Claudio Viveros, corresponsal, Taxco de Alarcón * La diputada federal e integrante de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión, Flor Añorve Ocampo, afirmó que las Grutas de Cacahuamilpa, “son un atractivo natural que requiere atención y proyectos del gobierno para rehabilitarlo a fin de mantenerlo en un óptimo nivel para la captación de turistas”, expresó.

Señaló que habrá de tomar cartas en el asunto frente al conflicto por el que habitantes de tres comunidades del municipio de Pilcaya mantienen tomadas las instalaciones de ese lugar, que se encuentran abiertas al público, en demanda de solución su pliego petitorio.

En el pliego exigen, como punto principal, que les otorguen la concesión de este parque nacional, “porque es una obligación que debemos atender y es parte de mi distrito”.

Añorve Ocampo indicó que este caso requiere de atención y disposición del gobierno para solucionarlo. “Es un parque nacional que necesita del gobierno, del municipio y, sobre todo, de recursos para rehabilitarlo ante el deterioro pues ha estado abandonado”.

Añadió: “por ello urge que se destine una inversión para mejorarlo porque cuando un atractivo como este es visitado por turistas nacionales e internacionales necesita de mantenimiento. Nosotros hemos visto que allí en las grutas ha ocurrido eso”.

Por otra parte, consideró que para fortalecer la actividad turística en la entidad, las Grutas de Cacahuamilpa son una alternativa para captar divisas, una fuente de empleo y hay la factibilidad de convertirlas en un destino con mayores ofertas, “pero para ello se necesita invertir y apoyar a las comunidades además de capacitar a los prestadores de servicios de ese lugar y promoverlas de manera permanente durante todo el año, porque es un parque natural de grandes atractivos y paisajes exteriores que podrían dejar en mejor situación a los pobladores de Pilcaya”.

* Entre las acciones y propuestas del gobierno municipal están un stand de tiro, adiestramiento en las academias policiacas de Chilpancingo o ciudad Netzahualcóyotl; cursos de la FBI; una guardería infantil; el remozamiento de las instalaciones de la Secretaría de Protección y Vialidad, y el comienzo formal de actividades de la Comisión de Honor y Justicia, dice * Al final del trienio quedarán pendientes una base de datos de policías y delincuentes recurrentes, así como una terminal de computadora en cada patrulla, anticipa

Nelly Bello * Tras lamentar la muerte del cónsul de Francia, Philippe Delmotte, el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo aseguró que su gobierno efectúa acciones para profesionalizar, dignificar y vigilar a las corporaciones policiacas de su jurisdicción.

Entrevistado en el trayecto de su recorrido por la zona rural, Torreblanca Galindo se refirió a Delmotte como un personaje que promovió “y se la ha jugado, sin ser acapulqueño”, para promover el puerto; “que lo tomó como un lugar de adopción, como su segunda casa”.

Su muerte, agregó, “nos preocupa y entristece, y la lamentamos”, sobre todo porque noticias como ésta se propalan y difunden en el ámbito nacional, y distorsionan la imagen de Acapulco.

En el caso de los policías auxiliares del municipio –que se dedican a la vigilancia de empresas o bancos–, informó que el secretario de Seguridad Pública estatal, Luis León Aponte, es vigilante de su funcionamiento legal, y recordó que en la más reciente entrevista que ambos sostuvieron, el funcionario estatal le pidió continuar con los requisitos formales para armar los expedientes individuales de los agentes policiacos, mismos que incluyen un examen antidoping.

Luego enumeró las acciones que su gobierno ha tomado para garantizar mejores condiciones para un mejor rendimiento de los policías preventivos municipales y deseó que los recursos federales de este rubro, si no se incrementan, por lo menos sean los mismos que el año pasado, para continuar programas.

Entre las propuestas zeferinistas está una convocatoria en medios impresos para que los policías tengan capacitación; un stand de tiro, previo acuerdo con la autoridad militar de la plaza, para adiestramiento; grupos enviados a la academia de policía de Chilpancingo o, con convenio de intercambio, a ciudad Netzahualcóyotl; cursos de la FBI; una guardería infantil; el remozamiento de las instalaciones de la Secretaría de Protección y Vialidad, y el comienzo formal de actividades de la Comisión de Honor y Justicia, entre otros.

Pero aun así, “el ser humano puede fallar en cualquier momento”, observó.

Dijo que él no justifica malas acciones en las corporaciones policiacas, pero “si tienes a un policía trabajando 48 horas, y no le das alimento, descanso y capacitación, lo obligas a delinquir, y para enfrentarse con la escoria de las colonias populares caían en el consumo de la droga. Nosotros no alentamos la práctica, no nos espantamos; nos preocupa porque no queremos ningún policía que trabaje en esas condiciones”.

Sobre el adiestramiento de los policías municipales, informó que estuvo en la academia mexiquense –la más grande del país–, la que, por intercambio, cobra sólo la alimentación, a razón de 7 pesos diarios por agente. En el caso de los cursos de la FBI, dijo que la corporación estadunidense ofreció un curso especial tipo SWAT, en el que 80 por ciento práctica y el el resto es teoría.

Informó de acuerdos comerciales y educativos con las universidades Americana de Acapulco y Loyola, para la orientación en valores y capacitación de los agentes, con los que intenta revertir la corrupción, y aunque reconoció que no la acabará “de la noche a la mañana” advirtió que la combatirá con mejores salarios, inmueble y capacitación.

Reconoció los problemas específicos de corrupción en Tránsito, por lo que en próximas fechas, tras una plática con la síndica Adela Román, pondrá a funcionar formalmente la Comisión de Honor y Justicia para determinar las sanciones “a pillos y delincuentes que se escudan en el uniforme”.

Entre los ideales que no podrá cumplir por la falta de tiempo dijo que está una base de datos de policías y delincuentes recurrentes, así como una terminal de computadora en cada vehículo policiaco para la detección oportuna de delincuentes. “Pero el tiempo no va a alcanzar”, lamentó.

El arcángel asesinado

(Primera parte)

En las postrimerías de diciembre pasado, el aniversario de Juan Ranulfo Escudero Reguera me motivó a releer su biografía que tenía a la mano en el libro de Paco Ignacio Taibo II titulado: Arcángeles (doce historias de revolucionarios herejes del siglo XX). Tengo conocimiento que existen otras buenas biografías de él, como la de Renato Ravelo, pero no he podido leerlas.

Sin lugar a dudas, Juan R. Escudero es un héroe guerrerense de inconmensurables dimensiones trágicas. La vida y obra trascendente de este luchador social no tienen en la actualidad difusiones y dimensiones nacionales porque su ámbito de acción y de educación popular fue local y regional; solamente Acapulco y las costas de Guerrero. Pero por lo que pugnó, defendió y sufrió no le pide nada a ninguno de nuestros próceres nacionales. Es cuestión de historias y de su radio de acción, en el marco de tiempos, circunstancias, lugares y personajes específicos y determinados.

En pocas palabras,  Juan R. Escudero fue, de acuerdo al biógrafo de referencia, un socialdemócrata, firme creyente en el valor del voto y de las formas y procedimientos jurídicos, pero sobre todo en el valor de la moral y el ejemplo. Fue, además un mártir de las causas populares, agregaría yo.

No obstante ser hijo de españoles y de la clase media alta de aquel entonces, optó por defender los intereses de los obreros, estibadores, pescadores, de los agraristas costeños y del pueblo acapulqueño en general, en contraposición de los grandes comerciantes españoles que tenían bajo su férula y bolsillo a las autoridades civiles y militares locales, como guardianes de un cacicazgo férreo y monopolizador de todas las actividades económicas del Puerto de Acapulco.

“… En contacto con pescadores y estibadores, comenzó un trabajo de organización que culminó hacia los primeros meses de 1913 con la fundación de la Liga de los trabajadores a Bordo de los Barcos y tierra, que combatió por jornadas de ocho horas, aumento de salario, descanso dominical, pago a la semana en moneda nacional y protección contra accidentes. Además, se enfrentó a los enganchadores norteamericanos que reclutaban acapulqueños para la recolección de café en Chiapas ofreciendo salarios muy bajos. Exigió salario mínimo de tres pesos diarios, levantando un importante movimiento social.”

Con este tipo de agitación y de agitador, dirían algunos hoy en día, los plutócratas regionales de aquel entonces se enfurecieron y le pidieron al jefe militar de la zona que lo expulsara de Acapulco, por lo que Juan R. Escudero salió exiliado del puerto y de Guerrero de 1915 a 1918.

Oaxaca, la ciudad de México y Veracruz son parte de su periplo de exiliado; que por un lado resultó infructuoso en la atención que pide a Venustiano Carranza para erradicar el sometimiento de los costeños al dominio y la explotación de los comerciantes españoles que, no obstante el triunfo revolucionario en el ámbito nacional, en Acapulco seguía siendo casi absoluto y la detención del poder por ellos se mantenía incólume. Las autoridades civiles y militares revolucionarias sucumbieron ante las talegas de los adinerados y no hubo mayor cambio social.

Por otro lado, su exilio forzado le permite entrar en comunicación con organizaciones sindicales y establecer correspondencia con Ricardo Flores Magón. Aprende de los procedimientos jurídicos cuando se desempeña como secretario del juzgado en Tehuantepec, Oaxaca.

Regresa a Acapulco, que en ese entonces era un puerto de diez mil habitantes sin muelle y sin carretera a la capital del estado y del país. Era un pueblo cercado y aislado a propósito para que predominara un capitalismo salvaje que marcaba la vida de impotencia ante el poder y el privilegio de unos cuantos.

En ese contexto Juan R. Escudero convoca al pueblo acapulqueño a organizarse políticamente a través del Partido Obrero de Acapulco que junto con la edición de un periódico: Regeneración, y de la revitalización de la Liga de Trabajadores que anteriormente fundara, serán los ejes para organizar las luchas populares y los movimientos sociales que los llevarán a pelear democráticamente y a conquistar el gobierno municipal y el ayuntamiento de Acapulco para, previa limpia de la corrupción que anidaba en ellos, ponerlos al servicio de los intereses genuinos y mayoritarios del pueblo.

Por una democracia radical

Hace dos mil quinientos años en Grecia nació la democracia. Desde aquel entonces se convirtió en una palabra mágica. En el terreno semántico el concepto democracia significa la esperanza de que el pueblo pueda aspirar al poder. Los fundamentos teóricos de la llamada “democracia sin adjetivos” provienen del pensador austriaco Joseph Shumpeter quien en 1942 después de la segunda guerra mundial desarrolló un modelo de democracia que tenía como eje central: explicar, dar cuenta de las “democracias reales”. En contraposición a todas aquellas corrientes políticas derivadas del pensamiento clásico antiguo que planteaban la excesiva participación ciudadana en el quehacer público. Concepciones que se encontraban establecidas en las obras de J.J Rossou y Carlos Marx.

Por democracia Shumpeter entendía un método político, es decir un arreglo institucional para llegar a decisiones políticas-legislativas y administrativas, confiriendo a ciertos individuos el poder de decidir en todos los asuntos como consecuencia de éxito en la búsqueda del voto ciudadano. La democracia decía Shumpeter era la lucha entre líderes políticos rivales, organizados en partidos políticos, por el mando a gobernar. Lejos de ser una forma de vida para el mejoramiento y desarrollo humano, la democracia sólo significaba, el derecho a escoger y autorizar a un gobierno para que actuase en su nombre.

Shumpeter insistía que la democracia puede servir para muchos fines, por ejemplo: el logro de la justicia social. Pero es importante no confundir estos fines con la democracia misma, esta sólo es un método, un procedimiento para elegir representantes políticos nada más y nada menos.

Esta concepción procedimental de la democracia implicaba por supuesto la existencia de libertades civiles y políticas como expresarse libremente, publicar, reunirse y organizar todo lo necesario para el debate político y conducción de las campañas electorales. Es esta tesitura podemos afirmar que un régimen democrático en el siglo XX es aquel en donde la mayoría que toma las decisiones colectivas del poder, sean seleccionadas a través de limpias, transparentes, honestas y periódicas elecciones, en donde los candidatos compiten libremente por los votos y en las que virtualmente toda la población tienen derecho a votar. Ciertamente de acuerdo con Shumpeter la realización de elecciones libres, transparentes y competitivas, marcan en cualquier país el carácter democrático del régimen de gobierno en cuestión.

Lo interesante del caso es que precisamente este modelo de democracia es el que se encuentra en crisis en el mundo occidental (Europa y EEUU), no se lograron los resultados esperados. Actualmente en estos países se vive el desencanto del socialismo y de la democracia liberal. La pobreza, los bajos salarios, los bajos niveles de vida, la destrucción del medio ambiente, los grandes desequilibrios sociales, las masacres humanas, la violación constante de los derechos humanos, la ingobernabilidad, la explotación de las minorías raciales, el maltrato a las mujeres y los niños, son algunos aspectos que ponen en entredicho a la democracia electoral.

El elitismo competitivo, la democracia de mercado y la democracia neoliberal, son sinónimos del pensamiento democrático de Shumpeter. Para algunos autores esta democracia liberal es la perversión, la domesticación, la neutralización del desarrollo de la democracia en el mundo. Detrás de este tipo de democracia formal, legal, procedimental, están ubicados los intereses de las grandes empresas que son las que realmente deciden en el orden público.

Esta forma de democracia moderna no va más allá del pensamiento político liberal. Los poderosos fácticos en la sociedad de mercado no permiten que la democracia vaya a otros niveles sociales. El gobierno del pueblo –autocontrol del poder por los ciudadanos–es contrario al mercado. Si esto se da se termina el mercado. Son intereses totalmente contrapuestos. Los ciudadanos velan por el interés general, el mercado por el interés particular.

La oposición el 2 de julio del 2000 se logró esa meta a nivel federal (en los estados las cosas son distintas). La alternancia se dio y con esto se cerró un siglo de lucha electoral. En México con esta fecha inédita en la historia política de la nación, apenas se inicia la democracia, en Europa y Estados Unidos de Norte América la democracia liberal es un fiasco.

Algunos pensadores lúcidos proponen para atemperar la crisis, elementos de una democracia desarrollista, participativa o ampliada (rendición de cuentas, consultas populares, recalis, plebiscitos, referéndum, tribunales autónomos, etc.), todas estas figuras son importantes para el desarrollo democrático, pero no van más allá de la democracia liberal. Algunos otros, proponen la instauración de un Estado de derecho real, efectivo; la independencia y eficacia del Poder Judicial, la vigilancia del pacto federal, etc., pero también estas propuestas se ajustan al orden liberal constitucional establecido.

No cabe duda, la democracia en México se encuentra dentro de la línea liberal. La izquierda como opción diferente tubo una propuesta teórica distinta. El liberalismo triunfó sobre el socialismo avasallando al Estado-partido en México.

La izquierda asumió la democracia de Shumpeter sin una posición crítica, no tiene una dirección teórica clara. El no haber profundizado en el concepto de la revolución democrática demuestra su vacío teórico.

Frente a este dilema ¿qué hacer? Algunos teóricos proponen el desarrollo de la democracia radical aquella que tiene sus raíces en el pensamiento político de J.J Rossau y Carlos Marx. Lo cual propone la lucha por una estructura social justa, un derecho adecuado a la economía política, trascender lo político, invadir todas las esferas de la sociedad, una democracia en la revolución que vaya al fondo de la cuestión.

La democracia radical para algunos teóricos y políticos, quizás les parezca una utopía, pero indudablemente que mueve a la acción. Quedarse estancados en la democracia liberal, sin ver hacia el futuro es una irresponsabilidad. El momento es propicio para avanzar, actuemos con responsabilidad.

* Los alcaldes de Mártir de Cuilapan y de Xochistlahuaca se vieron obligados a solicitar licencia al cargo * Heliodoro Castillo, Acatepec, Tecpan de Galeana, Ayutla, San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Zitlala, Chilapa, Mochitlán y Chilpancingo, los otros municipios con discordias * Siete palacios municipales fueron tomados, y algunos así continúan

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Este año que está por concluir se significó por los constantes conflictos que se vivieron en cuando menos 12 municipios, donde los alcaldes fueron reiteradamente señalados de desviar los recursos públicos y, por ello, denunciados por corrupción y en algunos otros casos fueron acusados por tratar con prepotencia a los ciudadanos y de tomar decisiones sin consultar a la sociedad. La mayoría de esos conflictos persisten y trascenderán al próximo año.

En dos de esos municipios, el de Mártir de Cuilapan y el de Xochistlahuaca, a pesar de que no se llegó al juicio político, y, como consecuencia, a la revocación del mandato de los alcaldes, como lo demandaban los grupos inconformes, los ediles se vieron obligados a solicitar licencia a sus cargos. En el resto, a la fecha, las instituciones fiscalizadoras de los recursos han evidenciado complicidad, protección y solapamiento a los alcaldes impugnados, según ha denunciado el Frente Guerrerense Contra la Corrupción y la Impunidad (FGCCI).

De los 12 municipios que vivieron conflictos este año, en cuatro –Heliodoro Castillo, Acatepec, Tecpan de Galeana y Xochistlahuaca– los disidentes de los alcaldes integraron un bloque para efectuar acciones de manera conjunta. El bloque fue denominado Frente Guerrerense Contra la Corrupción y la Impunidad (FGCCI) y su origen fue precisamente la negligencia y la falta de respuesta de las autoridades del gobierno estatal y del Congreso local para dar respuesta a los problemas denunciados por los grupos de ciudadanos.

Las otras demarcaciones donde se generaron conflictos son Mártir de Cuilapan, Ayutla, San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Zitlala, Chilapa, Mochitlán y Chilpancingo.

Los conflictos más graves se suscitaron en los municipios de Xochistlahuaca, Heliodoro Castillo, Mártir de Cuilapan, Acatepec, San Luis Acatlán, Ayutla y Tecpan de Galeana, ren los cuales incluso se llegó a la toma de los palacios municipales.

En el resto, las protestas fueron aisladas y a nivel de declaraciones de prensa. En algunos, como Chilpancingo y Zitlala, los regidores de oposición no acudieron al informe de labores de sus respectivos alcaldes, en tanto que en uno más, Mochitlán, se registraron conatos de violencia durante el informe del edil, y el evento tuvo que suspenderse por las protestas contra el alcalde.

Con respecto a estos conflictos, el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, Jesús Vargas Vargas, informó ayer que el Ejecutivo local les da tratamiento conforme a los procedimientos legales; se refirió concretamente a los ayuntamientos de Tecpan, Heliodoro Castillo, San Luis Acatlán y Xochistlahuaca, “que son los más importantes”.

Agregó que los conflictos que aún persisten se ventilan en el Congreso local y en la Contraloría General del estado, “pero en estos procedimientos se establecen tiempos para contestar observaciones, señalamientos, y en lo que respecta al ejercicio del 2001 tienen hasta el último día del mes de diciembre para cerrar cuentas, e independientemente de eso en enero iniciarían las auditorías correspondientes”.

Aseguró que, sin embargo, estos municipios “políticamente se mantienen estables porque hemos hecho hincapié tanto con las partes que acusan a los presidentes como a los que apoyan a los alcaldes, en el sentido de que estos conflictos tienen que dirimirse en el marco de la ley y asumiendo una madurez política que permita estabilidad política y social en esos municipios”.

El funcionario dijo que a pesar de que en algunos casos “son problemas muy fuertes, hemos logrado que haya estabilidad política; es decir, que sigan funcionando los programas normales tanto de los gobiernos municipales como del gobierno del estado y del gobierno federal”.

Dijo que para el gobierno es una situación difícil, porque por una parte se le acusa de proteger a los presidentes municipales acusados, mientras que los grupos que apoyan a los ediles denuncian que son presiones para perjudicarlos.

Xochistlahuaca

El conflicto en el municipio de Xochistlahuaca comenzó el año pasado, a raíz de lo que el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI) y el Consejo de la Nación Amuzga denunciaron la imposición de comisarios en cuando menos cinco comunidades, donde las dos organizaciones indígenas demandaban el mecanismo de elección por consulta a la base, pero la alcaldesa, Aceadeth Rocha Ramírez, a quien acusaron de “prepotente y soberbia”, organizó los comicios sin tomar en cuenta esta modalidad.

Así, en noviembre del año pasado, los inconformes se apoderaron del Palacio Municipal, pero fue hasta el 9 de marzo de 2001 cuando Rocha Ramírez presentó su solicitud de licencia. Después de permanecer un mes el síndico procurador en sustitución de la alcaldesa, fue designada presidente municipal María Magdalena Guillén Cisneros, pero fue obligada a renunciar en julio, y en su lugar fue designado el dirigente del Comité Municipal del PRI, Isauro Marcial Cruz. A pesar de los cambios, el Palacio Municipal permaneció tomado durante casi todo el año y el conflicto está latente.

Los dirigentes del CG500ARI y del Consejo de la Nación Amuzga, Daniel y Marta Sánchez Néstor, Cecilio Antonio Nieves y Severiano Prócoro Jiménez, quienes encabezaron el Frente Cívico Indígena de  Xochistlahuaca (FCIX), demandan garantías del Congreso local de que Rocha Ramírez no va a regresar a presidir la comuna, pero además piden que se resuelva el conflicto educativo que ella generó al crear escuelas paralelas atendidas por maestros municipales. Exigen también que el Congreso local dé seguimiento a la demanda de juicio político contra Rocha Ramírez, con lo que se le revocaría el mandato definitivamente.

Heliodoro Castillo

En el municipio de Heliodoro Castillo, que tiene su cabecera municipal en Tlacotepec, la pugna entre los regidores y un grupo de ciudadanos, que a la postre integrarían el Frente Ciudadano de Heliodoro Castillo (FCHC), comenzó el 13 de marzo con la toma del Palacio Municipal en demanda de la destitución del alcalde José Concepción Hernández Solano, a quien acusaron de desviar más de 20 millones de pesos.

Al igual que en Xochistlahuaca, el FCHC presentó al Congreso una solicitud de juicio político contra el edil para la revocación de su mandato. En defensa del alcalde salió el Consejo Supremo del Pueblo del Filo Mayor (CSPFM), organización que encabeza Severo Oyorzábal Díaz, quien organizó una marcha y un plantón de tres días en esta capital que duró tres días en esta capital.

Oyorzábal Díaz demandó que el gobierno estatal resolviera la toma del Palacio Municipal, pues, de lo contrario, los integrantes de su organización desalojarían a los del FCHC.

Los primeros días de abril, los integrantes del FCHC también se trasladaron en marcha a esta capital para exigir la aplicación de una auditoría al alcalde, agilizar el proceso de juicio político en su contra y revocar su mandato. Sin embargo, policías antimotines y judiciales los esperaron en el entronque de Casa Verde, donde les bloquearon el paso, con saldo de dos campesinos golpeados y detenidos.

La toma del Palacio Municipal continúa, y el edil Hernández Solano despacha en una casa particular. El FCHC está en espera de los resultados de la auditoría que la semana pasada aplicaron la Contraloría del estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local, a pesar de que en una revisión preventiva de aquella dependencia  en julio arrojó como resultado que el alcalde no había solventado alrededor de 11 millones de pesos, según informó Adelaido Pita Pérez, uno de los dirigentes del FCHC.

Acatepec

Ciudadanos encabezados por el dirigente del CG500ARI, Eufemio Cesáreo Sánchez, se apoderaron del Palacio Municipal de Acatepec el 5 de febrero en demanda de la destitución del alcalde Jerónimo Godoy Avilés, a quien acusaron de desviar más de 15 millones de pesos. El inmueble permaneció tomado hasta los días últimos de mayo, cuando las partes en conflicto emprendieron reuniones con el secretario de Desarrollo Social, Carlos Sánchez Barrios, con quien acordaron respetar las coordinaciones municipales, la aplicación de recursos por más de 10 millones de pesos a las comunidades que reclamaban que el edil no había hecho obras, la instalación de coordinaciones de la policía municipal para garantizar la seguridad, y que no habría represión del alcalde contra sus detractores. Pero también hubo el compromiso de aplicar una auditoria al alcalde y de divulgar los resultados en breve.

A la fecha, Cesáreo Sánchez ha denunciado que estos acuerdos no se han cumplido y que lo peor es que el alcalde Godoy Avilés ha agredido física y verbalmente de manera personal a algunos de quienes participaron en la movilización, por lo que dijo que el próximo año podría reiniciarse el movimiento porque el edil aún hace mal uso de los recursos.

Tecpan de Galeana

Encabezados por los perredistas Elfego Martínez González, Santo Angel Murga Rebolledo y Alejandro Martínez Bustos, ciudadanos del municipio de Tecpan de Galeana impugnaron a la alcaldesa Sandra Belkis Ocampo Hernández desde el mes de febrero. La presidente municipal es acusada de no hacer obra pública, de desviar los recursos correspondientes, de dejar obras inconclusas y de no invertir lo que informó en otras más.

A finales de febrero, los inconformes tomaron el Palacio Municipal en demanda de la destitución de la alcaldesa, movimiento que continúa debido a que el Congreso local y la Contraloría del estado no han entregado los resultados de la auditoría que presuntamente se aplicó a la edilesa de filiación priísta.

Al igual que los movimientos de Xochistlahuaca, Heliodoro Castillo y Acatepec, el caso de Tecpan de Galeana ha sido resuelto medianamente, pues presuntamente se han aplicado las auditorías que demandan los ciudadanos inconformes, pero los resultados no han sido informados y mucho menos han sido utilizados para determinar si los alcaldes son acreedores a una sanción.

Según han informado dirigentes del FGCCI, los resultados se divulgarán en enero próximo, porque las instancias fiscalizadoras han señalado que los ediles tienen hasta el último día de diciembre para presentar sus cuentas públicas.

Mártir de Cuilapan

Uno de los casos más polémicos durante este año y el anterior fue el de Mártir de Cuilapan. A tres meses de que tomó posesión el alcalde Francisco Javier Sebastián García, priístas y perredistas encabezados por sus dirigentes Crisóforo Nava García y Lino Hernández López, respectivamente, tomaron el Palacio Municipal en febrero del año pasado. La toma del inmueble duró hasta octubre, cuando el edil fue obligado a solicitar licencia al Congreso local y fue sustituido por Justiniano Hernández Parra. El alcalde fue acusado de hacer mal uso de los recursos públicos.

Hernández Parra, sin embargo, no corrió con mejor suerte. El dirigente del PRI municipal, Sergio Mota Sánchez, de quien se dice que es simpatizante del alcalde depuesto, Sebastián García, emprendió un movimiento contra el edil en mayo.

Mota Sánchez tomó el Palacio Municipal, en demanda de la destitución de Hernández Parra, a quien acusó también de hechos de corrupción.

Después de dos meses el inmueble fue desalojado, con el compromiso de que se practicaría una auditoría al alcalde y de que en caso de que se le comprobaran las irregularidades se aplicarían las sanciones correspondientes, según convinieron los inconformes con el director de Gobernación, Rey Hilario Serrano.

Sin embargo, en octubre volvió a surgir el conflicto, ahora con el apoyo de los cinco regidores, el síndico y el secretario general del ayuntamiento. Un día antes de que el alcalde Justiniano Hernández Parra rindiera su informe –el 28 de noviembre– el Palacio volvió a ser tomado, el cabildo desconoció al edil Hernández Parra y pidió al Congreso la revocación de su mandato.

La semana pasada se aplicó una auditoría al alcalde, pero los resultados se darán a conocer en enero próximo, según los regidores y el síndico, quienes con el apoyo de las dirigencias del PRI y del PRD mantienen un plantón afuera del Palacio Municipal y no permiten a Hernández Parra entrar. La solución del conflicto sigue pendiente.

San Luis Acatlán

Desde octubre pasado, integrantes del Frente Plural Contra la Corrupción y el Desarrollo de San Luis Acatlán tomaron el Palacio Municipal en demanda de la destitución del alcalde Abdías Acevedo Rojas, a quien acusan de desviar más de 10 millones de pesos.

La toma del Palacio Municipal continúa debido a que la Contraloría del estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local no han entregado los resultados de la auditoría que, aseguran, se aplicó a ese ayuntamiento.

Los dirigentes del Frente han denunciado que el alcalde es apoyado por el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, pues éste les ha dicho que en la auditoría no se hallaron desvíos, sino solamente algunas obras inconclusas que están en proceso de ser concluidas.

Ayutla

El conflicto del municipio de Ayutla fue uno de los que se resolvieron por medio de la negociación entre quienes mantuvieron tomado el Palacio Municipal de marzo a mayo en demanda de la destitución del alcalde Fortino Caballero Villalobos. El alcalde de filiación perredista era acusado por militantes de su partido y del PRI de desviar recursos y de no hacer la obra pública aprobada a principios de este año.

El conflicto se resolvió, más que por la intervención de las autoridades estatales o del Congreso local, por la mediación de la dirigencia estatal del PRD para que sus militantes desalojaran el Palacio Municipal y el alcalde pudiera laboral normalmente. Caballero Villalobos fue absuelto por el Congreso ante la demanda de juicio político promovida contra él.

Zapotitlán Tablas

El presidente municipal de Zapotitlán Tablas, Nicéforo García Navarrete, es otro de los alcaldes que enfrentaron solicitud de juicio político ante el Congreso local. En su caso fue promovida por el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Marcial Dircio Ortega. García Navarrete también fue acusado de desviar de recursos, aunque en este caso sus detractores nunca hablaron de cantidades. También fue absuelto por el Congreso Local.

Chilapa

En Chilapa, el alcalde Gustavo Miranda González no fue acusado de desviar recursos o de hechos de corrupción, pero integrantes de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos, que lideran los hermanos Maclovio y Santos Ariza, tomaron el Palacio Municipal de marzo a mayo para presionarlo a resolver el problema del mercado nuevo, a donde eran siendo obligados a mudarse, a pesar de que –según los dirigentes– el inmueble tiene deficiencias que deben subsanarse antes de ser ocupado.

Los comerciantes se quejaban también de que funcionarios del ayuntamiento, con tal de ocupar las nuevas instalaciones, llevaron a gente que no era del gremio.

El Palacio Municipal fue desalojado luego de que autoridades estatalesn y municipales, y los dirigentes de las dos organizaciones de comerciantes en pugna, llegaron al acuerdo de elaborar un padrón de comerciantes con derecho para ser beneficiados con un local. El ayuntamiento se comprometió, por su parte, a construir las puertas de acceso de emergencia y un domo en la explanada para ubicar ahí a los comerciantes ambulantes, según demandaba la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos.

El ayuntamiento no ha cumplido con las demandas de los comerciantes del centro, por lo que el conflicto permanece sin resolverse, y sigue pendiente la elaboración del padrón.

Zitlala

En el municipio de Zitlala, el alcalde Jerónimo Velázquez Virginio también fue acusado por los regidores Zenaido Cuevas Esteban, del PRI, y Celerino Tlacotempa, del PRD, de desviar recursos del erario, por lo que pidieron al Congreso practicar una auditoria a los dos últimos años de su administración.

Durante la presentación de su informe, el 28 de noviembre, sólo acudieron dos de los seis regidores, por lo que el regidor priísta Cuevas Esteban dijo que las cifras que dio no son avaladas por el cabildo.

Mochitlán

El alcalde de Mochitlán, Félix Jiménez Cavaría, tuvo que suspender estrepitosamente su informe el 26 de noviembre pasado debido a que militantes del PRD irrumpieron durante el evento en el auditorio municipal y lo acusaron de manejar a su antojo los recursos del Procampo. Los perredistas exigían cuentas claras, cuando priístas que asistían al evento los enfrentaron a gritos y estuvo a punto de suscitarse un enfrentamiento.

Chilpancingo

El alcalde de Chilpancingo, José Luis Peralta Lobato, también fue acusado por los cuatro regidores del PRD de no haber dado cuentas claras durante su informe. En protesta por ello, no asistieron a la ceremonia, en la que sí estuvo el gobernador Rene Juárez.

Los cuatro regidores, Ricardo Castillo, María Luisa Méndez, Gumaro Tenorio y Marcos Hernández Díaz, en conferencia de prensa dijeron que están en espera de un desglose del informe del alcalde y que, si se comprueban las irregularidades, pedirán al Congreso que se le practique una auditoría.

* Llegó el martes a una residencia de Las Brisas

Ossiel Pacheco * En calidad de invitado se encuentra el ex presidente de los Estados Unidos, William Clinton, quien llegó a Acapulco la noche del 1 de enero a una de las residencias propiedad de la empresa hollywoodense Warner Brothers, del fraccionamiento Las Brisas, confirmó una de las empleadas que está a su servicio.

El ex mandatario Clinton llegó a las 23 horas del pasado 1 de enero al hangar diplomático del aeropuerto internacional Juan Alvarez, acompañado de su hija Chelsea, y protegido por agentes del Buro Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y agentes de la Procuraduria General de la República (PGR) y del Estado Mayor Presidencial.

Aunque versiones señalan que viene acompañado de su esposa Hillary Clinton, senadora demócrata por Nueva York, en el fraccionamiento Las Brisas no se confirmó la presencia de la ex primera dama en la residencia donde se alojan los Clinton.

Otra versión indica que la ex primera dama estadunidense estaría por llegar para unirse con su esposo y su hija.

De acuerdo con el testimonio de una de las empleadas que está al servicio de la familia del ex mandatario estadunidense, Clinton llegó a la residencia la noche de este martes que pasó, sin embargo fue hasta ese momento cuando el personal del fraccionamiento le informó que atendería a los Clinton.

Informó que en esta residencia, propiedad de la Warner Brothers, se han hospedado actores hollywoodenses como Arnold Schwarzenegeer  y Silvestre Stallone. “Aquí permanecieron todo el día (de ayer) descansando. Están como invitados, no sé cuanto tiempo van a estar”, dijo.

Dijo que el ex mandatario Clinton no ha recibido visitas de ningún tipo durante su estancia en este puerto y que guardias de origen estadunidenses están a cargo de su vigilancia desde que llegó, aunque personal del Consulado de los Estados Unidos en Acapulco está a cargo de la atención que se le está brindando.

De acuerdo a la información obtenida por El Sur, Bill Clinton desayunó este miércoles en La Concha, que es el restaurante de playa del hotel de gran turismo Las Brisas, y habría cenado en el exclusivo restaurante Madeiras, sobre la avenida Escénica.

En el fraccionamiento Las Brisas, pese a la presencia de la familia Clinton, aparentemente la vigilancia al exterior del inmueble es la normal. Hay tranquilidad en el lugar y no se ha registrado un excesivo movimiento agentes de seguridad, de acuerdo al testimonio de los vecinos, mismos que daban por hecho que visitarían la capilla de la Paz en el mismo fraccionamiento.

* Elaboran un pliego petitorio de cinco puntos que incluye la concesión del sitio turístico para tres comunidades

Cluadio Viveros Hernández, corresponsal, Cacahuamilpa * Ayer a las 10 de la mañana se cumplieron las primeras 24 horas de la toma del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa en el municipio de Pilcaya, localizado a 40 minutos de Taxco. El inicio de actividades transcurrió normal, abierto al público.

Como el primer día el ambiente continuó sin ningún incidente para los manifestantes de tres comunidades de este municipio, sin que hasta el momento alguna autoridad dialogara formalmente con ellos que replantearon su pliego petitorio y pidieron ahora la presencia del gobernador del estado, René Juárez Cisneros.

Luego de que el martes exigieron que se les otorgara la concesión de este sitio turístico y cultural para beneficio de las comunidades aledañas, los manifestantes replantearon ayer su posición mediante cinco puntos que contiene el pliego petitorio con el consenso de las autoridades comunitarias y los pobladores, pero también pidieron que se presente el gobernador René Juárez Cisneros para dialogar con ellos y dar solución a añejas demandas.

El primer punto que piden es la concesión del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa para las tres poblaciones: Cacahuamilpa, Crucero de Grutas y El Transformador; dos, la destitución del administrador, taquilleros y trabajadores de confianza; tres, la auditoría a la administración actual y su gente de confianza; cuatro, la coadministración de las tres comunidades, y en el punto final del pliego petitorio solicitan el estacionamiento para beneficio de la comisaría ejidal de Cacahuamilpa.

Al cierre de edición, José Luis Hernández Rosas –integrante del movimiento–, dijo que todavía estaban en espera de la reacción del gobierno estatal, “siempre y cuando sea la adecuada y no represiva”, y expresó: “El silencio de ellos no presagia nada bueno, no deseamos eso y esperamos que hablen con nosotros pero al parecer no hay voluntad política para resolver el problema, es evidente. Requerimos una contestación puntual”.

Así habían trascurrido varias horas de otro día en el que trascendió que estaría en este lugar la titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda, lo que no sucedió.

Como complemento de las irregularidades que aquí prevalecen, dos datos que atraerán la atención, los obtuvo El Sur el día de ayer. El primero es que, como ejemplo de los recursos que ingresan a las Grutas por concepto de las visitas del turismo nacional y extranjero, el monto por entradas ascendió a 58 mil 440 pesos, de acuerdo con datos proporcionados por los responsables del comité de administración de este movimiento.

En segundo lugar, otro hecho que generará polémica, se remonta años atrás, cuando las Grutas de Cacahuamilpa estuvieron a punto de ser concesionadas por 99 años por el gobierno estatal –al mando del gobernador Rubén Figueroa Alcocer– y autoridades federales al supuesto empresario canadiense Barry Sendel, conocido en el mundo del hampa como “el artista del fraude”, mismo que fue descubierto y posteriormente detenido unas horas por la policía judicial y fichado, pero no purgó condena alguna.

Lo mismo ocurrió a su esposa, quien también fue detenida cuando intentaba huir en un helicóptero en una pista del hotel Monte Taxco. Ambos no fueron castigados por la justicia mexicana, el asunto se esfumó y nada se supo de estos inversionistas y compañía que instalarían en el interior de este parque nacional Las Grutas del Tiempo, algo así como un Parque Jurásico, con dinosaurios y toda una experiencia robótica con “tecnología de punta”, se ufanaban ellos con el apoyo de incondicionales entre los que se aliaron funcionarios municipales y seudoreporteros que se jactaban públicamente de tener asegurada una buena tajada de billetes.

La historia cambió y todo se vino abajo. Con la presión nacional e internacional el sueño del artista del fraude con la complicidad de las autoridades, se esfumó.

El colmo de todo este caso que resurge con la protesta y toma de las grutas radica en que en los recibos por concepto de consumo de energía eléctrica, la razón social que aparece es la de Grutas del Tiempo-Taxco, lo que refleja lo avanzado que estaban los trámites de ese proyecto que no se realizó. Al llegar el documento correspondiente al mes anterior, se logró constatar tal situación que deberá ser aclarada por las autoridades competentes.

Forman un comité de administración

El Sur platicó con autoridades y habitantes de estos poblados que mantienen tomadas las instalaciones. Parte de la organización del movimiento se enfocó a la formación de un comité de administración por dos representantes de cada una de las tres comunidades mencionadas.

Gregorio Beltrán Rosas, aseveró igual que otro de los dirigentes: “No nos vamos a mover de lo que ya dijimos porque no es únicamente un acuerdo tomado por las autoridades (de lugares mencionados) sino que es la inquietud de toda la población, y hoy contamos con el apoyo de la gente y no vamos a defraudarla”.

Enfatizó: “Queremos que el gobernador ponga los ojos en este asunto, le invitamos a que venga él, personalmente, para que solucione este problema. No queremos gente de terceros, segundos ni primeros niveles, queremos a él, que venga para que vea realmente lo que han hecho en este parque, no queremos mentirle a través de periódicos, de radio y televisión, no. “Queremos que venga y vea el desecho que hay alrededor de este Parque Nacional, que se dé cuenta que no somos unos mentirosos y que lo que estamos diciendo se lo vamos a comprobar con hechos y no con palabras”.

Beltrán Rosas afirmó que después de varias décadas de explotarse este destino con bellezas naturales, las comunidades del municipio de Pilcaya, y más las cercanas al parque nacional, no han sido beneficiadas, “están totalmente abandonadas, por eso yo invito a la gente y al gobernador a que vengan y vean cuál es la condición en la que estamos. Si pedimos esto, es porque queremos el beneficio para nuestras poblaciones, no personalmente y para nuestras familias. No sentimos el apoyo del gobierno y es por eso que se pide esa concesión para demostrar que somos capaces de llevar a cabo buenas obras para las poblaciones”.

Apoyo de las comunidades

A manera de balance del primer día y horas que se acumularon ayer en esta toma, el comisario de Cacahuamilpa, José Reyes Amates, expresó que la respuesta de los habitantes de las comunidades involucradas ha sido positiva.

“Hubo buen apoyo en la noche, hay interés y participación para resolver este reclamo, por eso permanecemos en la misma posición del principio (…) llevamos dos años con la gestión para que se cumpla este acuerdo, pa´llá y pa´cá y que vengan, que todo eso, y ya no estamos dispuestos a seguir aguantando tanta injusticia para las comunidades”, dijo.

Agregó que la noche del martes observaron movimiento de gente a pie y en vehículos que hacían preguntas “ilógicas”, por lo que suponen que llegaron aquí para checar cuánta gente, si se mantienen firmes en la lucha y ver la posibilidad de romper con este movimiento, pero no se han registrado incidentes mayores.

Minutos después de que habían definido el pliego petitorio, el comisario de la comunidad Crucero Grutas, Odilón Beltrán Rosas, terció en la entrevista para hacer un llamado al presidente de la República, Vicente Fox Quesada, con la finalidad de que los habitantes y autoridades que se participan en este movimiento “nos respalden para que no seamos objeto de atropellamientos por parte la policía del Estado de Guerrero”.

Una toma semejante de las instalaciones de este parque nacional se realizó en 1996, por parte de habitantes y autoridades de la comunidad de Cacahuamilpa, y devino en un movimiento que se mantuvo durante seis meses y en donde las consecuencias fueron represivas hacia varios integrantes. Uno de ellos, Margarito Sánchez Mérida, fue secuestrado y estuvo desaparecido durante un par de meses y luego, frente a las presiones de la gente y la opinión pública, se logró su liberación.

* Jesús Torres Quiroz y el agente de la Zapata, Carlos López Sotelo, niegan información a los medios

Alfredo Mondragón *Cinco custodios del penal de Acapulco, entre ellos el jefe de seguridad, fueron arraigados en el mismo reclusorio a raíz de la fuga del narcotraficante Florentino Mejía Lujano, debido a que “están vinculados y son los principales sospechosos” del escape del 30 de diciembre, cuando se efectuaba un jaripeo con la asistencia el director general de reclusorios del estado, José Luis Trujillo Sotelo.

Agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) Judicial del Estado (PJE), Policía Federal Preventiva (PFP), Policía Preventiva municipal y del estado, con fotografía en mano, buscan al narcotraficante que se fugó del penal de Las Cruces, el pasado domingo 30 de enero cuando se celebraba una corrida de toros.

El director del Cereso de Las Cruces, Jesús Torres Quiroz, a pesar de que se realizaron los trámites y se presentaron las acreditaciones correspondientes, a petición del mismo funcionario y tras dos horas de espera, se negó a recibir a reporteros y corresponsales de los principales diarios, pues según el jefe de seguridad en turno en dicho penal: “Aquí no pasó nada para que buscan más”.

Agentes de la PJE, al mando del comandante del la colonia Zapata, Mario Cruz Gallardo, y personal de seguridad del penal de Las Cruces, ayer interrogaron a internos y revisaron minuciosamente las instalaciones del Cereso, incluido el sistema de drenaje y fichas de ingresos de vehículos, las granjas, el módulo de observación y clasificación, el área de visitas, baños, tiendas, restaurantes, panadería, hospital y los siete dormitorios, con el objetivo de verificar si aún se encontraba el narcotraficante prófugo oculto en la misma cárcel.

Florentino Mejía Lujano, de 37 años de edad, originario del poblado Las Mesas, fue detenido el 24 de mayo del 2000 a las 20:00 horas, por agentes de la Policía Judicial federal (PJF), junto con Magdaleno Rangel Orozco de 50 años de edad, en el motel El Cortijo, ubicado en calle Vasco Núñez de Balboa y Vizcaino –atrás del centro comercial Gigante Cuauhtémoc–, cuando realizaban una transacción de compraventa de 950 gramos cocaína, que tenían ocultos en una maleta, confiaron fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

El juez cuarto de Distrito, Jaime Figueroa Salmorán, sentenció a siete años y seis meses de cárcel a Mejía Lujano –a quien se le encontró la droga– y a Rangel Orozco –quien permanece en el penal– por encontrarlos responsables de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio y narcotráfico del denominado clorhidrato de cocaína, según quedó asentado en el expediente 39/2000, confiaron fuentes del juzgado federal.

El narcotraficante ingresó al penal el 25 de mayo del 2000 y fue asignado oficialmente al dormitorio D (auqnue según versión de otros presos, al momento de la fuga se encontraba ya en el dormitorio C, considerado como un área privilegiada a la que se paga por entrar, donde se encuentran los acusados de la masacre de Aguas Blancas). Era considerado como una persona “antisocial, callada, solitaria” y tiene un pariente recluido de nombre Pedro Lujano Flores, mismo que fue interrogado y aseguró que el último día que fue visto, se le notó “triste”, confió un custodio.

A tres días de la fuga del narcotraficante, ayer por la mañana, el director del penal, Jesús Torres Quiroz, puso del conocimiento del agente del Ministerio Público (MP) de la colonia Zapata, Carlos López Sotelo, la situación de la fuga, mismo que acudió al penal a tomar declaración a los cinco custodios arraigados en el penal, acompañado del comandante de la Policía Judicial del Estado (PJE) Mario Cruz Gallardo, encargado de localizar al reo.

A pesar de que en la agencia del (MP) se inició la averiguación previa TAB/ZAP/1148/01, interpuesta por la secretaria general del penal, Odila Mendoza Ramírez, por el delito de evasión de reos, en agravio del gobierno del estado, el titular del MP López Sotelo, primo hermano del director general de reclusorios, Trujillo Sotelo, negó que hubiera denuncia: “Por Dios que no tengo averiguación previa o denuncia de hechos de este caso ni estaba enterado”, juró en entrevista por la tarde.

El encargado del dormitorio D, Víctor Manuel Olea Contreras; el encargado de la puerta principal, Régulo Ramírez Zapata; el jefe de seguridad, Joaquín Emilio Sánchez de la Cruz; el primer comandante de custodios, José Efraín de los Santos Vidal y el segundo comandante Humberto Francisco Salinas Jacinto, fueron arraigados e interrogados en el mismo penal ayer por el agente del MP, López Sotelo.

El encargado del dormitorio D, Víctor Olea Contreras, declaró a la autoridad ministerial que recibió la guardia de dicho dormitorio a las 8 de la mañana y que a las 16:00 horas aún se encontraba afuera del dormitorio Florentino Mejía “cuando se dirigía al evento de rodeo”  y que a las 21:00 horas durante el pase de lista se percató de su ausencia, misma que reportó al comandante Efraín Vidal de los Santos, con quien inició la búsqueda en el interior del penal.

El encargado de la puerta principal y supervisor de los vehículos que ingresan al penal, Régulo Ramírez Zapata, manifestó al agente del MP, López Sotelo, que el 30 de diciembre a las 8 de la mañana inició labores y por la noche “no noté nada anormal en la salida de las camionetas del jaripeo, por la puerta no salió”.

El jefe de seguridad, Joaquín Emilio Sánchez de la Cruz, expresó que se enteró de la fuga del reo de parte del comandante de los Santos Vidal y el segundo Salinas Jacinto y que interrogaron al “familiar” del prófugo Lujano Flores, pero dijo que “no sabía nada de él” y que revisaron todas las instalaciones.

* Sí estuvo en el Cereso cuando se fugó un reo

De la corresponsalía, Chilpancingo * El director general de los centros de Readaptación Social, José Luis Trujillo Sotelo, aceptó que se encontraba en un jaripeo en el patio del penal de Acapulco cuando un reo que enfrenta un proceso por narcotráfico aprovechó para darse a la fuga y hasta el momento no ha sido reaprendido por la Policía Judicial del Estado que anda en su búsqueda desde hace tres días. El funcionario se manifestó porque se realice una investigación en esta cárcel para verificar lo dicho por el Comité de Presos Políticos en el sentido de que hay corrupción.

“Estábamos en el patio del penal más del 80 por ciento de la población carcelaria disfrutando un jaripeo con cuatro novillos, y fue hasta el térmimo de la corrida cuando el director del penal se dio cuenta de la fuga del reo”, expresó el responsable de los 16 penales de Guerrero.

Florentino Mejía Lujano, un reo que purgaba siete años de cárcel, fue el que se fugó, y según José Luis Trujillo Sotelo no se descarta que éste haya recibido ayuda de alguna autoridad carcelaria para salir del penal.

“Vamos a investigar esta fuga y si hay responsables de esto se va a aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias”, expresó el funcionario, entrevistado en sus oficinas.

Indicó que en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya se interrogó al director del penal de Acapulco, Jesús Torres Quiroz, al jefe de seguridad, Joaquín Emilio Sánchez de la Cruz, y al comandante responsable de la custodia de la puerta principal, Régulo Ramírez Zapata.

Manifestó que desde que René Juárez Cisneros asumió la gubernatura, hace casi tres años, se han registrado tres fugas de reos: una en la ciudad de Iguala, otra en Chilpancingo donde un reo que purgaba una condena por secuestro se fugó adentro de un ropero que se construyó en la cárcel en el taller de carpitería.

“Esta última fuga que se realizó en Acapulco se está investigando, y procederemos contra quien sea”, manifestó.

Explicó que el jaripeo que se realizó únicamente en el penal de Acapulco forma parte de una serie de actividades que se realizaron en los 16 reclusorios de Guerrero con motivo de las fiestas de fin de año.

“Esto que pasó en Acapulco fue algo lamentable que tenía tiempo que no ocurría, pero estamos investigando para esclarecer este hecho”, expresó el funcionario estatal.

Sobre los señalamientos que hicieron los miembros del Comité de Presos Políticos que encabeza Omar Guerrero, Trujillo Sotelo, pidió a éstos que entreguen las pruebas de sus acusaciones.

“No se vale acusar por acusar, y esperamos que los que están haciendo esos señalamientos que lo demuestren con pruebas y que las entreguen al Ministerio Público del Fuero Común para que se desliden responsabilidades”, expresó el director general de las cárceles de Guerrero.