Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Una denuncia que fue presentada inicialmente ante la Delegación de la Procuraduría General de la República y turnada después a la Procuraduría del estado, por amenazas lesiones, privación ilegal de la libertad, intimidación y tentativa de violación en contra del ex director de la Policía Judicial, Jaime Figueroa Velázquez y en agravio de un particular no ha procedido, presumiblemente por intervención del gobernador René Juárez.El caso fue denunciado ayer por el colombiano Carlos Alberto González, quien se presentó como ex colaborador del gobernador René Juárez en el Foro sobre la violación de los derechos humanos y la ley de amnistía. El agraviado dijo que supone que por cobrarle un adeudo de 110 mil pesos por trabajos que le hizo como jefe de mecánicos durante su campaña como candidato al ahora gobernador, lo mandó detener y torturar, el 30 de octubre del 2000.González Campos, informó que inicialmente presentó la denuncia en la Delegación de la PGR en donde se abrió el expediente 178/CHI/2001, sin embargo el caso fue turnado por incompetencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado en donde se encuentra archivado desde el 12 de junio del 2001.González Campos, ingeniero en electrónica, informó que durante la campaña del gobernador René Juárez se desempeñó como jefe de mecánicos y que invirtió recursos y prestó sus servicios por 110 mil pesos con la esperanza de que cuando René Juárez llegara a la gubernatura lo beneficiaría con algún cargo o al menos le pagaría por sus servicios y su inversión.Sin embargo dijo que cuando acudió a recordarle el adeudo al ya gobernador ordenó que le pagaran el 50 por ciento del total, posteriormente, el 30 de octubre del 2000 fue detenido por agentes de la Policía Judicial del Estado acusado de secuestro.Denunció que los mismos agentes le quemaron una casa en Chilapa en donde vivía y en donde supuestamente tenía al secuestrado que nunca le dijeron de quien se trataba. Dijo que fue trasladado atrás de las instalaciones de la Procuraduría en donde por un descuido de sus captores logró quitarse la venda y reconoció al ahora ex director de la Policía Judicial, Jaime Figueroa Velázquez y entre otros al comandante Víctor Castro Valente y Francisco Peredo Jiménez contra quienes presentó la denuncia. Dijo que en ese lugar fue golpeado y torturado.Denunció que incluso el ex director de la corporación Figueroa Velázquez le pidió que ya no le cobrara al gobernador el resto del adeudo, y le aclaró que su detención obedeció a su insistencia al gobernador para que le pagara el adeudo.Informó que después su detención le enviaron otro cheque por 50 mil pesos pero que aún quedó un faltante de 10 mil pesos.Señaló que a la fecha sigue detenido el caso en la Dirección de Averiguaciones Previas, pero que además existe la recomendación  069/2002 de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos que no se ha cumplido.

 Karina Contreras * Veinte personas emprendieron ayer una marcha a la ciudad de México, a donde llegarán el primero de septiembre, para exigir solución a sus diferentes problemas, pero en común, demandan la no  privatización de la Comisión Federal de la Electricidad  (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex). La marcha denominada Por la dignidad de los pueblos indígenas partió del Zócalo porteño después de las 12 del día, la cual va encabezada por el delegado de la Federación de Militares Retirados, Víctor Humberto Castellanos, y por el ex candidato perredista a diputado por el distrito 17, Leodegario González Figueroa.En dos mantas los marchistas resumían sus demandas que son el respeto a los derechos humanos, fuera las fuerzas armadas; no a la apertura de la iniciativa privada de la CFE y Pemex; solución a los conflictos agrarios de Santa Cruz y El Podrido, y castigo a los responsables del asesinato de la defensora Digna Ochoa.Dijo que se unirán a los sindicatos de  electricistas y organizaciones para protestar por las intenciones de privatizar el patrimonio de los mexicanos.Entre los marchistas, los comerciantes Imelda Gómez Isla y Félix C. Naranjo señalaron que van a la ciudad de México para exigir castigo a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la y Secretaría de Medio Ambiente por el desalojo que fueron objeto por el trabajador, Pedro Morales Vargas el 12 de agosto.

 A casi un año de abierto el expediente de la masacre de Aguas Blancas en la Procuraduría General de la República (PGR), sin ningún avance en la investigación, esta dependencia solicitó el video de los hechos al abogado José Enrique González Ruiz, representante legal de los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que presentaron la denuncia, Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores.El abogado dijo que la petición del video, después de meses, revela el “absoluto menosprecio del gobierno al caso Aguas Blancas, el desinterés de la PGR para abordar la investigación del caso, y la notoria intención de burocratizarlo, de darle el tratamiento de irrelevante y darle una salida por cansancio”.Señaló que con esta petición, el gobierno mexicano demuestra el incumplimiento del compromiso que sus representantes hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un mes, de buscar una audiencia de los demandantes con el procurador Rafael Macedo de la Concha, y de solicitar que el expediente abierto de la masacre, que a principios de este año fue turnado a Guerrero, regrese a la PGR en la ciudad de México.Además, la petición del video no se justifica, pues la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, puso ese material a disposición de los interesados, cuando emitió su informe sobre la matanza de Aguas Blancas, el 23 de abril de 1996, en la que recomienda que se investigue al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer y a siete funcionarios de alto nivel de su gobierno. El video es parte del material probatorio de que hubo graves violaciones a los derechos humanos en Guerrero.González Ruiz informó que a finales de julio, durante su visita a México, el presidente de la CIDH, Juan Méndez, trató en una audiencia con el gobierno mexicano y con representantes de los demandantes la situación del caso Aguas Blancas y de la recomendación para que se investigue a los responsables.

En esa reunión, González Ruiz informó que no había avance en el cumplimiento de la recomendación. Dijo que la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mariclaire Acosta, se indignó ante esta denuncia, y replicó que la prueba de que sí hay atención del gobiernio a la recomendación es que el expediente fue turnado a la Delegación de la PGR en Guerrero.En respuesta, González Ruiz dijo que precisamente, el hecho de que el caso haya sido enviado por la PGR a la Delegación de Guerrero, donde no hay condiciones para que se investigue con imparcialidad, por la influencia del poder de Figueroa, revela el interés del gobierno mexicano por minimizar y trivializar el caso Aguas Blancas. Insistió en que el expediente regrese a alguna de las fiscalías de la PGR en el DF.En la reunión, el presidente de la CIDH exhortó a los representantes del gobierno mexicano a dar una respuesta a esta demanda, y éstos se comprometieron a tramitar una audiencia de los demandantes con el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y a que se analice la demanda de regresar el expediente a la ciudad de México.Informó que en esa reunión estuvieron presentes por parte del gobierno mexicano, además de la subsecretaria Mariclaire Acosta, el director de protección a los derechos humanos de la PGR, Mario Alvarez Ledesma; el delegado en Guerrero, Raúl Izábal y un agente del Ministerio Público federal de Acapulco y el representante del secretario de Gobernación, Santiago Creel, Ricardo Sepúlveda.También asistió un representante del fiscal especial sobre desaparecidos y crímenes del pasado reciente, Ignacio Carrillo Prieto, quien informó que recibió la denuncia sobre la masacre de Aguas Blancas que presentó la ex presidenta municipal de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y dijo que la Fiscalía la estaba analizando.En la misma reunión, el abogado de los demandantes del caso Aguas Blancas se manifestó en contra de que la Fiscalía Especial sobre desaparecidos investigue la masacre de 17 campesinos de la sierra de Coyuca de Benítez.González Ruiz, en entrevista por teléfono, explicó su posición: “No estamos de acuerdo en que sea la Fiscalía Especial la que se encargue de investigar el caso Aguas Blancas, porque se ha convertido en el basurero de la historia; todos los asuntos que el gobierno no quiere atender, o que quiere prorrogar, los mandan a la Fiscalía Especial, que de por sí está muy cargada y no ha podido avanzar en los casos de Tlatelolco y el 10 de Junio, y no ha podido hacer declarar a Echeverría.

 Eduardo Albarrán Orozco, corresponsal, Iguala * El 40 por ciento de las mil 800 hectáreas que se sembraron en el municipio de Iguala se perdieron como consecuencia de la sequía en esta región, informó el comisariado ejidal, Gerardo Román Chávez.Dijo que el periodo de 15 días de sequía se presentó en el proceso en que las plantas están cargando su cosecha y agregó que el costo de producción por hectárea es de aproximadamente 8 mil pesos por lo que la pérdida global  asciende a 5 millones 760 mil pesos, aproximadamente.Las pérdidas han afectado a mil 300 productores por lo que se ha buscado el  diálogo con la Secretaría de Desarrollo rural en la región para ver la  posibilidad que se les apoye con un programa emergente  porque no  tienen programado nada para pérdidas ya sea por sequía o por lluvia  para el campo.Dijo que durante un primer diálogo que tuvieron con representantes de la  Secretaría de Desarrollo Rural los apoyos emergentes están destinados a inundaciones y todo este tipo de contingencias, pero esperarán para ver qué otras quejas demandan en otras regiones por sequía o lluvias.Señaló que la situación del campo es crítica, sobre todo en estos momentos  que ninguna dependencia, ni el gobierno, ni los ayuntamientos voltean a ver al campo, porque están  preocupados en entregar sus administraciones o viendo lo de las elecciones.El comisariado ejidal, Gerardo Román Chávez comentó que por hectárea se  producen entre 4 y 5 toneladas de maíz lo que representa una producción  global de 90 mil toneladas de las cuales el 40 por ciento se han perdido,  reiteró.Román Chávez aseguró que esta situación podría reflejarse para la próxima  temporada en un desabasto de granos y consideró que el momento que vive el  agro en la zona norte es crítico y que el gobierno del estado y los  municipios están mas enfocados en apoyar las campañas de sus candidatos  para las alcaldías y diputaciones ante la decadencia que afronta el partido  oficial en el gobierno estatal, que en atender al campo.Confió que el gobierno implementará algún programa emergente de apoyo a la situación del agro.

* Piden la libertad de José Virginio Lucero

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Ciudadanos del municipio de Olinalá se instalaron anoche en plantón atrás del Palacio de Gobierno en demanda de la libertad del ex aspirante del PRI a alcalde, José Virginio Lucero, y de proyectos productivos.Unos 50 campesinos pidieron también que se dé marcha atrás a la candidatura del priísta, Víctor Apreza Salgado, de quien dijeron que fue impuesto por el dirigente estatal del PRI, Juan José Castro Justo, y por el coordinador del Congreso local, Héctor Apreza.Los campesinos priístas bloquearon la calle Ignacio Ramírez y demandaron una audiencia con el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.Con pancartas y mantas que colocaron en la fachada del Palacio de Gobierno, denunciaron que Virginio Lucero fue detenido presuntamente por el delito de secuestro, pero dijeron que es inocente y que los motivos de su detención fueron para impedir que llegara a la candidatura y dejar el camino libre al primo de Apreza Patrón, Víctor Apreza Salgado.En un documento que entregaron a los medios de comunicación demandan asimismo que la Procuraduría de Justicia investigue una denuncia en esa dependencia por el delito de abuso de confianza en contra de Apreza Salgado.Señalan que cuando se desempeñaba como alcalde de Olinalá, recibió del entonces gobernador, Alejandro Cervantes Delgado, un lote de toros sementales para que los distribuyera entre los ejidatarios pero que los vendió y se quedó con el dinero.

 De la corrresponsalía, Chilpancingo *  Hoy en la residencia oficial de Casa Guerrero la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra, expondrá el programa emergente para combatir el dengue.El jefe de prensa de la Secretaría de Salud, Gonzalo Castañón, señaló que en esta reunión que posiblemente sea presidida por el gobernador René Juárez Cisneros, se dará a conocer el monto económico que recientemente entregó la federación al gobierno del estado para poner en marcha este plan emergente contra el dengue.La semana pasada, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Ignacio Ortiz Ureña, dio a conocer que la federación había autorizado un millón 450 mil pesos a la Secretaría de Salud en Guerrero para reforzar las medidas de prevención y combate al dengue.Dijo en esa ocasión el funcionario federal, que Guerrero es considerado como una de las entidades con mayor número de casos de dengue clásico y hemorrágico y las zonas más afectadas por esta enfermedad son la Costa Chica y Costa Grande, Centro y el municipio de Acapulco.Hoy martes, Muñoz Parra dará un informe pormenorizado de la situación que atraviesan las regiones del estado más afectadas por el dengue, y dirá en qué consisten las nuevas medidas sanitarias.Según informes oficiales de la Secretaría de Salud, en Guerrero se han registrado más de 300 casos de dengue clásico y 88 hemorrágicos.Pero en el informe que la funcionara presentará hoy en la reunión, se omitirán las defunciones que ha habido como consecuencia de esta enfermedad.

 Alfredo Mondragón * La Secretaría de Salud (Ssa) desde el  sábado hasta el lunes, recolectó 356 toneladas de cacharros en 6 mil 229 casas de 60 colonias como parte del plan emergente e intensivo en contra del mosquito aedes aegypti causante del dengue, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07, Silvio Cortés Chavelas.Por otra parte, cerca de 100 militares se sumaron ayer al plan contra del dengue e iniciaron en Pie de la Cuesta con el reparto de trípticos con información de las medidas preventivas de la enfermedad, reportaron vecinos del lugar.La Ssa en Acapulco está contratando a 300 trabajadores extras para combatir el dengue y están siendo citados en las oficinas de la Jurisdicción Sanitario 07 ubicada en la colonia Hogar Moderno y ofrecen un sueldo de mil 500 pesos por 20 días en que durará el plan emergente, se informa en un cartel.Cortés Chavelas informó que esta noche empezaron las nebulizaciones (fumigaciones) en los Barrios Históricos, el fraccionamiento Marbella, la colonia Vicente Guerrero, Arroyo Seco, Apolonio Castillo, La Esperanza, Piedra Roja y vereda de El Cayaco.El jefe sanitario pidió a la población abrir sus ventanas cuando detecten las camionetas fumigadoras para que ingrese el insecticida y elimine el mosco del dengue el cual no es tóxico tanto para el ser humano y animales domésticos.En los tres días de recolección de cacharros, los trabajadores de salud repartieron 10 mil 517 trípticos con información de las medidas preventivas en contra del mosquito del dengue.  

Cortés Chavelas detalló que este sábado recolectaron 144 toneladas de cacharros (trastos y recipientes viejos donde se puede gestar la larva del mosco) en 16 colonias, con 13 camiones de volteo, visitando tres mil 282 casas, cinco escuelas, con la participación de dos mil 129 alumnos, 68 profesores y 77 trabajadores de salud.El domingo recolectaron 104 toneladas de cacharros, mil 597 casas visitadas de 21 colonias con 13 camiones de volteo, con la participación de 105 personas tanto de la dependencia estatal como voluntarios y repartieron tres mil 550 trípticos.Este lunes 14 camiones de volteo recorrieron 23 colonias, recolectando 108 toneladas de cacharros, visitando mil 350 casas, 10 escuelas, la participación de dos mil 942 alumnos, 145 profesores, 159 trabajadores de salud y dos mil 906 trípticos repartidos.

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Un menor de edad murió en una ambulancia del Seguro Social en el trayecto a la ciudad de Acapulco en donde sería atendido por probable dengue hemorrágico. Sus padres demandarán al IMSS, al director del Hospital Regional Ignacio Manuel Altamirano de este puerto y al médico que lo remitió a aquella ciudad, por negligencia médica, porque no fue acompañado por personal médico para ser atendido en el camino.El sábado 24, a las 10:30 de la noche, cuando era trasladado para una mejor atención médica, falleció en la ambulancia del IMSS, el niño Omar Delgado Salas, de 10 años, quien vivía en la comunidad de El Zarco, municipio de José Azueta.De acuerdo al diagnóstico de envío, Omar Delgado fue remitido al Hospital Vicente Guerrero del Seguro Social, por probable dengue hemorrágico y hepatomegalia. Sin embargo, debido a que sólo iba acompañado por sus padres Luis Antonio Delgado Sánchez y Araceli Salas de Delgado, al llegar la ambulancia a Coyuca de Benítez, el menor se agravó y murió.

Los padres del niño fallecido refirieron que el martes de la semana pasada, lo llevaron a la clínica del IMSS en Zihuatanejo, ahí la médico familiar,  Enriqueta Chavelas Mora, le diagnosticó inflamación de anginas, y le recetó paracetamol y penicilina.El viernes 23, a las 11 de la noche, el menor tuvo que ser internado debido a que presentaba fiebre alta y vómito. El sábado 24, los padres pidieron que fuera trasladado a Acapulco para una mejor atención.En el resumen que el médico Antonio Olivanos E., con matrícula 8175322, responsable de la atención del niño Omar Delgado, refirió que llevaba temperatura alta, malestar generalizado, nauseas, vómito, “manejado como probable dengue hemorrágico con plaquetopenia a su ingreso de 85 mil, reacciones febriles negativas. Plaquetas actual 60 mil (…) actualmente con deterioro del estado general”.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * El trabajador de la radiodifusora Stereo Sol, Hipólito León Acosta denunció que él médico Héctor Solís de la clínica del IMSS de esta ciudad, se negó a atender a su hija de nueve años de edad,  Mariela León Orduño, cuando llego casi inconsciente como consecuencia de que la menor sufrió un infarto.El afectado señaló que el pasado 22 de agosto no le recibieron a la menor porque no llevaban en ese momento el tarjetón del Seguro Social, aún cuando la niña está registrada en el archivo de esa clínica como beneficiario y además el personal lo conocen por que ya la han atendido en otras ocasiones.Indicó, que ante la negativa del personal médico de la clínica del Seguro Social, trasladó en estado delicado a su hija al hospital general de esta ciudad, donde fue atendida y se encuentra ya estable.Hipólito León, quien es cuidador de la antena de la radiodifusora, pidió la intervención de las autoridades correspondientes contra los directivos de la clínica de Atoyac de quienes dijo siempre han dado un mal servicio a los derechohabientes “y no es justo que nos traten con insolencia”.Abundó que  este fin de semana fue otra vez a la clínica para que le autorizaran seis estudios que la menor requiere para su recuperación, pero el médico Héctor Solís se negó a atenderlo, argumentando que ahora el tarjetón no presentaba la foto de la niña, cuando él vio que días antes llego casi muerta y se negaron a recibirla.

 Jorge Nava * Al rendir su declaración preparatoria en el Juzgado Décimo Penal, cinco detenidos acusados de secuestro en agravio del empresario de carros materialistas del estado de Morelos, Pablo Sánchez  Conde, acusaron que sufrieron torturas para declararse culpables por ese delito.El fin de semana la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), bajo el número expediente DGAP/084/2002 y número de expediente de pedimento 024/2002, fueron puestos disposición del juez décimo, Carlos Meza Román, José Aníbal Valenzuela, de 27 años de edad, Pedro Campos Bello, de 27, Alejandro González Narciso, de 24, Epifanio Barrios Núñez, de 20, y Marina Zamudio Cruz, de 23.Según informes del titular de la Policía Judicial del Estado (PJE) de Morelos, Guillermo Tenorio Avila; a las 03:00 horas del viernes de la semana pasada, se detuvieron a los cinco presuntos secuestradores que, según esa corporación, operaban en el Distrito Federal, Morelos y Guerrero.

El informe que dio Tenorio Avila, es que Sánchez Conde se encontraba encadenado en una casa de seguridad ubicada en la colonia Emiliano Zapata de Acapulco, luego de que fue secuestrado el pasado primero de agosto en Morelos, cuando se solicitó al padre de la víctima, Pablo Sánchez Alvarez, un servicio de transporte fletero de Acapulco a Cuernavaca.Se detalla que exigían la cantidad de tres millones de pesos a cambio de la libertad de Sánchez Conde, negociación que  era realizada desde Morelos.El secretario de acuerdos, Gilberto Rayo Trujillo le leyó a Marina Zamudio Cruz su declaración rendida al Ministerio Público en Morelos sobre el delito que se le imputa, la procesada llorando comenzó a narrar que un grupo de hombres encapuchados llegó la madrugada del 24 de agosto a su domicilio ubicado en calle San Fernando, manzana 203, lote 1, de la colonia Las Parotas, de este puerto.Contó que eran las tres de la mañana cuando se introdujeron para sacarla a la fuerza, mientras que tomaron a su hija menor de nombre Elizabeth, para amenazarla de que si no los acompañaba violarían a la menor.Dijo que la golpearon en todo el cuerpo hasta llevarla a un carro pequeño cuatro puertas para de allí trasladarla a Morelos, de lo cual se dio cuenta porque los encapuchados le dijeron eso.Abundó que allá la torturaron, la desnudaron y le metían la cabeza en un tambo con agua, además de amenazarla de violarla sino aceptaba que conocía a unas personas que le mostraron en fotografías, incluso recordó que uno de sus torturadores se bajó el cierre del pantalón.Después de su relato, el secretario de acuerdos asentó en el expediente que la declarante estuvo llorando durante todo el proceso.Además le pregunto a la procesada si aceptaba la interrogación de la agente del Ministerio Público adscrito al juzgado, Hilda Herrera Catalán; Zamudio Cruz se negó.Al tomar la palabra uno de sus representantes legales le pidió que dijera nombres de personas que presenciaron su detención, Zamudio Cruz especificó que fueron su madre Margarita Cruz Carmona, su hermana que también fue amenazada de violación si ella no se iba con los sujetos, Guadalupe Zamudio Cruz, sus hijas y sus hermanos Carlos Adrián de 12 años de edad, Víctor Manuel, de 6, y Angel Gustavo, de 9.Los defensores de Zamudio Cruz pidieron al juez la ampliación del término constitucional y que se llame a declarar al presunto secuestrado Pablo Sánchez Conde y a los agentes que detuvieron a los detenidos, Marco Antonio García Cortez, Manrique Aguilar Ayala y Ulises Nava.Los otros detenidos se limitaron a negar los cargos. Uno de los abogados de Zamudio Cruz, Gonzalo Moreno Astudillo informó que de la detención no tenía conocimiento la PGJE, por ello consideró que hay irregularidades en la detención de su clienta y otros.