Hallan cadáver en la Hermengildo Galeana

 En la calle principal de la colonia Hermenegildo Galeana fue encontrado la mañana de ayer el cadáver de quien en vida respondió a Alberto Ramírez Jacinto, vecino de ese lugar y cuyos familiares desconocen quien lo mató.A las 9 horas, personal de la tercera agencia investigadora del Ministerio Público acudió a esa demarcación junto con personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para levantar el cuerpo y efectuar la  necropcia de ley.La dependencia comenzó la averiguación previa Tab/3ª/0909/2002-2.Sobre los hechos, el hermano de Ramírez Jacinto, quien contaba con 42 años de edad y era técnico en electrónica, declaró en el MP que la noche del sábado se fue a embriagar con un vecino del lugar, de quien desconoce su nombre. (Jorge Nava)

 Agentes de Tránsito golpean a padre de familia, denuncian

 Vecinos de El Bejuco se quejaron porque ayer no había personal que recibiera una queja contra siete agentes de Tránsito que golpearon ayer mismo a uno de sus familiares.A la Secretaría de Protección y Vialidad se presentó la tarde de ayer Ana María Cristina Escalante, pues se lesionó en una de sus rodillas cuando siete agentes de Tránsito discutieron con su esposo cerca de Las Torres Gemelas.La agraviada dijo en entrevista que iba con sus tres hijos y su esposo al poblado de El Cayaco, pues allí abordarían una combi que los llevará a la comunidad de El Bejuco, lugar de donde son originarios.Explicó que abordaron el taxi de la ruta Coloso, placas 5118FFA, pero como su esposo estaba ebrio discutió con el taxista, a quien ya le habían pagado.Agregó que le pidió al taxista que les regresara el dinero del pasaje para evitar que su esposo continuara con la discusión. Sin embargo, el taxista descendió de la unidad para bajar a golpes a su esposo, mientras que se acercaron los agentes de Tránsito para apoyarlo.Dijo que cuando comenzaron los jaloneos, ella intervino y en un empujón cayó y se provocó una herida en una de sus rodillas.La agraviada dijo no conocer los nombres de los agentes, por lo que únicamente el personal de la dependencia le recomendó que fuera a las 9 horas de hoy lunes al departamento de Quejas.

* Carrillo Prieto visitó las seis tumbas de los campesinos asesinados el 24 de abril de 1973 * Estuvo acompañado por ex guerrilleros y familiares de desaparecidos

Francisco Magaña, corresponsal, Los Piloncillos, sierra de Atoyac * Se compromete el fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, ante viudas y familiares de los campesinos asesinados en ese lugar, a investigar y castigar a los responsables de este delito cometido el 24 de abril de 1973.

En la visita de Carrillo Prieto, custodiado por efectivos de la policía preventiva del ayuntamiento de Atoyac, los habitantes de esta población enclavada en la sierra, donde vivió un tiempo Juan Alvarez, los lugareños exigían en una manta color blanca con letras manuscritas, al presidente de la República Vicente Fox, la reconstrucción del camino hasta el entronque de Los Piloncillos, el cual presenta ya deslaves como consecuencia de las lluvias en esa zona, la instalación de un centro de Salud y apoyo inmediato a la cafeticultura, actividad principal de los habitantes.

Antes del arribo Carrillo Prieto, personal de la Fiscalía Especial alterna de Atoyac, montó en el lugar donde fueron asesinados los seis campesinos seis cruces de madera con flores típicas de la región, las cuales fueron visitadas por el fiscal. Asimismo pobladores del lugar narraron con corridos el suceso de 1973, y confirmaron la fecha precisa, pues la semana anterior durante la visita del equipo de la Fiscalía, hubo un error, y los testimonios manejaron la fecha de 1974.

En nombre de la comunidad una joven de nombre Magdalena Calderón Vega, expresó al fiscal especial que para ellos era valiosa su presencia en este lugar apartado que fue víctima de la represión en los años setenta y  dijo: “Le pedimos que ya no haya más atropellos por parte del gobierno, si usted viene con toda la sinceridad hacia nosotros, podemos decirle que tiene las puertas abiertas y esperamos que no sea sólo una simple visita  y ojalá tengamos respuesta positiva para toda la comunidad y para bien de nuestro país y la sociedad a la que pertenecemos”.

El fiscal especial estuvo acompañado de invitados especiales, entre ellos los ex guerrilleros Humberto Rivera Leyva y Vicente Estrada, y los ex combatiente de la Liga Comunista 23 de Septiembre Mario Ramírez y Arturo Gallegos, y la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem), Tita Radilla Martínez.

El fiscal respondió al cuestionamiento de que no sólo fuera una visita a la población, y señaló que el espíritu que los anima a venir a esa población es el respeto a ellos, dijo que sería una falta de respeto y de sus compañeros presentarse con otro ánimo e intensión que no sea el de la justicia.

Mencionó que el objetivo es ponerse a sus órdenes y llegar a este lugar, en donde se perpetraron crímenes que no pueden quedar sin castigo que deben responder por ellos los responsables de esas conductas, la cual es la tarea que tiene asignada y está empañando todo su esfuerzo y no lo van a detener.

Indicó que su mejor escudo y arma es la ley la cual se aplicará en este caso sin excepción en este delito que no es incalificable, sino perfectamente calificable y castigable, según el Código Penal, con opiniones nacionales e internacionales porque estos hechos ofenden a toda la comunidad, sostuvo.

En nombre de las viudas y familiares, la señora Teodora Vega Carbajal expresó que la masacre que dejó una estela de dolor en la población trajo consigo la orfandad de 19 niños y seis viudas que por aproximadamente 30 años han sufrido la impunidad en este hecho, que mantiene hasta la fecha en zozobra a sus habitantes.

Confirmaron que el 24 de abril de 1973 llegaron muchos federales a la población, a los cuales vio la señora Teodora Vega que se encontró con ellos cuando ella llevaba la comida a su esposo que había salido ya a trabajar.

Dijo que los soldados le preguntaron a dónde se dirigía y minutos después escuchó disparos, a las 8 de la mañana, y cuando regresó encontró a las mujeres y se regresó a decirle a su esposo y a su cuñado que no llegaran al pueblo y las mujeres cuidaron los cuerpos que estaban destrozados para que los perros no se los llevaran y fueron los hombres los que los recogieron después de que regresaron y los velaron en un aula de la escuela.

Informó al fiscal que un día anterior a la masacre ella en El Paraíso observó a muchos militares y nunca se imaginó que fueran a Los Piloncillos, donde sus habitantes siempre se han dedicado a su trabajo.

El ex combatiente del Partido de los Pobres que encabezó Lucio Cabañas, Humberto Rivera Leyva, hoy con oficio de carpintero después de ser preso político, reiteró al fiscal especial que los que perpetraron el crimen en ese lugar fueron militares y no seguidores de Lucio Cabañas, como trató de vincular el Ejército.

Expresó en entrevista que él era participante de la organización que dirigía Lucio Cabañas, y eso le da certeza en lo que dice, y que la guerrilla de Lucio Cabañas nunca estuvo en este lugar ni antes ni después de la matanza. Recordó que cumplió una condena de cinco años en una cárcel de Iguala por una operación militar que desarrolló a favor del guerrillero atoyaquense.

Indicó que la matanza de los seis campesinos fue una acción del Ejército de aquel entonces y enfatizó que no fue la llamada Brigada Blanca, grupo policiaco ssecreto de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal.

Dijo que Lucio Cabañas, fue informado del asesinato de los seis campesinos un mes después, en un campamento en la sierra de Atoyac, ya que muchos civiles vigilaban todos los movimientos. Explicó que el hecho entristeció a Lucio Cabañas quien incluso lloró a solas después de que salió del campamento.

Por su parte, el fiscal especial en entrevista, indicó que la atención a este caso busca llegar a la indemnización y cuidado y tratamiento de los familias de las victimas que consideró que fueron ejecutados, así como un trabajo de integración e investigación de la averiguación previa, aunque dijo que el caso se cierra con el castigo a los responsables.

El caso de Gilberto Romero Vázquez

Ante la molestia de los miembros de su equipo, que desaprobaban las preguntas de este reportero por los cuestionamientos de las deficiencias de la Fiscalía alterna en este municipio, por la manera en que fueron tratados el día domingo algunos familiares de desaparecidos, que fueron citados desde las 9:00 de la mañana y en ayunas para la muestra de toma de sangre y fueron atendidos después de las 4 de la tarde, ya que la oficina estuvo casi toda la semana acéfala, argumentó que carecen de recursos humanos para atender todas la situaciones.

La falta de personal ha retrasado por cinco ocasiones la denuncia de la esposa de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido el 24 de mayo de 1995, miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, de quien iban a reclamar su presentación contingentes de la sierra de Coyuca de Benítez cuando fueron reprimidos cpn la masacre de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995.

La desaparición de Gilberto Romero Vázquez es pieza clave del caso Aguas Blancas señaló la vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla Martínez, y criticó que a pesar de ello no se le ha tomado la declaración a su esposa. El fiscal señaló que desconocía el caso aun cuando dijo que la Fiscalía Especial atiende todas las denuncias hasta un día anterior a su creación.

Alfredo Mondragón * El diputado local del PRD y candidato a la alcaldía de Atoyac, región afectada por la guerra sucia de los años setenta, Octaviano Santiago Dionicio, consideró que ya es tiempo para que el fiscal especial para desaparecidos, Ignacio Carrillo Prieto, cite a declarar al ex procurador de Justicia de Guerrero, Carlos Ulises Acosta Viques, y al ex general Mario Arturo Acosta Chaparro, porque “saben donde están o que pasó con los detenidos, vivos o muertos”.

Santiago Dionicio, quien fue desaparecido político en el año 1978, consideró que “debería de actuar, el tiempo que lleva integrando las averiguaciones es suficiente para llamar a declarar a quienes hemos señalado como responsables directos de las desapariciones como al ex procurador Acosta Viques y al ex general Acosta Chaparro” preso en el campo militar número 1 por nexos con el narcotráfico.

El fiscal especial Carrillo Prieto declaró este fin de semana al diario La Jornada que es probable que desaparecidos víctimas de la guerra sucia de la década de los setenta, podrían estar detenidos en cárceles clandestinas y que quizás algunos fueron liberados pero debido a la tortura estén con problemas mentales, por lo que consideró necesario elaborar un padrón nacional de indigentes y catear predios de hoteles y empresas de la avenida Costera en Acapulco para buscar cementerios clandestinos.

Al respecto, Santiago Dionicio dijo que antes de realizar estas acciones, el fiscal especial, Carrillo Prieto, debería citar al general Acosta Chaparro y al ex procurador Acosta Viques, “que fue premiado por sus atrocidades con una notaría en Iguala” porque “ellos saben qué pasó con los detenidos, donde están vivos o muertos, independientemente de las órdenes de cateo”.

Con respecto a que las víctimas podrían estar en cárceles clandestinas o deambulando en las ciudades como indigentes con problemas mentales, Santiago Dionicio consideró que el fiscal especial, “si tiene indicios que lo indique y llamar a declarar a quienes hemos señalado como responsables y ahí vendrá todo lo demás porque se empiezan a morir los torturadores”.

El legislador sufrió la desaparición de su esposa, María Concepción Jiménez Rendón, y él fue desaparecido político y torturado; además otras personas como Fredy Radilla Silvo, Paulo Santana López, Eusebio Peñaloza Silvia, José Guadalupe Hernández “quienes fueron vistos en prisión por la profesora universitaria Alejandra Cárdenas Santana y su esposo Antonio Hernández en la década de los setenta”.

El diputado local del PRD llamó a la Fiscalía Especial para desaparecidos a que “no rompa la esperanza que ha generado su desempeño y llegue hasta donde tiene que llegar”.

Karina Contreras * El fiscal especial para crímenes políticos y sociales del pasado reciente, Ignacio Carrillo Prieto, dijo que el caso Aguas Blancas apenas se está analizando “para ver si somos la instancia competente para conocer e investigar esos hechos”.

Cuando se le preguntó si llamará a declarar al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, al ex secretario general de Gobierno y aspirante a diputado del PRI, Rubén Robles Catalán, y otros funcionarios involucrados, cortó la pregunta y dijo: “Estamos estudiando la denuncia, y después de estudiarla ya sabremos a quién debemos de llamar a declarar”. Agregó que “todos los que tengan que declarar,  declararán”.

En una conferencia de prensa en las oficinas alternas de la Fiscalía Especial, en la Universidad Americana de Acapulco, el sábado 27, Carrillo Prieto dijo que es importante ir al encuentro de las denuncias.

Por momentos se mostró serio cuando se le cuestionó si llamaría al Ejército y contestó que “los responsables son personas no instituciones”. Agregó que se va a llamar a todas las “personas no importa su calidad o profesión sólo que hayan cometido o no delitos”. Dijo que se va a llamar a todos los que se tenga que llamar.

Más sereno señaló que hasta el momento se han documentado aproximadamente 200 casos que corresponden a Acapulco, Atoyac y las comunidades aledañas al puerto.

Dijo que todavía falta un camino largo y muy complicado, y que las cosas de la justicia no se resuelven en dos o cuatro días, en meses. Dijo que han pasado muchos años, por lo que se tienen que hacer averiguaciones bien integradas.

Señaló Carrillo Prieto que hasta donde él tiene conocimiento son más de 600 casos de desaparecidos.

El fiscal dijo que como no se puede prefijar el tiempo que va a tardar una investigación, que la complicación de los hechos puede hacerla mucho más larga o ahondar en determinados puntos, de tal manera, como en toda investigación tanto en las académicas como en las ministeriales “no hay un tiempo prefijado para concluirlas,  no podría haberlas”.

Cuando se le cuestionó que si habrá carpetazo serio respondió: “Yo nunca le doy carpetazos a nada”.

A Carrillo Prieto se le preguntó que si la fiscalía tiene la capacidad de atraer todos los casos de masacre, incluyendo una más reciente como el caso Aguas Blancas contestó que “el Estado mexicano tiene esa capacidad, y la Fiscalía tiene que contar con los recursos del Estado mexicano, el Estado mexicano tiene los recursos para atender todos lo casos”.

Ante esto, se le preguntó cuál es el límite de la Fiscalía Especial y señaló que “el límite es que los hechos hayan ocurrido antes de su constitución que es el 27 de noviembre de 2001”. De ese año para atrás son casos que pueden denunciar en la Fiscalía Especial.

Finalizó diciendo que se requiere del  impulso y de cobertura social, eso es muy importante para este trabajo. El empuje, el impulso de las organizaciones, su mirada atenta a lo que se está haciendo obligará a que todo sea transparente y absolutamente consecuente con las reglas jurídicas que gobiernan este procedimiento.

Karina Contreras * El dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino Acosta, y el dirigente del Movimiento Social de Izquierda, Ranferi Hernández Acevedo, mostraron su rechazo a que el caso de la masacre de Aguas Blancas sea investigado por la Fiscalía Especial a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.

Consideran que “la Fiscalía no tiene una verdadera representación, es decir, carece de valor”.

En una visita a El Sur, Hilario Mesino Acosta dijo que desde las primeras pláticas que sostuvo con Carillo Prieto fue claro y le hizo ver que “no creía en la Fiscalía”, esto porque han pasado tantas fiscalías que nunca han dado resultados, y luego enumeró las de los casos Colosio, Ruiz Massieu entre otras.

Mesino Acosta insistió en la Comisión de la Verdad que esté integrada con personas con calidad moral comprobada así como representantes de organizaciones no gubernamentales.

Asimismo dijo que el 22 de octubre interpusieron una demanda ante la PGR por la masacre de Aguas Blancas, y se abrió una averiguación, en la que no han visto avance.

La PGR, para no investigar, turnó el caso a la Fiscalía, y por eso rechaza que la investigación sea atraída por la Fiscalía y exige que sea investigada por la PGR.

Dijo que ahora Figueroa Alcocer dice que va a declarar en la Fiscalía, “esto porque seguro lo van a proteger”, opinó.

Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo dijo que el caso de Aguas Blancas debe ser investigado por la PGR y el procurador Rafael Macedo de la Concha.

Dijo que esperarán un mes para que Macedo de la Concha reciba a una comisión para solicitar que el caso se lleve en esa dependencia.

Asimismo se le pedirá que el estado mexicano reconozca su responsabilidad en la masacre de Aguas Blancas, porque definitivamente es una masacre por la política del mismo estado, afirmó.

Dijo que la Fiscalía es un parapeto de la PGR para dejar intacta la imagen del procurador. Exigieron que la PGR asuma su responsabilidad ante los demandantes y frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Insistió en que también se cite a declarar a la ex alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, quien puede aportar información valiosa a la investigación.

A diferencia de la posición de Hilario Mesino y Ranferi Hernández, al menos 15 sobreviventes de la masacre de Aguas Blancas manifestaron el viernes, en Coyuca de Benítez, su dispoaisicón a declarar en la Fiscalía Especial, y respaldaron la demanda que Núñez Ramos presentó ante esa instancia para que investigue la masacre de Aguas Blancas.

Hernández Acevedo cuestionó que la Fiscalía Especial esté abarcando todos los asuntos como la masacre del 68, los casos del 71, Aguas Blancas, y dijo que “el gobierno la utiliza para dar carpetazo a todo”.

Al igual que Mesino Acosta, se manifestó en favor de la creación de la comisión de la verdad, y agregó que no buscan una venganza sino que se haga justicia.

Dijo que han sabido que a los 13 policías involucrados en la masacre de Aguas Blancas se les pretende otorgar la preliberación como si fuera un delito común. Advirtieron que si esto se llega a dar, las organizaciones se movilizarán, porque esta gente participó en una masacre.

Karina Contreras * El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, acusó a los diputados priístas de intentar aprobar una ley de amnistía sólo para hacer ver a Juárez Cisneros como un demócrata para ganar simpatía para las próximas elecciones.

De la Rosa Peláez fue entrevistado este sábado, al salir del reclusorio de Las Cruces, en Acapulco, donde acompañado tambén por la diputada Rosario Merlín; el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, platicaron sobre la ley de amnistía.

Dijo que los presos políticos son luchadores sociales a los que el gobierno en afán de callar sus voces y su lucha les ha fabricado delitos como asesinatos, secuestros entre otros.

El diputado perredista mostró su desacuerdo por el planteamiento del gobierno de que la comisión de la ley de amnistía esté integrada por cinco personajes donde incluyen al procurador de Justicia, al secretario de Seguridad Pública, un magistrado, un juez, así como el representante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.

Con el último dijo estar de acuerdo, no así con los cuatro primeros porque van a palomear negando a muchos el beneficio de la amnistía.

Asimismo dijo que ellos proponen a personas de organizaciones no gubernamentales “una comisión que tenga  un criterio imparcial”, dijo.

Acusó a los diputados priístas de querer aprobar la Ley de Amnistía como una coraza que beneficie al gobernador René Juárez para presentarse ante la sociedad como un demócrata. Dijo que la fracción del PRD no permitirá que de esta ley se cobijen aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad “como son los asesinos de la masacre de Aguas Blancas”.

Dijo que los diputados priístas son una fracción paralizada sin decisión propia, a los que manda el gobernador.

Advirtió que los diputados perredistas no le darán gusto a René Juárez, ya que la ley tiene que dar libertad a todos los presos políticos y de conciencia.

Según el perredista la ley de amnistía propuesta por el Ejecutivo sólo beneficiaría a los que hayan cometido los delitos de sedición, motín, rebelión y conspiración o delitos subsecuentes. Esto –dijo– implica que necesariamente delitos que se hayan generado de las primeras cuatro categorías.

No lo aceptan porque señaló que en Guerrero los presos políticos no están acusados precisamente en esos términos, de lo que están acusados es de secuestro, es de asesinato, de violación, asaltos de ese tipo de naturaleza, es decir son delitos inventados.

Si los diputados aceptan esa ley en esos términos no alcanzarían el beneficio los compañeros por quienes tanto se ha luchado para que sean liberados; “entonces no tendría ningún sentido esa ley de amnistía”. dijo.

* Pide el diputado no partidizar la ley de amnistía

En un boletín de prensa del Congreso de Estado, difundido ayer, el presidente de la Comisión de Justicia, Ernesto Sandoval Cervantes, del PRI, opinó que “sería un error partidizar la ley de amnistía, debemos orientar nuestro esfuerzo para que el Congreso del Estado apruebe una ley de convergencia y de ideas plurales, que beneficien a los guerrerenses que desean hacer política en el marco de leyes equitativas”.

En el boletín, niega la versión difundida el viernes por el perredista Sebastián de la Rosa, en el sentido de que los diputados priístas no aceptaban incluir las propuestas de las organizaciones sociales en la ley de amnistía.

Sandoval Cervantes dijo que le extrañaba las opiniones vertidas a organizaciones en la reunión que sostuvieron con los diputados del PRD, Sebastián de la Rosa y Rosario Merlín, que “distorsiona el trabajo legislativo que estamos realizando”.

Recordó que la Comisión Plural de Justicia aprobó un calendario de actividades que está desarrollando responsablemente por sus integrantes, donde se analizan las iniciativas que enviaron el Ejecutivo estatal, el Partido de la Revolución Democrática, además de los trabajos que se recogieron en la Mesa Central de la Reforma Política.

Dice en el boletín que también se consideran en las reuniones de la Comisión de Justicia las opiniones y aportaciones del FODEG, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, la Mahatma Gandhi, además de la Ley de Amnistía de Oaxaca.

La Comisión Justicia la preside el diputado Ernesto Sandoval  Cervantes (PRI), como secretario, Esteban Mireles Martínez (PRD), y los legisladores priístas Jorge Figueroa Ayala y Moisés Villanueva de la Luz.

Sandoval dijo que la 56 legislatura seguirá atendiendo y recibiendo las opiniones que emanen de las organizaciones políticas o sociales, “no tenemos impedimento alguno”, reiteró, “el Congreso tiene las puertas abiertas a todos”.

 Jorge Nava * Agentes de Tránsito agremiados al pseudo sindicato de policías que dirige José Alberto Solís Franco, aseguraron que nunca invadieron los terrenos del cerro del Tigre, como argumenta Martha Niño Palma, lo que provocó que la Comisión de Honor y Justicia (CHJ) del ayuntamiento diera de baja a otros cuatro agentes.Esto luego de que el miércoles la presidenta CHJ, Adela Román Ocampo, anunció el cese de los agentes Wilibaldo Salgado Rojas, Rubén Casas Patiño, Manuel Díaz Herrera y Pedro Reyes. En ese momento, la edil precisó que ellos eran parte de otros ocho casos que habían quedado pendientes, una vez que el pasado 20 de mayo la comisión a su cargo emitió el primer dictamen donde dio de baja a nueve.De acuerdo a la CHJ, la medida derivó del caso de policías de Tránsito implicados en la invasión de un predio en el cerro del Tigre, y precisó que cuatro de los ocho casos pendientes fueron absueltos por no demostrarse su participación en el suceso. Esto en una conferencia de prensa efectuada el viernes en las instalaciones de la Federación de Trabajadores de la CTM, ubicada en calle Morteros, los agentes, quienes fueron acompañados por el líder de comerciantes semifijos, Antonio Valdés Andrade; el de comerciantes del Tianguis Campesino, Toña Hernández; Magdalena Zárate y comerciantes seguidores de la líderesa agremiadas al Frente Regional de Trabajadores que dirige Valdés Andrade.En ella, los agentes sostuvieron que no participaron en el enfrentamiento porque sólo acudieron ese día a invitación de Martha Niño, quien les había ofrecido los predios.Cuestionaron la forma en que la CHJ hizo la investigación de los hechos que se les imputa, porque aseguraron que no participaron en el desahogo del caso.Anunciaron que será el lunes a las 12 del día cuando vuelvan a llevar a cabo una conferencia de prensa, en la que informarán qué medidas tomarán después que se dio a conocer el cese de otros cuatro agentes.

* Nuestro mundo no va a cambiar con el rostro de un pasamontañas ni empuñando una metralleta ni esgrimiendo el machete, asegura

Ossiel Pacheco * En su homilía dominical, el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, dijo que la canonización del beato Juan Diego, por parte del papa Juan Pablo II, podría ser un impulso para lograr el reconocimiento de la dignidad de los indígenas, de su derecho a ser distintos, de su lugar en la sociedad y dentro de la iglesia.

Este domingo, Aguirre Franco no ofició la misa en la catedral de Nuestra Señora de la Soledad, pero dejó a los reporteros la homilía que dedica a la quinta visita del Papa a la ciudad de México, donde este miércoles presidirá la misa de canonización del beato Juan Diego, y un día después beatificará a los mártires de Cajonos, Oaxaca.

Aguirre Franco, quien viajó desde el sábado pasado a la ciudad de México para estar pendiente de los preparativos de la visita papal, en su mensaje pastoral dijo que la Iglesia espera que se reconozcan más plenamente los derechos de los indígenas.

“Pero lo definitivo es que lleguen a ser santos y estar con Dios en la tierra, pero si las leyes avanzaran más y por fin los indígenas salieran de la postración en la que se encuentran y lograran un estilo de vida de primer mundo, aunque sin Dios, sin fe, sin vida eterna, sin vida comunitaria, se quedarían más pobres de lo que están”, asentó.

Dijo que el papa Karol Wojtyla, a pesar de su quebrantada salud y el peso de los años, sigue ejerciendo el ministerio papal en el mundo.

Asimismo, defendió la canonización de Juan Diego y de los mártires de Oaxaca, “y por ello la iglesia los pone en los altares, porque son ejemplo para los indígenas, para los mestizos y a los de cualquier raza”.

Sostuvo que los mártires de Cajonos no fueron traidores de su pueblo y a su cultura, pues iluminados por el Evangelio supieron distinguir qué beneficiaba y que perjudicaba a sus semejantes, “por ello denunciaron las prácticas idolátricas, porque comprendieron que dañaban a la comunidad”.

“Nuestro mundo no va a cambiar con el rostro de un pasamontañas ni empuñando una metralleta ni esgrimiendo el machete de la inconformidad. Solo cambiará cuando dejemos la confusión, del odio, la anarquía, los gritos, los denuestos y las descalificaciones”, recomendó.

Llamó a los feligreses a no quedarse con lo anecdótico o lo circunstancial de la visita del Papa a México ni a fijarse sólo en las limitaciones corporales del pontífice, sino a aprehender de él.

Por su parte, la Arquidiócesis difundió ayer el mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a propósito de la quinta visita de Juan Pablo II, en el cual los obispos de México llaman a los católicos a recibir al Papa, quien llega a la ciudad de México la tarde del próximo martes, proveniente de Guatemala.

El documento contiene al calce la firma del secretario general de la CEM, Abelardo Alvarado Alcántara, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México.

Raquel Santiago Maganda * La desatención de las autoridades educativas a las peticiones de padres de familia y maestros para la construcción de aulas, origina que los solicitantes tengan que recurrir a movilizaciones para presionar a las instancias y obtener resultados, señalaron los directores de escuelas primarias: Velia Jasús Cruz Cortéz y Oscar Delgado Ramón.En la escuela primaria del turno vespertino Juan Escutia, que en el turno matutino se llama Club de Leones, desde el lunes pasado comenzaron los trabajos de construcción de 11 de 20 aulas para lo cual el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) destinó más de 2 millones de pesos, después de que maestros, padres de familia y alumnos realizaron manifestaciones en el mes de septiembre.El director Oscar Delgado Román informó que la gestión de los nuevos edificios escolares comenzó desde hace más de tres años sin obtener respuesta de las autoridades, principalmente del CAPECE.Dijo que fue hasta que los padres de familia, maestros y alumnos bloquearon en tres ocasiones la avenida Ruiz Cortines hasta que las autoridades les hicieron caso a su petición a pesar de las amenazas para desistir del movimiento.Hasta ayer, último día de clases, más de 200 estudiantes de ambos turno trabajaban en galeras provisionales hechas de lámina negra y bejareque.El compromiso del CEPECE es entregar las nuevas aulas, la dirección y los sanitarios en septiembre, para después comenzar la segunda etapa de la construcción en la escuela que tiene 52 años de haberse creado.

 Escuelas de Coyuca en malas condiciones

 En tanto, en varias de las escuelas ubicadas en la Costa Grande, cerca del epicentro sismológico, no fueron notificadas por las autoridades educativas para ser desalojadas y tampoco han sido visitadas a pesar de que su estructura representa un peligro para los niños, informó la directora de la escuela primaria 20 de Noviembre de El Embarcadero, Velia Jesús Cruz Cortez.La directora dijo que los estudiantes están expuestos a las lluvias, y los padres de familia, cuyo presidente es Héctor Vázquez, analizan la posibilidad de manifestarse para llamar la atención de las autoridades educativas.Consideró que al inicio del año escolar será cuando se organicen junto con los padres para hacer las movilizaciones, debido a la apatía que tienen por las gestiones burocráticas.Esta escuela es una de las cinco reconocidas por el director de Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Enrique Galeana Chupín, junto con la Escuela Secundaria Federal, Agustín Yánez, también ubicada en el municipio de Coyuca de Benítez, el resto son escuelas de Acapulco, entre ellas la Juan Escutia.La directora informó que otras escuelas de las comunidades de Carrera Larga, Mogollón, Compuertas y Hierbasantita, los niños están recibiendo clases en galeras de lámina y madera porque las autoridades educativas aún no les dan respuesta a sus peticiones de construcción y remozamiento de las aulas.La escuela 20 de Noviembre tiene más de 30 años, y Galeana Chupín, hace más de un mes, reconoció que representan un peligro y las autoridades notificaron que debían de ser desalojados los salones.Sin embargo, Velia Jesús Cruz aseguró que ninguna autoridad se presentó a la escuela para hacer la recomendación, dijo que el abandono de los cuatro salones fue tres días después de que los propios maestros notaron el estruendo de las aulas con el sismo de 6.1 grados de intensidad y cuyo epicentro fue la cabecera del municipio.La maestra reiteró que ninguna autoridad educativa ni del municipio anunció el desalojo de los salones. Recordó que desde 1999 le solicitaron al entonces presidente municipal José Luis de la Cruz Ramírez su intervención para rehabilitar el plantel, las solicitudes continúan sin que hasta le fecha con Julio César Diego Galeana obtengan respuesta, dijo.En el caso del CAPECE, la directora mencionó que en 1997 debido al huracán Paulina sólo fueron a tomar fotografías, y después ya no regresaron.