* Su gobierno descuidará la actividad turística “luego de que el ayuntamiento determinara retirar su participación financiera”, destaca un boletín

Chilpancingo * El gobernador René Juárez Cisneros ofreció a los directivos del organismo “aplicar los recursos necesarios para no descuidar esa actividad”.

En un confuso comunicado de prensa –que no precisa si el gobierno del estado aportará más recursos o si se trata de que mantendrá los mismos que ya aporta–, se informa que el gobernador “ratificó el respaldo total de su administración al desarrollo y promoción de la actividad turística de Acapulco, el principal destino de playa de Guerrero”.

En su segundo párrafo el boletín destaca el contexto en que Juárez Cisneros hace esta declaración. Dice: “Luego de que el ayuntamiento de Acapulco determinara retirar su participación financiera de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco (OCVA), instancia encargada de la promoción de ese destino de playa, el jefe del Ejecutivo acordó aplicar los recursos necesarios para no descuidar esa actividad”.

Indica que Juárez Cisneros se reunió en la residencia oficial Casa Guerrero con la secretaria de Fomento Turístico Guadalupe Gómez Maganda; el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Rafael García-Pimentel; y Javier Saldívar Rodríguez y Carlos Velázquez Cerda, presidente y director de la OCVA, respectivamente.

Agrega que el gobernador “determinó seguir apoyando a esa instancia que opera la iniciativa privada, para reforzar la promoción de ese destino de playa a nivel nacional e internacional”, pero no precisa de qué forma, si incrementará la cantidad de dinero que aplica el gobierno estatal o si autorizará los mismos recursos que aportaba el ayuntamiento para suplir la participación municipal.

Por su parte, la secretaria de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez, declaró que “para Guerrero el turismo es una prioridad, por lo que la decisión del gobernador René Juárez Cisneros se suma a los innumerables esfuerzos que se han realizado durante su administración para incrementar el potencial de los centros vacacionales de la entidad”.

En tanto, el dirigente de la AHETA –organismo de la iniciativa privada, que representa a más de 70 empresas entre hoteles, restaurantes, discotecas y agencias de viajes– Rafael García-Pimentel, agradeció el apoyo expresado por el jefe del Ejecutivo estatal. “Es una prueba de que el gobernador del estado está comprometido con la industria turística, principal actividad no sólo de Acapulco sino del estado”.

A su vez, el presidente de la OCVA, Javier Saldívar, reconoció también el respaldo permanente del mandatario estatal para trabajar y redoblar esfuerzos en conjunto con la iniciativa privada, en apoyo a esa actividad.

Finalmente, subraya que el año pasado las aportaciones de los tres ámbitos de gobierno para financiar actividades de promoción, junto con lo captado a través del impuesto del 2 por ciento al hospedaje –creado para tal fin–, ascendieron a 24 millones de pesos.

* El grupo de la AFI venía a investigar crimen organizado y narcotráfico

* Catorce policías están heridos, siete de gravedad * Es un “lamentable accidente”, dice el procurador Macedo de la Concha * Una llanta se reventó al aterrizar en la pista en Chilpancingo, y la nave chocó con una barda y se quemó, según los primeros reportes

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Una avioneta de la Procuraduría General de la República (PGR) se accidentó la mañana de ayer al aterrizar en la aeropista de esta capital y tres agentes de la recién creada Agencia Federal de Investigaciones murieron calcinados.

Otros 14 agentes resultaron heridos, y siete de ellos se encuentran graves y fueron trasladados para su atención médica a la ciudad de México.

El accidente aéreo ocurrió a las 8:25 de la mañana, cuando la avioneta matrícula XC-FIT de 20 plazas, tripulada por Javier Mendoza y procedente de la ciudad de México, aterrizaba en la aeropista de esta capital con 17 pasajeros a bordo, todos ellos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, quienes venían a Guerrero a apoyar a la Delegación de la PGR en labores de investigación contra el crimen organizado, informó el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien viajó más tarde a esta capital.

Con respecto a las causas del percance, según los primeros reportes, una de las llantas reventó durante el aterrizaje, lo que provocó que el piloto perdiera el control.

La aeronave se salió de la cinta asfáltica, se impactó contra una barda de protección de la aeropista, y posteriormente se incendió.

En la avioneta murieron calcinados Mario Martínez Derás, Luis Alberto Córdoba Rodríguez y Jorge Flores Hernández, mientras que los otros 14 ocupantes resultaron heridos.

Los siete heridos de gravedad son David Camacho Marino, Guillermo Samuel Albino Zúñiga, Raymundo Rodríguez, Felipe Baños Soto, Juan Carlos Mendoza García, David Villegas Vega y Jesús García Ramírez.

Los lesionados fueron internados inicialmente en el hospital militar y en el hospital Anáhuac de esta capital. Tres de ellos, después de las 2 de la tarde, fueron trasladados en avioneta a la ciudad de México debido a que su estado de salud era bastante delicado, confirmaron fuentes de la PGR.

Minutos antes de la llegada de la avioneta accidentada, había aterrizado otro aparato también de la PGR con efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones, quienes incluso participaron en las labores de rescate de los lesionados y avisaron a sus superiores.

En un principio se corrió el rumor de que los agentes traían a dos detenidos a esta capital, pero la versión fue desmentida tanto por el delegado, Raúl Izábal Montoya, como por el procurador Macedo de la Concha. Sin embargo, la duda quedó entre los reporteros debido a que a unos 30 metros de donde quedaron los restos de la avioneta fue encontrada una capucha con restos de piel quemada. El pasamontañas es de los que utilizan los agentes federales cuando realizan operaciones de detención o traslado de presos, para evitar que sean reconocidos.

La zona en donde ocurrió el accidente fue de inmediato acordonada por soldados del Ejército mexicano, policías de la Judicial Federal y de Seguridad Pública del Estado, mientras que socorristas de la Cruz Roja trasladaron a los lesionados al hospital Militar y Anáhuac.

Este es el segundo accidente aéreo en menos de seis meses en Chilpancingo. El 3 de agosto del año pasado, una avioneta del Ejército mexicano se desplomó en la zona residencial Fraccionamiento Santa Rosa, aproximadamente dos kilómetros de la aeropista. La aeronave, que apenas había despegado, cayó sobre dos casas y en ese accidente murieron los dos ocupantes: el piloto y el comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en esta capital.

Tras el accidente de ayer, arribó a esta capital después de las 2 de la tarde el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien confirmó la muerte de tres de los ocupantes de la aeronave accidentada.

Informó que ellos eran parte del personal de la Agencia Federal de Investigaciones “que venían a realizar algunas actividades de investigación al estado; eran parte de un grupo de 30 muchachos, todos son de la nueva Agencia Federal de Investigaciones, personal de Investigación”, confirmó el funcionario federal.

Macedo de la Concha desmintió que los agentes hayan traído a detenidos. “Venían a algunos asuntos de carácter especial, a realizar actividades de apoyo, tanto a la base de operaciones como a las tareas que normalmente viene realizando la Delegación; venían a realizar investigaciones relacionados con el crimen organizado, fundamentalmente narcotráfico y algunas otras tareas. Es inexacto que venían con reos”, insistió el funcionario federal a los reporteros durante una entrevista colectiva que concedió inmediatamente después de su llegada a la aeropista de esta capital, en donde fue recibido por el gobernador René Juárez y por el delegado de la PGR en Guerrero, Raúl Izábal Montoya.

Informó que se trataba de 12 grupos de trabajo “que venían a reforzar el trabajo en todo el estado, sobre investigaciones y algunas otras diligencias. Venían a investigar al crimen organizado en todos los casos y era la segunda aeronave la que sufrió el lamentable accidente”.

En cuanto a las causas del percance dijo que se trata de un “lamentable accidente”, pero agregó que personal de la dependencia inició la investigación “y estamos esperando que los peritajes nos indiquen qué sucedió. Estamos revisando cual es la situación de todas las familias, de todos ellos y vamos a estar cerca para poder atender las necesidades que tengan”, aseguró el procurador.

Por su parte, el gobernador René Juárez, entrevistado también en el aeropuerto, lamentó el accidente y sus consecuencias y dijo que éste es una evidencia “de cómo nos jugamos la vida todos los días los que estamos cumpliendo una función pública; ojalá se valorara el trabajo que realizan precisamente todos los servidores públicos, como nosotros que recorremos 500 mil kilómetros a lo largo y ancho del estado, en las condiciones más adversas nos las estamos jugando”.

Añadió: “Qué lástima que haya acontecido esto aquí. Yo lo lamento mucho; vamos a estar atentos para apoyar como siempre a la Procuraduría (General de la República) en lo que sea necesario”.

Cuando se le preguntó si existe algún proyecto para cambiar la aeropista a otro lugar por los riesgos que implica por su ubicación orográfica y porque es una zona ya urbanizada, el gobernador dijo enfático que por el momento no existe ningún proyecto en ese sentido y señaló que los accidentes que han ocurrido en los últimos seis meses son aislados.

El delegado de la PGR, Raúl Izaval Montoya, dijo que el percance en el que perdieron la vida los tres agentes de esa institución “es parte del esfuerzo que realizan los profesionales del peligro, ellos están expuestos día a día a este tipo de circunstancias y lamentablemente esta vez nos tocó en esta ocasión que fuera aquí en Chilpancingo. Lo más importante es que se valorice por parte de la sociedad lo difícil y lo riesgoso que es este tipo de actividades”, pidió.

El funcionario confirmó que en la aeronave que se accidentó viajaban 17 personas. “En un principio se decía que eran 18, pero en este momento me informan que son 17 personas las que venían en este vuelo y que la capacidad de la aeronave es para 20 personas”, explicó cuando un reportero le cuestionó si el percance se debió a que la avioneta venía con sobre peso.

* Lo que vieron testigos del avionetazo

De la corresponsalía, Chilpancingo * La tranquilidad y la monotonía de los habitantes de la colonia San Rafael se rompió la mañana de este martes.

“Yo apenas había llegado de comprar las tortillas, entré a la cocina y escuché un estruendo seco”, dice María Teresa García, una señora que vive frente a la aereopista.

Acompañada de un joven, la señora ve con azoro la inusual movilización policiaca y militar que acordonaba la zona donde había ocurrido el avionazo.

Eran las 9 con 20 minutos, efectivos del Ejército ya tenían todo acordonado.

“Oigan no sean ojetes, dejen entrar, es nuestro trabajo”, gritaban los reporteros que estaban atrás de la malla ciclónica. Los soldados ni se inmutaban.

Adentro, había agentes de Gobernación, funcionarios del gobierno estatal y algunos reporteros que se colaron.

Unos metros más adelante, adentro de la aereopista estaban las partes destrozadas del fuselaje de la avioneta Cessna que a las 8:45 se estrelló contra la malla ciclónica y un muro de contención que hace seis meses ordenó construir el gobernador René Juárez Cisneros como una medida de seguridad.

Y es que la avioneta Kair 300 color café que utiliza el mandatario estatal es una aereonave que en nada se compara a las frágiles Cessna que son ocupadas por los pilotos y elementos de la recién creada Agencia Federal de Investigaciones de la PGR para realizar acciones contra el narcotráfico.

“Estamos jodidos, no tenemos adiestramiento, carecemos de un salario justo para mantener a nuestras familias con decoro y aparte las aereonaves se encuentran en malas condiciones”, reveló un piloto aviador.

La Dirección de Aeronaútica Civil de la SCT había recomendado que esa barda no se construyera porque creaba condiciones de una mayor turbulencia y eso es peligroso para las aereonaves a la hora de despegar o aterrizar.

Los bomberos nunca llegaron

Andrés Gutiérrez, reportero de nota roja del  periódico vespertino La Tarde fue uno de los primeros en llegar al accidente a la aereopista y relata que cámara en mano empezó a tomar fotos de las escenas del accidente.

“Mí cámara tomó muchas escenas de los judiciales que envueltos en llamas se revolcaban en el suelo para ya no quemarse, era una cosa indiscriptible que en estos momentos que lo cuento me da miedo”, señala el reportero.

Gutiérrez continuaba con su trabajo cuando un grupo de efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones se percató de su presencia y con violencia le arrebataron su cámara digital.

A los pocos minutos, los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones le entregaron la cámara a Andrés, pero sin el disket.

Y es que, dijo Gutiérrez, “yo junto con el compañero Manuel (otro reportero de nota roja) llegamos primero al lugar de los hechos y recabamos la información”.

Los compañeros de los que recien habían sufrido el accidente aterrizaron sin problemas en una avioneta Cessna en la misma pista. Ambos grupos de jóvenes entre 22 y 28 años de edad que venían en distintas avionetas se vieron en las instalaciones de la PGR en la ciudad de México antes de abordar sus respectivas aereonaves.

Uno de los primeros funcionarios estatales que arribaron a la aereopista fue el procurador de Justicia del Estado, Rigoberto Pano Arciniega. El alcalde José Luis Peralta Lobato llegó, pero él igual que a muchos periodistas, el Ejército mexicano y la Policía del Estado no le permitieron la entrada.

Los que ni siquiera se aparecieron para realizar tareas de rescate o sofocar el fuego fueron los Bomberos.

El gobernador René Juárez Cisneros arribó al lugar cerca de las 11:30, luego de que le avisaron que llegaría el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.

“Fue una cosa muy lamentable, pero las investigaciones las va a realizar el gobierno federal”, expresó el mandatario estatal quien no quiso comentar más.

Yo vi a varios individuos que envueltos en llamas se revolcaban en el piso y gritaban”, señala el policía auxiliar Jesús Guillermo Hilario Martínez quien a una distancia de diez metros presenció el accidente de la avioneta Cessna.

Indica que él observó como la nave iba bajando pero que al tocar tierra una de sus llantas se desprendió y entonces fue cuando se fue a estampar contra la valla ciclónica.

“Escuché el estruendo, luego vi mucho humo y me dio mucho medio; pensé que había estallado un tanque de gas”, señaló la señora María Luisa Aquino, quien vive frente a la aereopista.

“Vi como la avioneta venía bajando, pero no podía aterrizar y cuando apenas lo hacía vi que una de sus llantas se desprendía y después se salió de la pista para estrellarse en la valla y luego se encedió en llamas”; luego una estruendosa explosión y gente que estaba adentro de la avioneta se salía y brincaban como chapulines en comal caliente”, relata la señora.

Un piloto de una aereonave de la PGR, dijo que la aereopista de Chilpancingo que tiene mil 400 metros de longitud es considerada como una de las más peligrosas del país debido a que hay mucha turbulencia en la zona.

El 17 de agosto del año pasado, una avioneta Cessna que era tripulada por miembros del Ejército mexicano se fue a estrellar contra dos viviendas, una de ellas propiedad del gobierno del estado, ubicadas en el fraccionamiento Las Margaritas.

En el accidente murieron un coronel y un sargento del 43 Batallón de Infantería del Ejército mexicano con sede en Chilpancingo.

La nave recien había despegado y poco a poco fue perdiendo altura y se fue a estrellar contra las dos casas. Las causas del accidente nunca se dieron a conocer.

* Señala que para cumplir compromisos de obras en las comunidades recurrirá a instituciones altruistas

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El delegado del Instituto Nacional Indigenista (INI), Pedro de Jesús Alejandro, se quejó ayer de la reducción presupuestal a esa dependencia federal para este año que es del 6 por ciento y por la cancelación del Fondo para la Infraestructura Básica, con el que se realizaban obras principalmente de servicios públicos, por lo que dijo que recurrirá a los apoyos de fideicomisos e instituciones altruistas para cumplir con compromisos en comunidades indígenas.

Sin embargo, el funcionario rechazó que la tendencia del gobierno sea la dependencia del sector privado para la atención al sector indígena o desaparecer ese Instituto, como se ha venido anunciado desde hace dos años.

Al rendir ayer su informe anual de labores, De Jesús Alejandro dijo que aún se desconoce cuál será el presupuesto general que destinará la Dirección general para la delegación del INI en Guerrero este año pero que, por lo pronto, hay una autorización de una partida inicial de 47 millones de pesos que serán destinados, fundamentalmente, para la remodelación de albergues, programas de salud, procuración de justicia, proyectos productivos, para el apoyo a iniciativas de la mujer y para el programa de atención a migrantes.

El ex dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI) informó que la Dirección general del INI solicitó un presupuesto para ejercer este año de 3 mil millones de pesos, pero que apenas le autorizaron mil 340 millones que representa una reducción del 6 por ciento con respecto al año pasado.

Agregó que aunado a esta reducción presupuestal también desapareció el Fondo para Infraestructura Básica con el que la dependencia se encargaba de realizar obras, sobre todo de servicios, como aulas escolares, electrificación, albergues y vivienda en las comunidades indígenas.

En entrevista antes de su informe, el delegado del INI, De Jesús Alejandro, rechazó uno de los argumentos que se dieron en el Congreso de la Unión respecto a la reducción presupuestal para esta dependencia, en el sentido de que los recursos que ejecuta el INI son mayoritariamente en zonas urbanas. Dijo que eso es mentira, pero además aseguró que los pocos recursos que se ejercen en programas para las zonas urbanas son justificables.

En el caso de Guerrero dijo que se han hecho pocas obras en zonas urbanas, “estaría hablando de Acapulco y de Zihuatanejo, que socialmente se justifican porque yo personalmente he constatado que en Zihuatanejo los niños viven casi desnudos en colonias marginadas, a la orilla de la ciudad de Zihuatanejo y ahí es donde construimos el año pasado aulas y en donde hemos construido un comedor indígena y el objetivo es construir un albergue indígena porque sí se necesita y tiene una alta justificación”.

Señaló que en Acapulco el año pasado se construyeron cuatro aulas en la colonia Hermenegildo Galeana, donde “se justifica porque están ahí los compañeros indígenas desatendidos desde el huracán Paulina“. Informó que es en estos dos lugares en donde se ha hecho obra pública en Guerrero en zonas urbanas, donde el INI ha ejercido poco más de un millón de pesos, y agregó que “la inmensa mayoría del presupuesto está en la Costa Chica, en La Montaña Alta, en la zona centro y en la zona norte”.

Pedro de Jesús Alejandro dijo que cuando menos la Delegación en Guerrero no va a dejar desamparadas a las comunidades indígenas “y por eso estamos buscando la otra alternativa, si no tenemos recursos fiscales para obra pública, nosotros vamos triplicar los esfuerzos porque estas fundaciones e instituciones altruistas vengan a Guerrero e inviertan recursos en educación, en salud, en proyectos productivos y en obra pública”.

Indicó que por el momento no tiene claro cuánto logrará captar de estas instituciones en el presente año, pero informó que el año pasado obtuvo 20 millones de pesos a través de este mecanismo, “y pensamos que este año por lo menos esa cifra la alcanzamos. Yo espero que a nivel nacional e internacional las fundaciones puedan voltear hacia Guerrero, no nada más a Chiapas o a Oaxaca”.

Por otra parte, en su informe, el delegado del INI dijo que en las cárceles de Guerrero hay 290 indígenas presos, de los cuales el año pasado apenas 17 lograron obtener su libertad, con la asesoría jurídica de esa dependencia federal. Informó que la mayoría de ellos están recluidos por delitos contra la salud y por conflictos agrarios.

* Recorre la síndica las agencias recaudadoras municipales

Nelly Bello * Mientras que la agencia recaudadora municipal de Costa Azul, por sí sola, recauda 30 por ciento del impuesto predial de Acapulco, la de Renacimiento atiende al mayor número de contribuyentes, informó la síndica Gloria Sierra López.

Las otras cinco agencias reciben diariamente a unas 400 personas, según constató la edilesa ayer durante un recorrido por esas oficinas para comprobar la atención que los empleados dan a los ciudadanos.

En entrevista durante el recorrido, informó que la agencia número 1 ubicada en Costa Azul es la oficina donde mayor captación económica tiene el ayuntamiento por los fraccionamientos y casas residenciales que efectúan el pago, del total representa 30 por ciento. Mientras que la agencia número 6 en Ciudad Renacimiento es la que mayor número de contribuyentes tiene pero menor captación económica.

En el recorrido por las agencias de recaudación, los encargados de la oficina solicitaron a la síndica Gloria Sierra López la rehabilitación de los inmuebles. No hubo quejas, solo ciudadanos que se acercaban a la edilesa para preguntarle sobre los descuentos que aprobó el Congreso local que en enero significarán 14 por ciento para los cumplidos sin adeudos, 2 puntos porcentuales más que el año anterior.

El 1 de enero las seis agencias de recaudación de rentas abrieron sus ventanillas para la captación que integra la mayor parte de los recursos propios del ayuntamiento. A diferencia de años anteriores, la administración zeferinista trató de “aminorar” los trámites y el tiempo de pago, según explicó en el trayecto la síndica.

En las agencias hay butacas donde el contribuyente espera con ficha en mano el llamado del encargado, que después lo conducirá a la caja para el pago final de su impuesto por predio construido y sin construir.

En la agencia recaudadora número 2, ubicada en la Costera rumbo a Caleta, junto al restaurán Pollo Feliz, había pocos ciudadanos ocupados en el trámite, pero los que encontró la síndica, sorprendidos, observaban el tumulto de reporteros y fotógrafos, que excedía el número de presentes en el inmueble.

El ciudadano Ricardo Ochoa indicó que siempre que ha tramitado algún documento oficial tiene suerte, pues “son pocas las vueltas burocráticas que doy”.

En Costa Azul, el encargado de la oficina, Víctor Preciado, indicó a Sierra López que se reparten 400 fichas diarias, y que los ciudadanos tardan en ser atendidos de 10 a 15 minutos. El número de contribuyentes es similar en las agencias que visitó ayer la síndica, donde sólo hay una caja de cobro.

Las únicas agencias con dos cajas están en el viejo edificio del ayuntamiento y en Renacimiento. A esta última acude el mayor número de contribuyentes y comparte espacio fisico con la agencia del Ministerio Público y una comandancia de la Policía Judicial.

En el caso de Renacimiento, la síndica recordó que hace varios meses solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que el área que utiliza del edificio propiedad del municipio la intercambie con la agencia recaudadora y ocupe la parte alta pero comentó que hasta el momento no ha recibido respuesta.

En la oficina número 4, de La Garita, la síndica explicó a los ciudadanos que su visita es para escuchar las quejas y combatir la corrupción que llegara a generarse en esas oficinas. Reiteró el anuncio que el ayuntamiento publicó a principios de enero, en el sentido de que el contribuyente puede pagar en la agencia más cercana.

El encargado de la agencia, Jaime Camps, mostró la tabla de resultados que ha obtenido en su oficina. Ayer había más de 400 personas en las oficinas municipales con la intención de pagar sus impuestos.

Indicó que la oficina tuvo un total de contribuyentes morosos equivalente a 21 por ciento en el 2001, cifra que espera reducir este año.

El ambulantaje incrementado

En la última agencia que visitó, la número 3 ubicada en Bernal Díaz del Castillo, la síndica fue felicitada por Carmen Barragán Cruz, quien se quejó de la mala imagen de los ambulantes que lidera el priísta Antonio Valdés Andrade.

Sierra López respondió que el alcalde tiene un proyecto que falta consensuar con los ambulantes y los establecidos, y que espera una propuesta de la comisión de Comercio y Abasto Popular del cabildo.

Luego de su plática con la ciudadana, precisó que la promoción del ambulantaje se ha dado por la falta de una propuesta de solución, “pero no lo ha generado la comisión” que encabeza la perredista Abelina López Rodríguez.

* En un informe sobre la auditoría, la dependencia señala que se encotró un faltante de más de un millón 250 mil pesos por el cobro de boletos no reportados

De la corresponsalía, Chilpancingo * Entre hoy y mañana, la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal podría presentar una demanda penal contra el administrador de las grutas de Cacahuamilpa, Gabriel Ortiz Bonal, a quien en una auditoría la semana pasada se le encontró un faltante de más de un millón de pesos.

El informe de la Secretaría de Finanzas dice que se descubrió doble boletaje del cobro de las entradas a las grutas que expedía el administrador, Gabriel Ortiz Bonal.

El monto de esos cobros que nunca fueron reportados a las arcas de la Secretaría de Finanzas asciende a un millón 250 mil pesos, por lo que se determinó separar del cargo al citado funcionario e incluso iniciarle una demanda penal en su contra por presuntos desvíos de recursos públicos.

La auditoría, dice el informe, la realizaron el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Alejandro Gómez Santoyo; la directora general de Fiscalización, Lorena Salgado y el director general de Recaudación, David Fernández Parra.

Por lo pronto, informó una fuente confiable de la Secretaría de Finanzas, se determinó la destitución del citado funcionario que es cercano al senador priísta Héctor Vicario Castrejón, y con quien, aparece en fiestas en varias fotografías que fueron encontradas en sus oficinas en las grutas.

Por su parte, el dirigente del movimiento de protesta que exige la concesión del sitio turístico a cuatro comunidades, José Luis Hernández Rosas, señaló que van a seguir con su protesta hasta que el gobernador René Juárez Cisneros les dé una respuesta positiva respecto a su demanda.

Entrevistado vía telefónica, el líder dijo que el titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, Rafael Acevedo Andrade, es el responsable de esta situación porque debió de haber atendido el acuerdo del Congreso local que le pidió que a las comunidades aledañas a las grutas se les entregara el 25 por ciento de las ganancias económicas de la explotación de las instalaciones.

Los pobladores mantienen tomadas las instalaciones desde el pasado primero de enero y se han hecho cargo de la administración.

* Será en la próxima sesión del Consejo Universitario cuando se presentará el fallo de los abogados, informa Eloy Cisneros

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Eloy Cisneros Guillén, miembro de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario, confirmó que en la próxima sesión del Consejo Universitario se dará a conocer el dictamen de abogados universitarios, en el que se mandata al rector de la UAG, Florentino Cruz Ramírez, para ejercer acción penal y expulsar de la institución al ex rector José Hugo Vázquez Mendoza y a cinco funcionarios de su administración, por haber desviado más de 25 millones de pesos.

Entrevistado al término de los registros de los candidatos a la Rectoría de la UAG, señaló que desde que se presentó el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia al pleno del Consejo Universitario, en octubre de 2001, “era evidente que se apegaba a la verdad y al derecho, sin embargo recibimos con mucho agrado la opinión de cuatro abogados que nos apoyaron en el aspecto jurídico, en este caso Marcial Rodríguez Saldaña, Carlos Berber Reséndiz, Román Ibarra Flores y Guadalupe Boyas Bernabé”.

El fallo, dijo, se presentará en la próxima sesión del Consejo Universitario y vamos a demandar que haga uso del derecho que le corresponde para que se determine sobre los casos, “nosotros estábamos convencidos que nuestro dictamen era correcto y lo seguiremos defendiendo porque no queremos que siga la impunidad en la UAG”.

Manifestó que el retraso para el castigo de Hugo Vázquez y de sus funcionarios se debe a que ” en aquella sesión del Consejo Universitario los integrantes estaban cansados y se determinó lo más fácil, pero creemos que muchos de los consejeros están pendientes pues nos han dicho que contamos con su respaldo, en base a ello vamos a pedir que intervenga otra vez el Consejo Universitario”.

Explicó que será el pleno del Consejo Universitario el que determine las sanciones contra el ex rector; “tal vez tendrá que presentarse una denuncia penal y la expulsión de la universidad, por eso Florentino Cruz deberá permitir que en la próxima sesión del Consejo Universitario se presente el dictamen”.

Cisneros Guillén agregó que al determinar el Consejo Universitario la consignación de Hugo Vázquez y sus funcionarios ante la Procuraduría o cualquier agente del Ministerio Público, se haría la valoración jurídica y correspondería a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que preside Alejandro Bernabé González, actuar en consecuencia”.

Recordó que el fallo incluye la expulsión de Hugo Vázquez y su consignación ante las autoridades correspondientes, así como del ex tesorero Francisco Barrera Villa; la ex cajera general Yanira Gallardo Moreno, el ex director de Obras y Proyectos, Graciano Villegas Barrientos; y la ex jefa de Mantenimiento en la Zona Sur, Judith Martínez Romero.

Por otro lado, descartó que la alianza que existe entre los ex rectores Gabino Olea Campos y Hugo Vázquez, al interior de la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), obstaculice los trabajos ” para la Comisión de Honor y Justicia, no sucederá esto porque nada va a quedar impune en la universidad”.

Insistió en que ningún funcionario o corriente política va a influir en el fallo, “porque hay un desvío en términos generales de 25 millones de pesos”, y dijo también que desafortunadamente a la Comisión de Honor y Justicia no le tocó investigar las desviaciones del figueroista Gabino Olea Campos. “No estuvo en nuestras manos revisar esta situación de quien le abrió las puertas de la UAG a Rubén Figueroa Alcocer”, concluyó.

* Se reúne la Comisión de Hacienda del Congreso

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado acordó solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión su opinión jurídica sobre la procedencia constitucional de que el ayuntamiento de Acapulco tenga su propio Código Fiscal, su Ley de Catastro y su Ley de Hacienda, la cual será determinante en la elaboración del dictamen correspondiente.

Así lo informó el diputado Juan Adán Tabares, uno de los dos perredistas miembros de esa comisión, quien dijo que tal acuerdo se tomó en la reunión que los integrantes de ésta sostuvieron ayer.

La reunión de la Comisión de Hacienda se efectuó a las 3 de la tarde, momentos después de que terminó la sesión del Congreso local, que fue sólo de trámite.

A ella asistieron los cinco integrantes de la Comisión: por el PRD Juan Adán Tabares y Rosario Merlín García, y por el PRI, su presidente, Abel Echeverría Pineda, Ernesto Sandoval Cervantes y José Luis Román Román.

En términos generales, Juan Adán dijo que los argumentos esgrimidos por los diputados priístas fueron que el crear un Código Fiscal, una Ley de Catastro y una Ley de Hacienda es inconstitucional porque ya existen esas leyes para el ámbito estatal.

Y los argumentos perredistas es que al aprobar una Ley de Ingresos Municipal –lo cual ya ocurrió– es necesario aprobar leyes fiscales que la normen, y que así lo faculta la propia Constitución federal en su artículo 115.

Como esos argumentos son los mismos que se han defendido en las sesiones de la Comisión de Hacienda, esta vez la reunión sólo duró 15 minutos, pues los diputados acordaron sólo pedir la información especializada a la Cámara de Diputados federal para tomar la decisión final, sobre aprobar o rechazar las leyes fiscales municipales en Acapulco.

* No pretendemos politizar el asunto, asegura la síndica Gloria Sierra

Nelly Bello * El secretario de Administración y Finanzas, Carlos Alvarez Reyes, negó que las declaraciones a favor de las iniciativas de leyes fiscales que envió el Cabildo al Congreso local sean mecanismos de presión para su pronta aprobación.

Por su parte, la síndica Gloria Sierra López invitó al presidente de la comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Abel Echeverría Pineda –quien el domingo ofreció una conferencia de prensa para contradecir a Alvarez Reyes sobre el tema–, a hacer una consulta popular en Acapulco sobre los beneficios de las iniciativas.

Entrevistado vía telefónica, Alvarez Reyes reiteró su respeto al Congreso local y aseguró que en las entrevistas grabadas que tiene nunca se refirió al Legislativo con falta de respeto, pues tiene buena relación con todos los diputados locales, incluido Echeverría Pineda.

Sobre la crítica del legislador priísta al desplegado del ayuntamiento difundido en periódicos locales sobre los beneficios de las iniciativas, Alvarez Reyes explicó que esa publicación tiene como objeto informar a la ciudadanía para el caso de que las leyes municipales sean aprobadas.

–Lo acusa de presionar al Congreso para la aprobación de las iniciativas.

–Si el hecho de informar significa presión, pues para nosotros esto tiene una óptica distinta, porque es obligación de la autoridad municipal informar a los ciudadanos que lo eligieron del estado de ciertos asuntos públicos.

Agregó que el Congreso local es una instancia para la aprobación de leyes que beneficien a los ciudadanos, y “si existiera deficiencia jurídica (en las iniciativas), les corresponde a los diputados subsanarlas con beneficio a los ciudadanos”.

Insistió en que su actuación fue y será siempre institucional. “Si en lo personal le quieren dar otra interpretación, siempre tendrán mi respeto”, dijo.

Sobre el calificativo de “inconstitucional” que dio el diputado priísta a las iniciativas, el funcionario zeferinista aclaró que el párrafo aludido de las reformas al 115 constitucional –en la explicación de motivos municipal–, la administración lo interpreta como nueva facultad en la constitución federal que da la posibilidad de “mejorar tanto la legislación fiscal como la administración tributaria”.

Añadió: “Hay un principio en derecho en el sentido de que lo que no está prohibido está permitido, y en la constitución no le prohíben al municipio presentar sus iniciativas”.

Enumeró los municipios mexicanos que cuentan con sus propias leyes fiscales, –varios de ellos gobernados por el PAN– como Querétaro; casi todos los del estado de Aguascalientes; Mérida, en Yucatán; Los Cabos y La Paz, en Baja California; Gómez Palacio, en Durango, ejemplos que el ayuntamiento de Acapulco envió, para su conocimiento, al Legislativo estatal el 11 de enero para argumentar la constitucionalidad.

Aclaró una confusión del diputado respecto de la síndica que lo acompañó a la sesión del Congreso a la presentación de las iniciativas, pues fue con Gloria Sierra López, no con Adela Román Ocampo, a quien Echeverría Pineda aludió en una supuesta reunión el 28 de diciembre, que en realidad fue el 15 de diciembre.

Insistió en el respeto institucional que tiene el ayuntamiento con el Congreso local, “siempre con ánimo de mejorar relaciones”.

Además de conferencia, consulta popular: Sierra

La síndica procuradora Gloria Sierra López se congratuló con la aclaración del diputado priísta, pero lo invitó a consultar a los acapulqueños.

“Le quiero decir a Abel Echeverría que no se sienta presionado, debe tomar las cosas como representante popular, y que, al contrario, lo invito a que conjuntamente hagamos una consulta ciudadana para ver qué es lo que quieren los acapulqueños, para tomar en cuenta, porque no es una decisión unilateral que puedan tomar los diputados, son tiempos modernos, democráticos, en los que valdría la pena saber qué opinan”.

Indicó que el Congreso local tiene prevista una reunión hoy para adaptar el paquete fiscal e insistió en que el objetivo del gobierno municipal es pugnar “por un mejor ayuntamiento, con facilidades para la participación de impuestos, derechos y contribuciones, para crear la cultura fiscal”.

Indicó que Alvarez Reyes cumple su función como secretario de Finanzas al buscar la difusión de esa cultura fiscal sin politizar el tema. “No pretendemos politizar el asunto, lo invito para ver la ampliación de la información que estamos dando a los acapulqueños, no se trata de protagonismos es simplemente una cuestión técnica”, dijo Sierra López.

¿Son confiables las encuestas?

Desde la década pasada la cultura de las encuestas empezó a tener mayor arraigo en la sociedad mexicana, cobrando fuerza en las elecciones federales de 1994. Las empresas de opinión pública empezaron a surgir como hongos después del escampe, principalmente en la capital. Previendo esta moda un grupo de consultores decide fundar en septiembre de 1992 la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), con el objeto de “establecer normas de calidad y estándares comunes en métodos y técnicas relacionados con la investigación de mercado” y estudios de opinión.

En el plano internacional existe la Asociación Mundial de Profesionales de la Investigación de Mercados y Opinión Pública (ESOMAR), con sede en Holanda, fundada en 1948 y que aglutina alrededor de 4 mil miembros de 100 países. En México, la doctora Ana Cristina Covarrubias es la representante de ESOMAR en México. “La misión de esta asociación mundial consiste en promover, a nivel mundial, el uso de la investigación de mercado y opinión pública, para mejorar el proceso de toma de decisiones en las empresas y en la sociedad en general”.

La AMAI emite boletines y cuestionarios que son seguidos no sólo por sus 35 socios, sino por un buen número de consultorías que tal vez no reúnan el requisito de facturación mínima requerida de 6 millones de pesos para aspirar a ser miembro, pero que en la práctica han demostrado tener mayor “tino” a la hora de hacer un pronóstico electoral; tal es el caso del CEO de la U de G.

Una de las razones del incremento en la cultura de las encuestas se debe a la aplicación de la planeación estratégica en las campañas electorales. En este sentido, los partidos políticos deben hacer uso de la encuesta como una herramienta que coadyuve a la aplicación de la planeación estratégica de una campaña política, no debiera usarse como instrumento de propaganda. Algunos partidos y candidatos tienen la falsa idea de que manipulando el resultado de las encuestas van a mejorar la posición de su imagen ante la sociedad. Está demostrado que la mayoría de la gente apoya al candidato “A” por ser de su partido, su amigo, su paisano, por su programa de trabajo, por considerarlo honesto, honrado, carismático, mas no por leer en la prensa que va arriba en las encuestas.

Las encuestas las mandan a hacer los partidos políticos, los candidatos, los medios de comunicación y en menor escala, los gobiernos. La confiabilidad de una encuesta depende de los lineamientos metodológicos de quien la realice. No siempre se publican los resultados de una encuesta; sólo cuando los resultados favorecen a quien mandó hacer la encuesta.

En el 2000 Ana Cristina Cobarrubias, inspirada en una publicación de ESOMAR titulada Guía para encuestas de opinión pública, da a conocer un artículo titulado Diez reglas prácticas de cómo leer encuestas electorales, que en resumen plantea: 1. Fijarse en los datos, en la explicación de los mismos y en la ficha metodológica; 2. Diferenciar entre porcentajes “crudos” (que incluyen la “no información” o sea la proporción de personas que no declaró su intención de voto) y porcentajes “ajustados” (que no incluyen la “no información”); 3. Interpretar correctamente el “error de estimación”. El que publican se aplica sobre los datos “crudos” (totalidad de muestra). Su correcta lectura es en términos de intervalos que hay que calcular para cada una de las cifras dadas para los diferentes contendientes. Unicamente en el caso de intervalos que no se traslapan se puede hablar de diferencias estadísticamente significativas. Si no hay diferencia significativa entre las cifras de uno y otro contendiente, no se puede saber quien va adelante; 4. Sólo encuestas realizadas en lapsos de tiempo equivalentes son estrictamente comparables entre sí; 5. Tomar nota del “universo” que representa la muestra; 6. Por lo que toca al tamaño de muestra, el consenso internacional (ESOMAR) es el empleo de muestras de mil a 2 mil casos para representar globalmente una población infinita como puede ser la de un país. En contiendas cerradas que exigen mayor precisión de los estimadores, es necesario aumentar los tamaños de muestra; 7. El procedimiento de muestreo y del grado de dispersión de la muestra. Deben aplicarse como máximo 20 entrevistas por cada punto de muestreo; 8. Conocer la técnica de recolección de información. Hoy por hoy para representar con precisión la totalidad de la población la mejor aproximación es la encuesta en vivienda, cara a cara; 9. La forma como se formulan las preguntas; 10. Experiencia de la empresa investigadora.

Si bien no existe un número único para aplicar encuestas poblacionales, a mayor número de ciudadanos encuestados menor será el margen de error (Poisson y Bernuille). También es preciso señalar que las encuestas sólo miden el grado de aceptación o rechazo de un candidato en un momento determinado, preferencia que puede variar en el tiempo. En este sentido, una encuesta aplicada en septiembre será más certera que una aplicada en enero.

En la estadística descriptiva las llamadas poblaciones infinitas son aquellas mayores a 100 mil habitantes. Es el caso de Acapulco. La encuesta que está próxima a realizar la empresa Mitofsky, a través del actuario Roy Campos, consta de 500 cuestionarios, un nivel de confianza del 95.5% y, supongo, que un valor de p=q=50 de las posibilidades de respuesta, lo que daría en el mejor de los casos un margen de error de +/- 4.5%. Si los resultados de esta encuesta pagada por el PRI Guerrero son para normar un criterio de quien va arriba en la preferencia electoral de los siete precandidatos, el margen de error se antoja muy alto, a menos que el puntero lleve mínimamente nueve puntos porcentuales de diferencia sobre su más cercano competidor. Vale decir que Mitofsky es miembro de AMAI.