*Los pueblos indios y las reformas del Estado

Las reformas del Estado que se han venido dando en América Latina expresan la intersección y el delicado equilibrio entre los requerimientos de la democratización (factor endógeno) y del ajuste estructural y social (factores exógeno y endógeno).

A nivel general, las reformas nos hablan de la transformación de las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. El paquete de reformas está incluyendo medidas de reforma monetaria y fiscal, la liberalización, la privatización y la reforma de los sistemas electoral, judicial y educativo, acompañados por políticas de descentralización.

La agenda de la reforma de nuestro país refleja de manera muy peculiar, la correlación de fuerzas sociales y políticas que se encuadran dentro de una transición política, protagonizada por una gran riqueza de actores sociales, entre los cuales se encuentra el movimiento de los pueblos indígenas.

Los nuevos movimientos indígenas en nuestro continente, surgen en el contexto del agotamiento del modelo económico y político del estado nacional desarrollista que se institucionaliza en la posguerra. Su expansión y su fuerza se dan en el marco de las transiciones simultáneas hacia el neoliberalismo, por una parte y, por la otra, hacia la democracia.

En el caso de México, el proceso de reforma constitucional y de ingeniería institucional está relacionada con una transición del gobierno autoritario y la búsqueda de nuevas bases de legitimación. Se trata de un cambio hacia un nuevo modelo económico y una adaptación al cambiante orden económico y político global.

Los ajustes al nuevo orden global incluyen la absorción de algunas de las funciones del Estado por mecanismos trasnacionales. Ahora el Estado mexicano se transforma en un actor importante en la creación de ambientes atractivos para inversiones de capital externo en un marco de competencia global. Esto trae como consecuencia que se reduzcan las transferencias económicas al sector social y en contrapartida se multipliquen los incentivos a la privatización, el desarrollo de infraestructura para facilitar la extracción de riquezas naturales al más bajo costo.

Por otra parte los procesos de reforma son empujados por las demandas de la democratización, estamos ante una efervescencia política y ante una gran variedad de movimientos sociales que construyen nuevos espacios ciudadanos e inéditas maneras de reorganizar el poder local.

En esta perspectiva las reformas del Estado son, por un lado, una abdicación selectiva de sus obligaciones y por el otro, una remodelación de sus funciones, influenciadas por las exigencias ciudadanas de democratización y por los requerimientos del ajuste estructural.

Los resultados de las reformas son producto de la divergencia, convergencia y la negociación entre las diferentes fuerzas políticas y sociales que lógicamente no logran ser escuchadas en su sentido más profundo, porque en México estas voces y manifestaciones están mediatizadas y acotadas por la óptica y los intereses de los partidos políticos, que al final de cuentas imponen su voluntad, que no necesariamente es la voluntad popular, sino el cedazo político que filtra y escoge lo que es políticamente negociable. De este modo las reformas resultan ser documentos áridos e inconsistentes que tratan de aparentar la voluntad de cambiar, plasmando deliberadamente una reforma vaga y ambigua para que no genere un cambio de fondo.

La reforma constitucional en materia indígena, es una estafa a la voluntad popular, solo es un tenue reflejo y una caricatura de lo que son las profundas aspiraciones democráticas de una sociedad plural. Con actitudes arrogantes, mezquinas y racistas los legisladores abusando de sus atribuciones, ignoraron a los protagonistas de esta reforma y, en su nombre decidieron qué tipo de derechos se podían merecer los pueblos indígenas.

La medida y los límites de esta reforma no se encuentran en la homologación de nuestras leyes al derecho internacional, sino en el proyecto neoliberal. Lo importante no es garantizar o asegurar nuevos derechos, sino legislar para el mercado global, crear las condiciones jurídicas para que el capital trasnacional no tenga restricciones ni fronteras, por el contrario, propiciarle un ambiente de seguridad y confianza para que invierta en las regiones indígenas donde todavía se mantiene intacta la invaluable riqueza de la biodiversidad.

El neoliberalismo no se reduce a ser una doctrina económica, sino que cuenta con un proyecto cultural y una visión propia de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. El libre mercado es el eje del proyecto, que lleva aparejada una concepción de la democracia que se reduce a su mínima expresión y a un ámbito meramente procesal, donde la toma de decisiones a nivel macro es delegada a grupos de expertos, de administradores tecnócratas o de cúpulas de partidos apoyados por sus consultorías. Se empieza a desmantelar al Estado corporativo y benefactor para dar fuerza a un Estado aislado y blindado de “las indebidas” influencias sociales.

Apelando al principio de subsidiaridad el Estado empieza a prescindir de todo tipo de intervención, salvo en los casos en que no pueden ser atendidos por el sector privado. Al mismo tiempo que los mercados quedan desregulados con la eliminación de subsidios, las políticas sociales quedan subsumidas a la lógica del mercado. El Estado se reduce solamente a intervenir en “la lucha contra la pobreza extrema” para crear una “cancha pareja” entre los más pobres, con el fin de capacitarlos e incorporarlos al mercado competitivo.

Es claro que para el proyecto neoliberal los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos de solidaridad y de los pueblos no son parte fundamental dentro de las reformas constitucionales, se trata de meras readecuaciones que demanda el mercado global.

No obstante esto, las reformas constitucionales son en gran parte producto de la movilización social que condensa la esperanza del cambio profundo, que han logrado expresar con mucho simbolismo, las exigencias de una verdadera participación democrática, de inclusión social, de nuevas relaciones entre los distintos sectores de la sociedad y de la reafirmación de nuevos derechos.

Para estos nuevos actores la participación implica deliberar y tomar decisiones, revertir las tendencias a la concentración del ingreso y a la privación de derechos. Es luchar por la instalación en nuestra sociedad de la democracia directa y para demandar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas.

*El presente texto forma parte de nuestro ultimo informe titulado “Sufrir la Ley. El Etnocidio Jurídico en La Montaña de Guerrero”.

CRONICA MUNICIPALISTA

* El Parque Ecológico de La Vainilla y el agua del Calabazalito

El poblado del Calabazalito es un anexo del ejido de Las Ollas que pertenece al municipio de José Azueta, el segundo en importancia después de la cabecera ejidal. Se encuentra a 30 kilómetros de Zihuatanejo llegando por la carretera federal que sube de la costa a Ciudad Altamirano, o a 12 kilómetros si se utiliza la brecha de Mata de Sandía, construida para darle vida a lo que se ha dado en llamar el Parque Ecológico de La Vainilla, uno de tantos intentos fallidos de vincular al turismo de Zihuatanejo e Ixtapa con el entorno local.

En El Calabazalito viven casi 500 personas. El poblado está asentado junto al río del mismo nombre, uno de cuyos afluentes se origina en el cerro de La Vainilla, distante a unos 3 kilómetros, en cuyo trayecto solía formar una cascada digna de ser visitada.

Precisamente el aprovechamiento del caudal de este arroyo se convirtió en el problema a vencer para poder llevar adelante el proyecto ecoturístico ya mencionado.

El agua del arroyo de La Vainilla abastece al poblado de El Calabazalito desde hace muchos años. Es agua entubada que llega a los habitantes por gravedad sin costo adicional.

El proyecto ecoturístico emprendido hace 15 años por el gobierno municipal se enfrentó desde entonces a la oposición de los pobladores de El Calabazalito, apoyados por el ejido, pues se pretendía quitarles el agua para priorizarla en las necesidades del turismo cuyos beneficiarios directos serían los pocos habitantes de la pequeña población de La Vainilla.

Mientras el agua no se tocó, el proyecto ecoturístico siguió su cauce y justificó durante muchos años inversiones cuantiosas de programas municipales, estatales y federales que nunca se han evaluado. Sin embargo, nada se hizo por compenetrarse en la problemática de los habitantes y mucho menos en detener el creciente deterioro ecológico de la zona.

En los últimos 15 años la ganaderización, la agricultura tradicional y los incendios han acabado con la mayor parte de los atractivos naturales de la zona.

Los cerros de selva original, los ríos y arroyos, la flora y fauna rica y variada casi se han agotado. Incluso los añosos hujes que crecen en lo profundo de las barrancas y de los que solamente se apreciaba su semilla como forraje y para preparar infusiones, también están siendo víctimas de la deforestación ahora que escasea la madera para muebles.

El roble, la caoba, el cedro rojo, los jabalíes, los venados, las guacamayas, prácticamente han desaparecido. Los arroyos agotan su caudal tempranamente y la cascada ha desaparecido por completo.

El río otrora caudaloso y rico en camarón langostino está prácticamente seco y sus pozas de agua no serán suficientes para alimentar al ganado en los meses venideros.

Muchos ojos de agua se han secado. La mayoría de los cerros, sin importar su pendiente, han mudado de capa vegetal. Las selvas boscosas siempre verdes han dado paso a un paisaje de potreros con pastos inducidos que en este tiempo agregan grisura al panorama como paso previo a la desertización.

Los desmontes que no son otra cosa que el cambio de uso del suelo y que requerirían una autorización federal, son una práctica campesina que casi nadie cuestiona, ni siquiera las autoridades ambientales.

La ganadería extensiva es la ocupación principal de los ejidatarios, y los avecindados, sin tierra apenas, se benefician de una área común denominada Astillero de donde extraen su leña y madera para su uso familiar.

Esta área común que existía en muchos ejidos y que se consideraba como de reserva, también está desapareciendo debido a la presión de los propios habitantes.

Hace una semana, por ejemplo, no se pudo refrendar el compromiso de limitar el aprovechamiento forestal en esa área común porque los avecindados reclaman su derecho a servirse de ella como proveedora de leña y madera en rollo.

En estas condiciones de deterioro ambiental creciente, un núcleo de la población del Calabazalito, en el que participan sus líderes naturales y formales, ha emprendido la lucha por revertir la tendencia al desastre ecológico que se avecina.

Con recursos de la Semarnat iniciaron este año una campaña de reforestación fundamentalmente con cedro rojo, y se aprestan a la recuperación de suelos con el compromiso de no desmontar más y de aprovechar intensivamente los potreros ya establecidos.

El comisario municipal, Serafín Monge, el presidente del comisariado ejidal, Marino Espinoza Urieta, el presidente del comité del Fondo de Ahorro, Eleodoro Valdovinos, el dirigente del comité de salud, Federico Flores Apolinar, y el de la sociedad de padres de familia, Eutiquio Fuentes Barajas, así como los catequistas de la Iglesia Católica, encabezan la lucha ecologista y se han comprometido a dar ejemplo de cómo aprovechar productivamente los desechos orgánicos para fabricar abono natural que sustituya al químico contaminante del suelo, en los cultivos tradicionales.

Aprovechar el estiércol de las vacas, los caballos, burros, chivos y gallinas, así como el rastrojo y la hierva verde que abunda, fue una novedad y se convirtió en un propósito para el presente año. Este será un primer paso al segundo propósito que es convertir las áreas irrigables de este que fue un hermoso valle selvático, en productor de hortalizas orgánicas para aprovechar el potencial mercado turístico de Ixtapa y Zihuatanejo, tan distante y cercano a la vez de esta realidad rural tan precaria.

La reforestación, el establecimiento de zonas de reserva ecológica con el acuerdo local entre parcelas vecinas, la recuperación de suelos, el composteo de los desechos orgánicos y el aprovechamiento racional del agua para irrigar hasta 42 hectáreas que se mantienen ociosas, son parte de las metas que colectivamente se han fijado en reuniones intensas de capacitación realizadas en los últimos meses del año, en las que han participado responsables de la Semarnat, del Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural de la Sagarpa y del Colectivo Costa Libre.

Se trata de cambiar el viejo y equivocado método que ve en los habitantes de las comunidades rurales solamente a objetos y justificación de programas y recursos destinados a un desarrollo incierto.

Cuando se parte de considerar como sujetos del desarrollo, como actores sociales, a los hombres y mujeres del medio rural, no hay riesgo de error, pues cualquier proyecto se puede concretar si son las personas beneficiarias las que participan en su diseño y lo adoptan como suyo.

No se puede llegar a una comunidad con la oferta de que uno es portador de su desarrollo y convocarlos a que se sometan y adopten calladamente el papel que se les ha asignado en el papel, como si fueran cosas, no personas.

Esa fue la lógica que siguieron los promotores del Parque Ecoturístico de La Vainilla, desde el gobierno municipal de Gabino Fernández hace 15 años.

Cuando los habitantes del Calabazalito se percataron que el proyecto ecoturístico financiado con recursos del Banco Mundial comprendía el uso de su agua y su suelo en prioridades que no eran las de ellos, hubo problemas. Primero demandaron conocer a detalle el proyecto y cuando ese derecho se les negó, el ejido procedió a separarse de la organización que lo alentaba y luego a que el Banco Mundial revisara el expediente.

La pretensión de ejecutar el proyecto pasando por encima de la asamblea del ejido provocó división entre los habitantes del Calabazalito y los de La Vainilla.

* También ante la Comisión de Garantías del Consejo Universitario impugnará a la Comisión Electoral por actuar de manera “parcializada y politizada”, dice el dirigente del FAUG

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El dirigente del Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), Efrén Marmolejo Vega informó que el próximo lunes interpondrán ante la Comisión de Garantías del Consejo Universitario dos recursos de impugnación, uno de ellos en contra del rector de la UAG, Florentino Cruz Ramírez.

Entrevistado ayer en el auditorio de la Escuela Superior de Ciencias Económicas de la UAG, donde se efectúo una reunión de la dirigencia del FAUG, expresó que la impugnación contra el rector es por “los usos y abusos que de los recursos universitarios ha estado haciendo, entrometiéndose en este proceso electoral”.

Señaló que como pruebas presentarán los acuerdos o convenios que en el transcurso de esta semana se firmarán en las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, como forma de coptar el voto de Acción Revolucionaria.

Informó que se entregará también el resumen de las nóminas de septiembre a diciembre del año pasado, en donde se observa cómo creció otorgando plazas y categorías al margen de los contratos colectivos de trabajo”.

Señaló que “el secretario general académico del STAUAG, Jesús Alvarez Hernández se prestó a estos actos de corrupción, porque al margen de lo establecido en los convenios él firmó junto con el rector Florentino Cruz los nombramientos y recategorizaciones de poco más de 100 trabajadores académicos”.

Una segunda impugnación será en contra de la Comisión Electoral, por la forma en que se integró. “Pero sobre todo –dijo–por la forma en que está actuando de manera parcializada y politizada”.

Aseveró que la comisión no se formó mediante un proceso de insaculación como debió suceder en el Consejo Universitario, “sino por la imposición y acuerdos de las corrientes políticas”.

Explicó que la citada comisión aprobó un requisito adicional que no está previsto en la Ley de la UAG, y que se refiere a que “obligatoriamente los candidatos deben presentar un documento de revalidación de estudios por parte de la SEP, lo cual no procede”.

“Por eso lo vamos a impugnar –aseguró– pero de no ser así, y si resultara afectado el compañero nuestro que esta en esta circunstancia y que haya sido electo, entonces habremos de hacer que se le registre en cuanto a ley corresponde, de lo contrario nos veremos obligados a usar la fuerza y a detener el proceso electoral”, advirtió.

Manifestó que “las baterías” del rector apuntan en contra de Rogelio Ortega Martínez porque “él tiene estudios efectuados en el extranjero, pero lo que desconoce la Comisión Electoral es que hay un convenio firmado con México desde 1961, que se signó en la Haya, en el que se establece la simplificación de la legalización de los estudios que se hagan en los países que son parte del convenio, en el caso de México como signatario no obedece a reclamo el hecho de exigir ahora que haya una revalidación de los estudios”.

Preparan consulta

Marmolejo Vega manifestó que la FAUG está preparando la consulta directa a la comunidad universitaria que se llevará a cabo el próximo 10 de enero de manera simultánea en todas las escuelas de la universidad en donde se instalarán urnas para recibir los votos de estudiantes, trabajadores y maestros.

Explicó que ese mismo día se dará el proceso del conteó de los votos y un día después se dará a conocer el nombre del candidato del FAUG que se registrará oficialmente ante la Comisión Electoral del Consejo Universitario.

Pero dijo que antes del proceso de selección interna recibirán por parte de los precandidatos un documento en el que reconocen que de manera voluntaria llegaron a esta etapa y también los resultados de la consulta”.

Expresó que en la consulta podrán votar todos los estudiantes que acrediten con su credencial ser alumnos de la UAG o bien con una identificación y que estén dentro de las listas de sus grupos académicos; también lo podrán hacer los trabajadores académicos y administrativos con su identificación, su talón de cheques, o con una credencial; el voto será libre y abierto.

Los cinco precandidatos del FAUG podrán participar en la consulta interna son Jorge de la Paz Alarcón, Pedro Vidal Tello Almaguer, Rogelio Ortega Martínez, Alberto Salgado Rodríguez y Rafael Aréstegui Ruiz.

Los cacicazgos se han unido

El dirigente del FAUG calificó de seudoconsulta la que realizará la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), porque ahí afirmó: “Se podrán ver las operaciones carrusel, será un simulacro y forma parte de la estrategia de Rosalío Wences Reza con la que pretende legitimar su alianza con el Movimiento por la Academia y la Reforma(MAR)”.

Aseveró que Wences Reza tiene la necesidad de legitimar la pérdida de su candidato a la Rectoría, Arturo Contreras Gómez: “Sabemos que finalmente será Nelson Valle López el candidato de la AEU”.

“Está claro que los caciques de la universidad se han unido, en este caso Wences Reza, el senador Armando Chavarría Barrera y Gabino Olea Campos”.

Afrén Marmolejo señaló que “Wences no ha aprendido a ser autocrítico y a reconocer que tiene mucha responsabilidad en el rezago académico de la UAG al haber pervertido en su momento en aras de un movimiento de izquierda y de aislar a la institución y meterla en un proceso de hiperpolitización que todavía no podemos superar, pero aún así insiste entrometerse en estos asuntos a pesar de que lleva 38 años en la UAG”.

Comentó que el otro caso de cacicazgo es el de Armando Chavarría porque está interesado en utilizar a la UAG como instrumento financiero y a su estructura para apuntalar su precandidatura a la gubernatura por parte del PRD.

Y en el caso de Acción Revolucionaria, dijo que buscan la disculpa a sus responsabilidades e impunidades que tienen con la institución, por ello estos tres cacicazgos que han surgido en los últimos 25 años los tendremos que derrotar, porque en el FAUG estamos los principales impulsores del proceso de reforma”.

* Señala al rector por su “descarada injerencia” en el proceso electoral con “medidas represivas” que afectarán sus aspiraciones políticas a una diputación y las del senador a la gubernatura

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El precandidato del Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez afirmó que el rector Florentino Cruz Ramírez y el senador Armando Chavarría Barrera “se juegan su futuro político” en el actual proceso electoral universitario.

Entrevistado ayer en esta capital, el dirigente de la Corriente Democrática del Movimiento por la Academia y la Reforma (MAR), indicó que sus ex compañeros se encuentran en una disyuntiva a partir de que “cometieron el error” de apoyar a Nelson Valle López.

Expuso que de ser el rector de la reforma en la UAG, Cruz Ramírez pasó a ser cuestionado por su “descarada injerencia” en el proceso electoral “y lo está haciendo de manera muy obvia, con medidas represivas, de presión, de chantaje, que no debió haber sucedido porque él tenía todo para culminar un rectorado y salir muy bien calificado, sin embargo, esto será sancionado por la comunidad universitaria y por la propia sociedad”.

Quien fuera coordinador de asesores del rector por más de dos años, hizo un llamado a su compañero de luchas desde hace más de 20 años para que “modifique su conducta errónea que ni a él ni a la UAG los conducen a nada bueno, y al contrario están llevando a la universidad a los viejos tiempos de hacer política y al atraso académico”.

Ortega Martínez consideró que el conflicto en la UAG está trascendiendo socialmente, “y lo mismo sucede con las pugnas internas del PRD que se trasladan a la universidad, y a todas luces queda claro que tanto en la UAG como en el PRD está muy cuestionada la conducta del senador Armando Chavarría”.

Expuso que el rector Florentino Cruz “estaría buscando ser postulado por el PRD a una candidatura a diputado o tal vez a alguna alcaldía”, pero aclaró que corresponderá al PRD determinar si es posible o no; “pero en cualquier ámbito que Florentino quiera hacer política, lo que está haciendo en la UAG le va a afectar”, previó.

Respecto a la alianza del rector y del senador perredista con el sector de Acción Revolucionaria (AR) representado por Gabino Olea Campos –a quien se vincula con el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer– opinó que “si bien se especula que las corrientes políticas al interior del PRI están actuando en la UAG, no es extraño, tal vez es un proceso normal y todo mundo ve en la universidad la posibilidad de influir para hacerse de un capital político que influya electoralmente en los próximos procesos, aunque debiera de haber una conducta de mayor respeto a la institución para no influir con recursos económicos y con movilización de activistas para favorecer a alguna candidatura, porque eso es injerencia”.

También se refirió al señalado compadrazgo entre el ex gobernador Angel Aguirre Rivero y el senador del PRD Armando Chavarría. “Todos sabemos que Chavarría tiene una estrecha relación política y personal con Angel Aguirre, y no es extraño que juntos quieran hacerse de un capital al interior de la universidad”, dijo Ortega.

“No hay duda –indicó– que tanto Florentino como Armando se juegan en la próxima elección de rector su futuro político, pero el que más se lo juega es Chavarría; por ejemplo –señaló–, acaban de destituir a Jorge Peto Calderón de la coordinación de la Zona Sur, y él ha sido un universitario de larga trayectoria en lo que fue el FRADI y ahora el MAR, con amplia influencia en el PRD en esa región; y esa actitud represiva del rector es un agravio no sólo a la UAG sino al PRD; ¿y qué pasará cuando le pidan que los apoye en alguna actividad?”, cuestionó.

Manifestó que también destituyeron a Javier Casiano Riachi, del Departamento de Nóminas “y no lo hicieron por deficiencia administrativa, sino por una actitud netamente política debido a que por ahí pasan los movimientos de altas y bajas, incrementos de categorías, y de tiempos completos, pues no quieren que se visualice lo que ellos en lo oscurito están negociando, principalmente con AR”.

Por último, se refirió al caso del dirigente del MAR y ex presidente estatal del PRD Saúl López Sollano, secretario privado de la Rectoría, de quien dijo: “Saúl quiere congratularse con Chavarría y se ha convertido en su operador político al interior de la UAG, ya a estas alturas no sabemos quien manda en la universidad, porque el que ordena movimientos en la nómina es Saúl, y quien le ordena a él es Armando, entonces Florentino que es la autoridad en la universidad nadie sabe en dónde quedó”.

Y remató: “Es una lástima que el rector de la reforma al final se haya dejado someter por los caprichos y los intereses personales del senador Armando Chavarría, por eso ellos saben que se juegan su futuro político”.

Jorge Nava * El encargado de la Delegación de Transportes de la zona Centro, Cristóbal Cuevas Herrera, informó ayer que los módulos instalados en el Zócalo y el itinerante que estuvo en La Base, Diana y zona de hospitales recibieron en total 50 denuncias de visitantes y porteños contra choferes de taxis azules, por aumentar tarifas sin autorización.

Entrevistado vía telefónica, Cuevas Herrera planteó que uno de los impedimentos para atender las quejas por abusos de taxistas cometidos en estas vacaciones, fue el poco personal con que cuenta la dependencia.

Aseguró que antes de la celebración de Año Nuevo su personal se comunicó con la delegada de Procuraduría Federal del Consumidor, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, para solicitarle las quejas recibidas contra taxistas en esta temporada.

Explicó que los taxistas, aún en esta semana, cobran la dejada mínima de 15 a 30 pesos y la máxima de 20 de 35 a 40, “casi el doble”, empero expresó que Cuevas Herrera no precisó nombres de los choferes que cometieron abusos y por consecuencia fueron sancionados bajo la Ley de Transporte y Vialidad, por alterar las tarifas sin ninguna aprobación de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad.

El funcionario aseguró que este fin de semana se continuará con la operación en los módulos de atención, para recibir cualquier queja de los visitantes con relación al cobro de los taxistas.

Abundó que ya hay algunas unidades que incluso fueron detenidas por este motivo, mientras que otros conductores acuden a su oficina para solucionar sus sanciones.

Sin embargo, cuando se le preguntó cuántos y quiénes son, aludió que será la próxima semana cuando informe el total de denuncias y las soluciones.

* El titular de la paraestatal señala que falta coordinación entre ambas dependencias

Raquel Santiago * El director de la Promotora y Administradora de Servicios de Playa, Enrique Nava García, denunció que, debido a la falta de coordinación entre esa empresa paraestatal y la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), particulares rentan mobiliario de playa pirata hasta en 300 pesos, lo cual es “excesivo”.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal afirmó que aquella dependencia no cumplió la promesa de su delegado, Inocente León Pineda, de desalojar de las playas las sombrillas piratas.

Recordó que el funcionario federal anunció que durante esta temporada vacacional la dependencia a su cargo empezaría a retirar las sombrillas piratas.

Lamentó la falta de coordinación con la Profepa, así como la falta de acción para desalojar el mencionado mobiliario, cuyos propietarios hacen cobros excesivos a los visitantes.

Ejemplificó que en Puerto Marqués los restauranteros colocan su propio mobiliario, y por su uso cobran hasta 50 pesos, mientras en la playa frente al hotel Princess un prestador de servicios turísticos renta los toldos hasta en 300 pesos.

Precisó que en área de la zona Diamante, así como en Pie de la Cuesta la Administradora no presta el servicio de renta de mobiliario, y mencionó que por lo menos se dejan de percibir alrededor de 30 mil pesos mensuales, que si bien dijo, ayudarían al autofinanciamiento de esa empresa.

Nava García dijo que en esta temporada se ha recabado diariamente alrededor de 30 mil pesos, lo que aseguró es destinado al mantenimiento y limpieza de las playas.

Respecto a las críticas constantes que hace el director de Turismo Municipal, Ignacio Terrazas Sánchez, que considera que la limpieza de las playas debe pasar a ser responsabilidad de la administración municipal, Enrique Nava dijo irónico que la Dirección de Saneamiento Básico “no puede con la limpieza de la ciudad” y aun así “quiere echarse más broncas”, por lo que recomendó que primero “debe recoger la basura que tiene en la ciudad”.

Anunció también que gracias a la reducción de gastos, en los próximos meses la Promotora podrá tener su propia frecuencia de radio con una inversión de más de 60 mil pesos, la cual actualmente renta en 18 mil pesos mensuales.

* No es descabellado tratar de modernizar una ley para el bien de Acapulco, argumenta

Nelly Bello * Para evitar el uso discrecional de recursos asignados de forma general en el Presupuesto de Egresos por parte del gobierno estatal priísta que encabeza René Juárez Cisneros, la Contaduría Mayor de Hacienda “debería transparentar la forma de distribución”, consideró el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo.

En entrevista, celebró la actitud de los diputados locales de PRD, PRS y PAN al abstenerse de votar el Presupuesto de Egresos, pues “me parece que los diputados están en su papel; si es que hay desviaciones que lo anuncien y lo hagan del conocimiento de la sociedad”.

Entrevistado luego de un recorrido por comunidades de los distritos locales 13 y 17, donde inauguró calles con una inversión de un millón 500 mil pesos, el alcalde consideró que la prórroga indefinida para la aprobación de las iniciativas de ley fiscal que envió el Cabildo de Acapulco al Congreso del Estado afecta directamente a los acapulqueños.

Señaló: “No creo descabellado que queramos una sindicatura del contribuyente, donde haya justicia de ventanilla; no es descabellada la restructuración de una ley obsoleta, que lo único que pretende es eficientar la administración tributaria (para) no caer en la alcabala y la exacción”, pero “si les parece descabellado que estemos tratando de modernizar una ley para el bien de Acapulco, los legisladores tienen de su lado el balón ahora; nosotros proponemos y ellos disponen, como dijo el presidente de la República”.

Llamó a los legisladores locales a actuar con responsabilidad y sensibilidad, pues las iniciativas pretenden dejar “bases firmes” para la siguiente administración, “sea quien sea”.

Refrendó su respeto al Congreso, pero reiteró su postura de gobierno de avanzada, que “demuestra que con leyes transparentes y claras el ciudadano podrá cumplir más con su tarea”.

Sobre el calificativo de inconstitucional que endilgó a las iniciativas acapulqueñas el presidente de la comisión de Hacienda, el diputado priísta Abel Echeverría, el alcalde dijo que “no creo que corresponda al Congreso calificar como inconstitucional, porque no es el Poder Judicial. Me parece que si es inconstitucional le corresponderá a los ciudadanos”.

Reiteró que se trata de una ley bondadosa que se adapta a las circunstancias actuales para que los ciudadanos puedan cumplir mejor e incrementar el número de contribuyentes, y para evitar situaciones desventajosas para la autoridad municipal, como el caso de los giros rojos, cuyos empresarios se amparan y evitan la aplicación de las leyes del municipio. “No hay propuestas descabelladas ni que pretendan afectar más a los ciudadanos. Está claro, y espero que haya conciencia de los diputados”, dijo.

La Ley de Ingresos federal, “la misma gata, revolcada”

Torreblanca Galindo opinó además sobre la recién aprobada Ley de Ingresos federal y el Presupuesto de Egresos de la federación. Dijo que se trata de una miscelánea fiscal que “no cumple las expectativas de muchos años, de la población”.

Recordó que como cuando él fue diputado federal “insistimos en tener una reforma integral, que es lo que demanda la sociedad, que ofrecieron las fuerzas políticas, pero que finalmente se convirtió en una reforma fiscal que parece una especie de híbrido o una reforma ecléctica, donde toman parte el PRD, el PRI, el PAN y los diferentes partidos y los meten en una postura recaudatoria, en la que le da gusto a un partido y otro”.

Añadió: “Entiendo el esfuerzo de los diputados y que estamos en etapa de aprendizaje, pero salió lo mismo; es un híbrido que consigue un propósito recaudador, de cobrar. Nos guste o no, la población toma refrescos y sigue consumiendo cigarros. Sólo se trató de una lectura política”.

Agregó: “Hubiera sido lo mismo, pero parece que era una lectura nociva para la población cobrar IVA en los pasquines, revistas pornográficas o en los libros que no educan, y dejar una serie de libros exentos. Hubiera sido lo mismo cobrar IVA en algunas medicinas que no son para la salud pública de las clases populares, como los reductores de peso. Como hubiera sido lo mismo cobrar IVA, como en otros tiempos a los artículos suntuarios. Una recaudación para regresarla en servicios para la población”.

Consideró que en la mente de los diputados federales estaba más el impacto político, pues “le tuvieron miedo a cobrar IVA”, por lo que la lectura que dan ahora es que “no gravamos los frijoles, el chile, los huevos, pero te voy a gravar el refresco y otras cosas. Finalmente es recaudatoria y se llega a la conclusión de que necesitamos dinero; si no pagamos impuestos no podemos cumplir”.

Finalizró: “Sí hay que meter más contribuyentes, pero fue lo mismo, sólo que cambiado; la misma gata, sólo revolcada. Parecía un tabú hablar del IVA porque la lectura política a la población sería negativa. Finalmente vamos a pagar más, no hay de otra, hay que pagar impuestos, porque de inventos no se puede dar servicios a la población”.

* Unos 4 mil lo han visitado en este periodo vacacional, dice la jefa de Relaciones Públicas del museo, Claudia Jiménez Sánchez

Jorge Nava * Pese a que turistas y autoridades encargadas del museo Fuerte de San Diego señalaron que el lugar y su alrededor es seguro, un guía de turistas urgió para que la seguridad del área de estacionamiento se fortalezca, mientras que el primer oficial de la Policía Preventiva del sector 3, Porfirio Villalobos Quevedo indicó que en esta semana se reforzó la vigilancia porque hace un mes se registraban de dos a tres asaltos al día.

Villalobos Quevedo dijo que para el barrio de Petaquillas están destinados dos agentes que llevan a cabo diversos recorridos durante el día, sin embargo, indicó que su presencia era para fortalecer la seguridad del tránsito de los visitantes en esa zona.

Agregó hace dos o tres semanas aún se contaba con el reporte de dos a tres asaltos al día cerca del barrio.

Por otro lado, la chihuahuense, Soledad Valle Navarro, manifestó que junto con su familia han visitado al puerto en tres ocasiones y saben que el área del barrio de Petaquillas es de cuidarse.

Valle Navarro dijo que en anteriores visitas y en esta no les ha sucedido ningún incidente, pues vino acompañada de dos de sus hermanos y dos pequeños para recorrer la remodelación del museo que hace un año que le visitaron se encontraba en “malas condiciones”.

El hermano de la entrevistada, Manuel de los mismos apellidos, indicó que encontraron “cosas nuevas” en el museo, sobre todo acerca del México prehispánico.

Agregó que en el recorrido que duró una hora les fue bien explicado por el personal del museo, pero lo que sí no le pareció fue el cobro de 30 pesos para accesar al Fuerte de San Diego.

La española, Maribel Verdugo Murillo indicó que esta es la cuarta vez que visita el puerto y aseguró que le gusto mucho la remodelación del lugar, pues dijo sentirse “admirada” por la cultura que hay México. Además comentó que siempre se ha sentido segura de visitar el museo y sus alrededores porque no le ha sucedido nada.

El guía de turistas federal, Samuel Morales, entrevistado luego de terminar un recorrido en el interior del lugar, aclaró que observa que los incidentes de asaltos y robo de vehículos han disminuido en esa zona, pero argumentó que ni el área que rodea al fuerte ni en el interior hay seguridad para los visitantes.

Sugirió que el municipio debería de fortalecer la vigilancia en el estacionamiento del museo porque allí se han llegado a hurtar las camionetas donde transportan a los turistas.

También la encargada de la librería del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Martha Campos Francisco, explicó que los asaltos cometidos por vándalos en el barrio de Petaquillas ya son conocidos, pero para ella cualquier lugar de Acapulco no es seguro.

Expresó que hasta el momento no ha escuchado de “ningún incidente” además de que en esta temporada le ha ido bien en ventas, “la zona está muy tranquila”, opinó.

Hasta las 15 horas de ayer, según el jefe de Mantenimiento y Seguridad del museo, Gustavo Abarca Jiménez, tenían un registro de 348 visitantes.

Abarca Jiménez destacó la frecuente visita de turistas a diferencia de otras temporadas y aseguró que el museo y sus alrededores es un lugar seguro para los visitantes, pues cuentan con vigilantes.

Por su parte, la jefa de relaciones públicas del museo, Claudia Jiménez Sánchez informó que el museo está abierto de las 9:30 de la mañana a las 19 horas de martes a domingo y a la fecha no han reportado ningún robo a turista en esa zona.

Aseguró que para ello cuentan con ocho custodios y cuatro veladores en la noche, lo que garantiza la seguridad a las 4 mil personas que han visitado el lugar en esta temporada de vacaciones decembrinas y donde el turismo nacional es el que ha prevalecido.

Finalmente, al concluir el recorrido, algunos turistas extranjeros que visitaron ayer el museo dejaban escuchar que el lugar les era bonito, mientras delante de ellos iban los guías de turistas que los dirigían hasta abordar las Suburbans que utilizan para pasear a los viajeros.

* El funcionario, Jesús Torres Quiroz, dice en un boletín que se desconoce la forma en que se evadió el narcotraficante

Alfredo Mondragón * Para la Procuraduría General de la República (PGR), el director del penal de Acapulco, Jesús Torres Quiroz, es el principal “responsable y sospechoso” junto con cinco custodios, de la fuga de un narcotraficante, el 30 de diciembre, por lo que de un momento a otro serán detenidos, informaron fuentes de la dependencia federal.

En la fuga del narcotraficante Florentino Mejía Lujano, efectuada durante un jaripeo organizado por el director general de reclusorios de Guerrero, José Luis Trujillo Sotelo, están implicados el conductor de la camioneta de redilas, que transportó los cuatro novillos y una persona del exterior vinculada con el narcotráfico, incluido el director y los custodios, informaron fuentes de la PGR.

El director del panal, Torres Quiroz, negó que cinco custodios se encuentren arraigados y pidió que las autoridades competentes “finquen responsabilidad a quien la tenga”. Luego, por medio de un boletín, indicó que se “desconoce la forma en que logró evadirse el interno”.

A cuatro días de la fuga del narcotraficante, el director del penal, Torres Quiroz, puso del conocimiento del caso a las autoridades federales, quienes ya habían iniciado la averiguación A001/A3/2002, por el delito de evasión de presos y lo que resulte; y se ordenó a la Policía Judicial Federal (PJF) la localización del fugado e investigación de los hechos.

Torres Quiroz acudió ayer a declarar ante el subdelegado de la PGR en Acapulco, Martín Gerardo Saldaña Sixto, desde las 12:00 hasta las 16:30 horas y fue interrogado por agentes del Ministerio Público Federal y de la PJF sobre la fuga del narcotraficante. Al salir de las instalaciones federales, su nerviosismo era manifiesto.

Al salir de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales B de la PGR, Torres Quiroz se mostró renuente a informar a los reporteros de la situación de la fuga y declinó informar acerca de su declaración ante el MPF: “Pregúnteles allí, si usted va a la oficina yo le entrego una nota, yo lo espero con mucho gusto”.

Torres Quiroz aseguró que desde el día de la fuga (30 de diciembre) interpuso la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público (MP) de la colonia Zapata, pero el titular de dicha instancia, Carlos López Sotelo, informó en entrevista que no tenía ninguna indagatoria, a pesar de que está registrada bajo el número TAB/ZAP/1148/01, interpuesta por la secretaria general del reclusorio, Odila Mendoza Ramírez.

A pregunta expresa, el director del penal negó que cinco custodios estuvieran bajo arraigo en el mismo reclusorio y aceptó que las autoridades correspondientes “finquen responsabilidad a quien la tenga” y negó que el prófugo haya gozado de privilegios al interior de la penitenciaría.

Por la tarde, llegó a la redacción de El Sur, un boletín de prensa de la Dirección General de Readaptación Social, donde el titular, José Luis Trujillo Sotelo, da a conocer la fuga del narcotraficante Florentino Mejía Lujano e informó que a las 21:00 horas, una vez que efectuó el pase de lista el custodio Víctor Manuel Olea Contreras, responsable del dormitorio C, donde estaba el prófugo, se percató de la ausencia de éste.

Agrega en el boletín que una vez enterado el director del penal, Torres Quiroz, se ordenó la búsqueda de Mejía Lujano en el interior y exterior del penal, y al no encontrarlo se presentó la denuncia ante el MP del fuero común.

Dice que declararon en relación al caso la secretaria general de Cereso, Mendoza Ramírez, el jefe de seguridad, Sánchez de la Cruz; el comandante responsable de la custodio de la puerta principal, Ramírez Zapata, y el custodio encargado del dormitorio, Olea Contreras, para “deslindar responsabilidades”.

En el comunicado, indicó que: “Es importante señalar que como parte de los festejos de Navidad y Año Nuevo se realizaron diversas actividades que concluyeron con una cena de fin de año. Torneos de futbol, basquetbol, una misa con el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, la orquesta sinfónica de Acapulco y la monta de un toro mecánico y la monta de cuatro novillos”.

Florentino Mejía Lujano, de 37 años de edad, originario del poblado Las Mesas, municipio de Petatlán, fue detenido el 24 de mayo del 2000 por agentes de la PJF, junto con Magdaleno Rangel Orozco de 50 años de edad, en el motel El Cortijo, ubicado en la calle Vasco Núñez de Balboa y Vizcaíno, atrás del centro comercial Gigante Cuauhtémoc, en Acapulco, cuando realizaban una transacción de compraventa de 950 gramos cocaína, que tenían ocultos en una maleta, confiaron fuentes de la PGR.

El juez cuarto de Distrito, Jaime Figueroa Salmorán, sentenció a siete años y seis meses de cárcel a Mejía Lujano –a quien se le encontró la droga– y a Rangel Orozco –quien permanece en el penal– por encontrarlos responsables de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio y narcotráfico denominado clorhidrato de cocaína, según quedó asentado en el expediente 39/2000.

El encargado del dormitorio C Víctor Manuel Olea Contreras, el encargado de la puerta principal Régulo Ramírez Zapata: el jefe de seguridad, Joaquín Emilio Sánchez de la Cruz; el primer comandante de custodios, José Efraín de los Santos Vidal y el segundo comandante Humberto Francisco Salinas Jacinto, fueron arraigados e interrogados en el mismo penal el miércoles, por el agente del MP, López Sotelo.