* Demandará el diputado perredista que se devuelvan a sus dueños originales terrenos de esa zona que no han sido utilizados para los fines que fueron expropiados  

Maribel Gutiérrez * El diputado Félix Salgado Macedonio presentará esta semana una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del gobierno federal, (Secodam) por presuntos actos delictivos cometidos en la expropiación, administración y entrega de los terrenos de Punta Diamante.Salgado Macedonio pedirá a la PGR que se constituya una fiscalía especial para investigar Punta Diamante, y que se determine quiénes son los responsables del proceso de expropiación de esas tierras, en el que las víctimas han sufrido como represión, desde desalojos hasta sangre, y del otro lado se han generado cuantiosas fortunas ilícitas en las que están involucrados poderosos empresarios y políticos.Demandará, además de identificar a los responsables de los negocios ilícitos, que devuelvan a sus dueños originales los terrenos de Punta Diamante que no han sido utilizados para los fines que motivaron la expropiación.

 Primeras irregularidades descubiertas

 Salgado Macedonio ha reunido información acerca de las irregularidades en el manejo de esta área de Acapulco, a la que llama “la punta de la corrupción”.Señala que el decreto de expropiación se firmó el 27 de agosto de 1987, por el gobernador José Francisco Ruiz Massieu y el presidente Miguel de la Madrid, y se publicó en el Disrtio Oficial de la Federación el 28 de ago_sto; es decir sólo un día después de la firma.Esta premura es sospechosa, hubo mucha agilidad, de un día para otro se expropia por decreto y se publica al otro día, una acción en la que el gobernador y el presidente expropiaron todo Punta Diamante, incluyendo la parte de la playa Diamante y la punta Diamante, manifiesta el diputado del PRD.Otro dato sospechoso es el bajo costo del avalúo con el que aparentemente se pagó a los expropiados, de sólo 2 pesos el metro cuadrado.Salgado investigó que la Comisión de Avalúo de Bienes Inmuebles (Cabin) del gobierno federal hizo el avalúo de todo el cerro de Puerto Marqués en 2 millones 600 mil pesos. Califica este avalúo como “un precio de risa, para pagar a los expropiados a 2 pesos el metro cuadrado, terrenos que actualmente la Protur está vendiendo a 600 dólares el metro cuadrado”.  

Políticos expropiados de Punta Diamante  

Recuerda el diputado federal que antes de 1951, era dueño de esos terrenos un ciudadano estadunidense, hasta La Poza y Punta Diamante.En 1951 conocidos políticos se apoderaron de esos terrenos, presuntamente invadieron y obligaron al propietario a vender.Entre los dueños a partir de 1951 están Arsenio Farell Cubillas (ex secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y ex secretario del Trabajo), el general Nabor Ojeda Caballero, Miguel Alemán Valdés (actual gobernador de Veracruz), Alvarez de Icaza, Jorge de la Vega (ex gobernador de Chiapas, ex presidente nacional del PRI y ex secretario de Agricultura), y Juan B. Conde (prestanombres de Miguel Alemán).También, Javier Rojo Gómez (dirigente de la CNC en ese tiempo) y ex gobernador de Hidalgo, Fernando Prieto Fortún (ex secretario de Hacienda), Javier de la Garza (del gabinete de Miguel Alemán).Tomando en cuenta que los expropiados son gente poderosa, Félix Salgado se pregunta: ¿Cuánto les pagaron e ellos y cuánto les pagaron a otros afectados? Y plantea que esa es una pregunta que debe responder una fiscalía especial de la PGR.

 Uno de los expropiados pide la devolución de sus tierras  

Entre los afectados, dueño en 1951, está el señor Miguel C. Delgadillo, quien murió, y dejó sus bienes a su esposa, Eva Padilla. Ella le dio poder notarial a Félix Murga Cortés, el 23 de julio de 1997 para pelear porque le devuelvan su tierra expropiada.Explica que en el decreto de expropiación se establece que si después de 5 años el inmueble no se usó para los fines para los que fue expropiado, el terreno vuelve a sus dueños originales.Félix Salgado sostiene que este es el caso de muchos de los terrenos expropiados en Punta Diamante, que están exactamente en las mismas condiciones que tenían cuando fueron expropiados, sin ninguna construcción ni infraestructura, pues el proyecto de desarrollo turístico de Punta Diamante fue un fracaso pues se quedó muy abajo de los planes que hizo el gobernador José Francisco Ruiz Massieu.Ante el fracaso del desarrollo turístico Félix plantea que se haga valer la ley de expropiaciones y que las tierras que no han sido utilizadas para el fin que se planteó en el decreto de expropiación regresen a sus dueños originales, porque ya han pasado más de cinco años.

 El GMD en Puerto Marqués  

Félix Salgado Macedonio también pide que se investigue a la empresa constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), que fue junto con la ICA (Ingenieros Civiles Asociados) la encargada de construir la infraestructura de Punta Diamante, así como la Autopista del Sol.El diputado federal investigó que el GMD construyó la carretera de la Punta Diamante, y en pago, José Francisco Ruiz Massieu le dio 16 hectáreas pegadas al mar, en el lado de la punta que da hacia Puerto Marqués, lo que se llama Playa Majahua.Ahora, el GMD quiere transferir a una empresa transnacional esos terrenos, y quieren construir un tandem, un muelle flotante, y una marina para anclar barcos. Ese proyecto no ha caminado, debido a la resistencia de los marquesanos.“Punta Diamante, como lo fue antes la Playa Pichilingue, cuando fraccionó Miguel Alemán por medio de Melchor Perusquía, es la punta corrupción”, dice Félix Salgado, y que el instrumento para dar cauce a la corrupción en la asignación de terrenos en esta zona de desarrollo turístico es la Promotora Turística de Guerrero (Protur). Por eso, pide que la PGR llame a declarar al actual director, Virgilio Gómez Moharro, y al director del Fideicomiso Acapulco, Antonio Pizá.“Se sabe que desde Ruiz Massieu se puso a dar terrenos a diestra y siniestra en Punta Diamante. Pido que una fiscalía espcial investigue a quién benefició con esos terrenos. Voy a llevar la denuncia a la PGR, y pedir que se abra la Fiscalía Especial, y si la PGR no actúa, demandaré al procurador, Rafael Macedo de la Concha, por omisión”, manifestó el diputado Salgado Macedonio.Dice que, para empezar, en esos negocios en dólares están los gobernadores de turno, Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer, Angel Aguirre Rivero y el actual René Juárez Cisneros.

 * Llegará el dirigente nacional dentro de un mes, informa el líder estatal * Empezará el diálogo con quienes desconocieron su cargo, dice

 Jeanette Leyva Reus * El líder nacional de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine, estará en Acapulco dentro de un mes, a fin de “poner orden” en la central obrera en el estado; aunque, a decir del dirigente estatal de la Federación de Trabajadores de Guerrero, José Luis Torreblanca Gómez, su visita será un “acto de unidad”.El pasado viernes, en la ciudad de México fue entregada la toma de nota a José Luis Torreblanca Gómez, con lo que se le ratificó como dirigente estatal de la central obrera; al acto asistió el dirigente sindical de la Sección 12 de la CTM, Rodolfo Escobar Avila.Torreblanca Gómez señaló que en la reunión se estableció el compromiso de empezar el diálogo con los disidentes de la CTM para que se sumen al mismo esfuerzo, pues “ese fue el compromiso con Leonardo Rodríguez Alcaine”.Dijo que en 30 día aproximadamente se efectuará un pleno donde estarán con el dirigente nacional, pues limará “asperezas” con los que han promovido su desconocimiento de la dirigencia.Afirmó que sostendrá pláticas con Rodolfo Escobar Avila. “Tenemos la plena seguridad de que vamos a tener éxito, ya que ellos están también muy comprometidos con defender los intereses de los trabajadores”.Dijo que el desconocimiento fue promovido por Juan José Torres; “dijeron que lo iban a presentar por escrito y no lo hicieron, por eso el día lunes vamos a platicar con ellos”.

 Niega Escobar Avila que haya un acuerdo con el dirigente

Por su parte, el secretario general de la Sección 12 de la CTM, Rodolfo Escobar Avila, negó que haya un acuerdo con José Luis Torreblanca, pues aún lo analizan con los demás líderes que hace un mes lo desconocieron.Entrevistado durante una reunión privada que sostenía en un salón del hotel Las Hamacas, se negó a hablar de los puntos que se trataron en la junta del pasado viernes en el Distrito Federal, ya que –dijo– se había acordado con Leonardo Rodríguez Alcaine no hacer declaraciones, pero al comentarle que José Luis Torreblanca Gómez había hablado de la próxima visita del líder nacional, respondió que Leonardo Rodríguez “vendrá a poner orden a la CTM”.Indicó que la sede del acto será la explanada del sindicato que representa.Escobar Avila negó que busque ser abanderado del PRI a un puesto de elección popular; “eso ya lo rechacé en México porque los líderes debemos dedicarnos a defender a los trabajadores, los dirigentes en el estado no deberían buscar cargos públicos, no se debe confundir a la CTM”.Dijo que en la reunión en la ciudad de México, el líder nacional pidió unidad. “El quiere que la CTM esté junta, ordenada, y él viene a ordenar a la CTM en el estado”, dijo.

 * De los cinco hoteles, de AHETA, que no pagan el impuesto, sólo uno –Las Brisas– tiene amparo, precisa el director de Turismo Municipal * Los otros cuatro –Princess, Camino Real, Casa Inn y Maris– cubren únicamente los derechos de agua, drenaje e IVA, dice

 Jeanette Leyva Reus * La negativa de cinco hoteles de AHETA de pagar el impuesto Proturismo pone en riesgo los acuerdos adoptados entre la OPA y la OCVA la semana pasada en la ciudad de México, advirtió el director del Turismo Municipal, Ignacio Terrazas Sánchez.En entrevista, el funcionario dijo que los hoteles Princess, Las Brisas, Camino Real, Casa Inn y Maris, de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas (AHETA), son responsables de que no se destine más dinero a la campaña internacional de Acapulco, al no pagar el impuesto Proturismo, acusó el director de Turismo Municipal, Ignacio Terrazas Sánchez.Señaló que de los cinco hoteles que no pagan el impuesto –el cual se cobra en el recibo de agua–, sólo Las Brisas cuenta con un amparo, según el expediente 279/2002, mientras que los otros cuatro sólo han presentado diversos escritos de oposición y cubren únicamente los derechos de agua, drenaje e IVA.La semana pasada, el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco (OCVA), Carlos Velázquez Cerda, los consejeros de la Oficina de Promoción de Acapulco (OPA) Héctor Pérez, Alfonso Salcedo y el director de Turismo Municipal se reunieron en la ciudad de México con funcionarios del Consejo de Promoción Turística de México, a fin de revisar las campañas de promoción nacional e internacional de Acapulco.En dicho encuentro, Velázquez Cerda se comprometió a ser mediador para que los hoteles que no pagan el Proturismo desistan de ello, pero el fin de semana el director de AHETA, Rafael García-Pimentel, rechazó la mediación y afirmó que seguirán sin pagar nada hasta que los recursos sean canalizados al fideicomiso que ya existe, y no a la OPA.Al respecto, Ignacio Terrazas respondió y responsabilizó a AHETA que, de continuar con dicha postura los cinco hoteles, destinarán menos recursos a la promoción internacional.Recordó que en la reunión en el Distrito Federal, Carlos Velázquez habló por dichas hospederías, “incluso comentó que si a los propietarios se les aseguraba que los recursos irían a la misma campaña, desistirían  y pagarían, pero ahora parece que no lo harán”.Así –dijo– lo que parecía un acercamiento entre la OCVA y la OPA, después de haber acordado los montos y medios que se utilizarían para las campañas nacional e internacional, con la negativa de García-Pimentel de aceptar cualquier marcha atrás a la negativa de pagar el Proturismo, queda pendiente si los acuerdos pactados en la ciudad de México se respetarán.

 La ocupación hotelera del puerto cerró este domingo con 90.6 por ciento, el mayor índice alcanzado desde que comenzaron las vacaciones de verano, informó la Sefotur, mientras que la DTM difundió 89.7 puntos.En tanto, la Policía Federal Preventiva (PFP) indicó que por la Autopista del Sol entraban al puerto sólo tres vehículos y salían 10, mientras que por la carretera libre ingresaban 12 autos y salían cinco.La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) informó que el Triángulo del Sol registró una ocupación de 88.6 puntos, del cual la ciudad platera de Taxco fue el centro turístico con índice mayor al obtener 92.4 puntos; el lugar repuntó más de 30 puntos ayer en comparación con el sábado.Acapulco tuvo 90.6 por ciento, mientras que el sábado reportó 90 por ciento, y por último Ixtapa-Zihuatanejo alcanzó 83.8 puntos, lo que representa –según la Sefotur– un retroceso porque el sábado tuvo un punto más.En Acapulco, la zona Dorada registró 97 por ciento de ocupación, la zona Diamante 83.5 puntos y la Náutica 75.8.Para la Dirección de Turismo Municipal (DTM), el puerto ayer cerró con 89.7 puntos porcentuales. Las hospederías del Acapulco Dorado estuvieron a menos de tres puntos de lograr cien por ciento.Para el Acapulco Tradicional, el cierre fue de 77.4 puntos, y el Acapulco Diamante 71.4 por ciento.Según la dependencia, las hospederías reguladas lograron captar a 61 mil 816 turistas, lo que representa un millar más que los 60 mil 975 que optaron por usar a la oferta extrahotelera.Los hoteles que estuvieron a cien por ciento fueron Camino Real, Elcano, Villa Vera, Calinda, Malibú, Casa Inn, La Palapa, Avalon Scalibur, Club Dorado, Valentino, Aca Bay, Capri, Sunset Inn, Los Pericos y Playa Suave.El titular del Comité de Vigilancia de la Comisión de Tiempo Compartido, Guillermo Catalán Martínez, informó que hay tres casos de compradores que acudieron a la oficina para confirmar la existencia de empresas donde habían invertido.Esto se debe –dijo– a que antes en el Tiempo Compartido se defraudaba a los clientes, pero que en estos casos los desarrollos turísticos están debidamente regulados. Incluso los turistas solicitaron se les mostrara el expediente para confirmarlo, a lo cual tuvieron acceso. (Raquel Santiago Maganda)

* En 2001 la Dirección de Tránsito reportó 651 percances, informa el titular Miguel Rodríguez Bocanegra * La mayoría de los percances, por exceso de velocidad, dice  

Jorge Nava * En el primer semestre de este año, por lo menos siete personas han muerto en 160 accidentes en los que están involucrados choferes de camiones urbanos.Según estadísticas de la Dirección de Tránsito, en 2001 la dependencia registró 651 accidentes en los que se vieron involucrados los choferes de camiones urbanos.Según datos proporcionados por el director de Tránsito, Miguel Rodríguez Bocanegra, dos de los decesos fueron en el mes de marzo, uno en mayo, otro en junio y tres en julio.Además, informó que de los accidentes en que están involucrados taxistas, la estadística de muertes por ese motivo indica que sólo hubo un caso ocurrido en mayo de este año.De los percances que involucran a conductores de urbanos, la estadística señala que se detuvieron a 68 de 129 responsables, mientras que a 31 no se les comprobó la culpabilidad.Detalla que hubo 115 choques, 31 atropellamientos, 11 pasajeros que se cayeron de alguna unidad, 76 lesionados y daños materiales por un millón 364 mil 40 pesos.Rodríguez Bocanegra reiteró que la mayoría de los accidentes ocurridos en el año, se deben al exceso de velocidad con que la mayoría de los choferes de urbanos conducen.Entrevistado la semana pasada sobre el caso de la vecina de la colonia Jardín, Marcelina Bernal Piza, quien pereció al ser arrollada por un camión urbano a la altura de la Comercial Mexicana de Las Hamacas, el pasado jueves 25 de julio, el funcionario indicó que fue por la “imprudencia” del chofer, el cual además estaba fuera de ruta.Cuestionó el que la Dirección Técnica del Transporte y Vialidad del estado otorga permisos a los choferes de camiones urbanos “sonajas”, llamados así porque traen televisión y bocinas, “las cuales contribuyen a los accidentes”.Agregó que los choferes pierden el sentido al escuchar la música o ver la televisión.De las acciones de la dependencia para evitar esto, Rodríguez Bocanegra subrayó que ya no se regularizan los vehículos si no son revisados antes, pues infringen el reglamento de Tránsito Municipal y la Ley de Transporte.

Llamó al director Técnico de Transporte y Vialidad del estado, Reynaldo Echeverría Medrano, para que ayude a Tránsito municipal, pues argumentó que el Reglamento de Tránsito tiene “limitaciones, mientras que la Ley de Transporte y Vialidad del estado cuenta con atribuciones legales para regular el problema de los urbanos y con ellos evitar tragedias”.Con base a las estadísticas, Rodríguez Bocanegra indicó que la mayoría de los percances donde se implican los conductores de urbanos, los responsables son menores de edad.Agregó que también la culpa recae en los permisionarios y los dueños de esas unidades, pues dan las llaves a menores de edad con el argumento de que fueron chalanes o auxiliares.De la participación de la Delegación de Transporte y Vialidad de la zona Centro, Rodríguez Bocanegra dijo que dentro del programa que lleva a cabo Tránsito se analizó que dentro del Reglamento se señala en algunos apartados las facultades para detener las unidades hasta 36 horas.Añadió que también pueden suspender las licencias de los choferes.Pidió que el Ministerio Público siga los casos, “no nada más el accidente por el accidente y que se olvide de lo que pasó, sino que le dé seguimiento a través del dueño del vehículo para que brinde información del domicilio del chofer y con esto pague su culpa el que infrinja la ley”.Del accidente en el que pereció Bernal Piza, donde algunos presentes señalaron que los agentes de Tránsito, Guillermo Olea Salgado y Alberto Castrejón, ayudaron para que el chofer se diera a la fuga, Rodríguez Bocanegra defendió que los agentes “no son de seguridad, sino una policía de vialidad”.Añadió que si hubiera hablado el chofer con algún policía en ese mismo momento lo detienen. “Desgraciadamente la propia ciudadanía lo protegió y no lo pudimos aprehender”.“Nosotros le hemos pedido al Ministerio Público que le dé seguimiento”.El funcionario explicó que dentro de las acciones no es se marca primera tarea el retiro de los aparatos de sonido y televisión de los urbanos,k sino que primero se abocan a regularizar y a decirles a los concesionarios que pinten sus unidades y contraten personal responsable.Argumentó que se retirarán los aparatos de sonido pero con base a la ley, porque “no es quitar por quitar los sonidos”.Para ello, explicó que elaboró un cuadro para hacer responsables a los concesionarios.Aclaró que no han detenido a choferes porque no son autoridad, sino que solamente detuvieron a nueve urbanos que incluso todavía se hallan en el corralón de Tránsito.

Integrantes de la familia Niño Palma, desalojados del cerro del Tigre, se manifestaron ayer en la Escénica para denunciar que no se ha agilizado la demanda que ellos presentaron para demostrar la posesión del predio.Luego de que el pasado 4 de mayo agentes de la Policía del Estado desalojaron a la familia Niño Palma, ésta volvió a manifestarse en las casas de campaña que instalaron en las faldas del cerro del Tigre, a la orilla de esa vialidad.En dos mantas, los integrantes de la familia reclamaron al gobierno del estado por “despojar, violar las garantías individuales y derechos humanos de los campesinos de Guerrero”.En la otra se dirigen al presidente de la República, Vicente Fox, a quien le exigen “respeto y justicia” por las tierras que, aseguran, poseen desde 1942.Además, en esa segunda manta argumentan que la tierra es de quien la “habita y la trabaja”.Niños, jóvenes y ancianos que dicen pertenecer a la familia Niño Palma se apostaron con las mantas, mientras que al entrevistarse a Noemí Niño Palma detalló que sus familiares fueron desalojados la madrugada del 4 de mayo; y ahora que entablaron un juicio en el juzgado cuarto de distrito, les dan largas.Señaló que la resolución se daría a conocer el pasado 10 de julio, pero la pospusieron para el 26, y ahora les informó el juzgado que será hasta el 8 de agosto.Pidió que se les resuelva el caso porque el lugar donde se colocaron en protesta no es apto para los hijos pequeños de sus familiares, e insistió en que se retiren las órdenes de aprehensión contra su padre y su hermana, Marta Niño.Señaló que el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno estatal, Juan Faril, ha dialogado con ellos para pedirles que se “quiten” porque invaden la vía pública.Sin embargo señaló que no les habla acerca de la devolución de sus tierras, pese a que aseguró que los Niño “tienen derecho sobre la tierra” porque ya hubo una restitución decretada el 13 de mayo en 1996 por juez. (Jorge Nava)

 Hallan cadáver en la Hermengildo Galeana

 En la calle principal de la colonia Hermenegildo Galeana fue encontrado la mañana de ayer el cadáver de quien en vida respondió a Alberto Ramírez Jacinto, vecino de ese lugar y cuyos familiares desconocen quien lo mató.A las 9 horas, personal de la tercera agencia investigadora del Ministerio Público acudió a esa demarcación junto con personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para levantar el cuerpo y efectuar la  necropcia de ley.La dependencia comenzó la averiguación previa Tab/3ª/0909/2002-2.Sobre los hechos, el hermano de Ramírez Jacinto, quien contaba con 42 años de edad y era técnico en electrónica, declaró en el MP que la noche del sábado se fue a embriagar con un vecino del lugar, de quien desconoce su nombre. (Jorge Nava)

 Agentes de Tránsito golpean a padre de familia, denuncian

 Vecinos de El Bejuco se quejaron porque ayer no había personal que recibiera una queja contra siete agentes de Tránsito que golpearon ayer mismo a uno de sus familiares.A la Secretaría de Protección y Vialidad se presentó la tarde de ayer Ana María Cristina Escalante, pues se lesionó en una de sus rodillas cuando siete agentes de Tránsito discutieron con su esposo cerca de Las Torres Gemelas.La agraviada dijo en entrevista que iba con sus tres hijos y su esposo al poblado de El Cayaco, pues allí abordarían una combi que los llevará a la comunidad de El Bejuco, lugar de donde son originarios.Explicó que abordaron el taxi de la ruta Coloso, placas 5118FFA, pero como su esposo estaba ebrio discutió con el taxista, a quien ya le habían pagado.Agregó que le pidió al taxista que les regresara el dinero del pasaje para evitar que su esposo continuara con la discusión. Sin embargo, el taxista descendió de la unidad para bajar a golpes a su esposo, mientras que se acercaron los agentes de Tránsito para apoyarlo.Dijo que cuando comenzaron los jaloneos, ella intervino y en un empujón cayó y se provocó una herida en una de sus rodillas.La agraviada dijo no conocer los nombres de los agentes, por lo que únicamente el personal de la dependencia le recomendó que fuera a las 9 horas de hoy lunes al departamento de Quejas.

* Carrillo Prieto visitó las seis tumbas de los campesinos asesinados el 24 de abril de 1973 * Estuvo acompañado por ex guerrilleros y familiares de desaparecidos

Francisco Magaña, corresponsal, Los Piloncillos, sierra de Atoyac * Se compromete el fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, ante viudas y familiares de los campesinos asesinados en ese lugar, a investigar y castigar a los responsables de este delito cometido el 24 de abril de 1973.

En la visita de Carrillo Prieto, custodiado por efectivos de la policía preventiva del ayuntamiento de Atoyac, los habitantes de esta población enclavada en la sierra, donde vivió un tiempo Juan Alvarez, los lugareños exigían en una manta color blanca con letras manuscritas, al presidente de la República Vicente Fox, la reconstrucción del camino hasta el entronque de Los Piloncillos, el cual presenta ya deslaves como consecuencia de las lluvias en esa zona, la instalación de un centro de Salud y apoyo inmediato a la cafeticultura, actividad principal de los habitantes.

Antes del arribo Carrillo Prieto, personal de la Fiscalía Especial alterna de Atoyac, montó en el lugar donde fueron asesinados los seis campesinos seis cruces de madera con flores típicas de la región, las cuales fueron visitadas por el fiscal. Asimismo pobladores del lugar narraron con corridos el suceso de 1973, y confirmaron la fecha precisa, pues la semana anterior durante la visita del equipo de la Fiscalía, hubo un error, y los testimonios manejaron la fecha de 1974.

En nombre de la comunidad una joven de nombre Magdalena Calderón Vega, expresó al fiscal especial que para ellos era valiosa su presencia en este lugar apartado que fue víctima de la represión en los años setenta y  dijo: “Le pedimos que ya no haya más atropellos por parte del gobierno, si usted viene con toda la sinceridad hacia nosotros, podemos decirle que tiene las puertas abiertas y esperamos que no sea sólo una simple visita  y ojalá tengamos respuesta positiva para toda la comunidad y para bien de nuestro país y la sociedad a la que pertenecemos”.

El fiscal especial estuvo acompañado de invitados especiales, entre ellos los ex guerrilleros Humberto Rivera Leyva y Vicente Estrada, y los ex combatiente de la Liga Comunista 23 de Septiembre Mario Ramírez y Arturo Gallegos, y la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem), Tita Radilla Martínez.

El fiscal respondió al cuestionamiento de que no sólo fuera una visita a la población, y señaló que el espíritu que los anima a venir a esa población es el respeto a ellos, dijo que sería una falta de respeto y de sus compañeros presentarse con otro ánimo e intensión que no sea el de la justicia.

Mencionó que el objetivo es ponerse a sus órdenes y llegar a este lugar, en donde se perpetraron crímenes que no pueden quedar sin castigo que deben responder por ellos los responsables de esas conductas, la cual es la tarea que tiene asignada y está empañando todo su esfuerzo y no lo van a detener.

Indicó que su mejor escudo y arma es la ley la cual se aplicará en este caso sin excepción en este delito que no es incalificable, sino perfectamente calificable y castigable, según el Código Penal, con opiniones nacionales e internacionales porque estos hechos ofenden a toda la comunidad, sostuvo.

En nombre de las viudas y familiares, la señora Teodora Vega Carbajal expresó que la masacre que dejó una estela de dolor en la población trajo consigo la orfandad de 19 niños y seis viudas que por aproximadamente 30 años han sufrido la impunidad en este hecho, que mantiene hasta la fecha en zozobra a sus habitantes.

Confirmaron que el 24 de abril de 1973 llegaron muchos federales a la población, a los cuales vio la señora Teodora Vega que se encontró con ellos cuando ella llevaba la comida a su esposo que había salido ya a trabajar.

Dijo que los soldados le preguntaron a dónde se dirigía y minutos después escuchó disparos, a las 8 de la mañana, y cuando regresó encontró a las mujeres y se regresó a decirle a su esposo y a su cuñado que no llegaran al pueblo y las mujeres cuidaron los cuerpos que estaban destrozados para que los perros no se los llevaran y fueron los hombres los que los recogieron después de que regresaron y los velaron en un aula de la escuela.

Informó al fiscal que un día anterior a la masacre ella en El Paraíso observó a muchos militares y nunca se imaginó que fueran a Los Piloncillos, donde sus habitantes siempre se han dedicado a su trabajo.

El ex combatiente del Partido de los Pobres que encabezó Lucio Cabañas, Humberto Rivera Leyva, hoy con oficio de carpintero después de ser preso político, reiteró al fiscal especial que los que perpetraron el crimen en ese lugar fueron militares y no seguidores de Lucio Cabañas, como trató de vincular el Ejército.

Expresó en entrevista que él era participante de la organización que dirigía Lucio Cabañas, y eso le da certeza en lo que dice, y que la guerrilla de Lucio Cabañas nunca estuvo en este lugar ni antes ni después de la matanza. Recordó que cumplió una condena de cinco años en una cárcel de Iguala por una operación militar que desarrolló a favor del guerrillero atoyaquense.

Indicó que la matanza de los seis campesinos fue una acción del Ejército de aquel entonces y enfatizó que no fue la llamada Brigada Blanca, grupo policiaco ssecreto de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal.

Dijo que Lucio Cabañas, fue informado del asesinato de los seis campesinos un mes después, en un campamento en la sierra de Atoyac, ya que muchos civiles vigilaban todos los movimientos. Explicó que el hecho entristeció a Lucio Cabañas quien incluso lloró a solas después de que salió del campamento.

Por su parte, el fiscal especial en entrevista, indicó que la atención a este caso busca llegar a la indemnización y cuidado y tratamiento de los familias de las victimas que consideró que fueron ejecutados, así como un trabajo de integración e investigación de la averiguación previa, aunque dijo que el caso se cierra con el castigo a los responsables.

El caso de Gilberto Romero Vázquez

Ante la molestia de los miembros de su equipo, que desaprobaban las preguntas de este reportero por los cuestionamientos de las deficiencias de la Fiscalía alterna en este municipio, por la manera en que fueron tratados el día domingo algunos familiares de desaparecidos, que fueron citados desde las 9:00 de la mañana y en ayunas para la muestra de toma de sangre y fueron atendidos después de las 4 de la tarde, ya que la oficina estuvo casi toda la semana acéfala, argumentó que carecen de recursos humanos para atender todas la situaciones.

La falta de personal ha retrasado por cinco ocasiones la denuncia de la esposa de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido el 24 de mayo de 1995, miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, de quien iban a reclamar su presentación contingentes de la sierra de Coyuca de Benítez cuando fueron reprimidos cpn la masacre de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995.

La desaparición de Gilberto Romero Vázquez es pieza clave del caso Aguas Blancas señaló la vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla Martínez, y criticó que a pesar de ello no se le ha tomado la declaración a su esposa. El fiscal señaló que desconocía el caso aun cuando dijo que la Fiscalía Especial atiende todas las denuncias hasta un día anterior a su creación.

Alfredo Mondragón * El diputado local del PRD y candidato a la alcaldía de Atoyac, región afectada por la guerra sucia de los años setenta, Octaviano Santiago Dionicio, consideró que ya es tiempo para que el fiscal especial para desaparecidos, Ignacio Carrillo Prieto, cite a declarar al ex procurador de Justicia de Guerrero, Carlos Ulises Acosta Viques, y al ex general Mario Arturo Acosta Chaparro, porque “saben donde están o que pasó con los detenidos, vivos o muertos”.

Santiago Dionicio, quien fue desaparecido político en el año 1978, consideró que “debería de actuar, el tiempo que lleva integrando las averiguaciones es suficiente para llamar a declarar a quienes hemos señalado como responsables directos de las desapariciones como al ex procurador Acosta Viques y al ex general Acosta Chaparro” preso en el campo militar número 1 por nexos con el narcotráfico.

El fiscal especial Carrillo Prieto declaró este fin de semana al diario La Jornada que es probable que desaparecidos víctimas de la guerra sucia de la década de los setenta, podrían estar detenidos en cárceles clandestinas y que quizás algunos fueron liberados pero debido a la tortura estén con problemas mentales, por lo que consideró necesario elaborar un padrón nacional de indigentes y catear predios de hoteles y empresas de la avenida Costera en Acapulco para buscar cementerios clandestinos.

Al respecto, Santiago Dionicio dijo que antes de realizar estas acciones, el fiscal especial, Carrillo Prieto, debería citar al general Acosta Chaparro y al ex procurador Acosta Viques, “que fue premiado por sus atrocidades con una notaría en Iguala” porque “ellos saben qué pasó con los detenidos, donde están vivos o muertos, independientemente de las órdenes de cateo”.

Con respecto a que las víctimas podrían estar en cárceles clandestinas o deambulando en las ciudades como indigentes con problemas mentales, Santiago Dionicio consideró que el fiscal especial, “si tiene indicios que lo indique y llamar a declarar a quienes hemos señalado como responsables y ahí vendrá todo lo demás porque se empiezan a morir los torturadores”.

El legislador sufrió la desaparición de su esposa, María Concepción Jiménez Rendón, y él fue desaparecido político y torturado; además otras personas como Fredy Radilla Silvo, Paulo Santana López, Eusebio Peñaloza Silvia, José Guadalupe Hernández “quienes fueron vistos en prisión por la profesora universitaria Alejandra Cárdenas Santana y su esposo Antonio Hernández en la década de los setenta”.

El diputado local del PRD llamó a la Fiscalía Especial para desaparecidos a que “no rompa la esperanza que ha generado su desempeño y llegue hasta donde tiene que llegar”.

Karina Contreras * El fiscal especial para crímenes políticos y sociales del pasado reciente, Ignacio Carrillo Prieto, dijo que el caso Aguas Blancas apenas se está analizando “para ver si somos la instancia competente para conocer e investigar esos hechos”.

Cuando se le preguntó si llamará a declarar al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, al ex secretario general de Gobierno y aspirante a diputado del PRI, Rubén Robles Catalán, y otros funcionarios involucrados, cortó la pregunta y dijo: “Estamos estudiando la denuncia, y después de estudiarla ya sabremos a quién debemos de llamar a declarar”. Agregó que “todos los que tengan que declarar,  declararán”.

En una conferencia de prensa en las oficinas alternas de la Fiscalía Especial, en la Universidad Americana de Acapulco, el sábado 27, Carrillo Prieto dijo que es importante ir al encuentro de las denuncias.

Por momentos se mostró serio cuando se le cuestionó si llamaría al Ejército y contestó que “los responsables son personas no instituciones”. Agregó que se va a llamar a todas las “personas no importa su calidad o profesión sólo que hayan cometido o no delitos”. Dijo que se va a llamar a todos los que se tenga que llamar.

Más sereno señaló que hasta el momento se han documentado aproximadamente 200 casos que corresponden a Acapulco, Atoyac y las comunidades aledañas al puerto.

Dijo que todavía falta un camino largo y muy complicado, y que las cosas de la justicia no se resuelven en dos o cuatro días, en meses. Dijo que han pasado muchos años, por lo que se tienen que hacer averiguaciones bien integradas.

Señaló Carrillo Prieto que hasta donde él tiene conocimiento son más de 600 casos de desaparecidos.

El fiscal dijo que como no se puede prefijar el tiempo que va a tardar una investigación, que la complicación de los hechos puede hacerla mucho más larga o ahondar en determinados puntos, de tal manera, como en toda investigación tanto en las académicas como en las ministeriales “no hay un tiempo prefijado para concluirlas,  no podría haberlas”.

Cuando se le cuestionó que si habrá carpetazo serio respondió: “Yo nunca le doy carpetazos a nada”.

A Carrillo Prieto se le preguntó que si la fiscalía tiene la capacidad de atraer todos los casos de masacre, incluyendo una más reciente como el caso Aguas Blancas contestó que “el Estado mexicano tiene esa capacidad, y la Fiscalía tiene que contar con los recursos del Estado mexicano, el Estado mexicano tiene los recursos para atender todos lo casos”.

Ante esto, se le preguntó cuál es el límite de la Fiscalía Especial y señaló que “el límite es que los hechos hayan ocurrido antes de su constitución que es el 27 de noviembre de 2001”. De ese año para atrás son casos que pueden denunciar en la Fiscalía Especial.

Finalizó diciendo que se requiere del  impulso y de cobertura social, eso es muy importante para este trabajo. El empuje, el impulso de las organizaciones, su mirada atenta a lo que se está haciendo obligará a que todo sea transparente y absolutamente consecuente con las reglas jurídicas que gobiernan este procedimiento.