* Maestros que respaldan a Piza Alday exhibieron un documento que supuestamente prueba que los docentes del Aspaconalep recibieron 150 mil pesos, lo que provocó enfrentamiento con los acusados

Ossiel Pacheco * Padres de familia del plantel Conalep Acapulco 1, ubicado en Las Cruces, esté lunes reclamaron al subdirector general de este subsistema educativo, Gerardo Robles Damaso, y al director Ezequiel Piza Alday, la pérdida de dos meses de clases a falta de solución al conflicto entre directivos y un sector de docentes.

Asimismo, se inconformaron con Piza Alday por la intervención de agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) dentro del plantel para aprehender a los docentes Carlos Morillón López y Yolanda Pineda Alvinez, “porque la acción policíaca puso en peligro la integridad de los alumnos”.

Asimismo, los alumnos acusaron al director general de los planteles en el estado, Cuauhtémoc Salgado Romero, ex diputado federal, de haberles negado una beca y de recibir amenazas de este.

“No lo creo porque todos los directivos del Conalep estamos para servirles a los alumnos, los alumnos son nuestros patrones”, reviró Robles Damaso a una alumna.

Sin embargo, los padres de familia denunciaron al enviado de Salgado Romero la falta de clases por parte de los maestros a raíz del conflicto.

La manifestación tuvo lugar en la explanada de la institución, a fin de buscar la manera para recuperar las clases perdidas porque, dijeron, el periodo de exámenes se ha retrasado debido a la falta de clases.

Posteriormente, el conflicto aumento debido a que algunos maestros, quienes respaldan a Piza Alday, exhibieron un documento que supuestamente prueba que los docentes del Aspaconalep recibieron 150 mil pesos, “por vender el movimiento”.

Lo anterior provocó que los aludidos discutieran contra sus acusadores y trataron de arrebatarles el documento, lo que devino a un forcejeo entre ambos grupos.

Ante ello, el director Piza Alday se levantó de la mesa y se introdujo a la Dirección, de donde padres y maestros inconformes intentaron sacarlo por la fuerza pero ya no se encontraba dentro del plantel.

Un parte del contingente de inconformes que asistieron en ese momento se retiraron de la reunión, pero amenazaron con no enviar a sus hijos al plantel hasta que las autoridades educativas solucionen el conflicto, se impartan clases con normalidad y garanticen la seguridad de los alumnos.

Sobre la reunión, Salgado Romero manifestó que “está preocupado” por la manipulación que hacen los maestros “a un grupo reducido de alumnos. Los utilizan como carne de cañón para lograr sus propósitos; no nos alejamos del diálogo, estamos abiertos, pero ya hay órdenes de aprehensión que nos son ajenas”.

Negó que lleven dos meses sin clases, como lo afirmaron los padres, “han sido dos semanas y tres días. Lamentablemente esto afecta porque debíamos terminar el semestre en esta semana, si afectará, pero no son dos meses”.

Se deslinda Salgado Romero de la acción penal

Por su parte, el director estatal del Conalep, Cuauhtémoc Salgado Romero, se deslindó de la acción penal que ejerció la PGR en contra de cinco profesores, quienes fueron acusados de despojo y daños a propiedad federal, pues, dijo, fue la Dirección Jurídica del Conalep nacional la que interpuso la denuncia ante el MP federal.

Entrevistado por teléfono sobre la situación que prevalece en ese plantel, lamentó la detención de los docentes, sin embargo justificó la acción ante “la presión que ejercieron al tomar el plantel. Lo único que hice fue informar a oficinas del Conalep nacional de la situación que prevalecía”.

Dijo desconocer la situación jurídica de los cinco maestros Julio César Morales Matadama, Rosendo Sánchez Jiménez, Pedro Fernández Zamora, Carlos Morillón López y Yolanda Pineda Alvinez, liberados tras pagar la fianza correspondiente.

“Me he mantenido ajeno a esta situación que le compete a la Federación, nos preocupa porque se interrumpe la labor de un plantel, los docentes están conscientes que son demandas inalcanzables debido a que el modelo del Conalep no permite la basificación, estamos por contrato de prestación de servicios profesionales, por la vinculación que debe tener el docente con el sector productivo”, señaló.

El también ex diputado federal priísta afirmó que en este momento no puede desistirse de continuar con la acción penal en contra de los docentes, debido a que el caso está en manos de la Federación, “hasta donde estoy enterado son 10 órdenes de aprehensión de 22 maestros que el apoderado legal del Conalep nacional acusó por despojo, delito que se persigue de oficio. Me deslindó de esta situación”.

 

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes de la Asociación Civil Unica de Académicos del Conalep, encabezados por el secretario general delegacional del plantel 1 de Acapulco, Rafael Pineda Gutiérrez, ratificaron sus acusaciones en contra de los trabajadores que encabeza Alberto Huerta, a quienes acusan de haber cometido varios delitos.

En conferencia de prensa efectuada en Chilpancingo, el dirigente de la asociación aseguró que ya se libraron 6 de 23 órdenes de aprehensión en contra de estos trabajadores, quienes tomaron las instalaciones e impidieron la entrada del director del plantel, Ezequiel Piza Alday, y al personal.

Recordó que el conflicto en ese plantel comenzó desde el pasado 30 de noviembre, cuando se impulsó una lucha conjunta para la obtención de un bono anual que se dividiría en dos pagos, uno a través del bono, y el otro que sería una parte del aguinaldo. “Posteriormente, el 7 de enero, nos presentamos a laborar, pero 23 seguidores de Alberto Huerta nos impidieron la entrada a 21 compañeros, a pesar de que a nivel estatal somos 285 trabajadores en 8 planteles y dos extensiones, y ellos apenas cuentan con 30 seguidores en Iguala y Ometepec, uno en el plantel Acapulco 1, y el resto en el 2”.

Señaló también que el conflicto se debe al descuento de 10 horas promedio que se hizo a cada trabajador, pero ahora se niegan a pagarlas. “Ellos tienen grupos de choque, y dicen que tienen el apoyo del subsecretario de Educación, Efraín Flores Maldonado, y del diputado del PRS, Demetrio Saldívar Gómez”.

Sin embargo, Pineda Gutiérrez aseguró que ayer dialogaron con el diputador perresista, quien les dijo que eran falsas dichas acusaciones y, por el contrario, se comprometió a que este martes “ nos conseguiría una audiencia con el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, para de esa manera resolver nuestro problema”, concluyó.

* El alcalde Peralta Lobato pide ayuda al gobernador René Juárez * En esta semana cortarán el alumbrado público a 17 municipios de La Montaña y el centro del estado, anuncia la paraestatal 

De la corresponsalía, Chilpancingo * Desde el fin de semana habitantes de esta esta ciudad se quedaron sin el servicio de agua potable debido a que el ayuntamiento que preside el alcalde priísta José Luis Peralta Lobato no ha pagado un millón y medio de pesos de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que le cortaron el suministro a las dos plantas de bombeo que distribuyen el agua a esta capital del estado, informó el superintendente de la CFE, Marcos Ayala Ayala.

Según versión de las autoridades municipales, alrededor de 100 mil personas, habitantes de Chilpancingo, sobre todo de las colonias populares, están sin servicio de agua entubada.

Ayala Ayala reveló que en los últimos 12 meses es la segunda vez que la CFE ha cortado el servicio de energía eléctrica a las plantas de bombeo de Mochitlán y de Acahuizotla que se encuentran instaladas en las afueras de la ciudad y que suministran más de 250 mil litros por segundo de agua a los usuarios de la capital del estado.

“Nosotros tuvimos una plática con el presidente municipal (José Luis Peralta Lobato) el pasado viernes y allí le expusimos que cortaríamos el servicio de luz eléctrica si no pagaba el millón y medio de pesos que nos deben y que dicho adeudo viene arrastrando desde hace varios meses”, explicó el funcionario de la CFE.

Ayala Ayala señaló que el alcalde le dijo que el ayuntamiento no tiene recursos económicos para pagar el adeudo y que este lunes 21 iría a la residencia oficial de Casa Guerrero para pedirle al gobernador, René Juárez Cisneros, que ordene a la Secretaría de Finanzas del Estado que absorba el pago para que la CFE reconecte el servicio de luz eléctrica.

Peralta Lobato, regidores y el director de Capach van a Casa Guerrero para pedir ayuda económica a René Juárez

Hoy, el alcalde capitalino tuvo que acudir con el gobernador René Juárez Cisneros para pedirle un préstamo de un millón 500 mil pesos para poder pagar a la CFE.

Desde las 12 del día, Peralta Lobato, regidores priístas y el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), hicieron antesala para que Juárez Cisneros los recibiera. Allí estuvieron sentados tres horas, y fue hasta cerca de las 15 horas cuando los recibió.

Esta es la tercera vez, desde que Peralta asumió la alcaldía, que acude con el gobernador René Juárez para pedirle apoyo económico para pagar a la CFE la deuda del servicio de luz eléctrica que se le suministra a las plantas de bombeo de los sistemas de Acahuizotla y Mochitlán III.

Por la mañana, en una entrevista que dio a una estación radiofónica, el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) Gerardo Nabor Ojeda de la Peña, reconoció el adeudo que se tiene con la CFE, y sostuvo que más del 50 por ciento de los usuarios se quedaron sin el vital líquido por la medida que tomó la paraestatal de cortar la luz eléctrica a las dos plantas de bombeo.

Según informes de la dependencia paramunicipal existe un padrón de más de 30 mil usuarios del servicio.

Nabor Ojeda dijo que una de las causas del déficit que tiene este organismo es porque cientos de usuarios “morosos” no quieren pagar puntualmente sus recibos.

El superintendente de la CFE, Marcos Ayala Ayala, también anunció que en breve se podría cortar el alumbrado público a Chilpancingo porque el ayuntamiento tampoco ha pagado un adeudo por este servicio, “pero estamos en pláticas con las autoridades y a lo mejor en esto hay un arreglo”, dijo.

Lo que sí es un hecho, sostuvo el funcionario de la CFE, es que en el trascurso de esta semana, empleados de esta paraestatal realizarán los cortes del alumbrado público a 17 municipios de las regiones de La Montaña y Centro del estado debido a que sus autoridades no han pagado más de dos millones de pesos de adeudos.

“Vamos a empezar (con los cortes) con los municipios de Metlatónoc, Malinaltepec, Alcozauca, Copanatoyac, Xalpatláhuac, Atlixtac, y otros de la región de La Montaña que no se han puesto al corriente con sus pagos”, advirtió el funcionario.

Propuso que el pago de este servicio a la CFE se realice como se hacía hasta hace dos años cuando el gobierno del estado hacía la liquidación y posteriormente a los ayuntamientos les descontaba ese dinero de sus participaciones federales.

“Creo que ese era el mejor método de trabajo con los 76 ayuntamientos, pero a raíz de que los municipios pidieron que ellos hicieran directamente el pago eso nos ha traído problemas muy serios”, expresó Ayala Ayala.

¿A quién defiende el Estado?

Del 15 al 17 de enero de este año, El Sur publicó en tres partes una serie de reportajes sobre la situación que atraviesan varios campesinos que, por su labor en favor de la defensa ecológica, han sido víctimas de represión por parte de los órganos estatales y federales. Independientemente de que la temática de la represión a los ecologistas no es algo novedoso, ya el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ha evidenciado, aunque sea mínimamente, cuanto el poder económico y el poder político pueden estar coludidos en la búsqueda de mantener intereses ajenos a los de las necesidades del pueblo guerrerense, sí plantea una serie de cuestiones que, aunque tampoco novedosas, sí por ser estructurales merecen  toda la atención.

La impunidad militar vinculada con la pobreza. No es algo nuevo que el Ejército mantenga, en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, por mencionar alguno de los más conflictivos, un margen de acción que va más allá de toda legalidad. La práctica nos ha enseñado que el argumento mediante el cual el Estado ha pretendido sustentar la creciente participación militar en actividades de seguridad pública, ha quedado desvirtuado ante las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas, principalmente, hacia personas que, por su labor en el campo o por vivir en condiciones de vulnerabilidad social y económica, son sujetos idóneos para ser víctimas de fabricación de delitos.

De esta manera, al detener y acusar de narcotraficante o eperrista a un campesino, el Ejército “justifica su labor”, aunque por otra parte y paradójicamente, los verdaderos secuestradores, narcotraficantes o asesinos (muchas veces bajo sospecha de estar ligados a las cúpulas de poder estatal o federal), gozan de cabal impunidad y en ocasiones inmunidad. En pocas palabras, el ser pobre es casi un sinónimo de ser delincuente, y aquellos que asolan a la sociedad guerrerense con sus crímenes, ya sea por estar involucrados directamente o por su acción omisiva, son quienes están encargados de combatirlos.

Para muestra un botón, ya el informe sobre desaparecidos elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha señalado los nombres de los militares Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, en ese entonces a cargo de los principales organismos de seguridad pública, como artífices de la represión que, durante los años sesentas a ochentas se vivió en varias partes del estado de Guerrero. ¿Pero qué ha pasado con Rubén Figueroa y quienes desde el su gobierno planearon y fraguaron la masacre de Aguas Blancas? Habría que preguntarle a la PGR, el por qué a pesar de las evidencias existentes no ha sido ni siquiera investigado.

El Poder Judicial como factor que perpetúa la impunidad. Lo señalado en el punto anterior, no podría ser posible sin la aquiescencia de un Poder Judicial que, tanto en el ámbito estatal como federal, se ha caracterizado por convalidar graves violaciones a los derechos humanos e injusticias con argumentos de punibilidad y venganza excesiva, mismos que se les olvidan cuando se trata de funcionarios o ex funcionarios acusados de cometer algún delito. Sin pretender generalizar, puesto que seguramente habrá honrosas excepciones, la actuación que desempeña el Poder Judicial dista mucho de ser la de un verdadero poder que ponga freno a las arbitrariedades de los otros órganos del Estado e imparta justicia de manera imparcial y equitativa.

Los razonamientos de sus sentencias en muchas ocasiones, están fundados en actos de tortura u otras violaciones a los derechos humanos cometidas por el órgano aprehensor, que en la práctica son convalidados e incluso justificados por los jueces y magistrados.

Por el contrario no hay argumento suficiente que permita convencer a los juzgadores de la culpabilidad de sujetos vinculado al poder (Sotomayor Espino, Armijo de los Santos, por mencionar algunos). No sólo eso, la falta de conocimiento de la situación económica y social, factor fundamental que permite a un juzgador emitir una sentencia considerando el contexto sociopolítico y económico de la población, acarrea el que en muchas ocasiones, las sentencias seas desproporcionados con el grado de culpabilidad y la situación y condición social del sentenciado.

El panorama por cuanto hace a los derechos humanos en Guerrero y en México en general, dista mucho de ser halagador. Este hecho se acrecienta aún más si, como en Guerrero, las instituciones a quienes hemos confiado nuestra protección y el cuidado y respeto de nuestros derechos, actúan contrariando esa confianza depositada.

La situación de los ecologistas presos es un hecho que obliga a reflexionar, puesto que hoy son ellos quienes por una razón u otra padecen los asedios y excesos del poder, pero su realidad no está alejada a la de muchos otros ciudadanos. Entonces habrá que preguntarse si el día en que estemos en una situación similar, quisiéramos que nuestros destinos estén en manos de funcionarios cuyos intereses no son precisamente los de la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

* De 10 a 100 salarios mínimos, la sanción para ciudadanos que incurran en esta práctica, informó el alcalde Zeferino Torreblanca 

Nelly Bello * A partir de mañana, los ciudadanos que por denuncia o detención in fraganti de policías preventivos sean sorprendidos tirando basura en la vía pública, serán sancionados hasta con 10 salarios mínimos.

En el caso de automovilistas la multa irá de 10 hasta 200 salarios mínimos, dependiendo de la cantidad de basura y grado de la infracción que en ambos casos definirán los jueces calificadores del municipio.

El alcalde Zeferino Torreblanca Galindo explicó que la campaña en medios electrónicos locales, que comenzó el 8 de enero, es para sensibilizar a la población “y hacer de su conocimiento que quien no cumpla, sea sorprendido arrojando basura, aproveche el tiempo en que no pasan los camiones recolectores y la tiren a los cauces, serán sancionados con un número de salarios mínimos”.

Reconoció que los policías pueden ser insuficientes, por lo que conminó a medios de comunicación y ciudadanos en general para que denuncien al vecino, pues “si los ciudadanos cooperaran no tendríamos problemas en época de lluvias con los canales pluviales”.

Indicó que posiblemente forme un equipo de inspectores voluntarios con jóvenes o niños que denuncien y hagan conciencia. “No llegar al ejemplo de Singapur, donde el que arroja una colilla de cigarro paga una multa de 600 dólares y es una ciudad donde no se permite la introducción de la goma de mascar”.

Pidió a algunos medios escritos que no sólo tomen fotografías de denuncia sino que ayuden con una cultura, “no vamos a ganar nada hasta que haya conciencia en la población”.

El programa Ciudad Limpia: La Basura a la Basura, que empezó con pláticas de concientización, mesas de trabajo para buscar solución, colocación de papeleras en la Costera, compra de equipo y contenedores para basura, y la construcción del nuevo y completo relleno sanitario, culminará con la imposición de multas económicas o de trabajo comunitario a los infractores.

Los menores de 18 años no serán sancionados ni multados, únicamente amonestados.

Por su parte, el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos, informó que la disposición municipal no es nueva ni tomada de forma arbitraria, se trata, dijo, del cumplimiento de reglamentos existentes desde 1991.

Y es que aunque las infracciones tienen vigencia desde 1991 nunca se aplicaron, por lo que la administración zeferinista empezó como medida precautoria spots televisivos con cuenta regresiva para concientizar.

El 22 de enero no es una fecha especial, sólo la fecha final a la cuenta regresiva de 15 días para evitar acusaciones por aplicación sorpresiva de la ley.

La operatividad del programa cuenta con un manual esta destinado a tres tipos de infractores, al peatón, al conductor particular y al transportista.

De acuerdo al artículo 56 del Reglamento del Servicio Público de Limpia, Transporte y Destino Final de Residuos Sólidos para el municipio, las empresas constructoras, fraccionadoras, hoteleras, restauranteras, industriales o de cualquier giro comercial que sean sorprendidas violando cualquiera de los ordenamientos serán sancionadas con multas que irán desde 10 hasta 100 días de salario mínimo diario.

El mismo artículo prevé que la reincidencia será sancionada con el doble de la multa tope, la segunda reincidencia con el triple y el arresto que no podrá exceder de 72 horas y al conductor del vehículo de la empresa será multado con uno o hasta diez salarios mínimos.

El funcionario zeferinista explicó que el procedimiento para detener a un peatón, automovilista o transportista infractor es cuando está en proceso la infracción y los policías preventivos lo ponen a disposición de los jueces calificadores.

En caso de no pagar la multa económica, paga la sanción con trabajo comunitario.

* Propusieron también que la Policía Judicial realice funciones preventivas, porque la delincuencia ha superado a la policía municipal de Acapulco, dicen 

Alfredo Mondragón * Ante el procurador de Justicia, empresarios de la entidad manifestaron su “temor” por la ola de secuestros. Proponen la creación de una fiscalía especializada para el combate de este flagelo y que dicho delito pase del fuero común al federal. También solicitaron que la Policía Judicial del Estado (PJE) realice funciones de prevención del delito porque la “delincuencia ha superado” en Acapulco a la Policía Preventiva en materia de asaltos.

El sábado por la mañana, durante tres horas, en el hotel El Presidente, los empresarios se reunieron con el procurador de Justicia Rigoberto Pano Arciniega, el subprocurador de Procedimientos Penales, Miguel Barreto Cedello, Juan José Arciniega Cisneros y el director de Averiguaciones Previas, Salvador Calleja Paniagua.

Además, estuvo el delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Acapulco, Adolfo Van Meeter Roque, el comandante regional de la PJE en Acapulco, Guadalupe Herrera Sánchez el comandante de la Central, Javier Francisco Osorio y el titular de la Tercera Agencia del Ministerio Público, Jesús Estrada Soto.

El sentir de los empresarios

La presidenta de la Unión de Propietarios de Farmacias del Estado de Guerrero, Susana González Rojas, propuso que el delito de secuestro pase del fuero común al federal, la creación de una fiscalía especializada en el combate de este flagelo y que “se hagan a un lado nuestras policías judiciales y estatales porque es preocupante que en casos de delincuencia mayor haya involucrada gente del gobierno”

González Rojas manifestó que el sector empresarial y la sociedad están temerosos por la “inseguridad” en nuestro estado porque de cuatro secuestros sólo uno se denuncia: “Nosotros sentimos en carne propia los asaltos y secuestros, necesitamos hacer una alianza con el gobierno porque la delincuencia está sobrepasando a las corporaciones y ver qué podemos hacer para ayudar; no podemos esperar que el gobierno haga todo”.

La empresaria del ramo farmacéutico señaló que: “Se palpa que la delincuencia ha sobrepasado a nuestras autoridades en Acapulco y el Estado; no hay confianza en que puedan saber hacer las cosas (investigaciones) y para que nos sigan protegiendo. En el sector farmacéutico se supo de dos casos de secuestros y en todo el sector empresarial el año pasado supimos de 10 casos de los que sufrimos”.

La presidenta de Agentes Aduanales, Rosario Salgado Escobedo, criticó a la Comisión Regional de la Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por haber intervenido en la defensa e injerencia para que salieran en libertad los secuestradores de su colega Gabriel Ramírez Gatica, secuestrado el 21 de noviembre y cuyos restos fueron exhumados el pasado 14 de enero del 2001 en el poblado El Quemado.

Salgado Escobedo señaló: “Mi asociado tuvo la desgracia de ser secuestrado y asesinado. El no tuvo derechos humanos pero las personas que lo retuvieron si tuvieron derechos humanos y son la viva imagen de la impunidad que después de haberlos detenido, seis de ellos fueron liberados porque tenían derechos humanos, están libres seguramente secuestrando más gente”

La presidenta de los agentes aduanales indicó que los secuestradores de Ramírez Gatica “no sólo acabaron con la vida de mi colega sino con su familia entera porque viven una sicosis de amenaza hasta la fecha. ¡para qué se van a quejar! Derechos Humanos si vio por los derechos de los secuestradores”.

Apoyo para combatir el contrabando maderero, pide la CNIF

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Forestal, José Luis Armenta López, denunció y pidió apoyo al procurador para “el combate del contrabando de madera en la Sierra” y que la PGJE se coordine con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que se “identifique” la madera de procedencia legal y la ilegal. También propuso la creación de cuerpos de seguridad privada con permisos para portación de armas de fuego.

El industrial de la madera también criticó a la Comisiones de Derechos Humanos por “defender a delincuentes, sólo por el simple hecho de que un policía lo empujó ya dicen que se les violaron sus derechos pero a las víctimas ¿quién las defiende?”. Armenta López señaló al procurador que el asalto a mano armada es el delito que más está sufriendo los industriales de la madera, que incluso dos empresarios han muerto en estos casos y el secuestro que ha sido “común” en la Costa, Atoyac, Tecpan y Petatlán pero, acotó que “ahorita tenemos la impresión de que ha bajado este delito de un año para acá, tal vez se deba a los retenes que han puesto el Ejército y la Procuraduría General de la República (PGR).”

Canaco: Más de tres millones y medio de pesos al año paga a seguridad privada

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Acapulco Alejandro Martínez Sidney, indicó que “falta un trabajo más concreto por parte de la Policía Preventiva porque a raíz de esto se ha tenido que pagar seguridad privada y que se hace un gasto de más de 3 millones y medio al año en este rubro”.

Martínez Sidney dijo que “es preocupante que la prevención nos esté fallando en Acapulco, aunque hemos visto una reducción en secuestros pero en asaltos vamos arriba, tan sólo la Canaco registró 437 asaltos a empresas en el 2001, en las áreas suburbanas y urbanas con pérdidas mayores de cuatro millones de pesos”.

El presidente de Canaco solicitó facilidades y agilidad al procurador para que la PGJE “investigue los antecedentes penales de los colaboradores más cercanos de los empresarios porque muchas veces los delitos contra este sector provienen de esta gente”

Martínez  Sidney, aunque reconoció y aclaró que no era ámbito de competencia de la  PGJE sino de la Policía Preventiva,  solicitó a Pano Arciniega que la PJE realice recorridos nocturnos para coadyuvar en la prevención de delitos como asaltos a negocios, secuestros y robos a casa habitación porque en Acapulco “estamos fallando” y el número de asaltos se “ha incrementado”.

Agregó que los asaltos nocturnos a negocios, el robo a casa habitación  y el secuestro son los dos temas preocupantes para el sector empresarial. Pidió a Pano asesoría  en materia de prevención de delitos y mesas de trabajo más frecuentes con el sector empresarial.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Bungalos de Acapulco, Leandro Oropeza Hernández del actuar de la PGJE en materia de seguridad en carreteras federales tras los asaltos registrados recientemente porque “cada turista que se va descontente son nueve los que no regresan”. También preguntó que está haciendo la PGJE en materia de despistolización en la ciudad porque “finalmente son la gente que asalta en carreteras, camiones urbanos, taxis y a la ciudadanía”.

El empresario en bungalos y hoteles, pidió al procurador la elaboración de programas de conscientización para la ciudadanía con el objetivo de que tenga conocimiento hacia dónde dirigirse ante un caso de secuestro, asalto u otro tipo de delito “porque aveces arremetemos contra la autoridad estatal y nos olvidamos que la autoridad municipal es la responsable en prevenir este tipo de delitos”.

Colaboración interestatal vs delincuentes, solicita Canirac

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Alfonso Saucedo Cobos, pidió a Pano Arciniega, colaboración con las procuradurías de los estados cercanos a Guerrero para crear un banco de datos de las bandas de delincuentes. “Sobretodo” con la de Morelos porque ahí “hay de toda índole” y combatir con mayor eficacia el asalto a autobuses en carreteras federales.

La presidenta de la Unión de Ferreteros del Estado, Laura Estrada Higuera, solicitó al procurador mayor supervisión, disponibilidad, sentido humano y facilidades de trámites del personal de las Agencias del Ministerio Público para la integración de las denuncias, porque “se encuentra uno con incongruencias, un viacrucis,  preguntas innecesarias que retrasan la indagatoria”

Estrada Higuera también apoyó la propuesta para que la policía judicial realice funciones de prevención del delito porque “no sé si hay falta de policías preventivos o tal vez no estén bien asignados ya que no se ve ni se siente que estén cuidando a la ciudadanía”.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias del Estado de Guerrero, Patricia Segovia Téllez propuso que el secuestro sea un delito federal y que los agentes del Ministerio Público,y la  PJE, estén especializados en el combate de este flagelo porque “no es posible que por una averiguación mal elaborada los secuestradores salgan en libertad

Segovia Téllez consideró que el plagio debe ser de competencia federal “porque a mí no me importa que sea una banda de Guerrero o Chiapas sino la agresión; el secuestro acaba con la tranquilidad de todas las familias de la sociedad y considero que los secuestradores poseen una infraestructura impresionante que rebasa los cuerpos de seguridad porque es un negocio lucrativo y está alejando las inversiones en la entidad”

La respuesta de Pano a los empresarios

El procurador dio a conocer a los empresarios las estadísticas de los delitos cometidos en la entidad y aseguró que “el índice delictivo va a la baja” incluido el secuestro: “En 1998 se cometieron 45 plagios; en el 2000 registramos 47 y en el 2001 sólo 37” y que en el año pasado 100 plagiarios fueron detenidos e internados los penales.

En materia de secuestros el procurador pidió a la ciudadanía que “denuncien este delito para que pueda actuar la PGJE y si no hay denuncia es probable que quede impune para siempre y sea una invitación para seguir cometiendo reiteradamente este delito” pero acotó que son respetuosos con los familiares de las víctimas cuando no quieren la intervención de la dependencia para salvaguardar la integridad física de los secuestrados.

Pano Arciniega aclaró a los empresarios que la prevención del delito “legalmente” es competencia de los ayuntamientos mediante su Policía Preventiva porque a la PGJE constitucionalmente le corresponde investigar, perseguir el delito y ejecutar las ordenes de aprehensión, pero acotó que están  colaborando en coordinación con 17 ayuntamientos en prevención de delitos como las Base de Operaciones Mixta ubicadas en la Sierra.

El procurador explicó a los empresarios que en materia de seguridad pública hay cuatro esferas de competencia, la primera, indicó es la prevención del delito que corresponde a los ayuntamientos; la segunda, la procuración de justicia que corresponde a la PGJE; la tercera la administración de justicia que corresponde al Tribunal Superior de Justicia y la cuarta, la readaptación que corresponde a los centros penitenciarios y depende de la Secretaría de Gobernación.

Pano Arciniega comentó a los empresarios su asistencia a la convención de procuradores de justicia del país en el que analizaron la creación de la Coordinadora Nacional Antisecuestros, también del convenio de colaboración e información con las siete procuradurías aledañas al estado de Guerrero para el combate del secuestro, robo de vehículos y asaltos.

El procurador señaló que en materia de averiguaciones previas iniciadas en todo el estado por la PGJE en 1998 fueron de 25 mil 285; en el 2000 fueron 28 mil 432 y en el 2001 se registraron 25 mil 359  y “la lectura que sacamos de aquí es que en el 2001 iniciamos menos averiguaciones que los años anteriores y nos da una idea de que el índice delictivo no se ha incrementado sino que va a la baja”.

Las averiguaciones consignadas en 1998 fueron 6 mil 701, dijo;   en el 2000 fueron 8 mil 582 y el 2001 registró 9 mil 545, la lectura que podemos sacar de aquí es que los esfuerzos de la PGJE se están consolidando cuando menos en este renglón en que hay mayor número de consignación (a los juzgados). En materia de vehículos recuperados en 1998 tenemos 743; en el 2000 fueron 674 y en el 2001 registró 883. En materia de homicidios explicó que en 1998 fueron mil 386; en 2000 mil 46 y en el 2001, registramos 786 homicidios. “Que lectura damos, no una actitud de triunfalismo, pero para la PGJE es que va a la baja”.

En el caso de Acapulco, también dijo que el índice delictivo va la baja porque en año 2000 iniciaron 13 mil 718 y en el 2001 fueron 12 mil 838, es decir un 6. 41 por ciento menos; averiguaciones consignadas (a los juzgados) 2 mil 42 en el año 2000 y 3 mil 438 en el 2001, es decir, 20.97 más.

* Tampoco cree necesario que se cree un grupo especial contra los homicidios

Alfredo Mondragón *   El procurador de Justicia en el Estado, Rigoberto Pano Arciniega, señaló respecto a la propuesta de parte de los empresarios de categorizar el secuestro como delito federal, que “la simple federalización del delito no resuelve por sí mismo esta situación, sólo se aventaría la pelota para el otro lado”.

Luego de dar a conocer las cifras de asesinatos ocurridas en tres años, el procurador consideró que “no es necesario” que la procuraduría cree un departamento especializado en homicidios porque lo que se necesita “es profundizar en la profesionalización en cuanto a la investigación de nuestros elementos, es decir, no sólo de la policía judicial sino de nuestro cuerpo pericial y agentes del Ministerio Público para que hagan mejor sus indagatorias”.

Entrevistado al término de una reunión que sostuvo con empresarios el sábado por la mañana, agregó que por ello la Procuraduría ha realizado las jornadas de capacitación ministerial con la intervención de jueces y magistrados “para que nos indiquen dónde están las fallas para corregirlas y cuando haya una consignación haya una orden de aprehensión y no en una negativa”.

Con respecto al caso de la masacre del Kilómetro 30 del primero de enero del año pasado aseguró “que no está cerrado” y ante la queja de la familia Torres Palacios de que no han ejecutado las órdenes de aprehensión en contra del resto de los implicados “es porque hay muchas”. Hace tres meses, dijo, “hubo cateos a casa de uno de los implicados. No es un caso dormido, es difícil pero están (escondidos) en el estado, están vigentes las órdenes de aprehensión”.

Con respecto al “temor” de los empresarios ante la ola de secuestros, indicó que no sólo ellos están preocupados sino “también el gobierno por combatir frontalmente este fenómeno; tenemos 100 secuestradores procesados y 40 órdenes de aprehensión por ejecutar”.

Se le preguntó si el hecho de que el número de averiguaciones haya disminuido en la entidad es un reflejo de parte de la sociedad de no denunciar porque no se les da continuidad a las investigaciones. Pano Arciniega respondió que “puede ser una apreciación lógica porque en la medida de que ha habido respuesta hay interés en la ciudadanía en poner denuncia”.

– La PGJE registró mil 386 homicidios en 1998; mil 46 en el 2000 y en el 2001, 783, pero sólo se sabe de un detenido por orden de aprehensión sobre este delito que fue el caso del asesino del cónsul de Francia, ¿a qué se debe esto? –se le preguntó.

Expresó el procurador que fue “dada la calidad y reacción en los sectores tan importantes como turismo, el mismo consulado”.

–Pero en el caso de otros civiles asesinados por policías y a pesar de estar identificados no han sido detenidos.

–Seguramente porque están en la integración de las averiguaciones y no se ha hecho la consignación correspondiente y no podemos detener a nadie sin orden de aprehensión a menos de que sea delito flagrante, de otra manera obviamente se amparan.

–Es decir, ¿están fallando los jueces para librar las órdenes de aprehensión?

–No, lo que pasa no es que estén fallando, es que mientras no tengamos nosotros una indagatoria totalmente consistente no podemos consignarla porque corremos el riesgo de que se nos niegue la orden de aprehensión, y si la dicta corremos el riesgo si no está bien integrada a que un juez de distrito con un amparo nos saque a los delincuentes.

–Se menciona mucho que a veces las averiguaciones no están sustentadas, ¿el procurador ve la necesidad de crear un departamento especializado en homicidios?

–No, lo que se necesita es profundizar en la profesionalización en cuanto a la investigación de nuestros elementos, es decir, no sólo de la policía judicial sino de nuestro cuerpo pericial y agentes del Ministerio Público para que hagan mejor sus indagatorias, por ello hemos realizado jornadas de capacitación ministerial con la intervención de jueces y magistrados para que nos indiquen dónde están las fallas para corregirlas y cuando haya una consignación haya una orden de aprehensión y no en una negativa”.

* Emitidas cinco recomendaciones, informa el ombusdman de la institución * También hay denuncias por acoso sexual a mujeres, indica * Piden a los alumnos disciplina y lealtad para determinado grupo político, expone

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo  Desde su fundación, hace dos años, la Comisión Defensora de los Derechos Humanos de los Universitarios CDDHU), ha recibido 150 denuncias, principalmente en contra de maestros y directores de diversas escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero, informó el ombusdman de esa institución, Rubén Darío Fuentes Alarcón.

Expresó que desde que asumió el cargo, ha emitido cinco recomendaciones , “una de ellas fue un caso muy sonado en el que se procedió a rescindir su contrato laboral al maestro de la materia de biología de la Preparatoria 31 de Huamuxtitlán; el maestro fue separado de la UAG, pero se le indemnizó con 80 mil pesos”.

Recordó que ese profesor acosaba constantemente a los estudiantes, además de que andaba armado en el plantel y acompañado de policías judiciales, “le gustaba amenazar a los muchachos que no se disciplinaban a sus caprichos”.

En entrevista, informó que este año no se han recibido denuncias “sabemos que los estudiantes tienen temor de presentar sus quejas, porque estamos entrando a una etapa en la que se llevará a cabo un proceso electoral para el cambio del rector de la UAG”.

Indicó que la dependencia a su cargo no se valora a partir del papel importante que está jugando, sino que más bien lo hace con relación al trabajo que ha venido desarrollando en materia de defensa de los derechos humanos de los universitarios, y además fomentándolos, “y esto sólo lo hacen cinco universidades del país, incluida la UAG”, aclaró.

Expuso que las autoridades universitarias que más denuncias reciben en su contra son los directores y maestros de las escuelas preparatorias de la UAG”, hay un caso especial que es el de la Preparatoria 33, en donde su director Mauro García Medina ha tenido muchas quejas en su contra, porque quiere trabajar a la antigua, es decir molestando y reprimiendo a los alumnos”.

Algunas quejas presentadas en su contra, añadió, son de alumnos que lo acusan de que si no están con él (Mauro García), políticamente o con su candidato, los amenaza con ponerles seis de calificación aunque el alumno haya obtenido 10 en su evaluación, pero también los amenaza diciéndoles que no les va a dar derecho a examen.

Fuentes Alarcón dijo que “directores como éste, hay muchos en la universidad, aunque habrá que decir que cuando se presentan las quejas o denuncias en las escuelas profesionales, la solución al problema es más ágil debido a que los directores de estos planteles tienen más disposición de hacerlo”.

Reconoció que todavía hay directores de las escuelas     que se aferran a actuar y a trabajar a la antigua, y constantemente violentan los derechos humanos de los universitarios: “Estamos hablando de represión en contra de la dignidad de los alumnos, en algunos casos el maestro les pide que salgan del aula y que no se presenten durante todo el semestre, o los reprueban y sin haberles dado derecho a examen”.

Señaló también que hay denuncias por acoso sexual, sobre todo a mujeres, aunque lamentó que muchas de las estudiantes afectadas vienen a presentar las denuncias pero posteriormente ya no regresan a ratificar la queja porque le tienen miedo al profesor, “ha habido algunos casos de acoso, y en su mayoría son siempre por represión a los estudiantes, sean mujeres o varones, a quienes se les pide disciplina y lealtad para determinado grupo político”.

* La comisión de la PGJDF se trasladó ayer a El Zapotillal * Campesinos de esa ruta de la sierra dieron su testimonio de la visita que realizó la abogada el 1 y 2 de octubre * Afirman que ella prometió tocar puertas para buscar apoyo para las comunidades ecologistas * Militares que estaban en Banco Nuevo preguntaron quiénes son esas personas, tras la visita de la defensora, informó el comisario

Brenda Escobar Sánchez, El Zapotillal * Para continuar con las investigaciones sobre el caso del asesinato de la abogada Digna Ochoa, una comisión especial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se trasladó hasta este lugar con la finalidad de realizar entrevistas con los campesinos ecologistas que estuvieron cerca de la abogada durante su visita a varias comunidades de la sierra de Petatlán.

La PGJDF pidió apoyo al ayuntamiento petatleco para que a través de la autoridad municipal fueran citados Emilio Mendoza Martínez y Fidel Mendoza, de la comunidad de la Pasión; Rodolfo Cabrera González, de Banco Nuevo; Jesús Bautista, de la comunidad de El Zapotillal y Fidel Bahena Ortiz, de El Rincón del Refugio, ejido de San José de los Olivos, para que declaran sobre este caso el viernes 18 de enero. Sólo se presentó al Palacio Municipal Fidel Bahena Ortiz.

El agente del Ministerio Público que investiga el caso Diga Ochoa pidió a Bahena Ortiz, comisario de El Rincón del Refugio, que entregara unos citatorios a Jesús Bautista, de la comunidad de Las Gordureras; Manuel Mendoza y Dominga Mendoza Martínez, de la comunidad de La Pasión y Rodolfo Cabrera González, de El Rincón del Refugio para que acudieran ayer domingo a El Zapotillal.

La comisión especial, integrada por seis agentes y el agente del Ministerio Público de la PGJDF, Franz Welghelm Borges, se trasladó a la comunidad y ahí conversó con la señora Dominga Mendoza Martínez, Filiberto Gómez Bueno, Alfonso Martínez Torres, Enrique Sánchez Ayala y Marcos Cabrera, además de otros ciudadanos que llegaron al lugar ante la noticia de que algunos de sus conocidos fueron llamados para declarar sobre la visita de la abogada Digna Ochoa.

Después de declarar ante los agentes de la comisión especial, Dominga Mendoza Martínez, vecina de La Pasión, manifestó que fue cuestionada principalmente acerca de cómo fue la visita de la defensora y qué propuso ella a los habitantes.

“Ella pasó allí de paso, estuvo un rato con nosotros, como una hora más o menos, ella estuvo viendo la situación en la que nosotros nos encontramos. Nosotros le exponíamos los problemas, que somos unas comunidades marginadas más que todo y ella dijo: Me conmueve ver toda su situación y cómo viven. Y entonces dice: Yo tocaré puertas para ver qué vamos a hacer para esta situación en la que ustedes están viviendo. Y por lo consiguiente, nos dio muchas esperanzas”.

“Nosotros nos sentíamos bien porque con su visita nos animamos y empezamos a sentir que sí hay solución a nuestra marginación y empezamos a sentirnos como apoyados, pero luego nos llega la noticia de su muerte. Nos sentimos un poco decaídos en el ánimo que teníamos porque decíamos ya no contábamos con otras cosas más que nos ayudaran”.

Mendoza Martínez negó tener conocimiento de que existiera alguna persona que tuviera motivos para asesinar a Digna Ochoa y Plácido: “Desconocemos eso, por mi parte no tengo ningún conocimiento, ninguna noticia sobre eso. Nada más lo raro que nos cayó que por qué que en cuanto fue la visita, viene su asesinato, nada más eso es lo que a nosotros se nos hace sospechoso”.

También dijo que tanto ella como sus vecinos se dieron cuenta de que en el Banco (Nuevo) estuvieron los militares durante la visita de Digna Ochoa, “pero nada más hasta ahí, no supe más nada”, señaló. 

Está bien, para que se aclaren las dudas

El comisario de Banco Nuevo, Filiberto Gómez Bueno, fue interrogado sobre la presencia de los agentes de la PGJE, y opinó: “Por una parte está bien porque así se aclaran varias cosas que tienen dudas tanto ellos como nosotros también porque nosotros sentimos que nos están presionando y a la vez también ellos sienten que uno los está presionando”.

Gómez Bueno descartó que de estas comunidades pudiera haberse desprendido la muerte de Digna Ochoa: “No, porque yo pienso que una persona con ir a prometer algo o tratar de ayudar a las personas pienso que no llega el caso para que la maten o algo así. Yo no tengo ni la menor idea de por qué haya venido, yo cuando la vi ya estaba ahí, yo no la conocía”.

Filiberto Gómez dijo que luego de la visita de Digna Ochoa, los militares le preguntaron “que quiénes eran esas personas. Les dije que quienes eran, que iban a ver si nos daban apoyo sobre la reforestación, que no nos prometían nada pero que iban a tocar puertas para ver si nos llegaban recursos. Yo les dije que yo recibía cualquier visita, que la gente que fuera era bienvenida en la comunidad, a nadie se le impedía que fuera”.

“Me dijeron que para qué andaba recibiendo gentes que no conocía. Pero más nada. Ahora sí que no sé sus nombres ni nada”.

Da confianza en que pueda esclarecerse el caso

El comisario de La Botella, Alifonso Martínez Torres, dijo a los medios: “Nos da confianza de que pueda esclarecerse si no está algo de por medio”.

Agregó que le preguntaron si de aquí pudiera desprenderse su muerte y solamente les dijo que no tenía nada seguro.

Lo mismo que el comisario de Banco Nuevo, el de La Botella dijo que los agentes de la PGJE le mencionaron los nombres de Bernardino Bautista y de Pedro Mota

El comisario de La Botella dijo al respecto que los nombres que mencionaron los encargados de la Procuraduría, “son de una comunidad vecina, de Banco Nuevo, me parece que los nombres son de un Bernardino Bautista y un Pedro Mota, pero en realidad yo no los conozco. Se menciona que Bernardino y Pedro eran compadres y según ellos tenían un rancho que era propiedad de los dos en Banco Nuevo, no se sabe qué paso con ellos, ya no viven ahí”.

El comisario de Banco Nuevo también dijo que Bernardino Bautista, vivía en esa comunidad, y que se oye decir que Pedro Mota es su compadre, pero que ya no vive ahí.

Desde 1998, cuando surgió la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, sus representantes han señalado a Bernardino Bautista como un “cacique” de la sierra que se ha beneficiado de la explotación de los bosques, y que cuenta con apoyo del Ejército debido a su compadrazgo con el general retirado Pedro Mota, para reprimir a los campesinos ecologistas.

Los campesinos ecologistas Enrique Sánchez Ayala y Marcos Cabrera, de la comunidad de El Zapotillal, también fueron interrogados por los agentes y el fiscal de la PGJDF. Después de declarar, Marcos Cabrera manifestó a los medios que la abogada Digna Ochoa fue “la única que nos vino a ofrecer ayuda, era nuestra esperanza y ya nos la quitaron”.

Agotarán todas las pistas sobre el homicidio en el estado de Guerrero, dice el agente del MP

El agente del MP de la PGJDF, Franz Welghelm Borges, señaló que aún no se ha agotado el proceso de investigación sobre el caso de la abogada Digna Ochoa.

“Tanto como agotarlo no. Tenemos todavía algunas otras cosas e instancias que vamos a revisar y la investigación y la encomienda que tenemos es agotarlos todos por lo que es el estado de Guerrero, no nos vamos a ir sin entrevistar a toda la gente que se considere que pueda tener alguna relación o algún conocimiento de algún hecho en el asunto de la licenciada Digna Ochoa”.

Welghelm Borges apuntó que no tienen tiempo establecido para concluir las investigaciones. “No tenemos establecidos tiempos porque si quieres sacar una buena investigación, sería malo apresurar los tiempos porque sería todo al vapor y la principal finalidad de la institución es sacar este asunto adelante y bien. Las investigaciones llevan varias líneas no puede quedarse en una sola y de acuerdo al avance que se va teniendo, se tomará una determinación”.

La comisión especial de la PGJDF fue resguardada en su camino hacia El Zapotillal por elementos de la Policía Judicial del Estado, pero éstos se quedaron esperando kilómetros antes de llegar a la comunidad, para evitar la desconfianza y el recelo de los habitantes, quienes a decir del mismo fiscal “se han mostrado completamente disponibles para colaborar con nosotros”.

El sábado 19 de enero, la comisión de la PGJDF se trasladó a la comunidad de Banco Nuevo, en otra ruta de la sierra de Petatlán, donde entrevistó a los campesinos ecologistas Perfecto Bautista y Albertano Peñaloza.

La visita a El Mameyal y a Banco Nuevo de los enviados de la Procuraduría capitalina fue criticada porque se hicieron acompañar de un grupo de la PJE, lo que se consideró como intimidatorio para las comunidades de la sierra.