* Entorvio Reyes, lesionado en un brazo * Entre los que dispararon está su contendiente Roberto Ramírez y seguidores de éste, señalan algunos de los balaceados * Son hechos “normales” en La Montaña: procurador

De la corresponsalía * El precandidato priísta a la alcaldía de Copanatoyac, Entorvio Reyes Bello resultó herido de bala luego de que junto con un grupo de simpatizantes que iban a bordo de una camioneta de redilas fueron emboscados por un grupo también de priístas, en el camino de terracería que conduce a este poblado, informaron fuentes de la Procuraduría de Justicia.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo, pero por la distancia del lugar donde no hay teléfono, ni radiotelefonía, hasta este lunes se dio parte a las autoridades de Gobernación del estado.

El procurador de Justicia Jesús Ramírez Guerrero declaró que Entorvio Reyes Bello –hermano del actual alcalde de ese municipio, Miguel Reyes Bello– fue lesionado de bala en un brazo, “pero no de gravedad y hasta el momento no han presentado ninguna denuncia” ante el Ministerio Público del Fuero Común de Tlapa.

“Allá en esa región y en ese municipio (Copanatoyac) es normal que se presenten ese tipo de situaciones, y siempre resulta que no presentan ninguna denuncia ante las autoridades ministeriales, pero nosotros estamos en espera de que esta vez los agraviados sí presenten la acusación”, sostuvo.

Según versiones oficiales, Entorvio Reyes acompañado de 35 de sus simpatizantes se dirigían a una comunidad para realizar un acto de proselitismo cuando desde un cerro varios individuos armados les empezaron a disparar.

Las personas que iban en la camioneta de redilas saltaron al suelo para ponerse a salvo, y algunos de ellos que portaban armas repelieron la agresión.

El precandidato priísta, quien iba al lado del chofer resultó herido de tres balazos en el brazo izquierdo y en estos momentos es atendido en el hospital regional de Tlapa de Comonfort.

Según versiones de los agraviados, fueron identificados algunos de los agresores, entre ellos al también precandidato del PRI a la alcaldía de ese municipio, Roberto Ramírez y los seguidores de éste Eugenio de Jesús Bello, los hermanos Salvador y Francisco Reyes Aranda y Heladio Pastrana.

Según versiones oficiales, los agresores que se escondieron detrás de un cerro para emboscar a sus mismos compañeros de partido, portaban rifles calibre 22 y pistolas 380.

Pero para el procurador de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero, ese tipo de hechos que ocurren en la región de La Montaña “es normal que pasen, pero nosotros estaremos al pendiente para que los agraviados presenten su acusación y posteriormente se realice la investigación para lograr la detención de los presuntos responsables”. 

40 muertos, saldo de la violencia en Copanotayac en los últimos seis meses 

Un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, revela que de diciembre del 2001 a mayo de este año han muerto 40 personas de manera violenta en ese municipio indígena.

Indica que solamente en una emboscada perpetrada por un grupo de individuos en diciembre pasado, murieron cinco personas. Esto mismo, dice el informe, ha pasado en los municipios de Petatlán, Quechultenango, Teloloapan, El 30 del municipio de Acapulco, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa y Acatepec.

* El expediente era extenso y lo analizaron a fondo, por eso se retrasaron, dice el ombusdman

De la corresponsalía, Chilpancingo * El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández afirmó que acatará la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la “dilación” en el expediente de la denuncia que interpusieron dos ex agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) acusados de secuestro.

El ombusdman guerrerense dijo que si hubo “dilación en el expediente” fue por lo complicado y extenso de la queja por detención ilegal y tortura contra un comandante de esta corporación que interpusieron ante este organismo de derechos humanos los ex agentes, Armando Chew Cervantes y Jaime Alvarado Estévez.

Mencionó que el pasado viernes envió al procurador de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero, una recomendación donde le pide que se investigue la detención ilegal y tortura que sufrieron los dos ex agentes judiciales.

 Indicó que es la primera vez en once años de existencia de la CEDH, que recibe una recomendación, “pero se trata únicamente de fallas en la integración del expediente por un asunto de dilación aunque la recomendación de la CNDH ya fue aceptada por nosotros”, indicó.

Los ex agentes de la PJE, Armando Chew Cervantes y Jaime Alvarado Estévez alegan que fueron detenidos “de manera arbitraria” por el comandante de la PJE, Oscar Salomón Cruz Anguiano, acusados de robo y secuestro en agravio de un empresario de Guanajuato.

“La recomendación ya estaba lista desde el viernes, así que nos ganaron por unos segundos, efectivamente hubo un poco de dilación porque el expediente era extenso de unas 150 páginas y lo tuvimos que analizar concienzudamente”, argumentó.

No obstante, el ombusdman guerrerense informó que se iniciaría un procedimiento administrativo interno para deslindar responsabilidades de los servidores públicos de la CEDH que retrasaron la revisión del expediente.

Dijo que la recomendación había sido girada el viernes al procurador, Jesús Ramírez Guerrero para que inicie un procedimiento administrativo contra Cruz Anguiano.

A diferencia de los dos ex agentes judiciales que se quejaron ante la Codehum, Cruz Anguiano, sigue laborando en la Procuraduría de Justicia.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Una comisión integrada por miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos no gubernamentales se trasladó al penal de máxima seguridad de La Palma para solicitarle al preso político Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio del ERPI, levante su huelga de hambre que mantiene desde hace dos meses en demanda de que se apruebe una Ley de Amnistía a nivel federal.

“La comisión que acudió este lunes a la cárcel para hablar con Jacobo Silva Nogales va con el propósito de convencer a éste de que levante su protesta porque porque nosotros aquí vamos a luchar por lo que él está demandando”, expresó el dirigente de la Federación de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg).

Entre los dirigentes de las organizaciones que acudieron con el comandante Antonio se encuentra el dirigente de la Fodeg, Bertoldo Martínez, Ricardo Ludwing, de Acción Cristiana para la Erradicación de la Tortura, y Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (LMDH).

Pedro Nava señaló que otros que se encuentran en huelga de hambre son Gloria Arenas Agis, la coronela Aurora, Felicitas Padilla Nava y Fernando Gatica Chino.

“Nosotros estamos solicitando que los compañeros levanten su huelga, y esperamos que acepten esta propuesta, pues en el caso de Jacobo Silva Nogales ya presenta serios problemas de salud por los estragos del ayuno”, externó Nava Nava.

Informó que hoy a mediodía, los militantes de organizaciones sociales y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa realizarán una marcha en Chilpancingo para exigir la aprobación de una Ley de Aministía a nivel federal y local.

Recordó que por presión de las organizaciones sociales, el gobernador René Juárez envió al Congreso local una iniciativa de Ley de Aministía, misma que sigue su trámite legislativo en forma lenta, no obstante que los legisladores priístas encabezados por el presidente de la comisión de gobierno, Héctor Apreza Patrón se comprometieron a sacarla a mediados de junio.

En esta marcha que partirá de la alameda Granados Maldonado y culminará en las instalaciones del Congreso local, participarán alrededor de unas mil personas, adelantó Pedro Nava Nava.

Mencionó que en Atoyac de Alvarez, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) cumplieron seis días en huelga de hambre frente al Palacio Municipal en solidaridad con la lucha que está dando en el penal de La Palma el comandante Antonio.

Zacarías Cervantes Corresponsal, Chilpancingo * Debido a que  hablar con el gobernador René Juárez “no es fácil”, integrantes del Frente Indígena de la Montaña Caritino Maldonado Pérez, pidieron ayer la intervención de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en donde instalaron un plantón para ser escuchados.

Los indígenas mixtecos y tlapanecos de esta organización de La Montaña Alta y parte de la Costa Chica, tienen dos años solicitando una audiencia con el gobernador a quien pretenden entregarle de manera directa un pliego petitorio que, durante ese mismo lapso, no les han resuelto los funcionarios que argumentan escasez de recursos por los recortes al presupuesto por parte del gobierno federal.

El dirigente Pablo Espinobarros Deaquino informó que la última vez que tuvieron contacto con el subsecretario para Asuntos Políticos, Jesús Vargas Vargas, éste les dijo que se reunirían con el gobernador el 6 de marzo pasado pero que nuevamente fueron engañados.

En el plantón participan el delegado de la comunidad de Tepeyac, municipio de Malinaltepec, Francisco Cristino Ramos, el de la localidad de San José Vista Hermosa, municipio de San Luis Acatlán, Juan Carranza Rea y el de Cruz La Villa, municipio de Malinaltepec, Francisco Candia.

Solicitan recursos para una guarachería, una granja de engorda para pollos, una purificadora de agua y una panificadora. Los cuatro proyectos implican una inversión de aproximadamente un millón 200 mil pesos, según informó Espinobarros.

Los indígenas demandan también mil pacas de láminas de cartón, y 500 láminas galvanizadas, “porque las lluvias han llegado y los compañeros no tienen recursos para arreglar sus casas”.

Otra de las demandas es la electrificación de la comunidad de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, así como el pago de salarios de 10 maestros de la escuela preparatoria popular de Iliatenco, del mismo municipio. Espinobarros Deaquino informó que los catedráticos no cobran salarios desde 1987 que se fundó la escuela, dijo que hasta ahora viven de la cooperación de los padres de familia porque la Universidad Autónoma de Guerrero les reconoce los documentos, pero no absorbe los gastos con el argumento de que “no hay recursos para ese tipo de escuelas”.

Los indígenas demandan, asimismo el rastreo del camino del Crucero de Iliatenco a la cabecera de Malinaltepec.

Como los indígenas tampoco han conseguido de los funcionarios que han visitado la audiencia con el gobernador, a partir de ayer se instalaron en plantón en el acceso principal de la Codehum en demanda de la intervención del presidente del organismo, Juan Alarcón Hernández.

De la corresponsalía, Atoyac * Por tercera ocasión, integrantes de las organizaciones sociales que se mantienen en huelga de hambre afuera del Palacio Municipal de Atoyac, volvieron a tomar, por cuatro horas, esas instalaciones.

Los inconformes cerraron los principales accesos del ayuntamiento, por lo que impidieron la salida del personal e ingreso de ciudadanos.

La manifestación fue en apoyo a la huelga de hambre de los presos políticos Jacobo Silva Nogales, en la Palma, y los de los ceresos de la entidad.

Durante la movilización, algunos participantes indicaron que el gobierno estatal informó al alcalde Acacio Castro Serrano que no pueden hacer nada en el caso de Jacobo Silva Nogales, “pero no dan respuesta a las peticiones de los presos de Acapulco y Chilpancingo”, por ello señalaron que seguirán actuando con este tipo de medidas.

En tanto, a los trabajadores de la Comuna les permitieron abandonar el inmueble hasta que cumplieron su horario de trabajo.

Allí, algunos dirigentes como Rocío Mesino, de la OCSS, señaló que saldría sólo el personal de oficina, pero que se quedarían algunos directores, regidores y el alcalde, a fin de dialogar.

Por su parte, la luchadora social Hilda Flores Solís rechazó la protesta, con el argumento de que era “anticonstitucional, esa no es la manera de solucionar las cosas”.

La noche de ayer, el líder del Movimiento Social de Izquierda, Ranferi Hernández Acevedo, se dijo preocupado por la salud de Hilario Mesino Acosta, quien se mantiene en huelga de hambre, pues consideró que por su edad, 55 años, no soportara los estragos.

Señaló que por invitación de Ericka Zamora Pardo participarán en una manifestación pública frente a la Secretaría de Gobierno, en la ciudad de México, “pues es urgente que se evidencie el poco interés que las autoridades han puesto en el caso”. 

Al preguntarle quiénes son los presos podrían ampararse con la ley de amnistía, Ranferi Hernández expresó que serían aquellos que tienen en su proceso una recomendación de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.

Cito como ejemplo los casos de Alfredo Barragán Rentería y Omar Guerrero Solís.

Citó el caso Fidel García, quien fue detenido en la comunidad de Zocoyotzintla, en Aucotzingo, y torturado por soldados del Ejército Mexicano.

Ranferi Hernández aseguró que confía en las recomendaciones que ha emitido la Codehum, pero que en la determinación de quién puede considerarse un preso político también deben participar las Organizaciones No Gubernamentales, “porque se tiene la certeza que el gobierno del estado tendrá en la mira a determinados presos políticos, y tal vez las ONG no estarían de acuerdo”.

Adelantó que si la gestión del día 20 de junio en el DF, y la marcha del 18 de julio en Chilpancingo, no dan resultado, se organizarán a nivel nacional e internacional para que el gobierno federal cumpla con los compromisos que adquirió frente a la sociedad mexicana.

El Comité de Presos Políticos y de Conciencia de Acapulco criticó la actuación de los investigadores de la Procuraduría General de Justicia del DF que se encuentran en Guerrero encargados de indagar el asesinato de la abogada Digna Ochoa, y señaló que debido a sus acciones apresuradas se podrían perder evidencias que ayuden a esclarecer el crimen.

El presidente del Comité, Omar Guerrero Solís, informó que el agente del Ministerio Público del DF citó a un testigo mencionado en una de las declaraciones de los presos políticos, antes de investigar para obtener resultados sobre los vínculos que mantiene con el ex presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Alvarez.

Consideró que con esta comparecencia, antes de tener más elementos, se podría poner en alerta a Rogaciano Alba,  y se corre el peligro de que desaparezca información.

Por ello, insistió en la presencia del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro como testigo de las declaraciones, para garantizar la objetividad.

Expresó: “La Procuraduría se está adelantando, ya citó a declarar a una persona que sabe varias cosas”, dijo.

Además, informó que a los miembros del Comité los llamaron con insistencia este lunes, y dijo: “ya no se trata de un interrogatorio normal, es como un hostigamiento. Ya hemos dicho claro que si no está alguien del Pro, o alguien de confianza no podemos declarar porque se pone en riesgo la integridad física de nuestras familias”.

Destacó que lo más grave es el peligro de que las pistas que hay las quieran borrar los involucrados.

Consideró que la forma de trabajar de los investigadores de la PGJDF es “irresponsable”, porque “ponen en alerta a los involucrados”.

Señaló que en caso de que el Centro Prodh no acceda a participar en los interrogatorios, pedirán el apoyo de la familia de Digna Ochoa. “Pedimos el apoyo del Pro como una organización seria de derechos humanos y porque ahí estuvo trabajando Digna Ochoa”, explicó.

Consideró que los testigos mencionados por algunos presos políticos son claves ara esclarecer el crimen, y el MP del DF los llamó a declarar sin ninguna investigación previa.

Por otra parte, informó que este lunes el MP del DF llamamó a declarar a Moisés Martínez Torres, miembro del Comité de Presos, y lo mismo que Pilar Martínez Pérez confirmó que Nicolás Martínez Sánchez, El Cuarterón, (que según un testigo anónimo fue contratado para matar a la abogada) “es gente de Rogaciano Alba, y siempre ha sido reconocido priísta.

* El secretario de la Juventud, Joel Eugenio Flores dice que lo presionan funcionarios de primer nivel para que resuelva a favor del joven acusado de violación

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * A pesar de las presiones que dice que recibe de funcionarios “hasta de primer nivel”, el secretario de la Juventud, Joel Eugenio Flores aseguró ayer que el caso de Juan Pablo Grapaín Campos, acusado por el delito de violación, “se resuelve conforme a derecho” y con base a la Ley Tutelar para Menores del Estado de Guerrero.

El funcionario, quien es acusado por los padres de Grapaín Campos, Bernardo Grapaín Galeana y Leticia Campos Martínez, de hostigamiento y presión para que presenten a su hijo para la práctica de un estudio psicológico, ofreció ayer una conferencia de prensa para dar a conocer su versión de los hechos.

Informó que el Consejo Tutelar para Menores aún no ha determinado la inocencia o culpabilidad de Juan Pablo Grapaín, acusado de violación en agravio de los menores de cuatro y cinco años de edad, Francisco Antonio y Domingo Angelito en la localidad de Plan de los Amates, municipio de Acapulco, hace dos años.

Y explicó que  “los estudios de personalidad” que está solicitando como consejero instructor, forman parte de este proceso y que se establecen en la Ley Tutelar para Menores para emitir una resolución definitiva.

Dijo que los padres de Grapaín Campos, que son familiares del portero de la selección mexicana Jorge Campos, no quieren presentarlo y que lo mantienen prácticamente en calidad de prófugo de la justicia.

Señaló que los padres del joven, han pedido el apoyo de funcionarios del gobierno estatal y que en lo que va del proceso ha recibido de entre 30 a 40 llamadas “recomendándole que el asunto se resuelva a favor de Grapaín Campos”.

“Estamos recibiendo embates de todos lados, pero estamos actuando conforme a derecho porque el delito de violación es grave y la resolución definitiva será conforme a derecho”, dijo el secretario de la Juventud.

Dijo que aún cuando Grapaín Campos actualmente ya rebasó la edad para que se le interne en el Albergue Tutelar, debe cumplir con el proceso que se le sigue en su contra.

* Que les garantice por escrito que no se construirá la presa hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo, otra de las solicitudes 

Eduardo Albarrán Orozco, corresponsal, Iguala * Una comisión de habitantes del Alto Balsas se entrevistará con el presidente Vicente Fox, para pedirle que mediante un decreto se declare a esta región como reserva ecológica, informó Marcelino Díaz de Jesús, integrante del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena.

Asimismo, dijo que solicitarán al mandatario nacional que por escrito les garantice que no se construirá la presa hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo.

Señaló que este domingo se reunieron integrantes del CG500ARI en esa comunidad, perteneciente al municipio de Tepecoacuilco, a quienes informaron que un funcionario de segundo nivel de la oficina de Florencio Salazar Adame, encargado del Plan Puebla Panamá (PPP), le envió una carta al presidente municipal de Copalillo, Mario Rodríguez Sánchez.

En ella –dijo– se indica que la construcción de la presa de San Juan Tetelcingo no está prevista en el PPP, “pero el documento oficial que tenemos dice lo contrario. Hay una contradicción porque ahí se especifica que se encuentra dentro de los proyectos que incluyen carreteras, corredores industriales y otra presa, la de La Parota, en Acapulco”.

Para la visita a Fox se conformó una comisión integrada por el alcalde de Copalillo, el comisario de San Miguel Tecuiciapan, Maurino Neri Nava; Silvano Hernández Sánchez, y él.

El también aspirante a la diputación local por el Distrito 9 señaló que en el caso de la supuesta indemnización que se pagará a los habitantes de las comunidades de tres municipios afectados por la contaminación del agua con melaza del río Mezcala, esta misma comisión será la encargada de dialogar.

Explicó que los habitantes del Alto Balsas acordaron que desconocerían las pláticas que supuestamente ha sostenido con representantes de la empresa, el alcalde de Tepecoacuilco, Rafael Benítez Villalba, ni reconocerá los acuerdos a los que lleguen.

Indicó que están de acuerdo en que los daños ocasionados deben resarcirse, pero no con dinero en efectivo, “el cual se lo entregan hoy a la gente y ya mañana se lo acabó”, y agregó que pedirán proyectos productivos, que siembren peces en el río, que se haga una evaluación del daño ecológico real y que se vean alternativas, pero no económicas.

* También la pensión que el edil de Coyuca de Benítez prometió para una militante con secuelas de tortura

Alfredo Mondragón * La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) demandó al gobernador René Juárez Cisneros, el cumplimiento de los acuerdos signados tras el plantón de 30 días realizado en el asta bandera durante la temporada de Semana Santa, mismos que debieron cumplirse en un 50 por ciento el 22 de mayo.

La Codehum conminó al alcalde de Coyuca de Benítez, Julio César Diego Galeana, a pagar los gastos médicos a Reyna Avelino Huizache, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que perdió la vista tras haber sido torturada por la PJE, durante su detención el 1 de octubre de 1996.

También solicitó al alcalde Diego Galeana, tomar las “providencias necesarias” a fin de dar una respuesta a las demandas sociales, políticas y económicas de la OCSS debido a que han sido “discriminados” a pesar de que representan a 23 poblados que se encuentran en extrema pobreza.

En una visita a la redacción de El Sur, el dirigente de la OCSS, Luis Olivares, mostró documentos de la Codehum en los que instan al alcalde de Coyuca de Benítez, Diego Galeana, a apoyar económicamente a Reyna Avelino.

Luis Olivares recordó que el 13 de abril del 2001, el alcalde Diego Galeana, se comprometió a otorgar una pensión de 3 mil pesos quincenales y una beca para la hija de Reyna Avelino, pero únicamente les entregaba mil 500 pesos los cuales “no son suficientes para solventar los gastos médicos”.

Por su parte, Julio Olivares, quien en noviembre de 1997 sufrió un atentado automovilístico en que se quebró el tobillo debido a que “denunciamos la corrupción y desvío de recursos” del ex alcalde José Luis de la Cruz Reséndiz, también demandó al gobierno del estado, una indemnización ya que hasta la fecha lleva 100 mil pesos en gastos médicos.

Luis Olivares dijo que el gobernador René Juárez se comprometió con la OCSS a entregar el 50 por ciento de recursos para la creación de dos proyectos productivos, el primero para la fabricación y comercialización de materiales de la construcción y el segundo, 100 cabezas de ganado, 500 rollos de alambre, 100 mil pesos para gastos generales, para la cría y derivados de ganado vacuno.

Brenda Escobar y Marisela Santos, corresponsales, Zihuatanejo * Durante la madrugada de ayer lunes, los comerciantes situados en el lugar conocido como La Bodega –ubicado estratégicamente en el centro de esta ciudad– fueron desalojados por segunda ocasión con violencia por policías de Seguridad Pública, en cumplimiento de una orden girada por el ayuntamiento porteño, para que éstos sean reubicados a un lado de la plaza de la Libertad de Expresión.

Medio centenar de policías preventivos y de bomberos se apersonaron en el lugar donde hubo un primer desalojo la madrugada del sábado 15, y sin dar tiempo a que reaccionaran los 10 comerciantes afectados junto con otros compañeros más que se encontraban solidarizándose, fueron atacados con gases lacrimógenos y con agua.

En la acción, los policías preventivos golpearon a las vendedoras Hezabel Mirjam Matías Martínez, Guadalupe Valle Ambriz –que ya había sido agredida–, Virginia Cabrera Gallardo, Lucila Javier Carpio y Lucero Jazmín Matías Martínez, de 21 años de edad y con tres meses de embarazo; así como también atacaron al señor Carlos Javier Carpio, además de rociar gases lacrimógenos a los presentes para obligarlos a salirse.

Con el chorro de agua de las mangueras, los bomberos mantuvieron alejados a los miembros de la Unión de Comerciantes Fijos, Semifijos y Ambulantes, “Por el Derecho Constitucional al Trabajo”, quienes ante el desalojo, permanecieron protestando con pancartas frente a su anterior centro de trabajo, al otro lado de la avenida Benito Juárez.

Al respecto, la representante de esta organización priísta conocida también como Los Rojos, Cristina Domínguez Santos, calificó este segundo desalojo como “una acción represora” por parte del gobierno de Jorge Allec Galeana, “porque quiere que nos cambiemos a los locales de la plaza, pero sin garantizarnos que éstos van a ser propiedad de mis compañeros que durante doce años han permanecido en La Bodega”.

Domínguez Santos agregó que “el ayuntamiento nos ha humillado y pisoteado nuestros derechos como seres humanos, porque sólo la gente que no tiene capacidad para dialogar realiza acciones tan represoras, no es justo que hayan regresado como si fueran delincuentes y nos hayan golpeado, nos echaron gases lacrimógenos y encima nos mojaron los bomberos, nosotros no estamos cerrados a dialogar, pero sometiéndonos de esa manera no se puede lograr”.

Luego de deliberar durante cinco horas, los locatarios afectados, los comerciantes solidarios y la líder de esta agrupación, realizaron una manifestación de protesta que partió de la plaza de la Libertad de Expresión hasta el ayuntamiento de esta ciudad, con pancartas en rechazo al desalojo y contra el presidente municipal.

Al llegar al ayuntamiento porteño, los inconformes esperaron media hora, exigiendo ser atendidos personalmente por el alcalde, pero los atendió el director de Gobernación municipal, Raúl Ignacio Galeana Ramírez, quien invitó a la señora Cristina Domínguez y a los 10 locatarios de La Bodega a pasar a la sala de cabildos.

Por su parte, la administración municipal, mediante el secretario del ayuntamiento, Raúl García Urióstegui, dijo que las autoridades actuaron conforme a derecho, que no hubo violencia y que las movilizaciones de los vendedores responden a “intereses mezquinos” de dirigentes del PRD y PRS que quieren sacar provecho político del conflicto.

En entrevista, García Urióstegui informó que durante el desalojo remitieron por una hora a la Dirección de Seguridad Pública al vendedor Alberto Matías Alarcón, primo del director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, Lucas Nava Brito, y el propio García Urióstegui retó a los vendedores a presentar evidencias de golpes. 

No hay diálogo 

Los comerciantes desalojados y el secretario Raúl García Urióstegui rompieron el diálogo tras una ríspida reunión en donde ambas partes radicalizaron sus posiciones.

García Urióstegui propuso ahí hacer una consulta ciudadana para que los vendedores se reubiquen en los locales anexos a la Plaza de la Libertad de expresión, e incluso advirtió que si no los ocupan, el ayuntamiento va a asignarlos a vendedores ambulantes de otras zonas del centro de la ciudad.

Enfatizó que no quitará la vigilancia policiaca del predio y que la actual administración priísta no permitirá que se vuelvan a posesionar del área porque tienen el compromiso de hacer efectivo un convenio con los almacenes de Telas García.

Luego, cuando llevaban una hora de discusión, García Urióstegui reclamó la promoción de un amparo contra el ayuntamiento por parte de los comerciantes cuando estaban a punto de llegar a acuerdos, y luego dijo que no había nada de que hablar.