Maricela Santos, corresponsal, Petatlán * Mientras esperaban una respuesta del comité especial para el proceso interno del PRI sobre la impugnación interpuesta durante la madrugada de ayer por el ex aspirante Antonio Armenta Miralrío y se analizaba la posibilidad de revisar 35 paquetes electorales, más de 700 priístas petatlecos marcharon ayer por las principales calles de la ciudad exigiendo la anulación del proceso y rechazando la candidatura de René Galeana Salgado.

Durante la denominada Marcha por la Dignidad el encargado de alianzas electorales del Partido de la Revolución del Sur (PRS) Heriberto Noriega Cantú le ofreció a Armenta Miralrío su respaldo y hasta el registro en caso de no ser postulado por el PRI.

Pero cauteloso, Antonio Armenta dijo estar a la espera de que el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI aceptara el recurso de revisión de la elección que interpuso a la 1:30 de la madrugada de ayer con el fin de lograr su nulidad.

Aseguró esperar que se cumpliera la promesa de revisión de por lo menos 35 de las 66 casillas que impugnó, puesto que además había el compromiso de que ayer en la noche llegaría una comisión del CDE para abrir las urnas y contar voto por voto a fin de transparentar el proceso, pero a las 21 horas todavía no llegaba la citada representación a Petatlán

Entre los seguidores de Armenta que apoyaron la marcha había varios funcionarios de la actual administración priísta que encabeza Jorge Ramírez Espino así como líderes de colonias precaristas identificados con el primer edil petatleco y con el síndico municipal José Salas Rivera.

Con pancartas y los ánimos exacerbados exigían la “revisión de las urnas”, rechazaban el fraude, pedían “castigo a los mapaches” y que cesaran las imposiciones porque “Si no se registra Tony Armenta, el PRI va a perder por no escuchar a los pobres”, según rezaban sus mantas y gritos.

La marcha partió de la sede del PRI petatleco que se ubica en la calle Independencia de este poblado, y la cual ha permanecido bloqueada parcialmente desde que tomaron las instalaciones de este instituto político.

Tras un mitin realizado a las 16:30 horas de ayer, justo en el lugar donde todavía a las 10 horas ardían llantas, la marcha de vecinos de las colonias precaristas de Petatlán avanzaba rumbo al Zócalo, pero el recorrido se organizó de tal forma que el grueso del contingente pasara frente a la casa del virtual candidato René Galeana Salgado.

Allí el paso de los manifestantes se volvió lento y las consignas se hicieron más fuertes: “No queremos a René no queremos a René”, “Fuera René”, “Fuera caciques”, en alusión al apoyo que Galeana Salgado ha tenido del cacique petatleco que dirige a nivel estatal la Unión Ganadera, Rogaciano Alba Alvarez, así como del diputado local Alejandro Bravo Abarca de quien el mismo Armenta aseguraba que “están ciegos por mantener el poder y no quieren oír la voz del pueblo”.

Al frente de la marcha estaba Armenta, a su izquierda iba Noriega Cantú, seguido por el perresista azuetense Antonio Reza Solís, a su derecha estaba la regidora Lourdes Cruz Gálvez, quien acusó a los seguidores de René Galeana de haber utilizado artimañas como “el carrusel”y “el ratón loco”, y de comprar conciencias.

Previo al arranque de la marcha, Armenta había estado en la sede estatal del PRI con un grupo de abogados, y se llevó también al delegado especial para el proceso interno Javier Galeana Cadena, a quien se mantiene vigilado desde la toma de las instalaciones, junto con el dirigente municipal Emigdio Solís Ramos.

Antes de la salida del contingente de seguidores de Armenta y a petición del ex aspirante, Galeana Cadena informó que a la 1:30 de la madrugada de ayer atestiguó la entrega de un recurso de protesta que interpuso el ex candidato inconforme ante el secretario de elecciones del CDE del PRI, Gregorio Arcos el cual mostró disposición de revisar los paquetes electorales.

Dijo también que se reunió Armenta con el dirigente estatal del PRI, Juan José Castro Justo, y que durante el trayecto de regreso hacia Petatlán, el encargado del proceso interno de selección, Raúl Salgado Leyva le informó vía telefónica que estaba sesionando la comisión y que por medio de Gregorio Arcos se comprometieron a emitir antes de las 21 horas un dictamen en relación al recurso de protesta que antepuso Antonio Armenta.

Pidió apoyarlo para enfrentar la contienda constitucional “fortalecidos”, y luego bajó del templete improvisado en una camioneta para volver custodiado a las instalaciones del PRI petatleco.

Luego tomó la palabra el ex secretario de Desarrollo Social y ex director del DIF estatal, Heriberto Noriega, para ofrecerle a Armenta “que si el PRI lo registra y postula como candidato a la presidencia municipal habremos de estar juntos sumándonos a su campaña electoral, y si no lo registra o cometen el grandísimo error de equivocarse y no asegurar el éxito de gobernar el municipio de Petatlán con Antonio Armenta, el registro del PRS sin condición alguna esta a su disposición”.

En respuesta Armenta dijo que todavía confiaba en la promesa que arrancó a la dirigencia estatal del PRI para la revisión minuciosa “de por lo menos 35 de las casillas” que impugnó.

El director del Fideicomiso Acapulco y ex alcalde priísta de Acapulco, Antonio Pizá Soberanis falleció la tarde de ayer en el hospital privado Magallanes, como consecuencia de múltiples infartos al miocardio.

Pizá Soberanis tuvo su última aparición pública el lunes 29 julio, el día que cumplió 55 años, en ocasión de la constitución de la asociación de ex presidentes municipales priístas de Acapulco, que tenía como fin respaldar la campaña del candidato del PRI a la alcaldía, Ernesto Rodríguez Escalona.

Pizá Soberanis murió a las 18:00 horas en la sala de terapia intensiva del nosocomio, al cual ya había ingresado en varias ocasiones debido a una enfermedad cardiovascular.

Originario de Acapulco, fue ingeniero geógrafo y capitán de marina mercante. Fungió como capitán de puerto la última mitad de la década de los ochentas y su actividad política estuvo ligada al PRI, partido del que fue presidente del comité municipal en 1992.

En 1987 fue candidato a diputado local, pero su registro le fue anulado porque no había renunciado a la Capitanía de Puerto. Trascendió que esta medida fue promovida por el entonces gobernador, José Francisco Ruiz Massieu, con quien Pizá tuvo un desencuentro.

En 1989 fue síndico, en la administración del presidente municipal René Juárez Cisneros, a quien sustituyó por ocho meses en 1993, cuando éste pidió licencia para incorporarse al gabinete del gobierno estatal de Rubén Figueroa Alcocer, quien volvió a impulsar la carrera política de Pizá.

Luego, Pizá Soberanis fue diputado federal de la 55 legislatura (1994-1997), donde perteneció a las comisiones de Comercio y Marina Mercante.

Miembro de la clase política priísta, vivió de acuerdo a sus reglas, es decir, sus altas y sus bajas. En el gobierno de Angel Aguirre (1997-1999), no tuvo cargos públicos, y regresó a la actividad política en el de René Juárez Cisneros, con quien participó en su campaña por la gubernatura.

En este gobierno fue designado director del Fideicomiso Acapulco, una institución ya sin recursos y con poco espacio para el lucimiento político. De recio carácter, era Pizá Soberanis asiduo asistente a los actos políticos de su partido, como el de los encumbramientos de nuevos grupos cada sexenio. “¿Y a ti te invitaron?”, le preguntaban: “No, pero no me dijeron que no viniera”, contestaba.

Pizá Soberanis ingresó al hospital la noche del martes y su cuerpo fue retirado por sus familiares, entre ellos su hijo, el capitán de Puerto Antonio Pizá Vela y su esposa Teresa de Jesús Vela de Pizá.

El cuerpo del ex presidente municipal fue trasladado a su domicilio ubicado en Costera Vieja, atrás del restaurante Carlos & Charlies y según trascendió, para ser velado y enterrado hoy en el panteón Valle de la Luz. (Con información de Alfredo Mondragón y Aurelio Peláez).

 Jeanette Leyva Reus * El alcalde Zeferino Torreblanca Galindo consideró que los cinco hoteles que se han negado a pagar el impuesto Proturismo no afectan al puerto, pues no es un monto considerable, “aunque ningún dinero se desdeña”.Entrevistado al término de una gira por la zona urbana, el alcalde indicó que el ayuntamiento, además de trabajar en los recursos legales para que los cinco hoteles –uno con amparo y cuatro con escritos de oposición– depositen el dinero en el Fideicomiso manejado por la Oficina de Promoción de Acapulco, tratará de convencerlos de que “a todos nos conviene que se promueva Acapulco”.Opinó que el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco (OCVA) y gerente del hotel Princess, Ian Robinson, “es una gente positiva para Acapulco, él ha puesto su mejor esfuerzo para la promoción del puerto y los hoteleros merecen mi respeto”.Afirmó que utilizará el diálogo para tratar de hacerlos entender que los recursos se emplean en la promoción.Al ser sólo cinco hoteles lo que no están pagando el impuesto, consideró que no afectan la promoción, “pero no son relevantes porque no sólo el Proturismo es importante, sino también las licencias de funcionamiento, por lo que platicaré con ellos las veces que sean necesarias”.El alcalde Zeferino Torreblanca adelantó que en las próximas semanas se rematarán 14 predios en la zona de Punta Diamante, debido a que los propietarios no pagaron sus impuestos.

 La democracia, entre otras cosas, posibilita que los ciudadanos exijan a los gobernantes que cuiden bien los recursos y que el ejercicio del erario no se convierta en un forma de engrosar bolsillos políticos, y hoy los acapulqueños saben el peso que representa su voto y que puede hacer que los políticos rindan cuentas, afirmó el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, durante su décima segunda gira de trabajo en la zona urbana.El edil agregó que “hoy, el instrumento poderoso de la democracia da la posibilidad a los acapulqueños de que no vuelvan a los tiempos en que los políticos se enriquecían a costillas. El Partido de la Revolución Democrática ha gobernado de cara a la sociedad y lo seguiremos haciendo hasta el fin de nuestro periodo de mando”.“Pasamos por un periodo de transición, pero la consolidación del cambio depende de todos”, señaló el munícipe ante los colonos, quienes agradecieron las obras que recibieron este día.En la colonia Icacos, el alcalde entregó un anexo sanitario en la escuela primaria Netzahualcóyotl, con una inversión de 379 mil 244 pesos y en beneficio de 200 niños.En el fraccionamiento Lomas de Costa Azul se inauguró la pavimentación de la calle Comando Submarino, con una superficie de mil 696 metros cuadrados; todos los trabajos se llevaron a cabo con los ahorros presupuestales de la administración.Al hablar en representación de los colonos, el vecino Ignacio Ramírez Mora dijo que en estos casi tres años se ha notado una forma diferente de gobernar, “si acaso hay algunos que afirmen que no se ve el cambio, es porque realmente están ciegos o se niegan a verlo”. Mientras que Raúl Coss Cortés reconoció que las obras entregadas por este gobierno “son de primera calidad”.Acompañaron al primer edil la síndica Gloria Sierra López, los regidores Avelina López Rodríguez, Ofelia Abúndez Catalán, José Luis Odriozola Gómez y Alfredo Campaña, así como el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Guillermo Torres Madrid, y el dirigente social Celso Sánchez Castillo.

 Por el presunto delito de fraude y lo que resulte, el director de la Unidad Deportiva Acapulco, Fernando López Zamora, fue denunciado ante la agencia investigadora del Ministerio Público de la Garita.Lo anterior lo dio a conocer el representante legal del presunto agraviado, Juan Bibiano Vicencio, Ignacio Sevilla Reyes, luego de acudir el fin de semana a la redacción de este diario.En una copia de la denuncia que presentó Bibiano Vicencio, el presunto agraviado relata que en 2000 hubo un reparto de concesiones para prestar el servicio público de taxis de la ruta Renacimiento, entrega efectuada por la Dirección de Transporte y Vialidad en el estado.El presunto agraviado acusa que a raíz de la entrega, el inculpado le ofreció unos de los permisos para taxi amarillo.Indicó que el precio de la concesión la fijó López Zamora en 118 mil pesos, monto que el agraviado se comprometió a pagar en dos exhibiciones: la primera de 50 mil pesos, pago hecho el 19 de octubre de ese mismo año, cuando el domicilio de López Zamora era la calle Bora Bora, número 2020, del fraccionamiento Magallanes.Agregó que para esta venta hubo un contrato de promesa entre él y el inculpado, por lo que “puntualmente, el 19 de diciembre de 2000, le entregué la cantidad de 68 mil pesos, tal y como lo habíamos acordado, y firmamos el contrato de promesa de venta”, señala el presunto agraviado.Bibiano Vicencio relató que López Zamora le entregó unas placas  y un juego de copias simples, las cuales supuestamente amparaba el permiso de taxi amarillo número económico 1433, placas 6950FFA.Indicó que López Zamora le aseguró que no tendría ningún problema, porque “todo estaba legal” y sólo era cuestión de tiempo para que le entregaran la documentación original, es decir el permiso original, la orden de pago de la Secretaría de Finanzas y los recibos de los derechos de la concesión, además de que quedó pendiente la cesión de derechos que se hace ante un notario público después de haber cumplir con el pago.Bibiano Vicencio relató que el 19 de octubre de 2000 puso en marcha al automóvil Nissan, con el número de placas y número económico que le entregó López Zamora, para prestar el servicio de taxi amarillo de la ruta Renacimiento-Centro, pero que a los ocho meses comenzó a tener problemas con Transportes porque no presentaba los papeles originales y porque, “supuestamente”, el permiso que le vendió López Zamora era de la ruta Coloso-Centro.Detalló que le pidió a López Zamora la documentación original, a lo que el inculpado le pidió que lo esperara, sin embargo en agosto de 2001 la Dirección de Transporte y Vialidad ordenó el retiro y detención de taxis que circulan con placas fuera de ruta y amparadas.Agregó que habló con López Zamora para exponerle las complicaciones para trabajar con las placas que le había vendido, por lo que éste se las pidió con la promesa de que en 15 días, si no arreglaba las placas le devolvería los 118 mil pesos.Señala que López Zamora le dio un cheque sin fondos por la cantidad que le debía, el cual fue a cobrar a banco Inverlat, por lo que volvió a entrevistarse con él en octubre de 2001, y a la fecha –aseguró– no le ha pagado, incluso a acudido a la calle James Cook, número 13, del fraccionamiento Costa Azul, donde actualmente vive López Zamora.Agregó que ahora la excusa de López Zamora es que su suegra está enferma, por lo que no le puede reembolsar el dinero que pagó por el permiso.

 Karina Contreras * Personal de la Dirección de Mercados y reporteros de la fuente fueron agredidos por comerciantes de Tepito cuando los primeros acudieron a entregar un oficio a los vendedores de discos compactos y de películas para acudir con su licencia en regla a una reunión con el director de la dependencia, José Rodríguez Moreno.Esto por quejas de ciudadanos que aseguran que en ese lugar se exhiben películas pornográficas a todas horas, así como por el constante ruido.El contador de la dirección de Mercados, Reyes Burgos Calvario, así como los inspectores y agentes de Gobernación, llegaron a las 11 de la mañana a Tepito y se dirigieron al local de Elided Galeana Clavel donde se expenden CD, para entregar el documento en el que se pedía al locatario a una reunión a las 4 de la tarde con el funcionario.En ese momento un comerciante sin presentarse empezó a agredir verbalmente al personal de Mercados, e incluso incitó a la violencia para que al reportero gráfico de este medio le quitaran la cámara.En ese momento, el contador Burgos Calvario le explicó que el documento era para una reunión y sólo para los que tuvieran el giro de CD y venta de películas.Esto no lo entendió la agresora, quien se retiró uno momentos para posteriormente regresar con cerca de veinte personas y las incitó a exigir la retirada de los inspectores y reporteros a quienes les llegó a gritar y empujar, incluso después de haber mostrado la credencial de prensa.La molestia –según argumentaban los comerciantes– era porque el personal de Gobernación grababa con una videocámara y se tomaban fotos. Para evitar más confrontaciones el funcionario accedió a no tomar más fotos ni grabar.Parecía que las cosas se tranquilizaban cuando  llegó la comerciante Antolina Vargas, quien con otras mujeres y sin aceptar las explicaciones que entre los gritos trataba de dar Burgos Calvario inducía a que por la fuerza nos retiraran.Después de haber entregado apenas cuatro invitaciones de casi cincuenta, y por la violencia con que actuaban ya los comerciantes incitados por Antolina Vargas, Burgos Calvario decidió retirarse cuarenta minutos después, mientras que los comerciantes de CD y películas pornográficas piratas cerraban sus negocios señalando que la dirección de Mercados no era la indicada para revisarles su mercancía, sino “sólo los federales”; mientras que otros advertían que no van a pagar las licencias porque se han elevado mil por ciento.

 Sólo era una invitación: Rodríguez Moreno  

Por su parte, y luego de enterarse de la agresión de los comerciantes de Tepito contra personal y reporteros, Rodríguez Moreno dijo no entender la actitud de los comerciantes, “ya que era una invitación a una reunión”.Agregó que esto se debe a que hay denuncias de ciudadanos que han llegado a esta Dirección de la exhibición constantes de peliculas pornograficas, las portadas que están a la vista de toda la gente y la exhibición al cliente acualquier hora del día.

El fiscal especial para los crímenes políticos y sociales del pasado reciente, Ignacio Carrillo Prieto, hace declaraciones con mucha ligereza, opinó el ex preso político y familiar de desaparecidos Arturo Gallegos Nájera, y considera que el funcionario debe mantener el trabajo en secreto, y mientras no tenga indicios claros no puede adelantar algo que no puede probar.

El también candidato del PRT a presidente municipal de Acapulco, miembro de la Fundación 23 de Septiembre, secretario de Derechos Humanos del PRT en el municipio y dirigente de taxistas de la Organización de Ruleteros Unidos de Guerrero, estuvo el sábado en Acapulco con Carrillo Prieto, y el domingo lo acompañó a Los Piloncillos en la sierra de Atoyac, con otros familiares de desaparecidos.

Ese domingo, el fiscal hizo declaraciones escandalosas al diario La Jornada, acerca de que hay desaparecidos de la guerra sucia que están con vida, presos en cárceles clandestinas. También dijo que otros desaparecidos, afectados de sus facultades mentales podrían estar como indigentes y que analiza solicitar órdenes de cateo a hoteles y edificios de la avenida Costera, en Acapulco, para buscar restos de desaparecidos.

Arturo Gallegos, que ha colaborado con el trabajo de la Fiscalía Especial, dijo que este fin de semana, Carrillo Prieto no habló de esos temas con los familiares que lo acompañaron, por lo que piensa que no son conclusiones de un trabajo serio de investigación, que debe ser propio de la Fiscalía, sino conjeturas.

Expresó: “Yo sí pediría a la Fiscalía Especial que por el momento se abstuviera de dar ese tipo de declaracioes porque lejos de ayudar a esclarecer los hechos, va tejiendo una cortina de humo que hace que la gente desconfíe de su trabajo”.

Gallegos cree en la la posibilidad de que los desaparecidos de la guerra sucia están vivos, en cárceles clandestinas, sobre todo los más jóvenes. Sin embargo, critica que el fiscal lo diga, sin presentar pruebas, lo mismo que la posibilidad de que anden en las calles como indigentes. “A pesar de que todo esto cabe dentro del cálculo de las probabilidades, no tenenos ningún indicio de que pudieran andar de indigentes, probablemente se diera el caso, nos atrevemos a pensar que pudieran estar en diferentes lugares del país, disgregados. Pero no podemos generalizar”.

Lo mismo dice de la solicitud de órdenes de cateo a hoteles de Acapulco para encontrar vestigios de restos humanos.

Informó que en Acapulco, algunos despaarcidos llegaron a identificar lugares de reclusión, como la casa del Tigre de la colonia El Roble, la casa de la calle Hornos Insurgentes que tenía una mesa larga donde acostaban a los detenidos y les aplicaban corriente eléctrica y los colgaban de los genitales hasta que los detenidos perdían el conocimiento. Otra cárcel es lo que se conoce como El Ferrocarril, en las actuales oficinas de la Policía Judicial del Estado, y la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta, donde el mismo Gallegos estuvo desaparecido cuatro días, y ahí vio con vida a Teresa Estrada Ramírez, el 22 de septiembre de 1974, que le mandó un caramelo con un hermano de Lucio Cabañas que se llamaba Maciel, y ella hasta la fecha está desaparecida.

Sobre la posibilidad de cateos de la fiscalía para buscar restos de desaparecidos, Gallegos opina que sería un error, porque estaría desviando la investigación a buscar muertos.

“Con todo respeto para mi amigo el fiacal, pero creo que hay declaraciones que se hacen con mucha ligereza. El fiscal debe mantener el trabajo en secreto hasta que no tenga indicios claros, no puede adelantar algo que no puede probar”, expresó.

Señala que lo preocupante con esas declaraciones es que puede pasar lo que ocurrió en Copacabana, que “manosearon la información”, y con esto alteraron el lugar, removieron la tierra con trascavos, y después construyeron zonas hoteleras.

Sobre su colaboración con la Fiscalía Especial, Gallergos explica que estuvo en la reunión del sábado en Acapulco y el domingo en Los Piloncillos, que coadyuva  para que los familiares denuncien ante la Fiscalía, pero, opina, “jamás vamos a ser de confianza del señor fiscal; él debería tener más cuidado en las declaraciones, hay algo que no encaja y que puede poner en riesgo la investigación misma”.

En el momento que el fiscal salga con algo distinto a los objetivos que persiguen los familiares, que es saber dónde están los desaparecidos, qué pasó con ellos, y que se castigue a los responsables, dice Gallegos que se deslindarían de la Fiscalía.

Señala como una diferencia de fundo que el fiscal dijo en conferencia de prensa este sábado en Acapulco que los responsables de las desapariciones son personas, no instituciones como el Ejército.

Arturo Gallegos dice que el responsable es también el Ejército, y explica: “Para nosotros es claro que el Estado mexicano y sus instituciones fueron responsables de los hechos de la guerra sucia, fue decisión de Estado, no fue de un personaje con mente malévola que se le ocurrió la desparición forzada, fue decisión de Estado”.

Recuerda que uno de los luchadores por los desaparecidos, Antonio Hernández, se reunió en alguna ocasión con Fernando Gutiérrez Barrios, cuando era subsecretario de Gobernación, y el funcionario le dijo que el problema de los desaparecidos fue “por una decisión de Estado y para poder dar marcha atrás se necesita otra decisión de Estado”.

–¿Hay actualmente una decisión de Estado para resolver el problema de los desaparecidos?

–No estoy seguro de si hay esa decisión de Estado. A pesar de mi decisión de apoyar a la Fiscalía, tengo dudas de si se podrá llegar hasta el final, pero no podemos dejar ese espacio. (Maribel Gutiérrez)

* Arrestó la PJF el lunes a un jornalero, informan * Hace un mes asesinaron en San Francisco del Tibor a Carmelo Blanco, que luchaba por los desaparecidos, dice José Luis Arroyo

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac de Alvarez * Presuntos paramilitares amenazan de muerte al militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) de la población de San Francisco del Tibor, Albero Izoteco Feliciano, de 40 años de edad.

El afectado, acompañado del dirigente de la OCSS Hilario Mesino Acosta y José Luis Arroyo Castro del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos (CCCLCB), denunció amenazas de muerte en su contra por medio del teléfono rural, de la caseta de la población de San Francisco del Tibor, en cuatro ocasiones.

Explicó que cuando él no va a contestar le han dejado razón de que lo van a matar, y  le dijeron: “Un día de estos, Remache –su apodo– te vamos a partir tu madre”.

Indicó que en 30 años que tiene viviendo en esa población con oficio de campesino, no había tenido este tipo de problemas, que atribuye a su participación en la OCSS desde hace cinco años y tal vez lo quieren hacer que salga de la población aunque desconoce de donde provengan las amenazas.

Pide el apoyo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para que atiendan su caso, para lo cual manifestó que  interpuso su denuncia ante la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos  (Afadem), con Tita Radilla Martínez y acudirá ante el Ministerio Público.

José Luis Arroyo Castro dijo que les preocupa la situación que se está viviendo en el estado y en particular en el municipio de Atoyac, y recordó que hace un mes el joven Carmelo Blanco Téllez fue asesinado, en esa misma población, con armas de grueso calibre AK-47 y no se ha avanzado en las investigaciones.

Los diorigentes hacen un llamado al gobierno de Vicente Fox para que pida al gobierno del estado que se responda a sus exigencias de mayor seguridad y se investiguen los casos de asesinatos que pudieran ser responsabilidad de grupos paramilitares.

Hilario Mesino de la OCSS dijo que estas amenazas son alarmantes y responsabiliza al estado de esta situación de intimidación en su militante, ya que dijo que muy sutilmente han ido eliminando a sus integrantes que destacan en la organización y por ahí puede venir este caso.

Por su parte, Silvestre López de la población de San Vicente de Benítez, denunció que efectivos de la Policía Judicial Federal se llevaron el lunes 29 de julio a su hijo de crianza Hermenegildo Salas Juárez, de 32 años, de la población de Río Santiago, en donde radicaba últimamente y trabajaba como jornalero, y no lo han presentado y temen que lo vayan a desaparecer o lo torturen.

Pide a los elementos policiacos que se lo llevaron que lo presenten y no lo vayan a torturar y que se investigue si tiene algún delito.

* Que mejor la Iglesia pida al Papa que se declare a favor de la ley de derechos y cultura indígena aprobada por la Cocopa, proponen dirigentes de varias etnias

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Dirigentes indígenas rechazaron que la canonización del indio Juan Diego sea un reconocimiento a los indígenas y reclamaron que, en todo caso, los representantes de la Iglesia pidan al Papa, en su visita a México, que se pronuncie a favor de la ley de derechos y cultura indígena tal y como fue aprobada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Con ello los representantes indígenas amuzgo, náhua y tlapaneco que fueron entrevistados, rechazaron la aseveración del arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, en el sentido de que la canonización de Juan Diego es un reconocimiento a los derechos y a la dignidad de los indígenas.

El integrante del Consejo de la Nación Amuzga, Daniel Sánchez Néstor, dijo que la canonización de Juan Diego por el Papa Juan Pablo II “es una ofensiva fuerte de la iglesia en contra de los indígenas, pues con ello se pretende mediatizar su lucha; se trata de un mensaje que bien pudiera interpretarse por algunos compañeros como que no está bien que protestemos y exijamos el respeto a nuestros derechos para poder algún día a llegar a ser santo”.

Sánchez Néstor agregó que el arzobispo Aguirre Franco mejor debiera comprometer su lucha por la justicia y la equidad del gobierno hacia los indígenas “y pedir al Papa, ahora que viene a México, que se pronuncie porque el gobierno federal reconozca los derechos y la cultura de los pueblos indios, tal y como lo están proponiendo los pueblos y no como lo pretende imponer el gobierno de Vicente Fox”.

En este sentido dijo que los indígenas más que canonización lo que necesitan es solución a sus problemas.

Por su parte el integrante del Consejo Estatal Indígena, el nahua, Guillermo Alvarez Nicanor, señaló que aunque la canonización de Juan Diego “va a servir para que los ojos del Gobierno pongan más atención a los grupos indígenas, ese no es el reclamo principal”.

Señaló que el reclamo principal actualmente es el reconocimiento al indígena como sujeto de derecho “y en ese sentido el gobierno federal debiera preocuparse más por la reforma constitucional”, dijo.

Señaló que la canonización de Juan Diego “levantará el ánimo a algunos indígenas, pero no todos profesan la religión católica, hay muchos que no son católicos y a ellos les es indiferente la canonización”, dijo e insistió que lo que sí es prioritario para los indígenas en este momento es el reconocimiento a sus derechos y a su cultura.

Por su parte el dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), el tlapaneco me´ paa, Amador Cortés Robledo criticó que se reconozca a los indígenas muertos, “cuando tenemos a miles de indígenas vivos a quienes no se les han reconocido sus derechos y su cultura, no se les ha reconocido su derecho a la salud, a la alimentación, a sus derechos humanos y a su desarrollo integral”.

Cortés Robledo opinó que con la canonización del indio Juan Diego se está mediatizando la lucha de los indígenas, “porque si lo vuelven santo con eso no se está resolviendo el rezago social que viven los indígenas y nosotros lo que queremos es que se reconozca en vida a los integrantes de los pueblos indígenas”.

Cortés Robledo dijo que más que declaraciones como las que hizo el arzobispo de Acapulco lo que deben de hacer los representantes de la iglesia católica es decir con claridad si la iglesia apoya la exigencia de los pueblos indios al reconocimiento a sus derechos como indígenas.

* Esposas, padres e hijos denuncian en conferencia de prensa en Chilpancingo detenciones ilegales, torturas y acusaciones falsas

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Familiares de presos políticos que se encuentran procesados por delitos del fuero común demandaron ayer que sean incorporados a la ley de amnistía que se discute en el Congreso del Estado.

En conferencia de prensa, las esposas, padres, hijos y hermanos de los presos aseguraron que sus familiares son inocentes y que son presos de conciencia y deben de ser beneficiados con la amnistía.

Los familiares y los presos son parte del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG).

Genaro de la Cruz Casimiro, papá de Lucio de la Cruz Villa, quien se encuentra preso en Acapulco, informó que su hijo fue detenido el 20 de mayo de 1998 por policías comunitarios en las cercanías de San Vicente de Jesús, municipio de Atoyac.

Explicó que lo detuvieron por el delito de secuestro y fue torturado para obligado a confesarse culpable, pero no pudieron sacarle ninguna confesión ni mucho menos comprobarle nada, y demás no existe ninguna persona que lo acuse. Lucio de la Cruz Villa fue detenido a los 22 años de edad y sentenciado a 12 años.

Marisol Martínez Santiago, esposa de Rogelio García Pineda, originario de El Achotal, sierra de Atoyac, quien se encuentra preso en Acapulco acusado de secuestro, denunció que su esposo fue detenido el 18 de mayo de 1998 y torturado por agentes de la Policía Judicial y por el dirigente de los ganaderos Rogaciano Alba Alvarez.

En las torturas, dijom trataban de que se declarara culpable del secuestro de de Jesús Gómez Escalera cuando en los días de ese secuestro, Rogelio se encontraba cuidando a su tío José Luis Blanco Flores quien se encontraba en Acapulco reponiéndose de las lesiones que le causaron agentes de la Policía Judicial que lo habían torturado para que se declarara culpable del mismo secuestro.

También asistió a la conferencia de prensa Bertín García Ayala, hijo de Alfredo García Torres, quien fue detenido en el año del 2000 en Las Palancas, en la sierra de Petatlán, por efectivos del Ejército que iban encabezados por Rogaciano Alba, y acusado de homicidio, delito del que es inocente.

Gloria Vida Santana, esposa de Omar Guerrero Solís, detenido el 9 de marzo del 2001, denunció que a su esposo lo acusan de dos secuestros y un homicidio, y lo vinculan con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Dijo que Omar Guerrero no se le ha respetado su derecho a la defensa, porque no se le ha seguido un juicio formal ni se le han tomado declaraciones.

Andrea Eugenio Manuel, de la comunidad de Barranca de Guadalupe, en Ayutla, hermana de Victoriano Eugenio, detenido el 5 de enero del 2001 por la Policía Judicial del Estado en la ciudad de Ayutla, denunció que su hermano fue acusado de pertenecer al ERPI y de un asesinato que no cometió.

Amada Tolentino Nava es esposa de Ciro Urioso Lara, preso en Acapulco, que fue detenido en 1997 en Los Sauces, municipio de Ahuacuotzingo, acusado de pertenecer al ERPI. Denunció que estuvo detenido por los militares durante seis días sin que fuera presentado y que durante ese tiempo fue torturado.

Flora Espinoza Martínez esposa de Pedro Solano Torres, preso en Acapulco por el delito de portación de arma de fuego en San Marcos, hace un año, dijo que su esposo fue detenido por el comandante José Manuel Piza sólo porque tenía problemas personales con dicho comandante policiaco.

Antonio Gómez, hijo de Custodio Gómez Salvador, informó que su padre fue detenido acusado de robo y lesiones en 1997 en Monte Grande, Coyuca de Catalán, por el comandante Guadalupe Herrera Sánchez, y hasta ahora no le han comprobado nada pero sigue preso.

Nazario García Nayo dijo que su hijo Antonio García Pastrana, originario de Platanillo, municipio de Ayutla, fue acusado de homicidio en 1998 en Zihuatanejo, sólo porque denunció el asesinato de su patrón en un asalto.