Señor director:  

Con relación a una nota periodística publicada el 30 de julio de 2002, en la página 14 del periódico El Sur, que usted dirige, en la que se indica que un vendedor de muebles rústicos, quien tiene su negocio entre las calles Niños Héroes y Guanajuato, de la colonia Progreso, de nombre Odilón Cortez Hernández, denunció ante el Ministerio Público a un agente de Tránsito de nombre Oliver Lira, y al director Miguel Rodríguez Bocanegra, por no pagar unos muebles cuyo costo era de 8 mil pesos, manifiesto a usted:Que el día 29 de diciembre de 2000 acudí a un negocio de muebles rústicos que se encuentra entre Niños Héroes y Guanajuato, en la Progreso, para comprar una sala de troncos y cuatro sillas de tubo de sol, todo con herrería de sol, las sillas con tapiz floreado y el color de la herrería azul, como lo demuestro con la nota de remisión que me expidió el mismo señor Odilón, de lo que se señaló un total de 6 mil 600 pesos y en ese momento le dí a cuenta 3 mil, y posteriormente, sin recordar la fecha, a la otra quincena, la primera del mes de enero de 2001, le abone la cantidad de mil 500, quedándole a deber la cantidad de 2 mil pesos, según dice la nota de remisión que el mismo señor Odilón Cortez Hernández elaboró con su puño y letra.

Por tal motivo aclaro que es mentira, como aparece en la nota periodística, que la cantidad ascendió a 8 mil pesos, pues el costo sólo fue de 6 mil 600 pesos.Tampoco es verdad que yo le comprara al señor Odilón los muebles a nombre del director Rodríguez Bocanegra, ya que mi compra fue el día 12 de diciembre de 2000, y no en 2002, como lo dice la nota del pasado 22 de este mes (julio de 2002), y en la fecha de 2000 no fungía como director de Tránsito Miguel Rodríguez Bocanegra, quedando claro que el señor Odilón miente con esa publicación.Asimismo, es mentira que yo dijera que somos influyentes y que las camionetas de carga de su negocio las ocupara sin permiso y que así estarían pagados.Lo anterior puedo ir a manifestarlo a los medios informativos que sean necesarios, y a servir de testigo ante cualquier autoridad legal.

 Atentamente
C. Oliver Lira Ollervides
C-491, turno matutino, S-2
Tránsito Municipal

 * El pleito entre campesinos de dos ejidos y Tres Vidas trae como resultado incertidumbre en la inversión, dice el alcalde * Debe continuar el diálogo entre las partes, recomienda

 Ossiel Pacheco * El alcalde Zeferino Torreblanca Galindo demandó la pronta intervención del presidente Vicente Fox para resolver el conflicto por tierras en la zona Diamante, del que no son responsables el gobernador René Juárez ni los empresarios que de buena fe invirtieron en Acapulco, ni los ejidatarios.Entrevistado al término de la inauguración de una calle en la colonia Piedra Roja, Torreblanca Galindo llamó a los campesinos a tener paciencia y tranquilidad, hasta agotar los cauces legales. “Que no se dé la interferencia de ningún partido, ni de ninguna bandera, para evitar contaminar una justa demanda y reclamo”, recomendó.Lamentó las irregularidades cometidas durante la expropiación de tierras en esa zona, efectuada durante el mandato del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu.Esto, dijo, “trae como resultado que hoy tengamos incertidumbre en la inversión, y el justo reclamo de los ejidatarios por sus tierras, pero también no es posible que tengamos en un clima de incertidumbre absoluta a los empresarios que le apuestan a la inversión en el estado de Guerrero y que adquirieron las tierras de buena fe”.El alcalde pidió al gobernador Juárez Cisneros utilizar sus oficios para resolver, junto con el presidente Fox Quesada, de manera inmediata este conflicto, antes de que se complique más.Dijo que este conflicto derivó de la expropiación que llevó a cabo el entonces gobernador Ruiz Massieu. Deslindó al actual mandatario estatal, que aun cuando era presidente municipal, como tal no tenía ninguna posibilidad en lo que respecta a la tenencia de la tierra.“Hoy, como gobernador del estado, debe buscar la reconciliación entre las partes para que este conflicto llegue a feliz término. Es como en mi caso: hay muchos problemas que no provoqué, pero que de alguna manera me toca resolver”, ejemplificó.

–¿Hay riesgo de que este conflicto aleje las inversiones?

–Sí, si no somos cuidadosos. Sí, si no hacemos las cosas conforme a Derecho. Sí, si en el futuro no resolvemos este asunto, si no resolvemos de manera clara y transparente, pues sería una lectura pésima para la inversión.Informó que el Consejo de Fomento Económico ha aprobado 4 mil 600 millones de pesos en inversión. Alertó sobre el problema de la tenencia de la tierra en el país, que genera este tipo de conflictos.“Tenemos que buscar esquemas y fórmulas que garanticen, sin atropellar los derechos de los ejidatarios y parcelarios y de los ciudadanos en su conjunto, la inversión”, instó.Torreblanca dijo esperar que el conflicto en El Podrido no se torne similar al que se vive en San Salvador Atenco, estado de México, cuyos ejidatarios se oponen a la expropiación de sus tierras para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.Reiteró su llamado al gobierno federal para que intervenga de manera inmediata en el problema de la zona Diamante, pues “no debemos permitir que este conflicto se polarice, ni crezca, para evitar conflictos mayores; es el diálogo el instrumento que debe seguir empleándose entre las partes involucradas”.

 * El gobierno argumenta que no tiene fondos para reembolsar lo que inversionistas le pagaron, dice el asesor de los inconformes, Jaime Colón

 Raquel Santiago Maganda * Al ocupar las 35 hectáreas que se encuentran en litigio con la empresa Tres Vidas, los ejidatarios de Plan de los Amates reiteraron que están dispuestos a negociar siempre y cuando los inversionistas accedan a ofrecerles un “pago razonable” por el terreno.Anoche, más de cincuenta ejidatarios emprendieron los trabajos de delimitar con una cerca de alambre de púas las 35 hectáreas que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 ordenó restituir al ejido el 8 de julio de 2002.El representante legal Jaime Colón precisó que el diputado federal priísta Efrén Leyva Acevedo no acudió el miércoles en apoyo a los ejidatarios, y durante todo el encuentro permitió que los presionara el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.Respecto de la abrupta salida del diputado federal petista Félix Castellanos Hernández, de las oficinas de Protur, el miércoles –a causa de la presencia del priísta Efrén Leyva Acevedo–, cuando iba a comenzar una reunión con Miranda Añorve, aseguró que el legislador permanece como el gestor principal en el conflicto.Dijo que nadie pidió la intervención del representante priísta, y que entró a la reunión en su calidad de esposo de una ejidataria, pero el ex colaborador del gobernador José Francisco Ruiz Massieu se puso de parte del gobierno estatal.Jaime Colón informó que al comenzar el diálogo, Marcelino Miranda les anunció que el gobierno va a aplicar la ley a quien la violente, y que esto fue interpretado como una amenaza para los campesinos.Por eso, conminó a que el gobierno también aplique la ley a quienes vendieron irregularmente el predio, y que les den respuesta para que empiecen las negociaciones por medio de un pago razonable de las tierras.Dijo que a pesar de “haber tomado nuestras tierras”, el conflicto agrario “no está politizado” y que el objetivo es que sean respetados los derechos de los campesinos.Jaime Colón agregó que los empresarios en la reunión argumentaron que ya habían pagado las tierras, mientras que el gobierno dijo que no tiene dinero, sea para devolver o para saldar el precio que piden los campesinos.

El comisario ejidal Gabriel Campos aseguró que los campesinos han dado facilidades, porque “de las 50 hectáreas que reclamamos accedimos a vender las 35 sin reclamar el resto”.Mencionó que solicitan el pago de 100 dólares por metro cuadrado, mientras que los empresarios sólo ofrecieron cinco dólares.En tanto, el ejidatario Alejandro Campos Rivera criticó la cerrazón del gobierno estatal y de los inversionistas para solucionar el conflicto.Precisó que los campesinos “no nos encontramos en contra de la inversión”, porque sólo exigen el pago justo de sus terrenos.Dijo que los ejidatarios no invaden el terreno, “porque el gobierno debe reconocer que nos pertenece por derecho, e hicieron una sirvengüenzada al venderlo”.Recordó que en el periodo del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu se vendió el terreno de manera irregular, porque “lo hicieron sin ser de ellos” y por eso consideró que la empresa turística de Tres Vidas debe exigir solución al gobierno del estado.Acerca del deslinde del gobernador, al asegurar que cuando ocurrieron las expropiaciones él no tenía injerencia por ser el alcalde, Campos Rivera aseguró que Juárez Cisneros, como presidente municipal, sabía de la situación.Reiteró que cuando la venta se efectúa de manera irregular, como en este caso, entonces “los resultados son los conflictos ejidales como el nuestro”.De esa manera, ayer más de 50 campesinos refugiados del sol bajo una ramada esperaban alguna respuesta de los inversionistas y del gobierno del estado para poder vender sus tierras a un precio justo.

 * El gobernador René Juárez Cisneros dio un gran paso al reconocer las irregularidades de las anteriores administraciones, pues eso ayudará a la solución del conflicto, considera el abogado

 Raquel Santiago Maganda * El asesor jurídico de los ejidatarios de El Podrido, Humberto Sevilla García, comparecerá hoy en la quinta agencia de Ministerio Público especializada en despojo, por la ocupación de las 44 hectáreas y media que se encuentran en litigio entre el ejido y la empresa Tres Vidas.Entrevistado en el campamento de los inconformes, dijo que comparecerá hoy por la mañana y allí mostrará la documentación del caso.El perredista reconoció que el gobernador René Juárez Cisneros “acaba de dar un gran paso”, al reconocer las irregularidades de las anteriores administraciones. Previó que la declaración “servirá para coadyuvar en la resolución del conflicto”.Porque a diferencia de los ejidatarios de Plan de los Amates, donde –asegura– el conflicto es entre gobierno y empresarios, Humberto Sevilla consideró que en El Podrido la pugna es entre ejidatarios e inversionistas, y que la función del gobierno es ser imparcial.Dijo que los ejidatarios, ante la declaración del mandatario, ya están dispuestos a dialogar con los gobiernos estatal y federal por medio del Tribunal Superior Agrario, con el dictamen del litigio.Mencionó que ante la posibilidad de diálogo cualquier otra medida de presión “traería mayor tensión”, y dio el beneficio de la duda al gobernador René Juárez, quien aseguró que no va a llevar a cabo ningún desalojo.Sin embargo, lamentó que hasta el momento “se utilizan las presiones legales”, cuando los campesinos sólo están defendiendo sus derechos.

Reiteró que el conflicto ejidal se debe al “latrocinio histórico de dar espejitos a los campesinos” y con ello “crear un ejército de vendedores ambulantes”, como en el caso del ejido de La Zanja, que –dijo– ahora “no tienen ni acceso a su playa”.Sevilla García también cuestionó el supuesto de que las expropiaciones fomenten el empleo y la inversión en el puerto, como lo declaró el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.El abogado dijo que en los hechos las expropiaciones no han beneficiado a la zona rural, porque aún persiste el atraso y la marginación.Precisó que “la legalidad de las tierras no está cuestionada”, porque existe la resolución del 13 de diciembre de 1999.Agregó que el resolutivo “hace dueños de las tierras” a los ejidatarios; por lo tanto la empresa Tres Vidas debe restituir el terreno porque sus escrituras son nulas.Esto porque el 26 de noviembre de 2001, en el expediente 0228/00, el Tribunal decidió a favor de los ejidatarios, y en ese documento se declara nula la escritura pública número 218, expedida el 26 de marzo de 1993 ante el notario público 107 de Monterrey, Nuevo León, que tiene el folio de derechos reales número 86 mil 450, del 2 de abril de 1993.

 * Se necesitan 23 millones de pesos para captar las aguas negras antes de que lleguen al cauce, dice el gerente estatal Octavio Mijangos

 Karina Contreras * El delegado de la Comisión Nacional del Agua, Octavio Mijangos Borja, señaló que la contaminación de la laguna de Tres Palos no sólo se debe a la construcción de casas habitación en la ribera del río La Sabana.Así lo informó durante la presentación del proyecto del río La Sabana-laguna de Tres Palos. Allí, diagnóstico el deterioro ambiental y las estrategias de solución, ante más de 50 representantes de cooperativas pesqueras, quienes se molestaron por el retraso de más de una hora del funcionario federal, a quien le señalaron que la CNA tenía la culpa de todo los que les pasa.Incluso el diputado Manuel Añorve Baños indicaba, en entrevista, que de no llegar pedirían su renuncia porque necesitan gente comprometida.En su presentación, Mijangos Borja explicó que hay muchas causas de este problema, entre las que se encuentran que en el puerto diariamente hay 56 toneladas de basura, de las cuales sólo 48 se recogen y la demás se van a dar a la laguna, así como la proliferación de plantas que provocan la muerte de peces.Dijo que para captar aguas negras necesitan 23 millones de pesos, ya que la estructura de alcantarillado es insuficiente.    Por su parte, el delegado de Profepa, Inocente León Pineda, dijo que estudios demuestran que la laguna de Tres Palos es la más contaminada por la cuestión desazolve y los asentamiento irregulares en su ribera, “por lo que para ayudar es necesario reeducar a la gente en cuestión de medio ambiente”.Por su parte, el diputado federal priísta, Manuel Añorve Baños, informó que exigen a la CNA cuál es el seguimiento de los acuerdos tomados con los pescadores de la laguna de Tres Palos. Dijo que al presidente Vicente Fox no le importan los pesqueros ribereños. Explicó que se olvidó a los pescadores ribereños que tienen familia, que no son empresarios, que son cooperativas donde los recursos no llegan, que tienen un gran problema para salir a pescar. Afirmó que esa denuncia ya se ha hecho en la Cámara de Diputados, y seguirán porque quieren atención para los ribereños. Señaló que exigen que termine la visión empresarial de Vicente Fox y que abran oficinas, no delegaciones, porque la pesca es una alternativa de vida.En la reunión, que se llevó a cabo en el salón Palmas III del hotel Las Hamacas, el encargado de la construcción de las casas en Tunzingo, Carlos Ochoa, aprovechó para decir a los pescadores que la construcción que ellos llevan a cabo contará con una planta tratadora con capacidad, para no contaminar la laguna, y ya cuentan con todos los permisos para la misma.Hace más de un mes esa obra fue suspendida por Profepa, luego de que cientos de pescadores mantuvieron bloqueado los accesos porque alegaban que contaminaría más la laguna de Tres Palos.

 Karina Contreras * Casi 30 personas efectuaron una manifestación afuera de la Profeco, para exigir que emplace a la empresa de telefonía celular Unefon y a Cofetel a que cesen los abusos que aquella comete contra sus usuarios.Encabezados por el dirigente de El Barzón, Javier Taja Mestre, los inconformes con el servicio celular se reunieron desde las 10 de la mañana.Allí, Taja Mestre señaló que hace unos días los usuarios que tienen números con la numeración 444 recibieron un mensaje en el cual les avisaban que se les empezaría a cobrar 1 peso por las llamadas entrantes.El dirigente dijo que esta numeración sólo se utiliza en los municipios de Acapulco y Toluca, y que en el contrato se especifica que se hará también en el servicio El que llama paga, por lo que consideró un abuso los que hace Unefon, empresa del presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.Taja Mestre acusó que estas medidas que se aplican es por decisión de Cofetel para dar mayores utilidades a Unefon, y como consecuencia a Salinas Pliego.Señaló que esta medida es arbitraria y unilateral por parte de Cofetel y Unefon. Agregó que saben que si se amparan ganarían, pero que prefieren el diálogo.Los inconformes fueron recibidos por el subdelegado del organismo, pues la delegada Guadalupe Gutiérrez Fregoso se encuentra de vacaciones.Manifestó que buscan a la Profeco para que emplace a Unefon. Advirtió que si reciben una contestación que no sea acorde a lo que marca el contrato, tomarán las oficinas de Unefon en el puerto y Toluca con los barzonistas.

 * En el caso de Puerto Marqués, el reconocimiento al triunfo de la panista Selene Salinas violenta le ley, pues hay pruebas de que 200 marquesanos estaban rasurados del listado nominal, asegura el diputado Oscar Rangel Miravete

 Ossiel Pacheco * Priístas de La Poza y de Puerto Marqués se oponen a la determinación del Cabildo que, en el primero de los casos, anuló la elección a comisario y acordó llevar a cabo nuevos comicios, y en el segundo, que reconoció el triunfo de la panista Selene Salinas Pérez.Respaldados por el diputado local priísta Oscar Rangel Miravete, los ex candidatos a comisario impulsados por el PRI dieron una conferencia de prensa en el café Astoria.Allí, Rangel Miravete señaló que en el caso de La Poza, el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos, intentó llegar a un acuerdo con la planilla Roja al proponerle que aceptara que un integrante de la Amarilla se incorporara, a cambio de reconocer el triunfo, pero fue desechada por antidemocrática.En tanto, en el caso de Puerto Marqués, el legislador expuso que el dictamen del Cabildo violenta la ley, pues socava la voluntad popular al reconocer el triunfo de la planilla Blanca que impulsó el PAN, cuando hay “pruebas” de que 200 marquesanos estaban rasurados del listado nominal usado durante los comicios.Por su parte, el ex candidato a comisario de La Poza, Miguel Gutiérrez Pérez, señaló que el ayuntamiento da carta abierta a la candidata de la planilla Amarilla, Remedios Morales Sarmiento, para imponer su ley, pues ya es juez del Registro Civil y de Areas Verdes, y anunció que no van a aceptar la decisión del Cabildo de llevar a cabo nuevos comicios.En tanto, el representante de las planillas inconformes de Puerto Marqués, Andrés Pérez Palma, dijo que resultará contraproducente la determinación del Cabildo, pues dieron el triunfo por tratarse de una planilla que contó con el respaldo del PAN, y denunció que a pesar de la resolución no enviaron ningún documento en el cual se fundamentaron.Calificó de irresponsables al alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, y al Cabildo completo, “pues avalan el acarreo, la compra de votos y el uso de vehículos oficiales por parte del regidor Guillermo Cisneros Chegüe”.En tanto, el ex comisario de Puerto Marqués, Adrián Deloya, advirtió que puede haber un derramamiento de sangre en ese lugar, porque no van a permitir que Salinas Pérez asuma el cargo.Otra de las ex candidatas de la planilla Roja en La Poza, Juana Calleja Castro, señaló que la comisaria ejidal, Ferminia Analco Chopín, condicionó la entrega de lotes irregulares a familias, a cambio de que voten por la perredista Morales Sarmiento; “estuvo dando papeles de posesión de los lotes”.

 Acapulco requiere de respuestas profundas, no de paleativos, propuestas serias, no demagógicas o falsas que al final sólo se revierten en una mayor pobreza y frustración del pueblo, afirmó el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, durante la 14 gira de trabajo por la zona urbana. Indicó que ante los múltiples rezagos y las limitaciones de recursos económicos, el gobierno municipal optó por nuevos esquemas de trabajo, en los que la sociedad acapulqueña estuvo involucrada.Señaló que el criterio de ejecución de obras se despojó de ideologías para centrarse en lo que eran soluciones de largo plazo, “de esa manera se pavimentaron más de 500 calles y se efectuaron más de mil obras diversas, lo que contrasta con lo efectuado en los últimos 70 años”.En esta gira de trabajo, el alcalde entregó las calles Vicente Guerrero y 16 de Septiembre en la colonia Piedra Roja, las cuales fueron pavimentadas con recursos propios e involucrando a los ciudadanos con su esfuerzo y con su mano de obra, bajo la gestión del coordinador de Atención Ciudadana, Eduardo Sánchez del Río.Por su parte, el dirigente de los colonos, Miguel Angel Gódinez, agradeció los trabajos efectuados por el ayuntamiento al dar a esta y otras colonias obras de primera calidad, con lo que se soluciona el rezago.Acompañaron a Torreblanca Galindo el regidor José Luis Odriozola Gómez; el coordinador de los Servicios Públicos Municipales, Jorge Luis Bárcenas, y el candidato perredista Mariano Dimayuga, así como dirigentes de los comités y vecinos del lugar.

 Al rendir su declaración preparatoria en el juzgado séptimo, los integrantes de una banda de asaltantes negaron los hechos.Los abogados de los detenidos, Ricardo Peñaloza y Javier González, solicitaron la ampliación del término constitucional, sobre el expediente penal 147/2002-I.Los detenidos fueron puestos a disposición del juez séptimo por los delitos de robo calificado y asociación delictuosa, luego de que fueron capturados el domingo por agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE).Los juzgados son Oscar Rodríguez Ríos o Valentín Rodríguez Díaz, El Diablo; el cuñado de éste, Misael Analco Aquino; Dulce Yessenia Hernández Pacheco, Carlos Sotelo Solís, Maelvi Analco Aquino y Sergio Pascual Guizar Jiménez.Sobre sus cargos, se informó que el pasado jueves 25 de julio asaltaron a un vendedor de alhajas de oro en la calle 5 de Mayo, Pedro Alberto Juárez Ramírez, cuando éste retiró su negocio junto con su madre, Reyna Ramírez y su prima, Maura Ramírez González.Además, el líder de la banda, El Diablo, y Misael Analco Aquino están relacionados en el homicidio de los policías auxiliares del estado, Pedro Tomás de la Cruz Sánchez y Gabriel Romero Juárez, cuando éstos custodiaban la joyería B6B, ubicada en el interior del parque Papagayo, además por la que se comenzó la averiguación previa Tab/I/1198/2001.De acuerdo con la PJE, El Diablo también se encuentra relacionado con la causa penal 08-II/2002, emitida por el delito de homicidio calificado y lesiones en agravio de Ascencio Carillo López.Otro de los asesinatos en los que se implica a El Diablo, es el que tiene la averiguación previa Tab/COY/02/07/2002, en agravio de Noel Parra Vargas. (Jorge Nava)