Jorge Nava * Unos 300 profesores y trabajadores de la CETEG marcharon ayer por la Costera y se plantaron pacíficamente en la delegación del ISSSTE para exigir solución a sus demandas.

La macha la tenían prevista para las 10 de la mañana, según informó un día antes la integrante de la comisión de prensa Maricela Martínez Reséndiz. Pero fue después de las 11 horas cuando los cetegistas decidieron partir de las oficinas de la Subcoordinación de la SEG para tomar la Costera con dirección a Caleta.

Al llegar al cruce de Plaza Bahía tomaron la Costera con sentido a La Base para subir por la calle del Morro, del fraccionamiento Farallón del Obispo, a la delegación del ISSSTE, donde se plantaron pacíficamente durante dos horas.

En el trayecto, agentes de la Dirección de Tránsito buscaron la manera de dar vialidad a los conductores.

Transeúntes y conductores gritaban “pónganse a trabajar güevones”, a lo que los cetegistas respondían en la misma actitud.

Los profesores se pronunciaron por la no privatización del servicio de salud del ISSSTE y del IMSS, por la mejora en la atención en el servicio médico, por la no privatización de la educación y por la entrega de recursos a la educación.

Mientras se mantuvo el plantón de los cetegistas, el personal de seguridad resguardó las instalaciones y las cerró, lo cual causó la molestia de las personas que se encontraban en el interior al no poder salir.Algunos pretendían salir saltando oficinas que daban a la calle del Morro.

 * No es obligación legal del gobierno municipal adquirir predios para escuelas, sino del gobierno del estado, dice el subsecretario de Desarrollo Social de Acapulco

 Jorge Nava * El subsecretario de Desarrollo Social del ayuntamiento, Heriberto Manuel Pastrana Cruz deslindó al ayuntamiento del conflicto en la escuela primaria Antonio Barbosa Heldt al señalar que no es obligación legal del ayuntamiento adquirir predios para escuelas sino del gobierno del estado.

Mientras, en una reunión que duró cuatro horas, padres de familia y profesores de la escuela primaria Antonio Barbosa Heldt, acordaron hacer las gestiones pertinentes para que el ayuntamiento los apoye en la adquisición de un predio para la construcción del edificio de ocho aulas que le exigen a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG).

Lo anterior fue uno de los puntos pactados entre padres de familia, profesores, autoridades educativas y municipales, en una reunión de cuatro horas que lograron luego de dos manifestaciones en el asta bandera.

El subsecretario de Desarrollo Social del ayuntamiento, Heriberto Manuel Pastrana Cruz señaló en entrevista por teléfono que no es obligación legal del ayuntamiento adquirir predios para escuelas sino del gobierno del estado.

Entre las autoridades que acudieron a la reunión por parte de la SEG, estuvo el subsecretario de Planeación Educativa, Jorge Salgado Leyva y el director de Planeación, Programación y Evaluación de esa misma área, Daniel Pérez Cortés.

Según Pastrana Cruz, por parte de ellos, les prometieron a los padres y a los profesores la construcción del plantel de ocho aulas con baños, oficinas para las direcciones, y no como les habían informado a los padres de familia el miércoles, que sólo sería de seis aulas.

El funcionario agregó que ya los padres cuentan con algunos fondos para la adquisición de otro predio aledaño al plantel, pues recordó que de acuerdo con lo expuesto por Salgado Leyva, el Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas federales (CAPECE) observó que no se reúne el número de superficie necesario para las aulas requeridas.

Sin embargo, Pastrana Cruz indicó que los de la SEG aseguraron que CAPECE hará una excepción y construirán el plantel de ocho aulas.

La reunión se efectuó en la Unidad Deportiva Acapulco (UDA) donde actualmente los estudiantes reciben clases. Allí los padres de familia discutieron con las autoridades los acuerdos a tomar para resolver su demanda porque según en algunas exposiciones, fijaron la postura de que no desean que algunos grupos sean ubicados en otros planteles educativos a falta de la construcción de las ocho aulas.

Una profesora urgió la solución inmediata de la demanda porque subrayó que los menores no reciben clases en las condiciones necesarias para su educación.

Ejemplificó que el director de la UDA, Fernando López Zamora usa los escritorios y las sillas de los alumnos para efectuar luchas en el interior del espacio provisional.

Describió que han encontrado envases de cerveza dentro del espacio que la SEG les buscó provisionalmente para continuar con las clases.

Otro problema que señaló, fue el del agua, pues abundó que el mismo López Zamora ordenó a su personal que no les den ese servicio.

Se quejó por no contar con el servicio, los sanitarios están sucios y recordó la ocasión en que los menores tuvieron que recibir clases en los baños de la UDA.

Al discutir los acuerdos que llegarían tanto las autoridades estatales, municipales, padres y profesores del plantel, en un principio el municipio se resistió a firmar el documento, pues Salgado Leyva les expuso a todos los presentes que desde la administración zeferinista, la SEG hizo la gestión para que el municipio adquiriera el predio porque así lo establece normas de la ley de coordinación fiscal, en la cual, según explicó, “el ayuntamiento, es el responsable de las áreas verdes, que cuando se construye un fraccionamiento, deben de quedar los servicios, tanto educativos como de mercados”.

Otros funcionarios que acudieron a dicho acto fueron el subcoordinador de los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez; el director de Control de la Secretaría del ayuntamiento, Alejandro Blanco García; el director de Educación, José Luis Odriozola.

Por la dirección del plantel, Julia Aguilar Arias y la presidenta de la sociedad de padres de familia, Piedad Noriega Moctezuma. También estuvo el dirigente del SNTE en esta ciudad, Adolfo Catarino Vázquez.

 De la corresponsalía, Chilpancingo * A oho días del incendio en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla de esta ciudad, más de mil comerciantes permanecen en las calles vendiendo sus productos y solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue las causas del siniestro porque sospechan que este fue provocado por las autoridades municipales para obligarlos a reubicarse.

En tanto, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Gustavo Piña Lagunes, señaló que existe un grave riesgo tanto para los comerciantes y consumidores porque los productos se expendan en las calles.

“Este un problema muy grave de salud pública y lo mejor es que los comerciantes deberían de aceptar su reubicación”, manifestó el funcionario quien este viernes junto con un grupo de peritos realizó una inspección en la nave 4 del mercado.

Urbano Vázquez Martínez, Félix Mejía Miranda y Edgar Sánchez Nava, comerciantes de la central de abastos, dijeron que es muy “raro” que hasta el momento las autoridades del ayuntamiento no den a conocer el dictamen de las causas del incendio ocurrido la madrugada del viernes 23.

“El incendio empezó a la una de la madrugada y no entendemos por qué los bomberos y los elementos de la Policía Municipal llegaron dos horas después y solamente para acordonar el área e impedir que los comerciantes entráramos al mercado a sofocar el incendio que apenas iniciaba y que podía controlarse”, externó Edgar Sánchez.

Dijeron que por eso están solicitando que la PGR atraiga la investigación para que se castigue a los responsables que provocaron el incendio.

Y es que aseguran, pudiera ser que el gobierno del estado y el ayuntamiento de Chilpancingo se hayan coludido para provocar el incendio con el propósito de construir un nuevo mercado para “otorgarle la obra a un empresario constructor que es compadre del gobernador René Juárez Cisneros”, afirmó el comerciante Félix Acevedo Jiménez.

En conferencia de prensa, los comerciantes acusaron al alcalde Saúl Alarcón Abarca de realizar una campaña contra ellos en los medios en donde se invita a los ciudadanos a que no les compren a los comerciantes que tomaron las calles para vender sus productos.

“Nosotros, ya acordamos no reubicarnos en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo como lo propone el presidente municipal, Saúl Alarcón Abarca, porque eso representaría tener más pérdidas económicas”, aseveró el comerciante y ex regidor de la comuna municipal, Urbano Vázquez Mártínez.

Dijeron que las pérdidas económicas por el incendio del mercado fueron de aproximadamente de 100 millones de pesos.

Denunciaron que no a todos los comerciantes se les otorgó el apoyo económico que ordenó el gobernador René Juárez Cisneros que les entregara el ayuntamiento municipal.

“El gobernador René Juárez dijo en la reunión con nosotros que nos ayudaría con 3 millones de pesos que serían repartidos a más de mil 500 comerciantes, pero ahora resulta que el alcalde Saúl Alarcón Abarca asegura que ya entregó 4 millones 350 mil pesos de apoyos”, externó Félix Mejía Miranda.

Pidieron a las autoridades municipales que les brinden todo el apoyo para que continúen vendiendo sus productos en las calles adyacentes al derruido mercado central.

Exigen que las autoridades municipales construyan un mercando funcional competitivo que dé cabida a mil 500 comerciantes, que arquitectónicamente se encuentre resistente y con una vida útil de 50 años.

En un documento que va dirigido al presidente Vicente Fox y al gobernador René Juárez Cisneros, señalan que a ocho días del incendio que devastó más de 400 establecimientos comerciales de abarrotes, flores, joyería y carnicería, se encuentran a la expectativa, porque todavía no ven que las autoridades del ayuntamiento les den un apoyo.

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Agentes de la Policía Preventiva de Zihuatanejo y el agente del Ministerio Público Federal, Abelardo Camacho Reyes protagonizaron un conato de violencia afuera del centro de salud El Embalse, luego de que éste pretendiera “rescatar” a un policía municipal comisionado a la PGR cuando fue llevado a certificar tras haber chocado en el entronque de la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas a la altura de Ixtapa.

De acuerdo a la versión del subdirector de Seguridad Pública, José Martínez Ramírez y de un policía preventivo, cerca de las dos y media de la madrugada en el entronque de la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas a la altura de Ixtapa, el señor José Alfredo González Pérez, preventivo comisionado en la PGR chocó una camioneta Cherokee contra un poste de luz, pretendiéndose dar a la fuga en otro vehículo.

Los policías municipales que se encontraban de guardia en el módulo 17, cerca del lugar, procedieron a detenerlo y lo remitieron al centro de salud El Embalse, en el centro de Zihuatanejo, para su certificación médica, pues González Pérez se encontraba en estado de ebriedad.

Ahí llegó el titular del Ministerio Público Federal, Abelardo Camacho y el perito de la PGR adscrito a la plaza, de nombre José Braulio, pretendiendo “rescatar” a González Pérez y al mismo tiempo insultando a los policías preventivos que ante el comportamiento del agente federal y ante el conato de violencia que estaba por suscitarse, tuvieron que llamar al subdirector de Seguridad Pública, José Martínez.

Martínez Ramírez tuvo un altercado verbal con Camacho Reyes, quien a su vez exigió ver el arma de un preventivo “para verificar que estuviera registrada en la licencia colectiva”, por lo que el funcionario municipal procedió a quitarle los cartuchos a la pistola calibre 380 antes de mostrarla al agente, quien se quedó con ella.

Luego, se retiró del lugar con palabras altisonantes.

Una vez en la dirección de Seguridad Pública, el titular, Fernando Barrientos Llánes, vía telefónica pidió a Camacho Reyes que se presentara para solucionar el conflicto, por lo que minutos después, arribó el MP federal junto con el perito abordo de la suburban que habitualmente conduce el comandante de la AFI, Francisco Igrahm Sánchez del Villar.

Tras una reunión a puerta cerrada, Camacho Solís salió de las instalaciones y al momento de ser abordado por los medios de comunicación, con aliento alcohólico, dijo que “ahí no pasó nada, simplemente estábamos checando a un elemento que estuviera en la licencia colectiva federal de armas de fuego”.

–Se habla de un altercado con la Policía Preventiva.

–No, no hay nada de eso.

–Se dice que estaban tomando.

–No, de ninguna manera, tu servidor al menos no toma bebidas embriagantes, estamos trabajando y estamos para servir a la sociedad, no ha habido ningún conflicto, la policía municipal y la Procuraduría General de la República hemos trabajado en equipo.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Fernando Barrientos dijo que luego de hablar con el agente del Ministerio Público Federal y analizar el conflicto, ambos llegaron a la conclusión de que “no tenía por qué hacerse grande el incidente sin mayores consecuencias”, por lo que al final, Camacho Reyes entregó el arma y los cartuchos que momentos antes le había quitado al subdirector de Seguridad Pública, “y no pasó nada”.

 De la corresponsalía, Chilpancingo * La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) informó que a más de 50 familias de los municipios de Acatepec y Heliodoro Castillo (Tlacotepec) que resultaron afectadas por las primeras lluvias de esta temporada se les está dando apoyo económico por parte de las autoridades estatales y de los ayuntamientos.

Gustavo Piña Lagunes, director general de la UEPC, señaló que se envió una circular a los 77 ayuntamientos donde les hacen saber que deben de hacer una serie de recomendaciones a la ciudadanía cuando haya una tormenta eléctrica.

Cuando haya una tormenta eléctrica se  recomeienda a las personas que no se protegan debajo de un árbol, que no practiquen algún deporte en lugares al aire libre.

Piña Lagunes dijo que esta recomendación se envió a los gobiernos municipales luego de que en las comunidades de Tierra Blanca y Aguatordillo, del municipio de Acatepec, murieron cuatro personas y resultó herido un menor por el alcalce de un rayo.

Señaló que el gobierno de René Juárez Cisneros y los alcaldes de los ayuntamientos de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Acatepec ya dieron apoyo a las familias damnificadas.

En el caso de la comunidad de Las Margaritas, del municipio de Heliodoro Castillo, ya se les pidió a las 52 familias afectadas por las lluvias que construyan sus viviendas lejos del arroyo El Tigre que fue el que se desbordó hace tres días y ocasionó la muerte de una señora y su pequeña hija.

Manifestó que según la Comisión Nacional del Agua(CNA) en esta temporada de lluvias se prevén 15 tormentas tropicales que pueden convertirse en ciclones o en huracanes y que podrían tocar tierra.

“Para evitar desastres como el que hubo en 1997 en Acapulco y varios municipios de la Costa Chica ocasionado por el huracán Paulina, ya estamos tomando las medidas preventivas”, aseguró.

 * Afectada por la autopista Siglo XXI en Azueta

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * La señora María Enriqueta Leyva Magaña, propietaria de un predio que fue afectado por el paso de la carretera mejorada que conecta a Zihuatanejo con la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, ayer cumplió 24 horas de permanecer encadenada a una máquina para impedir que continúen los trabajos en su terreno.

Leyva Magaña permanece en el predio donde se está construyendo la carretera mejorada en la comunidad El Chico, municipio de La Unión, sin tomar bebidas ni alimentos y pide la intervención directa del gobernador del estado, René Juárez Cisneros.

Entrevistada vía telefónica, Leyva Magaña lamentó que en Guerrero “no haya justicia”, pues dijo que pese a que ha manifestado estar en la disposición de negociar para la indemnización de sus tierras, “en ningún momento se me han respetado mis derechos”.

Refirió que está tomando esa medida “un poco drástica” para que el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Juan Farrill Herrera y el propio gobernador tomen en serio este problema.

“Yo sé que tengo la razón y que el gobierno cometió un error y aunque me cueste mi salud, voy a luchar por mi patrimonio”, expresó.

* Los confundieron con robachicos, aclaran

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * El comandante de la Policía Judicial del Estado (PJE) en Atoyac, Salvador Castro Magno, señaló que fue sólo una confusión de los menores Alfredo Olea Astudillo y Ezequiel Manzanares Díaz la acusación de robo y amenazas contra tres policías judiciales adscritos a esta comandancia, entre ellos una mujer.

Explicó que los policías efectivamente se encontraban en el lugar que lo jóvenes señalaron, cerca del Templo Bethel, donde se apostaron para cumplir la orden penal 101/2003 para Santiago Onofre Campos.

Dijo que los jóvenes venían en sus bicicletas, y el que venía más adelante se mostró nervioso y temeroso porque vio el vehículo en que iban los judiciales.

Dijo que el joven imaginó que eran una banda de robachicos, y se detuvo.

La mujer judicial notó que el joven corrió y llevaba una bolsa en su mano, ante lo cual le dijo que se parara que eran judiciales, pero los dos manores echaron a correr dejando las bicicletas y una de las bolsas.

Indicó que unos maestros que estaban en el lugar observaron que los judiciales no los amenazaban como manifestaron a sus padres los dos adolescentes de 14 años.

Según el comandante, los mismos maestros pidieron a los judiciales que vieran a los jóvenes, porque probablemente se habían robado algo y por eso corrían.

Dijo que los policías levantaron la bolsa de las compras y las bicicletas por seguridad y las entregaron a las 6:00 de la tarde del jueves después de que los jóvenes en compañía de sus padres fueron a la comandancia.

Los jóvenes aclararon que se confundieron, porque ahí es una zona peligrosa e imaginaron que eran robachicos.

 * Los ediles de La Unión y Petatlán explican el conflicto en torno a las cuentas públicas * El primero ya la firmó bajo protesta * Dicen tener buena relación con los presidentes, y lo único que les piden es que respeten la ley

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Síndicos de los ayuntamientos perredistas de Coahuayutla, La Unión, Petatlán y Zihuatanejo consideraron que hay centralismo y autoritarismo en el manejo de los recursos públicos de parte de los alcaldes y exigieron que se les tome en cuenta en la aplicación del presupuesto municipal.

Los síndicos de las comunas perredistas de la Costa Grande aseguran que su renuencia a firmar las cuentas públicas –que deberán entregarse a más tardar el lunes próximo– no se debe a conflictos políticos, no evidencian fracturas internas ni se deben a malas relaciones con los alcaldes.

Insisten en que su postura no es para negociar espacios ni recursos a su favor dentro de las administraciones, según se les preguntó este viernes en entrevistas por separado.

Argumentan que no les pasan las cuentas públicas a tiempo para poder analizarlas, que no son “firmones” y que se les debe tomar en cuenta para el ejercicio de los gastos de las comunas “como lo establece la ley”.

No pasa nada, sólo se reclama a los presidentes y alcaldes que nos den nuestro lugar, dijeron ayer literalmente los síndicos de La Unión, Tobías Barragán Farías y el de Petatlán, Jacinto Javier Segura Vega, en entrevistas por separado.

Esta semana, en la víspera de las revisiones e integraciones de las cuentas públicas por parte de los ayuntamientos para entregarlas a la Auditoría General del Estado (AGE), el síndico de Coahuayutla Ignacio Torres Blázquez; el de La Unión. Tobías Barragán Farías; el de Petatlán Jacinto Segura; y el de Zihuatanejo Joaquín González acudieron en bloque a quejarse por presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas públicas.

Los síndicos acudieron con el titular de la AGE, Ignacio Rendón Romero, en busca de asesoría para saber “en qué términos” firmarían la cuenta pública porque desde el 20 de este mes ya consideraban que no se las habían hecho llegar con suficiente anticipación y que, en consecuencia, el tiempo los rebasaba para poder revisarla y firmarla.

En respuesta, los alcaldes de estos municipios convinieron el 29 dialogar en conjunto con la AGE por medio de la coordinación de alcaldes perredistas de la Costa Grande, que encabeza el munícipe de Petatlán Javier Rodríguez Aceves. Al respecto, el presidente municipal de Zihuatanejo Amador Campos Aburto comentó que “lamentablemente también se contaminaron” los síndicos procuradores de otras alcaldías emanadas del PRD en la región, en alusión al conflicto que ha mantenido con el síndico azuetense Joaquín González, con quien contendió por la postulación a la presidencia en el proceso interno del PRD en el 2002.

“Quienes se están contaminando son los alcaldes porque quieren ser autoritarios y centralistas cuando la ley dice que tienen que tomarnos en cuenta para el manejo de los recursos del municipio”, respondió ayer Segura Vega y advirtió que no firmará la cuenta pública de este cuatrimestre porque hasta ayer le enviaron  sólo la parte correspondiente al rubro de seguridad pública. Se quejó de que no le mandaron para revisión el rubro del ejercicio “más importante” que es el del Ramo 33, “del que más recursos se ejercen y menos sabemos”.

El problema común –dijo– es que no los toman en cuenta para ejercer los gastos. “Ya platicamos los cuatro y el conflicto es el mismo: que quieren pasar por alto algo para lo cual la ley nos faculta”. En su caso, dijo que no se le consultan los convenios o los gastos y que ni siquiera se tiene considerada su firma en las cuentas bancarias, por lo que se redujo este derecho al alcalde Javier Rodríguez y al tesorero Antonio Armenta Miralrío, con quienes asegura tener una buena relación a pesar de la postura que ha asumido. Se quejó de que debido a que este problema se presentó cuando entregaron la primera cuenta pública en enero, optó por solicitar al cabildo que se incluyera su firma en las cuentas bancarias, “pero es la fecha en que no hay respuesta”.

En el caso de La Unión, Tobías Barragán ayer mismo estaba revisando y firmando las cuentas públicas bajo protesta junto con la contralor del ayuntamiento que encabeza Carlos Reyes Torres, con quien asegura “todavía mantener” una buena relación y no tener diferencias insalvables.

“Sólo pedimos respeto y cada municipio tiene su problema diferente. Yo estoy apoyando a colegas síndicos de otros municipios porque somos de la misma línea, pero aquí (en La Unión) no pasa nada, sólo se reclama a los presidentes y alcaldes que nos den nuestro lugar, que se revise la ley y no pedimos más. No somos firmones. Queremos que nos notifiquen qué gastos hacen y cómo se hacen. Si por la firma fuera, pues les bastaría con hacerse un sello y nada más”.

Dijo que en diciembre firmó la cuenta pública sin conflicto alguno y que esta vez se está haciendo bajo protesta porque le entregaron todos los meses juntos y la estará revisando con profundidad y cautela, lo que “puede tomar hasta el lunes que es cuando se debe entregar a cuenta pública” ante la AGE.

Tanto Jacinto Segura como Tobías Barragán consideraron que se mantendrán al margen respecto al caso de Coahuayutla donde su colega, Ignacio Torres Blázquez inició una petición de juicio político presuntamente porque le falsificaron la firma en los cheques por parte de la administración que encabeza Omar Correa Cabrera.

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El presidente municipal de Petatlán y coordinador de los alcaldes perredistas en la Costa Grande, Javier Rodríguez Aceves, dijo que la negativa de los síndicos de Azueta, Coahuayutla, La Unión y Petatlán a firmar la cuenta pública no responde a otra cosa más que “a la extorsión, porque lo único que quieren es dinero”.

Entrevistado vía telefónica, Rodríguez Aceves manifestó que “mientras los alcaldes cumplan con presentar sus cuentas en tiempo, no hay absolutamente ningún riesgo”.

Negó que el conflicto entre los síndicos y presidentes municipales sea crítico, “esto es únicamente una cuestión de extorsión, que los síndicos quieren dinero y eso es todo lo que están haciendo, los cuatro síndicos se han puesto de acuerdo para pedirle dinero a los presidentes municipales, así es”.

Dijo que los alcaldes se han dedicado a trabajar “y estos señores (los síndicos) no tienen esas intenciones y nos han estado presionando a nosotros, nosotros no hemos accedido y esa es la respuesta de ellos”.

Rodríguez Aceves insistió en que los alcaldes postulados por el PRD no deben ceder a lo que es “una extorsión, un chantaje, una especie de cohecho también, cuando a través de la presión se pretende obtener un lucro indebido, eso es todo el meollo del asunto”.

Luego señaló que el síndico procurador de Azueta, Joaquín González Ramírez, es “el único que puede asesorar a los demás síndicos” y entre risas agregó que “es él quien está exportando esa tecnología”, en referencia a que González Ramírez mantiene un permanente conflicto con el alcalde Amador Campos Aburto desde el inicio de la administración en diciembre del año pasado.

Indicó que en el caso particular de Petatlán, el síndico Jacinto Segura le ha hecho insinuaciones de querer dinero a cambio de firmar la cuenta pública “claro que sí, pero no le puedo decir cuánto porque vamos a hacer unas cosas donde podamos fundamentar esto”.

Refirió que ayer viernes levantó un acta circunstanciada donde se asentó que Jacinto Segura se negó a firmar la cuenta, lo que se habían venido solicitando desde el martes 20.

Más adelante dio a conocer que el próximo martes a las 13 horas, se reunirán en bloque con el auditor general del estado los presidentes municipales Amador Campos Aburto, Carlos Reyes Torres de La Unión y Omar Correa Cabrera de Coahuayutla y él mismo “porque los problemas son comunes, los cuatro síndicos fueron la semana pasada, bueno, quiere decir que también nosotros debemos ir en bloque a arreglar este asunto”.

En tanto, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Petatlán, Maximino Pineda Barrientos sostuvo que “la ropa sucia se lava en casa” y que lo único que están haciendo los síndicos es afectar “la imagen de nuestro partido en vísperas de las elecciones federales del 6 de julio”.

Pineda Barrientos dijo que es un problema particular de cada municipio aunque generalizado, por lo que consideró que “antes que hacer otra cosa”, los alcaldes deben de platicar con sus síndicos “y ponerse de acuerdo, sabemos que hay vicios administrativos que no se van a cambiar de la noche a la mañana y hablando se entiende la gente”.

El dirigente perredista sostuvo que “no podemos sacar nuestros problemas internos al exterior porque perjudican al partido”, y pidió que “cada síndico llegue a un acuerdo con su presidente municipal, que lo hagan por el partido, no por sus intereses personales”.

Confió en que este problema “interno” se solucione y no se dé el mensaje a la sociedad civil de que “los perredistas no saben administrar”.

 En el caso de Zihuatanejo, el síndico Joaquín González se ha negado a firmar las cuentas públicas que mensualmente se le han enviado desde el inicio de la administración argumentando que no se las entregan con suficiente antelación y que no tiene tiempo para firmarlas.

Las actas circunstanciadas que la Tesorería del ayuntamiento ha levantado por esta negativa revelan que la cuenta pública de enero se le entregó a González el 17 de marzo y la regresó el 24 de abril sin firmar y con un documento adjunto que decía que el tiempo para revisión era insuficiente, así como observaciones de que no se le ha tomado en cuenta para el ejercicio de gastos o la firma de contratos.

La cuenta de febrero se le envió a revisión el 4 de abril y la regresó el 7 de mayo sin firmar, en tanto que la cuenta de marzo se le envió el 2 de mayo y la regresó hasta el 22 en iguales condiciones y con los mismos argumentos plasmados en oficios. La cuenta de abril le fue enviada el 23 de mayo y se le requirió  por oficio el 28 para poderla entregar en tiempo y forma porque el artículo 33 de la ley de fiscalización establece como fecha límite el último día del mes para entregarla. Levantaron por ello otra acta más por su negativa a revisar y firmar dentro del tiempo.

La tesorera de Zihuatanejo, Gilda Soberanis Gamiño observó que inclusive el arqueo de caja lo tuvo que hacer la propia Contraloría porque el síndico declinó informar y dijo que la postura de éste fue la que originó las observaciones que hizo la AGE a la cuenta presentada en diciembre puesto que éste se quedó con el contrato para compra de gasolina que se le pasó a firma, sin signarlo presuntamente porque tampoco tuvo tiempo. (Maricela Santos / Zihuatanejo).