* La rebaja pasará de 12 a 14 por ciento, dice * Los contribuyentes cumplidos que tengan adeudos verán disminuido su descuento de 12 a 9 por ciento, precisa

Nelly Bello * A resultas de la recientemente aprobada Ley de Ingresos del municipio, el ayuntamiento premiará con dos puntos porcentuales adicionales de descuento –que de esta forma se elevará a 14 por ciento– a los contribuyentes del impuesto predial que, además de no tener adeudos de años anteriores, paguen en enero lo correspondiente a todo el año 2002.

Así lo informó el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Alvarez Reyes, quien explicó que, en contraparte, el descuento que reciban los contribuyentes del predial que arrastren adeudos y que paguen en enero lo correspondiente a 2002 disminuirá tres puntos porcentuales, de 12 a 9 por ciento.

Durante la inauguración de las oficinas recientemente remodeladas de la Dirección de Mercados, Alvarez Reyes informó a los empleados de esa dependencia los beneficios de la Ley de Ingresos porteña votada por el Congreso local.

Alvarez Reyes –quien en representación del alcalde Zeferino Torreblanca Galindo cortó el listón verde inaugural del recinto remodelado con una inversión de 180 mil pesos– dijo que entre las aprobaciones están descuentos a contribuyentes cumplidos del impuesto predial y una cuota fija para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Explicó durante su exposición que el descuento en el impuesto predial –que representa la mayor parte de los recursos propios del ayuntamiento– será de 14 por ciento a los contribuyentes que paguen en enero. De esa cifra, 9 por ciento es el descuento que por ley se otorga cada año, y 5 por ciento es el descuento adicional. Un descuento del 12 por ciento será a los que paguen en febrero, 7 por ciento por pronto pago y 5 por ciento por cumplir y no tener adeudos anteriores.

El secretario de Finanzas –y aspirante a la alcaldía– explicó a los empleados los beneficios para los ciudadanos para que difundan la información y los recursos recaudados los regrese el ayuntamiento en obra pública, en la que dijo esta incluida la remodelación a oficinas municipales.

Al evento, pocos funcionarios y medios de comunicación fueron convocados. Había algunos militantes del Frente Cívico de Acapulco (FCA), organismo en el que milita el director de Mercados, Benjamín Goiz Sandoval, y los empleados de la dependencia. No estuvieron los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología (SDUOPE) para explicar el procedimiento técnico, ni ediles.

El mismo Goiz Sandoval dio la bienvenida a Alvarez Reyes y le agradeció “el apoyo” para la remodelación de las oficinas deplorables, como las calificó el coordinador de los Servicios Públicos, Francisco Javier Larequi Radilla.

Las oficinas de la Dirección de Mercados se ubican en la esquina de las calles 2 de Agosto y Feliciano Radilla, a unos metros del mercado central. Antes, su aspecto llegó a ser deprimente: paredes desconchadas, piso rústico, mobiliario desvencijado, a más de que el diseño del inmueble era más bien propio para una casa habitación con patio central, no para oficinas.

Alvarez Reyes dijo que la obra pudo hacerse “gracias al esfuerzo presupuestal derivado de las medidas de austeridad y control interno” del alcalde. Agregó que “ya era necesario inaugurar las oficinas”, que fueron remodeladas para dignificar la labor de los trabajadores.

* Igual que en el tramo ya pavimentado, se tratará de una cirugía mayor en la que se restituirán las tuberías de agua potable y drenaje de las colonias vecinas * En la colonia Luis Donaldo Colosio, Zeferino Torreblanca puso en operación la calle Vergel Lupita Molina, que costó 739 mil 133 pesos

Nelly Bello * Con una inversión de casi 18 millones de pesos y una bandera blanca en mano, ayer al mediodía el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo inauguró los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la segunda etapa en la avenida Adolfo Ruiz Cortines.

La obra durará seis meses, en los que se prevén conflictos vehiculares y posible inconformidad de los usuarios de ese tramo de la Ruiz Cortines, entre la colonia Los Periodistas y la Y. Pero al término, como sucedió con La Costerita –como llaman ahora los vecinos a la primer etapa pavimentada el año pasado–, la distribución y los camellones permitirán menos accidentes con los peatones.

La obra por administración directa comenzó ayer y tiene como fecha tentativa de terminación el 7 de junio del 2002, “esperando terminar antes de la temporada de lluvias”, según dijo el subdirector de Obras Públicas, Arturo Gallardo. Tendrá una cobertura de 1.9 kilómetros con una capa de 24 centímetros de espesor de concreto hidráulico.

Además, igual que en el otro tramo ya pavimentado, se tratará de una cirugía mayor en la que se restituirán las tuberías de agua potable y drenaje de las colonias vecinas.

En el acto, donde comenzó sus trabajos la máquina que retira la carpeta asfáltica, la pulveriza y reutiliza en bacheos posteriores, estuvieron las síndicas Gloria Sierra López y Adela Román Ocampo, así como los ediles perredistas Yolanda Villaseñor Landa, Abelina López Rodríguez, Marco Antonio López García y Ofelia Abundes Catalán, y los panistas Arturo Martínez Pérez y Guillermo Cisneros Chegüe.

El segundo tramo carretero se unirá en la colonia los periodistas con el tramo de un kilómetro que comenzó el 8 de agosto del 2001 y fue inaugurado cuatro meses después, el 16 de diciembre.

Igual que en esta etapa, la cementera Cemex dará apoyo, asesoría, capacitación técnica, equipo y técnicas, así como maquinaria para el tendido y colocación del concreto.

Luego de dar el banderazo en la Ruiz Cortines, el alcalde se trasladó al fraccionamiento Luis Donaldo Colosio donde, acompañado por ediles, personajes de la socialité, la secretaria de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda, y el diputado federal perredista Félix Salgado Macedonio, cortó el listón inaugural de la calle Vergel Lupita Molina, que pasa frente a la Casa de Día del Anciano que administra Lupita Molina. La calle costó 739 mil 133 pesos.

* Superó este año a los 141 mil dólares de 2000 DTM

Al casi triplicar la afluencia de visitantes a la captada por los otros centros de playa, Acapulco registró durante la pasada temporada turística 641 mil 792 visitantes, quienes generaron 285 millones 979 mil 83 dólares, con una estadía promedio de tres días por persona y con una ocupación hotelera de 64 por ciento, informó ayer la Sefotur.

El año pasado, mediante el documento titulado por la Sefotur Resultado de indicadores turísticos del Triángulo del Sol, correspondiente a la temporada del 16 de diciembre de 2000 al 7 de enero de 2001, la ocupación promedio fue de 67.3 por ciento, la derrama económica sumó 238 millones 141 mil 440 dólares; la afluencia de visitantes ascendió a 671 mil 126 personas con una estadía de tres días.

En esta ocasión, mediante un boletín la Sefotur dio a conocer que la ocupación hotelera promedio en el Triángulo del Sol fue de 64.5 por ciento, mientras que la derrama aparentemente fue superior esta temporada fue se captó 468 millones 718 mil 353 dólares con un tipo de cambio de 9.35 pesos por dólar, y una afluencia turística también mayor al registrarse 918 mil 741 personas.

En este sentido, Ixtapa-Zihuatanejo captó turistas de mayor poder adquisitivo pues con una afluencia de 216 mil 151 turistas se generó durante una estadía de 4.5 días una derrama de 172 millones 906 mil 898 dólares y se registró una ocupación de 69.4 puntos porcentuales.

La ciudad platera de Taxco registró baja ocupación hotelera, con 64.5 puntos, la afluencia turística fue de 60 mil 799 personas que permanecieron durante 1.4 días y produjeron 9 millones 832 mil 372 dólares.

En tanto, derivado a que aún la Sefotur como la DTM no se han puesto de acuerdo en la metodología, como lo anunciaron el 14 de diciembre al iniciar la temporada recién concluida, la dependencia municipal discrepó con las cifras difundidas por la Sefotur.

En su consideración, el puerto generó una derrama de 251 millones 856 mil 540 dólares, es decir, 34 millones 122 mil 543 dólares menos según la cantidad de la dependencia estatal.

La ocupación hotelera registrada fue de 64.5 por ciento, con una estadía en promedio de tres días y con una presencia de 645 mil 786 turistas –3 mil 994 visitantes menos de la cifra difundida por la Sefotur– que gastaron en promedio mil 215 pesos con cinco centavos.

La DTM asegura que la hospedería formal se vio rebasada por la oferta extrahotelera, pues del número de turistas sólo 314 mil 966 visitantes se alojaron en las hospederías reguladas, mientras que 330 mil 820 se alojaron en el rubro que evade el pago de impuestos.

La DTM también difundió resultados anuales de la recepción de turistas durante el 2001 en hoteles regulados, así como irregulares, que en conclusión según el comparativo que realiza con el 2000 se redujo en la captación de turistas y por ende la recepción de recursos de la actividad turística.

Con una ocupación promedio de 50 por ciento y una afluencia de 7 millones 436 mil 192 turistas que permanecieron con una estadía promedio de 3.1 días, se generó una derrama económica de 2 millones 530 mil 006 millones de dólares.

El dato es comparado con el de 2000, cuando la ocupación hotelera era de 53.7 puntos,  se presentaron 179 mil 304 turistas más que al actual, por lo que la derrama económica ascendió a 141 mil dólares. Esto derivado en 216 establecimientos y la renta de 17 mil 440 cuartos que en este año no variaron, a comparación del incremento de 3.2 a 3.6 puntos la estadía promedio de turistas extranjeros y de 2.5 a 3.1 del turismo nacional. (Raquel Santiago)

* Del 16 de noviembre al 16 de diciembre del 2001 se efectuaron cambios de categorías y se otorgaron nuevas plazas * Entre los beneficiados aparecen los hijos del ex rector Gabino Olea Campos, Vladimir y Tania Olea López * Pasaron de la categoría de auxiliar académico a la de asociado “A”, una de las más altas del tabulador que sólo se otorga a los ex rectores 

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Unos 200 cambios de categoría otorgó la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a maestros y trabajadores administrativos de las corrientes políticas que apoyan al candidato de la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), Nelson Valle López.

Un estudio interno de la Jefatura de Nóminas indica que del 16 de noviembre al 16 de diciembre se efectuaron cambios de categorías y se otorgaron plazas de base al margen de los contratos colectivos de trabajo del STAUAG y del STTAISUAG, pero con el aval de sus dirigentes Jesús Alvarez Hernández y Nabor Sotelo Ortiz, respectivamente.

De acuerdo al listado que incluye a unos 200 trabajadores, los militantes de Acción Revolucionaria (AR), fueron los más beneficiados con nuevas categorías y pagos de adeudos, luego de las negociaciones sostenidas desde el mes de noviembre entre el rector de la UAG, Florentino Cruz Ramírez y el dirigente de AR, el ex rector Gabino Olea Campos.

El documento consigna que desde el 16 de noviembre del año pasado se otorgaron diversas categorías a trabajadores académicos y administrativos, militantes de esa organización, por ejemplo a Salvador Solís Gómez, quien labora en la Facultad de Medicina, pasó de la categoría asignatura “A” a la de asociado “B”.

También aparecen los nombres de los hijos del ex rector de la UAG, Gabino Olea Campos, Vladimir Olea López y Tania de los mismos apellidos, que laboran en la Escuela de Ciencias Sociales y en el Servicio Médico Universitario, respectivamente. El 10 de diciembre pasaron de la categoría de auxiliar académico a la de asociado “A”, una de las más altas del tabulador, que se otorga a los ex rectores de la universidad.

Otro de los dirigentes de AR, Odilón Colín Castrejón, profesor de la Preparatoria 24 de Buenavista de Cuellar, pasó de la categoría asociado “B” a la de asociado “A”, que se otorga a quienes han realizado sus estudios de maestría y doctorado; en la lista también aparece Angel Carrillo Chora, secretario particular del rector, a quien se le otorgó la categoría de asociado “B”, contando con el aval del secretario general del STAUAG, Jesús Alvarez Hernández, a pesar de que actualmente Carrillo Chora es personal de confianza.

También a Isidro Rueda Adán, de la Preparatoria 2 de Acapulco, pasó de la categoría adjunto “C” a la de asignatura “A”; en tanto que Aurelia Jiménez Meza, trabajadora de la Estancia Infantil, a quien el ex rector José Hugo Vázquez Mendoza le otorgó la categoría de asociado “A”, pero que en la actual administración se le bajó a la categoría de asistente de educadora, se está demandando que nuevamente se le regrese su categoría de asociado “A”.

También aparece una lista encabezada por Alberto Sierra de Jesús, Eloy Piedra Terrones, Irma Méndez Castrejón y Carlos Luna Bello –quien de acuerdo al informe de la Comisión de Honor y Justicia forma parte de quienes desviaron recursos de la UAG–, y otros 16 trabajadores, la mayoría de la Facultad de Contaduría y Administración, y dos de la de Ingeniería, a quienes se les van a restituir sus categorías.

Estos trabajadores demandaron a la UAG ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), y a pesar de que todavía no tenían laudos favorables la Rectoría acordó restituirles sus categorías y pagarles sus salarios caídos, que según informes podrían alcanzar un monto de más de 500 mil pesos.

En el se observa que las escuelas más beneficiadas con el otorgamiento de nuevas categorías son la Facultad de Contaduría y Administración, con más de 20 casos; la de Ciencias de la Comunicación con seis; la Preparatorias 7 de Acapulco con 10 casos; la Preparatoria 6 de Tecpan; la 8 de Ciudad Altamirano; la 2 y 17 de Acapulco y la 22 de Atoyac con cuatro casos, y otras como la Facultad de Turismo que encabeza una lista con tres casos de nuevas categorías.

El gobernador no está imponiendo a nadie en las candidaturas del PRI, dijo ayer René Juárez Cisneros a pregunta sobre las declaraciones de la víspera del arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, quien dijo que el Ejecutivo estatal debe garantizar elecciones “sin sobornos y sin imposiciones”.

En la entrevista colectiva al término del acto en el Instituto, Juárez Cisneros dijo: “No creo que el arzobispo se atreva a hacerme recomendaciones políticas”. El papel del gobernador, abundó, es únicamente exhortar a la unidad y a la concordia, y está “obligado a que haya cordialidad entre todos los actores políticos y así como me reúno con los del PRI me reúno con los del PRD”.

Aseguró que todos los aspirantes de su partido gozan de su simpatía, “con algunos convivo más y con otros convivo menos, pero todos son mis amigos”.

Aseguró que él no está imponiendo a nadie “porque ese no es un asunto mío, es un asunto del PRI. Aquí lo que se trata es de que todos ejerzan su libertad de aspirar y de participar, prueba de ello es que se apuntaron muchos ¿no?

–¿Está fuera de lugar entonces la declaración del arzobispo de Acapulco Aguirre Franco quien le pide garantías para que no haya sobornos ni imposición?

–No, yo tengo un gran respeto por la Iglesia católica, yo tengo una gran cercanía con los obispos, no creo que el arzobispo se atreva a hacerme recomendaciones políticas porque yo soy muy respetuoso del trabajo eclesiástico, por el contrario yo he encontrado en ellos un gran apoyo, un gran respaldo, una gran comprensión y una gran solidaridad para con el pueblo de Guerrero. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

* La ley del Impuesto Especial para la Producción y Servicios (IEPS) establece un 60 por ciento a las bebidas embriagantes con más de 20 grados de alcohol, precisa el diputado David Sotelo Rosas

Maricela Santos * El secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado, César Bajos Valverde, señaló que las cuatro entidades productoras de mezcal de la República Mexicana buscarán que la federación y que la Cámara de Diputados reduzcan el gravamen del 60 por ciento a este producto para evitar el desplome de la producción.

Dijo que los encargados del desarrollo económico de los estados productores de mezcal –como Oaxaca, Durango, Zacatecas y Guerrero– propusieron como medida inmediata plantear a la federación el daño que haría a la incipiente industria mezcalera la aplicación del Impuesto Especial para la Producción y Servicios (IEPS) tasado en la nueva reforma, puesto que los productores ven amenazada la posibilidad de comercializar el mezcal en la entidad, según declaró este domingo el coordinador del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), Pedro Quiroz Basurto.

La elaboración del mezcal en Guerrero alcanza apenas 150 mil litros anuales porque se elabora en forma artesanal, lo que hace que la fabricación y hasta el envasado estén en manos de los verdaderos productores.

No existen empresas grandes ni ventas  mayúsculas por lo que “la recaudación de ingresos será demasiado baja porque el aumento desalentará el consumo”, estimó el secretario de Desarrollo Económico.

“En estas condiciones no vale la pena establecer otro impuesto y debe reconsiderarse”, dijo Bajos Valverde quien visualizó que podría caerse en el clandestinaje y perder los controles de calidad impulsados por el gobierno estatal desde que se logró la denominación de origen para el mezcal producido en Guerrero el año pasado.

Como la disminución del IEPS depende sólo de la Cámara de Diputados, dijo que gestionará ante los legisladores de los estados productores de mezcal la reducción del impuesto en este producto “pues por lo que hemos platicado con los productores, (es que) ellos están dispuestos a pagar impuestos, pero no tan elevados”.

De parte del gobierno estatal, manifestó que continuará urgiendo a que se cree el consejo regulador del mezcal para apoyar a las plantas destiladoras y envasadoras, que están en Chilpancingo, Pilcaya y la que está por colocarse en Zihuatanejo.

La ley del IEPS, aprobada el 1 de enero por la Cámara de Diputados, señala un incremento del 60 por ciento a las bebidas embriagantes con más de 20 grados de alcohol en su contenido, pero en el artículo 8 estipula que “no pagará el impuesto establecido en esta ley el agua miel y productos derivados de su fermentación, siempre que las realicen personas diferentes a los importadores”, observó ayer en entrevista el diputado federal perredista, David Augusto Sotelo Rosas.

Ante la versión difundida un día antes de que el impuesto al mezcal sería de 20 por ciento, el diputado aclaró que el IEPS para esta bebida es del 60 por ciento.

El legislador y aspirante a la candidatura del PRD por la alcaldía de Acapulco, observó que el gravamen no afectará al grueso de los productores de mezcal sino a las empresas privadas que se dedican a la destilación y homogenización. “Creo que no se han percatado que no se grava todo el mezcal, sino el de los importadores o las grandes marcas porque hay productos de fermentación que quedan exentos”.

“Estábamos en la disyuntiva de gravar el consumo de alcohol o la leche, y tomamos en cuenta muchos factores porque estamos en un país pobre que tiene que pagar y dar servicios y destinar muchos recursos de carácter social, y en un balance de las prioridades nacionales, teníamos que gravar lo más conveniente para el país para no endeudarnos con un préstamo”, explicó.

Señaló que el IEPS establece apenas una cuota de 17.60 pesos por litro de mezcal producido, y señaló que “es curioso que cuando la Cámara de Diputados la dominaba el PRI y se aprobaba todo lo que el presidente enviaba, nadie protestaba, y ahora, llama la atención el desacuerdo y la defensa de los derechos del pueblo”.

Dijo que si bien hay muchas familias que dependen de la producción de mezcal, existen millones de familias que dependen del campo y tienen necesidades que requieren de gasto social.

Guerrerense, el 20 por ciento del mezcal nacional

En Guerrero se produce un promedio de 150 mil litros de mezcal; es decir, unos 800 garrafones cada año, lo que equivale al 20 por ciento de la producción nacional que es de un millón de litros anuales.

La mayor parte de la producción de mezcal a nivel nacional la concentra Oaxaca con un promedio de 800 mil litros anuales, casi seis veces más de lo que elabora Guerrero.

Bajo este índice de producción, la federación recaudará en Guerrero por el IEPS, 2 millones 264 mil pesos al año pues la cuota por litro es de 17.60 pesos.

La producción de mezcal aún es preponderantemente artesanal, y se realiza en poblados de clima frío principalmente. Desde hace siete años aproximadamente inició el embotellamiento del mezcal en la planta Tecuán de Chilpancingo, pero en Apango, Tixtla y Zumpango todavía se puede adquirir y ver el destilado artesanal del mezcal.

* Reunión con el subsecretario de la Sedesol

Representantes de productores de café de Guerrero se reunieron ayer con el subsecretario de Desarrollo Regional de la Sedesol, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, y con el coordinador de instituciones sectorizadas, Rafael Domínguez Morfín, a quienes plantearon la demanda de asignar recursos federales para tres plantas agroindustriales.

El subsecretario solicitó la presentación de los proyectos detallados y ofreció todo su apoyo siempre y cuando el gobernador del estado, René Juárez Cisneros, esté dispuesto a incluirlos en el Convenio de Desarrollo Social que para el caso del 2002 espera quede firmado a más tardar el 15 de febrero.

Uno de los representantes de la Cooperativa La Pintada, Arturo Martínez Nateras, que estuvo en la reunión, dijo que “a la voluntad política del gobierno federal se debe aunar la del gobierno del estado”.

Informó que los productores dejaron la propuesta de que la composición de los recursos para esas plantas de industrialización de café sea 90 por ciento federal y 10 por ciento de los productores, debido a las dificultades del gobierno del estado para aportar una parte.
Martínez Nateras informó que esa reunión, en la ciudad de México, fue fruto de la gestión del jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, ante la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota.

Los representantes de productores de café de Guerrero que asistieron a la reunión con el subsecretario, por acuerdo de los productores, son Alberto Adame Sánchez, María de la Luz Núñez Ramos, Armando García Olid y Arturo Martínez Nateras.

Los productores informaron del acuerdo con el jefe de Gobierno del DF, que significa la venta de 60 toneladas mensuales para las dependencias, así como la gestión ante las tiendas departamentales para promover la venta de café de Guerrero.

Plantearon que “para ello es imprescindible entregar producto de alta calidad en su contenido, en su elaboración y presentación, para lo cual se requeire una inversión federal en las tres plantas agroindustriales.

El representante de La Pintada informó también que los productores plantearon reconsiderar el acuerdo que excluye a la Costa Grande de la atención y los apoyos del Instituto Nacional Indigenista (INI) y de los recursos para los pueblos indios pues muchos de los jornaleros indígenas se han quedado a vivir en esa región.
Sobre el tema de la deuda de las organizaciones sociales, el subsecretario ofreció interceder ante el Fonaes, Banrural y las insticuiones acreedoras.

Asimismo, revisará con la SCT las posibilidades de afrontar los problemas ancestrales de comunicación.

* Representantes de los afectados informan que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Jorge Lara Martínez, desechó irregularmente pruebas en favor de los campesinos

Maricela Santos * Ejidatarios de Santa María, del municipio de La Unión, denunciaron que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del 41 distrito, Jorge Lara Martínez, incurrió en severas irregularidades al desechar pruebas de que la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, SA (Sicartsa), explota irregularmente los yacimientos de piedra caliza del poblado y que les adeuda más de 450 millones de pesos desde 1984 por la extracción de sus recursos no renovables.

Esto, con el único fin de favorecer al cacique local, Martín González Alvarez que es el único beneficiado de las más de 4 millones 230 toneladas de piedra caliza que, se calcula, ha extraído Sicartsa del ejido, y quien además cuenta con todo el apoyo del subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca, del delegado de gobierno en la Costa Grande, Jorge Luis Reyes López, y del alcalde de La Unión, Servando Ayala Rodríguez.

Desde el año 2000, las autoridades ejidales de Santa María de La Unión promovieron un juicio agrario contra Sicartsa para exigir que la empresa liquide a favor del ejido más de 440 millones de pesos que por la extracción de roca caliza les adeuda desde hace 15 años.

Todo, con base en el contrato de asociación en participación que firmaron el 6 de diciembre de 1984 para la extracción de 52 millones de toneladas de roca caliza.

Ese contrato fue promovido por González Alvarez –que fue dado de baja en el Registro Agrario Nacional (RAN) el 13 de mayo del 2001– y estipulaba que Sicartsa aportaría 15 pesos y bonos de producción por cada tonelada de roca caliza embarcada, la cual extraerían a una razón de entre 15 y 30 mil toneladas mensuales. Pero Sicartsa nunca cumplió, como lo probaron cuatro peritajes contables realizados en el desahogo del juicio agrario 266/00.

Ahí expusieron los adeudos y la extracción clandestina de recursos, por parte de Sicartsa, y en el desarrollo del juicio lograron a su favor el embargo de maquinaria, cuando era magistrado del 41 TUA, Gilberto Suárez Herrera.

Pero además hubo una confesional del apoderado legal de Sicartsa, José Luis Lucio Salazar, el 7 de noviembre del 2000, en la que admitió que la empresa está extrayendo material de roca caliza del ejido, versión que reforzó cuando el ejido aportó un peritaje en materia de contabilidad realizado por José María Ramírez López, en donde admiten que adeudaban al ejido aportaciones del orden de 948 mil 387 pesos por la extracción de 3 millones 960 mil toneladas de piedra caliza, desde enero de 1985 hasta agosto del 2000, calculando una extracción promedio de 22 mil 500 toneladas.

A ese peritaje se sumarían cuatro más en donde se acreditaba la extracción de material en el ejido, sin haberle pagado ni una sola cuota al núcleo agrario.

El comisario ejidal de Santa María, Juan González Vázquez, el tesorero, Macedonio González Salmanca y el presidente del Consejo de Vigilancia, Manuel González Vázquez, y otros ejidatarios denunciaron que todas estas pruebas fueron desechadas con dolo por Lara Martínez, quien el 3 de octubre del año pasado absolvió a Sicartsa pues consideró que el ejido no acreditó los hechos constitutivos de su acción.

Ellos consideraron que en la decisión del magistrado influyeron las constantes visitas de Tapia Abarca, quien junto con el delegado de gobierno de la Costa Grande y el propio alcalde de La Unión se reunieron varias veces con altos funcionarios de Sicartsa e incluso pidieron a los ejidatarios que se desistieran de la denuncia contra la empresa que explota la caliza en más de 50 hectáreas de las 2 mil 600 que forman el ejido de Santa María.

Denunciaron que Lara ilegalmente invalidó las pruebas del ejido, y faltó a los principios fundamentales de justicia agraria pues desde que asumió la magistratura del TUA en el 2001, se inclinó siempre a favor de la empresa, a pesar de que le entregaron copias del contrato con Sicartsa, cuatro peritajes favorables a ellos y testimoniales hasta del  mismo defensor de la empresa, en donde admite que su representada explota los mantos de roca caliza el 7 de noviembre del 2000.

Denunciaron que además privilegió a la empresa, pues les alargó en reiteradas ocasiones el plazo para que aportaran pruebas de que no extraían material o de que habían pagado las cuotas del convenio al ejido y les habían dado oportunamente los beneficios estipulados en el contrato, pues de acuerdo al primer avalúo realizado el 28 de septiembre del 2000 por el Despacho Contable Fiscal y Administrativo de Justino Cortés Alcocer, la empresa adeudaba 434 millones 934 mil 864 pesos.

En el segundo peritaje que fue el aportado por la empresa, ésta reconoce que adeuda aproximadamente 948 mil 387 pesos, y un tercer dictamen de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizado por Juan Adame Sánchez el 28 de marzo del 2001, reconoce un adeudo de 389 millones 754 mil 630 pesos a favor del ejido.

A pesar de las tres pruebas, Lara pidió un tercer perito en discordia a la PGR en México, y es enviada Yanira Yvette Valle Romero quien emitió el 30 de julio del 2001 un dictamen en donde estipula que al mes de julio del 2001, la empresa adeudaba 459 millones 200 mil 196 pesos, pero negaron a éste y a los otros peritajes valor jurídico.

Para los ejidatarios, en cuanto llega Lara Martínez cambiaron las condiciones del juicio agrario e incluso se presentaron irregularidades debido a la intervención de Tapia Abarca, “por lo que creemos que hay fuertes intereses del gobierno porque han intentado que vayamos hasta Michoacán a Sicartsa para que nos entrevistemos con los administrativos y lleguemos a un acuerdo, cuando lo único que reclamamos es que nos paguen las 52 millones de toneladas de caliza que decía en el contrato, y del que nos enteramos que no había aportado nada hasta el 2000, porque antes todo lo controlaba el cacique de allá y su grupo, que tiene todo el apoyo del gobierno, principalmente de Esaú Tapia y de Nabor Ojeda”.

¿Quién es Martín González Alvarez? Fue el comisariado ejidal de Santa María que firmó el contrato con Sicartsa en 1984, y desde ahí se manejó como asesor de todos los comisariados ejidales subsecuentes “mangoneando” a quien asumiera el cargo, pues siempre fue directamente él quien llevó la contabilidad y las relaciones directas con la empresa extractora.

Es cacique del ejido con el respaldo del grupo de Tapia Abarca. Posee huertas de aguacate en Uruapan y grandes extensiones de mango en La Unión. Tiene por lo menos cinco carros, dos tráiler, tres torton, una residencia en Lázaro Cárdenas en el pleno centro y un restaurante “lujoso” en la playa de Petacalco.

Fue ejidatario hasta el 18 de marzo del 2000, cuando los ejidatarios lo destituyeron junto con 20 más, acusados de un fraude cometido en agravio del núcleo agrario, por el manejo de los recursos de la asamblea.

Esto porque en el convenio con Sicartsa, firmado cuando él era comisario ejidal, el núcleo se constituye como persona moral para efectos de pagar impuestos ante Hacienda, pero de 1993 a 1996 cuando González Alvarez se asume por segunda vez como comisario, deja de aportar las cuotas del 15 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA) ante Hacienda en el año de 1995. La cantidad adeudada asciende a 6 millones 163 mil 884 pesos, pero no informa al ejido.

Los ejidatarios se enteran del adeudo en marzo del 2000, siendo comisario Bulmaro González Andrade, quien es destituido cuando se da cuenta la asamblea del adeudo porque el Servicio de Administración Tributaria requirió el 24 de febrero del 2000 la cantidad antes citada.

El 18 de marzo del 2000, Martín González Alvarez propone que toda la asamblea pague de común acuerdo la deuda argumentando que el adeudo se debía a que camiones que no eran de Sicartsa trabajaron sin que se lograra retener el IVA. Ahí se designa a Juan González Vázquez como comisario.

El 13 de mayo del 2001, la asamblea general de ejidatarios de Santa María –conformada por 82 personas– separa formalmente de sus derechos agrarios a Martín González y 20 de sus seguidores por el fraude, y esto se hace del conocimiento del RAN que ya lo acredita en sus registros actuales.

Dos meses después de la destitución, entra a terrenos de la señora Petra Salamanca armado con escopetas, AR-15 y pistolas .38 súper para extraer roca caliza y amenaza con pistola en mano a las autoridades ejidales que se apersonaron a petición de la señora de 75 años. El presidente del Consejo de Vigilancia, Manuel González Vázquez, solicitó el apoyo de militares del destacamento de Zacatula, pero cuando supieron que era González Alvarez el que traía las armas se negaron a acudir al llamado del ejido.

De este hecho se desprende la demanda 19/2001 por robo y encumbrimiento de receptoria del material extraído del ejido por la empresa RYA propiedad de Mario Rangel Antimo quien adquiría la piedra caliza robada por el cacique y sus cómplices.

González Alvarez argumentó que estaba en tierras de uso común del ejido, pero sin ser ejidatario porque fue el 15 de mayo del 2001 que el RAN lo da de baja y reconoce sólo la existencia de 54 ejidatarios.

Para el 4 de junio, acreditado el delito, se gira la orden de aprehensión contra González Alvarez, pero el comandante de la Policía Judicial del Estado, adscrito entonces a esa plaza, sabiendo del robo y de la orden de aprehensión, en lugar de aprehenderlo le brindaba protección y asigna a un grupo a resguardarlo.

Los ejidatarios solicitaron la intervención de la Policía Motorizada quien detuvo a dos personas que encontró dos operadores de máquinas de la compañía RYA extrayendo material, en el terreno de Petra Salamanca y los pone a disposición del MP, Ulises López Olivera Arasen quien integra una nueva averiguación, “por evadir consignarlos por la causa penal existente”, según reveló el comisario González Vázquez.

Sin embargo, las dos personas son liberadas esa noche porque el presidente municipal de La Unión, Servando Ayala, acude a la agencia exigiendo que los dejaran ir argumentando “órdenes del secretario general de Gobierno”.

Iniciaron entonces una nueva averiguación contra González Alvarez por el fraude, pero el MP no la quiso aceptar diciendo que no le correspondía, pero los ejidatarios fueron a hablar a la PGJE con el secretario particular del procurador, Rigoberto Pano, quien vía telefónica pidió la integración.

González recurrió al amparo pero le fue negado aunque continúa sin ser detenido.

De acuerdo a las versiones de los ejidatarios González “continúa atropellando los derechos de los campesinos, tumbando cercas a los habitantes y extrayendo la piedra caliza sin que lo paren las autoridades porque creemos que les está dando dinero, mencionó el comisario ejidal de Santa María, Juan González Vázquez. (Maricela Santos)

* Después de 25 años de suspendida, hace dos meses se reanudó la explotación forestal, y 100 ejidatarios piden mejorar el convenio con la empresa maderera Garsa

Pobladores de la comunidad mixteca de Coacoyulichán, en el municipio de Cuautepec, en la Costa Chica, detuvieron este lunes dos camiones con madera de la empresa Garsa, provenientes de la sierra en demanda de renegociar la explotación del bosque en ese ejido.

Otros tres camiones que circulaban en dirección al aserradero quedaron varados en esa comunidad, informó el maestro Pedro Navarrete Victorino, uno de los dirigentes del movimiento de carácter comunitario que demanda la creación de un nuevo comité de vigilancia para la explotación de las especies madereras.

Navarrete Victorino informó por teléfono que las autoridades ejidales de esa comunidad están a favor de que continúe el convenio firmado en mayo pasado con la empresa maderera Garsa, una manufacturera de carácter estatal que está asentada en Buena Vista de la Salud, en el mismo municipio de Cuautepec, cuyo administrador lleva por apellido Vallejo, misma que comenzó a abrir las brechas en octubre pasado.

Afirmó que como resultado del convenio de explotación maderera se reanudó la tala del bosque, después de 25 años sin efectuarse esa actividad en ese ejido, con aval del comisariado ejidal, Narciso Soto Godínez, y con acuerdo de los ejidatarios. Sin embargo, después de dos meses, una tercera parte de éstos están favor de renegociar este convenio, sustentado en que se estableció que por cada mil metros cúbicos explotados, así sería.

Expuso que a dos meses de iniciar el corte de los árboles por parte de la empresa Garsa, con 12 camiones diarios cargados de madera, ésta rebasó los mil metros, pero las autoridades comunitarias siguen sosteniendo el mismo precio de 260 pesos por metro cúbico, sin que se renegociara un nuevo costo.

Dijo que como resultado del primer acuerdo, la maderera se comprometió a hacer un muro en la iglesia y apoyar con un carro de volteo para transportar las cosechas de esa comunidad. Esto se ha cumplido en parte debido a que prestaron por un tiempo el volteo y respecto al muro está siendo construido por mitad del pago del albañil, mientras que el resto está siendo cubierto por la comunidad junto con el trabajo de acarreo de piedra y grava.

Navarrete informó que este lunes, de manera circunstancial dialogaron con la esposa del presidente municipal, Miguel Angel Gallegos Pánfilo, Sonia Leticia Ordaz de Gallegos, quien acudió a esa comunidad a entregar juguetes a los infantes por el día de reyes, a quien entregaron un pliego de demandas y solicitaron apoyo para resolver el problema.

En el pliego de demandas, que los ejidatarios inconformes solicitaron a la presidenta del DIF municipal entregue al alcalde de filiación perredista, está la renegociación del precio del metro cúbico de madera para que pase de 260 a 320 pesos, tal como esa empresa lo paga en la vecina comunidad de La Concordia y que la renegociación sea cuando ascienda a los 5 mil metros cúbicos.

Asimismo manifiestan que están de acuerdo con la tala del bosque pero que se sustituya al personal de la comunidad responsable de vigilar el corte de los árboles, debido a que los actuales encargados “han trabajado en contubernio con la empresa maderera”. Entre otras peticiones piden que el comisariado ejidal haga un corte de caja de los recursos obtenidos y que éstos sean repartidos entre la comunidad, y que antes de vender la madera se analice en qué obras se van a emplear los recursos.

Por falta de claridad en el manejo de los recursos, unos 100 ejidatarios, que representan la tercera parte, exigen crear un nuevo comité de vigilancia de los recursos, la destitución de autoridades comunales y que las autoridades comunales den a conocer el curso que ha seguido el litigio por el conflicto agrario por los límites de tierras con la comunidad vecina de Poza Verde, por el cual han erogado 200 mil pesos sin recibo alguno.

Dijo que ante la detención de los camiones que transportan madera, personal de la empresa Garsa llegó a las 3 de la tarde de este lunes para entrevistarse con las autoridades comunales del lugar, pero no con la parte inconforme que representa un grupo de 100 personas.

Finalmente, dijo que los dos camiones detenidos con madera, permanecen varados sobre la brecha que va de esa comunidad a la sierra, donde los inconformes colocaron piedras para obligar a los carros a detenerse, cerca del Jardín de Niños Plutarco Elías Calles de ese poblado de unos 2 mil habitantes.

En el plantón, unos 60 comuneros se turnan para vigilar y efectuar la detención de los vehículos, que va a tardar hasta que lleguen a algún acuerdo, para lo cual ayer solicitaron la intervención de la delegación de Gobierno de la Costa Chica, que no hizo presencia en el lugar. (Ossiel Pacheco).