* Informa el general Mario López Gutiérrez que su participación en el combate a los grupos guerrilleros consiste “en el acotamiento de las áreas donde se manifiestan movimientos de grupos armados” * El estado sigue como primer productor de amapola del país, señala * El principal problema para combatir el cultivo del enervante es la dificultad para penetrar en áreas abruptas de la sierra

Ossiel Pacheco * El comandante de la Novena Región Militar, Mario López Gutiérrez, informó que el Ejército mexicano en Guerrero tiene planes para operar en contra de la delincuencia, crimen organizado, grupos armados, y transgresores de la ley en general, incluso un plan de contrainsurgencia.

Entrevistado la mañana de ayer en las instalaciones de la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, al término de la ceremonia por el 87 aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, el general del Ejército rechazó opinar sobre la liberación del general José Francisco Gallardo. “Las cuestiones a ese respecto es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que tiene información, es la facultada para dar información sobre este asunto. No tengo ninguna opinión, discúlpenme por no darle una respuesta”, expresó.

–¿Los secuestros son parte de la agenda del Ejército?

–Al respecto, como lo vieron y escucharon a través del procurador general de la República en una reunión que tuvimos con los procuradores, se está tratando ese asunto, no tengo órdenes al respecto, pero sí les puedo decir que estamos combatiendo a la delincuencia en general, al crimen organizado y al narcotráfico.

“Se ha colaborado con las autoridades en un momento dado, a través de las bases de operaciones mixtas que tenemos, cuando se detecta y quieren el apoyo las autoridades, se les ha dado el apoyo, pero las encargadas al respecto son las autoridades competentes”, asentó.

–¿Tienen información de la situación que hay en torno a los secuestros?

–Producto de la coordinación de los tres niveles de gobierno, estamos viendo que el índice a veces es preocupante, pero estamos haciendo su seguimiento para analizar el resultado de lo que se está manifestando.

–¿Van secuestros y narcotráfico de la mano?

–Estamos viendo, no le puedo afirmar que vayan de la mano, lo que sí reitero es que estamos participando en una serie de operativos en los tres niveles de gobierno para hacer frente a la delincuencia.

–En narcotráfico, ¿cómo está la situación?

–Estamos trabajando en la erradicación preocupante todavía, porque Guerrero ocupa primer lugar en la siembra y cultivo de amapola. Menos en marihuana, pero estamos esta lucha.

–Son varios los años en que Guerrero ha ocupado el primer lugar, ¿por qué no se ha podido disminuir este índice?

–Ustedes conocen la sierra de Guerrero, realmente es demasiado abrupta, hay un minicultivo que se siembra en las cañadas, en los escurrimientos de agua, eso está afectando. Hay áreas muy difíciles de penetrar, esa es la mayor dificultad.

“Se requiere de un mayor esfuerzo y coordinación de todas las partes, incluso la sociedad que es parte fundamental, debe participar para hacer frente común”, agregó.

–¿Se han detectado pistas de aterrizaje en la sierra?

–Se han destruido infinidad, pero realmente es difícil establecer en la sierra una pista clandestina. Se está trabajando para detectar laboratorios, porque si hay la producción de la goma de opio seguramente hay los laboratorios. Estamos en ese trabajo, pero ahí la PGR lleva un papel preponderante.

–En cuanto a los grupos armados, ¿cuál es la participación del Ejército?

–Estamos participando en el acotamiento de las áreas donde se manifiestan movimientos de grupos armados, pero lo que hemos detectado en su mayoría han sido delincuentes en general.

“Muchas veces a ustedes les dan información, (nos preocupa) de los grupos armados, encapuchados; y comprobamos que son delincuentes que a veces se ponen capuchas, es una forma de actuar en los asaltos carreteros. La PFP está trabajando con helicópteros, con refuerzos que vinieron del centro de la República, con ese esfuerzo podemos lograr resultados positivos”, agregó.

–En Guerrero hay información de que operan el EPR, el ERPI, las FARP, ¿qué información tienen al respecto?

–Lo único que hemos escuchado son los comunicados, hasta ahorita es la manifestación que todos tenemos, se da un rumor, un comentario, se va haciendo una hilación de comentarios. Necesitan, ustedes los medios de comunicación, comprobar un poquito más del informe para no alarmar, (para no crear) una situación que iría en contra del estado de Guerrero y en particular a sus centros turísticos.

–¿Hay un plan de contrainsurgencia en Guerrero?

–Nosotros siempre hemos tenido diversos planes para operar, en contra de la delincuencia, crimen organizado, grupos armados, transgresores de la ley en general. Sí tenemos plan.

–En la sierra de Petatlán, ¿qué tipo de plan se está aplicando?

–Ahí estamos principalmente en la erradicación de la tala clandestina y de dar protección a los bosques. Estamos colaborando con la Semarnat y la Profepa para (combatir) la tala clandestina.

–¿Cómo percibe el Ejército al movimiento ecologista?

–Son movimientos que se dan como de todas las organizaciones que se dan, respetable cada quien, pero nosotros trabajamos con la directiva y las ordenes que tenemos de la Sedena, que son muy claras: combatir la tala clandestina y la protección de los bosques.

Al desayuno en el comedor de la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta con el que la Fuerza Aérea Mexicana conmemoró el 87 aniversario de la creación de esta institución, asistieron el diputado local, Oscar Rangel Miravete, en representación del Congreso del Estado; el capitán del puerto, Antonio Piza Vela; el general de ala piloto aviador, José Sánchez Sandoval; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Sánchez Calvo.

Así como los delegados federales del Instituto Nacional de Migración (INM), Gloria Ocampo Aranda y de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Octavio Klimek Alcaraz, así como el secretario general del Ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos.

* Escuelas cerradas, falta de plazas para maestros, ausentismo de profesores, deserción escolar, influyentismo, falta de infraestructura adecuada y de recursos, factores del retraso educativo, señalan 

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Escuelas cerradas, falta de plazas para maestros, ausentismo de profesores, deserción escolar, influyentismo, falta de infraestructura adecuada, de recursos y sobre todo, conflictos intersindicales que han provocado el retraso educativo, son parte de los problemas denunciados por ocho subcoordinadores regionales de la SEG durante una reunión de evaluación presidida por el titular de la dependencia, Daniel Pano Cruz.

El secretario de Educación dijo que los subcoordinadores dieron a conocer sus informes en los que se pudo apreciar que uno de los problemas que impiden el aprovechamiento escolar en la entidad son los conflictos laborales, a partir de las diferencias surgidas al interior de las diversas corrientes magisteriales que tienen vida en la SEG, “aunado a la carencia de equipamiento de materiales y de infraestructura educativa que impiden un avance cabal en materia educativa”.

Indicó también que a partir de los informes presentados por los ocho subcoordinadores, la SEG pretende obtener un diagnóstico puntual que permita a la institución que coordina tomar las acciones que permitan resolver carencias, limitaciones, y orientar una nueva actitud en el proceso de la enseñanza aprendizaje renovando la mística de servicio de los maestros, y haciendo eficientes la administración de los recursos con que dispone la Secretaría.

Pano Cruz adelantó que pedirá a las autoridades municipales que participen y se sumen al esfuerzo del quehacer educativo, así como a la sociedad en su conjunto y sobre todo a los padres de familia para impulsar este frente común que tanto se requiere.

Manifestó que la mayoría de los participantes coincidieron en señalar que hay un indicador que apunta en el sentido de que la lucha intersindical, es una de las razones que frenan o inhiben el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual significa que la autoridad educativa debe tener particular atención y convocar a las distintas expresiones sindicales a dejar a un lado de las diferencias políticas y de esa manera se hagan más aportaciones al quehacer educativo.

Informó que desde su creación la Unidad Especializada para la Atención de Conflictos Político Laborales ha permitido desactivar preventivamente unos 30 conflictos, que pudieron haber sido motivo para que algunas escuelas dejaran de funcionar de manera eventual.

Además aseguró que otro logro es que la suspensión de clases en las escuelas ha sido menor a partir del buen funcionamiento de la Unidad Especializada que encabeza Germán Espíndola León.

Entrevistado durante un receso de la reunión efectuada en el restaurante Casa Grande de esta capital, Pano Cruz señaló que la reunión además tuvo como objetivo evaluar el desempeño de los subcoordinadores, y conocer el avance que tienen los programas educativos, las necesidades en infraestructura, de maestros, y los programas de incentivos para fortalecer el quehacer de la enseñanza.

Por su parte, Luis Alfonso Vega Millán, subcoordinador regional de La Montaña alta con sede en Tlapa, expresó que presentaron un informe de actividades de los últimos seis meses, “y en nuestro caso hay tranquilidad aunque hay ciertas efervescencias e inconformidades”.

Reconoció que hasta el momento se tienen 14 escuelas cerradas por diversos motivos, principalmente por falta de maestros y a algunos planteles se están reabriendo a partir de que la SEG envió nuevo personal, y se espera que en breve ya estén funcionando todas nuevamente.

Además Vega Millán indicó que una de las principales demandas que se hace para la región de La Montaña alta es que se cubran las plazas de maestros que faltan, se requiere de una mejor infraestructura para las escuelas en los 16 municipios de la región, así como resolver los problemas que se presentan a los maestros independientemente de su militancia política.

* El especialista en geopolítica del sureste, Andrés Barreda, insistió en que el Plan Puebla Panamá lejos de garantizar el desarrollo para los pueblos, pretende el saqueo de los recursos y las riquezas naturales por empresas transnacionales y aprovechar la mano de obra barata

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El aumento de la tala de los bosques, la afectación de tierras ejidales y comunales con la construcción de carreteras, el saqueo del agua que actualmente sirve para el regadío de los cultivos y para el consumo animal, así como la explotación de los minerales por empresas privadas nacionales y extranjeras, son algunos impactos negativos del Plan Puebla Panamá (PPP), son previsiones de dirigentes de organizaciones indígenas, de derechos humanos y académicas.

Lo anterior de acuerdo a conclusiones, testimonios y denuncias que fueron presentadas este viernes durante el Taller de autodiagnóstico del Corredor Veracruz-Acapulco, organizado por varias organizaciones sociales e indígenas, organismos de derechos humanos no gubernamentales e instituciones académicas, sobre todo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y que se llevó a cabo en el auditorio de la Maestría de Derecho Público de la UAG.

El taller fue impartido por Andrés Barreda Marín, profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en Geopolítica del Sureste de México.

El académico expuso a los asistentes, en su mayoría estudiantes y maestros de la UAG, integrantes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, representantes e integrantes de organismos de derechos humanos no gubernamentales y de organizaciones sociales, el impacto negativo del PPP.

Insistió que se trata de un programa federal que lejos de garantizar el desarrollo para los pueblos del sureste del país, lo que pretende es el saqueo de los recursos y las riquezas naturales por empresas transnacionales, así como aprovechar la mano de obra barata.

Por ello informó que diversas organizaciones no gubernamentales siguen actualmente la misma ruta del PPP, Morelos-Puebla-Tlaxcala-Veracruz, y ahora también Guerrero, realizando estos talleres de información de lo que realmente es ese programa federal y el impacto negativo que tendrá sobre los pueblos.

En algunos estados como Veracruz, informó que ya los ciudadanos convocados por las organizaciones han empezado a movilizarse para rechazar este plan y convocó a que conforme a las capacidades y fuerzas se haga lo mismo en las otras entidades por donde atraviesa este corredor del PPP.

Barreda Marín explicó a los asistentes al taller que en estos estados existe la amenaza de la generación de problemas ambientales por la puesta en marcha de los proyectos del programa federal, la represión policiaca, expropiaciones de tierras, expulsiones de pobladores de sus propias tierras y, en general el saqueo de los recursos naturales.

Sugirió la integración de una fuerza por toda esta ruta para rechazar ese Plan e invitó a las organizaciones de Guerrero que convocaron al taller de ayer a asistir a la próxima reunión que será el 16 de febrero en Orizaba, Veracruz, en donde continuarán los testimonios, las denuncias y los acuerdos para impedir que se ejecuten los proyectos del PPP.

Barreda Marín informó que en talleres similares que se han realizado en los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, se han recopilado testimonios de los pobladores con respecto a los impactos negativos del programa federal y la pretensión de empresas extranjeras para instalar empresas para saquear los recursos o para la instalación de maquiladoras para explotar la mano de obra barata.

Agregó que con esos testimonios se pretende editar un libro que a la fecha está en su etapa de conclusión y lleva más de 200 páginas.

Al terminar el taller escuchó los testimonios de algunos de los asistentes, que serán incluidos en el texto. Por ejemplo Silvestre Pacheco León quien vino de Zihuatanejo dijo que con el proyecto del PPP para construir la autopista Michoacán-Ixtapa-Acapulco se volverá a incrementar la explotación de la madera en la región de la Costa Grande que a últimas fechas ha disminuido.

Mientras tanto el diputado local perredista, Esteban Mireles Martínez denunció que con el proyecto de la instalación de empresas en Tierra Caliente está en riesgo la disminución del potencial de agua en esa zona en donde existen 35 mil hectáreas de tierras para riego. Dijo que en la presa de El Gallo ya no existe agua suficiente para el abastecimiento de los pozos aledaños y para el arrastre de las aguas negras y que, sin embargo existe un proyecto para instalar una hidroeléctrica con capital privado, lo cual ha encontrado la oposición de los habitantes de la zona debido a que está en riesgo el agua para regadío de cultivos y para el consumo de los animales.

El dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Roque Nava Calvario, denunció, por su parte, que en los ejidos de Atzacoaloya, Zilocotitlán, San Jerónimo Palantla  y Hueicantenango  existe la pretención de empresas privadas de realizar exploraciones “porque tienen la idea de que existe petróleo”. Dijo que a ello se han opuesto los habitantes de la región “porque esos cuatro lugares son santuarios agrarios y no permitiremos que nos despojen de nuestras tierras, advirtió.

Los testimonios de los asistentes al taller fueron recopilados por Barreda Marín con el fin de incluirlos al libro que sobre el tema empezará a circular en los próximos días.

* Acto de apoyo de líderes de la zona rural

Maricela Santos * Líderes priístas de la zona rural de Acapulco que apoyaron en el proceso interno del PRI a Miguel Mayrén Domínguez y al ahora ex priísta Luis Walton Aburto, dieron su respaldo al panista Cuauhtémoc García Amor, quien dijo que además de ellos, “más de 10 comisiones de líderes” inconformes con el proceso interno del tricolor ya le manifestaron su apoyo.

Ayer en un desayuno con líderes de los Bienes Comunales de Cacachuatepec de la zona rural del puerto, se vio a ex seguidores de Mayrén y de Walton, que de manera espontánea tomaron el micrófono para decir que estaban decepcionados del PRI y que en virtud de que sus precandidatos no resultaron electos y que creen que hubo imposiciones decidieron respaldar al panista García Amor.

El primero en hacerlo, fue el delegado municipal de El Ranchito, Mauricio Velarde Hernández dijo que en la contienda interna del PRI había apoyado a Walton Aburto e incluso llevaba una playera con propaganda a su favor.

Luego tomó la palabra el dirigente seccional del PRI en Amatillo, Juan Apolonio Medina, quien dijo que él había apoyado junto con sus seguidores a Mayrén y que había decidido luchar mejor con las que llamó “corrientes democráticas” porque, dijo, “no se vale que sea siempre el candidato que quiere el gobernador”. Y concluyó su intervención dirigiéndose a García Amor: “Ya nos cansaron de promesas, ya no queremos ser escalera, y yo y mi gente nos unimos a su campaña desde ahorita”.

García Amor dijo que los acercamientos de priístas en desacuerdo –con la candidatura de Rodríguez Escalona– se dieron de manera espontánea sin haberlo dialogado o convenido con Walton o Mayrén, pues si bien ha tenido pláticas informales con el primero sólo han sido para hablar sobre el proceso que se avecina.

Indicó que su intención es “sumar fuerzas plurales”, porque en el PRI “hay pícaros y perversos” y se requiere “un gran experimento plural” para enfrentarlo. Luego criticó que eso fue lo que le falló al actual alcalde Zeferino Torreblanca Galindo.

Pero además sacó cuentas y calculó que el PRI en su proceso interno gastó casi un millón de pesos diarios en publicidad que debió haber invertido en obras para beneficiar a la población.

Luego destapó a su coordinador de precampaña en la zona rural, el ex perredista y ex perresista Proceso González Calleja como candidato a una diputación, ya sea por el distrito 13, que comienza en la colonia Emiliano Zapata y termina en Xaltianguis, o por el 26, que incluye los fraccionamientos Club Deportivo, Costa Azul y Las Brisas.

En el encuentro estuvo el aspirante a la diputación por el distrito 13 del PAN, Juan Isidoro Añorve Mejía; el representante del PAN en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Jesús Gelasio Rojas, quien dijo que en el proceso del PAN “no se vale andar chaqueteando”; el presidente de introductores de ganado del valle de La Sabana, Rafael Arcineaga; el comisario de los Bienes Comunales, Efraín Ascencio Gelasio; Feliciano Valeriano y el presidente de los buzos y pescadores de Puerto Marqués, Alfredo Arcineaga Cisneros.

No pulverizar el voto, insiste a Walton

Por separado, en una conferencia de prensa a la que también concovó ayer, García Amor informó que tanto él como el aspirante perredista Alberto López Rosas acordaron hacer valer el voto útil en el próximo proceso electoral si al interior de sus partidos las cosas no les favorecieran “por infiltraciones del gobierno estatal”.

Además invitó al empresario ex priísta Walton Aburto “a no hacerle el juego al gobernador” ni pulverizar el voto al lanzarse como candidato por un partido pequeño, y le insistió en ofrecerle su apoyo ante la dirigencia del PAN para su ingreso y para la búsqueda de una diputación local como candidato externo en octubre.

Del acuerdo con López Rosas sobre el “voto útil”, García Amor no quiso abundar y sólo señaló que es una forma de evitar que se les impida llegar dentro de sus mismos partidos a la candidatura “y lo que queremos es que gane el pueblo, no un hombre o una cúpula en el poder para designar a un candidato y hacer su pregonadas”.

Dijo que ha tenido acuerdos con López Rosas y compromisos con él “para actuar en consecuencia”, pero eso no implica el tema de las declinaciones ni en el PRD ni en el PAN aún.

* El organismo oficial de defensa de los derechos humanos considera incumplida la recomendación 28/2001 contra el actual comandante regional de la PJE en Acapulco y otros cuatro comandantes, jefes de grupo y agentes, responsables de torturar al preso Omar Guerrero

Jorge Nava * La Procuraduría General de Justicia del Estado no ha cumplido la recomendación 028/2001, sobre la destitución definitiva del comandante regional en Acapulco de la Policía Judicial del Estado Guadalupe Herrera Sánchez, como responsable de la detención arbitraria y torturas en año pasado al preso Omar Guerrero Solís, informó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum).

El presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, el 8 de octubre de 2001 recomendó al procurador general de Justicia en el estado (PGJE), Rigoberto Pano Arciniega, la “destitución definitiva” del comandante regional de la PJE en Acapulco, Guadalupe Herrera Sánchez, dos jefes de grupo y dos agentes operativos dada la gravedad de los actos cometidos en la violación de los derechos humanos de Omar Guerrero Solís (actualmente presidente del Comité de Presos Políticos y de Conciencia del Cereso de Acapulco) al “torturarlo físicamente y causarle lesiones”, al detenerlo por el delito de secuestro en Ciudad Altamirano.

Entrevistado ayer al respecto el coordinador regional de la Codehum en Acapulco, Ramón Navarrete Magdaleno, aseguró que la recomendación fue aceptada por la PGJE, pero el cumplimiento fue parcial porque también se le sugirió la destitución de todos los implicados en ese asunto. Sin embargo, Herrera Sánchez sigue como comandante regional en Acapulco, uno de los puestos más importantes de la PJE.

La Codehum remendó a Pano Arciniega, mediante el oficio de fecha 8 de octubre del 2001, “iniciar procedimiento administrativo disciplinario de investigación y se les imponga una sanción, siendo procedente a juicio de esta comisión y así se le sugiere la destitución definitiva del cargo dada la gravedad de los actos cometidos en la violación de los derechos humanos, al torturarlo y causarle lesiones, debiendo anotar la presente resolución en sus expedientes personales para que obre como expediente negativo”.

Al respecto la coordinadora de Comunicación Social de la PGJE, María Guadalupe Hernández Rodríguez, envió este viernes a esta redacción una carta aclaratoria a una nota del jueves 7, en la que el coordinador de la Codehum dice que está pendiente de cumplimiento la recomendación 28/2001.

Réplica de la PGJE

La funcionaria expone que para que “no se mal informe a la ciudadanía”, la dependencia, el 28 de noviembre del año pasado, dio respuesta a la Codehum, donde le comunica que es aceptada la recomendación y que por tal razón se giraron las “instrucciones necesarias”, pues a través de la Contraloría Interna de esa dependencia motivo el inicio del proceso administrativo disciplinario número C1/174/2001 contra Herrera Sánchez, Ramón Tapia Gómez, Rodolfo Suástegui Zambrano, Salomón Herrera Arizmendi y Alfonso de la Paz Sánchez, comandantes, jefes de grupo y agentes de la Policía Judicial del Estado por “probables irregularidades en el ejercicio de sus funciones”.

Navarrete Magdaleno indicó que hubo aceptación por parte de la PGJE, pero no cumplen al 100 por ciento porque no se ha dado de baja a los señalados sino que procede administrativamente, lo cual significa que el acatamiento es “parcial”.

En esa ocasión y como se informó el 24 de octubre del año pasado en El Sur, la conclusión de la Codehum fue que determinó que los judiciales torturaron a Omar Guerrero y recomendó el cese definitivo de dichos policías.

Aunque la queja por detención ilegal no procedió debido a que fue a consecuencia de una orden de aprehensión girada por un juez, sobre la del testimonio de los familiares del secuestrado.

El detenido tampoco acreditó con pruebas documentales si en verdad se llama Omar Guerrero o Ramiro Salgado López, presunto integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Según el expediente, una vez detenido Guerrero Solís, según el expediente 051-II/2001, fue identificado por Leonardo y Santos Perea Santoyo, a través de la publicación de un diario de Tierra Caliente, como el autor del secuestro del maderero Serafín Perea Santoyo, plagiado en el aserradero del Ejido del Coacoyul, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, de quien cobraron un rescate de 500 mil pesos. Aquí fue acusado de pertenecer al EPR y de ser el comandante Ramiro, fue puesto a disposición, estando recluido por el comandante de la PJE José Trinidad Zamora Rojo.

Los jefes de grupo, Ramón Tapia Gómez y Rodolfo Suástegui Zambrano; los agentes Salomón Herrera Arizmendi y Alfonso de la Paz Sánchez también son parte de la recomendación 028/2001, Codehum-CRTC/020/2001-II, que emitió el presidente Juan Alarcón el pasado 8 de octubre, para que sean destituidos definitivamente a raíz de una queja presentada por la esposa del quejoso, Gloria Vida Santana, por detención arbitraria, tortura y lesiones, agregando que dicha resolución deberá anexarse a sus expedientes personales “para que obre como antecedente negativo”.

La Codehum documentó las torturas

Según testimonio de Omar Guerrero, que levantó personal de la Codehum, en la clínica de Especialidades Médicas Tierra Caliente los judiciales “lo torturaron echándole agua mineral con salsa picante por las fosas nasales, golpearon la cabeza, los oídos con ambas manos y con los puños cerrados en el abdomen, piquetes en las piernas, testículos, plantas de los pies –sin saber con qué lo picaban– que le ponían una franela o trapo en la boca, motivo por el cual no pudo respirar quedando inconsciente.

“Se practicó exploración física y corporal, descubriéndose con detalles las lesiones que se le percibían, en esa misma fecha se le tomaron 12 fotografías en las que se aprecian las lesiones”, dijo la Codehum.

Al rendir su informe el comandante Guadalupe Herrera al coordinador de la Codehum en la región de Tierra Caliente, Policarpio Gatica Ramírez, aseguró que a Ramiro Salgado López, “quien también se hace llamar, Omar Guerrero, no se le detuvo arbitrariamente sino en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con la causa penal 161/2000”. También negó las torturas.

Momentos de decisiones

Después de algunos meses de no escribir sobre la realidad política mexicana por estar fuera del país, reiniciar este diálogo se hace sencillo al conocer la carta de Mangabeira al Presidente Fox. Ha pasado más de un año desde el cambio de régimen sin que ya se pueda hablar de cambio de sistema. Esto hace que el análisis de nuestra realidad requiera de una visión en sentido amplio. Se tienen que escudriñar no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo y los partidos políticos para formar una opinión.

Comenzar de abajo para arriba me parece lo apropiado. Los partidos políticos han jugado un papel muy ambiguo, lo que ha frenado un cambio real que nos orientara hacia una sociedad y una economía más modernas. El PAN, con sus divisiones internas ha dejado al Presidente sin partido, lo que hace que su liderazgo nacional se haya minimizado y haya alentado las dudas de si la democracia traería automáticamente los cambios deseados. Esta distancia con su mismo partido hizo que el “bono democrático” se gastara rápidamente y el desgaste personal apareciera en forma acelerada. El PRI, también dividido internamente, ha jugado un papel que se puede definir con un frase famosa: “El papel de la oposición es oponerse”, pero no ha sido propositivo, más preocupado por recuperar el poder, volver al pasado con sus privilegios esgrimiendo “la Revolución Mexicana” como argumento de buen gobierno e ignorando el bienestar nacional. El PRD también dividido busca más la ubicación para futuras luchas que la evolución a corto plazo del país. Al partido ecologista solo le preocupan las corridas de toros.

Por su lado, el Poder Legislativo ha sido poco creativo y hasta cierto punto refleja la actitud de sus partidos. El PAN no fue la  fracción parlamentaria que hubiera creado los puentes de claro apoyo al Ejecutivo, sino que trató de mediatizar sus servicios partidistas, lo que acentuaba la duplicidad de liderazgos del “partido en el poder”. La fracción parlamentaria priísta trató de servir a los intereses de su partido combatiendo las iniciativas presidenciales como una forma de bajar la popularidad del Presidente. Si  hiciéramos una comparación con el futbol americano, ahora de moda por el Super Bowl, al PAN se le castigaría por salida en falso y al PRI por obstrucción. La fracción parlamentaria del PRD estaba jugando basket.

El escenario es claro, el Presidente Fox tiene que sacar las políticas sin partidos aliados y a pesar de las fracciones parlamentarias, esto ya es muy claro. Por ello es importante ver los conceptos del texto de la carta de Mangabeira a Fox que en su primera parte hace énfasis en el liderazgo personal, cuando compara dos formas diferentes de reacción ante la crisis: la de Hoover, pasiva y tratando de evitar que el daño se hiciera más profundo y la de Roosevelt, activa, convirtiéndose en promotor, cambiando el papel de presidir sobre el desastre por el papel de constructor de un nuevo sistema. Me parece que esta analogía al principio de su carta es muy pertinente en estos momentos.

Más adelante, en su texto, comienza a vincular el crecimiento económico con la idea de ampliación de oportunidades para los mexicanos. Hace un listado de las acciones que se deben tomar para lograr estos objetivos. Tres de ellas son muy sugestivas. Uno es la ampliación del crédito tanto dentro como fuera del sistema bancario. El segundo es concertar transferencia de tecnología y el tercero es el de ampliar el concepto de la política educativa enfatizando educación de adultos y entrenamiento vocacional. La educación de las próximas generaciones es muy importante, pero también lo es la idea de reciclar adultos como parte de la política de empleo. Para incorporar al empleo a grandes números de trabajadores hay que capacitarlos para que se reciclen en la dirección moderna de la producción.

El panorama nacional es incierto si no hay una afirmación de políticas que lleguen al grueso de la sociedad. Esto sería un cambio no solamente necesario, sino bienvenido por la sociedad que considera que la etapa de retórica y de imagen ya concluyó, que continuar con la amenaza de la ingobernabilidad del país ya se ve claramente como una maniobra de la política tradicional que muestra una falta de madurez y hasta de patriotismo. El escepticismo y la pasividad de la población solamente se pueden vencer con acciones que la transformen en una sociedad participativa. Pero esto solamente se logra con liderazgo, es esencial ya distinguir popularidad con la capacidad de conducir.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Trabajadores del ayuntamiento de Tixtla decidieron levantar su plantón y la ocupación de este edificio luego de que el alcalde perredista Jorge Vargas Alcaraz les autorizó un incremento del 6 por ciento salarial cuando ellos habían solicitado el 20 por ciento.

Según Vargas Alcaraz, este domingo, el secretario general de la Sección IX del Sindicato Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Ubaldo Castrejón, firmó una minuta donde dice estar de acuerdo en que los más de 100 empleados administrativos sindicalizados rerciban un incremento salarial y una serie de beneficios económicos.

La negociación con los dirigentes del SUSPEG se reinició este sábado y culminó ayer domingo.

Vargas Alcaraz señaló que este movimiento de los trabajadores tuvo un ingrediente político porque se vio claramente que en la toma del ayuntamiento había gente que milita en el Partido Revolucionario Institucional.

Señaló que en cuanto a los casi 500 mil pesos de adeudos que tiene el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) al ISSSPEG y al MISS, en el acuerdo con los empleados se decidió que no hay problema y que se va a recurrir al gobierno de René Juárez Cisneros para que pague un porcentaje de lo que se debe.

A las 15 horas de ayer domingo, los trabajadores que mantuvieron su protesta durante seis días entregaron las instalaciones del ayuntamiento dejando por concluido su protesta.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo Comerciantes de Chilapa amenazaron ayer con volver a ocupar el nuevo mercado, luego de que la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos que ocupa las calles del centro de esa localidad y el ayuntamiento incumplieron acuerdos que fueron firmados el 1º de febrero pasado.

Los acuerdos eran que los locatarios que ocupan los locales del nuevo centro de abastos abandonarían las instalaciones para que el ayuntamiento realizara las remodelaciones que pide la Unión de Comerciantes y que, a cambio, los miembros de ésta desocuparían las calles del centro de la localidad y la plaza cívica. Al término de la remodelación, ambos grupos se trasladarían a las nuevas instalaciones con lo que se preveía la solución del conflicto.

Mientras tanto, los comerciantes que se encontraban encerrados en demanda de que el alcalde Gustavo Miranda González les garantizara por escrito que al reabrirse el mercado volvieran a ocupar sus mismos locales, se salieron de las instalaciones; salieron el sábado presionados porque se les habían terminado sus víveres.

Ayer por la mañana también la policía que resguardaba el inmueble se había retirado, según informó vía telefónica Oscar Silva, asesor de uno de los dos grupos que ocupaban el nuevo mercado.

El grupo de aproximadamente 40 locatarios que no avaló estos acuerdos había decidido                                                         permanecer en el interior del mercado pero ayer decidieron salirse. Uno de los asesores de este grupo, Gelacio Gatica Nava, informó ayer que todavía el viernes pasado a los comerciantes, algunos de ellos acompañados por sus hijos menores de edad, se les habían terminado los víveres y que solamente tenían agua, por lo que acordaron abandonar las instalaciones.

“El reclamo de ellos es que se iban a salir sólo hasta que el presidente municipal, Gustavo Miranda González, les diera garantías por escrito de que al reabrirse el mercado ellos van a tener derecho a ocupar los mismos locales que actualmente tienen, puesto que hasta ahora todos los acuerdos son solamente verbales y después nada se cumple”, dijo Gatica Nava.

El conflicto se agravó luego de que los dirigentes de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos, Flavio Barrera y Santos Ariza, así como algunos de los dirigentes del nuevo mercado, entre ellos Oscar Silva, firmaron con el alcalde Gustavo Miranda González y el representante del gobierno del estado, Gustavo Olea Godoy, un acuerdo en el que los de la Unión de Comerciantes se comprometían a desalojar la plaza cívica, el zócalo y la calle José María Andraca desde la Avenida Constitución a la Revolución.

Mientras tanto los dirigentes de los comerciantes ambulantes que ocupaban las áreas verdes del nuevo mercado y de los locatarios del interior, ofrecieron desalojar el inmueble, para que el ayuntamiento pudiera construir un domo en la explanada de las instalaciones y puertas de acceso que comunicaran a todas las naves, al estacionamiento y a la parte posterior, demandas que venía planteando la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos.

Sin embargo el acuerdo fue desconocido por aproximadamente 40 de los comerciantes que ya estaban ocupando locales en el nuevo centro de abastos quienes advirtieron que sólo se saldrían si el alcalde les daba garantías por escrito de que al reabrirse el mercado ellos ocuparían los mismos locales que les entregaron las propias autoridades municipales en marzo del año pasado. Como esto no ocurrió se el inmueble fue cerrado con ellos adentro y afuera un medio centenar de policías municipales resguarda el inmueble.

La permanencia de este grupo de comerciantes provocó la inconformidad de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos quienes a partir del jueves de la semana pasada empezaron a ocupar nuevamente la plaza cívica y algunas de las calles que ya habían desalojado desde el primero y el 2 de febrero, lo que volvió a dejar el conflicto sin solución.

* Fue la familia Torres quien agredió, afirma Isabel Flores Arizmendi

Isabel Flores Arizmendi, acusado de ser copartícipe en la masacre de Kilómetro 30, el 1 de enero de 2001, recibió este sábado el auto de formal prisión del juez segundo de lo Penal, Luis Aguilar Delgado.

Tras haber sido detenido por agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) el domingo 3 de febrero, en Manzanillo, Colima, Flores Arizmendi, acusado de homicidio calificado y lesiones, se negó a firmar el acta de formal prisión al asegurar que es “inocente”.

Entrevistado por un diario local, el inculpado sostuvo que “todo es una vil mentira. Sí estuve presente, pero yo no jalé el gatillo para nada. La mujer del difunto me imploró que no lo hiciera, y no lo hice por respeto a ella. Hubiera querido hacerlo yo, pero no lo hice por eso, por respeto a la señora”.

Flores Arizmendi es sobrino del extinto comisario priísta Abel Arizmendi Flores, a quien encontraron acribillado y turturado junto con su hijo Abel, el 3 de enero aproximadamente a las 9 de la mañana, en una brecha que comunica al poblado de Tres Palos, en el Kilómetro 5 de la Autopista del Sol.

Ambos cuerpos estaban recostados en los asientos traseros de una camioneta marca Chevrolet, tipo Voyager, color blanca, placas de circulación LGU3240, por lo que se abrió la averiguación previa Tab/Col/008/01.

La averiguación en la que se implica a Isabel Flores es la Tab/R/001/01, donde está asentado que el 1 de enero de ese año, a las 7:30 horas, un comando armado con fusiles AK-47 y rifles de asalto AR15, pistolas calibre 9 milímetros y .38 Súper, encabezados por el excomisario Abel Arizmendi y su hijo, en estado de ebriedad irrumpieron en una vivienda y asesinaron a tres integrantes de la familia Torres Palacios e hirieron a otros, entre ellos el periodista de Radio y Televisión de Guerrero, Jorge Torres Palacios.

En su declaración preparatoria, el pasado lunes 4 de febrero, Isabel Flores declaró que los Torres provocaron la masacre y aseguró que el 1 de enero de ese año, el extinto comisario Abel Arizmendi y él acudieron a la casa de las víctimas porque escucharon disparos, y allí fueron agredidos por miembros de la familia.

En esa ocasión el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo, Rodolfo Samayoa Palma, solicitó al juez Aguilar Delgado una copia del expediente para tramitar la extradición de Estados Unidos de los también implicados Ricardo Jaramillo Valadez y Edmundo Castillo Díaz, quienes radican en el vecino país. (Jorge Nava)

El gerente de Estación de la empresa Aeroméxico, Javier Saavedra Velázquez, falleció la noche del sábado a consecuencia de un infarto.

El funcionario, quien contaba con 65 años de edad fue colaborador en el fortalecimiento de la actividad turística del puerto.

A las 9:30 de la noche del sábado, Javier Saavedra falleció en el interior de su vivienda.

Le sobreviven su esposa Dulce María Bello de Saavedra y sus hijos Salvador, Javier y Dulce María. También sus hermanos Hilda y Erick Saavedra Velázquez.

Las honras fúnebres del ejecutivo, nacido en el estado de Morelos, se llevan a cabo en la agencia funeraria Manzanárez, ubicada en la avenida Cuahtémoc.

Su sepelio se efectuará el martes, aunque la familia no ha determinado el horario porque se espera la llegada de su única hija, pero el entierro será en Valle de la Luz.