Detienen al dirigente de la OCSS Luis Olivares; lo llevan a declarar a la PGR

Alfredo Mondragón * Agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) detuvieron ayer al dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Luis Olivares Enríquez, para presentarlo a declarar ante el Ministerio Público Federal (MPF) con relación a siete averiguaciones previas en las que se le responsabiliza de ataques a las vías de comunicación, con motivo de bloqueos a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo realizados por campesinos.

Olivares Enríquez fue detenido ayer a las 7 de la mañana en Coyuca de Benítez. Después de las 8 de la noche, salió de la Subdelegación de la PGR en Acapulco, donde le informaron que será llamado a declarar nuevamente en siete indagatorias entre ellas la AP/238/01 y AP/253/02.

El dirigente estuvo acompañado por el abogado de la OCSS, José Manuel Reyes Camero.

Liberan al líder priísta y a 6 taxistas detenidos en el bloqueo de la Escénica

* Pagaron bloqueadores 68 mil pesos de fianza

Alfredo Mondragón * Los seis taxistas y el líder priísta de Piedra Roja detenidos por la Policía Preventiva durante el bloqueo del pasado lunes 4 de febrero en la carretera Escénica salieron en libertad el martes por la tarde tras haber depositado una fianza de 68 mil pesos.

Pero ayer, al resolver la situación jurídica, el juez segundo de lo Penal, Luis Aguilar Delgado, les dictó formal prisión por los delitos de motín y sedición, así como auto de libertad por los delitos de ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares, por lo que continuará el proceso por la vía ordinaria.

El líder de la colonia Piedra Roja, Miguel Angel Godínez Gómez, pagó una fianza de 20 mil pesos, en tanto que Jesús Quevedo Gómez, de 41 años; Juan González López, de 40 años; Gerardo Tovar López, de 35 años; Alejandro Fuentes de la Rosa, de 30 años; Servando Hernández Victorino, de 23 y Elvia Castañeda Sandoval, de 31 años; pagaron ocho mil pesos de fianza cada uno.

Los seis taxistas y el líder priísta, quienes bloquearon la Escénica durante 40 minutos en protesta contra el pirataje, salieron ayer del penal a las 17 horas tras depositar una fianza total de 68 mil pesos, pero como el juez dictó auto de formal prisión por los delitos de motín y sedición continuará el proceso penal por la vía ordinaria.

Afiliados del STTAISUAG paran y toman Rectoría por aumento salarial de 8.5%

* En Acapulco un centenar ocupó las instalaciones de la Zona Sur

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Unos 500 afiliados al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), tomaron la Rectoría de la UAG y la Secretaría de Extensión Universitaria, en demanda del pago del 8.5 de incremento salarial, 90 días de aguinaldo y el reconocimiento de la antigüedad real por parte del ISSSTE.

Los trabajadores administrativos se reunieron desde las cinco de la mañana de ayer en las oficinas de la Rectoría donde impidieron la entrada a los funcionarios de la administración central a quienes les cerraron los accesos de sus oficinas y el estacionamiento.

En entrevista el secretario de Organización del STTAISUAG, Rafael Lobato Nava informó que hasta el mediodía no había ninguna respuesta por parte de las autoridades universitarias y que “por acuerdo de la reunión regional del martes pasado tomamos las instalaciones de la Rectoría de la UAG en espera de que estalle la huelga nacional”.

Explicó que ese mismo día la administración universitaria ofreció un incremento salarial del 5.25 por ciento de aumento salarial, y el 1.25 en prestaciones que no satisfizo la exigencia de los trabajadores por lo que continuarán con las protestas hasta el inicio de la huelga.

Sin embargo, el dirigente sindical reconoció que la Rectoría no es “la inmediata responsable de otorgarnos el 8.5 por ciento de incremento salarial, pero pensamos que a través de su gestión el rector Florentino Cruz Ramírez puede concertar con las autoridades gubernamentales para que al menos se nos otorgue el mismo aumento dado a otras instituciones como la UNAM o la Universidad de Durango”.

Manifestó que la toma de la Rectoría y de otras instancias, así como el comienzo de la huelga el próximo viernes, se debe a que no se han cubierto varios adeudos.

De acuerdo a un informe entregado a los trabajadores del STTAISUAG, se indica que universidades como la de Aguascalientes obtuvo el 7.25 de incremento y el 0.1 en prestaciones; en las universidades de Baja California Norte y Sur que estallaron su huelga el pasado 6 de febrero no hay ningún ofrecimiento; el personal administrativo de las universidades de Oaxaca y Yucatán aceptaron el 5.25 de incremento salarial.

En el caso del Colegio de México, firmó con 5.25 por ciento de incremento salarial, y el 2.74 en prestaciones, incremento en vales mensuales, bono de 1.3 por ciento de estímulos de colectividad, que suman en total el 8.9 por ciento; los empleados de los Colegios de Bachilleres aceptaron el 5.5 por ciento de incremento salarial más un ajuste al tabulador del 2.83 por ciento que en total representa el 8.3 por ciento.

Los sindicatos académico y administrativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, firmaron en el caso de los académicos el 6.75 por ciento de aumento salarial, el 1.5 por ciento de la prima de antigüedad, el 0.5 por ciento de material didáctico, el 2.1 por ciento en prestaciones no ligadas al salario.

Las universidades y otras instituciones que prorrogaron su huelga para el 15 de febrero destacan: los académicos de los Colegios de Bachilleres, Campeche, Chapingo (que estalló el martes), Durango, estado de México, Guadalajara, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, la Narro de Saltillo, la UJAT de Tabasco; la UAM que está en huelga y la Veracruzana.

También en Acapulco, unos cien trabajadores del STTAISUAG encabezados por su secretario general en esta región, Angel Pedrote Carreón, tomaron ayer la Coordinación General de la Zona Sur y pararon labores como parte del plan de acción que en conjunto realizan con el STAUAG. Los trabajadores técnicos, administrativos y de intendencia prevén continuar hoy en paro de labores, pero en sus centros de trabajo.

Siguen sin reparar 78 escuelas de Coyuca afectadas por los sismos

Ossiel Pacheco, Coyuca de Benítez * Después de cuatro meses del sismo de 6.1 grados escala de Ritcher ocurridos el pasado 7 de octubre, las 78 escuelas del municipio de Coyuca de Benítez que resultaron dañadas no han sido reparadas, informó el presidente municipal, Julio César Diego Galeana.

Entrevistado durante la protesta de los padres de familia de la escuela primaria Hermenegildo Galeana, quienes piden la reconstrucción del plantel, dijo que el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) no ha liberado los 9 millones de pesos que el gobierno federal comprometió a erogar para reparar los 78 planteles de la cabecera municipal y de las diferentes comunidades que resultaron dañados en su infraestructura física.

De acuerdo a la evaluación de daños que realizó la SEP de las escuelas dañadas, el gobierno federal comprometió después del primer sismo la entrega de 9 millones de pesos para reparar las escuelas que resultaron afectadas, situación que constató el entonces titular de la SEG, Miguel Mayrén Domínguez, quien recorrió los edificios afectados.

Liberan defititivamente a 5 dirigentes indígenas y revisarán órdenes de arresto

* La concentración de campesinos de las comunidades mixtecas, tlapanecas y nahuas continuaba este miércoles, en espera de que la Procuraduría de Justicia se desistiera de todas las órdenes de aprehensión contra las autoridades indígenas 

Karina Contreras * Después de horas de tensión entre cientos de indígenas que acudieron a San Luis Acatlán en defensa de la Policía Comunitaria y las autoridades estatales y municipales, las partes firmaron un acuerdo de nueve puntos, que comienza con “la liberación inmediata y definitiva” de los cinco dirigentes que el martes habían salido provisionalmente bajo fianza.

El acuerdo fue firmado a las 11 de la noche del martes, cuando las tensiones habían llegado incluso a que la Policía Judicial desarmara a un comunitario, y la Policía Comunitaria desarmara a un judicial. Firmaron el acta cinco dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas: Francisco Filomeno García, Adalberto Quintero Gallardo, Ciriaco Rojas Calixto, Crisóforo Galindo González y Medardo castro Marín y por parte del gobierno, el agente del Ministerio Público, Felipe Quintero; el delegado regional de la Procuraduría de Justicia, Héctor Justo Herrera; el juez Jacinto Casarrubias y el presidente municipal de San Luis Acatlán, Abdías Acevedo.

Con el primer punto quedó resuelta la demanda más inmediata que provocó la movilización de cientos de indígenas de las comunidades mixtecas, tlapanecas y nahuas.

Para encaminar la resolución de la segunda demanda de los manifestantes, que es la cancelación de por lo menos 16 órdenes de aprehensión más contra los integrantes de la Policía Comunitaria, se acordó crear una comisión de seguimiento de las averiguaciones y órdenes de aprehensión, que quedará conformada por la Procuraduría, el juez y la Coordinara Regional de Autoridades Indígenas, con la finalidad de revisar todos los casos y hacer un paquete para solicitar al procurador, Rigoberto Pano Arciniega, que se desista de toda acción penal en contra de los miembros de esa organización.

Otro de los puntos, es crear una coordinación entre el Ministerio Público, el juez Mixto, la Presidencia Municipal y la Coordinación Regional de Autoridades Indígenas para no entorpecer el trabajo de ambas.

En ese mismo se pide que cuando se crucen las demandas de alguna persona sobre el mismo caso, antes de ejercer cualquier acción penal, se deberán unir las partes para buscar la conciliación.

También se acordó que se respetarán las oficinas y la integridad de las autoridades de la Coordinación y de la Policía Comunitaria por parte de las autoridades judiciales; que no se ejerza ninguna represalia contra las personas que participan en la movilización.

Los cinco policías comunitarios Leandro Calleja Natividad, Valente Laureano Arellano, Efrén Cortés Clemente, Alfonso Bello González  y Celestino Bravo Carbajal fueron detenidos el lunes 11 con violencia por la Policía Judicial. Ellos fueron acusados por Constantina Moran Ramírez y Silvino Encarnación Gabino de la comunidad de Yoloxóchilt de San Luis Acatlán de privación de su libertad en el mes de diciembre pasado. Encarnación Gabino fue detenido por intento de homicidio. Según los datos recabados, esta persona ha sido acusado varias veces por este mismo delito en contra de su mamá, su tía y dos de sus hermanos.

El martes más de 500 indígenas de diferentes comunidades mixtecas, tlapanecas y nahuas marcharon y permanecieron en plantón para exigir la liberación de los dirigentes. Fueron dejados en libertad provisional bajo caución, pero ellos pedían la libertad definitiva; además, existían 16 órdenes más. Por eso, seguía la concentración de indígenas que bajaron de más de 20 comunidades de la Montaña.

Se firmó el acuerdo, pero no se ha resuelto nada: Cirino Plácido

Después de la firma de los acuerdos, en entrevista vía telefónica, uno de los fundadores de la Policía Comunitaria y miembro del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Cirino Plácido Valerio, dijo que a pesar de que se firmó el acuerdo no está resuelto nada.

Este miércoles en la tarde, informó que todavía permanecen afuera del Ministerio Público cerca de 900 indígenas hasta que el procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, revise los expedientes y se desista de las órdenes de aprehensión, y que se dé cuenta de que todo fue fabricado.

Manifestó que la Policía Comunitaria no es “ilegal”, porque es aceptada por todos los pobladores, y con ella se mantiene la paz y la tranquilidad en la región. Agregó que el gobernador debería “agradecer que uno está haciendo el trabajo de ellos” y que se está ahorrando un buen dinero, porque la Policía Comunitaria no cobra nada”.

Sobre la reunión con el gobernador Juárez Cisneros que propone el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI) para renovar el “pacto político” que venía funcionando con el ex gobernador Angel Aguirre dijo que ellos han buscado al gobernador pero éste “no ha sido capaz de sentarse a escuchar, de dialogar. Nosotros no pedimos que se subordine, pero sí que nos respete. Que reconozca que esta Policía Comunitaria no es creada por otro interés que no sea de mantener la paz en el territorio, de garantizar la convivencia”.

Cirino Plácido pidió al gobernador René Juárez que “trate de entender al indígena”, que tenga sensibilidad y que para “los pobladores de esta región la policía comunitaria es la que garantiza la seguridad de los que viven en ella”.

Pidió la Codehum a Miranda promover la legalización de la Policía Comunitaria

* La Comisión analizó quejas de personas sancionadas por la organización indígena, y concluyó que vulnera los derechos humanos de los detenidos 

De la corresponsalía, Chilpancingo * Desde diciembre del año pasado, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) envió una recomendación al secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, a quien le pide realizar las gestiones necesarias para que el Congreso local promueva una ley que dé vida jurídica a la figura de la Policía Comunitaria para que se regule la actuación de dicho cuerpo policiaco y evitar que cometa violaciones a las garantías individuales en agravio de habitantes de aquella región.

La recomendación señaló una fuente de este organismo de derechos humanos, no fue acatada por el funcionario estatal quien ya envió en esos términos la contestación a la Codehum.

La recomendación 042/2001 que envió la Codehum fue el resultado de la denuncia que interpuso ante este organismo Amado Cortés Mendoza quien señala al presidente de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas y comisario municipal de Pascala del Oro (del municipio de San Luis Acatlán) José Guadalupe Navarrete Chávez y Loreto Carvajal Eulalio, comandante de la Policía Comunitaria, de haber violado los derechos humanos de Federico Cortés Martínez y Raúl Luna Cipriano.

Ambas autoridades, dice el documento, fueron acusados de los delitos de detención arbitraria, allanamiento de morada y lesiones en agravio de Raúl Luna Cipriano y Federico Cortés.

El 30 de noviembre, Marciano Martínez Moreno, miembro del comité directivo de este cuerpo policiaco dio a conocer que uno de los detenidos se encontraba en varias comunidades de la Montaña realizando trabajos forzados como sanción que le impusieron al habérsele encontrado culpable y que obtendrá su libertad hasta que concluya su pena.

En la argumentación jurídica que presenta la Codehum sobre la ilegalidad en que opera la Policía Comunitaria en varios municipios de Guerrero, señala que en un país como el nuestro, donde se asegura que hay un Estado de derecho, no tienen cabida estos cuerpos policiacos.

La problemática de las policías comunitarias no estriba en su existencia misma, pues se entiende que su finalidad superior es el mantenimiento de la paz, el orden y la tranquilidad al interior de la localidad, lo que realmente trastoca el régimen de legalidad es el desempeño irregular de sus funciones autoencomendadas, dice el documento de la Codehum.

Y señala: “En un estado como el nuestro que asegura vivir bajo las cauces de la democracia, en estricto derecho la figura de la Policía Comunitaria es inexistente, ya que a dicha figura no le da vida una sola disposición legal”.

Indica que en estricta atención a los numerales trascritos, se tiene que en las detenciones y sanciones aplicadas por las policías comunitarias se vulnera la garantía de audiencia, puesto que a los individuos les es nugatoria la posibilidad de ser oídos y vencidos en juicio.

La recomendación de la Codehum afirma que muchas veces las policías comunitarias realizan sus acciones cometiendo ilícitos, su participación en la prevención de delitos, investigadoras de los mismos e impositoras de penas, haciendo las veces de agentes del Ministerio Público, jueces y encargados de la readaptación social, por lo que se torna urgente el adoptar medidas encaminadas a eliminar dichas prácticas en aplicación estricta del derecho.

Y el informe concluye diciendo que las detenciones de Amando Cortés Mendoza, Federico Cortés Martínez y Raúl Luna Cipriano son claras evidencias de que sufrieron violaciones a sus derechos humanos.

En la misma recomendación que le envió la Codehum a Miranda Añorve le pide su intervención ante la denominada Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas y Comité Ejecutivo de la llamada Policía Comunitaria para que en caso de que tengan privado de su libertad a Amando Cortés Mendoza sea liberado o puesto a disposición de la autoridad competente en el supuesto caso de que exista orden de captura.

La recomendación de la Codehum fue rechazada por Miranda Añorve, aunque esto no fue dado a conocer públicamente por dicho organismo.

Analizará el Congreso la incorporación a la ley de la Policía Comunitaria

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, y el del PRD, Octaviano Santiago Dionicio, anunciaron ayer que el tema de la Policía Comunitaria se discutirá a fondo y que deberá ser incorporada a la recién aprobada Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

Sobre la detención de cinco de los dirigentes de la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán Apreza Patrón dijo: “Es un asunto que se ha venido discutiendo mucho, cuáles deben de ser sus funciones, hasta dónde debe de llegar, hay un serio problema en relación con la actividad que realizan, no está considerada en la ley”.

Agregó: “Incluso cuando nosotros abordamos el asunto de la Ley de Seguridad Pública, no se incluyó lo relativo a las policías comunitarias por que en sus funciones imponen sanciones y eso no es algo que les esté permitido, creo que es algo que tenemos que revisar con mucha seriedad, pero evidentemente se tiene que actuar dentro del marco de la ley, no se puede estar al margen de ella”.

–Ustedes no la aprobaron como figura jurídica, pero la Policía Comunitaria existe y actúa.

–Pero la Policía Comunitaria no puede estar actuando al margen de ley, las policía tiene una serie de  reglamentaciones, de ordenamientos que debe de cumplir, y la policía comunitaria como ha venido actuando, incluso impone sanciones, y eso evidentemente es algo inconstitucional.

–¿Cuádo se va a discutir si acepta que debe tratarse el tema fondo?

–Claro y tenemos que ver cómo le entramos, pero la fracción del PRD no acudió a las reuniones de la Comisión de Seguridad Pública, vino y lo planteó aquí en tribuna el asunto, nunca llevó una propuesta al seno de la Comisión que estaba discutiendo ese asunto, es más creo que ellos deberían de estarlo discutiendo y deberían intentar armar una propuesta que le diera cauce legal al comportamiento de estas policías.

–¿Es viable las Policía Comunitaria?

–Como un elemento que coadyuve a fortalecer un ambiente de seguridad pública sí, pero no en la forma en que vienen funcionando ahorita no.

Mientras, el coordinador parlamentario del PRD, Octaviano Santiago Dionicio, sobre el mismo tema, indicó: “Es un acto lleno de arbitrariedad que de alguna manera reafirma un conducta de desprecio a una institución que aunque no está enmarcada en la ley por capricho del grupo gobernante y de la mayoría priísta ha dado aportaciones a la seguridad de los pueblos cuando menos de la zona de la Montaña”.

Agregó: “Vamos a seguir demandando que se genere el marco legal para que operen y  se deje de ver como delincuente a quienes están haciendo mucho más por la seguridad de los pueblos que los grupos uniformados del gobierno del estado”.

Luego añadió que la Policía Comunitaria  “no debe ser un asunto de capricho, sencillamente frente a la irresponsabilidad con  que actúan la instituciones de procuración de justicia y frente a la acción evasiva de las corporaciones del estado se justifican”.

–¿Por qué este asunto no se trato en esta sesión del Congreso?

–Porque no hubo reunión de la Comisión de Gobierno que discutirá la temática del día de hoy y eso de alguna manera nos impidió meter al orden del día le debate, pero seguramente en la  siguiente sesión que tengamos vamos a insistir, en un primer momento que deje de agredirse al grupo de policías comunitario y se vayan creando las condiciones para llevar a cabo el marco legal que le de amplitud para la persecución del delito.

Jesús Vargas Vargas

Marchas, bloqueos y plantones

El otro día un amigo periodista me atajó mientras se daba un bloqueo atrás del Palacio de Gobierno y una marcha de dos organizaciones sindicales sobre la misma calle Ignacio Ramírez en Chilpancingo con la pregunta ¿qué esta pasando? ¿ No cree que ya es mucho, que se le está saliendo del control al gobierno? Yo me dirigía a atender la instalación de una mesa de diálogo, y sólo alcancé a decirle que esas movilizaciones son normales y que no nos asustan porque el contexto de Guerrero es el de un estado con rezagos sociales muy fuertes, de una situación de pobreza extrema y con insuficiente apoyo presupuestal federal, y que la gente quiere respuestas a sus necesidades, además de que hay algunas actitudes de líderes y dirigentes, grupos y organizaciones que plantean cosas irracionales para las atribuciones y capacidad económica de respuesta del gobierno del estado. Y rematé diciéndole que sólo aquellos que viven en regiones de altos niveles de ingreso o en países desarrollados o vivan en Disneylandia sí pueden asustarse de los movimientos que pasan en Guerrero.

El teórico Juan Carlos Portantiero, en un análisis de las propuestas políticas weberianas y gramscianas, propone en gran medida una respuesta a esas inquietudes de mi amigo periodista: “No caben dudas acerca del peligro que significa, en la democracia de masas, que en política predominen los elementos irracionales. Como las masas piensan en términos inmediatos están siempre expuestas a influencias emocionales. Ese riesgo aparece con redoblada fuerza cuando esas masas están desorganizadas y tienden, por lo tanto, a practicar ‘la democracia en las calles’. Sin ‘partidos organizados racionalmente’ o con parlamentos débiles y políticos desacreditados, la probabilidad de que la activación sea incontrolable es aún más cercana” (Los usos de Gramsci, 1981).

Esta cita plantea perfectamente bien lo que está pasando en Guerrero respecto a las movilizaciones sociales y que la vox populi, los medios de comunicación y la oposición al régimen sospechan, catalogan o afirman que son una muestra de la ingobernabilidad e incapacidad del gobierno para atender las demandas y necesidades de la sociedad y para mantener el Estado de derecho.

Cuando se está entrando en la democracia de masas, dice Portantiero, existe el peligro de que este proceso de democratización sea confiscado por la izquierda o desbaratado por la derecha a través de la demagogia, recurso mediante el cual estas expresiones políticas confunden a las masas en cuanto a la importancia de su activación y participación en la democratización de la sociedad, haciéndoles creer que llevarles respuesta a sus necesidades inmediatas (despensas, pacas de lámina, dinero para fines personales, fertilizante) o llevarlas a la calle para exigir y gritar, bloquear y plantarse es la manera de (confundir) estar  construyendo y sintiendo la democracia.

En Guerrero todavía estamos transitando el ingreso a la democracia de masas, no como medio de dominación corporativista de la época de Cárdenas, sino como manipulación de las necesidades más elementales de existencia de la gente a cambio de un sufragio. ¿Y qué tipo de masas ? Pues mayoritariamente empobrecidas, paupérrimas, que gracias a la democracia que se ha estado abriendo desde 1988, están saliendo de sus pueblos, comunidades y colonias, exigiendo respuestas inmediatas a la situación que sienten.

En estas circunstancias, cuando las masas están influenciadas por sus emociones de protesta e inconformidad hacia su situación inmediata, llegan como redentores políticos de derecha y de izquierda, con el propósito de que esas masas se conviertan en sus seguidores para llegar al  poder. ¿Y cómo lo hacen?: con demagogia, con el “incontrolado reconocimiento de su activación y participación” en las decisiones democráticas del Estado moderno, llevándolas a la calle al bloqueo, la marcha, al plantón, a “practicar” la democracia en la calle.

Entonces, tenemos, por un lado, masas que están descubriendo con emoción, coraje e inconformidad la importancia de su activación y participación y, por otro lado, líderes de derecha y de izquierda que acuden a la demagogia, o sea el reconocimiento descontrolado de las masas, para atraerse mutuamente a sus fines personales, unos para poner aunque sea un techo de lámina a su casa y otros para llegar al poder.

Esos son dos de los factores irracionales que ponen en peligro la democracia, la política, como actividad de entendimientos civilizados basados en convicciones, ideología y ética, que permiten tratar con seriedad, responsabilidad y eficiencia los asuntos públicos y del poder.

Lo real de esto es que en mi oficina se presentan líderes que al no ver que haya posibilidades de una respuesta expedita por parte del gobierno a sus demandas contra las condiciones de pobreza en que viven, inmediatamente advierten que traerán a toda su gente (desorganizadamente) a las calles para  exigir  (practicar la  democracia) lo que por justicia –dicen–  les corresponde “porque pagamos nuestros impuestos”, sostienen. En esto yo encuentro demagogia y emociones que en nada ayudan a construir la democracia y a que la política opere.

Pero ¿qué más dice la cita de Portantiero que nos explica lo que pasa en Guerrero?: “Sin partidos organizados racionalmente o con parlamentos débiles y políticos desacreditados, la probabilidad de que la activación –de las masas– sea incontrolable es aún más cercana”.

Cuando veo un grupo de determinado sector social protestando en la calle me pregunto: ¿dónde están los partidos?, estas intelligenzias que se supone deben coadyuvar a la gobernabilidad y a canalizar legal y legítimamente las aspiraciones de la gente; también me pregunto por qué no van con algún político o representante popular que les sirva de interlocutor con las esferas de gobierno, y la respuesta es que no hay credibilidad en ellos.

Entonces ¿qué hay detrás de cada marcha, plantón o bloqueo? Todo eso: masas conducidas por sus emociones y líderes de derecha y de izquierda demagogos, desorganizados, que creen que en la calle encontrarán la democracia y la respuesta inmediata a sus exigencias; hay partidos que no funcionan y organizados no racionalmente, sin credibilidad y sin capacidad de interlocución; hay líderes y dirigentes políticos y sociales demagogos que exaltan la importancia de las masas –la base, dicen– y que creen que la democracia se practica en la calle; hay un Parlamento débil y políticos desacreditados y, por supuesto, hay un gobierno con límites en su capacidad de presupuesto, de eficiencia administrativa y de sensibilidad política, que centraliza medios administrativos, coercitivos y políticos para atender a la gente, pero, en fin, hasta la ley tiene sus propios límites –sobre todo en tiempos– que la gente muchas veces no conoce ni, en medio de sus emociones, está dispuesta a  entenderlos. A todo esto, aúnenle la ignorancia que en una medida o en otra tienen todos los actores aquí señalados.

Todo esto, y más, es lo que está detrás de una marcha, plantón o bloqueo, todo un fenómeno de relaciones políticas y sociales, de corresponsabilidades múltiples. No sólo hay una mala actuación del gobierno, creer esto es simplista, ver sólo el árbol y no el bosque, es ser crítico sin ser autocrítico, es idiosincrasia del tlatoani, del paternalismo de Estado, reducir la gobernabilidad a la responsabilidad del Estado sin mirar la de la sociedad.

PD 1. No es irracional exigir una paca de lámina para tapar los hoyos de una casa de cartón, lo irracional es que la gente crea que el gobierno tiene la obligación de poner techo a todas las casas.

PD 2. La necesidad de que la gente tenga trabajo o asistencia del gobierno es real y muchas veces justa, pero no justifica la anarquía.

PD 3. Decir que los bloqueos, marchas y plantones sean normales no equivale a decir que no pasa nada en Guerrero.

El Plan Puebla Panamá si tiene recursos y sí tiene proyectos

* Respuesta a declaración de Manuel Camacho Solís

La semana pasada, durante su visita al puerto de Acapulco, el ex candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático, Manuel Camacho Solís, visitó la redacción de El Sur para una entrevista con el director de este medio, Juan Angulo Osorio, y el coordinador de información, Arturo Solís Heredia. Uno de los temas de esa charla fue el Plan Puebla Panamá (PPP), sobre el que advirtió: “El riesgo es que se quede en una idea política y en un plan de coordinación de inversiones gubernamentales, en donde una o dos obras se hagan en algunos años y entonces se diga que eso es el Plan Puebla Panamá”.

Esta opinión provocó la respuesta del titular de la Dirección de Comunicación Social de la Coordinación del plan, Tomás Tenorio Galindo, quien informó de los objetivos del plan y las inversiones que se ejercerán este año en las regiones sur-sureste del país. Para Tenorio Galindo “resulta incomprensible que el Lic. Camacho Solís formule declaraciones como las expresadas en la entrevista con El Sur el pasado martes 12 de febrero”.

En la entrevista, Camacho Solís aseguró que “no hay todavía una estrategia precisa de lo que pretende el plan, no hay fondos para darle sustento y hay una sobreventa del mismo desde hace tiempo que no está correspondiendo a los hechos”.

Tenorio señala, en este sentido, que el presupuesto aprobado por el Congreso etiqueta recursos al plan por un monto de 8 mil 116.4 millones de pesos para la infraestructura carretera y portuaria, de los cuales 4 mil 987.7 corresponden a acciones etiquetadas en el presupuesto de egresos de la federación (PEF), mil 264.1 a acciones financiadas a través del Fideicomiso del Sureste (FIDES) y mil 864.6 se espera financiar con recursos privados. En este rubro, el plan Puebla Panamá ejercerá recursos que representan el 30 por ciento del total de la inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además se asignaron recursos al PPP para programas sociales propuestos por los estados, como 56 millones de pesos para los Albergues Escolares Indígenas en Guerrero.

Tenorio Galindo insiste que el PPP tiene el propósito fundamental de ofrecer a los habitantes del sur-sureste oportunidades de desarrollo para elevar su calidad de vida e integrar a la región a la dinámica del resto del país. De modo que, “naturalmente, tiene fondos y proyectos, como se puede constatar en la revisión del presupuesto de egresos de la federación de este año”.

Por eso, finaliza Tenorio, “a la luz de estos datos, resulta incomprensible que el Lic. Camacho Solís formule declaraciones como las expresadas en la entrevista con El Sur el pasado martes 12 de febrero”.

Nombran a De la Peña presidente de la Fundación Colosio del PRI porteño

* Promoverá debates entre candidatos a la alcaldía

Karina Contreras * Ante cerca de cien personas que lo aplaudieron de pie fue nombrado nuevo presidente de la Fundación Colosio el ex candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco, Carlos de la Peña Pintos.

En la toma de protesta realizada en el salón Daly del hote El Presidente, estuvo el virtual candidato del PRI a la alcaldía, Ernesto Rodríguiez Escalona; dirigente estatal del PRI, Juan José Castro Justo; el presidente PRI municipal, Jesús Bernal Román; el delegado del PRI en Acapulco, Raúl González Villalva; el coordinador de Vinculación Ciudadana en Acapulco, César Bajos Valverde; el presidente saliente de la fundación, Fernando Navarrete Magdaleno y el presidente estatal de la misma, Juan Manuel Santamaría Ramírez.

En su participación Carlos de la Peña Pintos señaló que acudió a la convocatoria de su partido con “generosidad y entusiasmo”. Dijo que su nuevo cargo es para “fortalecer la vinculación del PRI con la sociedad civil”. Porque, expresó, la sociedad quiere un gobierno y un PRI fuerte, guardando un equilibrio con dialogo, tolerancia y respeto.

Pidió que no se debe esperar la participación de la sociedad sólo en los procesos electorales sino en la vida cotidiana.

Señaló que el PRI en Acapulco tiene una gran responsabilidad para que la sociedad “no sucumba ante las aventuras políticas de la alternancia” y camine hacia un futuro de verdaderas oportunidades de desarrollo con equidad y justicia.

Invitó a los priístas a enfrentar esa realidad con un “espíritu visionario capaz de generar programas y agendas de acciones innovadoras, consistentes y originales”. Pidió desempeñarse con eficacia, trasparencia, tenacidad, teniendo como base  la decisión de la sociedad en su conjunto.

Al final de su participación dijo que  “nuestro candidato Ernesto Rodríguez Escalona encontrará en la fundación manos dispuestas a trabajar”.

En su intervención Rodríguez Escalona calificó a Carlos de la Peña como un hombre honesto y de convicciones. Dijo que “ una vez más se comprueba su lealtad al PRI”.

Manifestó que la Fundación Colosio tiene que ir en busca de todos no sólo de los militantes del partido. Señaló que está listo para que “la Fundación promueva no un debate durante la campaña con los otros candidatos, queremos diez o quince” cuando los demás partidos tengan definidos a sus candidatos.

Un debate, dijo, sobre diferentes temas, “el PRI en Guerrero y Acapulco está listo”. Pidió ir a buscar juntos  y ganar la confianza de los acapulqueños. Advirtió que “vamos a ganar y recuperar Acapulco con nuestra propuesta”.