* Los alcaldes de Mártir de Cuilapan y de Xochistlahuaca se vieron obligados a solicitar licencia al cargo * Heliodoro Castillo, Acatepec, Tecpan de Galeana, Ayutla, San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Zitlala, Chilapa, Mochitlán y Chilpancingo, los otros municipios con discordias * Siete palacios municipales fueron tomados, y algunos así continúan

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Este año que está por concluir se significó por los constantes conflictos que se vivieron en cuando menos 12 municipios, donde los alcaldes fueron reiteradamente señalados de desviar los recursos públicos y, por ello, denunciados por corrupción y en algunos otros casos fueron acusados por tratar con prepotencia a los ciudadanos y de tomar decisiones sin consultar a la sociedad. La mayoría de esos conflictos persisten y trascenderán al próximo año.

En dos de esos municipios, el de Mártir de Cuilapan y el de Xochistlahuaca, a pesar de que no se llegó al juicio político, y, como consecuencia, a la revocación del mandato de los alcaldes, como lo demandaban los grupos inconformes, los ediles se vieron obligados a solicitar licencia a sus cargos. En el resto, a la fecha, las instituciones fiscalizadoras de los recursos han evidenciado complicidad, protección y solapamiento a los alcaldes impugnados, según ha denunciado el Frente Guerrerense Contra la Corrupción y la Impunidad (FGCCI).

De los 12 municipios que vivieron conflictos este año, en cuatro –Heliodoro Castillo, Acatepec, Tecpan de Galeana y Xochistlahuaca– los disidentes de los alcaldes integraron un bloque para efectuar acciones de manera conjunta. El bloque fue denominado Frente Guerrerense Contra la Corrupción y la Impunidad (FGCCI) y su origen fue precisamente la negligencia y la falta de respuesta de las autoridades del gobierno estatal y del Congreso local para dar respuesta a los problemas denunciados por los grupos de ciudadanos.

Las otras demarcaciones donde se generaron conflictos son Mártir de Cuilapan, Ayutla, San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Zitlala, Chilapa, Mochitlán y Chilpancingo.

Los conflictos más graves se suscitaron en los municipios de Xochistlahuaca, Heliodoro Castillo, Mártir de Cuilapan, Acatepec, San Luis Acatlán, Ayutla y Tecpan de Galeana, ren los cuales incluso se llegó a la toma de los palacios municipales.

En el resto, las protestas fueron aisladas y a nivel de declaraciones de prensa. En algunos, como Chilpancingo y Zitlala, los regidores de oposición no acudieron al informe de labores de sus respectivos alcaldes, en tanto que en uno más, Mochitlán, se registraron conatos de violencia durante el informe del edil, y el evento tuvo que suspenderse por las protestas contra el alcalde.

Con respecto a estos conflictos, el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, Jesús Vargas Vargas, informó ayer que el Ejecutivo local les da tratamiento conforme a los procedimientos legales; se refirió concretamente a los ayuntamientos de Tecpan, Heliodoro Castillo, San Luis Acatlán y Xochistlahuaca, “que son los más importantes”.

Agregó que los conflictos que aún persisten se ventilan en el Congreso local y en la Contraloría General del estado, “pero en estos procedimientos se establecen tiempos para contestar observaciones, señalamientos, y en lo que respecta al ejercicio del 2001 tienen hasta el último día del mes de diciembre para cerrar cuentas, e independientemente de eso en enero iniciarían las auditorías correspondientes”.

Aseguró que, sin embargo, estos municipios “políticamente se mantienen estables porque hemos hecho hincapié tanto con las partes que acusan a los presidentes como a los que apoyan a los alcaldes, en el sentido de que estos conflictos tienen que dirimirse en el marco de la ley y asumiendo una madurez política que permita estabilidad política y social en esos municipios”.

El funcionario dijo que a pesar de que en algunos casos “son problemas muy fuertes, hemos logrado que haya estabilidad política; es decir, que sigan funcionando los programas normales tanto de los gobiernos municipales como del gobierno del estado y del gobierno federal”.

Dijo que para el gobierno es una situación difícil, porque por una parte se le acusa de proteger a los presidentes municipales acusados, mientras que los grupos que apoyan a los ediles denuncian que son presiones para perjudicarlos.

Xochistlahuaca

El conflicto en el municipio de Xochistlahuaca comenzó el año pasado, a raíz de lo que el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI) y el Consejo de la Nación Amuzga denunciaron la imposición de comisarios en cuando menos cinco comunidades, donde las dos organizaciones indígenas demandaban el mecanismo de elección por consulta a la base, pero la alcaldesa, Aceadeth Rocha Ramírez, a quien acusaron de “prepotente y soberbia”, organizó los comicios sin tomar en cuenta esta modalidad.

Así, en noviembre del año pasado, los inconformes se apoderaron del Palacio Municipal, pero fue hasta el 9 de marzo de 2001 cuando Rocha Ramírez presentó su solicitud de licencia. Después de permanecer un mes el síndico procurador en sustitución de la alcaldesa, fue designada presidente municipal María Magdalena Guillén Cisneros, pero fue obligada a renunciar en julio, y en su lugar fue designado el dirigente del Comité Municipal del PRI, Isauro Marcial Cruz. A pesar de los cambios, el Palacio Municipal permaneció tomado durante casi todo el año y el conflicto está latente.

Los dirigentes del CG500ARI y del Consejo de la Nación Amuzga, Daniel y Marta Sánchez Néstor, Cecilio Antonio Nieves y Severiano Prócoro Jiménez, quienes encabezaron el Frente Cívico Indígena de  Xochistlahuaca (FCIX), demandan garantías del Congreso local de que Rocha Ramírez no va a regresar a presidir la comuna, pero además piden que se resuelva el conflicto educativo que ella generó al crear escuelas paralelas atendidas por maestros municipales. Exigen también que el Congreso local dé seguimiento a la demanda de juicio político contra Rocha Ramírez, con lo que se le revocaría el mandato definitivamente.

Heliodoro Castillo

En el municipio de Heliodoro Castillo, que tiene su cabecera municipal en Tlacotepec, la pugna entre los regidores y un grupo de ciudadanos, que a la postre integrarían el Frente Ciudadano de Heliodoro Castillo (FCHC), comenzó el 13 de marzo con la toma del Palacio Municipal en demanda de la destitución del alcalde José Concepción Hernández Solano, a quien acusaron de desviar más de 20 millones de pesos.

Al igual que en Xochistlahuaca, el FCHC presentó al Congreso una solicitud de juicio político contra el edil para la revocación de su mandato. En defensa del alcalde salió el Consejo Supremo del Pueblo del Filo Mayor (CSPFM), organización que encabeza Severo Oyorzábal Díaz, quien organizó una marcha y un plantón de tres días en esta capital que duró tres días en esta capital.

Oyorzábal Díaz demandó que el gobierno estatal resolviera la toma del Palacio Municipal, pues, de lo contrario, los integrantes de su organización desalojarían a los del FCHC.

Los primeros días de abril, los integrantes del FCHC también se trasladaron en marcha a esta capital para exigir la aplicación de una auditoría al alcalde, agilizar el proceso de juicio político en su contra y revocar su mandato. Sin embargo, policías antimotines y judiciales los esperaron en el entronque de Casa Verde, donde les bloquearon el paso, con saldo de dos campesinos golpeados y detenidos.

La toma del Palacio Municipal continúa, y el edil Hernández Solano despacha en una casa particular. El FCHC está en espera de los resultados de la auditoría que la semana pasada aplicaron la Contraloría del estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local, a pesar de que en una revisión preventiva de aquella dependencia  en julio arrojó como resultado que el alcalde no había solventado alrededor de 11 millones de pesos, según informó Adelaido Pita Pérez, uno de los dirigentes del FCHC.

Acatepec

Ciudadanos encabezados por el dirigente del CG500ARI, Eufemio Cesáreo Sánchez, se apoderaron del Palacio Municipal de Acatepec el 5 de febrero en demanda de la destitución del alcalde Jerónimo Godoy Avilés, a quien acusaron de desviar más de 15 millones de pesos. El inmueble permaneció tomado hasta los días últimos de mayo, cuando las partes en conflicto emprendieron reuniones con el secretario de Desarrollo Social, Carlos Sánchez Barrios, con quien acordaron respetar las coordinaciones municipales, la aplicación de recursos por más de 10 millones de pesos a las comunidades que reclamaban que el edil no había hecho obras, la instalación de coordinaciones de la policía municipal para garantizar la seguridad, y que no habría represión del alcalde contra sus detractores. Pero también hubo el compromiso de aplicar una auditoria al alcalde y de divulgar los resultados en breve.

A la fecha, Cesáreo Sánchez ha denunciado que estos acuerdos no se han cumplido y que lo peor es que el alcalde Godoy Avilés ha agredido física y verbalmente de manera personal a algunos de quienes participaron en la movilización, por lo que dijo que el próximo año podría reiniciarse el movimiento porque el edil aún hace mal uso de los recursos.

Tecpan de Galeana

Encabezados por los perredistas Elfego Martínez González, Santo Angel Murga Rebolledo y Alejandro Martínez Bustos, ciudadanos del municipio de Tecpan de Galeana impugnaron a la alcaldesa Sandra Belkis Ocampo Hernández desde el mes de febrero. La presidente municipal es acusada de no hacer obra pública, de desviar los recursos correspondientes, de dejar obras inconclusas y de no invertir lo que informó en otras más.

A finales de febrero, los inconformes tomaron el Palacio Municipal en demanda de la destitución de la alcaldesa, movimiento que continúa debido a que el Congreso local y la Contraloría del estado no han entregado los resultados de la auditoría que presuntamente se aplicó a la edilesa de filiación priísta.

Al igual que los movimientos de Xochistlahuaca, Heliodoro Castillo y Acatepec, el caso de Tecpan de Galeana ha sido resuelto medianamente, pues presuntamente se han aplicado las auditorías que demandan los ciudadanos inconformes, pero los resultados no han sido informados y mucho menos han sido utilizados para determinar si los alcaldes son acreedores a una sanción.

Según han informado dirigentes del FGCCI, los resultados se divulgarán en enero próximo, porque las instancias fiscalizadoras han señalado que los ediles tienen hasta el último día de diciembre para presentar sus cuentas públicas.

Mártir de Cuilapan

Uno de los casos más polémicos durante este año y el anterior fue el de Mártir de Cuilapan. A tres meses de que tomó posesión el alcalde Francisco Javier Sebastián García, priístas y perredistas encabezados por sus dirigentes Crisóforo Nava García y Lino Hernández López, respectivamente, tomaron el Palacio Municipal en febrero del año pasado. La toma del inmueble duró hasta octubre, cuando el edil fue obligado a solicitar licencia al Congreso local y fue sustituido por Justiniano Hernández Parra. El alcalde fue acusado de hacer mal uso de los recursos públicos.

Hernández Parra, sin embargo, no corrió con mejor suerte. El dirigente del PRI municipal, Sergio Mota Sánchez, de quien se dice que es simpatizante del alcalde depuesto, Sebastián García, emprendió un movimiento contra el edil en mayo.

Mota Sánchez tomó el Palacio Municipal, en demanda de la destitución de Hernández Parra, a quien acusó también de hechos de corrupción.

Después de dos meses el inmueble fue desalojado, con el compromiso de que se practicaría una auditoría al alcalde y de que en caso de que se le comprobaran las irregularidades se aplicarían las sanciones correspondientes, según convinieron los inconformes con el director de Gobernación, Rey Hilario Serrano.

Sin embargo, en octubre volvió a surgir el conflicto, ahora con el apoyo de los cinco regidores, el síndico y el secretario general del ayuntamiento. Un día antes de que el alcalde Justiniano Hernández Parra rindiera su informe –el 28 de noviembre– el Palacio volvió a ser tomado, el cabildo desconoció al edil Hernández Parra y pidió al Congreso la revocación de su mandato.

La semana pasada se aplicó una auditoría al alcalde, pero los resultados se darán a conocer en enero próximo, según los regidores y el síndico, quienes con el apoyo de las dirigencias del PRI y del PRD mantienen un plantón afuera del Palacio Municipal y no permiten a Hernández Parra entrar. La solución del conflicto sigue pendiente.

San Luis Acatlán

Desde octubre pasado, integrantes del Frente Plural Contra la Corrupción y el Desarrollo de San Luis Acatlán tomaron el Palacio Municipal en demanda de la destitución del alcalde Abdías Acevedo Rojas, a quien acusan de desviar más de 10 millones de pesos.

La toma del Palacio Municipal continúa debido a que la Contraloría del estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local no han entregado los resultados de la auditoría que, aseguran, se aplicó a ese ayuntamiento.

Los dirigentes del Frente han denunciado que el alcalde es apoyado por el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, pues éste les ha dicho que en la auditoría no se hallaron desvíos, sino solamente algunas obras inconclusas que están en proceso de ser concluidas.

Ayutla

El conflicto del municipio de Ayutla fue uno de los que se resolvieron por medio de la negociación entre quienes mantuvieron tomado el Palacio Municipal de marzo a mayo en demanda de la destitución del alcalde Fortino Caballero Villalobos. El alcalde de filiación perredista era acusado por militantes de su partido y del PRI de desviar recursos y de no hacer la obra pública aprobada a principios de este año.

El conflicto se resolvió, más que por la intervención de las autoridades estatales o del Congreso local, por la mediación de la dirigencia estatal del PRD para que sus militantes desalojaran el Palacio Municipal y el alcalde pudiera laboral normalmente. Caballero Villalobos fue absuelto por el Congreso ante la demanda de juicio político promovida contra él.

Zapotitlán Tablas

El presidente municipal de Zapotitlán Tablas, Nicéforo García Navarrete, es otro de los alcaldes que enfrentaron solicitud de juicio político ante el Congreso local. En su caso fue promovida por el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Marcial Dircio Ortega. García Navarrete también fue acusado de desviar de recursos, aunque en este caso sus detractores nunca hablaron de cantidades. También fue absuelto por el Congreso Local.

Chilapa

En Chilapa, el alcalde Gustavo Miranda González no fue acusado de desviar recursos o de hechos de corrupción, pero integrantes de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos, que lideran los hermanos Maclovio y Santos Ariza, tomaron el Palacio Municipal de marzo a mayo para presionarlo a resolver el problema del mercado nuevo, a donde eran siendo obligados a mudarse, a pesar de que –según los dirigentes– el inmueble tiene deficiencias que deben subsanarse antes de ser ocupado.

Los comerciantes se quejaban también de que funcionarios del ayuntamiento, con tal de ocupar las nuevas instalaciones, llevaron a gente que no era del gremio.

El Palacio Municipal fue desalojado luego de que autoridades estatalesn y municipales, y los dirigentes de las dos organizaciones de comerciantes en pugna, llegaron al acuerdo de elaborar un padrón de comerciantes con derecho para ser beneficiados con un local. El ayuntamiento se comprometió, por su parte, a construir las puertas de acceso de emergencia y un domo en la explanada para ubicar ahí a los comerciantes ambulantes, según demandaba la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos.

El ayuntamiento no ha cumplido con las demandas de los comerciantes del centro, por lo que el conflicto permanece sin resolverse, y sigue pendiente la elaboración del padrón.

Zitlala

En el municipio de Zitlala, el alcalde Jerónimo Velázquez Virginio también fue acusado por los regidores Zenaido Cuevas Esteban, del PRI, y Celerino Tlacotempa, del PRD, de desviar recursos del erario, por lo que pidieron al Congreso practicar una auditoria a los dos últimos años de su administración.

Durante la presentación de su informe, el 28 de noviembre, sólo acudieron dos de los seis regidores, por lo que el regidor priísta Cuevas Esteban dijo que las cifras que dio no son avaladas por el cabildo.

Mochitlán

El alcalde de Mochitlán, Félix Jiménez Cavaría, tuvo que suspender estrepitosamente su informe el 26 de noviembre pasado debido a que militantes del PRD irrumpieron durante el evento en el auditorio municipal y lo acusaron de manejar a su antojo los recursos del Procampo. Los perredistas exigían cuentas claras, cuando priístas que asistían al evento los enfrentaron a gritos y estuvo a punto de suscitarse un enfrentamiento.

Chilpancingo

El alcalde de Chilpancingo, José Luis Peralta Lobato, también fue acusado por los cuatro regidores del PRD de no haber dado cuentas claras durante su informe. En protesta por ello, no asistieron a la ceremonia, en la que sí estuvo el gobernador Rene Juárez.

Los cuatro regidores, Ricardo Castillo, María Luisa Méndez, Gumaro Tenorio y Marcos Hernández Díaz, en conferencia de prensa dijeron que están en espera de un desglose del informe del alcalde y que, si se comprueban las irregularidades, pedirán al Congreso que se le practique una auditoría.

* Llegó el martes a una residencia de Las Brisas

Ossiel Pacheco * En calidad de invitado se encuentra el ex presidente de los Estados Unidos, William Clinton, quien llegó a Acapulco la noche del 1 de enero a una de las residencias propiedad de la empresa hollywoodense Warner Brothers, del fraccionamiento Las Brisas, confirmó una de las empleadas que está a su servicio.

El ex mandatario Clinton llegó a las 23 horas del pasado 1 de enero al hangar diplomático del aeropuerto internacional Juan Alvarez, acompañado de su hija Chelsea, y protegido por agentes del Buro Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y agentes de la Procuraduria General de la República (PGR) y del Estado Mayor Presidencial.

Aunque versiones señalan que viene acompañado de su esposa Hillary Clinton, senadora demócrata por Nueva York, en el fraccionamiento Las Brisas no se confirmó la presencia de la ex primera dama en la residencia donde se alojan los Clinton.

Otra versión indica que la ex primera dama estadunidense estaría por llegar para unirse con su esposo y su hija.

De acuerdo con el testimonio de una de las empleadas que está al servicio de la familia del ex mandatario estadunidense, Clinton llegó a la residencia la noche de este martes que pasó, sin embargo fue hasta ese momento cuando el personal del fraccionamiento le informó que atendería a los Clinton.

Informó que en esta residencia, propiedad de la Warner Brothers, se han hospedado actores hollywoodenses como Arnold Schwarzenegeer  y Silvestre Stallone. “Aquí permanecieron todo el día (de ayer) descansando. Están como invitados, no sé cuanto tiempo van a estar”, dijo.

Dijo que el ex mandatario Clinton no ha recibido visitas de ningún tipo durante su estancia en este puerto y que guardias de origen estadunidenses están a cargo de su vigilancia desde que llegó, aunque personal del Consulado de los Estados Unidos en Acapulco está a cargo de la atención que se le está brindando.

De acuerdo a la información obtenida por El Sur, Bill Clinton desayunó este miércoles en La Concha, que es el restaurante de playa del hotel de gran turismo Las Brisas, y habría cenado en el exclusivo restaurante Madeiras, sobre la avenida Escénica.

En el fraccionamiento Las Brisas, pese a la presencia de la familia Clinton, aparentemente la vigilancia al exterior del inmueble es la normal. Hay tranquilidad en el lugar y no se ha registrado un excesivo movimiento agentes de seguridad, de acuerdo al testimonio de los vecinos, mismos que daban por hecho que visitarían la capilla de la Paz en el mismo fraccionamiento.

* Elaboran un pliego petitorio de cinco puntos que incluye la concesión del sitio turístico para tres comunidades

Cluadio Viveros Hernández, corresponsal, Cacahuamilpa * Ayer a las 10 de la mañana se cumplieron las primeras 24 horas de la toma del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa en el municipio de Pilcaya, localizado a 40 minutos de Taxco. El inicio de actividades transcurrió normal, abierto al público.

Como el primer día el ambiente continuó sin ningún incidente para los manifestantes de tres comunidades de este municipio, sin que hasta el momento alguna autoridad dialogara formalmente con ellos que replantearon su pliego petitorio y pidieron ahora la presencia del gobernador del estado, René Juárez Cisneros.

Luego de que el martes exigieron que se les otorgara la concesión de este sitio turístico y cultural para beneficio de las comunidades aledañas, los manifestantes replantearon ayer su posición mediante cinco puntos que contiene el pliego petitorio con el consenso de las autoridades comunitarias y los pobladores, pero también pidieron que se presente el gobernador René Juárez Cisneros para dialogar con ellos y dar solución a añejas demandas.

El primer punto que piden es la concesión del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa para las tres poblaciones: Cacahuamilpa, Crucero de Grutas y El Transformador; dos, la destitución del administrador, taquilleros y trabajadores de confianza; tres, la auditoría a la administración actual y su gente de confianza; cuatro, la coadministración de las tres comunidades, y en el punto final del pliego petitorio solicitan el estacionamiento para beneficio de la comisaría ejidal de Cacahuamilpa.

Al cierre de edición, José Luis Hernández Rosas –integrante del movimiento–, dijo que todavía estaban en espera de la reacción del gobierno estatal, “siempre y cuando sea la adecuada y no represiva”, y expresó: “El silencio de ellos no presagia nada bueno, no deseamos eso y esperamos que hablen con nosotros pero al parecer no hay voluntad política para resolver el problema, es evidente. Requerimos una contestación puntual”.

Así habían trascurrido varias horas de otro día en el que trascendió que estaría en este lugar la titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda, lo que no sucedió.

Como complemento de las irregularidades que aquí prevalecen, dos datos que atraerán la atención, los obtuvo El Sur el día de ayer. El primero es que, como ejemplo de los recursos que ingresan a las Grutas por concepto de las visitas del turismo nacional y extranjero, el monto por entradas ascendió a 58 mil 440 pesos, de acuerdo con datos proporcionados por los responsables del comité de administración de este movimiento.

En segundo lugar, otro hecho que generará polémica, se remonta años atrás, cuando las Grutas de Cacahuamilpa estuvieron a punto de ser concesionadas por 99 años por el gobierno estatal –al mando del gobernador Rubén Figueroa Alcocer– y autoridades federales al supuesto empresario canadiense Barry Sendel, conocido en el mundo del hampa como “el artista del fraude”, mismo que fue descubierto y posteriormente detenido unas horas por la policía judicial y fichado, pero no purgó condena alguna.

Lo mismo ocurrió a su esposa, quien también fue detenida cuando intentaba huir en un helicóptero en una pista del hotel Monte Taxco. Ambos no fueron castigados por la justicia mexicana, el asunto se esfumó y nada se supo de estos inversionistas y compañía que instalarían en el interior de este parque nacional Las Grutas del Tiempo, algo así como un Parque Jurásico, con dinosaurios y toda una experiencia robótica con “tecnología de punta”, se ufanaban ellos con el apoyo de incondicionales entre los que se aliaron funcionarios municipales y seudoreporteros que se jactaban públicamente de tener asegurada una buena tajada de billetes.

La historia cambió y todo se vino abajo. Con la presión nacional e internacional el sueño del artista del fraude con la complicidad de las autoridades, se esfumó.

El colmo de todo este caso que resurge con la protesta y toma de las grutas radica en que en los recibos por concepto de consumo de energía eléctrica, la razón social que aparece es la de Grutas del Tiempo-Taxco, lo que refleja lo avanzado que estaban los trámites de ese proyecto que no se realizó. Al llegar el documento correspondiente al mes anterior, se logró constatar tal situación que deberá ser aclarada por las autoridades competentes.

Forman un comité de administración

El Sur platicó con autoridades y habitantes de estos poblados que mantienen tomadas las instalaciones. Parte de la organización del movimiento se enfocó a la formación de un comité de administración por dos representantes de cada una de las tres comunidades mencionadas.

Gregorio Beltrán Rosas, aseveró igual que otro de los dirigentes: “No nos vamos a mover de lo que ya dijimos porque no es únicamente un acuerdo tomado por las autoridades (de lugares mencionados) sino que es la inquietud de toda la población, y hoy contamos con el apoyo de la gente y no vamos a defraudarla”.

Enfatizó: “Queremos que el gobernador ponga los ojos en este asunto, le invitamos a que venga él, personalmente, para que solucione este problema. No queremos gente de terceros, segundos ni primeros niveles, queremos a él, que venga para que vea realmente lo que han hecho en este parque, no queremos mentirle a través de periódicos, de radio y televisión, no. “Queremos que venga y vea el desecho que hay alrededor de este Parque Nacional, que se dé cuenta que no somos unos mentirosos y que lo que estamos diciendo se lo vamos a comprobar con hechos y no con palabras”.

Beltrán Rosas afirmó que después de varias décadas de explotarse este destino con bellezas naturales, las comunidades del municipio de Pilcaya, y más las cercanas al parque nacional, no han sido beneficiadas, “están totalmente abandonadas, por eso yo invito a la gente y al gobernador a que vengan y vean cuál es la condición en la que estamos. Si pedimos esto, es porque queremos el beneficio para nuestras poblaciones, no personalmente y para nuestras familias. No sentimos el apoyo del gobierno y es por eso que se pide esa concesión para demostrar que somos capaces de llevar a cabo buenas obras para las poblaciones”.

Apoyo de las comunidades

A manera de balance del primer día y horas que se acumularon ayer en esta toma, el comisario de Cacahuamilpa, José Reyes Amates, expresó que la respuesta de los habitantes de las comunidades involucradas ha sido positiva.

“Hubo buen apoyo en la noche, hay interés y participación para resolver este reclamo, por eso permanecemos en la misma posición del principio (…) llevamos dos años con la gestión para que se cumpla este acuerdo, pa´llá y pa´cá y que vengan, que todo eso, y ya no estamos dispuestos a seguir aguantando tanta injusticia para las comunidades”, dijo.

Agregó que la noche del martes observaron movimiento de gente a pie y en vehículos que hacían preguntas “ilógicas”, por lo que suponen que llegaron aquí para checar cuánta gente, si se mantienen firmes en la lucha y ver la posibilidad de romper con este movimiento, pero no se han registrado incidentes mayores.

Minutos después de que habían definido el pliego petitorio, el comisario de la comunidad Crucero Grutas, Odilón Beltrán Rosas, terció en la entrevista para hacer un llamado al presidente de la República, Vicente Fox Quesada, con la finalidad de que los habitantes y autoridades que se participan en este movimiento “nos respalden para que no seamos objeto de atropellamientos por parte la policía del Estado de Guerrero”.

Una toma semejante de las instalaciones de este parque nacional se realizó en 1996, por parte de habitantes y autoridades de la comunidad de Cacahuamilpa, y devino en un movimiento que se mantuvo durante seis meses y en donde las consecuencias fueron represivas hacia varios integrantes. Uno de ellos, Margarito Sánchez Mérida, fue secuestrado y estuvo desaparecido durante un par de meses y luego, frente a las presiones de la gente y la opinión pública, se logró su liberación.

* Jesús Torres Quiroz y el agente de la Zapata, Carlos López Sotelo, niegan información a los medios

Alfredo Mondragón *Cinco custodios del penal de Acapulco, entre ellos el jefe de seguridad, fueron arraigados en el mismo reclusorio a raíz de la fuga del narcotraficante Florentino Mejía Lujano, debido a que “están vinculados y son los principales sospechosos” del escape del 30 de diciembre, cuando se efectuaba un jaripeo con la asistencia el director general de reclusorios del estado, José Luis Trujillo Sotelo.

Agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) Judicial del Estado (PJE), Policía Federal Preventiva (PFP), Policía Preventiva municipal y del estado, con fotografía en mano, buscan al narcotraficante que se fugó del penal de Las Cruces, el pasado domingo 30 de enero cuando se celebraba una corrida de toros.

El director del Cereso de Las Cruces, Jesús Torres Quiroz, a pesar de que se realizaron los trámites y se presentaron las acreditaciones correspondientes, a petición del mismo funcionario y tras dos horas de espera, se negó a recibir a reporteros y corresponsales de los principales diarios, pues según el jefe de seguridad en turno en dicho penal: “Aquí no pasó nada para que buscan más”.

Agentes de la PJE, al mando del comandante del la colonia Zapata, Mario Cruz Gallardo, y personal de seguridad del penal de Las Cruces, ayer interrogaron a internos y revisaron minuciosamente las instalaciones del Cereso, incluido el sistema de drenaje y fichas de ingresos de vehículos, las granjas, el módulo de observación y clasificación, el área de visitas, baños, tiendas, restaurantes, panadería, hospital y los siete dormitorios, con el objetivo de verificar si aún se encontraba el narcotraficante prófugo oculto en la misma cárcel.

Florentino Mejía Lujano, de 37 años de edad, originario del poblado Las Mesas, fue detenido el 24 de mayo del 2000 a las 20:00 horas, por agentes de la Policía Judicial federal (PJF), junto con Magdaleno Rangel Orozco de 50 años de edad, en el motel El Cortijo, ubicado en calle Vasco Núñez de Balboa y Vizcaino –atrás del centro comercial Gigante Cuauhtémoc–, cuando realizaban una transacción de compraventa de 950 gramos cocaína, que tenían ocultos en una maleta, confiaron fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

El juez cuarto de Distrito, Jaime Figueroa Salmorán, sentenció a siete años y seis meses de cárcel a Mejía Lujano –a quien se le encontró la droga– y a Rangel Orozco –quien permanece en el penal– por encontrarlos responsables de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio y narcotráfico del denominado clorhidrato de cocaína, según quedó asentado en el expediente 39/2000, confiaron fuentes del juzgado federal.

El narcotraficante ingresó al penal el 25 de mayo del 2000 y fue asignado oficialmente al dormitorio D (auqnue según versión de otros presos, al momento de la fuga se encontraba ya en el dormitorio C, considerado como un área privilegiada a la que se paga por entrar, donde se encuentran los acusados de la masacre de Aguas Blancas). Era considerado como una persona “antisocial, callada, solitaria” y tiene un pariente recluido de nombre Pedro Lujano Flores, mismo que fue interrogado y aseguró que el último día que fue visto, se le notó “triste”, confió un custodio.

A tres días de la fuga del narcotraficante, ayer por la mañana, el director del penal, Jesús Torres Quiroz, puso del conocimiento del agente del Ministerio Público (MP) de la colonia Zapata, Carlos López Sotelo, la situación de la fuga, mismo que acudió al penal a tomar declaración a los cinco custodios arraigados en el penal, acompañado del comandante de la Policía Judicial del Estado (PJE) Mario Cruz Gallardo, encargado de localizar al reo.

A pesar de que en la agencia del (MP) se inició la averiguación previa TAB/ZAP/1148/01, interpuesta por la secretaria general del penal, Odila Mendoza Ramírez, por el delito de evasión de reos, en agravio del gobierno del estado, el titular del MP López Sotelo, primo hermano del director general de reclusorios, Trujillo Sotelo, negó que hubiera denuncia: “Por Dios que no tengo averiguación previa o denuncia de hechos de este caso ni estaba enterado”, juró en entrevista por la tarde.

El encargado del dormitorio D, Víctor Manuel Olea Contreras; el encargado de la puerta principal, Régulo Ramírez Zapata; el jefe de seguridad, Joaquín Emilio Sánchez de la Cruz; el primer comandante de custodios, José Efraín de los Santos Vidal y el segundo comandante Humberto Francisco Salinas Jacinto, fueron arraigados e interrogados en el mismo penal ayer por el agente del MP, López Sotelo.

El encargado del dormitorio D, Víctor Olea Contreras, declaró a la autoridad ministerial que recibió la guardia de dicho dormitorio a las 8 de la mañana y que a las 16:00 horas aún se encontraba afuera del dormitorio Florentino Mejía “cuando se dirigía al evento de rodeo”  y que a las 21:00 horas durante el pase de lista se percató de su ausencia, misma que reportó al comandante Efraín Vidal de los Santos, con quien inició la búsqueda en el interior del penal.

El encargado de la puerta principal y supervisor de los vehículos que ingresan al penal, Régulo Ramírez Zapata, manifestó al agente del MP, López Sotelo, que el 30 de diciembre a las 8 de la mañana inició labores y por la noche “no noté nada anormal en la salida de las camionetas del jaripeo, por la puerta no salió”.

El jefe de seguridad, Joaquín Emilio Sánchez de la Cruz, expresó que se enteró de la fuga del reo de parte del comandante de los Santos Vidal y el segundo Salinas Jacinto y que interrogaron al “familiar” del prófugo Lujano Flores, pero dijo que “no sabía nada de él” y que revisaron todas las instalaciones.

* Sí estuvo en el Cereso cuando se fugó un reo

De la corresponsalía, Chilpancingo * El director general de los centros de Readaptación Social, José Luis Trujillo Sotelo, aceptó que se encontraba en un jaripeo en el patio del penal de Acapulco cuando un reo que enfrenta un proceso por narcotráfico aprovechó para darse a la fuga y hasta el momento no ha sido reaprendido por la Policía Judicial del Estado que anda en su búsqueda desde hace tres días. El funcionario se manifestó porque se realice una investigación en esta cárcel para verificar lo dicho por el Comité de Presos Políticos en el sentido de que hay corrupción.

“Estábamos en el patio del penal más del 80 por ciento de la población carcelaria disfrutando un jaripeo con cuatro novillos, y fue hasta el térmimo de la corrida cuando el director del penal se dio cuenta de la fuga del reo”, expresó el responsable de los 16 penales de Guerrero.

Florentino Mejía Lujano, un reo que purgaba siete años de cárcel, fue el que se fugó, y según José Luis Trujillo Sotelo no se descarta que éste haya recibido ayuda de alguna autoridad carcelaria para salir del penal.

“Vamos a investigar esta fuga y si hay responsables de esto se va a aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias”, expresó el funcionario, entrevistado en sus oficinas.

Indicó que en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya se interrogó al director del penal de Acapulco, Jesús Torres Quiroz, al jefe de seguridad, Joaquín Emilio Sánchez de la Cruz, y al comandante responsable de la custodia de la puerta principal, Régulo Ramírez Zapata.

Manifestó que desde que René Juárez Cisneros asumió la gubernatura, hace casi tres años, se han registrado tres fugas de reos: una en la ciudad de Iguala, otra en Chilpancingo donde un reo que purgaba una condena por secuestro se fugó adentro de un ropero que se construyó en la cárcel en el taller de carpitería.

“Esta última fuga que se realizó en Acapulco se está investigando, y procederemos contra quien sea”, manifestó.

Explicó que el jaripeo que se realizó únicamente en el penal de Acapulco forma parte de una serie de actividades que se realizaron en los 16 reclusorios de Guerrero con motivo de las fiestas de fin de año.

“Esto que pasó en Acapulco fue algo lamentable que tenía tiempo que no ocurría, pero estamos investigando para esclarecer este hecho”, expresó el funcionario estatal.

Sobre los señalamientos que hicieron los miembros del Comité de Presos Políticos que encabeza Omar Guerrero, Trujillo Sotelo, pidió a éstos que entreguen las pruebas de sus acusaciones.

“No se vale acusar por acusar, y esperamos que los que están haciendo esos señalamientos que lo demuestren con pruebas y que las entreguen al Ministerio Público del Fuero Común para que se desliden responsabilidades”, expresó el director general de las cárceles de Guerrero.

* Si no hay cambio de régimen habrá conflictos mayores en el estado, advierte * El PRI está dominado por Rubén Figueroa y sólo se transformará cuando pierda el Congreso y la gubernatura, dice el funcionario federal

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El coordinador del Plan Puebla Panamá (PPP), Florencio Salazar Adame, dijo ayer que el modelo político de Guerrero está agotado, y propuso una alianza PRD-PAN para que la oposición sea mayoría en el Congreso local y desde allí vigilar que los recursos públicos no se desvíen para beneficiar al PRI o “para otros fines”.

Dijo que forzosamente tiene que haber un cambio de régimen en Guerrero, pues “de lo contrario habrá mayores conflictos de los que se están viviendo”.

De su anterior partido, el PRI, el actual funcionario del gobierno de Vicente Fox señaló que ya no es noticia que está dominado por una corriente política, “la del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer” y que para que cambie este partido necesariamente tiene que perder en las elecciones, primero en las legislativas de este año, y luego la gubernatura en 2005 para que ocurra lo que está pasando en el nivel nacional.

Salazar Adame estuvo ayer en esta capital y concedió una entrevista masiva en el restaurante La Parroquia en donde habló de dos temas: los proyectos del PPP, y de la situación política de Guerrero que dejó siendo secretario general de Gobierno para incorporarse a la campaña presidencial de Fox.

Al hablar de Guerrero dijo que “si no entra en un proceso de reforma rápido y de manera integral, está llamado a ser uno de los más pobres del país”, pues dijo que según datos ocupa entre el segundo y el tercer lugar de los estados más atrasados de México, después de Chiapas y Oaxaca.

Sin embargo, señaló que la situación de esta entidad es más difícil porque Chiapas es un estado que tiene recursos petroleros, electricidad y recursos forestales, minería, ganadería y un gran potencial para ser un gran estado, mientras que Oaxaca también tiene zonas agrícolas importantes y una zona industrial destacada y con un gran talento para la promoción turística, “y nosotros (Guerrero) vivimos en un conflicto permanente de cierre de carreteras, toma de calles, protestas y la política clientelar”.

Según Salazar Adame para cambiar esta situación tiene que haber un proceso de reflexión para que los problemas que han durado a lo largo de muchísimos años se puedan resolver, “de lo contrario Guerrero puede ser el estado más pobre del país con todo y lo que significa en cuanto a la presencia de grupos armados, delincuencia organizada, narcotráfico y de una sociedad que no se pone de acuerdo porque los más activos permanentemente están manifestando su inconformidad y la mayoría  pasiva sufriendo las consecuencias”.

Señaló que por ello el problema de Guerrero es de fondo y muy complejo “que requiere una visión de lo que es el estado y de cómo debe buscarse la solución a estos problemas”.

Después de aclarar a los reporteros que se encontraba en su día de asueto como funcionario federal se fue más a fondo: “En mi opinión como guerrerense, no como funcionario federal, en Guerrero el modelo político está agotado, este modelo político en Guerrero no va a dar para más y tiene que haber un cambio porque de lo contrario está llamado a tener mayores conflictos de los que estamos viviendo actualmente”.

Concretamente dijo que lo que se requiere es que haya un cambio de régimen “y eso tendrá que darse, de acuerdo a las normas democráticas, en las próximas elecciones”.

Pero para ello Salazar Adame opinó que debe haber un verdadero compromiso entre los partidos políticos de oposición, “mientras cada partido esté jalando agua para su molino, van a ser una oposición importante pero siempre remontable por el partido oficial y yo creo que la democracia nos da la oportunidad de que se establezcan acuerdos para el cambio político en el estado”.

Informó que él ya lo ha comentado con algunos dirigentes sobre todo del PRD y del PAN en el sentido de que debiera haber coaliciones de los partidos para ganar la mayoría en el Congreso local. “Aquí el problema que se da es que cada partido tiene líder y militantes y cada quien busca una posición política y esto evita las alianzas, pero debe tenerse muy en claro qué es lo que se busca para el estado; si se busca un cambio de régimen un cambio de partido en el poder, tiene que plantearse una estrategia que haga posible que esto empiece a revisarse desde las próximas elecciones municipales”.

Dijo que lo que les ha propuesto, “como un ciudadano que simplemente opina”, a las dirigencias de esos dos partidos es que debe procurarse que el Congreso local esté en manos de la oposición, “porque desde ahí se va a vigilar la aplicación de los recursos, sobre todo porque cuando los recursos federales entran a las arcas del estado quien tiene que vigilar y dictaminar el ejercicio de estos recursos es la Contaduría Mayor del Congreso  del Estado, pero si la Contaduría Mayor está controlada por el mismo partido del que forma parte el gobernador, pues obviamente hay el riesgo de que se usen recursos públicos en los procesos electorales o de que haya desviación de estos recursos para otros fines”.

Señaló que también ha propuesto que para ello se realicen encuestas en cada distrito y que quien resulte con más votos, ya sea del PRD o del PAN, que el otro partido se sume “pero lo que tenemos que buscar es que el próximo Congreso sea mayoritariamente opositor para que haya la seguridad de que no va ha haber desviación de recursos y que va a haber transparencia en el próximo proceso electoral para gobernador (en 2005) para que no haya nadie que quiera utilizar los recursos a favor de determinado partido”.

Con respecto al Plan Puebla Panamá  dijo que los 6 mil millones de pesos para este programa que se asignaron en el presupuesto recientemente aprobado “es un paquete importante” y que serán canalizados sobre todo para la construcción de carreteras.

Informó que  la meta al finalizar este sexenio es haber terminado 4 mil kilómetros de carreteras en el sur-sureste  del país para comunicar a los nueve estados de la región y lograr la comunicación con mercados internacionales, señaló que para ello se prevé una inversión de 20 mil millones de pesos.

Informó que los programas prioritarios empezarán por Chiapas y Oaxaca y que los proyectos ya están concluidos.

* Antes del acto, el diputado federal se reunió en privado con Javier Morlett Macho, César Flores Maldonado, Carlos de la Peña Pintos, Miguel Mayrén Domínguez y Luis Walton Aburto * El nuevo delegado municipal del CDE priísta tiene la comisión de encabezar la primera fase del proceso de registro y la encuesta * Dice Castro Justo que se busca recuperar la Presidencia Municipal del puerto

Maricela Santos * El diputado federal priísta Raúl González Villalva fue designado ayer por la tarde como delegado del Comité Directivo Estatal del PRI en Acapulco por el presidente estatal de ese partido, Juan José Castro Justo.

La toma de protesta del dos veces presidente del CDE del PRI, fue además el primer encuentro de los aspirantes a la candidatura por la alcaldía de Acapulco en la sede priísta, así como también fue el primer encuentro previo al registro de estos que se plantea que se haga de manera conjunta y sin contingentes el próximo viernes 4 de enero a las 12 horas en las oficinas del Revolucionario Institucional en Chilpancingo.

Antes de la toma de protesta del diputado federal priísta, hubo una reunión en privado con los aspirantes Javier Morlett Macho, César Flores Maldonado, Carlos de la Peña Pintos, Miguel Mayrén Domínguez y Luis Walton Aburto, mientras que los diputados federales Ernesto Rodríguez Escalona y Manuel Añorve Baños no asistieron, a pesar de que el primero anunció que se registrará como tal.

Castro Justo señaló que la llegada de González Villava a ocupar el cargo que tenía en aspirante a la candidatura, Carlos de la Peña Pintos, “es para preparar la primera fase del registro de aspirantes” que inicia hoy en el CDE a las nueve horas, así como iniciar “de inmediato el intercambio de opiniones con los precandidatos” con miras a recuperar la presidencia municipal de Acapulco.

Dijo que González Villalva fue notificado del nombramiento ayer por la mañana con el fin de que conduzca el trabajo político para la selección de aspirantes en el puerto “para que el PRI tenga condiciones de preservar su fortaleza y crear las mejores condiciones para el triunfo en la elección que tendremos el primer domingo de octubre de este año”, pues consideró que cuenta con una amplia experiencia política pues fue además quien coordinó la elección interna a la gubernatura.

Hizo durante su intervención un paréntesis para enfatizar que fue la bancada priísta de la Cámara de Diputados la que no permitió que se gravara con el IVA a los alimentos y bebidas y anunció que “en los próximos días” los diputados federales priístas harán “un  trabajo de información” para difundir los términos en que se aprobó la ley de ingresos y egresos de la federación.

Señaló en entrevista que la idea del CDE es hacer campañas conjuntas y que se prevé que no habrá enfrentamientos entre los seguidores de los aspirantes como el que se dio en Atoyac durante la campaña para la elección del candidato del PRI a la gubernatura entre seguidores del actual gobernador, René Juárez Cisneros, y los del actual diputado federal, Manuel Añorve Baños, pues le apostó a que ahora este partido tiene militantes con “más conciencia”.

–¿Hay candados en la convocatoria?– preguntó un reportero

–La convocatoria (lanzada públicamente el 19 de diciembre) resume los requisitos que establecen los estatutos y lo que establece la ley, si esos son candados así podrán ser considerados pero son los requisitos estatutarios y de ley –dijo Castro Justo.

Enfatizó además que el cargo de González Villalva es para dar un servicio en una comisión temporal al partido mientras concluye la primera fase del proceso de registro y la encuesta, y descartó que con su designación se violen los acuerdos de la 18 asamblea nacional en donde se solicitó que no se dobletearan cargos.

González Villalva por su parte reconoció que su función “no será definitivamente nada fácil, pero tampoco imposible porque con la buena disposición y voluntad política con la que he aceptado ser delgado municipal del Comité Directivo Estatal con el objeto de llevar este proceso interno para elegir al candidato del PRI a la presidencia municipal de Acapulco”.

Dijo que para lograr buenos resultados en el proceso interno habrá que trabajar de tiempo completo en el municipio de Acapulco “dentro de un marco de legalidad, con transparencia y siendo incluyentes”, y asumió que desde ayer a las 19 horas todo lo que suceda será bajo su responsabilidad en torno al proceso, pues comentó que la Cámara de Diputados tendrá receso hasta el 15 de marzo y tendrá tiempo para sacar la primera fase de la contienda interna.

“Se hará respetar la voz del pueblo, en ese sentido será quien tenga la mayoría el que gane, y de acuerdo al procedimiento de la encuesta estamos seguros que nuestro candidato será un digno representante para que el próximo mes de octubre estemos en la jornada electoral compitiendo con un candidato fuerte y con un gran proyecto del partido y sustentado con la fuerza del pueblo”, agregó después en entrevista

Evadió hablar de la conducción de las campañas de Añorve Baños y Rodríguez Escalona y sobre la consigna de no llevar contingentes a los registros el viernes explicó que la idea es no generar “desbalances”.

El evento que se había convocado para las 16 horas, inició hasta las 18:30 horas, luego de que los líderes seccionales ahí citados exigieron que el evento planteado en la sala de juntas del CDM se hiciera en el auditorio de este partido, y terminaran por acarrear sus sillas a aquel salón, como lo hizo Juvenal Añorve, los ediles Julio César Bello Vargas, Francisco Vila Pérez y Federico Marcial Parral, y la líderesa Luz María Vargas, Lourdes Ozuna, Juan Larequi Radilla y hasta el dirigente del sindicato de trabajadores del IMSS, Rogelio Villanueva Camarena.

En el evento, los aspirantes hicieron un semicírculo en torno a González Villalva que excluyó a César Flores Maldonado y al joven Allam Argüeyo que trató se acercarse a la mesa de aspirantes para asumirse como tal, y durante la presentación al más viejo estilo priísta hubo porras entre los seguidores de Mayrén Domínguez y Walton Aburto, e incluso una profesora se dijo “regañada” por el segundo debido a que fue abrazada por Mayrén al término del evento.

Durante la presentación de los aspirantes, fue omitido por Castro Justo, Morlett Macho que fue el primero en llegar al evento, pero después rectificó a observación del presidente municipal del PRI, Jesús Bernal Román.

* Propone Adela Román reglamentar las empresas de seguridad privada, de una de las cuales era empleado el homicida del cónsul Philippe Delmotte * Pide Gloria Sierra acercamiento informativo “para conocer a los desertores y los motivos por lo que se retiran de la policía”

Nelly Bello * Para las síndicas Gloria Sierra López y Adela Román Ocampo el asesinato del cónsul de Francia en México, Philippe Delmotte, no sólo revela la crisis de la policía del estado y la corrupción de los cuerpos de seguridad pública, sino que “se dio por falta de conjuntar esfuerzos” entre corporaciones estatales y municipales.

Sierra López invitó al gobierno estatal a coordinar la información de agentes desertores o que son despedidos, y Román Ocampo instó a las empresas y personas que quieran contratar policías privados a que acudan a la Secretaría de Protección y Vialidad y contraten a policías preventivos auxiliares –antes Industriales y Bancarios–, que están debidamente identificados y autorizados.

Ambas edilesas fueron entrevistadas en sus oficinas del ayuntamiento un día después de que el ex policía de Hoteles y Empresas –corporación estatal que supervisa a las compañías de seguridad– Bulmaro Loreto Olayo y su cómplice David Ramírez Valverde huyeran tras matar de dos balazos calibre .38 especial al cónsul.

Román Ocampo –quien preside la comisión de Gobernación, Justicia, Policía y Buen Gobierno– calificó como lamentable la muerte del cónsul de Francia, pero “no sólo por la representación, sino porque pone al puerto, que tuvo excelente temporada con turistas a nivel nacional, en la nota roja”.

Consideró que el hecho reveló la crisis y la corrupción de los cuerpos de seguridad pública estatales, pues el homicida era empleado de una empresa de seguridad privada, sujeta a una corporación cuestionada como es la Policía de Empresas y Hoteles. Por ello, dijo, como autoridad municipal desde que la Coordinación de Fomento Municipal convocó a aportar propuestas para las reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre, ella propuso reglamentar esas empresas.

Recordó que, de acuerdo a los lineamientos para su funcionamiento, las empresas privadas deben estar registradas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la Secretaría de Gobernación (Segob), y aportar todos los datos para el registro, como sus armas y agentes en activo. “Hay que ver en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) si cumplen, o ante la Segob si las corporaciones privadas están inscritas en el SNSP. Además, Luis León Aponte debe dar a conocer el archivo criminalistico”, señaló.

Urgió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a depurar la corporación estatal, pues el ayuntamiento, con sus limitaciones, ha hecho lo que le corresponde.

Observó que el funcionamiento de la policía privada se da con autorización del gobierno del estado por medio de la Policía de Hoteles y Empresas. Dijo que ésta es una corporación inconstitucional, pues el gobierno del estado trasgrede la autonomía municipal al autorizar a empresas que incluso que no reúnen los requisitos para funcionar.

Además hizo un llamado a empresarios que contratan los servicios de empresas privadas patito, para que acudan a la Secretaría de Protección y Vialidad a contrar policías preventivos auxiliares, que están identificados, con arraigo familiar en el puerto “y no han tenido problemas”.

Por su parte, Sierra López, también síndica procuradora, consideró que “los hechos lamentables” se dieron por falta de conjunción entre las policías, porque “los asesinos eran ex policías del estado, y se requiere control estricto de la PGJE para las empresas de seguridad privada”.

Agregó que en el caso hay corresponsabilidad del gobierno estatal, por lo que pidió acercamiento informativo con la policía municipal “para conocer a los desertores y los motivos por lo que se retiran de la policía”, pues de acuerdo a versiones extraoficiales Loreto Olayo y su cómplice Ramírez Valverde desertaron “por el escaso sueldo que percibían”.

Dijo que el cónsul de Francia debió prever que los policías, por su falta de capacitación, no cumplirían sus expectativas en servicio.

* Ya no trabajaba en la Policía de Hoteles y Empresas, deslinda el director de la corporación * Tres testigos presenciales señalan a Bulmaro Loreto como el homicida

Alfredo Mondragón * Bulmaro Loreto Olayo, el homicida señalado del cónsul de Francia, Philippe Delmotte Carrade, fue soldado del Ejército durante cinco años y desertó de la Policía de Hoteles y Empresas, antes de contratarse como agente de seguridad privada de la empresa Men Power, según datos proporcionados por las autoridades.

La Policía Judicial del Estado (PJE) tiene fotografías, ubicación de domicilios personales y de familiares, antecedentes y retratos hablados del policía que asesinó al cónsul francés, y de su compadre, el policía cómplice, por lo que se espera sean detenidos esta semana, confiaron fuentes oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El agente de seguridad privada, de 27 años de edad, originario de Cuautepec, en la región de la Costa Chica, fue soldado de Infantería durante cinco años –de 1990 a 1995– en el Ejército, adscrito al 56 Batallón de Infantería, con sede en el campo militar 27-A, de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, con la matrícula 3407112.

Loreto Olayo tiene su domicilio en avenida Cerezos número 3, de la colonia Jardín Palmas, y fue hijo de los campesinos Antelmo Loreto Chino y Julia Olayo Rosario. Nació el 27 de enero de 1964 y sólo terminó la secundaria en la Secundaria Técnica número 66, con un promedio de seis de calificación.

El agente cómplice –que nada hizo por detenerlo–, Vidal Ramírez Valverde, era su compadre y vecino, pues vivía en la misma colonia y calle, pero en la casa marcada con el número 2. Ambos fueron contratados por Delmotte Carrade por medio de la agencia de colocaciones Men Power, ubicada en Plaza Cuauhtémoc, propiedad del contador público Isidro Navarrete.

Mientras tanto, el cuerpo del cónsul Delmotte Carrade fue trasladado ayer por la tarde en avión a la ciudad de México, y de ahí a su país de origen, luego de haber sido velado en la agencia funeraria Jardines del Tiempo, en tanto llegó el resto de sus familiares.

El cónsul general de Francia en México, Jean Marie Martinel, y el subdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Ramos Rendón, acudieron a la Primera Agencia del Ministerio Público, para solicitar a las autoridades “el apoyo para la agilización de los trámites legales de la entrega del cuerpo y la captura inmediata de los responsables”.

Por otro lado, el director general de la Policía de Hoteles y Empresas, dependendiente de Secretaria de Seguridad Pública del gobierno del estado, Juan Manzo Orañegi, deslindó a su corporación del asesinato del cónsul de Francia e informó que el homicida Bulmaro Loreto Olayo causó baja el 16 de junio del 2001 por abandono de empleo, y que su cómplice “nunca formó parte” de la Policía Auxiliar del Estado (PAE).

Mediante un boletín oficial, Manzo Orañegi precisó que Loreto Olayo formó parte de la corporación del 15 de enero de 1996 al 16 de junio del 2001, y manifestó su disposición de “facilitar toda la información que se requiera en las investigaciones del caso a fin de aprehender a los responsables”.

Pero el funcionario omitió explicar que la corporación a sus órdenes supervisa y autoriza la operación de las empresas de seguridad privada, en una de las cuales laboraba el homicida del diplomático.

Tres testigos presenciales del asesinato del cónsul francés acudieron “voluntariamente” a declarar ante el titular de la Primera Agencia del Ministerio Público (MP), Francisco Guzmán Díaz, y con sus testimonios confirmaron que el agente de la Policía de Hoteles y Empresas Bulmaro Lotero Olayo fue el homicida.

El oficce boy del hotel Hacienda Vayma Resort, ubicado en Pie de la Cuesta y propiedad de la víctima, Rutilo Cortés Hernández; el capitán de meseros, Adolfo de los Santos Reyes, y el empresario hotelero Flavio Machicado Terna, acudieron ayer a la Primera Agencia del Ministerio Público a declarar en calidad de testigos presenciales del crimen, y confirmaron que el policía Loreto Olayo, fue el autor del mismo.

Delmotte Carrade fue asesinado de dos balazos calibre .38 especial la madrugada del Año Nuevo en el patio de su establecimiento por Loreto Olayo, a quien reprendió por ingerir bebidas embriagantes en horas de labores.

El asesino y su compadre –con quien bebía– se fugaron y son buscados por grupos especiales de la PJE y de la PJF.

El cónsul francés recibió dos impactos de bala, uno en la tetilla izquierda y otro en el hombro a la altura de la clavícula izquierda aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del primero de enero, y fue trasladado por personal del hotel a la Unidad Médico Familiar número 9 del IMSS, ubicada en la avenida Cuauhtémoc, donde fue atendido por el médico de guardia Mario Vázquez Salazar. Pero falleció a las 4:00 de la mañana, víctima de hemorragia interna.

Según versiones de los testigos oculares, Delmotte Carrade, luego de haber celebrado los festejos de Año Nuevo, se acostó a dormir en su recamara, pero escuchó escándalo en el patio del hotel y bajó a ver qué pasaba.

Así, encontró que los dos agentes de seguridad privada tomaban bebidas embriagantes en horas de trabajo y les llamó la atención. Entonces el policía Loreto Olayo sacó su pistola y le disparó.

* Javier Saldívar, de la OCVA, llama a no encubrir delincuentes * Mejor preparación para los cuerpos policiacos, demanda el presidente de AHETA, Rafael García * Les falta profesionalización, dice el dirigente de Canirac, Alfonso Salcedo * El asesinato no debe quedar impune, clama Juan García Delgadillo, del Coltur * Supervisión constante, exige el diputado Alberto Mojica

Raquel Santiago * Dirigentes turisteros coincidieron en exigir que las autoridades encargadas de los cuerpos policiacos lleven un banco de datos de todos los elementos de seguridad pública y privada, a fin de garantizar también la integridad de los empresarios.

En entrevista separada, el encargado de la presidencia de la OCVA, Javier Saldívar Rodríguez, lamentó el asesinato del cónsul francés Philippe Delmotte porque “fue un de los impulsores del destino”, y recordó que participó activamente en las organizaciones turísticas.

Dijo que es necesaria una base de datos de los elementos policiacos tanto privados como públicos, para evitar que agresiones como las que sufrió el empresario francés queden impunes. Argumentó que se debe seleccionar a las personas encargadas de la seguridad, pues de otro modo se puede llegar a “encubrir a delincuentes y gente prófuga de otros estados”.

Reiteró que se deben conocer los datos de quienes portan armas. Advirtió que de no garantizarse la seguridad a los empresarios puede mermar la inversión, aparte de que estos hechos lamentables dan una mala imagen del puerto en el mundo.

En tanto, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Rafael García-Pimentel Caraza, reiteró que siempre será un clamor pedir más seguridad, y tras condenar los hechos exigió que se aplique la ley porque, dijo, “hay confianza en las autoridades”.

Reclamó mejor preparación para los cuerpos policiacos, aunque también consideró que no es adecuada la cultura del armamento en los empresarios.

El presidente de la Canirac, Alfonso Salcedo Cobos, dijo que “falta profesionalización en las corporaciones de seguridad” y se manifestó también a favor de que se instale una base de datos que contenga los antecedentes de los agentes. Sugirió que debe existir coordinación permanente entre la seguridad pública y privada. Dijo que es necesario aplicar “medidas drásticas”, porque “sólo se quedan en planes” las posibles soluciones.

Para el presidente del Colegio de Licenciados de Turismo, Juan García Delgadillo, Philippe Delmotte era el enlace con inversionistas de ese país con el municipio, y sugirió que se debe tomar en cuenta que los policías deben tener escolaridad, preparación académica y capacitación constante.

Agregó que también se deben conocer sus antecedentes para tenerlos plenamente identificados. Reiteró que el asesinato no debe quedar impune.

El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso local, Alberto Mojica Mojica, por separado también coincidió en el reclamo de mantener los cuerpos policiacos bajo supervisión mediante las revisiones de los antecedentes penales, así como la depuración de los elementos.