* Quejas también por discriminación en una discoteca, mal servicio en establecimientos e incumplimiento de contrato * Corresponden a la semana del 20 al 26 de julio, durante la cual el organismo recibió 11 denuncias, indica su titular

 Jeanette Leyva Reus * Taxistas que roban maletas, discriminación en discotecas y mal servicio, son algunas de las denuncias que se presentan diariamente en la Procuraduría del Turista, informó su titular, Jorge Muñoz Sánchez.El procurador del turista señaló que son los taxistas quienes más ilícitos cometen contra el turista, sin tomar en cuenta “el exceso que hacen en los cobros a los visitantes”.Del 20 al 26 de julio se presentaron 11 denuncias, de las cuales ocho fueron conciliadas y tres –que son las de los taxistas que robaron– están en proceso, recordó.Informó que los tres taxis son buscados por personal de la Delegación de Transportes y de la Dirección de Tránsito, y lamentó que por “la anarquía” que prevalece en ese sector, no exista un censo real con los datos de los propietarios de los taxis.En los tres casos la autoridad conoce el número económico y la matrícula de las placas, que fueron anotados y proporcionados por las víctimas.Las otras denuncias presentadas en la oficina de la Procuraduría del Turista, la cual diariamente atiende y proporciona información a los visitantes, fueron conciliadas, dijo.María Eugenia Rodríguez García, procedente de la ciudad de México, se quejó de discriminación en la discoteca Andrómedas. El acuerdo al que se llegó es que el viernes, por cortesía de la discoteca, ingresaría de forma gratuita.Mario Alberto García, del Distrito Federal, se quejó de alteración de precios y mal servicio en un taller mecánico, queja que fue solucionada.Otra más fue presentada por turistas regiomontanos, representados por Gloria Limón Alejo, quien informó que contrataron un camión en Monterrey, con guía incluido, pero éste los abandonó en la ciudad de México.

Eduardo Rodríguez, también de Monterrey, denunció incumplimiento de contrato por parte del hotel Suites Alba, donde reservó pero no le cumplieron lo pactado vía telefónica.También de ese estado, Sagrario González y José Guadalupe Jaramillo denunciaron una casa que ofrece servicios de hospedaje –de la llamada oferta extrahotelera– en Costa Azul, en la calle James Cook, cuyo propietario no querían respetar lo pactado con anterioridad.Situación similar se denunció en la calle Gaviotas, del fraccionamiento Las Playas.Tak Ching, canadiense de origen asiático, acudió a la Proctur a denunciar incumplimiento de contrato por parte del hotel Costa Club, situación que –aseguró el titular de la dependencia– fue solucionada.Debido al mal tiempo y por órdenes de la Capitanía de Puerto, más de 80 personas que contrataron y pagaron los servicios del yate recreativo Aca Tiki tuvieron que ser regresadas al muelle. Sin embargo, los administradores del barco se rehusaban a devolver el dinero, pero el hecho finalmente fue conciliado y se devolvieron aproximadamente diez mil pesos a los afectados.Finalmente, Jorge Muñoz exhortó a los prestadores de servicios, y principalmente a los taxistas, a no abusar del turista y pidió respeto hacia ellos “porque han elegido el puerto para vacacionar, y si los tratan mal, son robados, difícilmente querrán regresar”.

 * La CFE sigue en primer lugar con 900 denuncias, indica el jefe de Servicios al Consumidor, Víctor Manuel Morales Roque

 Jeanette Leyva Reus * En esta temporada de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sólo ha registrado ocho quejas de vacacionistas, lo que representa una reducción de 40 por ciento en comparación con el año pasado, informó el jefe de Servicios al Consumidor, Víctor Manuel Morales Roque.Entrevistado en su oficina, el funcionario señaló que el número de inconformidades, durante la temporada de verano ha tenido una baja considerable.Dijo que han dado 585 asesorías a igual número de turistas.De las ocho quejas presentadas, las cuales –explicó– ya se conciliaron, cinco fueron contra restaurantes ubicados en las áreas de Puerto Marqués, Caleta y La Roqueta. “Tres denuncias más fueron contra hospederías de la llamada oferta extrahotelera”, precisó.Morales Roque indicó que el número de quejas presentadas por los visitantes disminuyó 40 por ciento, en comparación con el verano pasado.Como parte de las operaciones permanentes de la Profeco, señaló que ayer, en compañía con el comisionado estatal de Tiempo Compartido, Guillermo Catalán Martínez, efectuaron un recorrido por la zona hotelera a fin de descubrir irregularidades de desarrolladores turísticos –vendedores de tiempo compartido–, pero no encontraron ningún problema.Explicó que será hasta fin de agosto cuando los módulos de atención al consumidor, instalados a lo largo de la Costera, sean retirados; dichos módulos funcionan de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y se colocaron en el asta bandera, Revolcadero, Puerto Marqués, Caleta y La Diana.Por otra parte, dijo que las quejas presentadas por los acapulqueños son en su mayoría contra la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México, de las cuales la CFE ocupa el primer lugar con 900, y se han brindado igual número igual de asesorías. Mientras que –agregó– Telmex se ubica en segundo lugar, con 600 quejas.El jefe de Atención al Consumidor también anunció que se firmó el primer convenio de colaboración con CAPAMA, a fin de agilizar la conciliación inmediata entre el quejoso y la paramunicipal.Aprovechó para hacer un llamado a empresas privadas o dependencias a que formalicen el convenio de colaboración.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Representantes del sector turístico en Zihuatanejo consideraron que la instalación de la Comisión Estatal de Seguridad de la Actividad Turística revertirá los índices delictivos y permitirá las inversiones.Asimismo, la comandancia local de la Policía Federal Preventiva (PFP) comenzó ayer caravanas de autobuses para evitar asaltos carreteros.El dirigente de la Asociación de Inversionistas Turísticos de Zihuatanejo, Edisson Siécola, consideró que la CESAT contribuirá con el desarrollo económico del estado, porque es una iniciativa “del gobernador René Juárez” que  permitirá afianzar inversiones.Dijo que la instalación del CESAT debe ayudar a resolver los problemas de inseguridad y de mala imagen que padecen los distintos destinos turísticos de la entidad, “y que padecen todos los destinos de México, porque no son exclusivos de Guerrero. Aquí lo interesantes es que participe en esto el gobierno federal, para el que parecía que Guerrero no existía”.Descartó que la CESAT sea un paso previo del gobierno estatal para facilitar la instalación de casinos, una vez que sea esto aprobado por la Cámara de Dipiutados. Repuso que esta comisión será un complemento importante de la actividad turística en general, “porque no podemos quedarnos a la retaguardia en esta materia”.Por otra parte, la edil priísta que preside la Comisión de Turismo del Cabildo azuetense, Rebeca Farías Salazar, dijo que esta comisión es reflejo del interés de los tres niveles de gobierno por darle seguridad al turista, y revertir con ello la tendencia de asaltos que se había registrado en carretera a comienzos de este año en la Costa Grande.Tras reconocer la falta de seguridad y asistencia para los vacacionistas en la zona de playa, consideró que esta comisión permitirá reforzar esfuerzos y capacitar personal para atender este rubro, lo cual colocará a la entidad en un lugar privilegiado en las preferencias de los vacacionistas.El dirigente de la Sociedad Cooperativa de Pesca Deportiva y de Recreo Teniente José Azueta, Silvano Hernández Hernández, invitado a la instalación del CESAT, dijo que la vigilancia reforzada en el sector turístico podría contarrestar la inseguridad que generaría la instalación de casinos, de llegarse a aprobar por la Cámara de Diputados.

 Acapulco siguió en su repunte y se ubicó en 81.7% al comienzo del fin de semana

 Ayer Acapulco repuntó en su ocupación y se ubicó a 81.7 por ciento, informó la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).De esta cifra, la cual superó por tres puntos a la alcanzada en esta misma fecha el año pasado, la zona Dorada obtuvo 94.7 por ciento, la Diamante 56 por ciento y la Náutica 55.3 por ciento.En los tres casos se registró un incremento de entre dos y ocho puntos, en comparación con el año pasado.Mientras que la Dirección de Turismo Municipal indicó que el puerto tuvo 80.5 por ciento de ocupación, de la cual la zona Diamante alcanzó 54.2 puntos y la Tradicional 58.4.En el reporte se indica que el viernes había aproximadamente 80 mil turistas en Acapulco, quienes se hospedaron en la hotelería formal y en la informal.Hasta el momento, las hospederías que alcanzan cien por ciento son los de la zona Dorada como el Copacabana, El Presidente, Calinda, Fiesta Americana, Acapulco Tortuga, Paraíso Acapulco, Romano Palace, Elcano, Park Hotel, Aca Bay y San Antonio.El Triángulo del Sol alcanzó 79.9 por ciento, del que Ixtapa-Zihuatanejo cerró con 84.9 por ciento y Taxco de Alarcón con 34.5.A pesar del incremento de la ocupación, la llegada por carreteras –según parte informativo de la Policía Federal de Caminos– sólo reportó seis automóviles de entrada y tres de salida, por la carretera federal México-Acapulco y por la Autopista del Sol. (Jeanette Leyva Reus)

* Personas ajenas al gremio, entre los beneficiados, dicen * Esperan la entrega de 368 más * Los cinco grandes –los dirigentes Fortino Rodríguez Cruz, Ignacio Sevilla Díaz, Felipe Espíritu Bello, Benjamín Salgado y Apolinar Segueda Dorantes– exigen otras 232, acusan

 Karina Contreras * Líderes transportistas denunciaron que en el mandato del gobernador René Juárez Cisneros se han entregado 3 mil 787 concesiones sin estudios socioeconómicos.Denunciaron lo anterior, en conferencia de prensa en el restaurante La Fragata, más de 50 trabajadores del sector, encabezados por el presidente de la Red de Transportistas en el Estado de Guerrero, Cirilo López Sánchez, y el secretario general de Choferes Marginados de Acapulco, Carlos Bibiano quienes con la Coalición de Urbanos y Suburbanos del estado de Guerrero, que preside Gustavo Radilla Leyva, forman una alianza de choferes marginados.En documento entregado a la prensa los líderes desglosan cómo han sido entregadas las casi 4 mil concesiones. El documento señala que en estos tres años de gobierno de Juárez Cisneros se han entregado y sin un estudio socioeconómico 939 concesiones para taxis azules, mil 650 blancos y mil 198 para amarillos.Luego agregan que la última concesión que entregó el entonces gobernador Angel Aguirre Rivero fue la 3251 en el año de 1997; ahora hay 4 mil 190.Señalan que en relación a los taxis blancos el número quedó en 100 al final del gobierno de Aguirre Rivero, pero los encargados del transporte en el estado en este sexenio han entregado mil 650 permisos más.En cuanto a los taxis amarillos señalan que se han entregado mil 198 concesiones.Otro documento entregado es una relación de agremiados de la OUAA que denuncian que entre los beneficiados hay gente ajena al transporte. La relación indica que el secretario general del sitio 42, Ramiro Alarcón Gómez, su esposa y su hijo, tienen concesiones. La esposa, Socorro Díaz Suárez, tiene de taxi amarillo, con el número 1257. El hijo, quien es policía federal de caminos, tiene una de taxi azul con el número económico 3811.Otro ejemplo, señalan en el documento, es el secretario general de la OUAA, Jesús Jaimes Valenzo –quien, aseguran, está pidiendo 100 concesiones más–, obtuvo una concesión para su hijo menor de edad, Jaime Jaimes Ocampo, con el número 3832.El secretario general de Choferes Marginados de Acapulco, Carlos Bibiano Vázquez, en la conferencia denunció que los que se hacen llamar los cinco grandes del transporte bloquean la entrega de 368 concesiones para los taxistas depurados, ya que exigen un paquete de 232 más para “que ellos las vendan al mejor postor”. Afirmó que los presidentes de las federaciones –Fortino Rodríguez Cruz, Ignacio Sevilla Díaz, Felipe Espíritu Bello, Benjamín Salgado y Apolinar Segueda Dorantes–, sólo las quieren para venderlas a personas ajenas al gremio.

Denunció que Evaristo Carbajal Vega –dirigente cercano a los cinco grandes– pidió una concesión para su mamá, Francisca Vega, con el número 3966; para su hermano Raúl, con el número 4181, y para otros familiares.Manifestó Bibiano Vázquez que tienen más de 15 meses exigiendo la entrega de las 368 concesiones para los grupos marginados, que ya autorizó el gobernador Juárez Cisneros. Afirmó que los relegaron porque no quisieron “aportar” los 50 mil pesos que pidieron por cada permiso los líderes.Carlos Bibiano dijo que Juárez Cisneros en reuniones ya “ordenó que se entregaran las 368 concesiones”, ya que han participado en dos revisiones que han constatado la antigüedad de cada uno de sus agremiados. Dijo que esas son concesiones “muy especiales”, porque son de choferes que fueron depurados.Señaló que los que se hacen llamar los cinco grandes están desconocidos como gestores sociales, ya que sólo gestionan “para sus bolsillos, no para los trabajadores”.Bibiano Vázquez también dijo que el director de Transportes, Reynaldo Echeverría Medrano, ha engañado al Ejecutivo, y ha desacatado la orden de entregar los permisos a los marginados.Por otro lado, dijo no estar de acuerdo con las operaciones que efectúan las autoridades para detener unidades irregulares, “porque es un negocio para los delegados”.Por su parte, Cirilo López adelantó que los agremiados a la alianza laborarán con el número de padrón, el nombre y la constancia de depuración, que valen más que la firma de los cinco.

 * En 1998 se cubrió el adeudo con una cantidad cinco veces mayor a lo que valían las tierras, explica el jefe de Comunicación Social de la región centro-sur de la paraestatal, Raúl Gómez Cárdenas

 Karina Contreras * La Comisión Federal de Electricidad (CFE) actuará conforme a  la ley y presentará una demanda ante el Ministerio Público Federal, en caso de que se niegue el paso a su personal en el ejido El Cayaco, advirtió la paraestatal por medio de su área de Comunicación Social.El organismo indicó que tiene todo el derecho sobre la tierra que pagó –cinco veces más de lo que se debió pagar– a los campesinos en 1998.Entrevistado vía telefónica, el jefe de Comunicación Social de la CFE en la región centro-sur, Raúl Gómez Cárdenas, señaló que la paraestatal, en el caso de los  ejidatarios de El Cayaco, actúo tal como lo establece la ley en vigor, y agregó que en 1998 se hicieron los pagos correspondientes al derecho de vía de dos importantes líneas de subtransmisión: Mezcala-Amates I y Mezcala-Amates II,  las cuales se encuentran actualmente en operación.Asimismo, explicó que contra lo que han declarado los campesinos, el precio que se pagó por las tierras ha sido el más elevado que hasta el momento la CFE haya dado por ese concepto.Gómez Cárdenas informó que la ley establece que el pago para este tipo de indemnización es regulado por la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que es la Comisión de Avalúo de Bienes Nacionales (Cabin) la encargada de determinar el precio.El funcionario insistió que en el caso de El Cayaco, la cantidad que se pagó por metro cuadrado (45 pesos) fue muy superior a lo que se daba en su momento y al señalado por la Cabin, debido a una gestión que los ejidatarios hicieron directamente en la ciudad de México.Con respecto a la acusación de los campesinos, de que la CFE se apropió de ocho metros más de lo establecido en el convenio, dijo: “la empresa planea y construye obras con proyectos y siempre respeta las especificaciones”, por lo que en ningún caso rebasa las longitudes planeadas y autorizadas.Luego dijo que, físicamente, abrir brechas en un ancho mayor a 22 metros es muy difícil.Gómez Cárdenas también señaló que “no se engañó de ninguna forma a nadie, pues el convenio que se establece entre la CFE y ejidatarios en este tipo de obras es por tiempo indefinido, no sólo por 30 años”. Esto –dijo el funcionario– porque  las líneas o subestaciones eléctricas se mantienen en servicio permanentemente.Cuando se le preguntó por qué las autoridades se niegan a hablar con los afectados, Gómez Cárdenas explicó que la paraestatal no se niega y que está abierta a hacer las aclaraciones pertinentes con los inconformes, “en cuanto ellos los soliciten”. Aunque advirtió que ellos legalmente nada pueden hacer, porque la dependencia pagó por esas tierras.El jueves, ejidatarios de El Cayaco denunciaron que la CFE “amañadamente” se apropió de 30 metros de sus tierras para dar paso a sus líneas, y que engañó a los campesinos elaborando y protocalizando un documento para que éstas tengan un paso perene y no como se había acordado en asamblea general, que sería de servidumbre de paso –sólo por 30 años–, por lo que advirtieron que no permitirían el paso a personal de la dependencia.

 Raquel Santiago Maganda * Padres de alumnos del Colegio Latino Americano –cuyos administradores vendieron ya el predio que ocupaba el plantel– dijeron estar dispuestos a rentar un inmueble con tal de que no desaparezca la escuela, anunció el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, Claudio Arcos Salinas.Arcos Salinas, entrevistado después de reunirse el jueves con un representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEG –cuyo nombre dijo no recordar–, explicó que las autoridades acordaron que el 5 de agosto se dará a conocer el dictamen que se especificará si sigue o desaparece el plantel.Mientras tanto –agregó– los padres de familia están dispuestos a rentar un espacio para que la escuela comience labores el 19 de agosto, además de que continúan con el plantón, donde se construyen unas galeras, a la orilla de la carretera.Arcos Salinas precisó que tiene ya dos opciones para rentar: una es atrás de la Central de Abasto y otra en una casa ubicada en Renacimiento.Para ello –señaló– planean cobrar entre 200 y 250 pesos cada mes para que el plantel funcione, aunque aún no están seguros de que continúe el registro en la SEG.Informó que fueron notificados de la posibilidad de que la clave del Colegio Latino Americano tenga registro de escuela pública y no de plantel privado, como lo argumentaron los administrativos que vendieron el predio en 12 millones de pesos.

 * En el caso de La Sabana acuerdan hacer otro dictamen t Aprueban el nuevo reglamento de la Ley de Catastro Municipal y el de construcciones

 El Cabildo porteño anuló anoche la elección a comisario en La Zanja, y validó la de Puerto Marqués. Acordó revisar los casos de La Venta (Barrio Nuevo) y El Salto, y elaborar otro dictamen respecto del caso de La Sabana, adicional al emitido por el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos.También declaró válidas las elecciones a comisario y delegados celebradas en junio pasado en el resto de los poblados, donde no hubo impugnaciones.En asuntos generales abordaron el asunto de la versión de que la Dirección de Tránsito pasará de la Secretaría de Protección y Vialidad a la Secretaría General, aun cuando el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo aclaró que se trató de un error cometido por la Dirección de Gestión de Control.Reunidos en la sala de cabildo del Palacio Municipal del parque Papagayo, encabezaron la sesión ordinaria el alcalde y la síndica procuradora Adela Román Ocampo, ya electa candidata a diputada local por el Distrito 5; la síndica Gloria Sierra López, precandidata a diputada local por el distrito 26, y los regidores de las fracciones partidistas.No asistieron los regidores René Morales Barrientos, Raúl Ramírez y Julio César Bello Vargas, del PRI, y Lucía Juárez Jiménez y Fernando Terrazas Sánchez, del PRD.De entrada, en la sesión de Cabildo se aprobó por mayoría el nuevo reglamento de la Ley de Catastro Municipal, el cual va a dar más certeza jurídica y contractual a los contribuyentes del municipio, gracias a las precisiones que se le hicieron.Se aprobó por mayoría el nuevo reglamento de construcciones, producto de los encuentros entre los ediles de la Comisión de Desarrollo Urbano y los colegios de topógrafos, de ingenieros y electricistas.El dictamen sobre las elecciones a comisario de El Salto, La Venta, La Zanja, La Sabana, y Puerto Marqués, último punto a tratar en la sesión, fue presentado por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que encabeza la síndica Román Ocampo.Asimismo, se discutió y analizó lo referente a las modificaciones a las tablas de valores unitarios de terrenos y construcciones.Las reformas al Bando de Policía y Buen Gobierno se turnaron a comisiones, una vez que se dio lectura al documento.Respecto a la elección a comisario en La Sabana, se resolvió echar abajo el dictamen de validez emitido por el secretario general del ayuntamiento, Ramírez Ramos, por no tomar en cuenta el recurso de inconformidad presentado por las planillas inconformes. “No se analizó el recurso de revisión ni hubo desahogo de pruebas”, se argumentó. (Con información de Ossiel Pacheco)

 Ossiel Pacheco * Comisarios encabezados por la regidora del PRI Herminia Olea Serrano acudieron ayer con el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos, para solicitarle gestione una audiencia con el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo y que éste les tome protesta.Al Palacio Municipal del parque Papagayo llegaron ayer 12 comisarios municipales, en representación de los comisarios y delegados de 164 poblados y colonias de Acapulco, para entrevistarse con Ramírez Ramos.Reunidos en su oficina, el funcionario escuchó la petición para que el ayuntamiento les otorgue el apoyo económico que se da al comienzo de su gestión como autoridades comunitarias, con el propósito de obtener recursos para su traslado desde las comunidades hasta las oficinas gubernamentales para llevar a cabo las gestorías.También solicitaron que Torreblanca Galindo les tome protesta como nuevas autoridades, una vez que el Cabildo de fe y legalidad de los nombramientos y de la necesidad de dotar de inmobiliario a las delegaciones.En la comisión estaban los comisarios Reynaldo Hernández Romero, de El Ranchito; Jesús de la O Gallardo, de San Pedro Las Playas; Baltazar Ozuna Cortés, de Barra Vieja; Sergio Mejía Vargas, de la colonia Bonfil; Patricio López Alarcón, de Piedra Imán; Rosa María Tagle, de Venta Vieja; y Noe Muñoz Alarcón, del Kilómetro 45. Así también Germán Adame Cortés, de Llano Largo; Ignacio Valente Zambrano, de Bellavista Papagayo; Raúl Lugo Osorio, de Tunzingo; Erubil Salado Mendoza, de La Chaneca y Jesús Flores Avelino, de Lomas de San Juan.

 Jorge Nava * Una persona muerta y tres más lesionadas fue el resultado de un supuesto enfrentamiento a balazos entre integrantes de una familia en la comunidad de Las Plazuelas, el jueves pasado.Al respecto, el comandante de la Policía Judicial en Renacimiento, Obdulio Flores Miranda, informó que en los hechos murió el vecino Hernán Catalán Dorantes, mientras que resultaron heridos de bala el hermano y un amigo del occiso, Rogelio Catalán Dorantes y Gregorio Valente Teresa, internados en el Hospital General, así como Paulino Hernández Beiza, quien está internado en estado de gravedad en el Hospital Médico Militar. En la agencia investigadora del Ministerio Público de Renacimiento se informó que los tres hospitalizados son probables responsables de homicidio, en agravio de Hernán Catalán.Sobre el hecho, el MP indicó que espera la recuperación de los pacientes para que declaren sobre los hechos, pues hasta el momento se ignora el motivo del enfrentamiento.También se logró informar que uno de los lesionados, Rogelio Catalán, hermano del occiso, es policía de Hoteles y Empresas, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.En tanto, Flores Miranda dijo que fue un día después que se enteró la corporación de la muerte de Hernán Catalán, pues la madrugada del viernes la agente en turno del MP en Renacimiento les habló del deceso de una persona en Las Plazuelas, por lo que al lugar se envió personal bajo su mando.De acuerdo con el funcionario, a los agentes que envió Catalán Bello les expuso que la víctima tenía 38 años de edad, era campesino, vivía en su casa y lo mataron con un pistola calibre 9 milímetros, el jueves a las 21:30 horas, sobre la calle La Luz, del mismo poblado.Señala que Catalán Bello les manifestó que desconoce quiénes fueron los responsables de los hechos, además de que en un principio se opuso a la orden de la agente del MP, Susana Martínez Noyola, de que el cadáver fuera trasladado por personal del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.Según los agentes, Catalán Bello se opuso porque argumentó no tener dinero para pagar y sacar el cadáver después. Sin embargo, lo convencieron.Flores Miranda abundó que la investigación efectuada por los agentes indica que observaron desde la calle la propiedad de Catalán Bello, y que en una cama había una pistola tipo Escuadra, dos cargadores  y un rifle.Añadió que de acuerdo con Catalán Bello, frente a la vivienda de Catalán Dorantes quedó tendido su hijo, por lo que la agente del MP, Martínez Noyola, hizo saber de las armas a Catalán Bello y al comisario Fernando Jiménez Catalán, con la finalidad de que un policía preventivo que los acompañó abriera la puerta principal de la vivienda.Detalló que ya en el interior, el perito Carlos Canceso Alberto dio fe del aseguramiento de las armas.También los agentes le informaron a Flores Miranda que en el Hospital Donato G. Alarcón había una persona hospitalizada a causa de heridas provocadas por arma de fuego.Por ello, Flores Miranda envió a los agentes al hospital, donde se entrevistaron con la trabajadora social Marisol Luján López, quien les indicó que en el lugar se hallaba Paulino Hernández Beiza en terapia intensiva.Allí también se entrevistaron con la hija del paciente, Claudia Hernández Barrera, para preguntar el motivo por el cual su padre fue herido de bala cuando estaba en su domicilio, ubicado en Las Plazuelas.Después se le informó al Ministerio Público que Paulino Hernández Beiza, por la gravedad en que se hallaba, fue hospitalizado en el Hospital Médico Militar.