* Los soldados dijeron que querían convivir con los habitantes de esta localidad y hacer un baile el 31 de diciembre * Preguntaron por el campesino ecologista Rogelio Carrillo, uno de los acusados por el cacique Faustino Rodríguez * En las noches rodeaban las casas y patrullaban los caminos
Maribel Gutiérrez, enviada, Canalejas * La extraña presencia de soldados en esta comunidad de la sierra de Petatlán causó incertidumbre y preocupación los últimos días del año 2001 y los primeros del 2002. Llegaron con el cuento de que querían convivir con los habitantes de este pueblo, querían hacer un baile y un banquete para todos; pero esa actitud causó más desconfianza y temor de que algunos de los campesinos ecologistas de esta comunidad puedan ser los próximos detenidos.
Vecinos y autoridades de este poblado, así como los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Juan Bautista Valle y Felipe Arriaga Sánchez, piensan que la presencia del grupo militar en Canalejas es una forma de hostigamiento a esta comunidad, y que al mismo tiempo tiene fines de espionaje para recabar información y después regresar a reprimir, o que pretendían provocar conflictos y violencia.
Por los antecedentes, consideran que es una respuesta a la participación de la comunidad de Canalejas en las movilizaciones para demandar el esclarecimiento del asesinato de la abogada Digna Ochoa y para denunciar la represión de caciques y el Ejército contra el movimiento ecologista.
También, como ha pasado en otros poblados de la sierra, piensan que esos militares con supuestos propósitos amistosos podrán regresar en cualquier momento, a matar, arrestar y reprimir. Recuerdan que así lo hicieron en febrero de 2001 en Las Palancas y El Nogal, en el filo de la sierra, a donde primero se presentaron haciendo amistad con los pobladores para que tuvieran confianza y después llegaron con el grupo del ex presidente municipal de Petatlán y actual presidente de la Unión Ganadera de Guerrero, Rogaciano Alba, y mataron a Salvador Cortés, se llevaron detenidos a cinco campesinos e hirieron de bala a una mujer embarazada, o como lo han hecho también en Banco Nuevo.
Dos de los campesinos ecologistas que están presos en Acapulco son de Canalejas: Pilar Martínez Pérez y Moisés Martínez Torres, quienes fueron detenidos por efectivos del Ejército el 22 de febrero del 2000, cuando se dirigían a trabajar en el campo, y ahora están sentenciados a 10 años de prisión.
Más allá de las dudas sobre los propósitos del Ejército que estuvo nueve días en Canalejas, los campesinos ecologistas están seguros de que la presencia militar dentro del pueblo viola la Constitución y no está permitida por la ley, y menos los patrullajes nocturnos alrededor de las casas, “porque no estamos en guerra”, afirma el comisario municipal de los pueblos que pertenecen al ejido de la Botella, Alifonso Martínez.
Dice que cuando preguntó al comandante de la unidad militar el motivo de sus operaciones nocturnas alrededor de las casas y en los caminos le respondió que estaban buscando “grupos encapuchados”, “gente armada”, como se llama en esta región a los miembros de organizaciones guerrilleras, como el EPR y el ERPI, y el comisario relata que le dijo al militar, que “aquí no hay” encapuchados ni gente armada.
No cambiaron la vigila de año nuevo por un baile
Unos 22 efectivos del 19 Batallón de Infantería del Ejército, estuvieron del 27 de diciembre al 4 de enero en este poblado compuesto por 15 casas, en la parte media de la sierra de Petatlán, que petenece al ejido de La Botella.
Establecieron su campamento dentro del pueblo, a un lado del arroyo, a la sombra de unos árboles. Pusieron tienditas de campaña que funcionaban como dormitorios, y prendieron varias fogatas, donde calentaban sus alimentos.
No se presentaron con el comisario ni pidieron permiso para acampar ni informaron el motivo de su presencia.
Al día siguiente se acercaron a los vecinos, principalmente a los más jóvenes, con quienes jugaron en la cancha de basquetbol que está en la escuela. Lo primero que preguntaron es cómo iban a festejar el año nuevo, y dijeron que ellos querían convivir con el pueblo de Canalejas, y hacer un baile el 31 y para la cena comprar un becerro.
Sin pensarlo, los habitantes de Canalejas rechazaron la propuesta. Es una comunidad muy religiosa, católica, y desde antes tenían decidido celebrar el año nuevo con una vigilia, en la capilla que tienen construida en el centro del pueblo, frente a la escuela primaria.
Los vecinos no cambiaron la vigilia por el baile, pero estuvieron a punto de suspenderla para evitar que los visitantes intrusos pudieran irrumpir en el acto religioso y causar problemas.
Fue tal la insistencia de los soldados en el baile, que hasta dijeron que si lo hacían les iban a dar permiso de sacar “los bojos que tienen escondidos”, es decir, las armas. Esto despertó el temor a una provocación.
Los vecinos hicieron la vigilia en la capilla, y por separado, los soldados hicieron fiesta en su campamento, compraron un borrego, y ya en la noche, algunos se fueron al poblado de La Botella, una comunidad vecina, donde según testigos se emborracharon.
De regreso a Canalejas dispararon ráfagas abajo de El Zapotillal, y pasaron frente a la casa del comisario, Alifonso Martínez Torres, donde tiraron balazos. El comisario recogió un casquillo percutido como prueba de que los soldados habían disparado frente a su casa.
El primero de enero se presentó al campamento para hablar con el jefe del destacamento militar, quien, sin dar su nombre ni su grado, y sólo se identificó como el comandante, trató de justificar a los soldados que fueron a emborracharse a La Botella, porque están lejos de sus familias.
El comandante trató de negar que sus subordinados hicieron disparos, dijo que habían sido cohetes, pero tuvo que reconocer que fueron balas cuando el comisario le mostró un casquillo percutido. Después, la principal preocupación del militar fue obtener el casquillo, y el comisario se lo entregó por temor a que se lo quitaran por la fuerza.
Hostigamiento, preguntas y nombres de campesinos ecologistas
Con el nuevo año, y después de que no les resultó su plan de convivir con los vecinos, los militares se mostraron más hostiles.
Corrieron la versión de que ya sabían que en Canalejas hay gente que no quiere al Ejército, y que “andan huídos” de los militares.
Luego, preguntaron por Rogelio Carrillo, un miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas, que vive en la parte más alta de la sierra, y que es uno de los nueve que tienen órdenes de aprehensión, y que junto con el preso ecologista Gerardo Cabrera y otros de sus hermanos, son acusados por el cacique Faustino Rodríguez de que forman parte de un grupo armado, el ERPI, y que encapuchados lo emboscaron el 19 de marzo de 2000.
Aunque los militares dijeron que son “muy amigos” de Rogelio Carrillo, para confundir preguntaron si conocían a Faustino Rodríguez Sánchez.
Por las noches, salían a patrullar. Por el pueblo se oían las pisadas, ladraban los perros, y las huellas de las botas se veían al día siguiente alrededor de las casas.
En particular, fue notorio cuando rodearon la casa de Amada Landeros, esposa del ecologista Pilar Martínez Pérez, que lleva casi dos años preso en Acapulco, y la de su hija, Magdalena Martínez. Pero las pisadas se oían y se veían alrededor de todas las casas, hasta las que se localizan a la salida del pueblo.
Cuando la gente les preguntaba porqué hacían esos recorridos nocturnos, los militares decían: “sólo así, para agarrar a los maleantes”.
Temor a que los militares regresen
El viernes 4 de enero, al mediodía, los soldados empacaron sus cosas, levantaron su campamento, y se fueron misteriosamente.
Un día antes, en dos camiones del Ejército les llevaron víveres, lo que hacía pensar que permanecerían aquí. Cuando se fueron, pidieron a una familia que les prestara unas bestias para cargar los objetos pesados, y que los acompañaran dos niños para traer los animales de regreso. Pero no informaron a dónde se mudaban. Sólo se sabe que se dirigieron hacia un camino que conduce a San Isidro y a La Noria, donde tampoco los quieren porque el 4 de octubre del 2001 soldados del mismo batallón se metieron a saquear una casa. O también pudieron irse a El Nanche.
Querían saber las actividades de los vecinos
El 2 de noviembre de 2001, tres campesinos de esta comunidad participaron con el grupo de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán que se trasladó a la ciudad de México para pedir justicia por el asesinato de la abogada Digna Ochoa y para denunciar la persecución del Ejército a los campesinos que defienden los bosques.
Los tres de Canalejas que fueron a la capital son Enrique Martínez Landeros, Celso Miranda y Eligio Pérez Miranda. Los soldados preguntaron por ellos al final de su estancia en Canalejas.
A Enrique Martínez, de 22 años, hijo del preso ecologista Pilar Martínez, se le acercó el comandante de los soldados, y le dijo que entrara al Ejército, que pagan 2 mil 500 pesos a la quincena, que ya dejara de sembrar mariguana.
Parecía una amenaza, el anuncio de una acusación, y por temor a que lo detuvieran y le inventaran algún delito, Enrique se fue del pueblo, igual que otros hombres que son perseguidos y huyen cuando llegan los soldados.
A Celso Miranda, yerno del mismo preso ecologista, lo detuvieron un día cuando regresaba de sembrar frijol en el campo, y le preguntaron de dónde venía, a qué había ido y en qué trabaja.
Alejandro Martínez dice que en sus recorridos, los soldados no cometieron atropellos, pero señala que la sola presencia de ellos en la comunidad molesta a los campesinos que ya no pueden trabajar con libertad. Cuenta que él trabaja cerca del río y tenía que pasar dos o tres veces al día frente a los militares, y que le preguntaron a su suegro si él es parte de su familia.
Los últimos días, los soldados rodeaban todas las casas, y miraban detenidamente a la gente, como si buscaran a alguien. “Ya nos comían con los ojos”, dice Magdalena Martínez.
