplió.Cansados de tanto engaño, un grupo importante de habitantes de Las Margaritas encabezados por Agripino Barragán Márquez, Esteban y Venancio Arellano González, Gonzalo Bernardino Ramírez, José Barragán, Raúl Nava González y Cresencio Barragán Benítez, se unió al Consejo Supremo de los Pueblos del Filo Mayor que dirigía Severo Oyorzábal Díaz, a quien Nicolás siempre consideró su enemigo político.Con apoyo de esta organización logramos que el presidente municipal Lic. José Concepción Hernández Solano, introdujera la electrificación a nuestro pueblo, pero como había que aportar nuestra parte, citamos a una asamblea y le pedimos el dinero que según él, estaba en el banco para dicha obra y no entregó nada. Nosotros como Dios nos da a entender estamos aportando nuestra parte. Incluso propusimos que se vendiera la madera que se derribó en el tramo donde pasó la línea de conducción para pagar parte de nuestra aportación, lo cual no fue permitido por el C. Noé Rodríguez Vélez, actual presidente de bienes comunales de Santiago Tlacotepec y sus 54 anexos y candidato a la presidencia municipal por parte del Partido de la Revolución del Sur (PRS).

Por lo antes expuesto respetuosamente aclaramos y manifestamos lo siguiente:

1. Es falso que el C. Severo Oyorzábal Díaz haya saqueado o esté saqueando madera de Las Margaritas.

2. Los verdaderos saqueadores han sido Nicolás Gómez Nava y Noé Rodríguez Vélez; sólo que ahora están politizando el problema para confundir a la opinión pública y beneficiar la candidatura del segundo.

3. La persona que se firma como comisario de Las Margaritas el C. Cleto Gaspar Domíguez, es un usurpador de funciones, quien con apoyo de otro grupo de Las Margaritas, mandó a fabricar otro sello de la Comisaría.

4. Proponemos que no se mezcle los asuntos agrarios con los político-electorales; esto puede tensar la situación social y derivar en violencia.

5. Solicitamos que el gobierno del estado a través de la Secretario General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social y de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, cumplan con el compromiso que se hizo con La Primavera y Los Hoyos, para evitar un posible enfrentamiento entre ellos.

 Respetuosamente
C. Francisco Sánchez Estrada, comisario municipal; C. José Barragán Dávalos, representante auxiliar de Bienes Comunales; C. Agripino Barragán Márquez, ciudadano; C. Gonzalo Bernardino Ramírez, ciudadano y 71 firmas.

 Señor director:

Mucho agradeceré la publicación de las presentes opiniones respecto a los conflictos agrarios en los ejidos Plan de los Amates y El Podrido del municipio de Acapulco.Es de todos conocida la situación de estos ejidos, los cuales fueron despojados arbitrariamente de sus tierras por las acciones prepotentes y con excesos que acostumbraba el entonces gobernador del estado José Francisco Ruiz Massieu.Esto para beneficiar un proyecto turístico ambicioso denominado Tres Vidas en la Playa. hoy después de desahogado todo un proceso jurisdiccional ante tribunales agrarios competentes para resolver el caso y previo al desahogo de pruebas como las periciales, mediante las cuales se reconoce dicha propiedad a los ejidatarios y no a los inversionistas cabe hacer algunas precisiones:

1. Suponiendo sin conceder que tal como lo afirman los inversionistas de Monterrey ellos fueron compradores de buena fe, ese supuesto no significa que los legítimos propietarios dejen de serlo o que se hayan extinguido la propiedad del ejido sobre esas tierras; en todo caso los de Monterrey fueron víctimas de un fraude, un engaño o de la corrupción imperante en nuestra sociedad. Si el supuesto es cierto son acciones que no pueden imputársele al ejido, mucho menos a los ejidatarios, por el contrario ellos son víctimas de estos excesos gubernamentales, igual que la mayoría de los ejidos que hemos sufrido de los abusos de “inversionistas” y gobierno cometidos contra nuestro patrimonio tan sólo porque nuestras tierras se encuentran en zonas cercanas a la franja turística del puerto.

2. Hasta este momento procesal el Tribunal Unitario Agrario ha dado una muestra de legalidad al fallar a favor de los que realmente les asiste la razón (el ejido) y sus sentencias han sido jurídicas y no políticas. Sería lamentable que el Tribunal Superior diera un fallo distinto, que desatara un conflicto social de grandes magnitudes.

3. El gobierno del estado debe reconocer su participación en el asunto, pues los actos de gobierno (aunque del pasado e ilegales) fueron realizados como eso: actos gubernamentales de instituciones, no de personas.

Queremos manifestar que hoy más que nunca  los núcleos agrarios estamos unidos en contra de las pretensiones negativas que atenten contra nuestras tierras y que los ejidos de El Podrido y Plan de los Amates no están solos en  su lucha.

Atentamente
Manuel Baltazar Avila Sierra,
presidente del Comisariado Ejidal de Tres Palos

 Señor director:  

Por medio del presente solicito a usted un espacio en su diario para publicar esta carta.Se llevó a cabo el día 22 de julio del presente año en la Casa Agraria, el acto de clausura de la segunda generación de la licenciatura en educación plan 94, del subcentro dependiente de la unidad 12B Acapulco, de la  Universidad Pedagógica Nacional.La generación llevó por nombre “Vicente Moreno Ibarra”, por el reconocimiento al compromiso con esta generación y la institución en la entrega del terreno y el acta de posesión para el subcentro, para el bien de la sociedad de la Costa Chica y de este municipio de Ometepec que cada día necesita de mejores profesionistas para la enseñanza y aprendizaje de estas generaciones de niñas y niños que tanto lo necesitan para nuestro México y su desarrollo.El padrino de la generación es Carlos Gutiérrez Bibiano, por el reconocimiento como asesor del subcentro y la gestión para que este plan fuera autorizado y funcionara.Los egresados de la licenciatura en educación que están en servicio en los municipios de Iguala, Cuajinicuilapa, Azoyu, Tlacoachistlahuaca, Marquelia  y Ometepec, están felices por haber concluido sus estudios y haber logrado su meta. Felicidades a todos los egresados por su esfuerzo y compromiso con la sociedad por un mejor futuro de las nuevas generaciones.

 Atentamente
Lic. Alfredo Moreno Torres

 Señor director:  

Con relación a la carta publicada con fecha 30 de julio de 2002, la cual fue firmada por Rosendo Salinas Hernández y Mario Betancourt Zavala, quienes ostentan las carteras de presidente y presidente con vigencia del Comité de Desarrollo Comunitario AC, en la que afirman que:El gobernador René Juárez Cisneros y Andrés Pérez Palma no tienen nada que ver con los supuestos recursos económicos a los que hacen alusión, aclaro y afirmo:El licenciado Andrés Pérez Palma nunca fue mi asesor jurídico y en ningún momento tuvo intervención directa en las gestiones, porque soy una persona con amplio criterio y no me dejo chantajear por nadie, como lo hace el  señor Rosendo Salinas Hernández, quien es manejado como títere por Juan García Salinas, Guillermo Cisneros Chegüe y su hija Selene Salinas Pérez.

Ahora bien, me consta que:

La casa (que mencionan en su carta) es de la señora Hortensia Guevara, y no de Magdalena Salgado Higuera, así que se informe bien por sus asesores, en virtud de que hay un juicio ejecutivo mercantil en el que la segunda de las aludidas es deudora principal y la primera fue aval solvente.

Les informo que:

Es delito difamar a una persona sin bases, por lo que se les pide que no se metan en las vidas privadas de Andrés Pérez Palma y Catalina Sánchez Adame, porque la dignidad y reputación vale mucho. Esto es un problema interno. (Tengan mucho cuidado).Soy Víctor Toscano Roque y me extraña la calumnia que me hacen los señores Rosendo Salinas Hernández y Mario Betancourt Zavala, porque jamás he vendido permisos de taxi a esta persona y si lo hice que lo demuestre, si soy toxicómano me lo tendrá que probar.El señor Rosendo y Mario nunca reconocieron al señor Eloy Figueroa Roque como tesorero del Comité por órdenes de Juan García Salinas, Guillermo Cisneros Chegüe y Selene Salinas Pérez (cartera que nunca respetaron), porque sólo el grupo de los cinco manejaron los recursos que otorgó Carlos Sánchez Barrios.El suscrito renunció al observar las anomalías y corrupción que se efectuaban en el Comité, desempeñando la cartera de Honor y Justicia, misma que quedó vacante, así como la de tesorero.Esperamos hora y fecha para que el Comité de Desarrollo Comunitario convoque, por conducto de su presidente, Rosendo Salinas Hernández, a una reunión de pobladores, en donde participen las colonias que dieron su voto el día de la elección para comisarios municipales y se entreguen cuentas claras con documentos originales de los gastos efectuados en las obras gestionadas y cuál es el saldo actual con el que cuenta la mesa directiva.También queremos informes de las fiestas del 10 de mayo, pues siempre fueron organizadas por los comisarios municipales, desde Carmela Ramos O, Antonio Delgado, Pina Palma, Julio César Morales y Agustín Clemente (todos ellos pertenecieron a la planilla Roja), y que no mientan al decir y hacernos creer que se gastaron los dineros en esas celebraciones.Es contraproducente que les hayan entregado cien uniformes de futbol a los deportistas y a sus patrocinadores, ¿o acaso los vendieron para sufragar los gastos de la campaña de la planilla Blanca, representada por su hija Selene Salinas Pérez?Esperamos hora y fecha de la reunión del pueblo de la cancha de baloncesto, para que demuestre ante la opinión pública qué se hizo con los dineros que entregó Carlos Sánchez Barrios.

¡Di no a la corrupción de los recursos que provienen de nuestros impuestos!

 Atentamente
Lourdes Ozuna López
Ex comisaria municipal de Puerto Marqués
Víctor Toscano Roque
Ex candidato a comisario municipal

 Señor director:  

Con relación a una nota periodística publicada el 30 de julio de 2002, en la página 14 del periódico El Sur, que usted dirige, en la que se indica que un vendedor de muebles rústicos, quien tiene su negocio entre las calles Niños Héroes y Guanajuato, de la colonia Progreso, de nombre Odilón Cortez Hernández, denunció ante el Ministerio Público a un agente de Tránsito de nombre Oliver Lira, y al director Miguel Rodríguez Bocanegra, por no pagar unos muebles cuyo costo era de 8 mil pesos, manifiesto a usted:Que el día 29 de diciembre de 2000 acudí a un negocio de muebles rústicos que se encuentra entre Niños Héroes y Guanajuato, en la Progreso, para comprar una sala de troncos y cuatro sillas de tubo de sol, todo con herrería de sol, las sillas con tapiz floreado y el color de la herrería azul, como lo demuestro con la nota de remisión que me expidió el mismo señor Odilón, de lo que se señaló un total de 6 mil 600 pesos y en ese momento le dí a cuenta 3 mil, y posteriormente, sin recordar la fecha, a la otra quincena, la primera del mes de enero de 2001, le abone la cantidad de mil 500, quedándole a deber la cantidad de 2 mil pesos, según dice la nota de remisión que el mismo señor Odilón Cortez Hernández elaboró con su puño y letra.

Por tal motivo aclaro que es mentira, como aparece en la nota periodística, que la cantidad ascendió a 8 mil pesos, pues el costo sólo fue de 6 mil 600 pesos.Tampoco es verdad que yo le comprara al señor Odilón los muebles a nombre del director Rodríguez Bocanegra, ya que mi compra fue el día 12 de diciembre de 2000, y no en 2002, como lo dice la nota del pasado 22 de este mes (julio de 2002), y en la fecha de 2000 no fungía como director de Tránsito Miguel Rodríguez Bocanegra, quedando claro que el señor Odilón miente con esa publicación.Asimismo, es mentira que yo dijera que somos influyentes y que las camionetas de carga de su negocio las ocupara sin permiso y que así estarían pagados.Lo anterior puedo ir a manifestarlo a los medios informativos que sean necesarios, y a servir de testigo ante cualquier autoridad legal.

 Atentamente
C. Oliver Lira Ollervides
C-491, turno matutino, S-2
Tránsito Municipal

 * El pleito entre campesinos de dos ejidos y Tres Vidas trae como resultado incertidumbre en la inversión, dice el alcalde * Debe continuar el diálogo entre las partes, recomienda

 Ossiel Pacheco * El alcalde Zeferino Torreblanca Galindo demandó la pronta intervención del presidente Vicente Fox para resolver el conflicto por tierras en la zona Diamante, del que no son responsables el gobernador René Juárez ni los empresarios que de buena fe invirtieron en Acapulco, ni los ejidatarios.Entrevistado al término de la inauguración de una calle en la colonia Piedra Roja, Torreblanca Galindo llamó a los campesinos a tener paciencia y tranquilidad, hasta agotar los cauces legales. “Que no se dé la interferencia de ningún partido, ni de ninguna bandera, para evitar contaminar una justa demanda y reclamo”, recomendó.Lamentó las irregularidades cometidas durante la expropiación de tierras en esa zona, efectuada durante el mandato del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu.Esto, dijo, “trae como resultado que hoy tengamos incertidumbre en la inversión, y el justo reclamo de los ejidatarios por sus tierras, pero también no es posible que tengamos en un clima de incertidumbre absoluta a los empresarios que le apuestan a la inversión en el estado de Guerrero y que adquirieron las tierras de buena fe”.El alcalde pidió al gobernador Juárez Cisneros utilizar sus oficios para resolver, junto con el presidente Fox Quesada, de manera inmediata este conflicto, antes de que se complique más.Dijo que este conflicto derivó de la expropiación que llevó a cabo el entonces gobernador Ruiz Massieu. Deslindó al actual mandatario estatal, que aun cuando era presidente municipal, como tal no tenía ninguna posibilidad en lo que respecta a la tenencia de la tierra.“Hoy, como gobernador del estado, debe buscar la reconciliación entre las partes para que este conflicto llegue a feliz término. Es como en mi caso: hay muchos problemas que no provoqué, pero que de alguna manera me toca resolver”, ejemplificó.

–¿Hay riesgo de que este conflicto aleje las inversiones?

–Sí, si no somos cuidadosos. Sí, si no hacemos las cosas conforme a Derecho. Sí, si en el futuro no resolvemos este asunto, si no resolvemos de manera clara y transparente, pues sería una lectura pésima para la inversión.Informó que el Consejo de Fomento Económico ha aprobado 4 mil 600 millones de pesos en inversión. Alertó sobre el problema de la tenencia de la tierra en el país, que genera este tipo de conflictos.“Tenemos que buscar esquemas y fórmulas que garanticen, sin atropellar los derechos de los ejidatarios y parcelarios y de los ciudadanos en su conjunto, la inversión”, instó.Torreblanca dijo esperar que el conflicto en El Podrido no se torne similar al que se vive en San Salvador Atenco, estado de México, cuyos ejidatarios se oponen a la expropiación de sus tierras para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.Reiteró su llamado al gobierno federal para que intervenga de manera inmediata en el problema de la zona Diamante, pues “no debemos permitir que este conflicto se polarice, ni crezca, para evitar conflictos mayores; es el diálogo el instrumento que debe seguir empleándose entre las partes involucradas”.

 * El gobierno argumenta que no tiene fondos para reembolsar lo que inversionistas le pagaron, dice el asesor de los inconformes, Jaime Colón

 Raquel Santiago Maganda * Al ocupar las 35 hectáreas que se encuentran en litigio con la empresa Tres Vidas, los ejidatarios de Plan de los Amates reiteraron que están dispuestos a negociar siempre y cuando los inversionistas accedan a ofrecerles un “pago razonable” por el terreno.Anoche, más de cincuenta ejidatarios emprendieron los trabajos de delimitar con una cerca de alambre de púas las 35 hectáreas que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 ordenó restituir al ejido el 8 de julio de 2002.El representante legal Jaime Colón precisó que el diputado federal priísta Efrén Leyva Acevedo no acudió el miércoles en apoyo a los ejidatarios, y durante todo el encuentro permitió que los presionara el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.Respecto de la abrupta salida del diputado federal petista Félix Castellanos Hernández, de las oficinas de Protur, el miércoles –a causa de la presencia del priísta Efrén Leyva Acevedo–, cuando iba a comenzar una reunión con Miranda Añorve, aseguró que el legislador permanece como el gestor principal en el conflicto.Dijo que nadie pidió la intervención del representante priísta, y que entró a la reunión en su calidad de esposo de una ejidataria, pero el ex colaborador del gobernador José Francisco Ruiz Massieu se puso de parte del gobierno estatal.Jaime Colón informó que al comenzar el diálogo, Marcelino Miranda les anunció que el gobierno va a aplicar la ley a quien la violente, y que esto fue interpretado como una amenaza para los campesinos.Por eso, conminó a que el gobierno también aplique la ley a quienes vendieron irregularmente el predio, y que les den respuesta para que empiecen las negociaciones por medio de un pago razonable de las tierras.Dijo que a pesar de “haber tomado nuestras tierras”, el conflicto agrario “no está politizado” y que el objetivo es que sean respetados los derechos de los campesinos.Jaime Colón agregó que los empresarios en la reunión argumentaron que ya habían pagado las tierras, mientras que el gobierno dijo que no tiene dinero, sea para devolver o para saldar el precio que piden los campesinos.

El comisario ejidal Gabriel Campos aseguró que los campesinos han dado facilidades, porque “de las 50 hectáreas que reclamamos accedimos a vender las 35 sin reclamar el resto”.Mencionó que solicitan el pago de 100 dólares por metro cuadrado, mientras que los empresarios sólo ofrecieron cinco dólares.En tanto, el ejidatario Alejandro Campos Rivera criticó la cerrazón del gobierno estatal y de los inversionistas para solucionar el conflicto.Precisó que los campesinos “no nos encontramos en contra de la inversión”, porque sólo exigen el pago justo de sus terrenos.Dijo que los ejidatarios no invaden el terreno, “porque el gobierno debe reconocer que nos pertenece por derecho, e hicieron una sirvengüenzada al venderlo”.Recordó que en el periodo del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu se vendió el terreno de manera irregular, porque “lo hicieron sin ser de ellos” y por eso consideró que la empresa turística de Tres Vidas debe exigir solución al gobierno del estado.Acerca del deslinde del gobernador, al asegurar que cuando ocurrieron las expropiaciones él no tenía injerencia por ser el alcalde, Campos Rivera aseguró que Juárez Cisneros, como presidente municipal, sabía de la situación.Reiteró que cuando la venta se efectúa de manera irregular, como en este caso, entonces “los resultados son los conflictos ejidales como el nuestro”.De esa manera, ayer más de 50 campesinos refugiados del sol bajo una ramada esperaban alguna respuesta de los inversionistas y del gobierno del estado para poder vender sus tierras a un precio justo.

 * El gobernador René Juárez Cisneros dio un gran paso al reconocer las irregularidades de las anteriores administraciones, pues eso ayudará a la solución del conflicto, considera el abogado

 Raquel Santiago Maganda * El asesor jurídico de los ejidatarios de El Podrido, Humberto Sevilla García, comparecerá hoy en la quinta agencia de Ministerio Público especializada en despojo, por la ocupación de las 44 hectáreas y media que se encuentran en litigio entre el ejido y la empresa Tres Vidas.Entrevistado en el campamento de los inconformes, dijo que comparecerá hoy por la mañana y allí mostrará la documentación del caso.El perredista reconoció que el gobernador René Juárez Cisneros “acaba de dar un gran paso”, al reconocer las irregularidades de las anteriores administraciones. Previó que la declaración “servirá para coadyuvar en la resolución del conflicto”.Porque a diferencia de los ejidatarios de Plan de los Amates, donde –asegura– el conflicto es entre gobierno y empresarios, Humberto Sevilla consideró que en El Podrido la pugna es entre ejidatarios e inversionistas, y que la función del gobierno es ser imparcial.Dijo que los ejidatarios, ante la declaración del mandatario, ya están dispuestos a dialogar con los gobiernos estatal y federal por medio del Tribunal Superior Agrario, con el dictamen del litigio.Mencionó que ante la posibilidad de diálogo cualquier otra medida de presión “traería mayor tensión”, y dio el beneficio de la duda al gobernador René Juárez, quien aseguró que no va a llevar a cabo ningún desalojo.Sin embargo, lamentó que hasta el momento “se utilizan las presiones legales”, cuando los campesinos sólo están defendiendo sus derechos.

Reiteró que el conflicto ejidal se debe al “latrocinio histórico de dar espejitos a los campesinos” y con ello “crear un ejército de vendedores ambulantes”, como en el caso del ejido de La Zanja, que –dijo– ahora “no tienen ni acceso a su playa”.Sevilla García también cuestionó el supuesto de que las expropiaciones fomenten el empleo y la inversión en el puerto, como lo declaró el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.El abogado dijo que en los hechos las expropiaciones no han beneficiado a la zona rural, porque aún persiste el atraso y la marginación.Precisó que “la legalidad de las tierras no está cuestionada”, porque existe la resolución del 13 de diciembre de 1999.Agregó que el resolutivo “hace dueños de las tierras” a los ejidatarios; por lo tanto la empresa Tres Vidas debe restituir el terreno porque sus escrituras son nulas.Esto porque el 26 de noviembre de 2001, en el expediente 0228/00, el Tribunal decidió a favor de los ejidatarios, y en ese documento se declara nula la escritura pública número 218, expedida el 26 de marzo de 1993 ante el notario público 107 de Monterrey, Nuevo León, que tiene el folio de derechos reales número 86 mil 450, del 2 de abril de 1993.

 * Se necesitan 23 millones de pesos para captar las aguas negras antes de que lleguen al cauce, dice el gerente estatal Octavio Mijangos

 Karina Contreras * El delegado de la Comisión Nacional del Agua, Octavio Mijangos Borja, señaló que la contaminación de la laguna de Tres Palos no sólo se debe a la construcción de casas habitación en la ribera del río La Sabana.Así lo informó durante la presentación del proyecto del río La Sabana-laguna de Tres Palos. Allí, diagnóstico el deterioro ambiental y las estrategias de solución, ante más de 50 representantes de cooperativas pesqueras, quienes se molestaron por el retraso de más de una hora del funcionario federal, a quien le señalaron que la CNA tenía la culpa de todo los que les pasa.Incluso el diputado Manuel Añorve Baños indicaba, en entrevista, que de no llegar pedirían su renuncia porque necesitan gente comprometida.En su presentación, Mijangos Borja explicó que hay muchas causas de este problema, entre las que se encuentran que en el puerto diariamente hay 56 toneladas de basura, de las cuales sólo 48 se recogen y la demás se van a dar a la laguna, así como la proliferación de plantas que provocan la muerte de peces.Dijo que para captar aguas negras necesitan 23 millones de pesos, ya que la estructura de alcantarillado es insuficiente.    Por su parte, el delegado de Profepa, Inocente León Pineda, dijo que estudios demuestran que la laguna de Tres Palos es la más contaminada por la cuestión desazolve y los asentamiento irregulares en su ribera, “por lo que para ayudar es necesario reeducar a la gente en cuestión de medio ambiente”.Por su parte, el diputado federal priísta, Manuel Añorve Baños, informó que exigen a la CNA cuál es el seguimiento de los acuerdos tomados con los pescadores de la laguna de Tres Palos. Dijo que al presidente Vicente Fox no le importan los pesqueros ribereños. Explicó que se olvidó a los pescadores ribereños que tienen familia, que no son empresarios, que son cooperativas donde los recursos no llegan, que tienen un gran problema para salir a pescar. Afirmó que esa denuncia ya se ha hecho en la Cámara de Diputados, y seguirán porque quieren atención para los ribereños. Señaló que exigen que termine la visión empresarial de Vicente Fox y que abran oficinas, no delegaciones, porque la pesca es una alternativa de vida.En la reunión, que se llevó a cabo en el salón Palmas III del hotel Las Hamacas, el encargado de la construcción de las casas en Tunzingo, Carlos Ochoa, aprovechó para decir a los pescadores que la construcción que ellos llevan a cabo contará con una planta tratadora con capacidad, para no contaminar la laguna, y ya cuentan con todos los permisos para la misma.Hace más de un mes esa obra fue suspendida por Profepa, luego de que cientos de pescadores mantuvieron bloqueado los accesos porque alegaban que contaminaría más la laguna de Tres Palos.