* Responde el síndico a Héctor Vicario

 Aurelio Peláez * El síndico Marcial Rodríguez Saldaña negó que el gobierno municipal haya intentado imponer de forma autoritaria el programa de no estacionarse sobre la Costera, como lo afirmó el senador priísta Héctor Vicario Castrejón, y dijo que “las prácticas autoritarias a las que se refiere Vicario son las que ha arraigado el PRI”.

El pasado miércoles, Vicario Castrejón declaró que el resultado de la encuesta, en la que ciudadanos se manifestaron a favor de volver a permitir el estacionamiento en la Costera, “es un triunfo del pueblo y una derrota para el autoritarismo con el que se pretende gobernar a Acapulco”.

Para Marcial Rodríguez, el resultado de la encuesta “para el gobierno municipal de Acapulco es una demostración de un gobierno democrático, que encabeza el presidente municipal Alberto López Rosas”.

En declaración telefónica, el síndico afirmó que son los gobiernos priístas los autoritarios, “y son los gobiernos priístas los que han sido responsables de actos de represión como el de Aguas Blancas, donde estuvo involucrado Vicario como subsecretario de Finanzas. Las prácticas anti democráticas han sido la esencia de las políticas del PRI, que los ha llevado a que la sociedad les imponga derrotas en las elecciones”.

Sostuvo que “lo que ha hecho el gobierno municipal ha sido dialogar y conciliar con todos los sectores y ahora en particular con los comerciantes de la Costera, a quienes Vicario estuvo azuzando por teléfono para tratar de partidizar el asunto” del programa de no estacionamiento municipal.

 * Durante la manifestación que partió de la Sección 14 del SNTE y terminó frente a Palacio de Gobierno, agreden a reporteros

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo n Con matices de violencia en la que los trabajadores de los medios de comunicación llevaron la de perder, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), efectuaron ayer una marcha que comenzó con un mitin afuera de Casa Guerrero y terminó con otro en la explanada del Palacio de Gobierno.

Los maestros cetegistas exigieron la reanudación del diálogo con las autoridades estatales para el planteamiento de sus demandas; la entrega de 2 mil paquetes escolares, su negativa a la reestructuración de zonas y la rezonificación por vida cara.

Las autoridades estatales se han negado a dialogar con la dirigencia de la CETEG desde el mes de abril pasado, lo que ha prolongado la solución del movimiento magisterial, pero también ha contribuido la división que existe entre el magisterio denominado democrático y aglutinado en la CETEG.

Por un lado, el grupo lidereado por el regidor del PRD en Chilpancingo, Julio César Aguirre Méndez y Nicolás Chávez Adame, mientras que la otra fracción es la que encabeza Víctor Echeverría Valenzuela, que fueron los que se manifestaron ayer.

El objetivo de algunas acciones radicales que se acordaron en una asamblea previa como parte del plan de acción para ayer, serían contra la dirigencia charra, de la Sección 14 del SNTE que dirige Job Bernache Guzmán, pero de última hora el movimiento se salió de control y los agredidos fueron los trabajadores de los medios.

La movilización partió sin contratiempos de las instalaciones de la Sección 14 del SNTE que lleva casi cuatro años en poder de la CETEG. Un grupo numeroso venido de la región de la Costa Chica, encabezaban la marcha y parecía ser que tomaban las decisiones.

Los poco más de 2 mil maestros partieron hacia Casa Guerrero en donde participaron en un breve mitin sin incidente alguno.

Sin embargo, cuando pasaban por las oficinas administrativas de la SEG algunos dirigentes anunciaron a algunos reporteros que estuvieran “pendientes” porque desalojarían a los cetegistas disidentes quienes también están en poder de las oficinas de la delegación sindical D-III-16.

Y efectivamente, un numeroso grupo de quienes encabezaban el contingente irrumpieron en esas instalaciones, rompieron cristales y prácticamente destruyeron las oficinas sindicales.

Algunos reporteros entraron cuando el contingente aún se encontraba dentro, tres de ellos, el fotógrafo de Notimex, Alejandrino González, el camarógrafo de Sobremesa, Víctor Velázquez y el reportero Rogelio Agustín Esteban, fueron quienes sufrieron las consecuencias, al primero lo golpearon y le destruyeron su cámara, al segundo entre empujones le tumbaron su cámara y sufrió daños en tanto que a Agustín Esteban le arrebataron un teléfono celular que ya no le regresaron.

Luego los maestros se trasladaron al Zócalo pero antes de llegar se desviaron hacia la calle Justo Sierra, en el centro de la ciudad, donde se encuentran las oficinas del secretario general de la Sección 14 del SNTE, Job Bernache Guzmán.

Ahí volvieron apedrear los cristales del edificio y arrojaron huevos sobre la fachada. Durante estos hechos nuevamente un grupo de maestros intentó despojar de su cámara de video al reportero de Televisión Azteca, Juan José Romero y amenazaron al fotógrafo de El Sur, Eric Chavelas.

Los hechos sin embargo no pasaron de ahí y la marcha continuó hacia el Zócalo donde se concentraron en un mitin.

El dirigente de la CETEG, Víctor Echeverría Valenzuela, reconoció que el movimiento “se le salió de las manos” y que debido a ello no se pudo evitar que algunos de los maestros arremetieran en contra de trabajadores de los medios de comunicación.

El dirigente magisterial se comprometió a reparar el daño ocasionado a los comunicadores y lamentó el incidente.

Los comunicadores agredidos presentaron la tarde de ayer mismo una denuncia penal ante la agencia del Ministerio Público por los delitos de daños y lesiones.

Durante el mitin, otro de los dirigentes, Félix Moreno Paralta, denunció que cuando pasaron por las oficinas de la SEG, un grupo de los disidentes cetegistas agredió físicamente a los últimos marchistas que partieron. Responsabilizó de cualquier agresión a los cetegistas seguidores de Echeverría Valenzuela a los dirigentes de los disidentes, Julio César Aguirre Méndez y Nicolás Chávez Adame.

En su intervención Echeverría Valenzuela denunció que los responsables de que hasta ahora no se hayan resuelto las demandas del magisterio es el gobernador René Juárez y al presidente Vicente Fox.

Criticó el hecho de que no destinen mayores recursos para el rubro de la educación y advirtió que su movimiento continuará hasta que se instale una mesa única de diálogo y se resuelvan las demandas de la CETEG.

El dirigente advirtió que la movilización de ayer “es apenas el inicio de toda una lucha de resistencia”.

Denunció que el gobierno estatal a través de algunos medios de comunicación está promoviendo una campaña en la que presenta a un movimiento de la CETEG dividido, y denunció que para ello está utilizando a “los esquiroles del movimiento”, sin embargo, advirtió que el movimiento de la CETEG resistirá junto con el de la CNTE a nivel nacional hasta lograr la solución de sus demandas.

 * En la secundaria federal 6, de 80 trabajadores sólo 4 profesores se encontraban dando clases * En Técnica 104, donde hay 58 trabajadores, sólo asistieron ayer 18, reportan

 Jorge Nava * Padres de familia demandaron la salida de profesores faltistas durante el recorrido que efectuó ayer el personal jurídico de la Subcoordinación de la SEG Acapulco-Coyuca para ubicar los planteles donde hay profesores que no están asistiendo a clases por los movimientos magisteriales de la CETEG.

Ayer continuó la supervisión de cinco planteles educativos en la puntualidad y asistencia de profesores para posteriormente levantar actas administrativas y descuentos contra profesores que suspendieron labores por la movilización de la CETEG.

El primer plantel visitado fue la secundaria Técnica 104, donde de 58 trabajadores, sólo 18 se encontraban trabajando, informó el director Arturo Naro Fraustro, mientras que los alumnos jugaban en las canchas; se siguió con la secundaria federal 6, donde la directora Rebeca Jaimes Pérez les informó que de 80 trabajadores, 4 profesores se encontraban dando clases.

Visitaron la secundaria federal 9, Alfonso Ramírez Altamirano, donde informaron que sólo faltaron cuatro profesores que se fueron a la marcha de la Coordinadora y un delegado sindical del SNTE, y prosiguieron con la escuela primaria Gabriela Mistral, donde sin la presencia de la directora Inés Martínez Justo, un profesor les informó a los trabajadores de la SEG que de 26 trabajadores, cinco no se encontraba laborando.

Encabezaban la inspección el abogado del Departamento Jurídico de la subcoordinación, Manuel Reynoso Vázquez, quien fue acompañado de dos auxiliares técnicos pedagógicos y la responsable del área de comunicación social, Alcira Campos.

Padres piden la salida

de cinco profesores

En la escuela primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia Los Manantiales, parte alta de La Sabana, el presidente de la sociedad de padres de familia, Pedro Villalba Marcial, integrantes del comité y la directora, María Inés Serrano Olascuaga, informaron que cinco profesores de la Coordinadora se integraron a las movilizaciones y suspendieron las labores.

Después, confundidos porque creyeron que el personal era alguna autoridad de la SEG que podía atender sus demandas de la salida de los profesores, los padres de familia hicieron una reunión donde Villalba Marcial se quejó de las constantes suspensiones de labores de los profesores de la CETEG.

Villalba Marcial cuestionó cómo harían los profesores para recuperar el tiempo perdido que sus hijos dejaron de asistir a clases y dijo que el lunes la sociedad de padres cerró con candado los salones del plantel con el fin de establecer una reunión con los profesores faltistas.

Detalló que en esa reunión, donde los profesores Eliseo Aguilera Morales, José Luis Altamirano Calderón, José López Cruz, Edilberto Ramos Arizmendi y Nicolasa Calixto Morales, invitaron al supervisor de zona Fredigildo Salones Robles, los profesores quisieron agredirlo físicamente.

Los padres pidieron que les descuenten a los profesores porque faltan desde el 19 de mayo porque criticó que suspenden las labores para realizar paros en los que piden aumento salarial.

Villalba Marcial planteó que la mayoría de los padres de familia son ignorantes porque no estudiaron y que fácilmente los profesores se aprovechan de esto para engañarlos al pedirles su apoyo, por ello citó otro acuerdo, que es el del retiro de los profesores de ese plantel.

Ejemplificó que por ejemplo les han dicho que el programa de Escuelas de Calidad, al cual esta integrado dicho plantel, es un programa del gobierno para privatizar la educación y cobrarles dinero directamente a ellos.

Asentó que dichos profesores no quisieron aceptar entrar en el programa porque sabían del compromiso que tienen con la federación para continuar con el subsidio de recursos que se les entrega para contar con instalaciones mejores.

En un tercer punto, indicó que los padres piden el cambio de supervisión de Salones Robles, porque es la persona que moviliza a los profesores.

El padre de familia pidió al personal que acudan gente de la SEG a explicarles a los padres de familia en qué consiste el programa Escuelas de Calidad, porque señaló que hay la incertidumbre de los padres de que en realidad tengan razón los profesores de la CETEG.

Urgió a las autoridades de la SEG su intervención en esa demanda, porque subrayó que no muestran interés porque sabe que los hijos de los funcionarios van a escuela privadas donde nunca se suspenden las labores.

 * También informa de un diplomado de actualización que impartirán especialistas de la UNAM para los que notienen ese título

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Comenzaron ayer los trabajos para la conformación de las academias estatales de las 39 preparatorias de la (UAG), donde 147 docentes representan a mil 250 de las siete regiones del estado en busca de crear un nuevo modelo educativo para el nivel medio superior y justificar con ello el incremento del subsidió a la universidad para el 2004.

En la inauguración efectuada a las 11:00 horas en uno de los salones de la Preparatoria 9 de esta ciudad, el rector Nelson Valle anunció que quienes no acrediten la licenciatura para dar clases en el nivel medio superior serán liquidados, porque es un requisito del Programa Institucional de Fortalecimiento de las Instituciones para el Financiamiento de las Instituciones (PIFI) solicitado por la ANUIES.

Sin embargo, indicó que la UAG ofrecerá en las próximas semanas un diplomado de actualización que impartirán especialistas de la UNAM, cuyo costo será pagado por la universidad, como parte del apoyo a la superación de los docentes que no tienen en nivel de licenciatura y que les dará la oportunidad de seguir dando clases para evitar la liquidación.

Los 144 docentes aplaudieron el anuncio del rector, sobre todo porque les dio a conocer que en el pasado fin de semana acudió a ciudad del Carmen en Campeche donde en una reunión con la ANUIES y como responsable de la Comisión de Financiamiento dio la pelea por otorgar a las universidades más recursos para sostener a las escuelas del nivel medio superior o preparatorias.

Señaló que a la fecha las universidades no reciben subsidió para las escuelas preparatorias y estas son financiadas por el subsidió general que reciben del gobierno federal y estatal, como en el caso de Guerrero.

Con el PIFI dijo que lograrán que el costo por alumno de preparatoria se acerque al costo promedio de un estudiante de la licenciatura de derecho, en el orden de 8 mil o 9 mil pesos.

También anunció que habló con el gobernador René Juárez Cisneros para que en ocho días en Acapulco, participe la UAG como sede para al organización del Foro Mundial sobre el problema del agua, asimismo en un mes realizarán también en Acapulco la Octava Conferencia Regional de la Cuenca del Pacífico y en octubre próximo, la UAG igualmente será sede de la Red Nacional de Bachillerato Universitario, donde presentarán su propuesta de PIFI de las 39 preparatorias de Guerrero.

La meta, dijo, volviendo al tema del PIFI –objetivo del encuentro para conformar las academias estatales–, es que en el 2006 el bachillerato cuente con una planta docente con un nivel mínimo de licenciatura, para poder entrar al programa de excelencia educativa.

Asimismo, dijo que en el próximo mes de junio tendrá cubierto el costo total de los libros de texto gratuito.

Las academias regionales

La sesión de los 144 delegados de las siete academias regionales comenzó desde las nueve de la mañana en la Preparatoria 9, presidida por el director de docencia, Delfino Daniel Ortiz; el coordinador del Nivel Medio Superior, Flavio Manrique Godoy; el dirigente del STAUAG, Martín Barragán; la directora de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación, Cándida Ortega Angel; y el secretario general de la UAG, Arturo Contreras.

Como parte de la organización de trabajo primero se hizo una sesión plenaria donde se dio a conocer la estrategia de trabajo, se escuchó el discurso del rector y se entregaron los nombramientos a los coordinadores de las academias regionales.

En la región Norte, al maestro Fidel Rabadán; Costa Grande, Fernando Espíritu Rivera; Tierra Caliente, Rutilia Suárez Silverio; La Montaña, María Luisa Fernández Jiménez; Acapulco, Abad Muñoz; en la región Centro, Mario Balladares; y en la Costa Chica, Salvador Ríos.

El plan de trabajo

Para comenzar sus actividades se propuso un plan de trabajo por áreas de conocimiento: matemáticas, biología, ciencias sociales, historia, sistema de actividades complementarias educativas, sicología y química.

Ese plan de trabajo tiene como objetivos: impulsar la reforma universitaria, colaborando con la Comisión de Reforma Universitaria y el Departamento de Educación Media Superior en la instalación de la red y el Colegio de este nivel educativo.

Participar con el departamento de Educación Media superior en la evaluación de programas y plan de estudios; participar en la organización de cursos del programa de formación docente, actualización pedagógica y disciplinaria y cursos de formación de docentes-investigadores.

Participar en coordinación con las academias locales y regionales en la evaluación de libros de texto del área correspondiente; elaborar una estrategia y perfeccionar mecanismos para darle continuidad a la aplicación del examen único de academias locales, posteriormente concluirlo a nivel de academias regionales y arribar al examen único de academias estatales.

Impulsar la formación de comités de investigadores por unidad académica a través de las academias locales; coadyuvar a establecer o fortalecer los servicios psicopedagógicos.

Fomentar la extensión universitaria en sus diferentes aspectos: difusión de la cultura, la divulgación científica humanística y artística, la vinculación social y el rescate de la cultura popular, la práctica del deporte y el servicio social preparatoriano.

Y colaborar para promover el intercambio académico con los bachilleratos de las universidades de la región centro-sur de la ANUIES.

Por la noche, al cierre de la edición se esperaba que los 144 delegados de las academias regionales, después de las actividades en las mesas de trabajo realizarían una plenaria para presentar los resolutivos y acuerdos.

 De la corresponsalía, Chilpancingo El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón, declaró que la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) va a continuar con las investigaciones en Ayutla y Tecoanapa donde recientemente fueron detenidas seis personas señaladas como parte de una banda de secuestradores y miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

El funcionario que estuvo en una audiencia pública con estudiantes y maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), señaló que la aprehensión de los seis presuntos miembros del ERPI fue resultado de una investigación que desde hace un año realizan policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en esa región en donde este grupo guerrillero ha realizado diversas actividades.

Los seis detenidos, José Guadalupe Hernández, Eudocio Suástegui García, Bardomiano Ríos, Doroteo Marín, Inés Jiménez Silva y Concepción Ramírez Ramírez, eran militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se encuentran arraigados en diferentes lugares en la Ciudad de México a patición de la UEDO.

Según la PGR, los seis detenidos secuestraron a dos personas y se les investiga por seis plagios más y que el dinero que obtenían la ocupaban para financiar al ERPI.

“Nosotros tenemos entendido que a las seis personas detenidas se les encontraron armas y documentos que los involucraban en actividades de un grupo guerrillero”, manifestó el delegado de la PGR en Guerrero.

Señaló que la aprehensión de las seis personas no fue algo preparado por el acto político que se va a realizar el 7 de junio en la comunidad de El Charco, en la región mixteca del municipio de Ayutla de los Libres, con motivo del quinto aniversario de la masacre de 11 campesinos por el Ejército.

“La PGR realiza sus investigaciones y lo que pasó el Ayutla de los Libres y Tecoanapa nada tiene que ver con las conmemoraciones políticas de El Charco y Aguas Blancas”, aseveró el delegado.

En tanto, el presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, señaló que los familiares de los seis detenidos aseguran que los de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) actuaron de manera arbitraria, “porque catearon casas y no llevaron órdenes de aprehensión contra los seis campesinos”.

“A mí me resulta muy extraño que después seis días de haber sido detenidos por la AFI, la PGR los presente como secuestradores y guerrilleros”, señaló.

Narcomenudeo en Guerrero

y en todo el país

Durante la segunda audiencia pública a estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAG, el delegado de la PGR en Guerrero señaló que uno de los problemas más graves que hay en el país es el narcomenudeo.

Indicó que México todavía no alcanza niveles como los tiene Estados Unidos, pero aquí el consumo de drogas es grave y existen estudios de que entre cuatro y cinco millones de mexicanos han consumido aunque sea alguna vez algún estupefaciente.

En el encuentro del funcionario federal con los estudiantes de leyes, estuvo el rector de la UAG, Nelson Valle López, el director de la Facultad, José Alfred Romero Olea, así como maestros de la misma institución educativa.

El funcionario dijo a los asistentes que la imagen de esta dependencia ha cambiado de manera radical desde el año 2001 cuando asumió el cargo el general Rafael Macedo de la Concha.

“Antes del 2000, la imagen de la PGR era sinónimo de impunidad y corrupción”, expresó.

Según el funcionario, del 2001 a la fecha, el 70 por ciento de los elementos de la Agencia Federal de Investigaciones fueron dados de baja por haber cometido diversas irregularidades, y no descartó que algunos de ellos formen parte de la delincuencia organizada.

“Qué bueno que ya están fuera de la corporación, eso es bueno para la sociedad, y nosotros no descartamos que algunos de ellos a lo mejor muchos, estén deliquiendo pero saben que ahora no gozarán de impunidad porque ya no tienen una charola, ahora saben que serán detenidos en cualquier momento”, aseveró.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) informó que se han estancado las investigaciones de la desaparición forzada en México.

Como parte de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, la vicepresidenta del organismo, Tita Radilla, dijo en un boletín de prensa que el actual gobierno federal no ha cumplido su promesa de campaña del presidente Vicente Fox de investigar y resolver todos los crímenes del pasado, fuera quien fuera el responsable, y por el contrario como presidente creó la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado, para echar abajo la Comisión de la Verdad que ha defendido los familiares de los desparecidos.

Recriminan que a más de un año de su creación, la Fiscalía no ha dado resultados concretos, ni un caso ha sido resuelto.

Sobre la desaparición forzada, Tita Radilla expone que esta práctica de lesa humanidad nació durante la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, donde fueron victimados miles de judíos y miembros de la oposición política, detenidos bajo el decreto de “Noche y Niebla”, y desde entonces esa práctica se ha extendido en el mundo, donde según el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU hay 63 países con este crimen, entre ellos México.

Explica que las desapariciones forzadas se cometen en situaciones de conflicto interno armado, bajo democracias formales, por razones de limpieza étnica o religiosa o en situaciones de conflicto internacional, siendo la población civil la más afectada, particularmente en países como Argentina, Chile, El Salvador, Uruguay, Perú y Sri Lanka.

El grupo de la ONU pone en relieve que la impunidad es una de las causas fundamentales de las desapariciones forzadas.

Apunta que en nuestro país, las desapariciones forzadas han sido una de las prácticas que ha utilizado el gobierno para contener los movimientos opositores al régimen, implantando el terrorismo de Estado desde finales de los sesentas, durante más de 30 años.

Dijo que en años pasados, el Estado mexicano negó la existencia de cientos de desaparecidos. Pero los grupos de familiares, organizaciones políticas, sociales y ONG han insistido en la justicia, pero no hay investigación.

Expone que en 1990 se creo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para encubrir las graves violaciones y poder firmar el Tratado de Libre Comercio, y hasta el año 2000 sólo reconocía 27 casos de desaparición forzada, y en el 2001 reconoce más de 200 casos de una lista de 500 que presentan los familiares.

Abundó que en noviembre de 1999 la Afadem presentó las primeras denuncias ante la PGR, y en 2000 el procurador Rafael Macedo de la Concha se declaró incompetente e ilegalmente sin dar aviso a los denunciantes envió los casos a la Procuraduría General de Justicia Militar, y entregó los expedientes, donde la mayoría de los señalados como responsables son militares, lo que no garantiza un juicio independiente ni imparcial.

 El campesino Alejandro Cortés Torres fue asesinado el 23 de mayo, en la comunidad de El Camalote, sierra de Petatlán, presuntamente como parte del conflicto que tienen campesinos de esa región contra el presidente de la Asociación Ganadera Regional de Guerrero, Rogaciano Alba, informó el presidente del Comité de Presos Políticos y de Conciencia de Acapulco, Alfredo García Torres.

Segun los registros periodísticos, este sería el vigésimo asesinato en cuatro años de ambas partes involucradas, que comenzó con el homicidio de Otoniel García Torres, del lado de los campesinos y siguió con la muerte de siete policías judiciales federales en la comunidad de Rancho Nuevo, en marzo de 1999.

Alfredo García Torres recibió ayer la información de sus familiares de la sierra sobre el asesinato Aejando Cortés Torres, y dijo que en la comunidad piden la intervención del coordionador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije, para que suba a la sierra a investigar el crimen.

Señaló que la Codehum tiene conocimiento del conflicto en esta ruta de la sierra, y ha intervenido para investigar violaciones de garantías particularmente en los últimos casos denunciados por los campesinos, que son los de Bolívar Acosta Avila, assesinado el 7 de julio de 2002 en El Pedregoso, sierra de Petatlán, y Meregildo Torres, asesinado en El Tremendo, el 14 de agosto de 2002.

Explicó que Alejandro Cortés Torres era campesino y ganadero habitante de La Patacua, y catequista de la Iglesia, y había acudido a una vigilia religiosa a El Camalote, en la misma ruta de la sierra. Su cuerpo fue encontrado escondido entre la vegetación, al lado de la carretera, cerca de El Camalote.

Alejandro Cortés Torres, es hermano de Salvador Cortés, asesinado en febrero de 2000 en El Nogal, en una incursión de tropas del Ejército y civiles armados al mando de Rogaciano Alba, en la que fue arrestado el mismo Alfredo García Torres así como los campesinos presos en Acapulco, también integrantes del Comité, Alvaro y Juan García Avila.

Sobre los motivos del crimen, García Torres opinó: “Es la misma situación que ha habido en la sierra, la represión de Rogaciano Alba contra los que no están de acuerdo con él, y por eso quiere acabar con todos”.

Desde febrero de 1999, familias que habitan en la parte alta de la ruta de El Camalote y Las Humedades, en la sierra de Petatlán, viven recluidos en esa área, esquivando la muerte, porque están amenazados por Rogaciano Alba, que los culpa del homicidio de su hermano. Sin embargo, los campesinos de la familia Torres afirman que el origen del conflicto fue la defensa de los bosques contra la expotación ilegal, a la que se dedicaban los seguidores de Alba, lo mismo que al narcotráfico, apoyados por efectivos del Ejército y de la Policía Judicial Federal.

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Zihuatlán, Florentino Zavala Clímaco, lamentó que en Zihuatanejo aún no se haya integrado una comisión interinstitucional para tratar el problema de la marea roja que ya se extiende desde el litoral de los municipios de Petatlán, Zihuatanejo y La Unión.

En tanto, el presidente de la cooperativa de buzos y pescadores Vicente Guerrero, Anael Sánchez Rosas dijo que la marea roja se ha visto desde hace cinco días por todo el litoral, “y las autoridades se han hecho de la vista gorda, como que no está pasando nada”.

En la bahía de Zihuatanejo, desde el 26 de mayo, se ha podido apreciar una gran mancha de color rojo, que según pescadores y buzos, corresponde al fenómeno natural conocido como marea roja.

Ayer Zavala Clímaco dijo que la mancha roja en la costa, desde El Calvario, en Petatlán hasta La Salada, en La Unión “se viene dando desde hace cinco días”, y lamentó que no exista una vigilancia por parte de las autoridades en cuanto al comportamiento de la marea roja.

Dijo que “lamentablemente en Zihuatanejo aún no se ha constituido el comité interinstitucional de vigilancia de marea roja, donde deben de participar la Secretaría de Salud, Sagarpa, Semarnat, Profepa y los propios pescadores”.

Por su parte, Anael Sánchez Rosas, sostuvo que la marea roja que desde hace cinco días se aprecia en este litoral ha afectado no sólo a los buzos, sino también a los pescadores “porque tiene consecuencias en el comportamiento de cardumen de especies de escama en general”.

“estamos preocupados porque no tenemos el apoyo del gobierno del estado en cuanto a poder instalar el comité interinstitucional y buscar la forma de ser solidarios con los pescadores en los momentos críticos que se derivan de la presencia de la marea roja”, manifestó.

Zavala Clímaco indicó que a partir del primero de junio, se decretará en veda el ostión, “y si le sumamos el fenómeno de la marea roja, de nuevo el sector pesquero saldrá afectado como todos los años, porque mucha gente piensa que todas las especies del mar están contaminadas y no hay mucho consumo”.

En entrevista, el responsable de la Unidad de Control Sanitario de la Secretaría de Salud estatal, Tiburcio Noriega Luna, reconoció que existe marea roja en el litoral, “pero no se puede decir de manera oficial hasta en tanto no se realicen los estudios de laboratorio”, dijo.

Dijo que en días pasados se enviaron al laboratorio estatal de Salud muestras de ostiones que se recolectaron del punto conocido como La Calavera, pero que debido a que la muestra era muy poca, no se pudieron realizar los análisis correspondientes para determinar si los moluscos tenían saxitoxinas.

Noriega Luna reiteró que la mancha roja en el agua de la bahía de Zihuatanejo es visible pero que oficialmente no hay ningún dictamen al respecto.

 El abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Jorge Fernández Mendiburu, informó que presentará pruebas de que uno de los seis detenidos en cateos de la AFI en Ayutla y Tecoanapa, Concepción Ramírez Ramírez, es una persona que tiene buenas referencias en su comunidad, es una persona honesta y dedicada a actividades lícitas.

Confirmó que el sábado 24, los seis detenidos fueron arraigados por orden de un juez federal en la ciudad de México por 90 días, con el fin de que la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) pueda conseguir más elementos para sustentar la averiguación previa y consignarla a un juez.

También en estos nueve meses se abre la posibilidad de que los familiares puedan aportar pruebas al Ministerio Público para demostrar la inocencia de los detenidos, o que los hechos no son ciertos.

El abogado del Prodh dijo que según la información a la que han tenido acceso según el expediente, los delitos que se les imputan son secuestro y violación a la ley contra la delincuencia organizada. El abogado desconoce si se les imputará algún delito político, derivado de la acusación de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), o terrorismo, como se manejó en días pasados.

En cuanto a la asesoría jurídica del campesino Concepción Ramírez Ramírez, el abogado informó que ofrecerán pruebas de sus actividades, como cartas de la comunidad, del presidente municipal, de la Aasociación Ganadera, comisariado ejidal, con el fin de acreditar su buena conducta. Además, la acreditación de que pertenece al PRD, del que fue fundador en Tecoanapa, de donde fue tambén candidato a presidente municipal.

Además, presentarán el presimo de posesión de un arma de fuego, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que loa policías de la AFI encontraron en el cateo del domicilio del detenido.

El abogado señaló que la información del caso con la que se ceunta es muy limitada, porque es difícil acceder a la averiguación previa por el procedimiento que tiene que ver con la delincuencia organizada.

En cuanto a la posible responsabilidad de las personas detenidos, el abogado opinó que es prematuro pronunciarse, sin prejuzgar los elementos de la averiguiación previa.

Pero afirmó que es un hecho que la forma de la detención no tiene fundamento, es arbitaria, no había orden de aprehensión, no se justifica que se haya hecho esa acción el 21 de mayo.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * La Embajada de Suiza en México pidió al gobernador René Juárez Cisneros su intervención para que se esclarezca la muerte del restaurantero suizo radicado en Zihuatanejo Paul Karrer Stiffer.

Mediante un oficio entregado en Casa Guerrero, la encargada de negocios de la embajada Suiza, Ivonne Bauman, pidió a Juárez Cisneros “su muy apreciable intervención para que sean agotados todos los recursos en el seguimiento de la averiguación previa correspondiente hasta la satisfacción de los familiares del hoy lamentablemente occiso”.

Refiere que por el trágico deceso de Paul Karrer, el 25 de abril, algunos de sus familiares “se comunicaron con la embajada para informar que tienen la impresión de que las autoridades competentes tienen la intención de cerrar el caso y el argumento que se les da es el de suicidio. Sin embargo ellos tiene la convicción de que hay varios elementos de duda que los hacen pensar que podría tratarse de un homicidio”.

El oficio fue reenviado el 19 de mayo al agente del Ministerio Público de esta ciudad, Alberto Ortiz Miranda.

Ese mismo día se reportó la desaparición del agente judicial Mauro Díaz Cevallos, responsable de la investigación del homicidio del restaurantero suizo radicado en Zihuatanejo desde hacía 15 años.

Ortiz Miranda informó que han declarado ya todos los ex empleados del restaurante Chez Paul, así como amigos y conocidos del extranjero.

El 5 de mayo, estuvo en el puerto el primer secretario, encargado de asuntos consulares de la Embajada de Suiza, Tiziano Bassi, para conocer los avances en la investigación sobre la muerte del empresario restaurantero asentada en la averiguación Azue/05/235/2003.

Paúl Karrer Stiffler fue encontrado muerto en la cama de su casa el 25 abril con un balazo en la cabeza y junto a él una pistola calibre .22 con 8 cartuchos útiles. De inicio se manejó la tesis del suicidio en los medios locales de comunicación pero posteriormente a petición de los familiares del restaurantero el MP canalizó la investigación hacia la tesis de un posible homicidio.