Afecta a Guerrero la baja de 6% al presupuesto del INI: Pedro de Jesús

* Señala que para cumplir compromisos de obras en las comunidades recurrirá a instituciones altruistas

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El delegado del Instituto Nacional Indigenista (INI), Pedro de Jesús Alejandro, se quejó ayer de la reducción presupuestal a esa dependencia federal para este año que es del 6 por ciento y por la cancelación del Fondo para la Infraestructura Básica, con el que se realizaban obras principalmente de servicios públicos, por lo que dijo que recurrirá a los apoyos de fideicomisos e instituciones altruistas para cumplir con compromisos en comunidades indígenas.

Sin embargo, el funcionario rechazó que la tendencia del gobierno sea la dependencia del sector privado para la atención al sector indígena o desaparecer ese Instituto, como se ha venido anunciado desde hace dos años.

Al rendir ayer su informe anual de labores, De Jesús Alejandro dijo que aún se desconoce cuál será el presupuesto general que destinará la Dirección general para la delegación del INI en Guerrero este año pero que, por lo pronto, hay una autorización de una partida inicial de 47 millones de pesos que serán destinados, fundamentalmente, para la remodelación de albergues, programas de salud, procuración de justicia, proyectos productivos, para el apoyo a iniciativas de la mujer y para el programa de atención a migrantes.

El ex dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI) informó que la Dirección general del INI solicitó un presupuesto para ejercer este año de 3 mil millones de pesos, pero que apenas le autorizaron mil 340 millones que representa una reducción del 6 por ciento con respecto al año pasado.

Agregó que aunado a esta reducción presupuestal también desapareció el Fondo para Infraestructura Básica con el que la dependencia se encargaba de realizar obras, sobre todo de servicios, como aulas escolares, electrificación, albergues y vivienda en las comunidades indígenas.

En entrevista antes de su informe, el delegado del INI, De Jesús Alejandro, rechazó uno de los argumentos que se dieron en el Congreso de la Unión respecto a la reducción presupuestal para esta dependencia, en el sentido de que los recursos que ejecuta el INI son mayoritariamente en zonas urbanas. Dijo que eso es mentira, pero además aseguró que los pocos recursos que se ejercen en programas para las zonas urbanas son justificables.

En el caso de Guerrero dijo que se han hecho pocas obras en zonas urbanas, “estaría hablando de Acapulco y de Zihuatanejo, que socialmente se justifican porque yo personalmente he constatado que en Zihuatanejo los niños viven casi desnudos en colonias marginadas, a la orilla de la ciudad de Zihuatanejo y ahí es donde construimos el año pasado aulas y en donde hemos construido un comedor indígena y el objetivo es construir un albergue indígena porque sí se necesita y tiene una alta justificación”.

Señaló que en Acapulco el año pasado se construyeron cuatro aulas en la colonia Hermenegildo Galeana, donde “se justifica porque están ahí los compañeros indígenas desatendidos desde el huracán Paulina“. Informó que es en estos dos lugares en donde se ha hecho obra pública en Guerrero en zonas urbanas, donde el INI ha ejercido poco más de un millón de pesos, y agregó que “la inmensa mayoría del presupuesto está en la Costa Chica, en La Montaña Alta, en la zona centro y en la zona norte”.

Pedro de Jesús Alejandro dijo que cuando menos la Delegación en Guerrero no va a dejar desamparadas a las comunidades indígenas “y por eso estamos buscando la otra alternativa, si no tenemos recursos fiscales para obra pública, nosotros vamos triplicar los esfuerzos porque estas fundaciones e instituciones altruistas vengan a Guerrero e inviertan recursos en educación, en salud, en proyectos productivos y en obra pública”.

Indicó que por el momento no tiene claro cuánto logrará captar de estas instituciones en el presente año, pero informó que el año pasado obtuvo 20 millones de pesos a través de este mecanismo, “y pensamos que este año por lo menos esa cifra la alcanzamos. Yo espero que a nivel nacional e internacional las fundaciones puedan voltear hacia Guerrero, no nada más a Chiapas o a Oaxaca”.

Por otra parte, en su informe, el delegado del INI dijo que en las cárceles de Guerrero hay 290 indígenas presos, de los cuales el año pasado apenas 17 lograron obtener su libertad, con la asesoría jurídica de esa dependencia federal. Informó que la mayoría de ellos están recluidos por delitos contra la salud y por conflictos agrarios.

En Costa Azul, 30% de los ingresos prediales del ayuntamiento: Sierra

* Recorre la síndica las agencias recaudadoras municipales

Nelly Bello * Mientras que la agencia recaudadora municipal de Costa Azul, por sí sola, recauda 30 por ciento del impuesto predial de Acapulco, la de Renacimiento atiende al mayor número de contribuyentes, informó la síndica Gloria Sierra López.

Las otras cinco agencias reciben diariamente a unas 400 personas, según constató la edilesa ayer durante un recorrido por esas oficinas para comprobar la atención que los empleados dan a los ciudadanos.

En entrevista durante el recorrido, informó que la agencia número 1 ubicada en Costa Azul es la oficina donde mayor captación económica tiene el ayuntamiento por los fraccionamientos y casas residenciales que efectúan el pago, del total representa 30 por ciento. Mientras que la agencia número 6 en Ciudad Renacimiento es la que mayor número de contribuyentes tiene pero menor captación económica.

En el recorrido por las agencias de recaudación, los encargados de la oficina solicitaron a la síndica Gloria Sierra López la rehabilitación de los inmuebles. No hubo quejas, solo ciudadanos que se acercaban a la edilesa para preguntarle sobre los descuentos que aprobó el Congreso local que en enero significarán 14 por ciento para los cumplidos sin adeudos, 2 puntos porcentuales más que el año anterior.

El 1 de enero las seis agencias de recaudación de rentas abrieron sus ventanillas para la captación que integra la mayor parte de los recursos propios del ayuntamiento. A diferencia de años anteriores, la administración zeferinista trató de “aminorar” los trámites y el tiempo de pago, según explicó en el trayecto la síndica.

En las agencias hay butacas donde el contribuyente espera con ficha en mano el llamado del encargado, que después lo conducirá a la caja para el pago final de su impuesto por predio construido y sin construir.

En la agencia recaudadora número 2, ubicada en la Costera rumbo a Caleta, junto al restaurán Pollo Feliz, había pocos ciudadanos ocupados en el trámite, pero los que encontró la síndica, sorprendidos, observaban el tumulto de reporteros y fotógrafos, que excedía el número de presentes en el inmueble.

El ciudadano Ricardo Ochoa indicó que siempre que ha tramitado algún documento oficial tiene suerte, pues “son pocas las vueltas burocráticas que doy”.

En Costa Azul, el encargado de la oficina, Víctor Preciado, indicó a Sierra López que se reparten 400 fichas diarias, y que los ciudadanos tardan en ser atendidos de 10 a 15 minutos. El número de contribuyentes es similar en las agencias que visitó ayer la síndica, donde sólo hay una caja de cobro.

Las únicas agencias con dos cajas están en el viejo edificio del ayuntamiento y en Renacimiento. A esta última acude el mayor número de contribuyentes y comparte espacio fisico con la agencia del Ministerio Público y una comandancia de la Policía Judicial.

En el caso de Renacimiento, la síndica recordó que hace varios meses solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que el área que utiliza del edificio propiedad del municipio la intercambie con la agencia recaudadora y ocupe la parte alta pero comentó que hasta el momento no ha recibido respuesta.

En la oficina número 4, de La Garita, la síndica explicó a los ciudadanos que su visita es para escuchar las quejas y combatir la corrupción que llegara a generarse en esas oficinas. Reiteró el anuncio que el ayuntamiento publicó a principios de enero, en el sentido de que el contribuyente puede pagar en la agencia más cercana.

El encargado de la agencia, Jaime Camps, mostró la tabla de resultados que ha obtenido en su oficina. Ayer había más de 400 personas en las oficinas municipales con la intención de pagar sus impuestos.

Indicó que la oficina tuvo un total de contribuyentes morosos equivalente a 21 por ciento en el 2001, cifra que espera reducir este año.

El ambulantaje incrementado

En la última agencia que visitó, la número 3 ubicada en Bernal Díaz del Castillo, la síndica fue felicitada por Carmen Barragán Cruz, quien se quejó de la mala imagen de los ambulantes que lidera el priísta Antonio Valdés Andrade.

Sierra López respondió que el alcalde tiene un proyecto que falta consensuar con los ambulantes y los establecidos, y que espera una propuesta de la comisión de Comercio y Abasto Popular del cabildo.

Luego de su plática con la ciudadana, precisó que la promoción del ambulantaje se ha dado por la falta de una propuesta de solución, “pero no lo ha generado la comisión” que encabeza la perredista Abelina López Rodríguez.

Destituye la Secretaría de Finanzas al adminustrador de las grutas

* En un informe sobre la auditoría, la dependencia señala que se encotró un faltante de más de un millón 250 mil pesos por el cobro de boletos no reportados

De la corresponsalía, Chilpancingo * Entre hoy y mañana, la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal podría presentar una demanda penal contra el administrador de las grutas de Cacahuamilpa, Gabriel Ortiz Bonal, a quien en una auditoría la semana pasada se le encontró un faltante de más de un millón de pesos.

El informe de la Secretaría de Finanzas dice que se descubrió doble boletaje del cobro de las entradas a las grutas que expedía el administrador, Gabriel Ortiz Bonal.

El monto de esos cobros que nunca fueron reportados a las arcas de la Secretaría de Finanzas asciende a un millón 250 mil pesos, por lo que se determinó separar del cargo al citado funcionario e incluso iniciarle una demanda penal en su contra por presuntos desvíos de recursos públicos.

La auditoría, dice el informe, la realizaron el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Alejandro Gómez Santoyo; la directora general de Fiscalización, Lorena Salgado y el director general de Recaudación, David Fernández Parra.

Por lo pronto, informó una fuente confiable de la Secretaría de Finanzas, se determinó la destitución del citado funcionario que es cercano al senador priísta Héctor Vicario Castrejón, y con quien, aparece en fiestas en varias fotografías que fueron encontradas en sus oficinas en las grutas.

Por su parte, el dirigente del movimiento de protesta que exige la concesión del sitio turístico a cuatro comunidades, José Luis Hernández Rosas, señaló que van a seguir con su protesta hasta que el gobernador René Juárez Cisneros les dé una respuesta positiva respecto a su demanda.

Entrevistado vía telefónica, el líder dijo que el titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, Rafael Acevedo Andrade, es el responsable de esta situación porque debió de haber atendido el acuerdo del Congreso local que le pidió que a las comunidades aledañas a las grutas se les entregara el 25 por ciento de las ganancias económicas de la explotación de las instalaciones.

Los pobladores mantienen tomadas las instalaciones desde el pasado primero de enero y se han hecho cargo de la administración.

Confirman dictamen para ejercer acción penal contra Hugo Vázquez

* Será en la próxima sesión del Consejo Universitario cuando se presentará el fallo de los abogados, informa Eloy Cisneros

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Eloy Cisneros Guillén, miembro de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario, confirmó que en la próxima sesión del Consejo Universitario se dará a conocer el dictamen de abogados universitarios, en el que se mandata al rector de la UAG, Florentino Cruz Ramírez, para ejercer acción penal y expulsar de la institución al ex rector José Hugo Vázquez Mendoza y a cinco funcionarios de su administración, por haber desviado más de 25 millones de pesos.

Entrevistado al término de los registros de los candidatos a la Rectoría de la UAG, señaló que desde que se presentó el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia al pleno del Consejo Universitario, en octubre de 2001, “era evidente que se apegaba a la verdad y al derecho, sin embargo recibimos con mucho agrado la opinión de cuatro abogados que nos apoyaron en el aspecto jurídico, en este caso Marcial Rodríguez Saldaña, Carlos Berber Reséndiz, Román Ibarra Flores y Guadalupe Boyas Bernabé”.

El fallo, dijo, se presentará en la próxima sesión del Consejo Universitario y vamos a demandar que haga uso del derecho que le corresponde para que se determine sobre los casos, “nosotros estábamos convencidos que nuestro dictamen era correcto y lo seguiremos defendiendo porque no queremos que siga la impunidad en la UAG”.

Manifestó que el retraso para el castigo de Hugo Vázquez y de sus funcionarios se debe a que ” en aquella sesión del Consejo Universitario los integrantes estaban cansados y se determinó lo más fácil, pero creemos que muchos de los consejeros están pendientes pues nos han dicho que contamos con su respaldo, en base a ello vamos a pedir que intervenga otra vez el Consejo Universitario”.

Explicó que será el pleno del Consejo Universitario el que determine las sanciones contra el ex rector; “tal vez tendrá que presentarse una denuncia penal y la expulsión de la universidad, por eso Florentino Cruz deberá permitir que en la próxima sesión del Consejo Universitario se presente el dictamen”.

Cisneros Guillén agregó que al determinar el Consejo Universitario la consignación de Hugo Vázquez y sus funcionarios ante la Procuraduría o cualquier agente del Ministerio Público, se haría la valoración jurídica y correspondería a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que preside Alejandro Bernabé González, actuar en consecuencia”.

Recordó que el fallo incluye la expulsión de Hugo Vázquez y su consignación ante las autoridades correspondientes, así como del ex tesorero Francisco Barrera Villa; la ex cajera general Yanira Gallardo Moreno, el ex director de Obras y Proyectos, Graciano Villegas Barrientos; y la ex jefa de Mantenimiento en la Zona Sur, Judith Martínez Romero.

Por otro lado, descartó que la alianza que existe entre los ex rectores Gabino Olea Campos y Hugo Vázquez, al interior de la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), obstaculice los trabajos ” para la Comisión de Honor y Justicia, no sucederá esto porque nada va a quedar impune en la universidad”.

Insistió en que ningún funcionario o corriente política va a influir en el fallo, “porque hay un desvío en términos generales de 25 millones de pesos”, y dijo también que desafortunadamente a la Comisión de Honor y Justicia no le tocó investigar las desviaciones del figueroista Gabino Olea Campos. “No estuvo en nuestras manos revisar esta situación de quien le abrió las puertas de la UAG a Rubén Figueroa Alcocer”, concluyó.

Diputados locales pedirán opinión de federales sobre iniciativas de Acapulco

* Se reúne la Comisión de Hacienda del Congreso

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado acordó solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión su opinión jurídica sobre la procedencia constitucional de que el ayuntamiento de Acapulco tenga su propio Código Fiscal, su Ley de Catastro y su Ley de Hacienda, la cual será determinante en la elaboración del dictamen correspondiente.

Así lo informó el diputado Juan Adán Tabares, uno de los dos perredistas miembros de esa comisión, quien dijo que tal acuerdo se tomó en la reunión que los integrantes de ésta sostuvieron ayer.

La reunión de la Comisión de Hacienda se efectuó a las 3 de la tarde, momentos después de que terminó la sesión del Congreso local, que fue sólo de trámite.

A ella asistieron los cinco integrantes de la Comisión: por el PRD Juan Adán Tabares y Rosario Merlín García, y por el PRI, su presidente, Abel Echeverría Pineda, Ernesto Sandoval Cervantes y José Luis Román Román.

En términos generales, Juan Adán dijo que los argumentos esgrimidos por los diputados priístas fueron que el crear un Código Fiscal, una Ley de Catastro y una Ley de Hacienda es inconstitucional porque ya existen esas leyes para el ámbito estatal.

Y los argumentos perredistas es que al aprobar una Ley de Ingresos Municipal –lo cual ya ocurrió– es necesario aprobar leyes fiscales que la normen, y que así lo faculta la propia Constitución federal en su artículo 115.

Como esos argumentos son los mismos que se han defendido en las sesiones de la Comisión de Hacienda, esta vez la reunión sólo duró 15 minutos, pues los diputados acordaron sólo pedir la información especializada a la Cámara de Diputados federal para tomar la decisión final, sobre aprobar o rechazar las leyes fiscales municipales en Acapulco.

Niega Carlos Alvarez que presione al Congreso para la aprobación de leyes

* No pretendemos politizar el asunto, asegura la síndica Gloria Sierra

Nelly Bello * El secretario de Administración y Finanzas, Carlos Alvarez Reyes, negó que las declaraciones a favor de las iniciativas de leyes fiscales que envió el Cabildo al Congreso local sean mecanismos de presión para su pronta aprobación.

Por su parte, la síndica Gloria Sierra López invitó al presidente de la comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Abel Echeverría Pineda –quien el domingo ofreció una conferencia de prensa para contradecir a Alvarez Reyes sobre el tema–, a hacer una consulta popular en Acapulco sobre los beneficios de las iniciativas.

Entrevistado vía telefónica, Alvarez Reyes reiteró su respeto al Congreso local y aseguró que en las entrevistas grabadas que tiene nunca se refirió al Legislativo con falta de respeto, pues tiene buena relación con todos los diputados locales, incluido Echeverría Pineda.

Sobre la crítica del legislador priísta al desplegado del ayuntamiento difundido en periódicos locales sobre los beneficios de las iniciativas, Alvarez Reyes explicó que esa publicación tiene como objeto informar a la ciudadanía para el caso de que las leyes municipales sean aprobadas.

–Lo acusa de presionar al Congreso para la aprobación de las iniciativas.

–Si el hecho de informar significa presión, pues para nosotros esto tiene una óptica distinta, porque es obligación de la autoridad municipal informar a los ciudadanos que lo eligieron del estado de ciertos asuntos públicos.

Agregó que el Congreso local es una instancia para la aprobación de leyes que beneficien a los ciudadanos, y “si existiera deficiencia jurídica (en las iniciativas), les corresponde a los diputados subsanarlas con beneficio a los ciudadanos”.

Insistió en que su actuación fue y será siempre institucional. “Si en lo personal le quieren dar otra interpretación, siempre tendrán mi respeto”, dijo.

Sobre el calificativo de “inconstitucional” que dio el diputado priísta a las iniciativas, el funcionario zeferinista aclaró que el párrafo aludido de las reformas al 115 constitucional –en la explicación de motivos municipal–, la administración lo interpreta como nueva facultad en la constitución federal que da la posibilidad de “mejorar tanto la legislación fiscal como la administración tributaria”.

Añadió: “Hay un principio en derecho en el sentido de que lo que no está prohibido está permitido, y en la constitución no le prohíben al municipio presentar sus iniciativas”.

Enumeró los municipios mexicanos que cuentan con sus propias leyes fiscales, –varios de ellos gobernados por el PAN– como Querétaro; casi todos los del estado de Aguascalientes; Mérida, en Yucatán; Los Cabos y La Paz, en Baja California; Gómez Palacio, en Durango, ejemplos que el ayuntamiento de Acapulco envió, para su conocimiento, al Legislativo estatal el 11 de enero para argumentar la constitucionalidad.

Aclaró una confusión del diputado respecto de la síndica que lo acompañó a la sesión del Congreso a la presentación de las iniciativas, pues fue con Gloria Sierra López, no con Adela Román Ocampo, a quien Echeverría Pineda aludió en una supuesta reunión el 28 de diciembre, que en realidad fue el 15 de diciembre.

Insistió en el respeto institucional que tiene el ayuntamiento con el Congreso local, “siempre con ánimo de mejorar relaciones”.

Además de conferencia, consulta popular: Sierra

La síndica procuradora Gloria Sierra López se congratuló con la aclaración del diputado priísta, pero lo invitó a consultar a los acapulqueños.

“Le quiero decir a Abel Echeverría que no se sienta presionado, debe tomar las cosas como representante popular, y que, al contrario, lo invito a que conjuntamente hagamos una consulta ciudadana para ver qué es lo que quieren los acapulqueños, para tomar en cuenta, porque no es una decisión unilateral que puedan tomar los diputados, son tiempos modernos, democráticos, en los que valdría la pena saber qué opinan”.

Indicó que el Congreso local tiene prevista una reunión hoy para adaptar el paquete fiscal e insistió en que el objetivo del gobierno municipal es pugnar “por un mejor ayuntamiento, con facilidades para la participación de impuestos, derechos y contribuciones, para crear la cultura fiscal”.

Indicó que Alvarez Reyes cumple su función como secretario de Finanzas al buscar la difusión de esa cultura fiscal sin politizar el tema. “No pretendemos politizar el asunto, lo invito para ver la ampliación de la información que estamos dando a los acapulqueños, no se trata de protagonismos es simplemente una cuestión técnica”, dijo Sierra López.

Alejandro Díaz Garay

¿Son confiables las encuestas?

Desde la década pasada la cultura de las encuestas empezó a tener mayor arraigo en la sociedad mexicana, cobrando fuerza en las elecciones federales de 1994. Las empresas de opinión pública empezaron a surgir como hongos después del escampe, principalmente en la capital. Previendo esta moda un grupo de consultores decide fundar en septiembre de 1992 la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), con el objeto de “establecer normas de calidad y estándares comunes en métodos y técnicas relacionados con la investigación de mercado” y estudios de opinión.

En el plano internacional existe la Asociación Mundial de Profesionales de la Investigación de Mercados y Opinión Pública (ESOMAR), con sede en Holanda, fundada en 1948 y que aglutina alrededor de 4 mil miembros de 100 países. En México, la doctora Ana Cristina Covarrubias es la representante de ESOMAR en México. “La misión de esta asociación mundial consiste en promover, a nivel mundial, el uso de la investigación de mercado y opinión pública, para mejorar el proceso de toma de decisiones en las empresas y en la sociedad en general”.

La AMAI emite boletines y cuestionarios que son seguidos no sólo por sus 35 socios, sino por un buen número de consultorías que tal vez no reúnan el requisito de facturación mínima requerida de 6 millones de pesos para aspirar a ser miembro, pero que en la práctica han demostrado tener mayor “tino” a la hora de hacer un pronóstico electoral; tal es el caso del CEO de la U de G.

Una de las razones del incremento en la cultura de las encuestas se debe a la aplicación de la planeación estratégica en las campañas electorales. En este sentido, los partidos políticos deben hacer uso de la encuesta como una herramienta que coadyuve a la aplicación de la planeación estratégica de una campaña política, no debiera usarse como instrumento de propaganda. Algunos partidos y candidatos tienen la falsa idea de que manipulando el resultado de las encuestas van a mejorar la posición de su imagen ante la sociedad. Está demostrado que la mayoría de la gente apoya al candidato “A” por ser de su partido, su amigo, su paisano, por su programa de trabajo, por considerarlo honesto, honrado, carismático, mas no por leer en la prensa que va arriba en las encuestas.

Las encuestas las mandan a hacer los partidos políticos, los candidatos, los medios de comunicación y en menor escala, los gobiernos. La confiabilidad de una encuesta depende de los lineamientos metodológicos de quien la realice. No siempre se publican los resultados de una encuesta; sólo cuando los resultados favorecen a quien mandó hacer la encuesta.

En el 2000 Ana Cristina Cobarrubias, inspirada en una publicación de ESOMAR titulada Guía para encuestas de opinión pública, da a conocer un artículo titulado Diez reglas prácticas de cómo leer encuestas electorales, que en resumen plantea: 1. Fijarse en los datos, en la explicación de los mismos y en la ficha metodológica; 2. Diferenciar entre porcentajes “crudos” (que incluyen la “no información” o sea la proporción de personas que no declaró su intención de voto) y porcentajes “ajustados” (que no incluyen la “no información”); 3. Interpretar correctamente el “error de estimación”. El que publican se aplica sobre los datos “crudos” (totalidad de muestra). Su correcta lectura es en términos de intervalos que hay que calcular para cada una de las cifras dadas para los diferentes contendientes. Unicamente en el caso de intervalos que no se traslapan se puede hablar de diferencias estadísticamente significativas. Si no hay diferencia significativa entre las cifras de uno y otro contendiente, no se puede saber quien va adelante; 4. Sólo encuestas realizadas en lapsos de tiempo equivalentes son estrictamente comparables entre sí; 5. Tomar nota del “universo” que representa la muestra; 6. Por lo que toca al tamaño de muestra, el consenso internacional (ESOMAR) es el empleo de muestras de mil a 2 mil casos para representar globalmente una población infinita como puede ser la de un país. En contiendas cerradas que exigen mayor precisión de los estimadores, es necesario aumentar los tamaños de muestra; 7. El procedimiento de muestreo y del grado de dispersión de la muestra. Deben aplicarse como máximo 20 entrevistas por cada punto de muestreo; 8. Conocer la técnica de recolección de información. Hoy por hoy para representar con precisión la totalidad de la población la mejor aproximación es la encuesta en vivienda, cara a cara; 9. La forma como se formulan las preguntas; 10. Experiencia de la empresa investigadora.

Si bien no existe un número único para aplicar encuestas poblacionales, a mayor número de ciudadanos encuestados menor será el margen de error (Poisson y Bernuille). También es preciso señalar que las encuestas sólo miden el grado de aceptación o rechazo de un candidato en un momento determinado, preferencia que puede variar en el tiempo. En este sentido, una encuesta aplicada en septiembre será más certera que una aplicada en enero.

En la estadística descriptiva las llamadas poblaciones infinitas son aquellas mayores a 100 mil habitantes. Es el caso de Acapulco. La encuesta que está próxima a realizar la empresa Mitofsky, a través del actuario Roy Campos, consta de 500 cuestionarios, un nivel de confianza del 95.5% y, supongo, que un valor de p=q=50 de las posibilidades de respuesta, lo que daría en el mejor de los casos un margen de error de +/- 4.5%. Si los resultados de esta encuesta pagada por el PRI Guerrero son para normar un criterio de quien va arriba en la preferencia electoral de los siete precandidatos, el margen de error se antoja muy alto, a menos que el puntero lleve mínimamente nueve puntos porcentuales de diferencia sobre su más cercano competidor. Vale decir que Mitofsky es miembro de AMAI.

En el olvido, historias similares a la de Rodolfo Montiel y Tedoro Cabrera

* Seis campesinos de la sierra de Petatlán, detenidos entre febrero del 2000 y julio de 2001 por efectivos del Ejército con motivo de su participación en la defensa de los bosques, y uno de la sierra de Zihuatanejo, arrestado porque fue confundido con un homónimo, forman el grupo ecologista

Maribel Gutiérrez (primera parte) * En contraste con la amplia difusión que tuvo el caso de dos campesinos ecologistas que hasta el 8 de noviembre de 2001 estuvieron encarcelados en Iguala, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ha quedado al margen de la atención pública la situación de siete presos que también se identifican como campesinos ecologistas, recluidos en Acapulco.

Igual que los famosos Montiel y Cabrera, los presos de Acapulco fueron detenidos por tropas del Ejército en la sierra de Petatlán, entre febrero de 2000 y junio de 2001, y torturados para obligarlos a declararse culpables de diversos delitos.

Los siete participaban en la protección de los bosques, localizados en un territorio que en los últimos cuatro años ha sido escenario de conflictos en los que aparecen, por un lado, grupos de poder que explotan la madera, que según denuncias están vinculados al poder del narcotráfico y al poder político, y que cuentan con la protección del Ejército y contratan policías a su servicio, y por otro lado campesinos que se defienden del dominio de esos grupos.

Aunque hay estas similitudes, los siete ecologistas del reclusorio de Acapulco no forman un grupo homogéneo. Los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en sus demandas sólo incluyen a cuatro: Pilar Martínez Pérez, Moisés Martínez Torres, Gerardo Cabrera González y Francisco Bautista Valle. Pero en el reclusorio se reconocen por igual como ecologistas, y pertenecen al mismo comité Alfredo García Torres, Alvaro García Avila, Juan García Avila y José Coria Sánchez.

Excepto Gerardo Cabrera, el preso más reciente, que aún tiene abierto el proceso penal, los otros tienen condenas de más de diez años, que para ellos sólo se explican como parte de la represión a los movimientos en los que participaban en la sierra, en defensa de los bosques y contra la violencia de los caciques y el Ejército.

El febrero del año 2001, los comisarios ejidales y municipales de La Botella, Colonia Juárez, El Camalote, Llanos de la Puerta, y Piedra de Veliano, del municipio de Petatlán, y de Mineral de Real de Guadalupe, y Vallecitos de Zaragoza, municipio de José Azueta, certificaron mediante cartas la participación en el cuidado de los bosques de los ecologistas que están presos, e incluyen por igual a los siete.

José Coria Sánchez: El peligro de pasar por un retén policiaco

El único en el grupo que reconoce que no fue detenido por su participación en el movimiento ecologista es José Coria Sánchez, de 32 años, originario de Vallecitos de Zaragoza, en la sierra de Zihuatanejo, municipio de José Azueta, en donde es propietario de una tienda de abarrotes. Es el de más antigüedad en la cárcel, donde lleva más de tres años.

Es parte del grupo de presos ecologistas porque cuando estaba en libertad participaba en la protección y defensa de los bosques, y sus compañeros así lo reconocen.

Narra que fue arrestado en un retén de la Policía Judicial del Estado, y acusado de participar en un secuestro, sólo porque tiene casi el mismo nombre que uno de los verdaderos plagiarios, José Luis Coria Pimentel, quien desde el año 2000 está en la cárcel y reconoció que fue él quien participó en el secuestro de la niña, y que José Coria Sánchez no participó, y lo mismo han dicho otros cinco secuestradores que confesaron los hechos. Pero la justicia no ha rectificado el error cometido contra José Coria, que está sentenciado a 22 años de prisión.

El 13 de noviembre de 1998, en Zihuatanejo fue secuestrada la niña de 12 años, Laura Kim Boccato, hija del empresario alemán dueño del hotel Villas del Sol, de ese sitio turístico. La menor fue liberada el 17 de noviembre, después de que sus padres pagaron 3 millones de pesos por el rescate, de los cuales la Policía Judicial recuperó sólo la mitad.

En búsqueda de los plagisrios, la Policía Judicial del Estado estableció retenes en los alrededores de Zihuatanejo. Dos días después de la liberación de la niña, en uno de esos retenes fue detenido José Coria.

“Me agarraron el 19 de noviembre de 1998 en Rancho El Cundán, porque pasé por el retén que tenía la Policía Judicial del Estado. Ahí estaba el comandante Gelacio Salto. Pasé por el retén, el comandante me preguntó mi nombre, le dije que José Coria Sánchez, buscó en una libreta, se fijó en una lista que tenía y vio el nombre de José Luis Coria Pimentel; él es también de Vallecitos, es mi primo hermano, pero él tiene 26 años y yo 32.

“Me pidió mi identificación donde venía mi nombre completo. El comandante de la PJE la vio, se enojó, y la tiró al suelo, no me la regresó. En mi credencial se veía que no era el mismo nombre de la lista. De todos modos dijo que yo tenía orden de aprehensión.

“Me llevaron detenido a ciudad Altamirano, y ahí empezó la tortura, de ahí a Chilpancingo y después a Zihuatanejo; ahí me siguieron torturando”.

Narra José Coria que en Ciudad Altamirano le vendaron los ojos, y lo golpeaban, mientras le hacían preguntas relacionadas con el secuestro de la niña y con el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), al que le querían atribuir ese delito.

Dice que después de que lo torturaron en ciudad Altamirano, en Chilpancingo y en Zihuatanejo, lo llevaron a la Agencia del Ministerio Público de Petatlán. Todo el tiempo iba con los ojos vendados.

“Me llevaron a una playa donde oía los ruidos del agua del mar. Ahí me torturaron más.

“Después me peinaron y me vistieron, y me llevaron a hablar con el procurador (Carlos Javier) Vega Memije. Ahí me quitaron la venda. Me dieron unas hojas donde decía cómo era la camioneta en la que hicieron el secuestro y cómo era la niña. Me querían obligar a repetir lo que decían las hojas, pero yo no sabía nada. Cuando me vio el procurador, él se dio cuenta, y les dijo a los judiciales: este amigo no sabe.

“Después me volvieron a llevar a los separos, y me siguieron torturando”.

“Yo no debo nada y llevo ya tres años encerrado. No hay pruebas en mi contra. Cuando pasó el secuestro yo estaba en mi rancho, en La Calera, tenía peones trabajando, porque sembraba pastura y maíz, pero no tomaron en cuenta esas pruebas”.

Dice que tampoco tomaron en cuenta las declaraciones de José Coria, el culpable del secuestro, que fue encarcelado y procesado por ese delito en el 2000: “Cuando cayó José Luis Coria Pimentel, él dijo que yo no fui, pero no tomaron en cuenta su declaración.

“Me sentenció la juez Diolegaria Sánchez Nájera a 22 años y medio. Unos cinco días antes de mi sentencia ella me mandó sacar del dormitorio y me dijo: “Mira, Coria, yo sé que tú no fuiste, pero desgraciadamente así son las leyes, chingatorias”.

Ayudaba a cuidar los bosques

En el reclusorio, junto a otros miembros del Comité de Presos Políticos y de Conciencia, José Coria explica porqué pertenece al grupo de los presos ecologistas, y sus compañeros lo respaldan. “Soy ecologista porque trabajo apagando las lumbres (cuando estaba en libertad). Colaboraba con Alfredo García Torres (otro de los presos ecologistas, también de la sierra de Petatlán) apagando los incendios forestales, y cuidando los bosques para evitar la tala clandestina”.

–¿En qué lugares trabajó para cuidar los bosques?

–Trabajé en el cuidado de los bosques en Las Palancas, El Jilguero, El Balcón y en el ejido al que yo pertenezco que es Real de Guadalupe. Donde quiera que había incendios, allá íbamos.

El abogado de José Coria, Germán Salinas Hernández, asegura que no hay evidencias de su participación en el secuestro, y que incluso el Tribunal Colegiado que le negó el amparo la primera semana de diciembre del 2001 reconoce que no tuvo participación directa, pero le negó el amparo con base en un indicio “de oídas”, porque un testigo, Marcelino González Valdovinos, dijo que cuando estaban repartiendo el dinero del rescate uno de los secuestradores dijo que iba a apartar una cantidad para José Coria Sánchez.

Señala que en el expediente aparece que en el año 2000, José Luis Coria Pimentel dijo que fueron ocho los secuestradores, y lo mismo declaró en 1998 otro de los secuestradores, Roberto González Valdovinos, y entre los ocho no está José Coria Sánchez.

Pero el Tercer Tribunal Colegiado “le carga la mano a José Coria”, y el abogado opina: “Puede haber parcialidad porque el magistrado presidente, Isidro Avelar, fue secuestrado en Jalisco, y lo fueron a tirar a Morelos”.

Explica que la negativa del amparo se basa también en que supuestamente José Coria acordó llevar a los secuestradores en fuga, pero no hay ninguna prueba de que hubo ese acuerdo entre José Coria y los secuestradores, ni coincide el lugar en que estaban los secuestradores en fuga con el lugar donde estaba José Coria, a muchas horas de distancia.

El abogado afirma que la declaración “de oídas” en que se basó la condena, así como la supuesta confesión de José Coria, fuerton arrancadas bajo tortura, y en el expediente se demuestra que el detenido tenía lesiones. Pero el agente del Ministerio Público de Zihuatanejo que integró la averiguación, Gilberto Bello de la Cruz, dijo que estaba golpeado porque se resistió al arresto.

Exige el FACDDI el resultado de auditoría a la alcaldía de Acatlán

* Acusan al alcalde y al síndico del lugar del desvío de 20 millones de pesos para obra pública

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Dirigentes del Frente Amplio contra la Corrupción y por la Dignificación y el Desarrollo Integral del municipio de San Luis Acatlán (FACDDI) advirtieron que radicalizarán su movimiento y lo trasladarán al plano federal si esta semana no les entregan los resultados de la auditoría al ayuntamiento priísta de ese lugar.

Fue ayer cuando los integrantes del FACDDI lanzaron el ultimátum a través de una carta al gobernador René Juárez Cisneros y al Congreso del Estado, donde les exigen cumplir el compromiso destituir al alcalde Abdías Acevedo Rojas y al síndico José Antonio López Lezama.

La decisión la dieron a conocer los dirigentes Ramiro Anzo Solís, Crispín Santos Calleja y Braulio Pimentel Antúnez.

Entre las demandas se encuentran la destitución del alcalde y el síndico, a quienes acusan de corrupción administrativa; castigo y devolución de lo “robado” para aplicarlo en obras y proyectos productivos en las comunidades afectadas; y la conformación de un Consejo Municipal o la sustitución de los “funcionarios ladrones por personas honestas que se propongan por el Congreso local y los pueblos y organizaciones sociales y políticas que integran el FACDDI”.

Asimismo, aseguraron que continuarán con la toma del ayuntamiento, que el pasado 10 de enero cumplió cuatro meses, hasta que se resuelva el conflicto y se castigue a los responsables “del robo del dinero del pueblo”.

Señalaron que esperan que este viernes el Congreso local y el gobierno estatal entreguen los resultados de la auditoría y que tienen una lista elaborada desde el pasado mes de noviembre, pero que inexplicablemente no se las han mostrado.

Por su parte, Braulio Pimentel indicó que el propio presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso local, el diputado priísta Roberto Torres Aguirre, les dijo que los resultados de la auditoría ya los tienen en su poder y que demostraban que Abdías Acevedo sí incurrió en irregularidades.

Asimismo, que también les indicó que el acusado no entregó la cuenta pública de ningún mes del 2001.

Agregó que el diputado les adelantó que de acuerdo al informe que tiene (que ya le entregó la Contaduría Mayor de Hacienda), el alcalde desvió recursos por 20 millones de pesos del presupuesto otorgado en su primer año de gobierno.

Sin embargo, Braulio Pimentel dio a conocer que anteayer por la tarde se comunicó con ellos el contador mayor de Hacienda del Congreso local, Cuauhtémoc Tabares, para informarles que aún no tienen los resultados.

Por eso, indicó Braulio Pimentel, los ciudadanos de San Luis Acatlán aglutinados en el FACDDI decidieron lanzar el ultimátum al gobierno estatal y al Congreso local.

En la misiva enviada al gobernador René Juárez, el FCDDI le urge una solución a su conflicto: “En este municipio no hacen nada por la educación, la cultura, la producción agropecuaria, el equilibrio ecológico y sobre todo por la protección a la juventud y a la niñez, dejando las manos libres de gente sin escrúpulos que envilece a los jóvenes con drogas, alcohol, prostitución y homosexualidad”.

Luego señalan: “Lamentamos mucho que por intereses totalmente ajenos a la población se proteja este tipo de administraciones, y se pierda un tiempo valioso para invertir los recursos económicos que asigna la Federación en medidas para forjar un mejor futuro a los ciudadanos, pues la población está aumentando, los recursos renovables y no renovables se agotan y nuestros sistemas de producción son de hace 50 años, con lo cual no hacemos ni para satisfacer el autoconsumo, aun contando con tierras, agua y elementos humanos suficientes”.

Agregan: “Los tiempos de soportar administraciones corruptas, deshonestas e ineptas ya se terminaron, estamos en una situación de emergencia en la que cada día que se pierde significa mayores problemas para el mañana, cada peso mal invertido o no invertido es una factura muy cara que se nos cobrará en breves momentos”.

“Por esto hacemos un llamado a su gobierno para que corrija el rumbo de la administración del ayuntamiento de San Luis Acatlán, tomando en cuenta las muy graves irregularidades del manejo del presupuesto. Sobran elementos para proceder al desafuero y cambiar al presidente municipal, síndico y algunos regidores de esta comuna”.

Acusan a regidor de Xochistlahuaca por golpear a opositor de Aceadeth

* Sigue tomada la comisaría de Guadalupe Victoria

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Debido a pugnas políticas en Xochistlahuaca, el pasado 10 de enero, en la localidad de Guadalupe Victoria, el regidor Toribio Francisco Santiago agredió a golpes al indígena Alberto Santiago Espíritu, denunció ayer en Chilpancingo el dirigente del Consejo de la Nación Amuzga, Daniel Sánchez Néstor.

El denunciante fue acompañado por algunos ciudadanos, así como el comisario del lugar, Pascual Aniceto Sebastián.

Mientras tanto, seguidores de la presidenta municipal con licencia, Aceadeth Rocha Ramírez, y del actual alcalde sustituto, Aquiles Polanco Torres, mantienen tomada la comisaría de esa comunidad en demanda de la destitución de Aniceto Sebastián, de quien ya presentaron una denuncia penal por los presuntos delitos de lesiones y amenazas.

Los inconformes señalaron que el comisario, de filiación priísta y hasta antes del 10 de enero del grupo de Rocha Ramírez, es impugnado debido a que firmó y selló unos documentos para el Comité de Obras, que encabeza Aurora Modesto Flores, y cuyos integrantes son del Consejo de la Nación Amuzga, para la construcción del tanque de almacenamiento de agua con recursos que fueron gestionados .

En conferencia de prensa, Modesto Flores informó que ella gestionó recursos por 80 mil pesos junto con el Consejo de la Nación Amuzga la construcción del tanque y para que se empezara la obra acudió con el comisario Aniceto Sebastián a que le firmara los formatos de Sedesol.

De ello, Aniceto Sebastián señaló que “yo vi que no era malo, al contrario, era bueno para la comunidad y yo como comisario trabajo para todos, sean del partido que sean, por eso se los firmé”.

Dijo que posteriormente lo visitaron José Luis Rocha Ramírez, hermano de Aceadeth. “Me preguntó si era cierto que había firmado esos papeles, yo le dije que sí y me cuestionó si se estaban desviando los recursos. Yo le contesté que era para el tanque de agua”.

Explicó que el domingo llegó el presidente municipal Polanco Torres, quien también lo regañó. “Me dijo que no estaba bien que hubiera firmado esos documentos”.

Añadió que finalmente el edil sustituto le dijo: “está bien, ya ni modo ahí que quede, nada más no lo vuelvas a hacer”.

Sin embargo, el 10 de enero pasado el regidor Toribio Santiago Francisco y la encargada de Asuntos Políticos en esa comunidad, Clementina Encarnación Concepción, acompañados de sus seguidores en esa comunidad llegaron para quitarle el sello y Santiago Francisco agredió a Alberto Santiago Hernández.

Afirmó que posteriormente se presentó una demanda penal en su contra por el delito de lesiones en agravio de uno de sus seguidores, “cuando fueron ellos los que nos agredieron”.

Por su parte, Aurora Modesto Flores dijo que lo que pretenden es que “yo les entregue el dinero para que lo administren ellos, pero ese dinero lo gestioné yo junto con el Consejo de la Nación Amuzga para la construcción del tanque, no para sus bolsillos”.

Denunció que el gobernador Rene Juárez ya entregó en una ocasión 100 mil pesos para esa obra pero se los entregó a Clementina Encarnación Concepción, “quien no hizo nada y se quedó con el dinero y ahora también se quiere quedar con el que gestioné yo”.

Asimismo, Daniel Sánchez Néstor demandó la intervención del gobernador para que realice una reunión general en donde esté presente personal de Gobernación del estado y la Coddehum para lograr la reconciliación en ese lugar.

Dijo que antes de los hechos se entrevistaron con el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Jesús Vargas Vargas, a quien advirtieron que podrían suscitarse hechos de violencia. “El nos dijo que no pasaría nada y ahí están los hechos”.

Señaló que la situación ahora es más grave debido a que el grupo inconforme mantiene tomada la comisaría en demanda de la destitución del comisario, a quien le quieren quitar el sello y mandarlo a la cárcel. “Nosotros pedimos que se investigue el por qué”.

Señaló que el temor de que haya más violencia es porque el 31 de diciembre fue asesinado a machetazos el indígena de Arroyo Montaña, Margarito Agapito Pólito, quien es del grupo contrario a Aceadeth Rocha, “y antes de esta muerte hubo amenazas de parte de ese grupo”. Sánchez Néstor demandó, asimismo, que se investiguen estos ataques y se castigue a los responsables, “porque no queda duda de que fueron por motivos políticos”.