Gregorio Urieta, Corresponsal * Coyuca de Catalán * Leopoldo Maciel Aguilar, director de Radio del sistema Radio y Televisión de Guerrero (RTG), dio posesión este sábado a Miguel Angel Luna Pineda como nuevo director de la estación ubicada en esta cabecera municipal, mientras que, que mediante dos oficios, uno dirigido a Patricia Toscano, directora general, y otro al también nuevo director de Radio, fue impugnado por los trabajadores de la estación al conocer su nombramiento.

El acto, al cual acudieron funcionarios regionales como el delegado de gobierno en la región, Isabel Jiménez y amigos del nuevo funcionario como Rafael y Jesús Avellaneda, dueños del Rodeo San Miguel, empresa organizadora de bailes y jaripeos para la cual trabaja el nuevo gerente de la estación–, se llevó a cabo en las propias oficinas de la estación, cerca de las doce del día, con la asistencia de algunos de los empleados, a quienes el director de Radio de RTG, les presentó a su nuevo jefe.

Miguel Angel Luna regresa a dirigir la estación después de dos años, cuando fuera sustituido por Gladis Mateos, después de que los trabajadores protestaron por el descuido en que Luna tenía la estación y por la forma como era utilizada esta para promover el negocio de los Avellaneda, el Rodeo San Miguel.

Entrevistado después del evento de presentación, Leopoldo Maciel expresó tener conocimiento de la problemática de la estación solo por medio “del papel” y que estos se refieren a fallas técnicas en el funcionamiento de la emisora.

Respecto al nombramiento de Luna como director, aseguró que ya se tienen antecedentes y lo que se hizo fue revisarlos para darle el nombramiento. En relación a los objetivos originales del sistema estatal de radio, señaló que se han observado ciertas deficiencias en su cumplimiento “y en un momento dado te desvías de la función original del sistema, y en parte a eso obedecen los cambios”, aseguró; además dijo que los cambios de directivos se dan de un día para otro en cualquier sector.

El sistema de radio es rescatable, dijo Leopoldo Maciel Aguilar, y a pregunta expresa acerca de la situación salarial de los trabajadores del sistema, que ha sido una de las principales fuentes de conflictos entre ellos y el organismo, aseguró que no ha escuchado planteamientos salariales de los trabajadores, además de que no está informado al respecto, pues ello compete a la administración del sistema.

Por su parte, Miguel Angel Luna, dijo que no conoce a Patricia Toscano y que no le presentó ninguna propuesta de trabajo, pues solo le hizo una llamada telefónica, “se fue a los archivos que existen y ahí encontró nuestro nombre y le interesó lo que hemos estado haciendo, nos entrevistamos y ella se mostró interesada en que regresáramos”.

La estación de radio Jaguar, ha sufrido recortes de personal que se traducen en la reducción de una plaza de locutor al haberse reducido el horario de transmisión, y con el paso de la secretaria Aída García Alfaro al puesto de gerente, se perdió también el puesto de secretaria, existe un velador que no cuida la estación –según denuncia de los trabajadores– que solo se dedica a cobrar cada quincena y cuya plaza también podría perderse.

“Somos una radio de gobierno pero no por el hecho de ser una radio estatal debemos ser tan gobernistas. René (Juárez Cisneros) ha sentado las bases para que ese tipo de cosas se den y esta es una estación de servicio a la comunidad y como tal deben funcional, dijo al final el reincorporado gerente.

No hay corrupción en el SUSPEG, responde dirigente al SDISPMCEG

Nelly Bello * El secretario general de la Sección 19 del Sindicato Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) Austreberto Ramírez Lorenzo negó que la representación sindical venda plazas y otorgue ascensos de forma arbitraria.

“Soy una persona honesta, en la Sección no se ha dado ese tipo de corruptelas, estoy en contra de que a un trabajador se le violen sus derechos, ¿dónde quedaría la justicia social del sindicato?”, dijo.

Entrevistado minutos antes de un acto en el que el regidor priísta Julio César Bello Vargas manifestara su apoyo a la aspiración de Miguel Mayrén por la alcaldía de Acapulco, Ramírez Lorenzo dijo que el líder del llamado Sindicato Democrático Independiente de Servidores Públicos de los Municipios y Conexos del Estado de Guerrero (SDISPMCEG) se ha caracterizado por criticar “muchas veces sin fundamento a las tres secciones del SUSPEG”.

Salazar Blas gestionó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el registro de un nuevo sindicato luego de perder las elecciones de la Sección 19 del SUSPEG ante Ramírez Lorenzo. Días después de las elecciones mantuvo por más de dos años un plantón en la calle Vicente Guerrero del puerto para impugnar el proceso electoral.

El miércoles Salazar Blas denunció en conferencia de prensa que el SUSPEG realizaba venta de plazas, con prácticas de corrupción y violación a los derechos laborales.

Ramírez Lorenzo explicó que las 41 plazas denunciadas fueron entregadas el 30 de agosto a empleados de la Dirección de Saneamiento Básico, mismos que demostraron antigüedad y buen comportamiento por lo que acusó a Salazar Blas de “decir mentiras” y advirtió que está dispuesto a someterse a cualquier prueba contra la corrupción.

Sobre el apoyo de 120 trabajadores para el nuevo sindicato, dijo que no duda de la recepción del registro oficial del mismo, pero, agregó, “de ahí a que tenga 120 trabajadores no lo creo porque siempre anda con 30 que son los únicos que lo siguen”.

Además dijo que la ley 251 lesiona a muchos trabajadores pues establece que cuando un trabajador cambia de sindicato pierde sus derechos, en este caso la antigüedad. “Puede que muchos cuando se den cuenta le digan que no le entran porque ya tienen su antigüedad en la Sección 19, dentro del SUSPEG y no voy a dejarla, sucedería como con la Sección 35 cuando se vinieron a la 19, el que tenía 20 años haya quedaron y vino a empezar de nuevo”, expresó.

Ramírez Lorenzo informó que la base trabajadora de la Sección 19 le pidió que cuando el ayuntamiento reconozca el nuevo sindicato, plantee la reubicación a otras áreas de esos empleados que en su mayoría pertenecen a Saneamiento Básico, Bomberos y Filarmónicos.

Sin embargo “en espíritu democrático” dijo que si Pedro Salazar demuestra que tiene más apoyo de la base sindical “le dejo la dependencia y a mi que me reubiquen”.

Rechazó que ambos sindicatos pudieran trabajar juntos como propuso el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo –para que dejen de lado conflictos políticos– por las diferencias, “pero las prestaciones logradas tienen cobertura para todos los trabajadores tanto para disidentes como para los que me apoyan”.

Recordó los beneficios sindicales que Salazar Blas recibió, como el ascenso a operador de Saneamiento Básico y su reubicación con una comisión a la regiduría de Julio César Bello Vargas, “lo que no logró como miembro de un comité”. Así como el apoyo a sus hermanos Clemente, Agustín y Adolfo Salazar “no tiene motivo para decir que los hemos marginado”.

* Entregó a una comunidad de Zapotitlán un aula-móvil donada por Marta Sahagún

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El secretario de Educación en Guerrero, Daniel Pano Cruz, aceptó que la Cruzada Estatal de Alfabetización “Ignacio Manuel Altamirano”, no cumplió con el objetivo previsto de alfabetizar a 100 mil personas al año, ” pero ahora vamos a optimizar el proyecto junto con el INEA, el Conafe, y con las demás instituciones educativas que participan para abatir el rezago en esa materia”.

Entrevistado luego de la entrega de un “autobús escuela” a las autoridades de la comunidad de Escalerilla Lagunas, municipio de Zapotitlán Tablas, donada por Marta Sahagún, el funcionario expuso que retomará el proyecto, pero ahora con la orientación de las instituciones federales mencionadas –con cuyos delegados se reunió el jueves– una nueva modalidad que ya se está explorando, y que necesariamente garantizará la meta de alfabetizar a 100 mil personas.

Aunque no se cumplió la meta original, dijo que “se ha avanzado, y por eso vamos a implementar acciones adicionales que precisamente se plantearon en la reunión del jueves pasado, y que seguramente van a derivar en un par de propuestas adicionales para garantizar la alfabetización de los adultos”, concluyó.

Por otro lado, Pano confirmó que en el próximo año escolar la Universidad Autónoma de Chapingo instalará una extensión en las ciudades de Tlapa y Chilapa, y también entrará en funcionamiento en Iguala la Universidad Tecnológica.

informó que tras el acuerdo del gobernador René Juárez Cisneros con el rector de la UACH, existen avances muy importantes en “la identificación de los terrenos, de la determinación del financiamiento que requiere la construcción de las primeras aulas y desde luego las previsiones presupuestales para su operación”.

Luego todo dependerá, precisó el funcionario, “de dónde se logre integrar la primera plantilla de estudiantes que permita satisfacer la población mínima que requiere la Universidad de Chapingo”.

También Pano Cruz dijo que el gobierno de la entidad está proyectando la instalación en Iguala de la Universidad Tecnológica, “que permitirá agregar en esa región de la Zona Norte una alternativa de enseñanza superior”.

Adelantó que en los próximos días se reunirá con los representantes de la Dirección Nacional de Universidades Tecnológicas, para hacer un planteamiento, ” consideramos que ya se cuenta con la demanda estudiantil necesaria, también se tienen ya algunas supervisiones de reserva territorial”. Agregó que están por entrar a la etapa relacionada con el financiamiento de los gobiernos estatal y federal.

Pano Cruz entregó un “aula móvil” –que está instalada en un autobús– al comisario de la comunidad de Escalerilla Lagunas, municipio de Zapotitlán Tablas, donada por Marta Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox, que beneficiará a 288 niños indígenas tlapanecos; en total el programa federal considera la entrega de 20 aulas móviles.

El aula móvil –que fue trasladada en una grúa hasta esa comunidad indígena– consta de 30 butacas, un pizarrón, y además estará equipada con dos equipos de cómputo.

* Los encabeza el director Rafael Boleaga Villarreal * Apoyaron a Nelson Valle en la contienda interna para elegir candidato de la AEU

Ossiel Pacheco * Maestros de la Preparatoria 17 de la UAG, encabezados por su director Rafael Boleaga Villarreal, anunciaron la conformación del Movimiento 13 de Marzo, que respaldará las acciones de los estudiantes en contra del examen departamental.

Reunidos anoche en el restaurante La Bocana de la avenida Costera de Acapulco, Boleaga Villarreal declaró que este movimiento aún no tiene candidato a la Rectoría, pero que han sostenido acercamientos con el candidato de la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), Nelson Valle López y del Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), Rogelio Ortega Martínez.

Antes este grupo era llamado Núcleo Prepa 17, y derrotó a Acción Revolucionaria (AR) en la pasada contienda por la dirección de ese plantel, que había significado un bastión para el grupo que encabezan los ex rectores de la UAG, Gabino Olea Campos y Hugo Vázquez Mendoza, cuestionado por no comprobar el uso de 24 millones de pesos durante su administración.

En la pasado contienda interna para elegir candidato de la AEU, este grupo recién conformado respaldó al candidato del MAR, Valle López, así lo expresaron estudiantes que acudieron a votar de ese plantel a la Facultad de Contaduría y Administración, donde la AEU instaló una de sus sedes para la consulta.

A esta reunión asistieron además de Boleaga Villareal, los subdirectores Rafael Saligán Colón, de Extensión Universitaria; Felipe Altamirano Téllez, profesor del turno vespertino; y Leonel Olea Valeriano, administrativo, así como los maestros Alfredo Esquivel Ycab, Mario Palacios Ortiz, Audifaz Suástegui de la Cruz, Martín Alcalá Fuentes y Gerardo Gatica Rojas.

Asimismo, los maestros Jesús Pérez Enríquez, Lucas Martínez González, Rosalío Mendoza y dirigentes estudiantiles como Julio César Mata Muñoz, del comité directivo de la FEUG en Acapulco; el consejero universitario estudiantil, Francisco Miranda Torres y los jefes de grupo, Iván Rojas Vázquez, Gabriel Bernal Morales, Marisol Vargas Cruz y Francisco Chino Barrera.

El estudiante Miranda Torres, consejero universitario, manifestó que los estudiantes están en contra de la aplicación del examen departamental que tienen previsto realizar el próximo 21, pese a que el miércoles pasado lograron acordar con el coordinador de Educación Media Superior de la administración central de la UAG, Flavio Manríquez Godoy que el valor de esta evaluación semestral tendría un 20 por ciento de la calificación final, no el 50 por ciento.

Anunció el rompimiento del acuerdo anterior porque los alumnos rechazaron la aplicación del examen y anunció que a partir del próximo lunes tomarán el plantel como parte del paro estudiantil indefinido que tendrá el propósito de alcanzar el acuerdo de prolongar la aplicación del examen hasta junio de 2003 o la suspensión definitiva del mismo.

Aseguró que no permitirán el acceso al personal docente, administrativo y manual, y que el plantel estará bajo resguardo de los alumnos mediante turnos por la mañana y por la tarde.

El dirigente de la FEUG, Mata Muñoz llamó a los estudiantes de las preparatorias 2, 7 y 27, asentadas en este puerto a sumarse al movimiento en defensa de los derechos de los estudiantes y a no dejarse engañar por los profesores que pretenden hacer creer que el examen departamental es en beneficio de los alumnos, “cuando no es así”.

Expuso que el Movimiento 13 de Marzo, conmemora la fecha en que tomó posesión el primer director de oposición a AR, que gobernó un cuarto de siglo en esa preparatoria, organización a la que calificó de tener una posición “retardataría” que sólo lucha por mantener canonjías y arribar a posesiones.

Señaló que está organización ha crecido al amparo del ex rector Olea Campos, quien “de manera negra, no por su color sino por su alma” una vez que se hizo compadre del ex gobernador Rubén Figueroa, ha arrastrado a la universidad a sus perversas intenciones.

“Este movimiento no es atributo ni patrimonio de ninguna persona, sino que tiene el propósito de enarbolar las demandas de los estudiantes y trabajadores, por eso respalda a los alumnos están en contra de la aplicación del examen departamental que pretende imponer la Rectoría, una vez que fue aprobado por el Consejo Universitario”, definió.

Asimismo asentó que esta nueva agrupación tiene el objetivo de “enterrar” a AR, sobre todo al también ex diputado Olea Campos, quien ha convertido a la UAG en el panteón de los derechos laborales y estudiantiles.

* El chofer de Florentino Cruz, que cobra en la Rectoría de la UAG, Raúl Guzmán Rodríguez, también es chofer de Nelson Valle, asegura

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El dirigente del Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), Efrén Marmolejo Vega denunció que “la mayoría de los funcionarios de la UAG, están asistiendo en horas de trabajo a actos de proselitismo a favor del candidato de la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), Nelson Valle López”.

Dijo que el rector Florentino Cruz no está cumpliendo con su compromiso de evitar que los funcionarios asistan en horas de trabajo a los actos de proselitismo de los candidatos a Rectoría, “porque el jueves por la noche la mayoría de sus funcionarios asistieron al acto de inicio de campaña de Nelson Valle”, dijo.

Aseguró que ayer descubrieron que el chofer de Florentino Cruz, que cobra en la Rectoría, Raúl Guzmán Rodríguez, ahora también es chofer de Nelson Valle. Asimismo, indicó “fuimos testigos de cómo Fortunato Jiménez Ríos, uno de los asistentes de Florentino, anduvo pegando propaganda en centros comerciales de esta capital”.

Marmolejo Vega hizo un llamado al rector para que demuestre que no meterá las manos en el proceso para elegir rector. “Ya es tiempo que Florentino Cruz entienda que las viejas formas de hacer política quedaron atrás, y que la mentalidad de los universitarios también ha cambiado, prueba de ello fue la pobre recepción que tuvo (Nelson Valle) en la apertura de su campaña”.

Manifestó que ayer presentaron ante la Comisión de Garantías, que presiden el decano Arturo Ulloa Sánchez y el abogado Carlos Berber Reséndiz, una formal impugnación porque “no corresponde en la práctica la aplicación de un nuevo requisito que no aparece en la ley de la UAG, ni en el propio Reglamento Electoral, en el que se pretende desconocer el registro de Rogelio Ortega, por lo que se solicitó que quede sin efecto”.

Actividades de los candidatos de la AEU y MAI

Por su lado, el candidato de la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), Nelson Valle dijo en entrevista que el día de ayer lo dedicó a realizar reuniones con reporteros de los diferentes medios de comunicación de esta capital, “y más tarde lo vamos a hacer con los compañeros de Acapulco”.

Dijo que tomó esta decisión porque la universidad se encuentra desmovilizada debido a que está en periodo de exámenes semestrales, justificó la escasa asistencia a su acto de inicio de campaña porque “ayer (antier) tampoco hubo labores en virtud de que fue un día contractualmente de suspensión de actividades, y los maestros, trabajadores y alumnos en algunas ocasiones hacen puente”.

Sin embargo, ratificó que el próximo lunes realizará un acto masivo en la Facultad de Derecho de la UAG, pero antes “estaremos visitando la Preparatoria 36 de Zumpango y por la tarde estaremos en Tecoanapa y Tierra Colorada; el martes estaremos en Acapulco, en Coyuca de Benítez y posiblemente en San Marcos”.

* Presenta en conferencia de prensa su comité de financiamiento, y niega que reciba apoyo del gobierno estatal

Ossiel Pacheco * El candidato a la Rectoría por el Movimiento Independiente Académico (MAI), Alberto Salgado Rodríguez señaló que el candidato del Frente Académico Universitario Guerrerense (FAUG), Rogelio Ortega Martínez es resultado de un acuerdo vergonzoso de la cúpula entre los dirigentes de las corrientes que integran este frente, porque “no se contaron los votos, sino que los dirigentes empujaron un acuerdo político”.

En rueda de prensa efectuada este viernes en el hotel Las Hamacas, Salgado Rodríguez dijo que tanto el ex director de Asuntos Académicos, Efrén Marmolejo Vega como Ortega Martínez “trataron de disciplinarme, me pidieron que declinara a cambio de un cargo, me ofrecieron la Secretaría General Académica” de la UAG para el próximo periodo 2002-2006.

El candidato del MAI, presentó ante los reporteros al grupo de empresarios que integran el comité de financiamiento de su campaña a la Rectoría de la UAG: Orlando Soberanis Vargas, presidente; Gerardo Vázquez Gutiérrez, secretario; Arnold Zarate Mendoza, tesorero; Humberto Romero Soto; Gaspar Gómez Rivera; Héctor Flores Nogueda y Félix Avelino Hernández, en calidad de vocales.

Expuso que dieron a conocer este comité de financiamiento “porque nos interesa que exista claridad en el manejo de los recursos de la campaña”. “No tenemos un presupuesto definido, pensamos que con la rifa de la camioneta que se hizo hoy (ayer) podamos cubrir los gastos de la campaña. Ninguna instancia oficial, ni del gobierno nos está apoyando”, afirmó.

En el estacionamiento del hotel Las Hamacas había una camioneta blanca Ram Dodge Chrysler pick up nueva que egresados de la Facultad de Ingeniería donaron para colaborar en el financiamiento de la campaña del candidato a rector por el MAI.

Asimismo, negó recibir apoyo del gobierno estatal para su campaña proselitista y retó a los otros dos candidatos a la Rectoría a transparentar los recursos empleados en la campaña.

Hubo dolo en el FAUG

–¿Qué opina de las declaraciones del senador Armando Chavarría en el sentido de que los tres candidatos a rector son del MAR?

–No comparto esa opinión porque he definido mi posición: no soy miembro del MAR, no pertenezco a esa organización. No sé con qué intención hace estas declaraciones el senador, me están apoyando núcleos académicos de la UAG, y el MAI, así como otros sectores como el Blodese.

–¿Esta ruptura con el FAUG no te deja mal parado?

–Considero que estamos obrando en consecuencia a lo que pasó en el proceso interno. Hubo dolo por parte de la dirigencia que impulsan la candidatura del doctor Rogelio Ortega, al dar información parcial.

Dijo que “a la clase política universitaria les causa escozor que llegue un candidato independiente. No estoy identificado con la clase política, soy un candidato independiente, soy un académico de trayectoria, estoy identificado con la clase académica de la UAG, mi incursión en la política es reciente.

Aseguró no traer compromisos fuertes con las organizaciones y que por eso se unen para impedir que alguien con estas características pueda ocupar la Rectoría.

Señaló que tanto Valle López como Ortega Martínez, “son miembros genuinos de la clase política universitaria, son incapaces de producir cambios reales, profundos como los que necesita la UAG, llegan amarrados, llenos de compromisos. Debe llegar alguien sin ataduras para lograr cambiar las cosas”, afirmó.

Expuso que Rogelio Ortega llega “respaldado por organizaciones de vieja trayectoria, de viejo cuño, como Unidad Democrática, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), el Movimiento Académico y Social por Guerrero (Masgro), organizaciones que han hecho de la universidad lo que tenemos ahorita. Sólo basta pedirles cuentas, nos están entregando una universidad en penúltimo lugar. Las corrientes políticas la han hundido”, señaló.

Rogelio Ortega, prófugo del gis

“Exigí que se contaran los votos, nunca se quisieron contar los votos, es la fecha en que no sabemos que pasó con el proceso democrático del FAUG, porque las urnas quedaron cerradas, nunca se verificó cuántos votos estaban en las urnas, no está bien que se pretenda descartar a un candidato sólo porque viene de un sector independiente”, dice Alberto Salgado.

Denunció que el FAUG desapareció a la comisión electoral para empujar a un acuerdo político. Hubo trampa, fue un proceso oscuro, esta comprobado. Al final, la cúpula decidió.

De Rogelio Ortega dijo: no considero que sea una figura académica, no le conozco una sola tesis que haya dirigido, no le conozco una sola ponencia que haya presentado en un congreso, es de los profesores, prófugo del gis, nunca los vemos en las aulas, toda su vida está hecha en la grilla, es por ello que me sorprende que se venga a poner una bata de académico.

Mediante un documento dio a conocer que la consulta del FAUG para elegir candidato a rector realizada el pasado 9 y 10 de enero, dio como resultado 3 mil 132 votos a favor de su postulación; Ortega Martínez, 3 mil 27 votos; Pedro Vidal Tello, mil 844; Rafael Aréstegui Ruiz, 241 y Jorge de la Paz, 180; así como 238 abstenciones, 250 sufragios anulados y 5 mil 420 boletas no utilizadas, de un total de 15 mil.

* “Quitaron la chapa de la puerta para introducirse, golpearon a mi hijo Julio César Morales Arcos de 7 años de edad, y también golpearon a una sobrina”, dice la esposa del detenido

Ossiel Pacheco * Agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) detuvieron con violencia al maestro del plantel Conalep Acapulco 1 ubicado en Las Cruces, Julio César Morales Matadama, ex comisario de Puerto Marqués, quien fue trasladado el viernes al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco.

Lo anterior lo informó la maestra Margarita Suazo Mesa, integrante del Aspaconalep, asociación que lucha por los derechos laborales de los trabajadores de este subsistema educativo, quien dijo que Morales Matadama, el viernes “fue sacado de su casa a golpes por los agentes de la PJF, que con extrema violencia ingresaron sin contar con orden de cateo”.

De acuerdo al testimonio de la esposa del maestro detenido, Sandra Luz Arcos Hernández, los agentes de la PJF entraron a su domicilio en Puerto Marqués a las 2 de la tarde, “quitaron la chapa de la puerta para introducirse, golpearon a mi hijo Julio César Morales Arcos de 7 años de edad, y también golpearon a su sobrina Juanita que intervino cuando vio la acción de los judiciales”.

Morales Matadama fue trasladado la tarde del viernes a las instalaciones del Juzgado Cuarto de Distrito para rendir su declaración preparatoria. Al igual que los otros cuatro maestros que han sido arrestados por agentes de la PJF, está acusado por el representante Jurídico del Conalep, Inés Betancourt por despojo y daños a propiedad federal.

En el transcurso de esta semana, han sido detenidos los maestros del Conalep Acapulco 1, Rosendo Sánchez Jiménez y Pedro Fernández Zamora, capturados el miércoles pasado; un día antes dentro del plantel, fueron apresados Carlos Morillón López y Yolanda Pineda Alvinez, maestros del Aspaconalep, mismos que han sido liberados tras pagar la fianza correspondiente.

Suazo Mesa informó que este viernes el mismo juzgado cuarto de distrito que giró las órdenes de aprehensión, otorgó después del pago de 10 mil pesos por cada uno, los amparos al dirigente del Aspaconalep, Alberto Huerta Valdovinos, Fernando Casarrubias Llanos y Jesús Gervancio Sánchez Jiménez.

Y no sólo eso, sino que en una reunión que sostuvieron con el diputado Demetrio Saldívar Gómez, presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, comunicó que el secretario privado del secretario de Gobierno, Arturo Guerrero, este jueves desistió de pagar la fianza de los mentores detenidos, luego de que el secretario Marcelino Miranda Añorve se comprometió hacerlo.

“Con esto el gobierno del estado se está echando para atrás y está dando respaldo a la actitud represiva del director general Cuauhtémoc Salgado Romero, a quien ahora están protegiendo, violando los acuerdos firmados el pasado 18 de diciembre”, asentó.

La maestra dio a conocer que vía telefónica, el representante Jurídico del Conalep, Inés Betancourt la amenazó con continuar las detenciones de más maestros del Aspaconalep.

Indicó que habían sido liberadas por el juez cuarto de distrito otras 12 órdenes de aprehensión en contra de los profesores que participaron en el movimiento en contra del director del Acapulco 1, Ezequiel Piza Alday.

Nelly Bello * En la zona rural la responsabilidad para brindar ciertos servicios públicos esta dividida entre el municipio y el estado. Salud y educación aunque son demandas de acapulqueños algunas veces son obligación del estado.

Durante su gira por los poblados La Providencia y Piedra Imán el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo recibió la solicitud del comisario municipal del segundo poblado Apolinar Genchi Honorato para ampliar el Centro de Salud y enviar personal médico que dé atención todos los días, incluidos los fines de semana.

El alcalde respondió que el centro de salud era propiedad del gobierno estatal y con la separación al inicio de su administración de la jurisdicción 07, era responsabilidad del secretario de Salud estatal resolver.

Sin embargo dijo que “no le saco al parche” y que sería gestor ante el estado para que la demanda fuera escuchada. Por el momento, dijo, el municipio busca resolver el problema con brigadas médicas.

El comisariado ejidal de Piedra Imán Juan Genchi Honorato hizo otra solicitud, armas para la Policía Preventiva Rural. El alcalde también respondió en el momento que aunque el municipio tuviera el recurso no podía armar a los policías rurales porque la Sedena no había aprobado una solicitud del alcalde de entregar por el momento escopetas no reglamentarias.

En su discurso luego de entregar los insumos para la siembra de frijol, el alcalde criticó los programas federales que maneja el gobierno del estado y que deja de lado al municipio como Empleo Temporal y Procampo.

Dijo que en el caso de Procampo la tardía entrega por los trámites burocráticos hacía que los campesinos utilizaran el recursos para “pachangas” y no para lo que estaba destinado.

“No queremos métodos antiguos y esquemas que vengan de la federación, con decisiones de escritorio”, advirtió.

Señaló que el sector campesino es una responsabilidad histórica del gobierno pues el atraso que enfrenta es resultado de programas clientelares, “incapaces de retener a los campesinos para hacer parir sus tierras y utilizarlos como cotos de poder”.

Añadió: “mi gobierno tiene voluntad pero los recursos no se pueden repartir a todos”.

En La Providencia, en la supervisión de un invernadero el alcalde dijo que su administración buscó cambiar los esquemas para el trato que debía tener con el sector campesino para “dejar de ver el clientelismo político en el campo”.

Advirtió a los campesinos que deben vigilar que la siguiente administración, aunque traiga prácticas distintas en cuanto a proyectos productivos den seguimiento a los proyectos actuales pues la propuesta zeferinista recibe la asesoría de la Universidad de Chapingo y es para evitar que los campesinos emigren a la zona urbana de Acapulco o fuera del país, “que se vayan de mojados al otro lado”.

En el recorrido el alcalde estuvo acompañado por la síndica Gloria Sierra López; el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo José Reyes Sánchez; el presidente de la comisión de Desarrollo Rural en Cabildo Guillermo Cisneros Chegüe; el coordinador de Fomento Económico y Desregulación Manuel Antonio Zavala Jiménez y el director de Desarrollo Económico Rubén Cohen Kohan.

En La Providencia –tierra de Juan Alvarez– verificó el desempeño de los proyectos productivos como la siembra de tomate de cáscara y jitomate, observó el avance del invernadero que construye la Universidad Autónoma de Chapingo e inauguró el canal de riego que sirve a los poblados de Piedra Imán y Providencia.

Entregó un tanque de almacenamiento construido por los campesinos y entregó insumos agrícolas para la siembra de frijol y tomate de cáscara todo con una inversión de 848 mil 303 pesos.

Por último en Piedra Imán entregó insumos agrícolas para la siembra de frijol, y el canal de riego que inicia en La Providencia con inversión de más de 400 mil pesos.

Además la síndica Gloria Sierra López hizo la entrega de un tramo de cemento de la calle Loma Bonita que solicitaron los campesinos para facilitar el paso de los camiones con madera. La inversión, dijo que fue de 12 mil pesos y tuvo asesoría de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, solo falta un segundo tramo que complete la calle con sus guarniciones y que calculó con un costo de 24 mil pesos.

* Dice el síndico de Petatlán, José Salas Rivera, que fueron llamados otros nueve campesinos de la sierra, pero no acudieron al citatorio que él les envió “verbalmente”

Brenda Escobar Sánchez, corresponsal, Petatlán * Una comisión especial de la Procuraduría General de Justicia del DF que investiga el asesinato de la abogada Digna Ochoa interrogó este viernes a un campesino ecologista que la acompañó en su recorrido por la sierra de Petatlán el 1º de octubre de 2001, dos semanas antes del homicidio en la ciudad de México.

El campesino que se presentó es el comisario de la comunidad de El Rincón del Refugio, ejido de San José de los Olivos, Fidel Bahena Ortiz.

Después de su declaración, dijo a los reporteros que dijo a los agentes del MP de la PGJDF que él había sido una de las personas que había recibido a la abogada Digna Ochoa “en la carretera, cerca de la terminal. La recibí aquí y me la llevé” al recorrido por cuatro comunidades de la sierra de Petatlán, que comenzó en El Zapotillal, La Pasión y Barranca de Monte Grande.

En tanto, cuatro campesinos más que habían sido citados por medio del ayuntamiento de Petatlán para declarar no se presentaron ante los integrantes de la comisión especial de la PGJDF:

Los que no acudieron a la cita son Emilio Mendoza Martínez y Manuel Fidel Mendoza, de la comunidad de La Pasión; Rodolfo Cabrera González, de la comunidad de Banco Nuevo y Jesús Bautista Valle, de El Zapotillal.

El síndico procurador de Petatlán, José Salas Rivera, informó que los cuatro fueron convocados mediante un llamado verbal que se les hizo llegar para que se presentaran a comparecer este viernes a las 13:00 horas.

Fidel Bahena Ortiz se presentó a declarar sólo porque casualmente se encontraba de visita en la cabecera municipal de Petatlán y fue avisado por unos conocidos de que lo habían citado.

Fue interrogado por el agente del Ministerio Público de la PGJDF, Franz Welghelm Borges, y por un grupo de tres agentes más, en la oficina del síndico Salas Rivera.

La comisión especial de la Procuraduría capitalina manejó sus actividades en completo hermetismo. Por instrucciones del agente del Ministerio Público, el síndico petatleco salió a dar indicaciones a los reporteros que estaban al pendiente del desarrollo de la declaración de Fidel Bahena Ortiz, que “por favor no filmen con las cámaras”.

Después de que los enviados de la PGJDF tomaron la declaración del comisario que tuvo acercamiento con Digna Ochoa, se supo que en vista de que las otras cuatro personas no acudieron a la cita que les hizo el ayuntamiento petlateco, el agente del Ministerio Público solicitó a Bahena Ortiz que fuera el portador de cinco oficios –esta vez de manera más formal– para que los entregara a las personas que no se presentaron.

Asimismo, Bahena Ortiz dio a conocer que los integrantes de la comisión especial le solicitaron que él sea quien los lleve y los guíe este domingo 20 de enero a la comunidad de El Zapotillal, para entrevistarse personalmente con Jesús Bautista, de la comunidad de Las Gordureras; Manuel Mendoza y Emilio Mendoza, de la comunidad de La Pasión y Rodolfo Cabrera González, de la comunidad de El Rincón del Refugio.

Los agentes de la PGJDF saldrán de la cabecera municipal de Petatlán este domingo 20 de enero, a las 7 de la mañana, y se trasladarán a la comunidad de El Zapotillal para continuar con las indagatorias.

Fidel Bahena dijo que los agentes de la Procuraduría del DF le preguntaron acerca de la visita de Digna Ochoa a las comunidades de la sierra de Petatlán. Además, que cómo había sido la visita, a quiénes había venido a visitar. “Y ya les dije yo que ella fue una compañera que quería conocer a los compañeros que formaban el grupo de la ecología”, manifestó el campesino.

Agregó: “Digna Ochoa quería ver la situación en que nosotros vivíamos. Ella lo que proponía era tocar puertas para solicitar unos apoyos para el grupo de ecologistas, era lo que ella buscaba, nada más. Se comprometió con nocotros a ver si se abrían puertas que ella tocaría para los apoyos”.

El agente del MP de la PGJDF niega información

Una vez que interrogaron al campesino Fidel Bahena Ortiz, los tres agentes de la Policía Judicial y del Ministerio Público de la PGJDF permanecieron algunos minutos en la oficina del síndico procurador, aparentemente ultimando detalles de las próximas entrevistas con testigos de la visita de Digna Ochoa.

Al salir del edificio, Franz Welghelm Borges, molesto, se negó a dar información de la diligencia que minutos antes había llevado a cabo, y en tono grosero señaló que no podía dar ningún tipo de información. “La institución no me lo permite”, expresó, y señaló que “todo se va a manejar a través de la oficina de Comunicación Social de la Procuraduría”.

Diez personas fueron citadas, dice el síndico

Por su parte, el síndico procurador del ayuntamiento de Petatlán, José Salas Rivera, dio a conocer que sobre el caso del asesinato de Digna Ochoa fueron citadas diez personas, “y la verdad es que no bajaron. No tengo a la mano los nombres, pero sí son diez personas las que se van a investigar”, señaló.

“Son diez personas, porque son cinco por el lado de Coyuquilla (es decir, de la ruta de la sierra que va a El Mameyal) y otras cinco de aquí por el lado de la colonia Juárez (de la ruta conocida como la región de La Botella). Están hablando de Corrales, algunas personas de El Mameyal, otras de Banco Nuevo y así sucesivamente”. precisó.

Salas Rivera indicó que el apoyo que prestó el ayuntamiento petlateco consistió en citar a las personas que ya traen señaladas los agentes de la PGJDF. “Los apoyé con citarlos para que vinieran aquí a Petatlán, pero no bajaron. La verdad desconozco por qué no hayan bajado. Los citatorios se les mandaron a tiempo”. aseguró.

Finalmente, José Salas confirmó lo dicho por el comisario Fidel Bahena, que la comisión especial de la Procuraduría del DF, integrada por siete agentes que están fuertemente armados, subirá este domingo a la comunidad de El Zapotillal-

“Porque ellos (los campesinos citados) no bajaron; entonces, como (los agentes de la Procuraduría del DF) traen su comisión, tienen que ir hasta El Zapotillal”, manifestó.

* El dirigente de la OCSS informó que entregará a la PGR en dos semanas las listas de los familiares de los deudos, de los lesionados y de los campesinos que estuvieron presentes en la masacre del 28 de junio de 1995

Hay signos de que comienza a caminar la reapertura del caso Aguas Blancas, después de casi tres meses de que la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) presentó la demanda formal a la Procuraduría General de la República, informó uno de los dirigentes y fundadores de esa organización, a la que pertenecían las víctimas, Hilario Mesino Acosta.

Entre esos signos, que calificó de alentadores, señaló que el lunes 14 de enero, la PGR le pidió la lista de todos los afectados, con sus datos personales, de las comunidades de Atoyaquillo y Paso Real, en la sierra de Coyuca de Benítez.

Entrevistado en Acapulco, explicó que esa lista servirá de base para especificar en la demanda la reparación del daño a los afectados, que son los deudos de los 17 campesinos muertos, los 28 heridos y los que estuvieron en el vado de Aguas Blancas en el vehículo que fue baleado por policías del estado, Motorizados, el 28 de junio de 1995.

Recordó que la OCSS demandó justicia, lo que significa, en primer lugar, la reapertura de la investigación para conocer la verdad y castigar a los responsables intelectuales y materiales, y la reparación del daño, entendida ésta como un acto de justicia.

Informó que con los encargados de analizar la demanda en la PGR establecieron un plazo de dos semanas para entregar las listas de los afectados, para lo que el propio Hilario Mesino está visitando dichas comunidades de la sierra de Coyuca de Benítez.

Informó el dirigente, que paralelamente a los avances en la reapertura de la investigación de la masacre, en la misma PGR hay funcionarios que aprovechan esta demanda de la OCSS para hostigar a sus dirigentes.

Hilario Mesino señaló el caso de una llamada telefónica que recibió en la ciudad de México, el 10 de enero, de un comandante de la Policía Judicial Federal que está adscrito a la Delegación de Guerrero, en Acapulco, quien lo citó para que estuviera en Atoyac o en Acapulco, porque quería platicar sobre la demanda en la PGR del caso Aguas Blancas. Hilario Mesino consideró esta llamada como “un acto intimidatorio”.

El dirigente, originario de El Escorpión, en la sierra de Atoyac, explicó que le dijo al comandante que está de acuerdo en ir a una cita, pero que sea formal, y por los cauces institucionales de la PGR, porque la forma como se estaba comunicando generaba desconfianza.

Dijo que después preguntó en la PGR y confirmó que la persona que llamó por teléfono es un comandante adscrito a Acapulco.

Hilario Mesino recordó que en noviembre pasado, el gobierno mexicano se comprometió a reabrir el caso Aguas Blancas, en una reunión en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 1997 recomendó reanudar la investigación de la masacre de 17 campesinos para castigar a los responsables materiales e intelectuales, encabezados por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

El dirigente recordó que en esos días, el gobernador René Juárez Cisneros se reunió con deudos de los campesinos muertos y con lesionados, y les entregó 20 mil pesos a cada uno, con la declaración de que se había reunido con los afectados “sin intermediarios”, en referencia a los dirigentes de la OCSS.

Mesino teme que con el pretexto de que ya entregó dinero a los afectados, el gobierno del estado trate de obstaculizar la reparación del daño como un acto de justicia. Aclaró que para la OCSS, el dinero y los recursos que el gobierno de Guerrero ha entregado a los afectados por la masacre de Aguas Blancas no son un acto de justicia, sino un acto político, un intento de coptar a los afectados para obstaculizar la justicia.

“Independientemente de que por sus intereses políticos el gobierno dé recursos a los afectados por la masacre, que son campesinos pobres que necesitan el dinero, está vigente la demanda de justicia, conforme a la ley, y como lo plantea la CIDH”.

El 27 de octubre de 2001, dos dirigentes de la OCSS, Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores, presentaron formal denuncia ante la PGR para que se investigue la masacre de Aguas Blancas y se castigue a los funcionarios del gobierno de Guerrero a quienes la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron el 28 de junio de 1995 y a otros que resulten responsables.

Es la primera denuncia formal ante la PGR por la matanza de 17 campesinos de la sierra de Coyuca de Benítez, y su presentación fue paralela a la declaración que hizo el gobierno mexicano ante la CIDH, sobre su intención de reabrir la investigación de esa masacre y así cumplir la recomendación que hizo ese organismo de la OEA y que no ha sido cumplida.